Categoría: Incidencia

No a la Violencia contra las Mujeres. Video de ANEPtv

Video de Ana Lucía Faerrón y Mónica Quirós

Las muertes violentas de mujeres no solo aumentan desde el año 2007, cuando se lograron reducir a 17 tras la aprobación de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. Son, también, cada vez más crueles. Y como bien sabemos, el femicidio es solo la forma extrema, visible, de la violencia que cotidianamente enfrentamos gran parte de las mujeres que vivimos en Costa Rica.

Esto no parece alarmar al Estado costarricense. Costa Rica, que en el pasado estuvo a la vanguardia continental por sus políticas públicas en este campo, y que cuenta con la primera ley en el mundo que penaliza el femicidio, está en la actualidad entre las más atrasadas gracias a los retrocesos habidos en la respuesta estatal.

La Sala Constitucional eliminó en 2008 dos artículos de la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres, los que reunían la gran mayoría de las denuncias presentadas. La Caja Costarricense del Seguro Social eliminó el programa de atención, pionero en el país. Otro tanto hizo el Ministerio de Seguridad con un programa de respuesta policial que fue ejemplar en el pasado y que hoy quedó reducido a una oficina. La política de seguridad ciudadana que se está diseñando no contempla, tampoco, la especificidad de la violencia que las mujeres vivimos.

Es de lamentar que en esta situación tan preocupante la presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) minimice el problema, diciendo que solo se han cometido 10 femicidios, negando que el femicidio ocurra también fuera de la relación de pareja, aunque nuestra legislación aún no lo reconozca. En este año se conocieron de cinco muertes de mujeres en la misma semana, algo insólito en nuestro país, y la jerarca del Inamu no reaccionó.

¿Será que el Estado costarricense espera que la población y las mujeres nos acostumbremos a esta masacre? Vivimos en una región en que las muertes violentas de mujeres se están disparando y la crueldad con que se cometen se acrecienta. Las condiciones que han desatado los femicidios en la región están cada vez más presentes en Costa Rica.

Lamentablemente compartimos cada vez más con el resto de los países de Centroamérica el desinterés estatal y su negativa a reconocer la violencia contra las mujeres y el femicidio como un grave problema de derechos humanos, que hay que enfrentar urgentemente. Y esta es una de las condiciones que provoca un aumento de los femicidios en la región.

Exigimos respuestas efectivas del Estado

Exigimos la restitución de los artículos 22 y 25 de la Ley de Penalización de la Violencia Contra la Mujeres

Exigimos que el Estado garantice la seguridad y la justicia a las mujeres de todas las edades, nacionalidades y condición migratoria Exigimos una reacción inmediata de la Junta Directiva del Inamu y su Presidenta Ejecutiva

Alto a la violencia contra las mujeres y el femicidio

Red Feminista Contra la Violencia Hacia las Mujeres, Centro de Investigación en Estudios de la Mujer‐UCR, Las Rojas, Red de Mujeres Nicaraguenses, Centro Feminista de Información y Acción‐CEFEMINA, Mujer No Estás Sola, Partido Nueva Liga Feminista, Coordinadora del Beso Diverso, Feministas en Resistencia ‐ Costa Rica,Oficina de Equidad de Género ITCR, Colectiva por el Derecho a Decidir, Agenda Política de Mujeres, Alianza de Mujeres Costarricenses, CEP‐ALFORJA, Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza‐APSE, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados‐ANEP, Sindicato de Empleados del Banco Nacional‐SEBANA, Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos Rerum Novarum‐CCTD RN.

Radio ANEP Ciudadana, programa especial:

Radio ANEP Ciudadana, 24 de noviembre de 2010

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PROGRAMA Oficial en ARCHIVOS ADJUNTOS en la columna derecha

INAMU celebra la vida de las mujeres

Con una campaña publicitaria, una exposición de arte, una vigilia y una gran concentración el Instituto Nacional de las Mujeres le dice no a la violencia contra las mujeres.

*San José, 15 de noviembre –*Treinta y seis vestidos negros y seis blancos que recuerdan la muerte de 42 mujeres fallecidas entre noviembre del 2009 y setiembre del 2010 cuelgan desde hoy en la Avenida Central. Se trata de la exposición de arte urbano llamada Columpios, la cual se inauguró este lunes y permanecerá expuesta por los próximos quince días entre el edificio La Llacuna y la antigua Billy Boy, en San José.

