Categoría: Incidencia

• Entre finales de 2014 y finales de 2015, según lo muestran los datos del INEC, el empleo en el sector público se redujo en 14.032 personas, equivalente a una reducción del -5%.

• Entre inicios de 2012 –a mediados del gobierno de Chinchilla– y finales de 2015, la reducción es de 59.468 puestos de trabajo menos en el sector público: una reducción del -18,2%

• Entre inicios de 2014 y fines de 2015 el empleo público se redujo en 54.461 puestos de trabajo, o sea, un -17% menos. Sin duda, toda o la casi totalidad de esta reducción ha sido ejecutada por la administración Solís Rivera.

• Entre marzo 2015 y marzo 2016, el gasto total del Gobierno Central creció 1,5%, incluyendo un aumento de 3,4% en la parte de remuneraciones y un recorte de -28,5% en la compra de bienes y servicios. El gasto corriente aumenta un 4,3% pero ese incremento se explica casi totalmente (un 80%) por el aumento en los pagos de intereses.

• Para ese mismo período se registra una reducción de -17% en la inversión pública (-26,4% si comparamos con marzo 2014).

• Si se excluye el pago de intereses, el gasto se reduce en -1,9%.

• Valga enfatizar: los intereses son, con mucho, el rubro que más crece y cada vez a mayor velocidad. En el año comprendido entre marzo 2015 y marzo 2016 crecieron casi 24%, mucho, pero muchísimo más que ningún otro rubro. Como proporción del gasto total los intereses pasaron de representar un 13,3% en marzo de 2015 a representar un 16,2% en marzo de 2016. O sea, 2,9 puntos porcentuales en tan solo un año. Respecto de marzo 2014 (dos años atrás) el aumento es de casi 4 puntos porcentuales.

• Al proyectar al año 2016 los datos correspondientes al primer trimestre, nos encontramos con un déficit del Gobierno Central que potencialmente sería del -5,2% del PIB. Sin incluir intereses de la deuda, el déficit sería de tan solo -2,0%. Esos intereses por sí solos provocan un déficit del orden del -3,2%.

• La reducción en el empleo público, en la compra de bienes y servicios y en la inversión pública a que el gobierno ha recurrido para atenuar el déficit tiene graves consecuencias sobre la economía; contribuye a ralentizarla justo cuando más necesitada está de recibir un estímulo positivo originado en el sector público. Ello además agrava los de por sí agudos problemas del empleo en un doble movimiento: directamente al reducirse el número de servidores públicos e indirectamente al recortarse la demanda de bienes y servicios y la inversión por parte del Estado.

• En la medida en que el déficit se origina hoy en el pago de intereses, con ello asimismo se pierde el efecto estimulante que ese déficit debería tener sobre la economía. Una parte de esos pagos (aproximadamente el 16%) va a la propia institucionalidad pública, lo que equivale, sin más, a sacar dinero de un bolsillo para pasarlo a otro. Pero, sobre todo, el pago de intereses redistribuye ingresos a favor de sectores rentistas muy poderosos y privilegiados: el propio sistema financiero en primer lugar (alrededor del 21%) y el sector privado en general (32,4%), lo cual corresponde, sobre todo, a gente de muy altos ingresos. Poco o nada de eso revertirá en demanda de nuevos bienes y servicios, por lo que el efecto positivo sobre la economía se diluye hasta prácticamente desaparecer.

• En resumen: el gasto total del gobierno, excluidos los intereses, está decreciendo. El total de gasto corriente, así como las remuneraciones, crecen levemente, mientras las compras de bienes y servicios y la inversión pública se reducen drásticamente. El total del empleo público viene también reduciéndose en forma muy sostenida y significativa. O sea, y en resumen: estamos viviendo un proceso de desmantelamiento e inutilización de la institucionalidad pública, con consecuencias dañinas a corto plazo para la economía y el empleo, y con perniciosos efectos de largo plazo para el buen desarrollo de nuestra sociedad.

• La histeria austeritaria –recorte y mutilación del sector público– que la tal “alianza opositora” quiere imponer desde la Asamblea Legislativa, es, en rigor, una pelea contra fantasmas, pero de ninguna manera una pelea inocente. No hay tales excesos de gasto, excepto en el rubro de intereses. Los fantasmas simplemente son una justificación para encubrir sus afanes ideológicos contra la institucionalidad pública, contra el Estado costarricense e, incluso, contra algunos fundamentales derechos laborales.

