Una resolución de la Sala dada a conocer ayer jueves ordena a esas entidades “eliminar los residuos de agroquímicos que tiene el recurso hídrico que abastece las comunidades de El Cairo, Luisiana, La Francia y Milano en Siquirres”.
“La puesta en marcha de un plan único de acción por parte del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA) en este cantón, ante la contaminación que ha generado la actividad piñera”, es parte de lo que establece el fallo constitucional.
En las sentencias 2009-9040 y 2009-9041, la Sala Constitucional estableció la obligación de estas entidades públicas de atender la situación de contaminación hídrica en estas comunidades caribeñas.
Designa a Salud como ente responsable
“…Se ordena a María Luisa Ávila Agüero, en su condición de Ministra de Salud, a Jorge Rodríguez Quirós en su condición de Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, a Javier Flores Galarza en su condición de Ministro de Agricultura y Ganadería y a Ricardo Sancho Chavarría en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes ocupen esos cargos, que en forma inmediata se inicie el proceso de saneamiento y eliminación de residuos de plaguicidas, de las fuentes de agua… Se les advierte que cada órgano y ente recurrido, determinará conforme con sus propias competencias legales, las acciones individuales que obligatoriamente le corresponde efectuar, dentro de un PLAN ÚNICO que como partes de la Administración del Estado deben realizar en forma conjunta. “, establecieron las resoluciones.
También designó al Ministerio de Salud como ente responsable del completo cumplimiento del plan único, el cual podrá ordenar todas las actuaciones que sean técnica y científicamente conducentes a la completa limpieza y purificación del agua en el cantón caribeño y deberá informar a la Sala Constitucional en caso de que surja algún obstáculo dentro de su labor coordinadora, señaló un comunicado oficial.
En este sentido, el Ministerio de Salud podría ordenar a las empresas recurridas la prohibición absoluta del uso de agroquímicos contaminantes en las plantaciones e incluso el cierre inmediato de éstas, en caso de que no cumplan con las órdenes e instrucciones que se le dieran.
Uno de los recursos lo interpuso un hombre de apellidos Calvo Francis a favor de las comunidades de Cairo, La Francia y Luisiana de Siquirres contra las autoridades recurridas, precisó la Sala.
“Para estos vecinos la molestia radica en que la plantación piñera se ubica sobre el manto acuífero, cuya naciente nutre el acueducto de las zonas ya mencionadas. Alegaron que el uso de químicos y agrotóxicos han causado una seria afectación al recurso hídrico de la zona, utilizado para el consumo humano. Además que pese a las solicitudes que han realizado ante las instituciones públicas pertinentes, la solución no llega”, advirtió.
Una situación similar expusieron los vecinos de Milano, también de Siquirres. El amparo lo presentó un hombre de apellidos Fallas Rodríguez y otros, al argumentar que los permisos de funcionamiento se le extendieron a la empresa sin tomar en consideración aspectos técnicos, legales y de ubicación de las siembras, con el agravante que no ha tenido acceso de esta información en SETENA, la Municipalidad, el Ministerio de Salud, el AYA ni el MINAET. Años con el mismo problema en las comunidades
En los últimos meses los vecinos de esa región se han lanzado a las calles en diversas ocasiones debido a la contaminación del agua para el consumo humano.
Los vecinos de El Cairo, La Francia y Luisiana han protagonizado protestas bloqueando la ruta que conduce a Limón, para protestar por la contaminación de sus fuentes de agua por agroquímicos utilizados por las piñeras. La situación de contaminación del acueducto obligó al gobierno a suministrar agua potable en camiones cisterna hace dos años.
Los habitantes de estas comunidades aseguran que el consumo de agua con plaguicidas ha provocado serios problemas de salud en las comunidades como intoxicaciones, alergias, sarpullidos, gastritis, padecimientos respiratorios y gástricos, abortos, malformaciones e, incluso, cáncer.
Según los vecinos existen estudios que demuestran la existencia de plaguicidas en el agua de El Cairo, La Francia, Milano y Luisiana, pero el gobierno no ha tomado acciones concretas.
Para Mauricio Alvarez de la Federación Ecologista “El AyA no ha tenido voluntad para otorgarles a las comunidades una solución integral, dándole largas al asunto y obligando a la comunidad a pagar una parte de los platos rotos, sin cobrarle a la piñera los daños causados en los acueductos ni mucho menos el enorme gasto realizado por el Estado en la distribución de agua potable en cisterna”.
El comité de vecinos ha exigido “que la administración del acueducto de nuestros pueblos permanezca en manos de la comunidad, bajo la gestión de la ASADA y que AyA muestre voluntad para el seguimiento al proyecto del nuevo acueducto, realice una servidumbre forzosa de acueducto, establezca plazos concretos para el mismo y que asuma los pagos requeridos para comenzar lo antes posible la construcción del proyecto”.
Al menos así lo señalaron en visita a DIARIOEXTRA Albino Vargas de la ANEP, Ronaldo Blair y José Luis Castillo de Sintrajap, quienes además señalaron que el gobierno “armó una guerra psicológica” a través de un grupo de 5 funcionarios para desestabilizar al sindicato y presionar a favor de sus intereses a los trabajadores de dicha institución.
