Categoría: Incidencia

Estimadas compañeras y estimados compañeros
Honorable personal del Sistema Penitenciario Nacional
Distinguida membresía de la ANEP en Justicia y Paz-Adaptación Social

Adjuntamos tres archivos que contienen, de manera secuencial, un cruce de cartas entre el señor Ministro de Justicia y Paz, don Hernando París Rodríguez y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), sobre el tema de la Crisis Penitenciaria.

Desde la perspectiva de esta organización sindical, a la cual está afiliada una importante cantidad de personas trabajadoras de la institución penitenciaria, si usted analiza bien el contenido de esta documentación, comproborá dos enfoques: el político-institucional jerárquico-sistémico vs. el planteamiento surgido desde el seno de las bases laborales del Sistema Penitenciario Nacional, tanto las que están agremiadas como las que no lo están.

Muy respetuosamente les agradecemos toda la máxima difusión posible por esta vía electrónica y por las convencionales. En todo caso, la ANEP estará distribuyendo, próximamente, este material de manera impresa, anexando otras carta sobre el tema.

Es una posición oficial de la organización que nos honramos en representar, que hemos llegado a un punto tal en el cual la movilización del personal se vuelve estratégica para lograr una real audición a la problemática estructural que, responsablemente, ha sido planteada.

La ANEP se hizo una introspección acerca de su devenir en el Sistema Penitenciario Nacional y nos revisamos autocríticamente. Con sinceridad creemos que hemos realizado un considerable esfuerzo político, de pensamiento, de reflexión seria, de inversión financiera, con asistencia profesional solidaria y hasta una consultoría externa, que nos ha generado los productos de análisis que hoy ponemos a su total disposición.

La fase que viene es de un acercamiento organizacional para incentivar el citado proceso movilizador y lograr real atención política a los problemas serios del personal penitenciario: su entorno de precariedad laboral, su exposición a conductas verticalistas y de acoso laboral en múltiples formas, entre otros aspectos que han deteriorado seriamente su situación a lo interno del sistema y, en no pocos casos, con repercusiones del entorno familiar-social de la persona trabajadora.

La ANEP agradece el relevente apoyo crítico recibido de parte de diversos compañeros y de diversas compañeras que han estado junto a la organización, con el convencimiento de que la oportunidad que se nos está presentando a todos y a todas, merece su fortalecimiento.

Si tiene problemas en abrir estos archivos, en el sitio web de la ANEP, están publicados bajo este titular: “CRISIS PENITENCIARIA-Dos enfoques. ANEP plantea la movilización al personal del Sistema Penitenciario Nacional”.

Anticipadamente expresamos nuestra mayor gratitud por la atención a este planteamiento y su máxima difusión.

Respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP
Edgar Morales Quesada, Secretario General Adjunto de la ANEP.

Un informe reciente de la Organización de las Naciones Unidas asegura que el dólar “ha probado no ser una reserva de valor estable”, y plantea sustituirlo por las unidades contables del Fondo Monetario Internacional, los Derechos Especiales de Giro (DEG). Esta sugerencia de las Naciones Unidas es la más inmediata de una serie de propuestas que han ido ganando preeminencia a causa de la crisis financiera.

El documento denominado “Encuesta Mundial Económica y Social 2010: Reorganización del Desarrollo Global” también señala que existe una trampa inherente en el sistema en virtud de la cual lo países creadores de reservas son capaces de hacer pagos de déficit cuando otros países continúan aumentando sus reservas en las monedas de esos países emisores. El estudio advierte que si esa trampa no se elimina toda la reforma de la regulación financiera será inútil.

Un nuevo sistema debe permitir una mejor acumulación de reservas en los ámbitos regionales y mundial, por lo que no debe basarse en una sola moneda. Esa es la razón por la que se piensa en los DEG, que se estructuran como una canasta de divisas fuertes. En la actualidad los derechos especiales de giro están conformados por el dólar (44%), el euro (34%), el yen (11%) y la librea esterlina (11%), pero en el futuro deberían incluir, según el informe, otras monedas, incluso de las de las economías emergentes.

La relevancia del dólar como instrumento de reserva internacional es indiscutible en estos momentos. Dos terceras partes de las reservas monetarias internacionales están en dólares; el 90% de las transacciones interbancarias fuera de Europa se realizan en esta moneda; el mercado de deuda estadounidense explica alrededor del 40% de los mercados de bonos gubernamentales del mundo y constituye la principal referencia para la cotización de los bienes primarios.

Sin embargo, las decisiones sobre el dólar, que afectan a los mercados globales, competen únicamente a los Estados Unidos, y “no se adoptan en respuesta a las necesidades del sistema internacional de pagos y de la economía mundial, sino a los requerimientos y preferencias de la política interna de ese país”, tal y como lo señala Heiner Flassbeck, economista de las Naciones Unidas.

Es por ello que la supervivencia del dólar como moneda de reserva internacional está siendo cuestionada, en especial por China, que es uno de los principales acreedores del Tesoro norteamericano. Hace pocos meses el gobernador del Banco de China, Zhou Xiaochuan, propuso “crear una moneda de reserva internacional desconectada de las naciones individuales y capaz de mantenerse estable a largo plazo, para evitar las deficiencias causadas por el uso de monedas nacionales basadas en crédito”.

