Categoría: Incidencia

Don Eduardo Lizano, en un reciente artículo que le publica “Pagina Abierta” (como si el señor Lizano no tuviera espacio en La Nación) en la edición del 20 de mayo del Diario Extra, nos dice que hay que hacer el análisis de qué fue lo que aconteció y cómo fue que aconteció –refiriéndose a las políticas que él y sus infantes impulsaron en los 30 y más años que van desde la administración Monge Álvarez a la que padecemos, y que nos han conducido a esta crisis que ya se perfila como sin precedentes. Intenta persuadirnos el señor Lizano, que con ese análisis nunca llegaremos a conclusiones… Hay en esa introducción del artículo un mea culpa velado; intentando el autor desviar la atención sobre las responsabilidades que le caben, llamándola sobre una propuesta de agenda para el futuro.

Desde luego que ya habrá tiempo para hacer el análisis de las consecuencias de las políticas neoliberales, como si no las estuviera sufriendo ya la ciudadanía en carne propia; y no hay juez más imparcial y también más severo que el pueblo contando su propia historia.

El desmantelamiento del estado social costarricense para embarcarse en la aventura de la apertura neoliberal y el regreso a una economía decimonónica de mercado libre y la trasformación de la institucionalidad desarrollista que se construyó sobre la vieja institucionalidad de la oligarquía agroexportadora, promoviendo una institucionalidad favorable a los intereses del capital transnacional son los errores señalados por quienes comprendimos, en esos momentos, que una globalización basada en la desregulación y la apertura comercial indiscriminada, no solo perjudicaba al desarrollo nacional, sino que, en el marco de las condiciones económicas mundiales existentes, implicaba un enorme riesgo de colapso internacional (puede verse nuestra compilación “Crónica de un des-ajuste social”, Vicrc. Ac.Soc. UCR., 1995).

La situación actual, y nos referimos no solo a la económica que se ve afectada por la crisis internacional, sino la social e incluso la política, muestran con elocuencia los efectos dolorosos de la desatención del criterio público (como acción del Estado) del proceso de generación y acumulación de capital. Dejar a la mano invisible el mejor reparto de los recursos escasos y del excedente económico socialmente creado, es, a estas alturas del desarrollo de la acumulación de capital, un error de enormes proporciones. Y esto era evidente con solo echar un vistazo cuidadoso a la historia del capitalismo.

La concentración del capital en grandes consorcios que dominan una parte considerable de los mercados de sus productos hace ineficiente el mercado, que en el marco de su actividad teóricamente debía alcanzar la mejor combinación de recursos y necesidades para lograr el mayor bienestar posible. El control de la competencia que implica esta centralización del capital, abre paso al uso ineficiente de esos recursos y al manejo estratégico del mercado en razón al logro de mayores tasas de ganancia, en detrimento de los trabajadores y, en general, de la sociedad como un todo.

La regulación de este proceso por medio del criterio público, políticamente formado, por el contrario, crea nuevas condiciones de gobierno de los procesos productivo, de inversiones y del reparto del excedente, ya no azarosas como en el mercado libre, sino razonables con el logro de un bienestar democráticamente concebido.

Por eso es que la agenda que nos propone el señor Lizano sufre la misma deslegitimación que padecen los análisis de los economistas utilitaristas que aterran las páginas de la prensa nacional. Y que hay que corregir para elaborar propuestas más plausibles.

Si se es consecuente con la visión crítica que estamos levantando hay que hacerle, al menos, los siguientes comentarios a la agenda que nos propone:

1. El Estado de derecho es ante todo –ante todo, subrayamos– un estado de seguridad vital del ciudadano, no de las corporaciones. Las empresas son un medio para alcanzar ese estado de bienestar básico y vital del ser humano. Por eso los llamados a los “derechos de propiedad”, validez de contratos” (sic), que reclama prioritariamente el señor Lizano muestran la orientación mercantilista de su agenda.

2. El sistema político al que debemos aspirar es un sistema de representación de intereses amplio y abierto. Pero lo que no ve el señor Lizano es que un sistema que no pueda ejercer el poder para lograr los acuerdos políticos alcanzados con respecto a la mejor utilización de los recursos de una sociedad y al logro de un bienestar democráticamente diseñado, nunca podrá legitimarse.

3. El tema del rol del estado yo lo reclamaría como el rol de la empresa privada. En este punto es preciso recordar que el mejor empresario es aquel que produce más eficientemente en las condiciones establecidas por la sociedad –esto es algo que no debe olvidarse– y no aquél que establece las condiciones sociales para producir…, que es lo que ha venido imperando con la corporativización de las sociedades.