El siguiente es un extracto de una entrevista sobre el tema con los dirigentes sindicales, quienes además lanzaron el reto a los ministros Rodrigo Arias de la Presidencia y Marco Vargas de Coordinación Interinstitucional a debatir en el Grupo EXTRA sobre los motivos reales que los empujan a promover lo que llamaron “la privatización de Japdeva”.
El gobierno dice que si los trabajadores aceptan la concesión de puertos de Japdeva, se van a casa millonarios y pensionados. ¿qué tienen que decir al respecto? Ronaldo Blair: “Falso, eso es mentira. Esto es un daño más a la clase trabajadora, un golpe más del gobierno del Partido Liberación Nacional (PLN). Ya lo hicieron con Figueres cuando cerraron el ferrocarril y con la privatización de la estiba. No existe ninguna pensión “juvenil” en el país, los mismos personeros de CCSS nos han dicho que para pensionarse a los 57 años se deben pagar monstruosas sumas de dinero, si faltan cuotas y además se van con un porcentaje inferior a lo que les toca en una pensión real”.
¿Cómo analizan la propuesta que hizo el gobierno a los trabajadores? Albino Vargas: “Desde la ANEP creemos que el gobierno hace vulgar y simple corrupción. Lo que ofrece es una mordida, un soborno. ¿Dónde se dice que los trabajadores son propietarios de Japdeva?, los muelles son de los costarricenses. ¡Cómo se ofrece dinero para transformar la institución en sí misma! Si el gobierno es legal, honesto, constitucional si se sustenta en políticas económicas y operativas de los puertos buenas, ¿por qué ofrecen dinero a los trabajadores? La respuesta es clara: porque no hay un marco legal que los respalde. Hemos pensado en denunciar a Rodrigo Arias, Oscar Arias y a Marco Vargas al amparo de las leyes anticorrupción”.
¿Qué hay detrás entonces? Albino Vargas: “Francisco Jiménez, presidente de Japdeva, debe dar explicaciones, porque él estuvo en el proceso de licitación de Riteve. Él debe rendir cuentas de lo que viene dejando a espaldas del pueblo. Le demandamos que explique con amplitud las relaciones de negocios que tanto le han costado al usuario, primero con Riteve y ahora con la venta de los muelles. Pero además la modernización puede hacerse desde lo público, el gobierno debe explicar cuáles son las alianzas de negocios que piensan establecer”.
¿Qué tienen que decir con respecto al Grupo Mediador Pro Indemnización? Ronaldo Blair: “El artículo 1 de la Convención Colectiva dice que Japdeva reconoce sólo a Sintrajap como representante de los trabajadores para efectos judiciales, extrajudiciales y contractuales. Todo lo que se hace al margen de eso deviene en nulidad absoluta”.
¿Cómo califican su existencia? Albino Vargas:_ “Lo que el gobierno hace es una práctica laboral desleal, porque hay un sindicato y el gobierno trata de montar una organización paralela para deslegitimarlo”._ Ellos aseguran contar con el respaldo de una buena cantidad de empleados, ¿qué sucede entonces? Ronaldo Blair: “En tres años de ataque del gobierno y algunos medios de comunicación para desestabilizarnos, hoy se ve que hay 4 aliados a ellos. Francisco Jiménez, presidente de Japdeva presta los carros de la institución para que vayan a buscar firmas, cuando deberían de estar laborando. Andan engañando a los trabajadores porque les dicen que si no firman se van a la calle sin nada, no estamos en riesgo, Japdeva es estable, autosuficiente y rentable”.
¿Cuál es la razón de esto? Ronaldo Blair: “La ley no les permite concesionar los puertos. Ellos ocupan un marco jurídico que acredite anular la convención colectiva, para entonces poder hacer lo que quieren”.
¿Qué sucede si efectivamente recogieron las 700 firmas, harán la Asamblea de Trabajadores? Ronaldo Blair: “Queremos dejarle en claro al pueblo y los trabajadores de Japdeva que no sé si recogieron las 700 firmas, lo dudo mucho, porque las 5 personas a cargo de esto no tienen credibilidad ante los trabajadores, uno de ellos estuvo en la anterior Junta Directiva como secretario adjunto y no duró ni 15 días en el cargo todos los empleados saben porqué, otro de ellos residía en Estados Unidos con un permiso y cuando oyó lo de la indemnización se reincorporó para ganarse la plata, otro no pudo sostenerse como delegado de su grupo y fue destituido. Ellos hacen un trabajo interno para el gobierno y denuncio a Francisco Jiménez por fomentar intromisión en asuntos internos de los trabajadores”
Pero, ¿harían la Asamblea si eso sucede y dejarían votar en secreto? Ronaldo Blair: “Sé que hay trabajadores responsables porque esto es un asunto de estabilidad laboral, es de familia y del pueblo de Limón. Si se da una eventual Asamblea de trabajadores y se decide ir a un proceso de concesión e indemnización fantasiosa yo no voy a entrar en eso, allí mismo tendrán mi renuncia como Secretario General de Sintrajap porque esto es veneno, prostitución, aumento de más pobreza en Limón y además el gobierno será otro”.
Y el resto de la Junta de Sintrajap, ¿qué haría? José Luis Castillo: “Estamos seguros que no va a pasar. Si suben el monto de la mordida pueden doblar conciencias. Si convencen a los trabajadores la Junta Directiva del sindicato renuncia porque no somos parte de esa inmoralidad. Sobre el otro grupo no existe y tratan de crearlo de hecho, nadie los ha nombrado. Su caja de resonancia es Zapote y el periódico La Nación”.