• Nada de lo anterior niega que no sea necesario hacer un máximo esfuerzo para mejorar la calidad de los servicios públicos y para corregir y sanear vicios y excesos que efectivamente existen. Pero el proceso de mutilación del que la institucionalidad pública está siendo víctima –y que la alianza opositora quiere profundizar– imposibilita radicalmente introducir las mejoras y correcciones a que aspiramos. Una institucionalidad pública mutilada es una institucionalidad pública inutilizada, así de simple y doloroso.

• Si el problema principal es, con mucho, el pago de los intereses, sobre esto debe necesariamente actuarse. Y esencialmente son tres las vías para hacerlo: a) hacer que bajen las tasas de interés en el mercado interno, lo cual pasa por exigir más eficiencia y menos rentismo por parte de la banca; b) reactivar la economía, incluyendo en esto una vigorosa reanimación de la inversión pública, y una amplia gama de otras medidas muy necesarias (incluyendo tipo de cambio); c) una reforma tributaria justa y equitativa y el combate tenaz al fraude fiscal que provea nuevos ingresos y contribuya, primero, a recuperar esa institucionalidad pública en proceso de derretimiento y, segundo, a frenar el crecimiento de la deuda pública.

La diputada socialcristiana Rosibel Ramos Madrigal, presidenta de la comisión parlamentaria de Asuntos Hacendarios, destaca (junto a su colega legislativo de similar ideología, Otto Guevara Guth), como parte del conjunto de las figuras políticas de mayor “virulencia” que se han venido manifestando en la actual Asamblea Legislativa, en contra del Empleo Público y en contra de la clase trabajadora asalariada del Estado.

En una pose de matonismo político, muy característica del pensamiento neoliberal, la indicada legisladora la arremetió contra aquellos colegas suyos en el seno del bloque opositor al Gobierno, que pudieran pensar diferente a ella en el debate parlamentario sobre el empleo público que ya empezó.

Los términos por ella empleados, “canillera” y “pendejada”, para catalogar eventuales posiciones distintas a la suya en materia de empleo público en el seno del grupo parlamentario de la oposición, expresan conceptos intimidatorios que se utilizan cuando no se tienen los argumentos suficientes para sostener una determinada tesis.

En tal sentido, la legisladora Ramos Madrigal no se diferencia mucho de quienes emplearon términos de agresión verbal inaceptables que se pronunciaron días atrás en las barras legislativas contra congresistas de signo neoliberal como lo es ella.

Así que la ANEP, de manera pública y respetuosa, reta a la diputada Rosibel Ramos Madrigal para que saque un poquito de tiempo de su apretada agenda (eso sí, tramitando el debido permiso) y realice, aunque sea por algunos instantes, las siguientes tareas de servicio público ejecutadas por empleados públicos cargados de “privilegios” por los pluses salariales que reciben.

En caso cada caso, le recomendamos preguntar por el salario total (base más pluses) que devengan esas personas empleadas públicas y cuántos años de servicio acumulan para haber llegado a tener tal nivel salarial.

Para la ANEP será un gran honor acompañarle a cada visita, con nuestros personeros y dirigentes respectivos, a fin de facilitar su importante presencia. Eso sí, si ella lo tiene a bien.

De seguido le presentamos doce sugerencias para que conozca, más integralmente, el fondo del problema del empleo público. Hay muchas más situaciones como las que se ejemplifican a continuación. Si aparte de las citadas, puede haber otras de su interés, háganoslo saber. ¡Aquí van las primeras!:

PRIMERO: Móntese en una radiopatrulla de la Fuerza Pública y acompañe a los policías en un recorrido por un barrio marginal capitalino cargado de pobreza, droga, crimen organizado, niñez en riesgo, gente desempleada y viviendas destartaladas. Luego del recorrido, ellos le compartirán un poquito de la alimentación que reciben en la delegación policial de pertenencia.

SEGUNDO: Visite La Reforma, súbase a un fortín, acompañe al policía penitenciario por un ratito como vigía y ojalá no le den ganas de ir al servicio en ese momento. O bien, pase unas dos horas en un módulo de reclusión de la cárcel de San Sebastián, en total hacinamiento, para ayudar a atender la dinámica de los privados de libertad en una mañana cualquiera.

TERCERO: Acompañe a un policía migratorio en algún puesto fronterizo y ayúdele unos minutos en tareas administrativas porque ahora este oficial debe hacer las dos tareas por un único salario. Usted puede trasladarse en avioneta o helicóptero para que no gaste mucho de su valioso tiempo.

