Categoría: Incidencia

Costa Rica ocupa de la más grande unión jamás realizada de todas sus fuerzas cívicas sanas para combatir la penetración del narcotráfico y del crimen organizado que el mismo supone; diseñando una estrategia integral, multisectorial y multifactorial, para indagarle y combatirle; tanto “por arriba” como por abajo”.

Aplaudimos la decisión presidencial de convocar con tal propósito a las más importantes autoridades político-gubernativas de los supremos poderes y de otras instancias institucionales adscritas a los mismos.

Parecería que como sociedad todavía “estamos a tiempo”; sin embargo, considerando el entrampamiento político que vive el país pensamos que podríamos ya estar en ruta hacia un “Estado fallido”, debido al control territorial, político-partidario, financiero bancario, que el crimen organizado estaría ya en condiciones de asumir en porciones importantes de la vida social nacional.

En esta ocasión queremos hacer énfasis en el aspecto financiero-bancario, pues el impresionante flujo de dinero sucio en nuestra sociedad, merece la grande drasticidad de combate por parte de la política-fiscal tributaria del país, tanto a nivel legislativo como administrativo.

Para algunas entidades corporativo-empresariales internacionales, Costa Rica está inundada de dinero sucio. Según las mismas, cada hora (60 minutos), en el circuito financiera-bancario y económico de nuestra economía, podrían estar circulando unos 600 millones de colones; lo que equivale a unos ¡14 mil millones de colones al día, cada 24 horas!

Se puede estar de acuerdo o no con tales datos; sin embargo, en lo que sí hay consenso es que la cantidad de dinero sucio en Costa Rica es astronómica e impresionante; dinero sucio que no solamente es el que circula producto de todas las formas de evasión fiscal y de robo impuestos, sino también de esas enormes cantidades de transacciones por narcotráfico y crimen organizado; o bien, lo que resulta más lógico suponer, una vinculación cotidiana de lo uno con lo otro.

En lo concreto, el denominado proyecto de “Ley de Extensión de Dominio” cuyo objetivo general es perseguir los bienes materiales “mal habidos” por dineros del crimen organizado (lo cual es completamente correcto); muy “convenientemente” está dejando de lado la persecución de los bienes también “mal habidos”, por evasión fiscal; como si este delito no fuese parte de lo que existe al respecto en materia de crimen organizado y de lavado de dinero.

En ANEP pensamos que el crimen organizado está metido en esto de la gigantesca evasión fiscal-tributaria que se da en el país y, por tanto, en el indicado proyecto de ley, se debería legislar al respecto, fuertemente.

Es más, se debe introducir en la “ley de extensión de dominio”, un impuesto a todas las transacciones financiero-bancarias que se realizan en el sistema bancario costarricense y en sus entidades conexas; de forma tal que, por ejemplo, toda operación superior a los 10 mil dólares estadounidenses, se le ponga un tributo, un “peaje”, de cierta cantidad porcentual (por definir), para destinarlos a los servicios públicos destinados al combate al narcotráfico y al crimen organizado, a una real estrategia integral de prevención del delito y a atender a la población joven del país multidimensionalmente para “ganársela” a la droga y al narco. Dado el impresionante flujo de dinero sucio que al día se da en Costa Rica, cualquier porcentaje por mínimo que sea, representará gigantescas sumas en las arcas públicas.

Este impuesto especial a todas las transacciones financiero-bancarias, conocido en los países de la Unión Europea (UE), como la Tasa Tobin, representaría un extraordinario dispositivo de política pública para aportar, con solidez, a una estrategia integral y multifactorial de indagatoria, combate y hasta erradicación del dinero sucio en nuestra sociedad; mismo que, repetimos, es producto de todas las formas de evasión tributaria y de robo de impuestos y del “matrimonio” perverso de ello con el ingreso de las impresionantes cantidades de plata corrompida producto del tráfico ilícito internacional de estupefacientes y del lavado de dinero que el mismo presupone.

San José, viernes 9 de octubre de 2015.

Honorable señor periodista don Carlos Mora
crhoy.com
Presente

Estimado señor:

Con todo respeto debo expresarle mi más enérgica condena por la grosera manipulación que usted hizo de mi buena fe, cuando me solicitó declaraciones acerca del movimiento de huelga que el Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA está convocando a partir de las 6 horas del día lunes 26 de octubre próximo; específicamente cuando le comenté acerca de la actividad prevista por la ANEP para el sábado 17 venidero, con delegados sindicales policiales.

