Categoría: Incidencia

Durante toda la mañana de este día, jueves 10 de setiembre de 2015, los máximos representantes directivos de las organizaciones conformantes de PATRIA JUSTA, hemos analizado la situación de gran conocimiento público generada en las últimas horas y derivadas de las declaraciones emitidas por el compañero Fabio Chaves Castro, Subcoordinador de este agrupamiento sindical y Coordinador General del FIT-ICE, durante la conferencia de prensa en la sede de la ANEP, el pasado martes 8 de setiembre. Por tanto, declaramos:

PRIMERO: Daremos a las y a los representantes de los diferentes medios de comunicación el trato cordial y respetuoso que siempre les hemos brindado, para la cobertura informativa de nuestras actividades en sus diferentes expresiones y circunstancias.

SEGUNDO: Total respeto de nuestra parte a la Libertad de Expresión en el ejercicio de la actividad mediático-informativa, sin importar el posicionamiento político-ideológico del enfoque informativo.

TERCERO: Las declaraciones de nuestro compañero de causa, Fabio Chaves Castro, tienen su origen en el contexto de la actividad sindical cotidiana en el seno de las colectividades laborales en que nos desenvolvemos; producto del tratamiento informativo sobre los temas de Empleo Público que se han venido publicando en parte de la prensa nacional en los últimos meses; enfoque que ha calado hondo en las conciencias y en las mentes de miles de personas trabajadoras asalariadas del Sector Público, producto de que sus derechos laborales logrados al amparo de ley, son mostrados distorsionadamente, como se si tratase de acciones delictivas.

CUARTO: Discrepamos de que tales declaraciones sean una “amenaza a la prensa”, ni implícita ni explícitamente. Para entendernos mejor, el contexto de tales declaraciones puede ser referenciado, a modo de ejemplo, por peticiones de grupos laborales para no usar más su uniforme de trabajo cuando están en la calle; por conflictos interpersonales de agresividad en la ventanilla de trámite; por las agresiones verbales y griterías de automovilistas que transitan frente al local de nuestras organizaciones, por ejemplo. En tal sentido, queremos que haya más equidad, más justicia informativa y más espacio igualitario en torno a las tesis confrontadas. Sabemos que este postulado ético y sagrado del periodismo alcanza tanto para el entrevistador como para el entrevistado y, hasta el momento, en la prensa que ha venido discrepando de nuestras posiciones, no hemos sentido, en realidad, este tipo de tratamiento. En tal sentido respaldamos a nuestro colega de lucha, Fabio Chaves Castro, connotado líder social de larga trayectoria y representante directo de más de 10 mil conciencias laborales del ámbito institucional por él representado.

QUINTO: De manera pública y respetuosa, invitamos a los directores y a las directoras de los medios de prensa a una sesión-almuerzo en próximas horas. Les reiteramos nuestra posición de pleno respeto al trabajo de los y de las periodistas y de los medios. Como costarricenses que pensamos distinto y, específicamente, sobre el enfoque polarizante del empleo público, pensamos que podemos sentarnos alrededor de una mesa, viéndonos a los ojos, hablando con transparencia y con total respeto a la discrepancia sobre todas estas situaciones. Se les contará con este fin.

SEXTO: Ratificamos, nuevamente, nuestro llamado al diálogo nacional sobre esta circunstancia del Empleo Público y temas asociados. A la vez, continuamos con nuestros preparativos para la concreción de un llamado a la Huelga Nacional, esperando para próximas horas reuniones inter-sindicales según planteamientos de unidad en la acción que hemos formulado recientemente.
San José, jueves 10 de setiembre de 2015.

Firman las agrupaciones integrantes del Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa

ANEP
FIT-ICE
SINAE
SITRAPEQUIA
UPINS
SINTRAJAP
SITRAP
SIPROCNP

El Ministerio de Trabajo está próximo a publicar su anuario estadístico del 2014 en el que la tasa de sindicación, aunque levemente, sigue cayendo, al pasar de un 10,1% en el 2013 a un 9,4% en el 2014.

En términos absolutos, eso implica una reducción de 14.016 trabajadores en la fuerza laboral.

