Conforme disminuye el encaje legal, mayores son las colocaciones bancarias, mayor la liquidez en la economía y mayores las presiones inflacionarias. Cuando el encaje legal aumenta sucede lo contrario.
Es por esta capacidad del encaje de afectar la cantidad de dinero en la economía que los bancos centrales elevan el encaje en períodos inflacionarios para disminuir el volumen de préstamos de los bancos mercantiles y reducir la oferta monetaria.
Una ventaja de los encajes es que no tienen un costo para el banco central, cosa que si ocurre cuando utiliza para el control monetario los bonos de estabilización, por los cuales debe pagar intereses que generan egresos para la institución.
Tomando en consideración estos elementos ¿cuál ha sido en Costa Rica la política de encaje seguida por el Central en la última década y que efectos ha tenido sobre las pérdidas acumuladas por la institución?.
Veamos la cronología. En octubre de 1999, con una inflación de dos dígitos, la autoridad monetaria decidió reducir el encaje legal. De un nivel del 15% lo recortó primero un punto porcentual, luego dos puntos y así sucesivamente.
Durante los años 2000 a 2002, aunque los precios seguían aumentando por encima del 10%, los directores del Banco Central continuaron reduciendo el encaje: 12% en marzo de 2000, 9% en mayo del 2001, 7% en setiembre de 2001, hasta llegar al 5% en febrero de 2002, donde se mantuvo hasta enero de 2003.
¿Cómo calificar esa política? ¿Cómo justificar las reducciones del encaje cuando el índice de precios era elevado y el objetivo del Central, como se nos dice insistentemente, es combatir la inflación? Y sobre todo, ¿qué repercusiones tuvo esa política en la contabilidad del ente monetario?
Evidentemente la disminución del encaje dejó mas dinero para que los bancos comerciales pudieran prestarlo y acrecentar sus ganancias. Esto se constata con el multiplicador bancario que pasó de 1,33 en octubre de 1999 y llegó al 2,06 meses después.
Pero el mayor volumen de créditos aumentó las presiones inflaciones, lo que obligó al Banco Central a utilizar mas ampliamente la venta de bonos de estabilización, por los que tenia que pagar intereses. El déficit fue incrementándose.
Resulta muy significativo que menos de dos meses después de producirse el relevo en el Banco Central, en noviembre de 2002, el nuevo jerarca modificó radicalmente la política de encaje, que comenzó a subir hasta recuperar en agosto de 2005 el nivel del 15% que había tenido anteriormente.
¿Cuánto representó, en términos de pérdidas por colocación adicional de bonos, la reducción del encaje que lo mantuvo por debajo del 15% durante casi seis años? ¿En cuanto se incrementaron las ganancias de los bancos comerciales, públicos y privados, por esa política? ¿Cuál será el monto total de la transferencia que, desde los bolsillos de los contribuyentes, se hará para cubrir las pérdidas? ¿Cómo evitar que vuelva a suceder?
Las responsables deben rendir cuentas, las instituciones están obligadas a brindar toda la información, y a los diputados les corresponde indagar sobre estos temas en la discusión del proyecto de Ley de Capitalización del Banco Central.
“La Iglesia está dispuesta a trabajar con el sector agrario, asumiendo las consecuencias que implique el compromiso por aportar a una solución a la crisis alimentaria que afecta a la familia campesina y a todo el país, comprendiendo que en otras situaciones no ha estado presente en el momento y con la determinación requerida, cuando el sector ha clamado apoyo pastoral.”
Con esa contundente orientación, la Conferencia Episcopal, reafirmó la firme decisión de la Iglesia Católica de no solo construir propuestas a la solución de la actual crisis alimentaria, sino también de “marchar” al lado de los agricultores y el pueblo costarricense.
La “Jornada Nacional por la alimentación y el derecho a la producción de alimentos”, celebrada en La Garita de Alajuela, se propuso construir, mediante un análisis serio de la situación nacional e internacional, así como de la propuesta del sector agrario, una propuesta elaborada a partir de la producción familiar campesina hacia una política nacional alimentaria para ser discutida y negociada con el gobierno.
Una crisis, diversos factores
Para los asistentes en la Jornada Nacional existen varios factores que han desencadenado la crisis alimentaria. El calentamiento global que afecta las cosechas, el alza en los precios del petróleo, la producción de biocombustibles y el alto costo de los insumos son algunos de esos factores, “sin embargo los que nos lleva al colapso actual es que los gobernantes nacionales e internacionales nos obligaron a una política de destrucción de la capacidad productiva nacional, sustituyéndola por un modelo de compra de alimentos en el extranjero”, sentenciaron en una declaratoria conjunta.
“El llamado que las organizaciones agrarias y la Iglesia ha sido exitoso por cuanto el problemas de crisis alimentaria no es un invento, no está en las nubes, sino que es real aunque no en las dimensiones de otros países como Haití, por ejemplo, pero es muy real y tenemos la seguridad de que si no lo enfrentamos con políticas directas nosotros también podríamos llegar a esos niveles”, dijo Monseñor Ángel San Casimiro y agrego que “los pequeños y medianos agricultores no han recibido ningún incentivo a la producción de alimentos, nos hemos dedicado muchísimo a fomentar una agricultura de exportación, a hablar de las exportaciones, y nos estamos quedando con dinero pero sin poder comprar porque no nos quieren vender, porque protegen sus producciones y venden caro o no venden, mientras nuestros agricultores sin poder producir”.