“Desde el Instituto Nacional de las Mujeres queríamos hacer una reflexión sobre la muerte de las mujeres por su condición de género, es así como surge Columpios, cuyo creador es el arquitecto Ricardo Quesada, quien con su talento logró crear una muestra muy dinámica e impactante”, destacó Maureen Clarke Clarke, Presidenta Ejecutiva del INAMU.

Una vez inaugurada e iluminada la exposición, se realizó la vigilia: Por la vida de las Mujeres, ella se hizo un llamado a detener la violencia contra las mujeres. La vigilia inició a las 6:30 en la Plaza de la Cultura.

25 de noviembre

Para la celebración del 25 de noviembre: Día Internacional y Nacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el INAMU invita a partir de las 10 de la mañana, en la gran concentración: Por la vida de las Mujeres. La actividad se desarrollará en la Plaza de la Democracia, habrá presentaciones artísticas y concluirá con la presentación de la cantautora costarricense María Pretiz.

Ese día se hará un llamado por la vida de las mujeres, para que vivan libres de violencia.

Estadísticas

Para las autoridades del INAMU es urgente que la violencia hacia las mujeres sea visto como un problema de seguridad ciudadana. “Las estadísticas son alarmantes, la respuesta de la atención de la violencia contra las mujeres no es sólo del Estado, es de todas las personas que vivimos en este país”, puntualizó Clarke Clarke.

Según las estadísticas que maneja el INAMU, en lo que llevamos del año 36 mujeres han muerto por su condición de género, de ellas 10 fallecieron a manos de su esposo o compañero. En la Delegación de la Mujer del INAMU se atienden por año, un promedio de 6.500 mujeres que buscan orientación en materia de violencia.

Alrededor del 90% de las movilizaciones de la Fuerza Pública corresponden a casos de violencia doméstica y al año el Poder Judicial tramitar alrededor de 50 mil medidas de protección.

Entre un hombre y una mujer
¡Maltrato Cero!

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INA también realiza actividad en su sede de la Uruca.

Un saludo afectuoso

Me permito remitir invitación al acto de Conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se realizará el próximo 22 de noviembre, en la sede central del INA La Uruca, frente al Parque de Diversiones.

Mucho les agradeceré confirmar su participación por este medio.

Cordialmente,

Ana Gabriela González Solís
Asesoría de la Mujer, INA

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Invitación en ARCHIVOS ADJUNTOS en la columna derecha

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MUNICIPALIDAD DE MORAVIA
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Defensoría de los Habitantes
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Angulo, de 42 años , encabeza una alianza formada por los partidos Movimiento Libertario, Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana (PUSC), Renovación Costarricense y Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).

Actualmente es regidor suplente en el cantón de Pococí.

El 30 de julio del 2006, el Tribunal de Juicio de Pococí condenó a Angulo y a otro dirigente local a dos años de cárcel por el delito de privación agravada de libertad, según el Poder Judicial.

Angulo no fue a prisión porque se benefició con la ejecución condicional de la pena.

Ese fallo fue apelado por el Ministerio Público y posteriormente anulado por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó un nuevo debate, pero por el delito de secuestro extorsivo.

El juicio contra Angulo se realizará entre el 10 y el 20 de enero del 2011, informó la oficina de prensa del Poder Judicial.

Los hechos que se le atribuyen ocurrieron el 12 de diciembre del 2000 cuando cuatro policías s fueron atados a un cisterna para demandar al Gobierno ayuda al agro en el cantón de Pococí.

Sobre este asunto, Angulo aseguró ser inocente. “De momento no se va a comprobar nada ni se comprobará. El Ministerio Público puede pedir lo que quiera, pero no ha podido probarlo”, arguyó.

Sanción. En el 2009, la Contraloría General de la República sancionó a Angulo con 15 días de suspensión de su cargo como regidor, dado que omitió consignar en su declaración jurada de bienes el uso que hacía de un vehículo inscrito a nombre de una empresa proveedora de la municipalidad.

Según Angulo, quien compró el vehículo fue un familiar suyo y él, a su vez, lo adquirió de este pariente, pero no lo registró a su nombre.

La Contraloría descartó que este caso fuera una simulación para ocultar bienes obtenidos de manera irregular, pero consideró que al no declarar el usufructo del carro Angulo incurrió en “una omisión con culpa grave”, según detalla la resolución PA-31-2009.

El aspirante también aparece como patrono moroso ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con una deuda de ¢960.244, según consulta realizada ayer.

Angulo tiene dos deudas con el Banco Anglo Costarricense por ¢4.162.017. Una de ellas fue declarada prescrita por un Juzgado y ahora es incobrable, informó Marvin Solano, director del fideicomiso que administra las deudas.

