A la estimable afiliación ANEPISTA se le comunica la siguiente información:
PRIMERO: Que la actual Junta Directiva Nacional (JDN) termina su período cuatrienal el próximo jueves 31 de julio de 2025 (Estatuto-artículo 8-punto 2-inciso a).
SEGUNDO: Que la nueva Junta Directiva Nacional (JDN) para el período comprendido entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de julio de 2029, se elegirá en Tercera Convocatoria de la Asamblea General Nacional Ordinaria de Fin de Período, prevista para el día viernes 18 de julio de 2025, en lugar que se informará con debida antelación.
TERCERO: Que la elección de la Junta Directiva Nacional (JDN) se realiza en forma centralizada (Estatuto-artículo 19) y por medio de papeletas que se inscriben, previamente, según las tendencias que deseen participar en el proceso electoral y que hayan cumplido con los requisitos indicados en el actual Estatuto de la organización.
CUARTO: La tendencia ganadora será aquella que obtenga más votos en la indicada Asamblea (Estatutos-artículo 53); y ganará la totalidad de los puestos en disputa: 19 propietarios y 5 suplencias. Los cargos son los siguientes: Secretaría General, Secretaría General Adjunta, Secretaría de Administración y Finanzas, Secretaría de Género, Secretaría de Juventud y 14 cargos llamados Directivo/Directiva Nacional; y, finalmente, 5 suplencias, con el nombre de Directivo/Directiva Nacional Suplente, indicadas de la primera a la quinta (Estatutos-artículo 30).
QUINTO: Que es importante indicarles que este año la Asamblea deberá realizarse con el suficiente tiempo de antelación para que la inscripción sea tramitada ante el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), antes del 31 de julio de 2025, pues el nuevo período oficialmente inicia el 1 de agosto de 2025.
SEXTO: La actual Junta Directiva Nacional (JDN) está integrada por la Tendencia Trabajo, misma que aspira a continuar en la dirección política y administrativa de nuestra organización sindical, ANEP, presentando su propia papeleta; la cual estará integrada conforme a su proceso interno.
SÉTIMO: En la Asamblea General Nacional Ordinaria de Medio Período, realizada el pasado sábado 23 de marzo de 2024, se nombró a las personas que integran la Comisión Electoral, quienes entre sus funciones les corresponde supervisar todo el proceso electoral para la elección de la Junta Directiva Nacional conforme al Reglamento Electoral (Estatuto-Capítulo VII: De la Comisión Electoral y las Votaciones.) y en el momento que corresponda oficializarán la apertura del proceso electoral.
OCTAVO: Que las papeletas a presentarse, en el momento electoral procesal oportuno, deben estar integradas por personas trabajadoras afiliadas a la ANEP que cumplan con los requisitos indicados en los artículos 49 y 50 del actual Estatuto.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) manifiesta su profunda preocupación y alerta tras los resultados del informe ASALUD-0084-2024 de la Auditoría Interna de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), en el que se identifican graves debilidades en el departamento de cirugía del Hospital Nacional de Niños.
El informe detalla serias deficiencias en cuanto a la planificación, organización, dirección, control y seguimiento de las actividades del área, lo cual está afectando gravemente el acceso oportuno y adecuado a los servicios de salud y comprometiendo la eficiencia en la administración de los recursos institucionales.
Desde la ANEP, queremos dejar claro que este informe no solo refleja una crisis organizativa interna en un área clave de la institución, sino que también plantea una grave amenaza para la atención de nuestra niñez.
Las debilidades encontradas, lejos de ser un simple mal manejo administrativo, parecen ser el reflejo de un proceso sistemático que tiene como objetivo debilitar progresivamente a la Caja Costarricense del Seguro Social, abriendo así la puerta a su eventual privatización.
Es de suma preocupación para nuestra organización sindical que dentro de la CCSS se esté evidenciando lo que parece una presunta colusión para erosionar la capacidad operativa de la institución, lo que podría tener consecuencias devastadoras para los niños y niñas.
