ALbino Vargas, Secretario General de la ANEP participará como expositor junto a Henry Mora Jiménez, diputado del PAC y José Ramírez Aguilar, diputado del FA.

ALbino Vargas, Secretario General de la ANEP participará como expositor junto a Henry Mora Jiménez, diputado del PAC y José Ramírez Aguilar, diputado del FA.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), integrante del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, condena la funesta decisión política del Gobierno de la República y del propio Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, al decidirse a favor del capital y poner en la hoguera del sacrificio a la clase trabajadora, tanto la del sector Público como la del Privado, en estos delicados asuntos de la relación incongruente entre el déficit fiscal y el empleo público y la clase trabajadora, en general.
Mediando los buenos oficios del Partido Liberación Nacional (PLN), a través de la labor promocional ejecutada por la diputada Sandra Pizsk Feinzilber en contra del empleo público, el Gobierno se “casa” ahora con la ideología del diputado Otto Guevara Guth, para emprenderla contra toda la clase trabajadora.
En esto del déficit fiscal que no es culpa de la clase trabajadora, es ésta la que está de manera totalmente injusta siendo responsabilizada y castigada por algo de lo que nunca ha tenido culpa. ANEP ha demostrado, reiterada y sólidamente y hasta la saciedad, que el déficit fiscal no es causado por los salarios públicos.
Es totalmente perversa la idea de combinar el ataque artero a los pluses salariales del empleo público, con la elevación del impuesto sobre las ventas del 13 al 15 %, renunciando a la transformación radical y por el fondo del impuesto sobre la renta al capital; exonerando con ello del pago del ajuste fiscal a los detentadores de la concentración de la riqueza que han acumulado en demasía en los últimos años, por los más diversos mecanismos, empezando por las enormemente gigantescas cifras del robo de impuestos.
El beneplácito y la complacencia que está mostrando el diputado Otto Guevara Guth por el proyecto de empleo público promovido por el PLN (Sandra Piszk Feinzilber), es clara indicación de que el Gobierno pactó con él, exonerar de imponer gravámenes tributarios más que necesarios al capital; reforzando la estructura tributaria regresiva que hace pagar a los que menos tienen y que son los que han venido pagando más, proporcionalmente hablando.
Pauperizar el salario de los empleados públicos, especialmente los salarios de los puestos que llevan más de 30 años “enganchados”, golpear a los trabajadores municipales quitándoles sus convenciones colectivas y reduciéndoles la expectativa de una cesantía mayor a 8 años; golpear a la clase trabajadora del sector privado, especialmente a la tercera parte de la misma a la cual ni se le paga el salario mínimo, poniéndola a pagar más por el impuesto sobre las ventas; no es más que indicación de que el Gobierno se decidió por el lado del capital y puso al lado obrero en la pira, en la hoguera.
Quienes conocen del tema por ser expertos en el mismo, saben que con base en el Coeficiente de Gini que mide la desigualdad en una sociedad, el país se encamina hacia la desigualdad perfecta, pues estamos ya en un índice de 0.52 %, acercándonos al 1 y alejándonos del 0 (cero, o igualdad perfecta). Esta colusión política antiobrera potenciará el rumbo del país hacia esa desigualdad perfecta de que nos habla este indicador.
Solamente la más grande movilización social, laboral y obrera; solamente la más grande unidad sindical en la acción, permitirá enfrentar con mayor éxito este ataque a la integración social de una Costa Rica totalmente fragmentada y en ruta desbocada hacia la desigualdad; hoy dramáticamente reflejada en los crímenes en los barrios populares, en el desempleo del 20 y resto de la población trabajadora, en la fuerte penetración del narcotráfico y del crimen organizado producto de la falta de oportunidades; así como en el congelamiento de los salarios.
Le indicamos a todos los compañeros empleados públicos y a todas las compañeras empleados públicos que el momento más difícil de toda la historia del empleo público ha llegado.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), integrante del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, considera que la ciudadanía debe exigir explicaciones de cómo es que hemos llegado hasta aquí: al terminar agosto pasado, solamente la deuda del Gobierno Central, ascendió a 14 billones de colones: 14.000.000.000.000.00.
Según estimaciones de ANEP, basado en la deuda pública del Gobierno Central; cada costarricense sea bebé, niño, adolescente, joven, adulto, anciano, y con base en una población promedio de 4.5 millones de ticos y de ticas, “está debiendo”, en estos momentos, per cápita, ¢3.111.000 colones aproximadamente…Y mañana será más.