Seguido agregó que Costa Rica debe volver a sus raíces, debe producir lo que consumimos, debe velar por su soberanía alimentaria, “así como hablan de soberanía en temas como los de migración, entre otros, debemos incorporar la soberanía alimentaria y no depender de lo que nos quieran vender y a cuánto nos quieren vender”, dijo Moseñor.
Iglesia junto al pueblo
“Como dije en la motivación inicial de esta Jornada, me referí al texto bíblico de los Discípulos de Emaús y resalté el detalle de que Jesús se une a los dos caminantes, no va delante, ni va detrás, sino que va con ellos…esto para decir que nosotros como Iglesia queremos ir con, no delante intentando ser protagonista, tampoco detrás. Lo que buscamos es ver si es posible que con nuestro acompañamiento todos juntos, gobierno, cámaras empresariales, sindicatos, agricultores, ciudadanía, podemos encontrar el camino para enfrentar esta situación. Creo que es factible, es posible, es algo que ya Costa Rica lo logró”, dijo Monseñor Ángel San Casimiro haciendo referencia a la alianza de 1948 y en adelante.
Interesa a todos
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP, resaltó la importancia del evento que la situación que vive Costa Rica y el mundo con el precio de los combustibles y la crisis alimentaria. “La presencia de diversas organizaciones sociales es fundamental para abrir los canales de diálogo y construcción de propuestas y llegar al final de día con lo que considero, una declaración histórica por cuanto la Iglesia Católica decide aunar esfuerzos, unirse a los sectores sociales para recuperar conceptos de soberanía alimentaria, valores de democracia, producción agrícola nacional, de nuestra agricultura, volver a la producción de alimentos que nos dijeron que había que desechar para comprarla en los mercados internacionales, etc. “ dijo Barrantes.
Lo que en esta Jornada Nacional se produzca será presentado tanto a la ciudadanía como a las autoridades de gobierno a fin de que abra las puertas de un diálogo nacional. __________________________________________________________
DECLARACION FINAL Original con firmas en ARCHIVOS ADJUNTOS _______________________________________
En el marco de LA JORNADANACIONALPOR LA ALIMENTACIÓN Y EL DERECHO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, la conferencia episcopal, las organizaciones de campesinos y campesinas y otras organizaciones sociales que suscriben acuerdan dirigir al pueblo costarricense la siguiente declaración conjunta:
Desde el momento en que se han triplicado el precio de los granos básicos, existe en el mundo una crisis alimentaria.
El enorme aumento de los precios es mucho más grave para la gente pobre que dedica ya casi todos sus ingresos a comprar su comida y que no tiene recursos para pagar 3 veces más. Nosotros no compartimos la idea de que Costa Rica no padece una crisis alimentaria como en el resto del mundo.
1.- Entendemos el sector agropecuario conformado por dos tipos de agricultura a las que se les debe tratar separadamente: la agricultura de pequeños y medianos productores agrícolas, pecuarios y pesqueros; y la agricultura trasnacional. La primera: la que nos da la soberanía alimentaria, es la que nos interesa en este acto; expresada a través de asociaciones solidarias y de economía social, es conformada por la producción de alimentos para las propias familias campesinas y fundamentalmente para el mercado nacional, y cuya producción tiene como destino satisfacer las necesidades de alimentación de los habitantes del país.
2.- Esta producción campesina garantiza, empleo, ingresos, solidaridad, reserva de los valores de nuestra democracia social, la integración de la familia campesina, la cultura y la multifuncionalidad del campo y la agricultura. En suma, es el ordenamiento socio-económico que conforma lo que conocemos como la Economía Campesina, social y solidaria, garante de la “Soberanía alimentaria” , la cual, históricamente, ha mantenido en nuestra Patria la estabilidad y la paz social, que tanto nos ha permitido un grado aceptable de bienestar social.
3.- Por el contrario, la complacencia depositada por los gobiernos durante las últimas tres décadas en un modelo económico que promulga la instauración de una economía de libre mercado y la eliminación del carácter solidario del Estado, tiene, en Costa Rica, como una de sus premisas la eliminación del Sector Primario y la compra de los alimentos en el exterior. La aplicación de este modelo ha tenido como consecuencia el desmantelamiento de las instituciones del sector agropecuario, el deterioro agresivo de la economía campesina, el deterioro de la familia y su base religiosa. Proceso tal que ha promovido la migración del campo a la ciudad, concentrado la riqueza y aumentando la desigualdad social.
4.- Esta dirección de las políticas productivas que promueve el gobierno le ha impuesto un rumbo economicista a nuestra democracia social, con consecuencias de alto riesgo para la gran mayoría de la población de quedarse sin alimentos por dos razones: a) porque no hay condiciones para producir; y b) porque no tiene el dinero para comprarlos. El modelo señalado, conocido como neoliberal y que su santidad Juan Pablo II llamó “capitalismo salvaje”, entra en crisis global causada por la ligereza de resolver sus intereses los países desarrollados sin tomar en cuenta las necesidades de los países pobres como el nuestro. Esto nos enfrenta a una crisis económica que produce a su vez una desesperante inseguridad alimentaria, crisis muchas veces anunciada por las organizaciones campesinas, y que los gobiernos nunca le dieron la importancia debida.