Por el contrario, la tasa de afiliación al solidarismo pasó de 19,2% a un 20% entre el 2013 y el 2014, para un crecimiento absoluto de 9.300 personas.

Pese a la diferencia numérica entre ambas formas de organización, se percibe un reforzamiento del papel político y social del sindicalismo.

El reportaje en el que trabajo, pretende explicarle al lector estos fenómenos que le comento y nos interesaría mucho incluir su siempre valioso criterio y análisis sobre lo que sucede con las organizaciones sociales, el reportaje se publicará este lunes entrante, por lo que, ante la falta de más tiempo, le adjunto con mi saludo atento, un corto cuestionario.

El reportaje lo cierro este viernes 4 de setiembre a las 6 de la tarde.

Don Albino, como siempre muy agradecido por su tiempo.
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¿Cuál es el factor o los factores que ustedes consideran que llevan a más trabajadores a afiliarse al sector solidarista en vez de ingresar a sindicatos?

Si la empresa privada fuera respetuosa, en materia de Libertad Sindical, de la Constitución, de la Ley, del Código de Trabajo, de la Doctrina Social de la Iglesia Católica y del Derecho Internacional de Trabajo y la normativa de OIT, habría muchos sindicatos en el sector privado y habría alta afiliación. En la empresa privada, prácticamente, al trabajador se le obliga a ser solidarista. La palabra “sindicato”, es sinónimo de despido en el sector privado.

¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre el solidarismo y el sindicalismo?

Legalmente, tienen su respectiva legislación que les define, claramente, sus ámbitos de competencias. Pero el sindicalismo está conceptuado como un Derecho Humano Fundamental, universalmente reconocido y con normativa legal internacional. El solidarismo no. En lo político-ideológico, el solidarismo es empleado como antisindicalismo.

¿En qué se parecen ambas organizaciones?

Un trabajador, de la empresa privada y del sector público, puede, perfectamente, estar afiliado a los dos modelos. En el sector público, ya eso se da. Conviven ambos y no se interfiere el uno con el otro. No se parecen en nada, empero. Los sindicatos defienden derechos laborales y la estabilidad en el empleo; el solidarismo es un ente financiero que opera en el sector laboral.

¿Cuáles son las asociaciones sindicales más grandes del país, a cuántos trabajadores agrupan más o menos?

Un sindicato puede ser grande no solamente por el número de socios, es decir, por lo meramente cuantitativo. Un sindicato puede ser grande por factores cualitativos: incidencia, propuesta, reconocimiento ciudadano, profesionalismo, vocación negociadora, sistema de alianzas y enlace político y otros. Cuantitativamente hablando, los gremios de educadores son los sindicatos más numerosos pero tienen una esfera de acción determinada por lo gremial, en esencia.

¿Cuál es la obra más relevante del sindicalismo en Costa Rica?

Es difícil ser categórico en eso de “más relevante”. En los años 40 del siglo pasado, el sindicalismo dio el músculo sociopolítico para las reformas sociales: el Código de Trabajo y el Seguro Social. En la época actual, pensamos que ha sido la defensa de instituciones públicas legendarias asociados al concepto de sociedad de capas medias: ICE, INS, banca pública CCSS y otras. En este caso, ajustamos 30 años de “batalla campal” y todavía no han sido pasadas, completamente, al sector privado.

¿Cuál cree usted que es el peso actual del sindicalismo en la sociedad y la política costarricense?

Pese a toda la campaña mediática de desprestigio, de ataque a mansalva, de satanización, el capital neoliberal de corte oligárquico no ha podido imponer en el país, completamente, el modelo del Consenso de Washington. El Estado Social de Derecho no ha sido arrasado por completo, gracias a la resistencia de ciertos sindicatos claves en el enfrentamiento, en la colisión, en el choque, en el antagonismo de dos visiones de desarrollo, en los últimos 30 años. Con la frente en alto y con gran orgullo indicamos que la ANEP ha sido fundamental en esta resistencia. Tenemos peso en esta sociedad y ello se mide por el carácter que en estos momentos reviste la campaña mediática en contra del Empleo Público. Tenemos frenadas varias iniciativas de legislaciones conceptuadas, ideológicamente, por el lado del capital, de corte antiobrero. Queremos más peso, incidencia e influencia y a nadie le debe quedar la menor duda de ello.