Empezamos. Titula usted: “Sindicato persuadirá policías para huelga del 26 de octubre”; con el antetítulo: “PATRIA JUSTA INVITARÁ A LA FUERZA PÚBLICA AL MOVIMIENTO Y LES PEDIRÁ QUE NO SE ENFRENTEN A HUELGUISTA”. ¡Así, sin asco y todo en mayúsculas!

Su grosería manipuladora empieza con el empleo de la palabra “persuadirá”, jamás utlizada por mi persona y entrecomillada; pero sí se nota su subjetividad en la noticia cuando sí entrecomilla el vocablo correcto que yo empleé: sensibilización; usted lo descalifica cuando puso “sensibilizarlos”, así, entrecomillado.

Ahora bien, su perversa intencionalidad en la nota que elaboró queda deliberadamente expuesta cuando usted, luego de los ya malintencionados pretitular y titular, genera la siguiente frase que es completamente falsa, mentirosa y peligrosa, de su propia producción totalmente subjetivizada y cargada, subliminalmente, de antisindicalismo. Escribió usted “El conglomerado sindical Patria Justa persuadirá a la Fuerza Pública del país para que se sumen a la huelga general del próximo 26 de octubre” (subrayado nuestro).

En verdad, usted ha mentido descaradamente, perjudicando seriamente la seriedad con que pretendemos manejar todo este proceso de lucha social previsto para el día 26.

Si bien es cierto comprendemos que en esto del empleo público el medio de comunicación para el cual usted trabajo, crhoy, está matriculado política e ideológicamente, en congruencia directa con la pertenencia de clase de su propietario, que según se nos ha indicado es el señor Leonel Baruch Goldberg (personaje ligado a los sectores del capital financiero-bancario costarricense); no se vale, no es ético, no es justo, mentir tan descaradamente como usted lo hace, señor periodista don Carlos Mora.

Su mentira es tan infame que al escuchar mis grabaciones incluidas en la nota de su elaboración, no hay una sola palabra que indique que estamos llamando a huelga a la Fuerza Pública. ¡Qué barbaridad!

La grabación y el sentido de mis declaraciones indicaban aprovechar la reunión de representantes policiales de diferentes cuerpos prevista para ese sábado 17, para abordar cuestiones en torno a la inseguridad jurídica de su quehacer actual; precisamente para explicarles el ABC de las razones de la huelga del día 26; para explicarles cómo se ha venido desarrollando la campaña de cierta prensa en contra del Empleo Público y las matrices mediáticas de la misma.

Y, sumamente importante, para decirles que el movimiento será totalmente pacífico y que no se enfrenten a huelguistas porque no será necesario, reitero, precisamente porque es un movimiento pacífico. ¡Jamás para llamarles a la huelga como policías!

La grosera manipulación que usted hizo de mis declaraciones, señor periodista Carlos Mora, cuando inventó maliciosamente al indicar de manera mentirosa de que “El conglomerado sindical Patria Justa persuadirá a la Fuerza Pública del país para que se sumen a la huelga general del próximo 26 de octubre”; precisamente nos da la razón de la necesidad de explicar la perversidad de ciertas matrices mediáticas, como las de crhoy, en contra del Empleo Público, en contra de los sindicatos, en contra de los representantes sindicales, en contra de la clase trabajadora asalariada del Estado.

No abrigo ninguna esperanza de que usted y el medio para el cual trabaja, tengan la mínima decencia en rectificar y ofrecernos una disculpa; y, además publicar el texto de mi enérgica protesta por tal perversidad periodística.

Afortunadamente, existen las redes sociales para desenmascararles; y, a la vez, acudir a la vía judicial para que se publique esta comunicación nuestra a usted, invocando el derecho de rectificación y respuesta.

Somos respetuosos del Estado de Derecho, funcionamos al amparo del mismo. La huelga que estamos convocando para el lunes 26, tiene sólidas bases jurídico-legales y constitucionales que usted ni imagina.

Practicamos un sindicalismo responsable y jamás se nos ocurriría la imprudencia, la irresponsabilidad y la estupidez suicida de dejar al país sin seguridad ciudadana convocando al digno cuerpo de servidores de la misma a huelga alguna.

Evidentemente, la confrontación social y la polarización candente que está actualmente en desarrollo en nuestra sociedad, está llegando a niveles realmente alarmantes y a ejercicios periodísticos como el que se expresa en su nota, señor Carlos Mora, altamente estimulantes de generación de odio entre costarricenses.

¡No se vale jugar sucio en algo tan delicado! Hay límites éticos que no deberían ser traspasados. Si esta contundente respuesta nuestra implica que su medio nos “bloqueará” de ahora en adelante con nuestras comunicaciones de prensa, por decirles esta verdad, a lo mejor es realmente beneficioso para nuestra causa.