¿Es cierto que el sindicato tiene asustados o ha amenazado a los trabajadores, que existe temor si se pronuncian? Ronaldo Blair:_ “El gobierno hace aseveraciones calumniosas y sin asidero legal. Hay una disciplina sindical, los diferentes líderes que han existido han tenido una figura inquebrantable que la clase trabajadora respeta. El temor no es hacia el sindicato sino a las veces que los gobierno los han engañado. Es absolutamente falso y reto a que los trabajadores me denuncien ante los tribunales y la asamblea si se les ha coaccionado”._
Entonces, ¿cuál es la estrategia? José Luis Castillo: “El temor es que a la gente le dicen por todo lado que Japdeva se va a cerrar, que si no cogen lo que se ofrece se quedan sin el santo y sin la limosna. Los correos internos en Japdeva se saturan a diario por esas 5 personas, es una guerra psicológica lo que hay, ese es el verdadero temor, no a la dirigencia sindical”.
Ustedes hablan de diálogo posterior a la mesa de negociación, ¿cuáles son los temas pendientes? Ronaldo Blair: “Al día de hoy no se ha limpiado la mesa para cumplir sobre el diálogo por concesión. Tenemos un rezago de 20 años en salarios, no se han hecho reconocimientos de anualidades por suplencias, se planteó reconocer anualidades sin límite de años, entre otros”.
¿A qué se opone Sintrajap? José Luis Castillo: “No nos oponemos al desarrollo, sino a los planteamientos del gobierno de crear monopolios privados como lo hizo con Riteve”.
¿Qué medidas de presión tomarán en este caso? Ronaldo Blair: “Si van con la privatización, legalmente el gobierno no puede concesionar Japdeva. Sintrajap no está solo en la lucha está el SEC, ANEP, Undeca, Apse, Rerum Novarum, Fetral, todos los comités patrióticos, intelectuales las fuerzas vivas de Limón e iglesias y no nos van a ganar en nuestro terreno”.
Albino Vargas, ANEP: “Lo que el Gobierno ofreció a los trabajadores de Japdeva fue una mordida”
José Castillo, Sintrajap: “El Gobierno ha creado una guerra psicológica a través de 5 personas”
Ronaldo Blair, Sintrajap: “Si los trabajadores aceptan la indemnización renunciaré a mi puesto de Secretario General de Sintrajap porque eso es veneno”
Fuente: Diario Extra Marcela Villalobos Ramírez mvillalobos@ diarioextra. com Foto: Randall Sandoval
¡GRANCONCETRACION frente a la embajada de Perú en San José el próximo martes. (Ver afiche de ARCHIVOSADJUNTOS en la columna derecha) __________________________________________________________
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Los decretos legislativos que el gobierno aprista de Alan García Pérez emitió para implementar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos vulneran la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y las leyes nacionales, tal como ha sido reconocido por la Defensoría del Pueblo y la Comisión Multipartidaria del Congreso de la República, y se ha recomendado su derogatoria. La lucha de los pueblos indígenas amazónicos durante el 2008, logró la derogatoria de dos de ellos, ahora la lucha es de todo el país para derogar el paquete legislativo del TLC.
Durante once largos meses, los poderes Ejecutivo y Legislativo han postergado una y otra vez la derogatoria de estos decretos legislativos. Se instaló una mesa de diálogo sin voluntad real de resolver el problema. Y tras 56 días de movilización amazónica, el gobierno aprista optó como “solución” por la represión criminal en Bagua, haciendo gala de su autoritarismo.
Fue así que el viernes 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, el gobierno de Alan García Pérez desató una represión sangrienta en la Amazonía. Hay decenas de muertos en Bagua. Se ha impuesto la muerte sobre la vida, la masacre sobre el diálogo.
La masacre ocurrió horas después de que el Congreso de la República, en un abierto acto de provocación, postergó nuevamente el debate de la derogatoria de los decretos legislativos inconstitucionales que facilitan la invasión y privatización de los territorios indígenas del Ande y la Amazonía.
Existen testimonios de los vecinos de Bagua y mujeres indígenas que buscan a sus familiares desaparecidos acerca de que se están ocultando y desapareciendo los cuerpos de las víctimas indígenas, mientras el gobierno habla de “conspiración internacional” para eludir su responsabilidad, desata una feroz campaña mediática contra nuestros dirigentes y presiona al Poder Judicial y al Ministerio Público para que emitan órdenes de captura contra los dirigentes de AIDESEP sin prueba alguna.
Para responder a la represión y el entreguismo, las organizaciones del pueblo peruano nos hemos unido en esta Jornada Nacional de Lucha en solidaridad con nuestros pueblos indígenas para defender la vida y la soberanía. Y nos comprometemos a impulsar el juicio internacional a Alan García Pérez y su gobierno, por genocida, entreguista y violar la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Fortalecidos por la solidaridad internacional que indignada ha respondido, incluyendo organismos supranacionales como la CIDH, relator ONU, OIT y otros.
Esta Jornada de Lucha tendrá continuidad en el PARONACIONAL que hemos acordado para los días 7, 8 y 9 de julio. El día central de movilizaciones será el 8 de julio. En cada rincón del país diremos: ¡Basta de asesinatos, represión y entreguismo!