Sin embargo, sustituir el dólar en el corto plazo no es tarea fácil. Primero, porque Estados Unidos no renunciará fácilmente a su supremacía, que le depara grandes beneficios; segundo, porque la adopción de una nueva divisa, aunque sean los DEG del FMI, conlleva transacciones cambiarias costosas; y tercero, porque se requeriría de un ente “administrador” cuya normativa tendría que ser negociada. No obstante, es muy probable que en el mediano plazo las cosas cambien y quienes dependan exclusivamente del dólar podrían resultar perjudicados.

Miércoles 07 de Julio de 2010 13:16

San José 5 de julio de 2010.

S.G. 09-11-0875-10

A todo el personal de
Correos de Costa Rica S. A.

Posición oficial de la ANEP ante el anuncio oficial del inicio de la reorganización

Carta abierta a la honorable Gerencia General

Licenciado
Álvaro Coghi Gómez
Gerente General
Correos de Costa Rica S. A.
Su despacho

Estimado licenciado Coghi:

Con relación al inicio del Estudio de Reorganización Organizacional de Correos de Costa Rica S. A., nos permitimos manifestar ante su autoridad, ante el personal de la empresa, ante el propio Consejo de Gobierno de la República, ante las organizaciones laborales gremiales y ante la ciudadanía, la posición oficial de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) al respecto.

Primero: En marzo de 2009, en la página cuatro del documento denominado “Replanteamiento Plan Estratégico 2006-2011”, usted, entre otros aspectos, mencionó:

“Pero el reto ahora es mayor, debemos garantizar la sostenibilidad y crecimiento de estos logros, ofrecer un servicio con niveles crecientes de calidad, con orientación al cliente sin importar la posición del trabajador de Correos”.

Es evidente que el contenido social y, singularmente, las relaciones laborales no son una prioridad, si tal concepción de un proceso reorganizativo se va a mantener. Los aspectos mercantiles y financieros siempre han ido muy por delante, buscándose la mayor flexibilización del empleo para favorecer una falsa competitividad a costa del sacrificio de los trabajadores y de las trabajadoras.

Como podrá observar, sus palabras y la realidad de la entidad son sumamente preocupantes para las trabajadoras y los trabajadores de la institución que usted dirige, máxime ahora que se pretende iniciar un proceso de “reorganización organizacional”.

Para empezar, consideramos que es importante que todo el personal de la empresa conozca lo que el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), señala como “reorganización”.

Veamos:

Tradicionalmente la reorganización institucional ha sido vista desde el enfoque de cambio de estructura prioritariamente, sin tomar en consideración que también implica considerar los elementos indicados. De ahí la necesidad de inducir cambios en las instituciones que consideren todos los aspectos que influyen en el clima y desempeño organizacional.

Con el objeto de establecer la organización interna que cada institución requiere para dar cumplimiento al cometido que le ha asignado el marco jurídico, se han utilizado los términos de reorganización, reestructuración, reestructuración administrativa, reforma institucional, que aunque la doctrina no necesariamente los considera sinónimos, en la práctica son conceptos usados de forma indistinta.

Según el artículo 15 del Decreto Ejecutivo No. 23323-PLAN,_ “Reglamento General del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica”_, modificado mediante Decreto Ejecutivo Nº 33713, se entenderá por una reorganización administrativa la modificación de unidades administrativas en cuanto a su gestión, normativa, tecnología, infraestructura, recursos humanos y estructura.

Se refiere a la creación de una nueva estructura integral, modificación, supresión o establecimiento de unidades administrativas en alguna institución por disposición de ley.

Para su aprobación se atenderá a la guía específica emitida por MIDEPLAN. (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Lineamientos Generales para Reorganizaciones Administrativas).

También nos preocupan sobremanera algunos de los términos utilizados en su correo electrónico de fecha 16 de junio de 2010, mencionando lo siguiente:

“Pero siempre en nuestros comentarios que compartíamos de vez en cuando señalábamos la necesidad de que hay decisiones que se deben de tomar que se salen de la esfera de la Administración”.

“En segundo término el pasado lunes (14 de junio de 2010) se ha iniciado por parte de la empresa Deloitte, el proceso de reorganización de la estructura organizacional, la cual durará cuatro meses aproximadamente, este proyecto se hace ante la necesidad de que la empresa pueda responder a las necesidades del mercado ya que el mundo esta inmerso en un proceso económico dinámico y globalizado, donde su estructura debe de responder en forma eficiente a las necesidades de sus clientes”

Podemos distinguir en estos dos párrafos que estamos ante una eventual “reorganización” con todo lo que ello implica. Nos preguntamos entonces, ¿qué implica para el recurso humano una reorganización?

Para dar respuesta a esta interrogante, acudimos a lo que ustedes como administración anotaron como justificación en el Formulario de Solicitud presentada al Fondo de Preinversión:

“El estudio propuesto pretende resolver un problema relacionado con el tamaño estructural de la empresa, el cual le viene limitando su capacidad para desempeñarse con eficiencia y eficacia en la prestación del servicio que le compete. Con la estructura actual, la empresa no puede operar con los precios que el mercado exige, ni está en condiciones de invertir en la calidad exigida […]”.

A pesar de su solicitud de respetar el proceso, no podemos, ni debemos quedarnos callados, cuando el empleo y sustento de muchos de los trabajadores y de las trabajadoras de Correos está en peligro.