¿Vive un reverdecer el sindicalismo gracias a acuerdos como el firmado hace dos meses con el PAC y el Frente Amplio?

Lo que generaron los acuerdos con el PAC y con el FA, con PATRIA JUSTA, es la posibilidad de aportar en la construcción de otra hegemonía en la política pública del país: más hacia lo social, a más regulación del mercado, a más papel del Estado en fomento de la inclusión social y de la reducción de la desigualdad; a cambios estructurales en la distribución del ingreso, por ejemplo. Además, estamos de acuerdo en una revisión integral del sector Público, de la evaluación del desempeño, de revisar injusticias e inequidades en su seno. En esos acuerdos no hay nada contra la iniciativa privada, contra el sector privado. Por supuesto, que con estos acuerdos el nivel de incidencia de los sindicatos, en este caso, PATRIA JUSTA, ha crecido dentro del parlamento, por ejemplo.

¿En qué estado quedan las relaciones de los sindicatos con la clase política después del fracaso de la reforma procesal laboral?

La Reforma Procesal Laboral (RPL) no ha fracasado. Estamos haciendo grandes y productivos esfuerzos para superar el escollo constitucional. Aquí es bueno recordar esa frase de que “los muertos que vosotros matáis, gozan de buena salud”. Es bueno resaltar que la Iglesia Católica está apoyando en esta causa, la de salvar la RPL.

A falta de esta reforma en el panorama porque, se podría decir, está en un limbo ¿Cuáles otras luchas ve usted que puedan unir al sector sindical?

El salario mínimo en el sector Privado, la defensa de la Caja, la cuestión tributaria y el manejo del déficit, el empleo público, la cuestión del agro, la defensa del agua como derecho humano, la cuestión ecológico-ambiental y el cambio climático, por ejemplo. Estos puntos (entre otros), podrían generar una agenda de articulación compartida para la acción.

¿Cuáles cree usted que son los retos más importantes del sindicalismo, tanto inmediatos como futuros?

Retos del sindicalismo: Cruzada por la eficiencia y la eficacia y contra la mediocridad en aquellas zonas del servicio público que sabemos tienen estos problemas; aportar para rigurosos modelos de evaluación del desempeño; combatir duramente la corrupción producto de la colusión entre lo privado con lo público; construir un modelo de unidad sindical en la diversidad político-ideológica, similar al uruguayo; apuntalar con propuestas novedosísimas, como la Economía Social Solidaria, la actividad del emprendedurismo y de las micro, pequeñas y medianas empresas; crear un medio de comunicación multisectorial desde la perspectiva “de los y de las de abajo”; lograr la aprobación legislativa de la nueva ley de radio y televisión; y, por supuesto, lograr la aprobación definitiva de la Reforma Procesal Laboral (RPL), en lo que, como le indicamos arriba estamos trabajando duro.

¿Se nota en la práctica la disminución que sufre el sindicalismo en las estadísticas, o siente que el movimiento está fortalecido al tener mayor músculo producto de alianzas con el PAC y FA?

Al sindicalismo siempre lo están “disminuyendo”. Al sindicalismo lo han “enterrado” varias veces. Sí hay un crecimiento por razones lógicas de la campaña del miedo y de satanización del empleo público. En el caso de ANEP, además, notamos un pequeño crecimiento en el sector privado pero es de afiliación clandestina que no puede reflejarse en las estadísticas públicas del Ministerio de Trabajo, por razones obvias. Evidentemente, como le indicamos, la alianza con el PAC y con el FA presupone un mayor peso en la sociedad, pero ello debe verse en la perspectiva de que la participación ciudadana que hoy se pregona, nosotros la estamos aprovechando “al pie de la letra” y, además, hace tiempo que la política dejó de ser monopolio de los partidos políticos.

¿Cree que este Gobierno ha privilegiado de alguna forma al sector sindical?