EXIGIMOS:
• Derogatoria del paquete legislativo del TLC con Estados Unidos y los 11 decretos legislativos que criminalizan la protesta.
• Respaldo a AIDESEP, interlocutor para el diálogo. Denunciamos el intento de dividirla por parte del gobierno.
• Renuncia inmediata del Gabinete Yehude Simon por su responsabilidad en el genocidio de Bagua. Lo desconocemos como interlocutor para cualquier diálogo.
• Investigación internacional independiente para aclarar los hechos de sangre en Bagua.
• Levantamiento del estado de emergencia y el toque de queda en la Amazonía.
• No más TLC y desconocimiento de los ya firmados.
• Respeto de los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y nativas: territorios, aguas, semillas, bosques, biodiversidad y recursos naturales, amparados por las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y la Constitución Política del Perú. Cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.
• Retiro de las transnacionales extractivas: petróleo, minería, forestal, que saquean y contaminan nuestros territorios indígenas.
• Basta de criminalización del ejercicio de derechos: amnistía para los más de mil comuneros procesados por la defensa de sus pueblos.
• Respaldo unánime a Alberto Pizango, injustamente perseguido y con orden detención sin prueba alguna, solo por presión política.
• Establecimiento de una Comisión Mediadora / Garante para iniciar un diálogo, con participación de la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos.
• Denuncia a Alan García ante los tribunales internacionales por los crímenes cometidos durante su gobierno.
• Convocatoria a Asamblea Constituyente que elabore una nueva Carta Magna en la que se reconozca al Perú como Estado Plurinacional de base comunitaria. [ALAI, América Latina en Movimiento. 1106]
Los Pueblos Indígenas nos enseñan que sin lucha no hay victorias.
¡Basta de represión! ¡Abajo el genocidio!
¡Derogatoria inmediata de los decretos legislativos inconstitucionales y anti-indígenas del TLC!
Por una cultura de diálogo y paz en el país
Perú, jueves 11 de junio de 2009, Frente Nacional por la Vida y la Soberanía
Alto a la masacre contra los pueblos indígenas en el Perú ordenada por el gobierno criminal de Alan García Por Alternativa Nueva Nación
Las protestas del movimiento indígena peruano para enfrentar las políticas y acciones del gobierno central dirigidas a la explotación de petróleo y gas natural por parte de empresas extranjeras en territorios que históricamente son habitadas por los pueblos originarios de esta nación, ha desatado la más sangrienta represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, la cual se expresa en la masacre de más de 40 indígenas de la Amazonía y atropellos brutales, con saldo de heridas graves, contra más de doscientos integrantes del movimiento.
Políticamente el gobierno central del Perú, el cual se ha caracterizado por ser un aliado incondicional del imperialismo norteamericano y por lo mismo impulsor de las políticas contra las transformaciones revolucionarias en América Latina, se ha concretado a informar sobre la muerte de 10 policías de la seguridad del Estado. El gobierno que dirige el criminal de Alan García, conocido históricamente por su vinculación a graves actos de corrupción en su administración pasada, montó toda una estrategia para desbaratar las protestas indígenas y lanzó un fuerte contingente de policías con la intención de provocar enfrentamientos que causaran víctimas entre las fuerzas de seguridad y explotar este hecho para tildar de terrorista y subversivo al movimiento popular.
Desde hace muchas décadas la lucha de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana ha sido permanente, esa lucha se expresa en acciones por la defensa de su organización política, social y económica; por el derecho a su identidad cultural; y por la integridad y administración de sus territorios.
Recientemente con la promulgación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley de Recursos Hídricos, con una clara dedicatoria en beneficio de las empresas transnacionales y del capital nacional aliado a este, se consolidó un movimiento de protesta y oposición por parte de cerca de 60 organizaciones indígenas ubicadas en la Amazonía peruana. Este movimiento indígena denuncia, de manera contundente, el grave riesgo a que se exponen los recursos naturales de sus territorios ancestrales, fundamentalmente las reservas de petróleo y gas natural, los recursos madereros y la pureza de sus ríos. El movimiento de protesta de las organizaciones indígenas se concreta en exigir al Congreso de la República y al gobierno del genocida Alan García, que revoque estas nefastas leyes. La expresión más concreta de las políticas del capitalismo mundial, es la imposición de los llamados tratados de libre comercio y la exigencia de abrir las economías de la región para el ingreso, sin barrera alguna, de los capitales extranjeros. Estos capitales, aliados con los mal llamados capitales nacionales, se instalan en aquellas actividades que les garantizan altas ganancias, con la consecuente agudización de la pobreza, el deterioro sostenible de los recursos naturales y la destrucción de la articulación política, económica, social y cultural de los pueblos originarios.
Esta estrategia, para la expansión del imperialismo, ha encontrado fuertes aliados en gobiernos y sectores de poder económico de la región, pero a la vez se ve enfrentada a todo un movimiento transformador, en América Latina, que busca la construcción de nuevos modelos empeñados en la construcción de sociedades democráticas y soberanas, con las capacidades suficientes para enfrentar, de manera solidaria, a las fuerzas del capital destructor, responsable del empobrecimiento generalizado y el saqueo persistente de sus recursos. Este movimiento transformador se sustenta en la incorporación de todos los sectores marginados y explotados de la población a un amplio frente de lucha por la revolución continental.