5.- De esta crisis, desde hace varios meses, diversos organismos internacionales, han señalado sus causas y apuntado la necesidad de que nuestros países tomen todas las previsiones necesarias para poder sobrellevarla. Pero desdichadamente nuestro gobierno ha minimizado la gravedad de la situación y no ha tomado medidas serias e integrales para enfrentar esta crisis y deja la población en peligro de no tener acceso a los alimentos cotidianos por no haber en el mercado o por no tener ingresos suficientes para adquirirlos. El Gobierno abandonó el apoyo a la producción de alimentos y toma una política de ingresos y salarios decrecientes con relación al costo de la vida.
6.- La Conferencia Episcopal, los agricultores y los sectores sociales aprovechan esta Jornada Nacional por la Alimentación y el Derecho a la Producción de Alimentos, para demandar del gobierno un espacio de dialogo concertado que permita construir una estrategia de corto, mediano y largo plazo, que dé como resultado un programa integral de políticas públicas, que le garanticen a la población Seguridad Alimentaria, acceso a la tierra y financiamiento para producir, precios asequibles de los insumos agrícolas, y los ingresos necesarios para adquirir los alimentos. Es hora de que el Gobierno reconstruya la institucionalidad deteriorada por efecto de las políticas neoliberales, retomando las funciones abandonadas, todo en una política agropecuaria de Estado.
En la exposición de motivos se señala que “el déficit del Banco Central ha estado presente por más de dos décadas y su origen y persistencia están determinados, en buena medida, por operaciones realizadas en el pasado y por los crecientes requerimientos de absorción monetaria que conllevan un costo financiero para el país”.
Muchos piensan, por desconocimiento o por desinformación, que las actuales pérdidas del BCCR son resabios acumulados de la crisis económica de finales de los años 70 y principios de los 80 cuando el Central incurrió en importantes desequilibrios en razón de la política cambiaria y de las deudas que asumió de varias instituciones públicas. Esa apreciación no es correcta.
En verdad, en mayo de 1998, pocas horas antes de concluir la administración Figueres Olsen, el ministro de Hacienda de ese entonces, Francisco de Paula Gutiérrez, y el presidente del Banco Central, Rodrigo Bolaños, firmaron un acuerdo, que luego se convirtió en ley, para que el fisco asumiera las pérdidas del instituto emisor originadas durante la crisis.
En el proyecto de ley que ahora se discute se reconoce que “el Gobierno ha realizado pagos de deuda y capitalizaciones parciales al BCCR al amparo de las leyes N°7558 y N°8116”. Esos aportes, que se hicieron durante los últimos seis o siete años, han superado los ¢290 mil millones y amortizaron la casi totalidad de las obligaciones pendientes del Central a inicios de la presente década.
Resulta evidente entonces que las causas principales del abultado déficit que hoy muestra el Banco Central no se remontan a 30 años atrás ni hay que buscarlas en los diferenciales cambiarios ni en los pasivos de CODESA en los 80, sino en la política monetaria más reciente seguida por la propia institución.
Es por eso que resulta de gran importancia que los diputados revisen en forma detallada el balance de pérdidas BCCR, relacionando su desempeño con la política monetaria implementada, a fin de comprender a cabalidad la implicaciones patrimoniales que han tenido y tienen las medidas que se adoptan en la junta directiva del Banco.
Atención particular debe merecer la política seguida en cuanto al encaje legal, no solo porque afecta la liquidez global de la economía, modifica el multiplicador bancario y tienen incidencia directa sobre los precios y la inflación, sino también porque conlleva consecuencias distributivas para las entidades financieras y para el propio Banco Central por su participación en el mercado bursátil. Este tema del encaje legal lo comentaremos con mayor detalle la próxima semana.
De igual manera deben examinarse todos los aportes hechos por el gobierno al BCCR desde finales de los años 90, así como las fuentes de financiamiento de esas contribuciones, incluida la emisión de bonos fiscales y el uso de créditos externos.
Sin duda el proyecto de Ley de Capitalización del Banco Central contiene aspectos de importancia para la economía nacional y para el sector financiero que deben ser motivo de análisis y reflexión, pero también incluye otras dimensiones como la rendición de cuentas y la transparencia que ameritan atención preferencial por parte de los legisladores.
El avance de la deforestación; el crecimiento desplanificado del urbanismo; el uso descontrolado de agentes químicos venenosos; los monocultivos extensivos en función de la exportación de materias primas; la ganadería extensiva; las quemas, etc., son algunos de los factores que contribuyen al avance de los desiertos y la sequía, aún en lugares del trópico otrora verdes y lluviosos, como algunos lugares del nordeste Brasileño o, para ser más precisos geográficamente, como es el caso que vivimos en Costa Rica en los últimos meses con la persistente sequía en la región de Upala y Guatuso, que ha conducido a la muerte de numerosas reses y la pérdida de importantes cosechas, en perjuicio de un gran número de campesinos.
Gran parte de los actuales desiertos en Costa Rica tuvieron primero forma de bosque tropical primario, siempre verdes y altamente biodiversos; luego, a consecuencia de los programas de extensión agropecuaria impuestos por nuestros irresponsables gobiernos y por los organismos internacionales, adquirieron la forma de potreros o monocultivos, cuyos suelos fueron explotados durante unos años y que luego, una vez agotados, se fueron degradando por el sol o fueron arrastrados por la escorrentía o el viento. Debajo lo que quedó fue pura roca madre, infértil, en la que ni siquiera las especies de plantas pioneras tienen posibilidad de sobrevivir. Este panorama es el que observamos en al menos un cincuenta por ciento del territorio nacional, con las consecuencias ecológicas, los desastres cíclicos y el drama social que esto necesariamente acarrea todos los años desde hace cuatro décadas.