Con todo respeto, consideramos que se equivoca en su solicitud de no inmiscuirnos pues la Ley Nº 7668, “Ley marco para la transformación institucional y reformas de la Ley de Sociedades Anónimas Laborales”, consigna en su Artículo 3, que los procesos de transformación y modernización institucional deberán respetar siempre los siguientes principios y normas mínimos:

b) El proceso deberá ser gradual, programado y público.
f) Se realizará en consulta con los trabajadores del órgano o la institución y de las organizaciones sociales que representen sus derechos e intereses.

Usted mejor que nadie sabe y ha reconocido que:

El Estado costarricense ha promovido reestructuraciones con la tesis de que se realizan para lograr una mayor eficiencia en aras de satisfacer el interés público, cuando en realidad éstas se llevan a cabo para reducir el gasto público y lograr un equilibrio fiscal, antes de buscar nuevas formas de gestión en sus servicios y hacerlos más eficientes.

Los procesos de reestructuración realizados han obedecido también a razones de carácter político, vulnerando los principios constitucionales como el principio a la estabilidad y el debido proceso; ante la ausencia de criterios técnicos y de evaluación que vengan a determinar la supresión de una plaza, por lo que ha sido un mecanismo de despidos encubiertos.

Es un mecanismo de despido encubierto por cuanto no se siguen los principios del debido proceso que permiten, ante todo, el ejercicio del derecho de defensa, como sí se respetan en los procesos de despido normales.

Los gobiernos de la República, en cada una de sus administraciones, han establecido procesos de modernización institucional al amparo de la eficiencia y el servicio y vulnerando el respeto por los principios fundamentales de la estabilidad en el empleo y del debido proceso como mecanismo de defensa ante las arbitrariedades de quienes transitoriamente ostentan el poder.

La garantía constitucional que regula los procesos de reestructuración del Estado es insuficiente para evitar la arbitrariedad y la manipulación política.

Las garantías constitucionales que regulan los procesos de reestructuración en nuestro país son insuficientes para evitar la arbitrariedad y la manipulación política, ya que la Administración Pública en los últimos años, al amparo del marco constitucional vigente, ha venido realizando una serie de procesos de reestructuración que violentan la dignidad humana y no satisfacen el fin último del Estado que es la eficiencia del servicio público.

Se sugiere la necesidad de una mayor garantía constitucional que evite que los procesos de reestructuración del Estado sean arbitrarios y se alejen de la manipulación política, garantizándose que éstos verdaderamente responderán a los principios de eficacia y eficiencia en el servicio público sin menoscabo de la dignidad humana.

Generalmente en los procesos de reestructuración en los que se da una movilidad importante de personal, no se producen las reasignaciones de puestos, generándose un grave problema; ya que los procesos de reasignación de puestos operan hasta que los procesos de reestructuración hayan concluido y en nuestro país por lo general, los procesos duran hasta un cuatrienio, es decir, el período de gobierno presidencial.

Nuestra Constitución Política hace diferencias en cuanto al goce de los derechos de los individuos, estén estos, bien sea en una relación de servicio o en una relación de carácter laboral.

La reducción porcentual de los dineros para recursos humanos se fueron por otros sistemas de contratación, no lográndose en forma sustantiva una economía en los presupuestos de las instituciones; y sí, generándose un debilitamiento en la prestación de los servicios de las mismas y que han sido paulatinamente absorbidos por el sector privado o por organismos no gubernamentales creados por personas afines a los gobiernos.

Así las cosas y con fundamento en la normativa constitucional, un funcionario podrá ser removido, destituido, despedido, como quiera llamarle, en el caso de reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor organización de los mismos. Sin embargo, la aplicación de estos procesos exige la sujeción a una serie de requerimientos previos plasmados, la mayoría de los casos, en la legislación, con lo cual se persigue garantizar el absoluto respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores y de las trabajadoras de Correos de Costa Rica S. A.

Al respecto, la Sala Constitucional ha indicado que: “El artículo 192 de la Constitución Política facultó a lo Administración Pública para disponer la reestructuración de las diversas dependencias que la componen, con el fin de alcanzar su mejor desempeño y organización, para lo cual podrá ordenar no sólo la eliminación y recalificación de las plazas, sino el traslado de los funcionarios a cargos diversos, siempre y cuando se observe el debido proceso(…) La facultad de trasladar o reducir forzosamente a los funcionarios públicos es intrínseca del Estado, el cual podrá poner en práctica – siempre y cuando se respete el procedimiento establecido para acordar reorganización-, las medidas necesarias o fin de organizar sus diferentes dependencias para conseguir un mejor funcionamiento de las mismas…” (Voto No.4246-94).

De igual forma, la Sala Constitucional ha señalado que los procesos de reestructuración administrativa deberán de estar sujetos a necesidades reales, como se indica: “Debe de tomarse en cuenta, además que las llamadas reestructuraciones o reorganizaciones deben de estar basadas en necesidades reales y debidamente probadas a fin de evitar abusos de parte de los empleadores, que bajo una justificación aparente conculcan los derechos de los servidores, los cuales por suposición – más débil- dentro de la relación, quedan imposibilitados de ejercer una acción administrativa o judicial inmediata para detener este tipo de abusos. Por ello, todo proceso de reorganización deberá contar con la participación de todas aquellas dependencias que se requieran para la toma de la decisión final.”

Asimismo, las normas transcritas delimitan con exactitud el ámbito de acción de MIDEPLAN en cuanto a estos procesos de reestructuración o reorganización, ya que no se encuentra facultado, y es oportuno señalarlo, para autorizar aspectos relacionados con materia de recursos humanos, pudiendo a lo sumo, emitir recomendaciones de orden organizativo, como consecuencia del análisis practicado, las que podrán ser tomadas en consideración por la institución misma o quien tenga la competencia para definir asuntos relativos a reasignación, traslados, supresión o creación de plazas.

