Categoría: Incidencia

Con enorme preocupación, aunque carentes de sorpresa, hemos leído el artículo publicado en el diario mejicano El Universal, redactado por el periodista José Meléndez, que refiere a una supuesta negociación entre el gobierno de turno y estructuras narcotraficantes de corte internacional.

Desde ANEP, gracias a la honrosa representación que ostentamos del gremio policial, desde distintas instituciones, aunado a la preparación académica y experiencia en el campo de quienes conforman nuestro equipo de trabajo; y nuestras bases, tenemos la oportunidad de identificar y asociar circunstancias que, para gran parte de la ciudadanía, pasan desapercibidas, y que, al juntarlas nos llenan de sospechas.

En los últimos años se han presentado las siguientes situaciones:

1) Resistencia a dotar de recurso y plazas a la Policía Profesional de Migración, lo que, en medio de crisis migratoria, les imposibilita realizar patrullajes en fronteras, inspecciones en hoteles y plantas productoras y/o empacadoras de productos de exportación, donde se contrata personal indocumentado. En muchas ocasiones estas personas, que luego son despedidas sin derechos, por su estado de vulnerabilidad son captadas por bandas dedicadas al narcotráfico.

2) Una pésima distribución de recurso de la Policía Aeroportuaria que disminuye la atención de los actos de interferencia ilícita en los aeropuertos; situación que ha servido como excusa para ejercer presión, e intentar sacar al cuerpo policial con potestad de imperio de nuestra frontera más grande, para colocar seguridad privada.

3) La nula cantidad de oro decomisado en Crucitas, y más recientemente la decisión de Seguridad Pública de retirar a la Fuerza Pública del lugar (posteriormente, y tras cuestionamientos en medios de comunicación, la policía fue enviada de nuevo al sitio).

4) No crecimiento de recurso policial en la zona sur del país, por donde ingresa la droga que viene del cono sur del continente.

5) Excluir a Costa Rica del programa de revisión de contenedores de Naciones Unidas.

6) Resistencia por llenar plazas vacantes en Policía de Control de Drogas.

7) Asignación de horarios en muelles y fronteras que dejaban estos puntos sin agentes antidrogas luego de las 19 horas y hasta el día siguiente (situación subsanada luego tras hacer la denuncia pública).

8) “Cambio de estrategia” de Seguridad Pública, que implica retirar a la Policía de Control de Drogas de sus labores de inteligencia e investigación en los muelles, fronteras y aeropuertos (aplicación actual).

9) Solicitud a la Policía de Control de Drogas de entregar los usuarios, claves y contraseñas (incluye información sensible) de los sistemas informáticos. (Que nunca habían sido vulnerados pese a los hackeos que ha sufrido el país). (Situación actual.

10) Ministerio de Hacienda no transfiere la totalidad de los montos que la ley destina a cuerpo policiales por impuestos como el de sociedades anónimas, del banano y casinos.

11) Encarcelamiento de exdirector de Fuerza Pública, por nexos con el narcotráfico.

12) Aprobación de leyes como la 9635, que encapsuló al Ministerio de Seguridad Pública en una imposibilidad de crecimiento presupuestario por la “regla fiscal” y disminuyó el poder adquisitivo de las y los servidores policiales

13) La Ley Marco de Empleo Público que congela indefinidamente los salarios de las y los policías, generando un factor de riesgo para la corrupción y captación del reclutamiento de estructuras del crimen organizado.

14) Resoluciones judiciales cuestionadas, que no interponen medidas cautelares a personas presuntamente vinculadas a actividades de crimen organizado.

15) Desde el ámbito legislativo: no aprobación de leyes como la de extinción de dominio, grabar capitales golondrinas, para conocer beneficiarios finales de las personas jurídicas…

16) Visita de personas aparentemente ligadas al narcotráfico a la Asamblea Legislativa.
Entre otras…

Es decir, desde hace años en nuestro país se vienen presentando situaciones sospechosas, cuestionables y otras que, directamente, van debilitando el aparato estatal y empoderan a las mafias narcotraficantes. No es posible aseverar si la supuesta negociación entre el Estado y el narco, en el gobierno de turno sea cierta. Sin embargo, ante todos los antecedentes existentes, y las decisiones recientes del Poder Ejecutivo, tampoco podemos descartarla.

Desde ANEP esperamos que el Ministerio Publico entable las investigaciones pertinentes.

Debemos reiterar nuestra tesis: Una de dos; o el gobierno de Chaves está pésimamente mal asesorado en temas de seguridad;
o están defendiendo los intereses del narcotráfico.

San José, miércoles 27 de septiembre de 2023

Jonathan Flores Mata, Directivo Nacional de la ANEP.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.