El imperialismo, y todas sus formas de organización del capital a lo interno de cada país, conmocionado con el avance de los movimientos revolucionarios en el Continente, afinan sus acciones criminales de diversa naturaleza para frenar este proceso político. Las funestas estrategias del capitalismo mundial para implantar las políticas neoliberales en el mundo, se expresan cada vez más con el montaje de presiones políticas y económicas contra las naciones latinoamericanas. Estas estrategias se están concretando con acciones que tienen expresiones de intervención directa en las políticas nacionales, amenazas de intervención militar, sanciones económicas, y el estimulo a los gobiernos lacayos, a su servicio, para frenar a cualquier costo el avance de procesos democratizadores y revolucionarios.
El escenario político en el Perú, en la coyuntura actual, expresa por un lado la lucha organizada de los pueblos indígenas por sus derechos ancestrales, mancillados por leyes del poder burgués al servicio del capital internacional; y por el otro lado la acción criminal del aparato represor del Estado para garantizar el avance de sus políticas al servicio del capital.
Alternativa Nueva Nación ANN, expresa su más firme condena a los actos criminales del gobierno del genocida Alan García; hace un llamado a todas las organizaciones revolucionarias del Continente para solidarizarse, de diversas maneras, con el movimiento de los pueblos indígenas de Perú, y les exhorta a denunciar que los actos criminales por parte del gobierno del Perú, alimentados y estimulados por las políticas del imperialismo norteamericano, forman parte de un perverso plan para provocar desestabilización en la vecina Bolivia y Ecuador, naciones que forman parte de la corriente revolucionaria que se consolida en el Continente.
¡Alto a la represión criminal contra el movimiento indígena en el Perú!
¡Que todas las fuerzas revolucionarias del Continente se unan combativamente a la lucha de los pueblos indígenas por su identidad y derechos!
Los pueblos originarios denuncian que los decretos legislativos fueron aprobados por exigencia de Estados Unidos en el marco de la aprobación del Tratado de Libre Comercio.
La comisión de Constitución del Congreso de Perú aprobó un informe que declara inconstitucional el decreto que establece la nueva ley forestal. Pero se trata de sólo una de las nueve regulaciones establecidas por el Congreso, que son cuestionadas por los pueblos originarios. El Congreso de Perú debate el Decreto Legislativo 1090
La nueva Ley de Flora y Fauna Silvestre, aprobada durante las negociaciones por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, será debatida nuevamente en el Pleno del Congreso Nacional de Perú.
La normativa 1090, declarada inconstitucional en la Comisión que realizó su análisis, es una de las medidas que integra el paquete de decretos considerados lesivos por los pueblos originarios de la amazonía peruana. Tal como anunció la Junta de Portavoces del Parlamento, los legisladores volverán a analizar la medida y podrían decidir suspenderla por 90 días o derogarla.
Según informa la Coordinadora Nacional de Radios (CNR) de Perú, la propuesta de suspensión es respaldada por las bancadas del Apra, Unidad Nacional y el Grupo Parlamentario Fujimorista. Además, cuenta con el apoyo del Premier Yehude Simon.
En cambio, la propuesta de derogatoria del decreto 1090 es sustentada por la bancada nacionalista y el Bloque Popular.
Tanto la nueva Ley de Flora y Fauna Silvestre como el resto de los decretos del paquete, violan el Convenio 169 de la OIT ya que no fueron consultados previamente con las comunidades indígenas.
Asesinan ciudadanos indígenas por protestar
Las protestas del movimiento indígena peruano para enfrentar las políticas y acciones del gobierno de Alan García, dirigidas a la explotación de petróleo y gas natural por parte de empresas extranjeras en territorios que históricamente son habitadas por los pueblos originarios de esta nación, ha desatado la más sangrienta represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, la cual se expresa en la masacre de más de 55 indígenas de la Amazonía, 225 heridos y más de 105 detenidos, sin contar con los aproximadamente 20 desaparecidos.
Desde hace muchas décadas la lucha de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana ha sido permanente, esa lucha se expresa en acciones por la defensa de su organización política, social y económica; por el derecho a su identidad cultural; y por la integridad y administración de sus territorios.
Recientemente con la promulgación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley de Recursos Hídricos, con una clara dedicatoria en beneficio de las empresas transnacionales y del capital nacional aliado a este, se consolidó un movimiento de protesta y oposición por parte de cerca de 1.300 comunidades y 60 organizaciones indígenas ubicadas en la Amazonía peruana. Este movimiento indígena denuncia, de manera contundente, el grave riesgo a que se exponen los recursos naturales de sus territorios ancestrales, fundamentalmente las reservas de petróleo y gas natural, los recursos madereros y la pureza de sus ríos. El movimiento de protesta de las organizaciones indígenas se concreta en exigir al Congreso de la República y al gobierno del genocida Alan García, que revoque estas nefastas leyes.
Habitantes de la zona de Siquirres, que tienen más de dos años de estar sufriendo el desabastecimiento de agua por culpa de la contaminación que produjo la piñera en los mantos acuíferos de El Cairo, La Francia y lugares aledaños. Organizaciones en contra de la minería a cielo abierto, vecinos del río Pacuare. Representantes de organizaciones ambientales del país y ciudadanos y ciudadanas preocupados por el ambiente se juntaron para manifestarse frente al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones el pasado viernes 5 de junio, Día Mundial del Ambiente.