Debemos ser celosos, y con el fin de garantizar que el proceso de reestructuración sea integral, el diagnóstico institucional debe incluir un análisis detallado de los componentes del área administrativa, con el objeto de evitar efectos nocivos en la modernización y el desarrollo institucional, de ahí, que sea importante que exista coherencia entre los niveles operativos y administrativos.

También debe de considerarse la nueva estructura presupuestaria y financiera que se requiere o que ya se posee, para poner en práctica la renovación institucional, producto de la redistribución de los diversos recursos con que se cuenta.

El análisis de la situación del recurso humano constituye para nosotros y, por supuesto, para el personal de la empresa, un aspecto de suma importancia, porque conlleva la posible reubicación de los mismos, como producto de la reestructuración; y, lógicamente, conlleva también, en cierta medida, implícito el posible despido de empleados y empleadas de la institución por reorganización.

Se debe de contemplar con profunda atención, el estimado del costo de la reestructuración, es decir, se debe hacer un planteamiento del origen y aplicación de los fondos necesarios (internos y externos) para ejecutar el proceso, así como el plazo y plan de acción por actividad requerida.

Sobre este particular la Sala Constitucional en diversos fallos ha sido conteste en el sentido de que el Estado debe disponer de medios suficientes para cubrir los despidos que deban de realizarse a raíz de supresiones de puestos.

El sustento constitucional se encuentra establecido en el artículo 192 de nuestra Constitución Política, el cual ha sido el mecanismo constitucional en el cual, muchas veces se ha amparado la administración, en general, para realizar los procesos de reestructuración, cuyo propósito ha sido la reducción fundamental del gasto; de ahí la importancia que analicemos al amparo de dichas disposiciones constitucionales y legales las líneas jurisprudenciales que la Sala ha definido en esta materia y que es importante señalar.

La Sala Constitucional, al amparo de los principios establecidos en los artículos 191 y 192 de la Constitución Política, y en ausencia de una norma legal que establezca principios básicos a las Instituciones descentralizadas para la programación y ejecución de procesos de reorganización administrativa; se ha preocupado, en aras de garantizar la trasparencia y el respeto a la dignidad de la persona humana, que la situación de las reorganizaciones no sean utilizadas con el propósito malintencionado de despedir a determinados trabajadores, quienes luego de algún tiempo fueron sustituidos por otras personas, generalmente afines con el partido político en el Gobierno.

Por otra parte, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha señalado en reiteradas ocasiones que si la reestructuración es total para toda la institución, es lógico que la misma deba, como mínimo, afectar al 60% de su personal.

Esta situación la percibimos como sumamente grave y nos pone en alerta, ya que estamos hablando de un elevadísimo porcentaje del total de trabajadores y trabajadoras que se verían seriamente afectados con la restructuración que se pretende.

Es importante destacar que la Sala Constitucional ha sido consecuente con los mecanismos que deben de prevalecer para valorar qué servidores se deben de quedar prestando sus servicios y cuales deben de ser descalificados, dándole prioridad a los más antiguos como un reconocimiento al principio de la estabilidad en el cargo.

CONCLUSIONES

Si se consulta en fuentes confiables se puede comprobar cómo en cada momento de crisis o apreturas económicas, la destrucción de empleo ha sido la principal herramienta utilizada por las empresas, resultando siempre ser los más afectados los trabajadores y las trabajadoras del área operativa.

Nos oponemos de forma tajante a que la fuerza laboral sea la que cargue con los costos sociales de la crisis. Estamos ante una crisis del propio sistema con un claro origen financiero. Además, entendemos que los sacrificios de los trabajadores y de las trabajadoras en términos de pérdida de empleo o reducciones salariales, no va a ser la puerta de salida de esta situación, sino que únicamente contribuirá a que se ahonde cada vez más en ella.

Se trata, en definitiva, de recuperar para los y las trabajadoras sus espacios de derechos que nunca debieron de ponerse en riesgo, en nombre de una restructuración, reorganización y/o modernización que en el contexto actual de crisis, han mostrado su verdadera y desagradable cara.

La redefinición del rol estratégico supone un análisis del marco legal dentro del cual opera la institución, así como de las implicaciones que pueden derivarse de cambios o renovaciones institucionales. Este componente debe conducir a tres subproductos:

a. funciones y programas sustantivos, las cuales determinan el rol estratégico de la institución de acuerdo con la ley;
b. funciones y programas no sustantivos, los cuales deben ser reformados, refundidos o eliminados;
c. restricciones legales que podría enfrentar la institución durante el proceso de reestructuración.

En algunos casos podría implicar la modificación de leyes, en otros la firma de algún decreto de reorganización y en otros crear un marco legal nuevo.

Asimismo, debe incluirse de ser necesario, estudios sobre la situación laboral de las personas trabajadoras (convenciones colectivas de trabajo, sindicatos), el sistema de incentivos inexistente hasta el día de hoy y la legislación vigente a la que pertenece la institución. Este componente podrá suministrar una visión global y de conjunto de los cambios que son necesarios promover y, fundamentalmente, de los beneficios, los costos, el tiempo y aspectos sobre el recurso humano que implican el proceso de renovación institucional, lo que permitirá la necesaria compatibilidad con la viabilidad económica, el interés político y el bienestar del recurso humano.