Esta situación no puede ser ignorada, ya que está en juego la calidad de los y las infantes que dependen de la atención médica pública.
Ante este panorama, hacemos un enérgico llamado a la nueva Presidenta Ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor Hernández, para que actúe con urgencia y responsabilidad, tomando las medidas necesarias para corregir las deficiencias señaladas y garantizar que el sistema de salud pública siga siendo eficiente, accesible y de calidad para toda la ciudadanía.
Además, instamos al Ministerio Público a intervenir de manera inmediata para esclarecer los posibles hechos irregulares que se han señalado en el informe de la auditoría, asegurando que los responsables de cualquier intento de desmantelamiento de la Caja Costarricense del Seguro Social rindan cuentas por sus acciones.
Desde la ANEP, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la seguridad social y los derechos laborales de los trabajadores del sector público y privado, así como con el bienestar de la población costarricense. La Caja Costarricense del Seguro Social es la institución más importante para la salud y el bienestar de nuestro pueblo, y no permitiremos que sea debilitada con fines privatizadores.
Compartimos el informe realizafo con el Plan Anual Operativo de la Auditoría Interna para el periodo 2024, en el departamento de cirugía del Hospital Nacional de Niños.
Tras una ardua negociación, se lograron firmar dos acuerdos entre los sindicatos y la administración para el pago de reajuste por costo de vida del 2024 y las anualidades. La modificación presupuestaria será vista en el Concejo Municipal el 27 de enero.
Como parte del compromiso para solucionar lo que aqueja a este grupo de trabajadores se solicitó una reunión a Yorleny León Marchena, Presidenta Ejecutiva del IMAS, a quien se le presentarán todos las problemáticas que no permiten un funcionamiento óptimo
Cuando el tema a tratar se relaciona con la Seguridad Ciudadana, las ideologías, los colores políticos, e intereses económicos, deberían quedar de lado. Por cuanto, el hampa y la criminalidad organizada no discrimina estatus, solo utiliza a los individuos de cada estrato de manera diferente, pero, al final, toda la sociedad es víctima de la inseguridad. De forma que, la lucha contra particulares y estructuras que violentan la vida, los bienes materiales y nuestra tranquilidad, debería ser un esfuerzo conjunto, con acciones consecuentes con el discurso prioritaria y lejana al chantaje politiquero.
Lamentablemente, la administración Chaves Robles, no solo ha demostrado una y otra vez, con diferentes acciones, que sus prioridades se posicionan lejos de aspectos de seguridad, sino que, ha tomado decisiones que inciden directamente en beneficio del hampa y el crimen organizado. El 10 de octubre del 2024 detallamos 10 puntos a considerar como uno de nuestros tantos pronunciamientos en los que basamos esta tesis (puede consultarlo en el siguiente enlace: (https://anep.cr/narcotrafico-y-la-administracion-chaves-robles- 10-puntos-a-considerar-sobre-esta-aterradora-hipotesis/). La más reciente de las decisiones en contra de la seguridad, de la institucionalidad del país y la población costarricense en general, fue la del Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, de obviar el orden del Estado Social de Derecho, y brincarse las disposiciones legislativas para negarse a trasladar fondos al Poder Judicial, destinados a contratación de personal para el Organismo de Investigación Judicial.
¿Quién se beneficia con un OIJ debilitado?
Exacto, una más y contando para el Poder Ejecutivo de turno. Y aun así tienen el descaro de molestarse cuando surgen los cuestionamientos sobre posibles vínculos con la narco-actividad. Señor presidente, las dudas no se disipan despotricando corrientemente ante un micrófono en una conferencia de prensa, es con decisiones acertadas y ejecutando las mismas.
No puede nuestra organización sindical dejar pasar desapercibida la reacción y medio de presión del bloque legislativo del PLN, para “obligar” al Poder Ejecutivo a cumplir con el traslado de los fondos. Todo en medio de un discurso direccionado a la preocupación por la inseguridad ciudadana.