4. Con un sistema que ya no puede garantizar los equilibrios automáticos, el aumento de la productividad y el destino productivo de los excedentes ya no puede depender de la competencia. Para que sean socialmente eficaces ellas deben depender ahora de las decisiones políticamente tramitadas y de la determinación política de la parte de la ganancia que puede ser consumida por el capitalista.

5. Con respecto a la política fiscal podemos aceptar la propuesta del señor Lizano: “racionalizar las finanzas públicas –ingresos y gastos– es un tema de mucha trascendencia. Por ejemplo, consolidar los programas de las instituciones públicas en un presupuesto de inversiones públicas que cubra varios años representaría un avance significativo.” Porque –agregamos– el acrecentamiento del fondo público debilita la racionalidad capitalista y fortaleza la racionalidad pública.

6. La propuesta de reforma a la legislación sobre zonas francas –intención puntal y particular– muestra que el señor Lizano, paradójicamente, reconoce inconscientemente, la necesidad de la regulación social y política de la actividad de los negocios privados, pero se queda muy corta como propuesta de política de exportaciones.

7. Y finalmente el régimen cambiario… El señor Lizano desliza la propuesta consentida de los neoliberales, la “dolarización”; la que ya hemos denunciado como extremadamente peligrosa en varios artículos publicados en el Semanario Universidad.

De esta manera, la agenda sobre el futuro ya no puede ser elaborada con una racionalidad decimonónica, se requiere de imaginación, de soltura científica, de audacia innovadora, atributos intelectuales todos que el pensamiento neoliberal ya no puede ofrecer.

• Profesor de la Escuela de Sociología, UCR.

El primer proyecto es el de la diputada Maureen Ballestero, quien trata de interpretar auténticamente que los 125 metros son tierra adentro, dejando por fuera el cerro El Morro, el cerro Ventanas, los manglares de Ventanas, Tamarindo, San Francisco, el mar territorial, la isla Capitán e isla Verde, que hoy forman parte importante del Parque.

El segundo proyecto de ley fue presentado por el diputado Jorge. E. Sánchez, quien también elimina el cerro El Morro, el cerro Ventanas y los 75 metros de costa, que son de vital importancia como salvaguarda para el desove de las tortugas, argumentando que estas tierras pueden ser manejadas de forma privada supervisadas por la municipalidad local.

Al respecto Bosques Nuestros manifiesta que no hace falta modificar la ley de creación del Parque. Por lo tanto es un esfuerzo innecesario para los señores diputados, que deben atender muchas prioridades nacionales.

Razonamientos

1- La iniciativa por segregar el Parque mediante proyectos de ley, obedece a intereses de un muy pequeño grupo, en su mayoría extranjeros, con intereses económicos que se sobreponen a los intereses de las tortugas y de la sociedad costarricense.

2- La Ley de creación del Parque está bien definida. La Procuraduría y la Sala IV reconocieron que los 125 metros son tierra adentro. Es por ello que la Comisión de Alto Nivel que conformó el Gobierno para atender el “Caso Baulas“ recomienda que la mejor acción del Estado es continuar con los procesos de expropiación.

3- Los cuestionamientos de por qué dentro del Parque está El Morro, los manglares y los 125 metros de costa, son maliciosos. Eso ya fue justificado en su momento cuando se creó el Parque. Por el contrario, los que quieren segregar el Parque son los que deben demostrar, con estudios técnicos, por qué se debe sacar El Morro y los 75 metros de costa. Señores diputados insistan en pedir esos estudios. Ahí es donde se caerán por falta de argumentos.

4- Reducir el Parque va contra las iniciativas de conservación del gobierno, por lo que pone en entredicho a la Administración Arias.

5- La reducción de un Parque abre un portillo para que otros parques nacionales sean segregados.

6- La franja de 75 metros es una salvaguarda para el desove de las tortugas, que lo hacen después de la pleamar ordinaria (en los 50 metros de zona pública), esta franja sólo se puede proteger siendo propiedad del Estado.

¿Quién puede controlar que propietarios privados cumplan con las estrictas estipulaciones de protección de la tortuga baula?

En el documento adjunto vienen tres mapas; dos sobre los proyectos de ley, en donde se evidencia la pretensión de reducir el Parque y otro con las razones de por qué los 125 m son tierra adentro.