CUARTO: En ese mismo medio de transporte, vaya a un parque nacional o área protegida y colabore con el oficial guardaparque en una persecución, aunque sea cortita, a un cazador furtivo. Mejor no le pedimos que ayude a enfrentar una situación con el narco de las muchas que se dan en el área verde del país.

QUINTO: Acompañe a un oficial de tránsito en una carretera de alto volumen vehicular, ojalá a hora pico y ayúdele, al menos, a llenar la boleta por infracción o una colisión que le toque presenciar. Ya no los mandan en pareja por falta de efectivos.

SEXTO: Coordine para que le participen de un operativo policial de defraudación fiscal y aunque sea por unos instantes, sea testigo de lo que es robo de impuestos en tiempo real, en concreción concreta y cómo hace falta más personal.

SÉTIMO: Podría visitar, por ejemplo, el CEN-CINAI de Los Cuadros de Guadalupe, ayudándole un ratito a la servidora que cuida los chiquitos de las madres solas jefas de hogar que se dejan en ese centro de servicio público. Tal vez en su visita usted podría ayudar a repartir el almuercito de los niños.

OCTAVO: Acompañe a un trabajador de AyA a efectuar una corta de agua, a una familia pobre o que está en problemas para pagar el recibo; ojalá no le toque a ir a una barriada típica del fenómeno de exclusión social. La gente se enoja mucho cuando le cortan el agua y la emprende contra los trabajadores.

NOVENO: Acompañe a un asistente de pacientes en un hospital metropolitano de la Caja, a asear a los enfermos, a darles el baño personal en su propia cama de convalecencia, en la pura mañanita y porque esa persona no puede moverse.

DECIMO: Haga un pequeño recorrido junto a un camión recolector de basura, con los empleados municipales que luego de varios años de exposición a la intemperie, en especial ahora que por el cambio climático la exposición a los rayos solares es más peligrosa, esperan recibir una cesantía compensatoria de una pensión que les quedará bajita.

ONCEAVO: En avioneta puede usted trasladarse a un poblado de la zona atlántica y acompañe al personal de campo del Ministerio de Salud, a un recorrido de combate al dengue, al zika, a la chikungunya.

DOCEAVO: Tal vez le interese estar cerca de un operativo delicado de combate al tráfico de drogas, ahora que el país está inundado por la actividad del narcotráfico. Los oficiales de la Policía de Control de Drogas, con seguridad, le compartirán la naturaleza peligrosa de su tarea.

En esto de los pluses salariales en el empleo público, las generalizaciones son tremendamente injustas. Todos estos meses, desde que ella llegó a la curul parlamentaria, miles y miles de empleados públicos han sido víctimas de una cruel campaña político-mediática de agresión psicológica y de “terrorismo ideológico”, culpabilizándoles del déficit fiscal, lo cual no es cierto. En cada uno de los doce casos mencionados (y los muchos más que no podemos citar ahora), los servidores públicos son pagadores de impuestos rigurosos y responsables, no se los roban. Los pluses salariales que devengan no tienen ninguna característica de privilegio.

Quedamos en espera de la respuesta de la diputada Rosibel Ramos Madrigal.

San José, viernes 16 de setiembre de 2016.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Las reacciones sobre la posibilidad de que Ronald Jiménez no optara por la reelección de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) no se hicieron esperar.

Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), indicó que los cuestionamientos constantes sobre aparentes contratos multimillonarios reflejaban una doble moral en el discurso de Jiménez.

Además, señaló que el jerarca perdió espacio político para representante al sector empresarial en Costa Rica.

“Un contrato multimillonario que no fue debatido en público, pues en nuestro criterio estaba reflejando una doble moral. Mientras atacaban convenciones colectivas como disparadores del gasto, este tipo de contratos, que no se sabía, se manejaba de manera muy opaca.

Es obvio que él perdió espacio político para seguir conduciendo este importante gremio de los empresarios de Costa Rica”.

Vargas indicó que el país necesita urgentemente la construcción de un gran diálogo social para sacar adelante al país.

“No podemos emitir ninguna opinión en la que se interprete que estamos interfiriendo en los asuntos de Uccaep, como no nos gustaría que interfir en los asuntos internos de la ANEP.

Pero es obvio que en el país urge una coyuntura de mucho diálogo, el principal valor que tiene Costa Rica es mantener la paz, la paz está en riesgo desde el empleo, el salario, la corrupción, el narcotráfico, la violencia en todas sus manifestaciones”, agregó.