La principal consigna del día fue NO A LA PIÑERA, solidarizándose todas las personas presentes con las comunidades afectadas por la agresión ambiental que viene perpetrando Del Monte en la zona de Siquirres.
Conversamos con Yamileth Carpio, lidereza del poblado La Herediana, que nos habla sobre esta terrible situación:
Entrevista con Yamileth Carpio.
También entrevistamos a Gabriela Cuadrado, abogada de CEDARENA, quien está encargada del acompañamiento legal y social de estas comunidades:
La ANEP dio a conocer un comunicado de prensa en el que señala que “afortunadamente para la democracia costarricense, la mayoría de la Asamblea Legislativa parece dispuesta a ayudar a limpiar la gran mancha que el país tiene en su expediente, a raíz de su reiterada deshonra en cuanto a compromisos reiteradamente incumplidos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en materia de Libertad Sindical”.
La serie de consultas que la ANEP ha efectuado en el seno del parlamento, permiten constatar que hay una buena cantidad de señores diputados y de señoras diputadas, de casi todas las fracciones legislativas, con disposición a votar de manera afirmativa, el proyecto de ley No. 13.475, señaló el sindicato de empleados públicos.
La ANEP señaló que “convertir en ley tal proyecto, es empezar a honrar, con seriedad y sin manipulaciones vergonzantes, la serie de compromisos que el país tiene que cumplir con la OIT; compromisos asumidos por el propio Presidente Oscar Arias, cuando visitó la sede de este organismo internacional, en junio de 2006”.
“La ANEP descalifica, totalmente, las diversas declaraciones periodísticas por parte de destacadas figuras de la comunidad empresarial del país, en cuanto a que dicho proyecto 13.475 sobre Libertades Sindicales, “atente” contra la competitividad del sector productivo nacional, como maliciosamente se quiere hacerle ver a la opinión pública, en un esfuerzo desesperado por impedir la aprobación del mismo”, afirmó un comunicado.
Según la ANEP, “aprobar el proyecto de ley No. 13.475 es brindar un aporte de calidad en el desarrollo de nuestra democracia, considerando además que, aparte del compromiso presidencial ante la OIT al respecto; hay una petición del propio Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Lic. Francisco Morales Hernández, para que sea el mismo Gobierno de la República el que acelere la aprobación parlamentaria de tal iniciativa (carta de este jerarca al Ministro Rodrigo Arias, oficio DMT-088-2009, fechado 27 de enero de 2009)”.
UCCAEP discrepa
Por su parte la UCCAEP dio a conocer un comunicado en el que señala que Costa Rica, junto a otras naciones, fue incorporada a una lista de la OIT“por la eliminación de cláusulas de convenciones colectivas del Sector Público que realizó la Sala Cuarta, al considerarse que dichas prorrogativas eran desproporcionadas. El Estado de Derecho debe respetarse”.
“La incorporación a dicha lista no implica sanción alguna. Lo que significa es que el gobierno deberá presentar información sobre las razones del por qué se eliminaron esas cláusulas de las convenciones del sector público, sobre el atraso de los expedientes judiciales y por la elección de los trabajadores de preferir arreglos directos vs colectivos”, aseguró UCCAEP.
Asimismo señaló que:
“UCCAEP solicitó en el 2008 que el Consejo Superior de Trabajo analizara la reforma al Código Procesal Laboral para agilizar, entre otros, los procesos judiciales en sede laboral.
El análisis que realiza la OIT no debe interpretarse ni implica que el país debe aprobar el proyecto de reforma al Código de Trabajo que analizan los diputados, ya que el país posee aprobados todos los convenidos fundamentales de la OIT y la normativa laboral vigente protege el derecho de asociación.
El sector empleador siempre ha sido respetuosos de la libertad y de los derechos de los trabajadores costarricenses, por lo cual UCCAEP no está de acuerdo con la iniciativa que analiza la Asamblea Legislativa pues contempla privilegios excesivos más allá de los contemplados en los convenios internacionales y la legislación vigente.
El proyecto en estudio excede los límites de protección laboral contemplados en la Constitución Política, al limitar la libertad del empleador de rescindir de los servicios de trabajadores. Esta protección excesiva limita el derecho de los patronos de reorganizar su empresa. Independientemente de la idoneidad del trabajador y de su desempeño el patrono estará obligado a mantenerlo en su empresa por el simple hecho de ser afiliado a un sindicato”.
Por el impacto de la crisis internacional, el Banco Mundial decidió cambiar los criterios sobre un indicador laboral clave que tiene en cuenta para elaborar un ranking de los países en los cuales las empresas encuentran mejores condiciones para invertir.
Hasta este año el criterio fue mejorar la calificación a los países que tienen los mercados laborales más desregulados y flexibles. Esto podría significar entre otras cosas más facilidades para despedir, cambiar condiciones laborales o renegociar salarios. Pero a partir de ahora el BM decidió otorgar mejor puntuación a los países que tienen leyes que protegen más a los trabajadores.
La decisión representa un importante giro ideológico en el Banco Mundial, que golpea una política que había sido una especie de dogma de los años 90 y que en la Argentina tenía, y todavía tiene, muchos seguidores.