Consultado por La Nación sobre las deudas y sanciones, Angulo declaró: “Me gustaría saber cuál presidente de la República está limpio de todo mal. En una vida de trabajo y de comercio casi todos tenemos alguna dificultad”.

Fuente: Rony Rojas, L. N S.A.

Así lo señaló el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ante una consulta de este medio.

Juan Luis Rivera, letrado del TSE, explicó que la única forma de impedirle su postulación a una persona condenada por un tribunal es si la sentencia en su contra contiene una prohibición expresa para ocupar cargos públicos.

“Si la sentencia no lleva la pena accesoria de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, no es suficiente para impedirle la postulación a una persona”, añadió.

Una investigación de La Nación encontró que varios candidatos a las elecciones municipales tienen condenas penales o civiles. Hay sentencias en firme por delitos de receptación, falsedad ideológica, retención indebida y peculado.

Prohibición. Un caso llamativo es el de los postulantes a alcalde, William Murillo (PLN), de Belén, Heredia, y Wálter Granados (PUSC), de Oreamuno, Cartago. A ellos la Contraloría General de la República (CGR) les prohibió el reingreso a cargos públicos por faltas cometidas en sus respectivos municipios.

Aunque la restricción para ambos vence en el 2011, los dos se postularon, pues el TSE no halló un obstáculo legal para su aspiración a un cargo de elección popular.

“La inhabilitación para reingresar a cargos de la Hacienda Pública no tiene efecto en el caso de los cargos de elección popular. Según la Constitución Política, las sanciones que limitan los derechos políticos deben provenir de un juez de la República. La Contraloría no es un juez de la República y por eso sus sanciones no pueden limitar los derechos políticos”, explicó Rivera.

Murillo y Granados aseguraron a este diario que no están inhabilitados y negaron que hayan actuado mal en sus respectivas municipalidades, el primero como regidor y el segundo como alcalde.

Pena civil. Otro caso es el de Raúl Serrano Esquivel, quien aspira a la segunda vicealcaldía de Orotina por el Movimiento Libertario.

En el 2003, el Tribunal de Juicio de Alajuela lo condenó a tres años de prisión por el delito de peculado en perjuicio del Banco Popular y lo obligó a pagarle a la entidad ¢3.224.512, por el daño material.

Según la sentencia 417-03, mientras Serrano laboró en la institución, sustrajo dinero de los clientes al no reportar certificados de inversión o anular varios de ellos con el fin de dejarse el dinero.

Serrano habló con este diario y aceptó el hecho: “Esa fue una etapa muy dura de mi vida y la quiero enterrar. No estoy participando activamente en política”, aseveró.

Fuente: Rony Rojas, L.N. S.A.

En 1997, el Juzgado Penal de Cartago lo condenó a dos años de cárcel por el delito de libramiento de cheques sin fondos.

El caso se dio cuando Zúñiga, diputado del PUSC entre 1990 y 1994, negoció con el finquero Víctor Boza Rojas, en 1995, la compra de varias cabezas de ganado.

Zúñiga giró al ofendido cuatro cheques para pagar la deuda. Sin embargo, tres no tenían fondos.

Incluso, dos eran de una cuenta del Banco de Costa Rica que fue cerrada por carecer de respaldo económico, según informó La Nación en aquel momento.

Tras ese castigo, el PUSC lo separó de sus tiendas. Pero regresó. Consultado por esa condena, Zúñiga dijo: “Eso fue un error del abogado, pero ya es capítulo cerrado”.

En el 2009, Zúñiga, alcalde de La Unión en el lapso 2002-2007, fue condenado por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José a cuatro años de cárcel por un delito de concusión.

El Ministerio Público lo acusó de pedir a un empresario ¢5 millones para agilizar los permisos de un plan urbanístico en ese cantón.

Por ese hecho, Zúñiga estuvo en prisión preventiva tres meses, entre 2004 y 2005. Obtuvo la libertad tras pagar una fianza de ¢1 millón.

Apeló la condena y actualmente el caso se tramita en el Tribunal de Casación Penal. “Los electores saben que eso fue un montaje político, eso fue una persecución”, declaró Zúñiga sobre esa condena.

El exalcalde también figura como deudor moroso del Banco Anglo. Mantiene cinco deudas por un total de ¢14.062.351.

Al preguntársele por qué no ha pagado esos créditos, 17 años después de la quiebra del Anglo, negó ser deudor: “Son deudas como fiador de varios compañeros exdiputados. Eso está equivocado, se ha manejado pésimamente”.