Para recuperarse de este dramático vórtice que nos arrastra hacia una tragedia de proporciones inimaginables, es absolutamente necesario el abandono inmediato de las prácticas productivas que conllevaron a la destrucción del medio: las talas indiscriminadas, muchas de ellas con permisos oficiales; el desarrollo de plantaciones extensivas, casi todas con el fin de satisfacer la demanda de países desarrollados y no la demanda local; el desarrollo de la ganadería extensiva, para satisfacer la demanda de carne de las naciones del norte. Prácticas desarrolladas sin pensar en sus consecuencias.
En fin, el modelo de desarrollo agropecuario dominante, ha generado muchas prácticas dañinas sobre el medio ambiente natural y social, debido a que no se diseñó pensando en el interés patrio ni en las demandas nacionales de seguridad y soberanía alimentarias, sino en una obsesión agroexportadora que a lo único que ha conducido es a la destrucción acelerada y generalizada de nuestra parte de la biósfera y a su desertificación.
* Especialista en manejo y conservación de recursos naturales marcotuliopicado@ gmail.com
Nota del Autor: El presente artículo no es otra cosa que un parangón del Editorial de La Nación del día 15 de junio, en el que se cuestiona fuertemente al Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. ________________________________________________________
La empobrecida democracia costarricense, cada vez más asediada por los arreglos espurios, los ímpetus autoritarios, el asalto a la institucionalidad y los objetivos continuistas del presidente Oscar Arias Sánchez y su hermano, acaba de sufrir otro serio y burdo golpe, que ensombrece aún más el futuro del país.
Esta vez se trata de una decisión que agrede, directamente, el derecho de los ciudadanos a ejercer su capacidad soberana en la decisión de los asuntos trascendentales para el país; es decir, un disparo al centro neurálgico de la democracia y el Estado de derecho.
Las víctimas directas son todos los comités patrióticos, organizaciones sociales y partidos políticos independientes que se encuentran hastiados de la corrupción, turbiedad, verticalismo e ineficiencia de Arias y la camarilla que lo acompaña, incluyendolos demás partidos políticos tradicionales.
Utilizando subterfugios totalmente espurios, el Tribunal Supremo de Elecciones, dominado por la turbia política de los Arias, resolvió desestimar la solicitud de llevar a referemdum la aprobación de las leyes UPOV, para el cual las organizaciones sociales recolectaron cientos de miles de firmas que lo respaldan. Pocos días antes, los mismos Magistrados del Tribunal eximieron de toda responsabilidad al Vicepresidente de la República Kevin Casas por su autoría del nefasto memorandum, hecho verdaderamente insólito, que la historia patria recogera en sus anales como uno de los actos de mayor agresión a nuestro sistema democrático y Estado de derecho.
Esto implica que la figura constitucional del referendum no podrá utilizarse sino cuando al presidente Arias le interese y cuando, claro está, él pueda controlar o alterar sus resultados. La medida cierra todo espacio participativo a la sociedad civil no organizada en partidos políticos, y aunque antaño la Sala Constitucional resolvió conocer sobre decisiones emanadas del órgano electoral mediante el recurso de amparo, hoy día tal cosa no es posible, además de que resultaría una acción totalmente estéril si se toma en cuenta que el Poder Judicial también adolece de las mismas ingerencias políticas de que es es víctima el Tribunal Supremo de Elecciones.
Hasta ahora, lejos de aquilatar debidamente el curso dictatorial hacia el que se encamina Costa Rica, y la posibilidad de debilitar la imágen democrática que goza el país ante la comunidad internacional, Oscar Arias se ha aferrado a la política autoritaria. Peor aún, ni siquiera ha dado la cara abiertamente. Su grave mensaje es que las vías de rectificación y entendimiento permanecen cerradas.
Mientras tanto, la frustración ciudadana crece, pero el El Gobierno tílda de extemistas de izquierda a todos los que critiquen las medidas antidemocráticas. Tal amenaza, sin embargo, no solo debe ser rechazada; lo que se impone, más aún, es una intensa presión sobre los Arias para frenar sus peligrosas tendencias dictatoriales. Entre las cartas a utilizar debe contemplarse, la acción directa de la ciudadanía para pedir la salida a los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, pues de lo contrario llegaremos al próximo proceso electoral guíados por un órgano electoral que no merece ninguna confianza lo que puede poner en peligro la paz electoral del país.
Los sectores democráticos costarricenses, activos, dignos, mayoritarios y valientes, tienen que fortalecerse con la unión y comprender que divididos no podrán ser capaces de frenar la arremetida dictatorial de los Arias, que ya se proyecta en el gobierno por otros cuatro años. Mientras tanto, los Arias seguiran preparando, junto con los partidos tradicionales y turecas, el guion del continuismo, la repartición y la incompetencia gubernamental. ¿Qué más revelador de esto último que el índice concentración de riqueza que ya muestra el país?
Hay, por todo lo anterior, razones de sobra para una enorme inquietud sobre el futuro de Costa Rica, cada vez más lejos de su pasado glorioso y más cerca de compartir un futuro con los países más desiguales de américa latina .
Una corporación, es una empresa que por su naturaleza no se dedica sólo a un área productiva, sino que tiene intereses y se desarrolla en otras; a manera de ejemplo, los supermercados forman una cadena que va desde la propia producción de alimentos en fincas con tal propósito, hasta la manufactura y venta de los mismos; en lenguaje común, es no poner todos los huevos en una misma canasta. En cualquier caso, el fin último de una corporación se resume en una palabra: lucro.