Me parece que este gobierno ha estado actuando jugando al “equilibrio”, viendo para el lado empresarial y viendo para el lado sindical. Le puedo garantizar que si el gobierno hubiera “privilegiado” al sector sindical, estaríamos en otras condiciones sociopolíticas con las que siempre hemos soñado.

¿Cómo resumiría usted el papel histórico del sindicalismo en el país?

Sin sindicatos no hay Democracia; no hay Democracia que se precie de serlo, si los excluye. Los sindicatos han sido fundamentales en la gestación, en la preservación, en la defensa y ahora en la revitalización de los pilares del Estado Social, “enfermos” desde adentro y “baleados” desde afuera; además, luchamos para que definitivamente la sociedad entienda que sindicalizarse es el ejercicio de un Derecho Humano Fundamental.

En el marco de la campaña de terrorismo ideológico y de agresión psicológica que se ha venido fomentando en contra de todo lo relacionado con Empleo Público, contra el Sector Público, contra las personas trabajadoras asalariadas del Estado y de sus propias familias; campaña orquestada desde el seno de los tradicionales sectores hegemónico-dominantes (y toda su pléyade de opinólogos, amanuenses, articulistas, comentaristas y otras personas de similar especie); campaña que se ejecuta, especialmente, a través de la prensa “perdedora” de las elecciones presidenciales del 2014; se abre ahora un nuevo “frente de combate”…

Hablamos de la resolución emitida por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), dada a conocer en lunes 24 de agosto anterior mediante comunicado de prensa, en la cual el alto personero de esta entidad, su Intendente de Energía, informa de que ejecutó una rebaja, que no le reconoció gastos de operación a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), por el orden de los 20 mil 363 millones de colones, según la última solicitud de ajuste tarifario que le fuera presentada por esta empresa pública.

De esta cantidad, casi 5 mil millones de esa rebaja (más bien recorte), corresponden a los compromisos patronales previstos y obligacionales destinados a honrar responsabilidades asumidas en el sistema de relaciones laborales y sociales derivadas de la Convención Colectiva de Trabajo (CCT); actualmente vigente (y en proceso de renegociación propiciado en el marco de la indicada campaña);CCT suscrita entre esta empresa pública y el Sindicato de Trabajadores Petroleros Químicos y Afines (Sitrapequia), mismo que es parte del Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA.

Sabemos que el tema de la CCT de Recope (y de otras inmersas en similares circunstancias, pero todas instrumentos clásicos y emblemáticos del Derecho Colectivo de Trabajo), constituye tema de gran polémica a nivel de opinión pública; especialmente porque la indicada campaña terrorista y de agresión ideológica a todo lo que tenga que ver con Empleo Público, ha colocado ya en el “paredón de fusilamiento civil” a toda la población trabajadora asalariada de Recope (y a sus propias familias), a su legítimo sindicato y a la institución misma. Solamente ha estado faltando el “tiro de gracia” y ese parece ser el contenido político-ideológico de la resolución del Intendente de Energía de la Aresep… y de la Aresep misma.

Este comentario, por tanto, no está centrado en la polémica mencionada. Entendemos que la actual dirección de Sitrapequia tiene claridad de sus desafíos actuales como representación laboral legítima del personal trabajador asalariado de Recope; y, entendemos, que está en un proceso de renegociación de su CCT, con responsabilidad cívica crítica, con base en la lectura del entorno sociopolítico nacional del momento y la consideración de las fuerzas en pugna.

Por tanto, este comentario lo queremos concentrar en lo siguiente: En si como sociedad queremos seguir jugando con las reglas del Estado de Derecho a todo nivel (incluido el laboral); o, si por el contrario, el empate político entre las dos visiones de desarrollo que siguen confrontadas en este país, se ha de resolver con decisiones de facto, de corte totalitario-arbitrario, altamente violentistas contra el mismo Estado de Derecho; y, por tanto, desechada tal vía civilizada, que se abra, en consecuencia, el sendero del enfrentamiento civil abierto, en diversas modalidades pero todas catastróficas para la paz social y para la Democracia misma.

Contundentemente pensamos que la acción de la Aresep que implica supresión abrogante de derechos laborales regulados en la Convención Colectiva de Trabajo (CCT) de Recope, aprovechando el procedimiento de autorización de tarifas, es abiertamente ilegal.