Ronald Jiménez dejará su cargo el 18 de mayo, día en que Uccaep elija a su nuevo representante del sector empresarial, el cual personifica al 85 % de la fuerza laboral en Costa Rica.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), luego con el apoyo directo del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, ajusta ya bastante tiempo mediando fuertes esfuerzos, analizando documentos y estudios rigurosos, formulando serios planteamientos, valientes denuncias e impulsando movilizaciones, acerca de la gravedad del problema nacional de la evasión fiscal, del fraude tributario y del robo de impuestos, cuya proporción en Costa Rica ha alcanzado los 8.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), superando el promedio latinoamericano cifrado por la CEPAL, de Naciones Unidas, en un 6.7 %.

Particularmente, hemos dado sustento sumamente consistente a nuestro planteamiento central en la materia, de que el déficit fiscal no se debe a los salarios devengados por quienes laboran para el sector Público; celebrando hoy que la tesis de la ANEP al respecto, fue acogida y asumida por todos los sindicatos del sector Público y de todas las corrientes sindicales que en su seno se mueven; con las que tenemos coincidencias como con las que mantenemos diferencias.

Se ha venido enfrentando así una durísima campaña político-mediática de varios meses de duración, con fuertes contenidos de terrorismo ideológico y de agresión psicológica en contra del empleo público; campaña virulenta enormemente injusta jamás vista en la historia del sector Público desde la promulgación de la actual Constitución Política, en 1949.

La aprobación del proyecto de ley contra el fraude fiscal nos viene a dar la razón, en parte, en tal sentido, es decir, que el déficit fiscal no se debe a los salarios del empleo público. Celebramos esa aprobación y, particularmente, felicitamos a las señoras diputadas y a los señores diputados que desde las sensibilidades del progresismo político en materia de justicia social, desde un principio fueron consecuentes con este tipo de iniciativas de ley.

Lo que no se puede ocultar, pese a los esfuerzos intra y extraparlamentarios al respecto, es el papel jugado en este tema y en esta coyuntura, por las corrientes sindicales realmente responsables, seriamente propositivas y estudiosas de estas difíciles cuestiones tributario-fiscales. En la ANEP estamos orgullosos de haber dado nuestro aporte al respecto, el cual y de manera sobrada, está sumamente documentado.

Por supuesto que dada la magnitud del robo de impuestos en el país, hubiésemos deseado una ley contra el fraude tributario sumamente drástica e implacable, bajo la premisa de que evadir responsabilidades tributarias es un crimen contra toda la sociedad.

Por ejemplo, el registro de accionistas debió quedar ubicado en el Ministerio de Hacienda. Además, no debió establecerse exención alguna al respecto, pues los defraudadores “profesionales” y patológicamente propensos a ello, pueden dividir su capital en un sinnúmero de sociedades anónimas de 15 % o menos de patrimonio, para eludir reportarse ante tal registro.

A pesar de esto, hay un avance histórico que puede ser realmente concreto si, por ejemplo, se fortalece a toda la gestión tributaria en contratación de más personal especializado y asistencia técnica al mismo, en mayor innovación tecnológica de punta, en asignaciones presupuestarias verdaderamente sustanciosas. Bien dice el refrán de que “hecha la ley, hecha la trampa” y los ladrones de impuestos, más sus compinches asesores de todo tipo, se las han de ingeniar para burlarla.

Es resaltable que con el proyecto aprobado podría acabarse con la insana práctica de cierto profesionalismo tributario de inventarse toda clase de triquiñuelas y artilugios jurídicos, mediando incluso leguleyadas con membrete de bufete “prestigioso”, para legalizar el robo de impuestos. Que de ahora en adelante este tipo de profesionales mañosos pueden ser responsabilizados al respecto, representa un avance importante en materia de justicia tributaria.

Particularmente, a la ANEP la preocupa y según se nos ha informado al respecto, el actual estado calamitoso, sumamente precario, de la parte de la gestión tributaria que tiene que ver con el cobro judicial. Si con la nueva ley los controles a la morosidad fiscal se han de incrementar y habrá más posibilidades de detectarle y de combatirle, el departamento de Cobro Judicial del Ministerio de Hacienda debe, estratégicamente conceptuado, fortalecerse al máximo. Hacemos un vehemente llamado al Gobierno en tal sentido.

Finalmente, considerando el alto nivel confrontativo que se ha venido desarrollando en nuestra sociedad en esta tríada en conflicto de empleo público, fraude fiscal y justicia tributaria, tenemos que tener en consideración la circunstancia de que la aprobación del proyecto en mención pudiera haber sido objeto de algún tipo de negociación oculta, informal, en materia de empleo público.