Ver el comportamiento de quienes ejercen el gobierno, de alguna manera me recuerda el de éstas mega empresas: quitan y ponen a quienes les estorben o sirvan para obtener determinados beneficios y poco les importa lo que se quede en el camino; utilizan todas las herramientas de la comunicación para maquillar sus fines, de manera que el público meta –en éste caso todos y todas nosotros y nosotras- piense que todo lo que hacen, lo hacen por el mejoramiento de la sociedad, sin decir que cuando se habla de sociedad no se refieren al país, sino a sociedades anónimas; ¿un ejemplo? ¡Paz con la naturaleza! Y acto seguido, se autoriza la minería a cielo abierto, sin importar un comino lo que se ponga por delante.
Las presiones a la SETENA, al Tribunal Ambiental y a todo aquél que crea en esa estupidez de que la decencia debe privar en nuestras acciones, son de todos los días y por todos los medios posibles; es un atraso para la economía –de algunos- que se pida el cumplimiento de regulaciones que están allí para proteger lo que es de todos y todas; se inventó la palabra “tramitología”, para cacarear que hay que quitar regulaciones y dejar que la mano del mercado –cuando conviene invisible, aunque todos y todas sepamos que no lo es- actúe sin problemas y pueda hacer lo que le venga en gana, porque no importa bosque ni aire ni playa, si para ganar más hay que talar y sembrar canchas de golf u hoteles que los ticos y ticas, vemos a la distancia, porque se nos prohíbe la entrada.
Como en toda corporación, tienen intereses en el amplio espectro del mercado: una parte, se dedica a decir sí a todo lo que sea ilegal y a decir por votación de cinco a dos, que todo se vale; otra parte, es una caja de resonancia de la casa matriz y produce las leyes a justa medida de los accionistas; para eso cuenta con 38 votos que se rompen, no por moral o ética, sino por obtener prebendas especiales, que una vez satisfechas, tienen la capacidad de acabar con campañitas facistoides financiadas por el departamento de mercadeo de la gran corporación. Y si por si acaso, nos enteramos de cómo harán para imponer sus intereses, existe un tribunal electoral que saldrá a decir, que los autores que firman el resumen de la estrategia, no cometieron delito alguno: en las corporaciones, aparte del lucro máximo, la corona del éxito es la impunidad.
Así, vemos como el cinismo llegó para quedarse: se ordena la apertura del ICE y lo que ayer se dijo que no pasaría, hoy se desdice sin vergüenza alguna: hasta tienen la cáscara de publicar una notita, en la que nos cuentan que Slim tiene interés en invertir en Costa Rica; a la fecha. Acueductos y Alcantarillados negocia con empresas —que llevan por nombre el de una animal, pero no tienen nada que ver con la fauna excepto para destruirla—la construcción de un nuevo acueducto en Sardinal y se pasa por donde mejor puede, todo trámite que dé sustento a su accionar; al reclamo de la población, miente una y otra vez y por último, el vocero principal de la corporación, sale a decir que son los comunistas los que atizan la hoguera en Sardinal, entonces, uno se pregunta: ¿Estamos ante un gobierno corporativo? ¿Estamos ante un gobierno en que privan los intereses empresariales, por encima de los de todos y todas? Ineludiblemente en mi caso, la respuesta es Sí Costa Rica.
Sr. Juan Somavía Director General OIT Ginebra, Suiza
Sr. Director General:
Con sumo asombro, malestar y preocupación ha sido recibida en Panamá la noticia de que el Sr. Martín Torrijos, Presidente de la República de Panamá, ha sido designado como orador de fondo de la 97 Conferencia Internacional de Trabajo de la OIT, que es presidida, además, por el Sr. Edwin Salamín, Ministro de Trabajo de Panamá.
Estos sentimientos, que tal información despierta en amplios sectores panameños, radican en el hecho de que tales distinciones se le brindan a un Gobierno que se le reconoce como un sistemático violador de los derechos humanos y laborales.
En menos de seis meses tres obreros de la construcción fueron vilmente asesinados: Luiyi Arguelles y A Iromi Smith, a manos de agentes de la Policía Nacional, el 16 de agosto de 2007 y el 12 de febrero del presente año, respectivamente. El compañero Osvaldo Lorenzo fue asesinado el 14 de agosto de 2007, por sicarios al servicio de la empresa Odebrecht apoyada por las autoridades de trabajo. El pueblo y los trabajadores seguimos reclamando justicia y exigiendo que estos crímenes no queden impunes.
En las jornadas de protestas que se desencadenaron luego de estos crímenes, decenas de trabajadores resultaron seriamente heridos, mucho de ellos de bala, y más de 2 mil fueron arrestados y condenados a pagar multas onerosas, sentenciados dentro de cuarteles de la Policía convertidos en tribunales amañados de justicia.
Decenas de trabajadores de la construcción mueren cada año por la insistencia de empresarios homicidas de violar las normas de salud y seguridad laboral, sin que las autoridades de trabajo tomen cartas en el asunto. Sólo en la última década se han registrado casi 200 muertos.
El Gobierno panameño viola la libertad sindical y fomenta el sindicalismo amarillo para, junto a la patronal, controlar a los trabajadores, desmejorar sus condiciones salariales y de trabajo.