Se lo he escrito con respeto, téngalo claro. Pero no sabe usted cuánta indignación anida en mí por esta afrenta a la verdad que usted y su medio han ejecutado en contra de nuestro limpio quehacer sindical, mismo que nos permite la Democracia; esa misma Democracia que les permite a ustedes decir semejantes barbaridades, quedando nosotros y la causa que defendemos en total estado de indefensión.

El portal web CentralAmericaData.COM (www.centralamericadata.com), diseñado, desarrollado, operado técnica y editorialmente por un equipo de profesionales especialistas en administración de empresas, economía y finanzas, y tecnologías de la información, con más de 20 años de experiencia; está publicando los datos sobre los movimientos de dinero sucio en la región centroamericana, destacando de nuestra parte y para efectos de este comunicado, los espeluznantes datos referidos a Costa Rica.

CentralAmericaData.COM está dedicado a proveer información diaria y bilingüe sobre negocios, economía y finanzas de Centroamérica, utilizando tecnología y conceptos de nivel mundial en gestión de información y comunicación digital.

A su vez, CentralAmericaData.COM, se basa en el informe “Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2003-2012”, emitido por Global Financial Integrity (www.fintegrity.org/about/). Puede dirigirse, en específico a:

“http://www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2014/12/Illicit-Financial-Flows-from-Developing-Countries-2003-2012.pdf(Ilicit Fiancial Flows 2003-2012)”:
http://www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2014/12/Illicit-Financial-Flows-from-Developing-Countries-2003-2012.pdf

“En vez de darse puñetazos”, los señores diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica deberían darle prioridad absoluta, con el más grande desprendimiento político jamás necesitado, para analizar toda la problemática que arrojan los siguientes datos; mismos que ya se habrá notado no son de fuente sindical y, por tanto, “libres de toda sospecha”. Es información altamente especializada, con sólida credibilidad y fuente de toda confianza para los capitales de la región.

La información que estamos compartiendo, surge a partir del proceso de tramitación parlamentaria del proyecto “Ley de Extensión de Dominio”, Expediente Legislativo No. 19.571, promovido por el legislador Antonio Álvarez Desanti.

Para CentralAmericaData.COM, en su editorial del martes 31 de marzo de 2015, “lo más grave de esta situación es que, lejos de disminuir, el movimiento de dinero ilegal sigue creciendo con gran velocidad en la región”.

¡Así es! Con base en el estudio en comentario y si en el período analizado, en Costa Rica, ¡cada hora!, se mueven casi 600 millones de colones de dinero sucio; ¡por Dios Santo!, ¿cuáles son los datos a partir del 2014?…

La profundidad, la gravedad y las imprevisibles consecuencias de toda esta espeluznante información, hace que el tan llevado y traído tema del déficit fiscal sea “peccata minuta”.

A la vez, ocurre lo mismo con la infame y perversa campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en desarrollo en torno al tema del Empleo Público. Ésta queda completamente desnudada con relación a lo que verdaderamente debería plantearse ante el país; y, que, por el contrario, podría presuponer una opacidad mediática cómplice con los poderosos sectores del capital bancario por cuyos circuitos financieros esta plata, “¡toda la plata del mundo!, está pasando por Costa Rica: 19 puntos de Producto Interno Bruto (PIB), promedio anual de la década analizada por el informe “Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2003-2012”.

El país y todos sus sectores deberíamos estar ya trabajando en una gran unidad y diseñando, vías acuerdos, las grandes líneas de combate a este gigantesco, sideral, astronómico flujo de dinero ilícito en Costa Rica.

Hace tiempo desde esta organización hemos venido planteando la necesidad de imponer en nuestro país la “Tasa Tobin”, un impuesto a las transacciones financiero-bancarias cotidianas que se ejecutan desde el sistema financiero nacional.

Con semejantes cantidades en juego transitando por el país, gran parte de las cuales lo hace vía el sistema financiero nacional, de una u otra forma; probablemente “otro gallo nos cantaría” en eso del déficit fiscal.

En tal sentido, es menester declararlo contundentemente: ¡el Empleo Público no es el problema!

Acá la nota del semanario Universidad Costa Rica entre los mayores paraísos de capitales ilícitos

Gran impacto nos ha generado en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la nota de prensa que aparece hoy en el prestigioso periódico La República, titulada “Tarifa de buses incrementó, mientras precio de petróleo cayó” (páginas 10 y 11 – Nacionales); causándonos enorme indignación; especialmente porque es desde esta organización sindical que hace tiempo venimos denunciando el total estado de indefensión de las personas trabajadoras usuarias del transporte público modalidad autobús, las cuales son vulneradas todos los días y a todas horas.