Movimiento Bosques Nuestros
bosquesnuestros@gmail.com

Por Alvaro Madrigal Castro

En el entorno en que se produjo, cuando la sociedad es invadida por la desconfianza, la sospecha y el pesimismo respecto a las actuaciones de los Supremos Poderes, de los partidos políticos y de los grupos de presión, esa negativa acelera más la corrosión que padece el régimen político.
La Corte Plena debió ordenar la investigación si en el ánimo de sus integrantes está la determinación de preservarla de la maledicencia. Aún más si confían en que Sosto no ha incumplido con ninguno de los deberes propios de su cargo (quien nada debe nada teme). Pero archivar la queja, es dejar en pie la percepción de que hay en medio algo que debe taparse. Precisamente ahí en el Poder Judicial, el mismo donde se anidaron años ha escandalosas muestras del tráfico de influencias capaces de liberar de la cárcel y de ablandar condenas a unos cuantos privilegiados; el mismo Poder donde se produjo la usurpación de funciones propias de la Asamblea Legislativa para materializar la reforma constitucional que le abrió las puertas a la candidatura presidencial de don Oscar Arias; el mismo órgano del Estado del que una de sus Salas constitutivas se le percibe expuesta a un alto grado de influencia de los partidos políticos, según encuesta realizada meses atrás por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica. ¿No se percatan sus miembros de que ellos también están obligados a achicar el bote inundado de aguas negras?
El juez Luis Paulino Mora Mora, más conocido en este mundo como Presidente de la Corte Suprema de Justicia, justifica el carpetazo dado a la petición de investigar las actuaciones de Sosto, al que se sumó, con el argumento de que él no es un juez ético sino de legalidad. Pero hace unos años en el Foro Corrupción e Impunidad, 18/3/97 se quejó de que al problema de la corrupción se le diera un tratamiento básicamente normativo y sermoneó que “la corrupción no es sólo un problema de la moral de las personas sino también un problema de estructuras, de sistemas organizativos que producen o facilitan los procesos de corrupción“. ¿Cómo ir a la raíz de la corrupción que mina y abate esta democracia y sus instituciones, si el juez se aferra a la rigidez de la ley y repudia ver los indicios justificativos de una investigación?.
La corrupción no siempre desafía la ley porque suele adoptar formas que no la violentan o que resultan de difícil comprobación. Pero tiene “la virtud“ de apestar. El corrupto, aunque no esté condenado por un juez, apesta. Fácil se le identifica. Y sus actuaciones hay que observarlas con la ley y con el prisma de la ética y de la ética. Estamos ante un grave problema anidado en estructuras y sistemas organizativos idóneos para producirlo o facilitarlo como lo apuntó don Luis Paulino. Debe llegársele con la ley pero a partir de la ética. Por ahí se abre paso a la investigación que precede el veredicto de legalidad o ilegalidad de la conducta cuestionada, según corresponda.

Marcelino Rivera Salazar
mrivera@ diarioextra.com
Fotos: Alberto Monge y Donald Cerdas

Los trabajadores conformaron un grupo que luchará ante el Ministerio de Trabajo. William Brenes es uno de los líderes. (Monge)
Ayer por la mañana, 220 empleados de la empresa Continental Afa Dispensing Company, en Cartago, recibieron la mala noticia de que a partir de ese momento quedaban despedidos porque la compañía cerraba operaciones en Costa Rica.

La empresa, dedicada a la fabricación de pistolas para atomizadores, cesó operaciones en el país y de la noche a la mañana dejó sin trabajo a gran cantidad de costarricenses.

Como cada mañana, los obreros se levantaron temprano para ir a trabajar. Tomaron buses y taxis para llegar a tiempo (entraban a las 6 de la mañana), pero a la hora de entrada se encontraron con los portones cerrados.

El gerente de la compañía, Danilo Serrano Pinto, les tenía la carta, en la cual les informaba del cese de operaciones.

Llanto, desesperación, cólera y preocupación se apoderaron de los trabajadores, algunos de los cuales laboraron los 20 años en los que Continental Afa estuvo en el Parque Industrial de Cartago. “Yo recibí la orden por parte de la casa matriz en Estados Unidos de informar a los empleados que por problemas financieros se cerraba la planta de Cartago, en Costa Rica, y la de San Luis, Missouri, en Estados Unidos”, declaró Serrano a DIARIO EXTRA.

El gerente confirmó que todavía está en veremos el pago de las prestaciones a los despedidos. “Fue una comunicación muy escueta la que mandaron, pero sí advirtieron que habían decidido no pagar prestaciones”, agregó.