En Panamá se desconoce el derecho de sindicación y huelga a miles y miles de trabajadores. Es el caso de los de los educadores y demás trabajadores de las escuelas privadas y del Ministerio de Educación, de los médicos y demás trabajadores de la salud, de la Caja de Seguro Social, de la Universidad de Panamá, de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), del sector bancario, de la Zona Libre y en general de todos los trabajadores de entidades públicas.
En Panamá se persigue a la dirigencia sindical honesta y se busca acallar las voces críticas. Para ello se montan patrañas jurídicas para fomentar el terrorismo judicial con el fin de crear las condiciones para encarcelar a dirigentes, como se pretendió hacer recientemente con el compañero Saúl Méndez, Secretario de Organización del SUNTRACS.
Cuando estas políticas de persecución y amedrentamiento fracasan, entonces se desata la represión y se promueve el sicariato para asesinar a trabajadores, como los casos denunciados anteriormente.
Sr. Somavía, el Gobierno que preside Marín Torrijos es reconocido como un Gobierno «mata obreros». La sola presencia del Sr. Martín Torrijos en esta importante conferencia y el nombramiento del Sr. Salamín para presidirla, constituyen una vergüenza para la OIT, demuestra la componenda existente entre patrones abusadores, gobiernos irresponsables y sindicalistas venales, así como pone de relieve la falta de seguimiento que brinda esta institución al proceder de los gobiernos de turno en materia laboral.
Esta triste y lamentable decisión de la OIT representa una ofensa a las viudas, hijos, madres y demás familiares de los obreros asesinados o muertos en los centros de trabajo por negligencia patronal y complicidad gubernamental.
Por ello, expresamos nuestra indignación y protesta por este acto contrario a la misión y objetivos que deben inspirar la institución de la que usted es hoy su Director General.
Atentamente,
Gabriel Castillo Secretario General CONUSI
Genaro López Secretario General SUNTRACS Coordinador FRENADESO
__________________________________________________________ Nota aparte
La seudo dirigencia obrera de CONATO se presta para esta afrenta a los obreros asesinados
Una vez más el Gobierno antiobrero de Martín Torrijos encontró respaldo en la cúpula de elementos venales de CONATO. Algunos de ellos lo acompañan en su periplo por Europa.
Así reportaron algunos medios:
Guillermo Puga, de la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá (CTRP), indicó que esta invitación es un honor para Panamá «que sigue siendo el país en mejores condiciones en el aspecto laboral que otros de la región».
Egberto Cobos, dirigente obrero de la C.N.T.P., precisó que la invitación a Torrijos tiene grandes repercusiones, porque la hacen los trabajadores, empresarios y gobiernos que se congregan en la Conferencia de la OIT para discutir las normas generales que regulan las relaciones laborales.
Norma Cano, dirigente de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá, indica que es un honor y reconocimiento a nuestro país que el presidente Torrijos dirija un mensaje al pleno de esta conferencia.
De esta manera la cúpula de CONATO agrega una hoja más en su vergonzosa historia de traiciones y oportunismo, a cambio de nuevas prebendas y canonjías. En la última reunión de CONATO con Martín Torrijos, la dirigencia de la CNTP logró nuevas instalaciones en las áreas revertidas.
Son los mismos que en 1995 pactaron en la Fundación del Trabajo las reformas de flexibilidad laboral al Código de Trabajo impuestas a sangre y fuego por el Gobierno de Pérez Balladares, que avalaron la privatización del IRHE y del INTEL, que en el 2001 aprobaron el alza del pasaje, que dieron su respaldo en el 2005 a la Ley de de la Muerte de la Caja de Seguro Social, que el año pasado aprobaron el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados unidos, y ahora brindan su apoyo al modelo privatizador de la salud que intenta imponer Martín Torrijos.
Se acomodan con todos los gobiernos, especialmente con el PRD.
Organizaciones, grupos, colectivos, movimientos y todos y todas de quienes hemos recibido apoyo solidario en función de nuestra lucha
Estimados amigos y amigas de todo el país:
El día sábado 24 de mayo tuvimos el honor de recibir en nuestra comunidad a una importante cantidad de grupos y personas que se hicieron presentes trayendo consigo, de varios sitios del país, significativos gestos de solidaridad y disposición de acompañamiento. A todos y todas un profundo agradecimiento por escuchar el llamado de nuestro pueblo.
Juntos ese día construimos democracia participativa. Consideramos que la marcha fue un éxito y se logró transmitir el mensaje en el que habíamos pensado: la defensa del agua es una lucha que concierne a cada costarricense. Porque el riesgo al cual se expone nuestra comunidad se empieza a vivir en muchos otros lugares. El curso que sigue el modelo de desarrollo vigente parece haber dejado claro que la codicia y el deterioro del medio ambiente funcionan como valores en los cuales se inspira el gobierno en virtud de su desempeño.
En cuanto al desenvolvimiento de la marcha nos pareció espléndido y no vimos, ni por asomo, ninguna muestra de mala intención o acto censurable. Por su parte, era de esperarse la respuesta de algunos medios de prensa, acompañados de declaraciones como las de Rodrigo Arias o el mismo Ricardo Sancho, los cuales salieron afirmando al día siguiente, que el movimiento de Sardinal había sido tomado o estaba intervenido por grupos o personas de “extrema izquierda“. Ese tipo de expresiones también todos y todas ya las conocemos y conocemos además su propósito que es facilitar y estimular diferencias y contradicciones dentro de los movimientos sociales. Debemos superar también el pernicioso efecto al que conducen los localismos, que se traducen en expresiones como “l_os de aquí y los de afuera_”, “l_a lucha es solo de las y los sardinaleños_”, y otras tantas que se han venido introduciendo como estrategia para ocasionar división. Debemos recordar que para este gobierno, todas y todos somos iguales solo cuando padecemos de lo mismo.