Porque durante décadas el ranking “Haciendo negocios” (Doing Business, es el nombre original en inglés de este relevamiento) responsabilizaba a la leyes laborales rígidas por la falta de inversiones. Y ubicaba a la Argentina con un puntaje desfavorable por el costo de despedir o por la inflexibilidad de los horarios de trabajo.
Ahora, el giro se impuso porque los Gobiernos y sus respectivos bancos centrales están concentrados en atenuar el impacto de la crisis global: se dedican a inyectar fondos para intervenir y hasta rescatar bancos, empresas y ramas enteras de la economía en lugar de dejar actuar al “libre mercado” como ocurría en otras épocas. Y este fuerte “intervencionismo” no deja margen para seguir con la prédica del trabajo flexible y desregulado.
El Indicador Empleo de Trabajadores (EWI, por sus siglas en inglés) forma parte del ranking que determina dónde es mejor y más fácil concretar inversiones. Para medirlo el Banco Mundial consideraba la flexibilidad de las regulaciones laborales, como la dificultad en la contratación de nuevos trabajadores, la rigidez de los horarios de trabajo, el costo no salarial de contratar un trabajador y las dificultades y costos de los despidos.
Así, por ejemplo, donde más fácil y más barato era despedir a un trabajador, el país recibía una mejor calificación para este ranking. Con estos criterios se elaboró el último informe, correspondiente a 2009.
Ahora, el cambio de rumbo quedó registrado en un documento de revisión del Indicador laboral para el informe de 2010. En ese texto el Banco Mundial aclara que el EWI“no representa la política del Banco y no debe ser usado como base para aconsejar a los gobiernos o ser citado en documentos que describan la estrategia de desarrollo de ningún país”.
Además, la entidad adelanta que creará un grupo de trabajo con representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sindicatos, entidades empresarias, académicos y expertos legales, para impulsar la elaboración de un Indicador de Protección al Trabajador” (WPI, por sus siglas en inglés), que tomará en cuenta “cómo los países utilizan las leyes, regulaciones y otros instrumentos para asegurar a los trabajadores una adecuada protección, incluyendo el desempleo”. “Es importante que se puedan crear empleos”
Desde Washington, en diálogo con Clarín, el director de Comunicaciones del Banco Mundial, Carl Hanlon atribuyó el cambio de criterios a que “en el contexto de la crisis actual, parece más importante que nunca la creación de un clima regulatorio para los negocios en el que las empresas puedan comenzar de nuevo a crecer y crear empleo. Es por esto que se puede observar que una serie de países están incluyendo en sus paquetes de estímulo económico medidas de reforma del clima de negocios, donde las políticas de empleo constituyen un elemento esencial”.
“En esta crisis global es importante que las acciones de los gobiernos se focalicen en las necesidades de los trabajadores y de las familias de bajos ingresos así como en ayuda a la sobrevivencia y el crecimiento de las empresas”.
*Lea además:*Día Mundial del Medio Ambiente: Manifestación frente al MINAET __________________________________________________________
En este sentido recordamos a la opinión pública las razones de nuestra lucha y las condiciones que se exigen para propiciar procesos efectivos de Desarrollo Sostenible en esta región guanacasteca:
RAZONES Y PETICIONESQUEJUSTIFICAN LA LUCHAPOR LA DEFENSADELAGUA DE LA COMUNIDAD DE SARDINAL
1. El proyecto denominado “Ampliación del acueducto el Coco-Ocotal” constituye una amenaza de deterioro ambiental en el sentido de que pone en riesgo la capacidad de abastecimiento de agua con el que cuenta la comunidad y la región. De igual forma posibilita que se siga desarrollando la actividad turística de forma no regulada ni planificada, por el contrario, poniendo obstáculos a iniciativas propuestas de desarrollo planificado.
2. La lucha por la defensa del agua que ha emprendido el pueblo de Sardinal constituye una lucha contra una de las formas de privatización del recurso hídrico e intenta evitar que el agua sea controlada por pequeñas élites con poder económico que pretenden administrar y distribuir este recurso estratégico a la luz de criterios de conveniencia para ellos.
3. La lucha por la defensa del agua aglutina lo local, lo nacional y lo global como problema ambiental que representa. Poniendo énfasis en que el tema ambiental no tiene fronteras, el deterioro perpetrado en algún lugar puede afectar a tod@s y en todas partes. Alrededor de esta premisa se han reunido diversos grupos y organizaciones ambientalistas que igualmente están interesados por la preservación, conservación y protección del patrimonio natural. Por esta razón la lucha ha causado resonancia a nivel nacional e internacional.
4. Quienes justifican la construcción del acueducto apelan al discurso del “Desarrollo Sostenible” mas nunca han emitido criterio alguno acerca de cómo lograrían implementar la sostenibilidad en correspondencia con las características de la obra.