Es imperativo evitar que la reorganización se realice por razones de carácter eminentemente político como ocurría antes de la consagración constitucional de los artículos 191 y 192 de nuestra Carta Política. Si bien no se puede cuestionar la facultad del Estado de modernizarse de cara a los cambios económicos, sociales y políticos que hoy día son permanentes, deberán de ejercerse dentro del marco constitucional de nuestro Estado socialdemocrático de Derecho, pues de lo contrario estaríamos ante la violación de sus principios, normas y valores, constituyendo la infracción jurídica más grave, violentándose el derecho natural que esta preestablecido en la Constitución.

Vistas así las cosas, estaremos permanentemente atentos y vigilantes de que en el “altar” de la reorganización, las personas trabajadoras no sean las que deben ser llevadas al sacrificio que exige la deidad del mercado en clara contraposición a la filosofía del humanismo cristiano que impregna toda nuestra carta magna, incluyendo la parte de la misma que establece los parámetros de las garantías sociales que son inherentes a la condición de clase trabajadora asalariada.

Aprovechamos la oportunidad para expresarle nuestro mayor respeto y consideración.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Édgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

C.c.
Licda. Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República.
Honorables jefaturas de fracción parlamentaria, Asamblea Legislativa.
Lic. Marco Antonio Vargas Díaz, Ministro, Ministerio de la Presidencia.
Honorables señores ministros y señoras ministras, Consejo de Gobierno de la República.
Honorable Junta Directiva de Correos de Costa Rica S. A.
Población trabajadora de Correos de Costa Rica S. A.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Junta Directiva Seccional ANEP-Correos de Costa Rica S. A.
Organizaciones gremiales-sindicales de Correos de Costa Rica S.A.
Medios de comunicación colectiva de Costa Rica.

El permiso otorgado comprende la presencia de 7 mil “mariners”, 46 embarcaciones, 200 helicópteros y 10 aviones de combate, que podrá utilizar ese país desde el primero de julio hasta el 31 de diciembre.

La administración de la Sra. Laura Chinchilla, el Partido de Liberación Nacional y algunas minorías en la Asamblea Legislativa, cedieron la soberanía nacional so pretexto de la vaporosa y errática guerra en contra del narcotráfico.

La guerra en contra de las drogas que se viene librando hace décadas, además del alto costo social y económico, deja entrever una enorme hipocresía por parte de los países colonialistas, ya que ellos son los creadores de la crisis permanente en que nos encontramos sumidos los países latinoamericanos, al ser los Estados Unidos y Europa el mercado primario de los estupefacientes.

Las operaciones de guerra en contra del narcotráfico se han convertido
en una enorme amenaza para Latinoamérica, la que de forma silenciosa es
invadida por los Estados Unidos, con el pretexto de cortar las rutas existentes, mientras el consumo de drogas prospera en los países
industrializados.

La proliferación de las bases estadounidenses posterior al cierre de la
Base de Manta (Ecuador) señala una nueva ofensiva que va más allá del
narcotráfico y no es más que una escalada dirigida en contra de
Venezuela y su gobierno independiente de las políticas hegemónicas del
imperio.

Las siete bases en Colombia, las tres bases en Panamá, la base en la
Moskitia Hondureña y lo que se puede denominar la invasión a Costa Rica,
da la posibilidad de interpretar la ofensiva como un juego geopolítico
dirigido en contra de Hugo Chávez y sus aliados en el continente.

La problemática de las drogas esta sumida en un laberinto de enigmas. El
más grave de todos es el del lavado de activos, siendo hasta la fecha
inoporante el supuesto control del movimiento de los capitales asociados
con las ganacias del lucrativo negocio. Antonio Maria Costa, Director
Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el
Delito (ONUDD) afirmo que 352 millardos de dólares, provenientes del
circuito del trafico de drogas fueron absorbidos por la banca durante la
crisis del año 2008 llegando a señalar que “en muchas instancias el
dinero de las drogas fue la única inversión liquida de capital”. Costa
denunció que muchos bancos se salvaron de la bancarrota gracias a la
inyección de capital proveniente del narcotráfico (1).

En un reciente estudio presentado por la ONU, intitulado La
globalización del delito: evaluación de la amenaza del crimen organizado
transnacional, se señala que el 70% de las ganancias del narcotráfico de
la cocaína se quedan en Estados Unidos, Canadá y Europa. Un 5% de los 55
mil millones de las ganancias de la heroína en el mundo queda entre los
traficantes insurgentes y agricultores afganos (2)

En los Estados Unidos, bancos como el Wachobia Corp y el Bank of
America, en el año 2008 admitieron ante la corte haber fallado en el
monitoreo y en la obligación de haber reportado sobre movimientos
financieros sospechosos destinados a la compra de aviones para el
transporte de drogas, entre ellos un jet DC-9 (3).

Mientras tanto, Latinoamérica se ve inundada por armas de todo tipo
provenientes de los Estados Unidos, país que además de ser el principal
productor de drogas ilícitas es el mayor proveedor de armas del planeta.
En un reciente fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos se
dictaminó que el “acceso y portación de armas por ciudadanos es un
derecho constitucional fundamental que ningún gobierno estatal o
municipal puede anular” (4). La decisión se convierte en un revés para
México, país donde se ha instaurado una carnicería como consecuencia de
la desintegración del estado fallido, que tanto preconizan los
analistas del norte.