Si bien es cierto que nuestro pueblo responde a una identidad específica y se comporta en correspondencia con la misma, de lo cual estamos orgullosos y orgullosas, somos conscientes igualmente de que la lucha por la defensa del agua va más allá de nuestra comunidad. Así mismo, como sucede en una familia, lo más pertinente para llamar la atención a algún grupo o persona, por alguna situación que se consideró impropia, consiste en convocar al o los involucrados a una conversación que permita el entendimiento antes de hacer público el hecho.
Por último, nuestro movimiento no responde a ningún color político partidista, este es un tema que no se discute en reuniones porque no lo consideramos necesario de cara al objetivo que nos une. Sabemos que en esta marcha del 24 se presentaron personas de diversas inclinaciones políticas, sin embargo, no puede fortalecerse un movimiento como el nuestro excluyendo a nadie mientras no incurra en un acto evidente de irrespeto. Dichosamente nadie, según creemos, se comportó así. Sí algo puede hacernos fuertes es la razón de permanecer juntos trabajando para una Costa Rica más justa y solidaria con un medio ambiente sano y equilibrado.
Comité pro defensa del agua Sardinal 5 de junio del 2008
Soy un “ciudadano” que no podría decirse que común, porque no lo soy. Soy diferente. Sé que usted no me considera, desde su sistema de creencias, ni bueno, ni sano, ni legal, ni aceptable, ni normal, ni natural y, posiblemente, ni humano.
Lo que pretendo es simplemente expresarle algunas cosas que pienso de usted y de lo que usted ha venido haciendo en la Asamblea Legislativa. Como usted ostenta un cargo público, es sujeto del escrutinio público también. En su caso, basta ver sus obras para que mucha gente pueda decir, como se lo dijo doña Flora, da asco. Yo no pienso decirle lo mismo a usted. Usted no me da asco, me da cierta pena y si se quiere me despierta misericordia. Usted no me da asco, porque yo, a pesar de sus ideas, lo respeto. Lo que me da asco es su actuación.
Como su correo electrónico es público y lo pagamos todos los y las costarricenses, he decidido acceder al mismo para recordarle que usted es un servidor público y que usted tiene un juramento ante la Patria y ante Dios para respetar las leyes y la Constitución de este país, así como la obligación de respetar los derechos humanos sin discriminación alguna, es decir, de ningún tipo, porque cualquiera que sea, denigra. La no discriminación es un principio de los Derechos Humanos, no lo olvide.
No pretendo, al escribirle, recordarle lo que ya se sabe sobre su imagen pública: sus intentos para lograr “partidas” de 90 millones para su fundación familiar, además de lograr colocarse en posiciones de poder en el Directorio de la Asamblea Legislativa y en comisiones legislativas, desde donde usted trata de imponer sus ideas retrógradas, anticristianas y violatorias de los derechos humanos. Independientemente de la posición ante el TLC, algunas personas creemos también que usted negoció su voto por el Sí al TLC a cambio de esas cuotas de poder.
Sin embargo, ha sido evidente que su agenda no es en definitiva el TLC o el bienestar del País, no. Usted tiene su agenda y responde a otros intereses. Cualquiera podría pensar que esos intereses responden a algún pequeño grupo fascista, conservadurista, radical o fundamentalista, al mejor estilo del Ku Klux Klan. Pero no, en mi cándida imaginación algo así no tendría cabida, no en Costa Rica. ¿Verdad que no?
Sin embargo, he venido escuchando sus discursos y sorprendiéndome de sus proyectos de ley y reformas, tal como la prohibición explícita de la adopción para parejas homoparentales. Sus proyectos son regresivos en materia de derechos humanos y van en detrimento de un sector de la ciudadanía que ha sido históricamente discriminado, sin que para ello haya existido alguna vez un fundamento válido, razonable, científico, espiritual o ético. Más bien si se quiere, sus argumentos han sido los mismos que, en el pasado y en el presente, sustentan la esclavitud, el racismo, la xenofobia, la misoginia, la homofobia, etc. Más aun, me sorprende que usted, para oponerse al proyecto de ley que reconoce las uniones civiles y de hecho entre personas del mismo sexo, defienda la institución del matrimonio como si siempre hubiese existido incólume. No hace mucho tiempo, personas como usted se negaban a aceptar los matrimonios inter-raciales (por decirlo de alguna manera) o entre personas de distintas religiones. Y ya ve usted. ¿Qué pasó con la institución del matrimonio? ¿Será por eso que casi la mitad de los matrimonios terminan en divorcios? ¡No!
Usted no me da asco, porque como individuo posiblemente tendrá sus bondades y por eso puede haber gente que lo quiera. Usted no me da asco, porque como persona tiene su mente que lo podría ayudar a no tener una negación de sí mismo y de su entorno. Usted no me da asco, porque como ser humano usted tiene que reconocerse y reconocer a los demás con los mismos derechos que los suyos aunque sean diferentes a usted. Entienda que lo contrario a la igualdad es la desigualdad, no la diferencia.