Desde ANEP, y sus bases en la clase trabajadora, tanto a esta agrupación política, como a las demás, deseamos expresarles que esperamos ver la misma vehemencia y energía, censurando, repeliendo y buscando el verdadero bien común, contra las muchas decisiones que el Poder Ejecutivo ha tomado en detrimento de la Seguridad Ciudadana: sacar a la Policía de Control de Drogas de muelles aeropuertos y fronteras, usar al Servicio de Vigilancia Aérea como seguridad privado en un muelle, retirar a guardacostas de unos de los principales puntos de ingreso de droga al país…entre muchas otras. Todas acciones de las cuales tienen pleno conocimiento, e información, y cuyas reacciones han sido menos que tibias. Ojalá la repentina preocupación por la Seguridad Ciudadana no esté atada a un show político, gestándose a vísperas de la campaña electoral.
● Alteran el Reglamento de Agua Potable en beneficio de la presencia de agroquímicos y en contra de la salud pública.
● La Ministra de Salud intenta aumentar en 800 veces el valor vigente en la norma nacional de residuos del agrotóxico clorotalonil.
● Grave retroceso legal en materia de protección de aguas podría ser inconstitucional, ecologistas se preparan para acudir a la Sala IV y pedir justicia (07/01/2026)
El pasado viernes 13 de diciembre en la web del Ministerio de Salud se puso en consulta pública por diez días hábiles la modificación del Decreto Ejecutivo No. 38924-S del 2 de enero del 2015 “Reglamento Para La Calidad Del Agua Potable”.
El MinSa impulsa una nueva versión de un reglamento que desprotege y amenaza el agua potable; para permitir y legalizar la contaminación con plaguicidas en el líquido vital destinado al consumo de toda la población nacional.
La propuesta, legaliza Valores Máximos Admisibles (VMA) que superan en hasta 800 veces el valor vigente en la normativa nacional, sin incluir estudios o criterio técnico al respecto.
Este cambio sustancial busca “legalizar” niveles alarmantes de metabolitos del Clorotalonil, lo cual atenta contra la salud pública de las comunidades afectadas. Hay que recordar que este plaguicida está prohibido desde 2023 por ser considerado cancerígeno y que sus degradados también cancerígenos y tóxicos persisten como principales contaminantes en el agua de 69 fuentes en la zona norte de Cartago.
Esta reforma intenta legalizar la contaminación con cualquier agroquímicos que en el futuro esté presente en el agua. No busca el beneficio de la población o mejorar la calidad del agua que tomamos, es un intento desesperado por no hacer nada ante el grave problema de contaminación, ampliamente demostrado. Queda de manifiesto que el gobierno sabe que los cambios que ampara el suministro de agua y el levantamiento de la Órdenes Sanitarias realizado en el 2024, es totalmente ilegal y viola el reglamento actual. Dejando a 69 comunidades de la zona norte de Cartago a la suerte de agua contaminada con metabolitos del agrotóxico clorotalonil.
Esta reforma cambia “Valor Máximo Admisible” por “Valor de Alerta”. Parece una simple sustitución de palabras, pero esto hace que el agua contaminada no tenga que ser sacada de los sistemas de distribución del preciado líquido para consumo humano. Con esta reforma el AyA podrá continuar autorizando la distribución de agua con altos contenidos de agroquímicos mientras hacen “análisis de riesgo” para evaluar qué tan peligrosos son estos residuos para la salud humana y que tanto agro-veneno puede ser ingerido en base modelos teóricos y suposiciones ofrecidas por los funcionarios de turno. Esto burla el principio precautorio y la amplia jurisprudencia como son el indubio pro aqua, indubio pronatura y el indubio prosalud.