La ilegalidad obedece a que tal acción ya no sólo es contraria al principio de legalidad, por cuanto con su actuar la Aresep rebasa las competencias de control y fiscalización que la ley le otorga.

Más grave todavía es la circunstancia de que Aresep, según su marco legal vigente, debe tener en cuenta el cumplimiento de las leyes laborales de las entidades cuyos modelos tarifarios regula. Este podría ser un elemento central para debatir en las sedes judiciales-administrativas correspondientes.

Como bien sabemos (y aunque no le guste a esos tradicionales sectores hegemónico-dominantes, así como a toda su pléyade de opinólogos, amanuenses, articulistas, comentaristas y otras personas de similar especie); el instrumento jurídico Convención Colectiva de Trabajo (CCT), es LEY LABORAL (así en mayúscula).

Ley laboral de tal potencia jurídica que puede ser aplicada, por ejemplo, en el seno de las empresas corporativo-mediáticas, privadas, desde las cuales se propician las “ejecuciones sumarias” y los “fusilamientos civiles” en este tema del Empleo Público; si en tales empresas privadas se diera el imperio constitucional de la ley.

Por consiguiente, la Aresep, lejos de estar facultada para derogar, tácitamente (mediando este proceder abusivo, violentista, de facto), normas convencionales de la ley del Trabajo, como lo ha hecho en esta resolución de Recope; está obligada por ley a velar porque las empresas reguladas cumplan con estas leyes de trabajo: esto es, que cumplan con las convenciones colectivas vigentes en dichas empresas públicas.

Lo que está aconteciendo ahora con el cercenamiento de facto, con la abrogación de la legalidad sociolaboral convencional de Recope, con este inaudito uso abusivo del Derecho, va a afectar a otras empresas públicas sujetas a la regulación tarifaria de Aresep: A y A, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz CNFL, Japdeva, las empresas públicas regionales y cooperativas distribuidoras de luz y de energía eléctrica entre otras.

La Aresep, y su Intendente de Energía, ¡“cerró” el parlamento y decretó “su propia” ley de empleo público!

Esto es completa y contundentemente inadmisible. Debemos recordar que en nuestro sistema jurídico-procesal, sólo los entes jurisdiccionales tribunales de trabajo y Sala Constitucional están facultados para desaplicar normas laborales de rango legal que puedan tener algún vicio de ilegalidad o inconstitucionalidad.

La Administración Pública en este caso, la Aresep, no puede desconocer este principio general del ordenamiento jurídico. Y, mucho menos, además, pasándole por encima al propio parlamento, a la Asamblea Legislativa, en cuyo seno, precisamente, está un debate en desarrollo en este y otros aspectos referentes al Empleo Público.

Las implicaciones de este acto de tropelía (abuso, arbitrariedad, hecho violento contrario a las leyes), cometido por la Aresep rebasa el cercenamiento de derechos laborales garantizados por este tipo de instrumentos jurídicos del Derecho Colectivo de Trabajo, como lo es la Convención Colectiva de Trabajo.

Abarcará, de consolidarse, a otras entidades de la institucionalidad pública que aunque no tengan una CCT (como, por el ejemplo, el Instituto Costarricense de Electricidad ICE), sus fijaciones tarifarias las define la Aresep.

En tal sentido y concretamente, esta tropelía de la Aresep puede estar cercana para serle aplicada al propio ICE, alegando que sus obligaciones patronales-sociales, en sí mismas, no pueden considerarse dentro de los costos empresariales de operación, en cuanto a las tarifas eléctricas, por ejemplo.

Más allá del abuso del derecho (“contra legem”, según los especialistas), que es demandarle a la Aresep en cuanto tal; estos “tiranuelos de bolsillo”, como el propio Intendente de Energía de la Aresep, deben asumir sus propias responsabilidades personalísimas, por su actuaciones abusivas en uso de las facultades jurídicas que le fueron otorgadas para el ejercicio de su cargo.

Se está jugando, ya en serio, con la paz social. Se está jugando, también en serio, incluso, con la misma Democracia y su institucionalidad jurídica.