Estos datos provienen de la unidad de Crédito Público del Ministerio de Hacienda solamente contemplan la deuda del Gobierno Central, no se toma en cuenta la deuda de instituciones fuera de este ámbito del Estado.
“La ANEP reitera su tesis fundamental de que en esto del déficit fiscal y empleo público: los salarios que devenga la clase trabajadora asalariada del Estado no son los responsables del déficit fiscal. ANEP ajusta ya poco más de dos años analizando el tema: investigando, estudiando, leyendo, consultando para ser tan contundentes. Las razones del déficit fiscal son otras, ¡no los salarios públicos!”, indicó Albino Vargas, Secretario General de la ANEP y coordinador de Patria Justa.
De acuerdo con Vargas, los cambios necesarios que requiere el sistema tributario costarricense son modificaciones en materia de impuestos para que “se le dé vuelta a la tortilla”, es decir, poner a pagar más a quienes más tienen y que son los que más evaden sus responsabilidades tributario-fiscales.
La organización sindical rechaza tajantemente de que en la Asamblea Legislativa se impongan nexos políticos de mezclar cambios, completamente inaceptables, en materia de salarios del empleo público, para facilitar la discusión (y eventual aprobación parlamentaria) sobre los impuestos de ventas (transformándolo a impuesto al valor agregado IVA), y renta.
“Empleo público e impuestos es una mezcla tóxica que solamente conduce al desastre social. Continuar por esta vía, hace que el tema del empleo público se convierta, radicalmente, en un asunto de corte ideológico, estrictamente; y, por tanto, opaca, obstaculiza, bloquea, discusiones puntuales de empleo público que ameritan abordajes particulares, de corte abusivo, como pueden serlo los “salariazos” que se devengan en algunas partes de la alta cúpula político-tecnocrática y gerencial del Estado”, agregó Vargas.
Además, la ANEP considera que el espantoso endeudamiento del país exige esa discusión sobre los cambios estructurales que ocupa el sistema tributario costarricense, aparte de que se va imponiendo la necesidad de una especie de auditoría ciudadana de la deuda, planteamiento que recientemente hemos decidido promover, contando ahora con el apoyo del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA al respecto.
“Para peores, cada vez hay más y más costarricenses en condiciones económicamente difíciles y sin ninguna responsabilidad por ese alto nivel de endeudamiento-país”, enfatizó Vargas.
El Secretario General de la ANEP indicó que “insistimos en la imperiosa necesidad de que los empleados públicos y las empleadas públicas, incluidos los de las municipalidades, mantengan una vigilia política constante de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa, pues se está jugando con su futuro salarial-social y familiar; y, a la vez, estén en total disposición para movilizarse de manera contundente apenas se les convoque”.
La ANEP y su Seccional Pima-Cenada denunciaron ante la Procuraduría de la Ética al Gerente General de la institución, Carlos Feoli Escalante por la posible comisión de varios delitos entre ellos malversación, falsedad ideológica y enriquecimiento ilícito.
A esta denuncia, presentada el 4 de mayo; también se une la infracción a la normativa laboral por trabajar cuando estaba incapacitado.
De acuerdo con la denuncia presentada por Albino Vargas Barrantes, secretario General de la ANEP, el 13 de octubre del 2015, Feoli tenía programada una cirugía ambulatoria en el Hospital Calderón Guardia, producto de la intervención fue incapacitado por 15 días naturales.
Sin embargo, para atender la cita médica, Feoli solicitó y utilizó el vehículo y chofer institucional, así lo consta en la “Boleta de autorización de uso de vehículo oficial” número 16.303, con las placas 112-000027 para atender “diligencias propias de su cargo”.
“La boleta de autorización para uso del vehículo oficial fue solicitada y autorizada por el mismo señor Feoli. Además, mediante una publicación en Facebook el funcionario admite que fue operado ambulatoriamente y a pesar de la incapacidad otorgada por los médicos, que son los especialistas en salud, el señor Feoli reconoce que violó el derecho irrenunciable a la incapacidad”, indica la denuncia.
Albino Vargas, secretario General de la ANEP indicó que el gerente afirmó que violó el derecho a la incapacidad “cuidándose de no firmar nada”, lo cual pone de manifiesto de que estaba realizando una actividad ilegal y usó artimañas para salvarse de responsabilidades.