5. Lejos de convocarse a una verdadera participación ciudadana quienes justifican la realización del proyecto han recurrido establecer alianzas con personas que en algunos casos ocupan cargos formales de una instancia por designación política-partidaria o porque son funcionarios públicos que deben sujetarse a las directrices de la jerarquía pero que no representan a la comunidad, en consecuencia no son reconocidos por esta. En razón de los enunciados expuestos el pueblo de Sardinal solicita a la llamada Comisión Interistitucional conformada por el MINAET, SENARA y AyA y al la muncipalidad del Cantón de Carrillo tomar en cuenta los siguientes aspectos antes de impulsar cualquier proyecto que ponga en riesgo las condiciones socio-ambientales:
a) Una moratoria absoluta a los permisos de construcción, hasta tanto no se den condiciones reales de planificación regional.
b) Establecimiento de un plan regulador PARTICIPATIVO que reúna las expectativas de las comunidades y tome en cuenta sus aspiraciones de desarrollo.
c) Recuento de las áreas de bosque que aún prevalecen.
d) Estudios sobre el impacto de la contaminación ocasionada por los proyectos turísticos y las plantaciones de monocultivos instaladas en la región.
e) Estudios reales sobre la capacidad acuífera de la zona donde se tome en cuenta la participación de instituciones con compromiso ambientalista y universidades públicas, de manera que se garantice veracidad en la elaboración de dichas investigaciones. No aceptamos bajo ninguna circunstancia el estudio parcializado y reduccionista hecho por un consultor privado pagado por los inversionistas como el que tratan de imponer las autoridades de la denominada Comisión Interinstitucional.
f) Cualquier otra condición que autoridades, comunidad o expertos consideren de interés en virtud de procurar el manejo integral del recurso hídrico.
SARDINAL NO NEGOCIA Y MUCHOMENOSCLAUDICA EN SU LUCHAPOR LA DEFENSADELAGUA.
El pasado miércoles 3 de junio unas jóvenes norteamericanas muy interesadas en las luchas sociales costarricenses visitaron la ANEP. Estudiantes universitarias del estado de Virginia que forman parte de un programa denominado “Estudiantes por la Paz“. Ellas, junto a una intérprete y su profesor conversaron con nuestro Secretario General, Albino Vargas Barrantes, sobre diversos temas como la lucha del pueblo costarricenses contra el neoliberalismo, la lucha contra el TLC, la situación de la clase trabajadora costarricense: Libertad Sindical, salarios, condiciones de empleo, la situación de la mujer trabajadora, la cuestión ecológica y otros tópicos como libre comercio, comercio justo y producción limpia.
Estas jóvenes mujeres forman parte de una corriente de pensamiento que plantea “Una constitución para la Federación de la Tierra“. Este es un grupo de ciudadanos y de ciudadanas que abogan por la construcción de un “gobierno mundial“, con base en ideales de justicia social y en contra del neoliberalismo.
Encuentros como estos son de suma importancia para nuestro sindicato, porque se convierten en una oportunidad única de dar a conocer la corriente política y el pensamiento que rige nuestro accionar sindical. Además, sabemos que el aporte, por mínimo que sea, en el conocimiento y la formación de las nuevas generaciones, propias o de países amigos, que la ANEP pueda brindar es fundamental para formar otro mundo posible.
Vargas dijo que una propuesta que le hicieron los sectores sociales hace tres semanas para convocar a un diálogo y discutir las propuestas de salida a la crisis propuestas por diversos actores (empresarios, cámaras, sindicatos, cooperativas, etc) fue rechazado de plano por el gobierno.
Vargas es uno de los líderes del grupo de organizaciones que el 24 de abril propusieron “10 medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”, en un acto al que asistieron los pre candidatos presidenciales de las principales organizaciones políticas del país.
Luego de ello, el gobierno de Arias invitó a los líderes sociales a casa presidencial para escuchar la propuesta, pero rechazó el pedido de convocar a un diálogo nacional para buscar una salida conjunto a la crisis.
Arias ya no cree en la democracia
Vargas dijo que el problema con el presidente es que antes decía que los problemas de la democracia se resolvían con más democracia, pero que ya abandonó ese punto de vista. “Nosotros le dijimos al gobierno, somos una parte de los sectores sociales y productivos, no somos todos, por tanto no tenemos autoridad moral para arrogarnos una representatividad que no tenemos, y lo que el gobierno debería hacer, les dijimos, es llamar humildemente a un diálogo nacional, llamar a los diversos sectores y que como país se discutiera una salida a la crisis”.
“Pero, el gobierno no cree en eso, don Oscar que antes decía que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, ya dice que no piensa eso. Y autorizó, como lo cuenta don Alberto Salom, en la última conversación que tuvieron los diputados del PAC con el presidente, para que dijera que ya él (Arias) había cambiado de opinión. Ya don Oscar no cree que los problemas de la democracia se resuelve con más democracia”.
Nunca hubo grandes expectativas “En todo caso, nosotros nunca tuvimos grandes expectativas sobre la respuesta del gobierno al diálogo. Nosotros fuimos al gobierno, como a cualquier otro sector a exponer nuestro planteamiento. El gobierno no tiene ningún interés en escuchar a nadie, es verticalista. Ellos consideran que ellos tienen las soluciones”, aseguró Albino Vargas.
Vargas dijo que “con este gobierno no vemos que tomen en cuenta nuestras propuestas. Habrá que esperar el cambio de gobierno. Eso está clarísimo”.
En ese sentido destacó la reunión que sostuvieron ayer martes con el candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, para conversar sobre esas medidas que gozan de mucho interés del principal líder de la oposición.
Vargas dijo que el partido Frente Amplio también apoya las medidas, y que don Johnny Araya, pre candidato del PLN, dijo que tenía interés en reunirse con los sectores sociales.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