Yo lo respeto como ser humano que es y lo respetaría aún más como persona e individuo si rectifica, ese sería el acto más noble que usted podría hacer. Aún está a tiempo. Escuche su consciencia y sabrá qué es lo que tiene que hacer. De lo contrario, no sea hipócrita. Cuando salga a la prensa reconozca que usted es homofóbico, al mejor estilo de los regímenes fascistas, fundamentalistas o fanáticos que existen y han existido lamentablemente en la historia. No se niegue a sí mismo, si ese fuera el caso. Analícese, eso sí, de donde viene ese odio y rechazo que siente y que proyecta hacia personas como yo. Quizá se sorprenda.
Juan Carlos Paniagua Soto 9-059-863 Costarricense sin ejercicio pleno de la ciudadanía
Se nos invita a una Asamblea Municipal abierta en febrero en el Salón Comunal que había sido solicitada por la comunidad con el fin de interpelar a la Municipalidad para que de explicaciones sobre el acueducto en construcción.
El pueblo veían que se estaba montando y se perforaban pozos algunos a la línea del río pero se encontraba totalmente al margen del asunto. Fue en esta Asamblea que nos enteramos de la complejidad el conflicto que se venía encima.
A raíz de esta reunión empiezan a aparecer los actores. Aparece un señor de apellido Sauter representando a los 22 empresarios fideicomisarios, aparece el señor Cantillo, —alcalde de Filadelfia-, Mauren Ballesteros y Ricardo Sancho dando explicaciones. Sancho explica a los vecinos los beneficios que van a obtener por el acueducto y a la vez pide disculpas por no haberles avisado antes y por haber empezado la construcción a espaldas de el pueblo. De todo esto hay videos.
Decían que la infraestructura de acueducto que se les debía desde hace años era parte de esta estructura que se estaba construyendo.
No contaban con que para ese momento la gente del pueblo había contratado una asesoría legal para el análisis del documento que se firmó entre el AyA y los promotores de viviendas en la costa.
El abogado contratado explica en la Asamblea que el contrato adolece de una serie de vicios y nulidades: no se pidieron los permisos, no se hicieron los estudios adecuados y que en letra pequeña dice que quien va a administrar el recurso hídrico, determinar a quien le venden pajas de agua y cuanto cobrarán por ella serán los promotores de vivienda de la costa que, además, lo podrán hacer de forma discrecional.
La gente se empieza a encafinar y lo que exigen al Alcalde es que mande a parar las obras y que la Contraloría General de la República se involucre. Cantillo, el Alcalde, pregunta si hay posibilidades de que las obras se detengan. Sauter, uno de los promotores de vivienda –entre los cuales está el Grupo Mapache-, dice que eso no es posible.
En ese momento mandaron a desalojar la Sala, enviaron un montón de policías y Sancho salió escoltado de esa Asamblea. A partir de ahí queda clarísimo cómo se empieza a polarizar el conflicto.
Le piden a la Comunidad que negocie pero la comunidad no entiende qué negociar. No hicieron ningún estudio. Ahora, después de muchas presiones y que el asunto se salió del comal en que lo tenían cocinado, salió Ricardo Sancho con un estudio del 2004, cuando la misma gente del Setena se había presentado antes a la comunidad diciéndoles que no existía ningún estudio y que para hacer uno del manto acuífero y aprobar un proyecto de esta envergadura, tenían que haber hecho un estudio longitudinal. Todo esto se los había explicado una hidrogeóloga y el señor del Setena al pueblo.
Este mismo señor sale después, hace unas semanas, diciendo que si existen los estudios. Evidentemente hay muchísimas presiones.
Es necesario llamar la atención del térmno “desarrollistas” o “desarrolladores” que se refiere más bien a la explotación pura y dura. Ahí no hay desarrollo, son promotores de vivienda, de complejos turísticos. Si hablamos de desarrollistas nos montamos sobre el mismo discurso que ellos tienen y que ha sido utilizado en las frases más trilladas que ya no convencen a la gente, como que “al progreso nadie lo detiene” o que “el desarrollo es bueno para todos”, etc.
Es increíble la respuesta de la gente. Se trata de un pueblo que tiene un rezago social tremendo. Problemas de alcoholismo, desempleo altísimo, problemas sociales críticos. Es un pueblo que refleja el abandono del Estado.
A uno le sorprende como, a pesar de ésto, rápidamete y a golpe el pueblo va entendiendo cuál es la verdadera Costa Rica y al servicio de quien están las autoridades y lo comprenden con una lucidez tremenda.
De igual forma hemos visto escenas que a uno le asustan ante la posibilidad de que no se puedan contener cuando la gente está tan acosada por los antimotines, cuando empieza a circular la verdad y hay momentos en los que entran en juego todo el resto de malestares sociales del pueblo. Hay mucho enojo que perfectamente podría no ser bien canalizado y que la prensa aprovecha, además, para desvirtuar la lucha. Es uno de los aspectos más críticos.
La prensa y los antimotines azuzan y empiezan a exacerbar localismos para tratar de dividir y entonces la prensa da a entender que son la gente que viene de San José la inconforme y a tratar de dividir al Movimiento.
No obstante lo anterior, hasta ahora la gente del pueblo se ha mantenido unida y con una claridad que sorprende porque no ha sido un pueblo de lucha. Aunque hubo algunos dirigentes del Movimiento del No valiosos, no se habían involucrado en la organización que se gestó a raíz de ese Movimiento en otros lugares. Ahora si.
Sin embargo, la lucha es difícil, se encuentra en un momento crítico y necesitamos de todo el apoyo.
Fuente: Comités Patrióticos Relato de Peggy Quesada a la compañera Dora Araya, Abangares
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