DIFÍCIL MOMENTO

Varios de los trabajadores, que desde ayer engruesan la lista de desempleados en el país, manifestaron a DIARIO EXTRA su preocupación por el futuro económico de sus familias.

“Soy jefa de hogar, tenía 16 años de estar aquí y ahora no sé qué voy a hacer sin mi trabajito”, dijo Xinia Rodríguez.

“Llegué a la empresa desde que ésta abrió sus puertas y siempre han sido muy responsables. No es justo que ahora nos dejen botados”, indicó Luisa Trejos. Ayer mismo se formó una comisión de empleados que peleará sus derechos ante el Ministerio de Trabajo, pues considera “un robo” que se les deje de pagar la liquidación.

PRESTACIONES

Consultado sobre el tema el jefe legal de Inspección del Ministerio de Trabajo, Erick Briones, dijo que no hay impedimento legal para que los estadounidenses se opongan a pagar prestaciones.

Briones consideró que hace falta ratificar el convenio 173 del Consejo de Administración de la OIT sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia patronal, pues ello implicaría que ante la posibilidad de inversión extranjera y la puesta consecuente de generación de fuentes de empleo, se le deba garantizar al Estado el pago de los posibles créditos adeudados a los trabajadores por sus empleadores.

Añadió que ayer se llegó a un entendimiento con los trabajadores para el cobro del dinero que les corresponde. Primero se hará una valoración de los bienes materiales que posee la empresa y luego se rematarán. Con la plata de las ventas lo primero que se pagará son las prestaciones de los empleados.

En verdad es casi imposible, a partir del análisis económico, encontrar respuestas a esas interrogantes. Si recurrimos a lo que algunos gustan llamar “los fundamentos”, es decir, el desempeño real de las variables que tienen incidencia sobre la tasa cambiaria, vemos que en los últimos meses se han producido modificaciones en las tendencias, pero eso no permite entender las sacudidas violentas de los últimos días.

Era de esperar, y lo habíamos anticipado en enero cuando comentamos sobre las_ “pintas económicas”_: que el panorama macroeconómico se modificaría este año como consecuencia de factores externos y de políticas internas desacertadas que se han venido impulsando en Costa Rica.

Señalamos que el estancamiento de la economía de Estados Unidos, provocada por la crisis inmobiliaria, afectaría de manera negativa tanto nuestras exportaciones como la llegada de inversión extranjera proveniente de ese país. Ambos pronósticos se están cumpliendo. Las exportaciones redujeron su crecimiento a un 8% y el flujo de capitales en el primer trimestre se contrajo. Eso significa menores ingresos de divisas.

Además, se sabía que los aumentos en los precios de los alimentos, las alzas en los combustibles y, en general, el deterioro de los términos de intercambio, provocarían un incremento en el valor de las importaciones costarricenses, ocasionando una mayor salida de dólares.

Así las cosas, era de prever que el déficit de la balanza comercial se ampliaría considerablemente, tal y como ha ocurrido. La comparación de los datos de los primeros cinco meses de este año con los de 2007, muestran que el desequilibrio se ha duplicado, llegando a $2.255 millones.

Evidentemente el mayor desbalance comercial conlleva una reversión en la acumulación de reservas monetarias internacionales del Banco Central. Las estadísticas lo confirman. Las reservas brutas cayeron de $4.936 millones en abril de este año a $4.260 millones a la fecha.

Esos son los fundamentos. Con base en ellos era previsible que este año el dólar se moviera al alza, lo cual obligaba a introducir correcciones en el sistema cambiario para enfrentar las nuevas circunstancias y asegurar ajustes graduales. Si las bandas se habían ampliado a tal grado que permitía variaciones de hasta un 20% era indispensable reducir su holgura. Pero el Banco Central no lo hizo, a pesar de que cuando cambian las tendencia los mercados son más propicios para la especulación.

Aunque no podemos afirmar con certeza que lo ocurrido durante la semana pasada fue un episodio especulativo, que disparó el dólar generando ganancias para unos y pérdidas para otros, hasta el momento no hay otra explicación convincente. Solo los bancos comerciales y el Banco Central conocen los detalles y sería saludable que nos lo contaran, ojalá con nombres y apellidos, o al menos cédula jurídica.

Lo que preocupa ahora es la aprensión de que el régimen cambiario vigente constituye terreno fértil para que agentes económicos, con poder de mercado, actúen a su gusto e influyan cuando les plazca sobre la cotización del dólar. En esas condiciones el futuro de los costarricenses se visllumbra muy inestable.

22/07/2008