La vergonzosa propuesta de reglamento que permite la contaminación de las aguas para consumo humano con residuos de clorotalonil es violatoria de la Ley de Salud 5395 en sus artículos 263 y 273. El 263 prohíbe “toda acción, práctica u operación que deteriore el medio ambiente natural o que alterando la composición o características intrínsecas de sus elementos básicos, especialmente el aire, el agua y el suelo, produzcan una disminución de su calidad y estética, haga tales bienes inservibles para algunos de los usos a que están destinados o cree éstos para la salud humana o para la fauna o la flora inofensiva al hombre. Toda persona queda obligada a cumplir diligentemente las acciones, prácticas u obras establecidas en la ley y reglamentos destinadas a eliminar o a controlar los elementos y factores del ambiente natural, físico o biológico y del ambiente artificial, perjudiciales para la salud humana”. Y además el artículo 273 donde se “prohíbe contaminar los abastos de agua, así como dañar, obstruir parcial o totalmente, los sistemas de abastecimiento de agua potable destinada a la población. Se presume de pleno derecho la contaminación del agua por el simple hecho de agregarle cualquier cosa o elemento extraño, excepto aquellos que mejoren la calidad del agua en proporciones científicamente aceptables y con fines específicos en la prevención de enfermedades” (destacado no es del original).
En resumen, el Ministerio de Salud pretende cambiar la normativa nacional para legalizar la contaminación con agroquímicos. De firmarse y publicarse este decreto ya no se prohibirá la presencia de pesticidas en la red de distribución del AyA y de las Asadas acorde al reglamento vigente. Cuando se encuentren fuentes de agua potable contaminada con agroquímicos las autoridades seguirán abasteciendo el agua y evaluaría a posterior si esto causa daño o no a la salud pública. Violando el principio in dubio pro agua y el principio precautorio; el artículo 50 de la Constitución Política.
La gráfica anterior es clara y permite observar la grave situación de contaminantes degradados del clorotalonil en la Zona Norte de Cartago. Estas gráficas son de autoría propia y se hicieron en base a los datos publicados por el mismo Ministerio de Salud. Cada color corresponde a un metabolito de degradación del agrotóxico clorotalonil ( 8 en total) para las respectivas 69 tomas de agua detalladas en la gráfica de barras. La Asada de San Rafael de Irazú presenta la toma de agua con mayor contaminación al final de la gráfica.
Señalamos que es irresponsable la decisión de elevar los parámetros de contaminación, lo cual va en contra del principio de no regresión y del principio precautorio en materia de salud ambiental. Por lo tanto, sostenemos que esta modificación al reglamento, no sólo es ilegal sino que también es inconstitucional.
Además, los actos administrativos de este gobierno, como el levantamiento de las Órdenes Sanitarias de las fuentes contaminadas, son criminales y van en detrimento de nuestro derecho humano al agua.
En el gráfico anterior destaca la línea anaranjada, la cual señala el Valor Máximo Admisible permitido en la versión actual del Reglamento de Agua Potable (límite que quieren modificar con la reforma en cuestión) , en azul los valores encontrados por el Ministerio de Salud de degradados del Clorotalonil en 69 fuentes de agua claramente sobrepasan entre 470 veces y 214 veces la norma establecida. En resumen la reforma en discusión que intenta el gobierno pretende elevar el límite actual (línea anaranjada) a la parte superior de la gráfica elevando así los límites permisibles en contra de la calidad del agua potable y a favor de la desidia institucional de no abordar el problema integralmente.
Las organizaciones aquí firmantes llamamos a diputados de la República, autoridades competentes, acueductos comunitarios y la sociedad civil en general a organizarse y rechazar dicha propuesta de reforma al Reglamento de Agua Potable.
La ANEP está a la espera de la respuesta de la Dirección Financiera Contable de la CCSS sobre la reactivación del pago de auxilio económico para alimentación que, por normativa, rige en algunos hospitales.
Para nuestra organización la no participación de los representantes de los trabajadores y otros sectores laborales, genera desconfianza en cuanto a los resultados positivos en los proyectos impulsados por la Unión Nacional de Gobiernos Locales.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