Para el sindicato, de esa acción se derivan posibles delitos: el delito de falsedad introducida en la “Boleta de autorización del vehículo oficial” ya que no utilizó el carro para funciones propias del cargo, delito por la utilización del vehículo y el chofer para actividades personales y provecho propio; y violentar el derecho y la obligación del trabajador a la incapacidad, es una falta grave, causal de despido sin responsabilidad patronal.
La ANEP solicitó a la Procuraduría de la Ética abrir la investigación correspondiente y de determinarse si las presuntas infracciones causadas y acusadas fueron cometidas iniciar con las acciones penales correspondientes. Asimismo, iniciar los procedimientos administrativos para despedir sin responsabilidad patronal al funcionario por laborar estando incapacitado.
Prácticamente está constatado: el Expediente Legislativo No. 19.923, llamado por nosotros “Ley para aniquilar el sector público”, será enterrado en próximas horas.
Así se desprende de declaraciones brindadas a los medios de comunicación por el jefe de fracción del Partido Frente Amplio, Edgardo Araya Sibaja, luego de que la “lápida” de esta confrontativa iniciativa de ley, fuera colocada por las declaraciones del diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Humberto Vargas Corrales, quien atinadamente desenmascaró las perversas concepciones ideológicas contrarias al bien común que esa iniciativa contemplara.
Es más, este legislador ha “partido” al último partido político que faltaba “por partir” (el PUSC), en el actual escenario parlamentario de fragmentación total que muestra la Asamblea Legislativa, al inicio de su tercera legislatura 2016-2018.
La disposición firme de las diversas corrientes sindicales en contra de esta iniciativa ha resultado fundamental para esta primera derrota política de ese conciliábulo político gestado en las sombras que pasó a dirigir el directorio legislativo a partir del pasado 1 de mayo.
La abierta actitud obrera del sector Público de asumir el reto de una Huelga General, ha resultado estratégica para enfrentar esta primera parte del ataque al empleo público, del ataque a los servicios públicos y del ataque a las personas usuarias de los mismos, por lo general, compatriotas de los sectores medios y de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
Desde la corriente sindical en la cual se desarrolla nuestra lucha social directa, el Colectivo Sindical Patria Justa, si bien nos sentimos satisfechos de haber puesto nuestro aporte para derrotar el Expediente Legislativo No. 19.923, aclaramos que apenas se trata de la mitad de la tarea en esta materia de defensa del Empleo Público y de los Derechos Laborales de nuestros representados y de nuestras representadas en las diferentes organizaciones de Patria Justa.
El aporte de Patria Justa, junto al invaluable soporte que ha representado la unidad en la acción con las centrales sindicales (Confederación de Trabajadores Rerum Novarum CTRN, Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses CMTC, Confederación Unitaria de Trabajadores CUT y Central Social Juanito Mora Porras CSJMP), además con la unidad en la acción del estratégico Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), está dando grandes resultados a favor de la clase trabajadora.
Queda pendiente pues constituye la parte más neurálgica y esencial de la lucha que se está dando, derrotar la incorrecta tesis de que los culpables del déficit fiscal son los salarios del sector Público, de que el déficit es culpa de la clase trabajadora, en general, y esto está sumamente demostrado que no es así.
La iniciativa de ley “gemela” del proyecto 19.923, el expediente legislativo No. 19.506 que viene promoviendo la diputada liberacionista Sandra Piszk Feinzilber, nos debe poner en guardia, nos debe llamar a encender todas las alarmas, nos debe dar más ímpetu para estar a la altura del llamado a Huelga General que se viene formulando desde diversos espacios intersindicales.
Tal iniciativa, la 19.506, está contaminada con eso de que el déficit fiscal es culpa de los Empleados Públicos y, por tanto, exige una vigilancia política minuto a minuto, toda vez que la arbitraria vía rápida a tal expediente podría serle aplicada en medio de alianzas intraparlamentarias insospechadas e intransparentes de último minuto.
Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y desde el mismo Colectivo Sindical Patria Justa, propondremos, con respeto, a las corrientes sindicales colegas (SEC y Centrales Sindicales), una línea de acción político-sindical en tal sentido,
Todas estas agrupaciones se reunirán la tarde de este martes 17 de mayo, a partir de las 2 p.m., en la sede del sindicato SEC, en Vargas Araya, San Pedro.
Respetuosamente, hacemos un vehemente llamado a toda la clase trabajadora del sector Público (incluida la municipal), a mantenerse en pie de lucha, tal y como ha sido constatado en el proceso intergremial y multidiverso de sensibilización y de concientización que han venido realizando todas las agrupaciones sindicales. De nuestra parte, el llamado y la convocatoria a Huelga General se mantiene sin retroceder un milímetro.