¡Nos quedamos cortos en nuestra reiterada queja, reclamo, denuncia! Consternación es la palabra más adecuada al comprobarse, según el reportaje, de que al final del presente año 2015, cada pasajero de autobús le habrá “regalado” a cada empresario autobusero 17 mil colones; para un gran total que se “embolsará” dicho gremio corporativo de ¡26 mil millones de colones!

Con la precariedad de los salarios y su creciente deterioro en cuanto a poder adquisitivo, especialmente en materia de salarios mínimos; es completamente incomprensible cómo la ARESEP “ha estado mirando para otro lado”, con la reducción de un 8 % en los costos de operación del empresariado autobusero; sobre todo (y como lo indica el mencionado reportaje), que este poderoso gremio de gran influencia política, ha sido beneficiado con una reducción de un tercio del precio local del diesel y del aceite que, en conjunto, constituyen un 25 % de los gastos de operación.

…Y mejor no hablemos de lo que con toda esta situación podría estar ocurriendo con las responsabilidades tributario-fiscales de este empresariado autobusero; y de la naturaleza de la justicia social y salarial para su personal, especialmente los choferes conductores de los buses.

La fuerte caída en el precio internacional del petróleo ha servido para engordar, abusivamente, el bolsillo del empresariado autobusero en contra del bolsillo del pasajero. ARESEP ha sido “cómplice” de ello.

Con la mayor vehemencia hay que denunciar, nuevamente, el perverso carácter pro-empresarial de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), y su proclividad en contra de las personas usuarias de los servicios públicos; especialmente en contra del mayor segmento de la ciudadanía costarricense que es la clase trabajadora, tanto la del empleo formal como la del informal. El caso de las tarifas de autobús es paradigmático al respecto.

Por cierto que, recientemente, reafirmando su sesgo antipopular, la ARESEP acaba de sentar las bases de un gran conflicto social en desarrollo, como lo es la tropelía cometida para desconocer obligaciones derivadas del sistema de relaciones obrero-patronales en varias empresas públicas que tienen en sus costos de operación, obligaciones financieros derivadas de negociaciones colectivas totalmente constitucionales y legales.

La confrontación social por venir es una provocación de la ARESEP y; ahora, tal confrontación social será potenciada por la fuerte denuncia que haremos de lo que está sucediendo con esta barbaridad de una ARESEP sin control alguno, volcada totalmente a favor del empresariado autobusero.

¡Clamamos al cielo por el cierre de la ARESEP! Los multimillonarios salarios de su cúpula, empezando por el de más de 7 millones de colones mensuales de su máximo jerarca, ofenden profundamente a cada persona usuaria de los servicios de autobús que, como se indica, le dará a cada empresario 17 mil colones “regalados” de un sobreprecio en la tarifa que la ARESEP, de manera cruel, se ha hecho cómplice.

De manera reiterada hemos venido planteando que en materia de Empleo Público, pese a nuestros insistentes llamados al Diálogo Social, es la confrontación social abierta lo que se está imponiendo, lamentablemente.

En tal sentido, resulta interesante considerar y no descartar a priori, más bien verlo de manera positiva, el planteamiento de la ministra de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), Olga Marta Sánchez Oviedo, de que una comisión mixta parlamentaria, aborde el explosivo y complejo tema del Empleo Público en el seno de la Asamblea Legislativa; comisión que integraría a las calificaciones autorizadas representaciones empresariales y sindicales, junto a las carteras ministeriales de Presidencia, Hacienda, Trabajo y Planificación.

No obstante, tal llamado al diálogo que formula la ministra de Mideplan presenta varias dificultades:

¿Quién manda a nivel de Gobierno en materia de Empleo Público? La arbitraria decisión patronal adoptada, unilateral y arbitrariamente, por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), de imponer el salario único, desconociendo los acuerdos de Diálogo Social que tenía firmados con el Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del ICE (FIT-ICE); deja muy mal parado al propio señor Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera y a la ya mencionada jerarca de Mideplan, por no decir a todo el Gobierno.

Si como ya se está demostrando, el Salario Único representa (empleando con respeto una sabia expresión popular que dice que “sale más caro el caldo que los huevos”), una erogación fiscal multimillonaria más fuerte de la que se pretende “economizar” por eso del déficit fiscal; resulta inexplicable la posición del ICE al respecto y le resta credibilidad a la prédica gubernamental expresada en la materia por boca de la señora ministra de Mideplan, durante su comparecencia en la Asamblea Legislativa, el día de ayer, martes 22 de setiembre de 2015.