Todo el mundo sabe que en la Asamblea Legislativa se mueven los asuntos de muy distintas formas y desde los más diversos ángulos y ámbitos; y, en ocasiones, lo que realmente sucederá no se definió en condiciones de total transparencia.

En ANEP nos preocupa, en grado sumo, que así como fue pactado darle vía rápida en el trámite parlamentario a la aprobación legislativa de esta necesaria ley contra el fraude fiscal; de igual forma se haya dado ya, o se esté “cocinando” en estos momentos, un pacto completamente impresentable, vía rápida parlamentaria también, para la institucionalización de la precarización del empleo público, con base en los más añorados deseos del capital neoliberal y su hegemonía financiero-bancaria.

Emplazamos, de manera vehemente, al propio Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, para que nos hable al respecto, con la mayor sinceridad y con total transparencia.

Una vez más debemos insistir en la imperiosa necesidad de que todos los gremios, asociaciones laborales de todo tipo, sindicatos del sector Público y hasta los colegios profesionales, concertemos una acción mancomunada para enfrentar, de manera realmente sólida, la batalla final del empleo público.

Por otra parte, esas agrupaciones político-partidistas que ya están haciendo cálculos electorales de cara al 2018, tanto las que están ahora representadas en la actual Asamblea Legislativa, como las que están fuera de la misma, deben pensar que, a final de cuentas, hay cerca 1 millón 500 mil votos relacionados con el Sector Público (los trabajadores y sus familias, promedialmente hablando); grupos de familias costarricenses que están completamente pendientes de cómo se ha venido jugando, en todos estos meses, con su estabilidad laboral, con su sustento familiar, con sus responsabilidades en materia de endeudamientos, al hacérseles responsables por algo que nunca generaron: el déficit fiscal y, por tanto, bajo amenaza de rebajarles el salario y precarizarles su empleo.

En ANEP pensamos que estamos ya ante un escenario tan intenso que los 330 mil empleados públicos, sus familias y la diversidad de las agrupaciones que les representan, se plantarán con contundente firmeza en su propia autodefensa y en la institucionalidad republicana que representan los diferentes servicios públicos para los cuales laboran.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), condena, con energía, las perversas pretensiones del alto corporativismo empresarial, de sus renombrados bufetes y de exjerarcas tributario-aduaneros, para facilitar que en nuestro país el robo de impuestos continúe sin control, se profundice y hasta que quede, prácticamente, en total impunidad.

Con estupefacción tomamos nota de que en el mismo día en que se anuncia el reinicio de los trámites para recortar salarios en el sector Público, vía proyecto de Empleo Público que elimina toda clase de pluses salariales; en ese mismo día se destapa la repudiable maniobra político-parlamentaria que pretende bajar las actuales penas por robo de impuestos, que están estipuladas hoy en día con 5 a 10 años de cárcel, dejándola en 2 años, es decir, anulándola prácticamente con el beneficio de la ejecución condicional de la pena que se le daría al evasor atrapado en ese delito.

Repugnante resulta, además, que los inescrupulosos profesionales duchos en artimañas para enseñar al empresariado a evadir impuestos, sigan en total impunidad y no se les vaya a penalizar su incorrecto proceder, en perjuicio del bien común de las grandes mayorías populares.

Realmente estaríamos enfrentando una especie de catástrofe ética y un atentado “terrorista” contra la transparencia si a los exjerarcas tributario-aduaneros con vocería diputadil-parlamentaria, que están proponiendo mociones rebajar las penas por robar impuestos, se las acogen y/o aprueban, ejecutándose así una especie de descarado tráfico de incluencias a favor de clientes de su portafolio de negocios tributarios, clientes que en estos momentos enfrentarían o estar por enfrentar demandas penales por fraude fiscal.

El cinismo de los exjerarcas tributarios-aduaneros es totalmente condenable al jactarse de la aplicación de sus conocimientos evasores, traduciéndolos en mociones parlamentarias para debilitar el proyecto de fraude fiscal actualmente en trámite en la comisión hacendaria del parlamento; proyecto que, ya de por sí, había sido manoseado desde el alto corporativismo empresarial para quitarle intensidad punitiva en materia de robo de impuestos.

Los empleados públicos deben saber que ya se empezó a negociar entre bambalinas parlamentarias sus salarios y sus sobresueldos, mediando ciertas intervenciones diputadiles que son las mismas que están a favor de la impunidad en el fraude fiscal y a favor de que continúe el robo de impuestos.