Sin embargo, en julio del 2000, esas mismas deudas lo obligaron a renunciar al cargo de asesor del Ministerio de la Presidencia en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, según informó a la prensa en ese momento el entonces ministro de esa cartera, Danilo Chaverri.

Gerardo Vargas, actual presidente del PUSC, alegó ignorar los antecedentes de Zúñiga y reconoció que no sabe cuántos candidatos de su partido tienen alguna condena penal o sanción de otra índole.

“Asumí la presidencia hace tres meses. Esas candidaturas están designadas desde hace tiempo”, dijo.

¿Y por qué Zúñiga quiere volver a ser alcalde? “Ofrezco a los electores la vocación de servicio que tengo, pensando en los más débiles, en las familias más necesitadas y en los barrios más humildes”.

Fuente: Rony Rojas, L.N.S.A.

Tienen desde castigos por faltas en perjuicio de la Hacienda Pública, morosidad patronal y bancaria, embargos por deudas sin pagar o suspensiones de colegios profesionales, hasta condenas penales y civiles.

En los últimos dos meses, un equipo de La Nación compuesto por periodistas e informáticos cotejó los nombres de las 1.004 personas que aspiran a las alcaldías y vicealcaldías en los 81 cantones contra archivos judiciales, listas de morosidad bancaria y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el registro de sanciones de la Contraloría General de la República (CGR) y otras fuentes.

En total, *156 candidato*s aparecieron en alguna de esas listas. La mayoría son patronos que le deben al Seguro Social.

Doce son deudores morosos del Banco Anglo Costarricense, cerrado en setiembre de 1994.

Además, 27 aspirantes han sido sancionados por la Contraloría debido a faltas que cometieron en su labor en entidades públicas.

Al menos cuatro tienen condenas penales por diversos delitos y 123 figuran en la lista de patronos morosos que deben cuotas obrero-patronales en la CCSS, ya sea de forma directa o mediante las sociedades anónimas que representan.

Algunos candidatos morosos tienen, a su vez, condenas penales o sanciones de la Contraloría.

El partido con el mayor porcentaje de personas señaladas en alguna de estas listas es Renovación Costarricense, pues el 21% de sus 57 candidatos a las alcaldías son morosos, o bien fueron sancionados por la Contraloría o tienen algún tipo de condena en su contra.

Le siguen el Movimiento Libertario, con el 20%, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), con* 18 *, el Partido Liberación Nacional (13) y el Partido Acción Ciudadana (PAC) con 10 %.

*Vía penal.*Un ejemplo es el del candidato a alcalde de Renovación Costarricense en Barva, Heredia, Otto Giovanny Ceciliano Mora, condenado penalmente tres veces por delitos de receptación, falsedad ideológica y retención indebida, cometidos en los años 90.

Ceciliano también figura como patrono moroso en la CCSS y narró a este medio que en el pasado celebró matrimonios de conveniencia.

Otro caso es el de Guillermo Zúñiga, actual aspirante del PUSC a la alcaldía de* La Unión, Cartago*, quien fue condenado en 1997 por el Juzgado Penal de Cartago a dos años de cárcel por el delito de libramiento de cheques sin fondos.

Zúñiga, exalcalde de La Unión, también* fue condenado en el 2009* a cuatro años de prisión por el delito de concusión. El Ministerio Público le atribuyó haberle pedido ¢5 millones a un desarrollador urbanístico para que su proyecto fuera aprobado en el Concejo Municipal.

El aspirante del PUSC también* tiene cinco deudas* con el extinto Banco Anglo por ¢14 millones.

*Poco control.*La mayoría de presidentes de los partidos políticos aceptaron que es difícil ejercer un control sobre los antecedentes de sus aspirantes a puestos de elección popular.
Entre todos los aspirantes a las alcaldías que participarán en las elecciones municipales del 5 de diciembre, 156 registran morosidad con el Estado, sanciones administrativas o condenas penales.

“Quienes nombran los candidatos a alcaldes son las asambleas cantonales. Una propuesta de reforma a los estatutos que tenemos es crear mecanismos para revisar los casos, respetando el principio de inocencia”, manifestó el presidente del PUSC, Gerardo Vargas.

“Son muchos los candidatos en puestos de alcaldes, vicealcaldes, concejales y síndicos. La dirigencia local indaga sobre quién es quién”, opinó el líder del Movimiento Libertario, Otto Guevara.

“Uno desearía estar rodeado de ángeles, pero a veces eso es difícil”, comentó Justo Orozco, presidente de Renovación Costarricense.