Además, reiteramos el más sincero y transparente llamado a la mayor unidad sindical en la acción, clamor generalizado en las bases sociolaborales de las diferentes corrientes sindicales.
El Colectivo Sindical Patria Justa, las Centrales Sindicales CMTC, CUT, Rerum Novarum, la Juanito Mora; y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) se reunieron la mañana de este jueves con la Jefatura de Fracción del Partido Liberación Nacional y el presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez Densanti, para dar conocer la posición sobre los diversos proyectos de ley que atentan contra el empleo público.
Durante casi dos horas los representantes sindicales junto a los diputados Rolando González, Mauren Clarke, Sandra Piszk y Antonio Álvarez realizaron un debate sobre dichos proyectos de ley, así como las aspiraciones de las organizaciones sindicales.
Albino Vargas Barrantes, coordinador de Patria Justa indicó que fueron muy claros al indicar que el proyecto de Ley N° 19.923 “Ley para racionalizar el gasto público” tiene que ser “archivado y descartado de la discusión parlamentaria”.
Otra de las solicitudes de las organizaciones sindicales representadas en Patria Justa, Centrales Sindicales y SEC, es que se tramiten todos aquellos proyectos de ley para combatir el robo de impuestos, la evasión fiscal, así como la elusión tributaria.
En materia de empleo público tanto Patria Justa, las Centrales Sindicales y el SEC mostraron su disposición para hablar del tema, pero como corresponde, en el seno de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
“Nuestras organizaciones sindicales nos estaremos reuniendo en las próximas horas para afinar los planes de salida a las calles y la huelga general que ya convocamos”, finalizó Vargas.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) expone algunos datos de exclusión social que dejó el arismo y considera que la deuda social debería ser honrada por el Partido Liberación Nacional (PLN); esto tras la declinación a una tercera postulación a la presidencia de la República de Óscar Arias Sánchez.
Estos son algunos de los datos que dejó el arismo al país:
1- Entre el 40-45 % de la Población Económicamente Activa (PEA), en edad de trabajar, está en la informalidad, al margen de la Seguridad Social.
2- Cerca del 33 % de quienes laboran asalariadamente para el sector Privado, ni siquiera reciben el salario mínimo de ley, por demás, sumamente precario.
3- El desempleo, integralmente conceptuado, abierto y encubierto, parcial y precario, está superando el 20 %. Aunque las cifras oficiales lo estén situando en un 10 %.
4- El desempleo juvenil es dolorosamente dramático: por ejemplo, tenemos un 48 % de jóvenes entre los 18 y los 35 años que están buscando empleo, no lo encuentran.
5- La crisis fiscal más grande de la historia económica del país, según la perspectiva neoliberal: casi 6 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), como déficit; la tercera parte del presupuesto del Estado central se va, prácticamente, en pago de intereses. La clase trabajadora asalariada del sector Público está pagando las consecuencias al tener su salario congelado
6- Una evasión fiscal y un sistema de robo de impuestos del orden del 8.5 puntos PIB, superando el promedio en la América Latina en tal sentido, que según la CEPAL es del orden del 6.7 %. Nos hereda un sistema tributario profundamente regresivo, pues nunca utilizó su capital político en cambiarlo para el fomento del bien común y de la inclusión social.
7- Los TLC’s neoliberales, como el que se nos impusiera con Estados Unidos, ardorosamente defendido por él, han generado pérdida de tributos al fisco del orden de los 2.5 – 3.5 puntos de Producto Interno Bruto (PIB).
8- La concentración abusiva de la riqueza indica que el 20 % más rico de la población acapara más del 50 % de la riqueza nacional.
9- Gran cantidad de servicios públicos vitales, muchos de ellos dirigidos a atender sectores muy vulnerables de la población, completamente debilitados; con empleo y condiciones de trabajo en estado precario y con salario público congelado; por ejemplo, los servicios públicos policiales.
10- Con el TLC que nos dejó con Estados Unidos, la clase trabajadora sigue sin motocicletas BMW y sin carros Mercedes Benz. Ahora que se fue recordamos lo que pregonó al respecto cuando defendía dicho tratado: “Los que hoy vienen en bicicleta, con el TLC vendrán en motocicleta BMW, y los que vienen en un Hyundai, vendrán en un Mercedes Benz, en esto consiste el desarrollo”.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.