Si bien, en este caso particular, se deberán emprender varias acciones jurídicas; la embestida contra el empleo público ha llegado ya a niveles demenciales, que exigen una respuesta de fuerza de grandes dimensiones por parte de las organizaciones sociales y, ojalá, en condiciones de unidad en la acción, insospechadas hasta hoy. “La sangre ha llegado al río…”. ¡Ojalá nos equivoquemos!

A nivel del Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA, este martes 1 de setiembre analizaremos en profundidad el tema, previas conversaciones de últimas horas entre varios de sus líderes.

Ahora resulta que ARESEP admite, por primera vez, que ha cometido “errores” en contra de usuarios de buses de comunidades rurales y muy pobres, específicamente en 20 pueblos de la Meseta Central del país; a quienes les ha sacado de sus más que empobrecidos bolsillos y durante los últimos dos años, un sobrecosto tarifario de 33 %; mismo que desde la perspectiva empresarial del autobusero es un 33 % de sobreganancia.

El “error” de ARESEP podría no circunscribirse a la situación que hoy aparece en prensa escrita y, quién sabe desde cuándo se ha venido reproduciendo en otras rutas, en otras comunidades, en otras regiones del país estos sobrecostos tarifarios y, por ende, estas sobreganancias a favor del empresariado autobusero.

Definitivamente, ARESEP queda al desnudo en cuanto a su ya institucional proclividad para favorecer “a los de arriba” y perjudicar “a los de abajo”, en esto de las fijaciones tarifarias.

La gente usuaria de los servicios de autobús está indefensa ante ARESEP. Es la conclusión más categórica que podemos sacar. La ARESEP está “como oro sin Señor”.

Ante la llegada a la Asamblea Legislativa, el próximo martes 1 de setiembre, para su tramitación parlamentaria de obligada observancia constitucional, del proyecto de presupuesto general “de la República” para el 2016, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), como parte integrante del Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA, manifiesta a la opinión pública nacional y, muy especialmente, a los diversos conglomerados laborales y sociales relacionados con dicha circunstancia, las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que nos opondremos, rotundamente, por los más diversos mecanismos a nuestro alcance, a las pretensiones de los fundamentalistas del déficit fiscal y extremistas del pensamiento neoliberal con escaño parlamentario, a la aplicación al proyecto de presupuesto que enviará el Poder Ejecutivo, de recortes irracionales, irreflexivos, irresponsables y desestabilizadores de la institucionalidad correspondiente directamente afectada y de la propia paz social; asociada ésta a la situación de alta vulnerabilidad social y de pobreza de quienes dependen de los programas sociales que serían recortados con esa lógica fiscalista de sesgo extremista.

SEGUNDA: Que muchos de los programas ministeriales asociados a prestación de servicios públicos para poblaciones de alta vulnerabilidad social y de pobreza en sus diversas manifestaciones, ya fueron recortados por el propio Ministerio de Hacienda, con base en las respectivas pretensiones institucionales iniciales, de cara a la elaboración del proyecto de presupuesto que conocerá el parlamento a partir del próximo 1 de setiembre. Es decir, en muchos casos, tal proyecto llegará a la Asamblea Legislativa ya “macheteado” y, por tanto, no soportará una segunda “macheteada”, so pena de enormes penurias y sacrificios insoportables para el 2016; penurias y sacrificios que sufrirán grandes segmentos ciudadanos en condición de pobreza y con riesgo grave de caer en ella, producto del estado de desigualdad que vive el país, mismo que no se detiene.

TERCERA: Que la ANEP, en consecuencia, desde ya mismo, está formulando un vehemente llamado a la movilización en próximas semanas y con carácter sectorial según la gravedad de los recortes ya aplicados (primera “macheteada”); y los que se aplicarán (segunda “macheteada”), en el seno de la comisión parlamentaria de Asuntos Hacendarios, misma que tramitará el proyecto de presupuesto para 2016; y que, desafortunadamente, está controlada por los fundamentalistas neoliberales del extremismo del déficit fiscal. Propiciaremos una nueva modalidad de movilización social para esta coyuntura en lucha contra este tipo de recortes: potenciar la alianza de la población laboral de los servicios públicos afectada por las indicadas “macheteadas” presupuestarias, en unión con la ciudadanía usuaria de esos servicios públicos en riesgo de caer en la paralización total producto de esos recortes irracionales, irreflexivos, irresponsables y desestabilizadores.