Fuente: Rony Rojas, L.N.S.A.

Lea además:

156 candidatos a alcaldías tienen morosidad, sanciones o condenas

Contraloría impuso castigo a 27 aspirantes

Exalcalde condenado pretende volver a ese despacho de La Unión

Candidato a la alcaldía de Barva tiene tres condenas

Condenas penales o sanciones no impiden postulaciones

Enfrenta juicio por secuestro extorsivo
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Un total de 130 personas que buscan convertirse en alcalde o vicealcalde en los comicios del domingo 5 de diciembre aparecen como deudores morosos del Estado.

De ellos, 123 tienen pendiente el pago de cuotas obrero-patronales a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y 12 son deudores morosos del Banco Anglo Costarricense, que cerró el 14 de setiembre de 1994, luego de ser intervenido por problemas financieros.

Entre todos le adeudan a la CCSS ¢192.151.768 y al Anglo ¢53,8 millones, según se desprende del análisis que La Nación realizó de la base de datos del Seguro Social y del fideicomiso que administra las deudas del banco.

Algunos de los candidatos que aparecen como deudores de la Caja también lo son con el Anglo, ya sea a título personal o por medio de alguna sociedad anónima.

Tal es el caso de José Luis Segnini Sabat, candidato a alcalde en Abangares, Guanacaste, por el Partido Único Abangareño, a cuyo nombre se registra un compromiso con el Anglo por ¢8,8 millones.

Además, dos entidades en las que Segnini figura como presidente –Fundación Universidad de San José y Agropecuaria el Gaspar del Norte S. A.– le deben cuotas al Seguro Social por ¢37, 9 millones y ¢920.927, respectivamente. Segnini dice que ya canceló el saldo con el Anglo y desconoce sobre los montos adeudados a la CCSS.

Otro patrono moroso es Luis Armando Davis Wright, aspirante a la segunda vicealcaldía de Limón por el Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE). Su deuda al día de ayer era de ¢6.797.674.

Sobre esta responsabilidad, Davis manifestó: “Estoy en un arreglo de pago. Tengo una empresa de construcción y estoy haciendo pagos parciales. Son planillas de 1999 al 2002. Fue mi equivocación”.

Fiabilidad. Marvin Solano Monge, director del fondo que maneja los saldos morosos del Anglo, garantizó la confiabilidad de la lista de deudores que entregó a este medio y cuya fecha de corte es el 30 de setiembre del 2010. “Toda operación que está aquí es porque se debe. Incluso, nosotros manejamos todas las operaciones que han sido declaradas prescritas por los juzgados”, dijo.

Igual garantía ofreció Luis Diego Calderón, director de cobros de la CCSS, quien defendió la veracidad de la base de datos que alimenta el sistema virtual de consulta sobre morosidad patronal.

“La consulta es en línea y directamente a la base de datos del Sicere, que tiene el pendiente patronal actualizado. Esa información que ve cualquier persona en la web, es la misma con la que nosotros trabajamos aquí todos los días”, indicó.

Los datos de morosidad patronal ofrecidos en esta investigación tienen corte el 23 de noviembre.

Luis Diego Calderón dijo que, en total, en octubre la CCSS registraba 28.773 patronos morosos, que le adeudaban ¢ 35.536 millones.

No obstante, esta cifra representa el 0,36 % del total de lo recaudado a setiembre del 2010, explicó.

Respecto al Anglo, el mayor deudor entre los candidatos inscritos para las elecciones es Jorge Ávila Chavarría, quien postuló su nombre para la alcaldía de Goicoechea por el Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).

Según la lista de operaciones de crédito, Ávila debe ¢12.568.707.

Al ser consultado sobre ese compromiso, dijo: “Todo está arreglado, yo no tengo ningún problema con el Banco Anglo, lo que pasa es que eso anda por ahí rodando”.

Otro deudor del Anglo es el candidato a alcalde de La Unión, Guillermo Zúñiga Trigueros, quien tiene cinco compromisos morosos por un cifra total de ¢14.062.351.

Según Marvin Solano, director de la cartera de deudas del Anglo, a la fecha hay 1.584 operaciones de crédito pendientes, la mayoría morosas, cuyo monto total asciende a ¢22.700 millones. Desde que cerró el banco, el fideicomiso recuperó ¢6.600 millones en efectivo, tiene bienes a la venta por ¢1.100 millones y otros en la fase de último remate por ¢1.400 millones, dijo.

Fuente: Rony Rojas, L.N.S.A.