Categoría: Incidencia

Las presuntas triquiñuelas y la aparente acción embustera malintencionada de parte de ciertos empresarios autobuseros inescrupulosos, cobrando tarifas “infladas”, merecen la más enérgica condena, la más fuerte censura y la cancelación de las concesiones, luego de las relevaciones de que las personas usuarias del servicio público modalidad autobús, han estado pagando y durante mucho tiempo, una tarifa superior a la que verdaderamente debe ser.

La indignación es mayúscula pues las personas afectadas son, abrumadoramente, integrantes de las clases trabajadoras, habitantes de barrios populares y en cuyas familias la apretazón y la restricción económicas han venido golpeando su calidad de vida. Hablamos de hogares de ingresos medios y de ingresos bajos, o que no los tienen del todo regularmente.

Estamos hablando de comunidades urbanas de población popular como Hatillo, Alajuelita, Heredia y otros.

Bien haría el Ministerio Público en proceder inmediatamente a abrir expedientes para cada una de las empresas autobuseras mencionadas en la investigación que por encargo de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), realizó el Programa de Desarrollo Urbano Sostenible (Produs), de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Esta especie de “maquillaje” de las cuentas de las empresas autobuseras cuestionadas no debe quedar impune.

Los datos falsos que indican la realización de más carreras de las que realmente vienen efectuando y/o tienen autorizadas, a fin de presentar mayores costos de operación y obtener más alzas tarifarias, debe tener las respectivas calificaciones de conductas delictuosas según las leyes penales del país.

De la misma manera, los datos falsos de que menos gente está utilizando los buses cuando la demanda real del servicio es superior, reportándose menos números de pasajeros transportándose, igualmente con la pretensión de tarifas abusivas, constituye una especie de enriquecimiento ilícito con el usufructo indebido de una concesión de servicio público que es del Estado, es decir, de toda la población.

Lastimosamente, la Aresep tardó muchísimo pero muchísimo tiempo en actuar en tal sentido. La verdad es que tal tardanza tiene una connotación “sospechosa”.

Para importantes segmentos ciudadanos y para una gran cantidad de organizaciones sociales y sindicales, la gestión del Regulador General saliente, el señor Dennis Meléndez Howell, estuvo caracterizada por una conducta “anti-usuario” de los servicios públicos; y, muy especialmente, siempre percibimos su gestión totalmente inclinado a favor los intereses del gran corporativismo-empresarial autobusero. ¡Gracias a Dios que ya se fue!

Lastimosamente, también, nada se puede esperar del Consejo de Transporte Público (CTP), cuya opacidad de gestión en materia de este tipo de regulación del transporte público modalidad autobús, reafirma la indefensión total de las clases trabajadoras usuarias del mismo frente al poder corporativo de este tipo de empresariado autobusero.

Una reciente renovación de concesiones bastante cuestionable, nos terminó de convencer de que nada bueno puede esperar un usuario de bus de parte del CTP. Aunque preferiríamos una profunda reestructuración que políticamente no se ve viable, al menos sus sesiones deberían ser totalmente públicas, totalmente transparentes.

Esperamos que el nuevo Regulador General, don Roberto Jiménez Gómez, “limpie” la Aresep y ejerza una acción ejemplarizante, contundente, drástica contra tal empresariado autobusero inescrupuloso. No deberían otorgarse indulgencias dada la gravedad de la agresión económica que han estado sufriendo las familias trabajadoras usuarias de los servicios de transporte público modalidad autobús.

La eventual cancelación de concesiones para las empresas autobuseras presuntamente tramposas y la intervención urgente del Ministerio Público, representaría una muestra de resarcimiento para la población usuaria que todos los días debe subirse a los buses, pues que le devuelven la tarifa mal habida es algo realmente utópico. Sin embargo, ni lo uno ni lo otro habrá de suceder. El poder político de este tipo de corporativismo empresarial es sencillamente descomunal. Las personas usuarias del servicio público modalidad autobús parece que seguirán siendo las grandes perdedoras. La esperanza es una “nueva” Aresep.