CUARTA: En lo inmediato, la ANEP ha iniciado ya el trabajo social sensibilizador para la concientización y la movilización en tres sectores de servicios públicos cuyas poblaciones laborales y receptoras de los mismos, ni en lo más mínimo son responsables del déficit fiscal pero serán los primeros duramente sacrificados:

Uno: El personal del Sistema Penitenciario Nacional (profesional, técnico, administrativo, operativo y de seguridad carcelaria), así como la población privada de libertad; misma que sigue creciendo pero cada vez hay menos recursos para atenderla. En este último sentido, aspiramos a incluir en este proceso social contra este tipo de recortes, a las personas familiares de quienes están internados en las cárceles del país.

Dos: El personal del Ministerio de Salud y de los CEN-CINAI, especialmente. La aspiración de la ANEP es la movilización nacional de las madres solas jefas de hogar, con sus niños y con sus niñas que deben dejar para su cuido en los CEN-CINAI, junto a las trabajadoras que les atienden; puesto que el crecimiento de la desigualdad y la precariedad salarial en desarrollo, afectan duramente a hogares de clase trabajadora de ingresos medios y bajos que cada vez más ocupan del servicio de los CEN-CINAI. Igualmente, pretendemos que se movilice el personal del Ministerio de Salud encargado de labores de combate a enfermedades que una vez el país erradicó pero que por la pobreza volvieron a aparecer.

Tres: Resulta inaudito, inadmisible y totalmente peligroso pensar en recortes para programas de Seguridad como los de la Fuerza Pública y la policía migratoria. La desigualdad, principal problema del país, ha alimentado el crecimiento del narcotráfico, del crimen organizado y de la delincuencia común, con episodios de violencia y de sangre jamás vistos en la historia nacional; además de que la inmigración incontrolada (entre otras circunstancias), es producto del debilitamiento sostenido a lo largo de los años de la policía fronteriza del país. Aplicar recortes en este tipo de programas es propiciar la “mexicanización” de la convivencia social en Costa Rica. ANEP procurará que los cuerpos policiales involucrados, en su tiempo libre, se movilicen junto a las comunidades para enfrentar los recortes extremistas de los que venimos hablando.

QUINTA: Este tipo de recortes y otros de similar carácter (a los que nos referiremos en próximas comunicaciones), afectan, a la vez, a una gran cantidad de firmas privadas proveedoras de insumos, de artículos, de servicios, de materiales y suministros, de equipo diverso, etc., ocupados para el funcionamiento mínimo de esos programas sociales. Este tipo de recortes (los de la primera “macheteada” y los que se generarán producto de la segunda que se dará en el seno de la comisión parlamentaria de Hacendarios), afectarán a la vez, el crecimiento económico, debilitarán la actividad productiva para el mercado interno, generarán cierre de empresas que existen con base en las compras del Estado central; y, por ende, implicarán despidos y desempleo. ANEP aspira a una conversación directa y un enlace social con estas firmas proveedoras para invitarles a sumarse a este movimiento.

SEXTA: La ANEP reitera que el tema del déficit fiscal se debe enfrentar de otra forma radicalmente distinta; que tenemos propuestas al respecto; que el país ocupa un acuerdo nacional al respecto y que, según nuestra visión, el primer acuerdo a lograr debe ser el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), con el cual podemos vivir como sociedad y el porcentaje del PIB con el cual no podemos vivir como sociedad, a fin de buscar soluciones integrales en este último sentido. Adicionalmente, se puede buscar un acuerdo para una ley de contingencia fiscal, de emergencia y con carácter de progresividad tributaria, que nos permita, como sociedad, buscar esas soluciones integrales pero en paz, con tranquilidad civil y con tolerancia de inclusión, sin las confrontaciones polarizantes amenazantes de la convivencia misma del país. El Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA, del cual la ANEP forma parte, está en la mejor disposición para un diálogo sociopolítico y nacional ante estas cruciales circunstancias.