De las 6700 tiendas destinadas a vender armas en los Estados Unidos,
1200 de ellas se encuentran cerca de la frontera con México, siendo el
flujo de armas imparable, como lo señaló la representante demócrata por
California Zoe Lofgren, al decir que en los Estados Unidos la posesión
de las armas es “casi una religión”. Es bastante hipócrita la
permisibilidad para deificar las armas en nombre de una supuesta
“defensa” personal, mientras se prohibe la autoaniquilación a través de
las drogas.

En el caso de la producción de cocaína, buena parte de los precursores
químicos proviene de países industrializados y la China. Es de
conocimiento público que sin ciertos precursores es imposible la
elaboración del clorhidrato, indudablemente la cadena de producción se
requiere de ello para su elaboración. Pero en este campo también reina
la hipocresía: por ejemplo el que fuera otrora, jefe de campaña
presidencial de Avaro Uribe, el Sr. Pedro Juan Moreno Villa, la aduana
estadounidense le decomisó varios cargamentos de permanganato de potasio
en el Puerto de Oakland (California), imponiéndole una multa simbólica
por transgredir la ley, además de no decomisar su valiosa mercancía que
prosiguió su destino a Medellín, Colombia (5).

Es casi imposible conceder el beneficio de la duda a los Estados Unidos
y su guerra en contra del narcotráfico. Los narcos-estados que se han
consolidado en los últimos años, sirven como excusa para la intervención
militar por parte del imperio y la ofensiva en contra de los gobiernos
insumisos a los mandatos del imperio.

Los medios de desinformación masivo magnifican las masacres relacionadas
con el narcotráfico, mientras ocultan las graves consecuencias de las
disparidades económicas que se han agudizado con la implementación del
neoliberalismo. En América Latina el feudalismo existente imposibilita
la movilidad social, la que trágicamente en la mayoría de los casos sólo
se logra a través del narcotráfico.

Para los países de Centroamérica y el resto de América Latina, la
conversión de Costa Rica en un portaviones de los estados Unidos es una
bofeta a nuestra dignidad, ya que el “país modelo” en cuanto a una
aparente desmilitarización, se ha convertido en una base de una posible
agresión que no es precisamente la lucha en contra del narcotráfico sino
un ominoso asalto a un modelo diferente de desarrollo propio, asociado a
un respeto a la recalentada madre tierra y a una visón de distribución
más equitativa de la riqueza acompañada de un verdadero estado de ley.

El golpe de estado en Honduras y un año después la invasión solapada a
Costa Rica, demuestra la esquizofrenia e hipocresía de un imperio en
decadencia.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

La Ceiba, Atlantida 5 de Julio del 2010

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Notas:

(1) http://www.guardian.co.uk/global/2009/dec/13/drug-money-banks-saved-un-cfief-claims
(2)http://www.jornada.unam.mx/2010/06/18/index.phpsection=economia&article=025n1eco
(3)http://www.bloomberg.com/news/2010-06-29/banks-financing-mexico-s-drug-cartels-admitted-in-wells-fargo-s-u-s-deal.html
(4) http://www.jornada.unam.mx/2010/06/29/index.php?section=mundo&article=031n1mun
(5) http://www.deadiversion.usdoj.gov/fed_regs/notices/2000/fr08237.htm

Unas 50 delegaciones de los estados miembro del foro mundial, que participaron en el Examen Ministerial Anual del Consejo Económico y Social (Ecosoc), de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), discutieron esta semana en Nueva York los avances y los desafíos en materia de igualdad de género.

En la declaración final de la reunión, concentrada en “implementar los objetivos y compromisos acordados por la comunidad internacional en materia de igualdad de género y promoción de la mujer”, los países se comprometieron a alcanzar la equidad de género en todo el mundo.

Con ese fin se adoptaron varias medidas.

La más importante fue la creación de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y la Promoción de la Mujer, o Mujeres ONU, aprobada por la Asamblea General el viernes al término del encuentro de una semana.

“Agradezco a los estados miembro por haber dado este gran paso para las mujeres y las niñas de todo el mundo”, reza una declaración del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

“Mujeres ONU contribuirá de forma significativa a la promoción de la igualdad de género, a la ampliación de oportunidades y a hacer frente a la discriminación en el mundo”, añade.

“Me alegra que uno de los esfuerzos más importantes haya dado sus frutos”, señaló, por su parte, Preneet Kaur, ministro de Asuntos Exteriores de India.

La declaración ministerial señala también la importancia de emplear nuevas estrategias para combatir la desigualdad de género.

El documento de siete páginas subraya la necesidad de incluir una perspectiva de género en el diseño, la implementación y la evaluación de programas y políticas en el ámbito económico, social y político.

“Es crucial para todos los aspectos del crecimiento económico”, señaló el presidente de Ecosoc, Hamidon Ali.

Algunas de las estrategias incluidas en la declaración son: integrar formalmente a las mujeres a la economía, eliminar la violencia que sufren, mejorar el acceso a la educación y a la salud, en especial reproductiva, implementar leyes que prohíban la discriminación de género y aumentar los microcréditos.

El documento “se adoptó con un espíritu de colaboración y de cooperación entre todas las delegaciones”, señaló Ali. “Ecosoc envío un mensaje claro respecto de que la igualdad de género y la promoción de la mujer son el centro del desarrollo”, añadió.