De la manera más contundente, con toda vehemencia, dejamos constancia pública por esta vía del total respaldo que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, para que la Asamblea Legislativa promulgue la ley para el establecimiento de un verdadero, de un consistentemente real registro de accionistas de las sociedades anónimas, de los fideicomisos financieros y similares, a fin de que se conozcan, con las lógicas limitaciones de confidencialidad, las personas físicas beneficiarias, “realmente reales”, de las rentas de tales figuras jurídicas.

Ya no solamente por las exigencias ética y moralmente mínimas de justicia tributaria en una sociedad en veloz carrera concentradora de riqueza, que así lo demandan, sino por las evidencias cada vez más claras y contundentes de que, por un lado, Costa Rica, sigue mostrando una perversa facilidad para el lavado de capitales sucios; y, por otro, la vulnerabilidad que el país está mostrando para operaciones que nos podrían hacer, directa o indirectamente, víctimas de terrorismo, pasivo y/o activo.

Preocupa en grado sumo las revelaciones periodísticas que dan cuenta de la sofisticación para operaciones de lavado de dinero intermediando el negocio de apuestas por Internet, lo que presupone la insana utilización de la actual figura jurídica de las sociedades anónimas que no permite, ya no solamente el control tributario-fiscal, sino el policial, de las personas físicas directamente involucradas en tal tipo de acciones criminales.

Como si no fuese ya suficientemente grave la circunstancia anterior, expertos internacionales en el tema del terrorismo dejan al denudo los riesgos que como sociedad y como sistema financiero está corriendo el país.

En tal sentido, ANEP y Patria Justa condenan la errática y antipatriótica posición del más grande sindicato patronal-corporativo del país, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), de oponerse a que Costa Rica tenga las herramientas jurídicas necesarias ya no solamente para efectos de justicia tributaria real; sino ante las exigencias propias de la pertenencia del país a la comunidad internacional de naciones que promueven la transparencia total en este tipo de cruciales situaciones que tienen que ver con la democracia misma.

La UCCAEP está actuando irresponsablemente pues su errática posición le está haciendo un grave daño al país, bloqueando que se cumpla con las exigencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en cuanto a la ineludible adopción del registro de accionistas con total transparencia, más allá de quede claro los beneficiarios legales siendo necesario ir más allá, saber los beneficiarios finales, las personas físicas.

Igualmente, resulta inadmisible que UCCAEP esté bloqueando que Costa Rica cumpla con sus obligaciones para con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con la finalidad de construir una coraza protectora en contra del sucio lavado de capitales y de riesgos de facilitar el financiamiento a operaciones terroristas desde el sistema financiero tico.

Para finalizar, UCCAEP no puede seguir cohonestado, apoyando, fortaleciendo, robusteciendo, la profunda situación de desigualdad que amenaza la estabilidad democrática misma de la institucionalidad republicana costarricense.

Alguien debería explicarle a los máximos dirigentes de la UCCAEP los más recientes informes en la materia, provenientes de la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) y su agencia especializada para la región, la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL), con este escalofriante dato: el 10 % más rico de América Latina y el Caribe, posee el 71 % de la riqueza y tributa sólo el 5.4 % de su renta. Costa Rica no está nada lejos de esta cruel realidad.

“Tributación para un crecimiento inclusivo”, investigación llevada a cabo por la CEPAL, en conjunto con la prestigiosa organización global no gubernamental OXFAM, debería ser puesta en el escritorio del señor Presidente de la UCCAEP, don Ronald Jiménez Lara; para que la tenga a la par del documento del contrato que su empresa tiene con el Ministerio de Hacienda para el resguardo-custodia de la información tributaria nacional, mediando un pago que podría superar, al cabo de 3 años, los 5 mil millones de colones.

A lo mejor, si el señor Presidente de la UCCAEP contrasta los contenidos de ambos documentos, podría revalorar su posición antipatriótica en contra del registro de accionistas como lo exige la OCDE y el GAFI; porque “quién quita” no haya plata ni para pagarle su contrato.