Por otra parte, el rechazo al planteamiento de la mencionada jerarca, por parte de las diputaciones abanderadas de la cruzada fundamentalista en el tema del déficit fiscal; partidarias de los recortes presupuestarios irracionales, irreflexivos e irresponsables; y, contrarias a toda norma legal para darle vuelta al injusto sistema tributario costarricense altamente regresivo; indican que hay finalidades ideológicas profundas de concepción-país, pues siguen con su equivocada y manipuladora tesis de que son los salarios de los empleados públicos los responsables del déficit fiscal.

En tal sentido, es totalmente imposible desligar el tema del Empleo Público, de los salarios y de los pluses salariales; de lo que ha venido sucediendo con:

PRIMERO: Los casi 6 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), en materia de exenciones y de exoneraciones.

SEGUNDO: Los prácticamente 8 puntos PIB en materia de evasión y de elusión fiscales-tributarias en todas sus manifestaciones, legales o ilegales.

TERCERO: Del porqué tendremos que erogar, prácticamente 3 puntos PIB y únicamente en el 2016, en pago de intereses (no del principal), de la deuda del país.

CUARTO: De la ausencia de responsabilidad en el asunto del déficit de las empresas públicas que no funcionan a partir de transferencias desde el Gobierno Central, pues no reciben ni un centavo por ello, dado que tienen sus propios recursos; y, por el contrario, transfieren fondos a aquel.

QUINTO: De la abusiva conducta, ilegal e inconstitucional, de entes reguladores como la SUTEL y como la ARESEP, en franca y abierta cruzada para pulverizar la estabilidad financiera de esas empresas públicas, atentando contra su estabilidad sociolaboral, generando una provocación a la confrontación social abierta que ya está en desarrollo.

SEXTO: Del papel del sector Público en la economía; las repercusiones de la masa salarial de su funcionariado en el circuito financiero de la misma; de la sobrevivencia de una enorme cantidad de micro, de pequeñas y de medianas empresas que se mantienen al amparo del salario devengado por el personal estatal; y, por las ventas de bienes y servicios al Estado, como proveedores del mismo.

Nuevamente, ante la continuación del clima de odio ya, lamentablemente, posicionado en este explosivo asunto del Empleo Público; la necesidad del Diálogo Social es más que evidente.Ojalá “nos alcance el tiempo”.

En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), estamos totalmente en contra de la desafortunada e inoportuna pretensión del Gobierno para reducir el monto salarial exento de tributar renta, actualmente colocado en la cantidad de 793 mil colones.

Esta situación contrasta, radicalmente, con la no menos deplorable decisión gubernativa de ceder a las presiones del gran corporativismo empresarial (mediando su respectiva representación parlamentaria), renunciando a que el fraude fiscal y la evasión tributaria tengan en sede administrativa una fuerte posibilidad de combate.

Los sectores medios de la clase trabajadora que tienen salarios relativamente decentes, sufren de severos endeudamientos y por lo general no tienen acceso a políticas públicas directas que compensen la pérdida del poder adquisitivo que las restricciones de política salarial de los últimos años han impuesto.

Por otra parte, sigue siendo tema de desconfianza, recelo y duda la caída del índice inflacionario según el discurso oficial. Es cuestión de contrastar el mismo con la realidad del bolsillo de la persona trabajadora asalariada y comprobar que no se siente en la cotidianeidad del diario vivir, tal disminución en el indicador principal que mide el costo de la vida.

Se dice que baja la inflación (“deflación”), pero muchas mercancías y muchos servicios no muestran significativas rebajas de precios. Para muestra un botón: la escandalosa situación de las tarifas de autobús que no muestran ni la reducción ni de un centavo. Como sabemos, se han hecho de la “vista gorda” en la Aresep en cuanto a la reducción del precio internacional del petróleo.

De manera vehemente, exhortamos al Gobierno y, en particular al Ministerio de Hacienda, para que desistan de ampliar la carga tributaria que pesa sobre el salario. Imponer un aumento de la misma es potenciar la llegada de más familias a las cercanías de la vulnerabilidad de pobreza y, seguir reforzando la injusta y perversa senda de la regresividad tributaria.

Vamos a analizar la posibilidad de un debate en sede constitucional acerca de la propiedad jurídica legítima para gravar el salario, considerando que éste es pago por fuerza de trabajo desplegada y no producto de una actividad lucrativa de lógica mercantil.