Uno de los asuntos muy discutidos en la semana fue las consecuencias negativas que las crisis económica y financiera y la alimentaria tienen sobre las mujeres.

“Reconocemos que ellas se ven afectadas de forma desproporcionada por muchas crisis y desafíos, pero también que pueden ser líderes, incluso en los procesos de decisión”, reza la declaración.

Otro de los temas importantes de discusión fue la relación entre la promoción de la mujer y las posibilidades de alcanzar los ODM, cuando faltan pocos meses para la 65 sesión de la Asamblea General, que evaluará los avances en la materia.

Los ocho ODM apuntan a reducir a la mitad la proporción de personas que viven en la indigencia y padecen hambre, lograr la educación primaria universal, promover la igualdad de género, reducir la mortalidad infantil en dos tercios y la materna en tres cuartos, entre 1990 y 2015.

También luchar contra la expansión del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), causante del sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), el paludismo y otras enfermedades, asegurar la sustentabilidad ambiental y generar una sociedad global para el desarrollo entre el Norte y el Sur.

La declaración llamó la atención sobre la “desigualdad” de los avances, en especial respecto del objetivo tres –igualdad de género–, el cinco –sobre mejorar la salud materna–, y el seis –de combatir el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades–.

“Cumplir el objetivo tres es fundamental para alcanzar los ODM”, señala el documento.

“La igualdad de género es esencial para los ODM”, coincidió Ali.

La adopción de la declaración ministerial fue sentida por muchos como un hecho loable, lo que presagia el éxito del encuentro de septiembre.

Pero muchas organizaciones de mujeres que lucharon por la creación de la nueva entidad criticaron que el proceso de designación de autoridades no fue justo ni transparente y que los estados miembro se refirieron de forma vaga al asunto de la financiación.

PRONUNCIAMIENTO

Sobre los últimos acontecimientos en relación con la privatización de los muelles de Limón, el Proyecto Crucitas, el Fondo Especial para la Educación Superior y la Criminalización de la Protesta Social.

La Asamblea de Escuela de Trabajo Social

CONSIDERANDO QUE:

1. Nos inspiramos en un proyecto ético-político que se fundamenta en la defensa de los derechos sociales y humanos, la ciudadanía participativa en la toma de decisiones, la ampliación y profundización de la democracia, la lucha contra cualquier forma de exclusión, explotación o denigración, la defensa al medio ambiente, la búsqueda de una sociedad que distribuya la riqueza socialmente producida y permita la realización plena de la libertad, donde la universidad pública se constituye en engranaje vital y autónomo del pensamiento crítico costarricense.

2. Apoyamos la defensa de las instituciones costarricenses como fruto del trabajo de nuestro pueblo y las actividades que realiza JAPDEVA, dada la importancia estratégica que tienen para el país y para la empobrecida provincia de Limón. Compartimos la consigna de desatender cualquier presión neoliberal de privatización del patrimonio costarricense. (Pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR:La concesión de los puertos de Limón y el respeto a la autonomía sindical. Acuerdo firme de la sesión N.° 5421, extraordinaria, del jueves 18 de febrero de 2010)

3. Estudiantes y profesores (as) de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica se han manifestado en diversas oportunidades en contra de la privatización de los muelles. Una de ellas se efectuó de manera pacífica en la comunidad de San Sebastián, en la que uno de nuestros profesores fue objeto de detención y privación de libertad.

4. El OIJ realizó un operativo técnico para recabar prueba incriminatoria contra un funcionario universitario, el cual se convirtió, para todos los efectos, en un allanamiento ilegal de la UCR, pues no contó con autorización ni presencia de juez natural ni de defensor público, violentando las obligaciones constitucionales y del debido proceso judicial, así como abusando de su autoridad manteniendo en estado de sitio el campus académico con decenas de agentes armados del OIJ y de la FuerzaPública, que ingresaron en la Universidad aún después de haberse cumplido con la detención y el retiro del sospecho dela Ciudad Universitaria. (Pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR: Sobre los acontecimientos del 12 de Abril y la Autonomía Universitaria. Acuerdo firme unánime, sesión extraordinaria N.° 5435, artículo único, jueves 14 de abril de 2010)

5. Estudiantes, funcionarios y profesores (as) de la Escuela de Trabajo Social se manifestaron en contra de la acción del OIJ en el campus universitario. En dicha oportunidad un docente de esta Unidad Académica fue agredido en su integridad física y fue privado de la libertad. Además, otras personas recibieron lesiones que ameritaron atención hospitalaria, aunado a la violencia emocional y simbólica que padecieron estudiantes de varias Escuelas por parte de agentes armados.

6. La Constitución Política de la República de Costa Rica define la obligación de las instituciones del Estado costarricense de tutelar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el deber de la ciudadanía de exigir el cumplimiento de ese derecho. En este sentido la Universidad de Costa Rica en su Estatuto Orgánico establece, como uno de los principios orientadores de la Institución, el compromiso con el medio ambiente.

7. La zona en que se autorizó el proyecto minero “Las Crucitas”, es de alta vulnerabilidad ambiental dada su cercanía con el Refugio de Vida Silvestre “Maquenque”, con el Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte y con el Corredor Biológico “San Juan-La Selva”. Estos refugios se destinan a la protección de especies en vías de extinción. (Pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR: Sobre la declaratoria de interés público y conveniencia nacional de Proyecto Minero Crucitas. Acuerdo firme de la sesión N.° 5303, miércoles 29 de octubre de 2008)

8. Desde el Trabajo Social, la protesta social es considerada una forma creativa y democrática de manifestar la violación de derechos humanos, sociales y constitucionales, así como de generar la articulación de los diferentes movimientos y organizaciones sociales en una agenda que defienda las conquistas nacionales y genere espacios de diálogo y madurez política.

9. Se han venido presentando formas de violencia simbólica, física, verbal y emocional por medio de diferentes órganos policiales, conllevando incluso a arrestos injustificados de funcionarios (as), docentes y estudiantes en lugares como la provincia de Limón o el Parque La Sabana el día 8 de mayo del 2010.

10. Somos la unidad base de la Maestría en Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia y por el compromiso que nos atañe ante las formas de violencia que este gobierno ha manifestado, nos oponemos a la violencia contra las y los adolescentes del Colegio José Joaquín Vargas Calvo, del Liceo de Costa Rica y de las poblaciones estudiantiles de las universidades públicas.

11. La Constitución Política de la República en su artículo 85 determina una obligación presupuestaria y financiera del Estado para con la Universidad de Costa Rica, que ningún gobierno de turno puede transgredir (Pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR: Sobre la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior –FESS-. Acuerdo firme de la sesión N.° 5454, martes 15 de junio del 2010).

12. La educación superior pública es una conquista de muchas generaciones de costarricenses, gestada desde la fundación de la Universidad de Santo Tomás y retomada en la fundación de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia, constituyéndose en una vía para aportar al desarrollo de la nación por medio de cuadros profesionales formados con una alta sensibilidad social, humanista y crítica.

Acuerda apoyar al Consejo Universitario en su:

1. Liderazgo por defender los principios fundamentales de la Constitución Política que condenan la violación a los derechos de libertad de expresión, tránsito y reunión, así como a que el pueblo costarricense tenga condiciones de vida dignas, producto de la socialización de la riqueza producida, la protección de las instituciones del Estado y desde luego, la preservación del ambiente del planeta y de nuestro país en particular.

2. Resguardo de las instituciones del Estado, a pesar de las presiones nacionales e internacionales por privatizar los bienes de la sociedad costarricense, con todas las consecuencias sociales que ello podría generar, lo que agravaría más las condiciones de vida tan precarias que padece gran parte de nuestro pueblo.

3. Abogacía por tomar en cuenta en las discusiones sobre temas de privatización o venta de empresas del Estado, no solo criterios de eficiencia y mercado, sino principalmente, su impacto social en términos de empleo, calidad de vida e inversión pública, en zonas como la provincia de Limón que expresa un fuerte deterioro en las condiciones de vida de su población.

4. Rechazo absoluto al abuso de autoridad y el uso desproporcionado e injustificado de la fuerza contra estudiantes y profesores (as) de nuestras universidades públicas que se manifiestan pacíficamente dentro y fuera de los campus universitarios, en donde se ha puesto en riesgo la seguridad de las personas, de los bienes de las instituciones y de particulares.

5. Pronunciamiento contra el proceder alejado de las aspiraciones democráticas y pacíficas de la sociedad costarricense que ha demostrado el OIJ y la Fuerza Pública, erosionando las conquistas sociales y los derechos sociales, humanos y constitucionales en diferentes partes del territorio nacional.

6. Rechazo a las declaraciones de los jerarcas del OIJ, el Ministerio Público y la Fuerza Pública, en las que intentan justificar y legitimar lo actuado por sus dependencias.

7. Llamado a los Poderes de la República y al propio Ministerio Público, a revertir la creciente tendencia a reprimir y criminalizar a quienes ejercen el legítimo derecho a manifestar sus posiciones y convicciones políticas, incluso por medio de la protesta social, en especial en las situaciones de abuso de autoridad mostradas a personas adolescentes.

8. Denuncia y propuesta para preservar la naturaleza, la biodiversidad y todo el patrimonio ambiental que hemos heredado de antiguas generaciones de costarricenses, como ofrenda a las nuevas descendencias que habitaran este país.

9. Repudio a las distorsiones mediáticas de los hechos que apuntan a desprestigiar a la Universidad de Costa Rica, reconociendo el valor que tiene la Institución en la historia y futuro del país, la cual responde a contribuir para alcanzar la justicia social.

10. Llamado a la comunidad universitaria y nacional a mantenerse alerta e informada sobre estos acontecimientos y adoptar una actitud crítica ante la información que recibe de los medios de difusión funcionales a los intereses antidemocráticos que riñen con la tradición costarricense.

11. Lucha articulada con los otros Consejos Universitarios para defender el crecimiento real promedio quinquenal del FEES en el 13% del presupuesto universitario junto a la suma del costo inflacionario, en razón de poder ampliar, profundizar, diversificar y extender las posibilidades de una educación superior pública de calidad, en consonancia con las demandas del pueblo costarricense y no de la lógica mercantilista que acecha desde los años ochenta a nuestras almas maters.

Así mismo, la Asamblea de la Escuela de Trabajo Social reitera su compromiso con el ordenamiento jurídico y su disposición de colaborar con las instituciones encargadas de velar por la seguridad ciudadana, la protección al ambiente y la defensa de los derechos de las y los trabajadores, en virtud de fortalecer la democracia costarricense.

M.Sc. Nidia Esther Morera Guillén
DIRECTORA
Escuela de Trabajo Social

(Acuerdo firme de la Asamblea de Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, sesión ordinaria 3-2010, miércoles 23 junio de 2010)