Categoría: Incidencia

*Punto Final

Fueron esenciales para preparar el clima del golpe militar de Brasil en 1964, cuando con excepción del diario Ultima Hora, cerrado por la dictadura militar, toda la prensa privada brasileña pidió el derrocamiento del gobierno elegido democráticamente, convocando a las FF.AA. a instaurar la dictadura militar que victimizó al pueblo durante más de dos décadas.

Actualmente, los grandes grupos oligárquicos que dominan la prensa del continente vuelven a desempeñar ese papel. Las diversas elecciones latinoamericanas han tenido en común a un monolítico frente mediático contrario a los candidatos que se oponen a las oligarquías: Lula, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, López Obrador enfrentaron ese bloque opositor. Probablemente Kirchner deberá encarar el mismo problema.

Es un bloque que constituye un frente continental, solidario en la defensa de sus intereses corporativos que chocan frontalmente con la construcción de democracias en el continente. Nunca tendremos democracias sin que exista un proceso democrático de construcción de opinión pública que sea transparente, pluralista, público.

Uno de los instrumentos de la dictadura mediática privada es la apropiación monopólica del espectro radioeléctrico, un bien limitado de carácter público. Actualmente el 80 por ciento de los canales de televisión abierta y de las emisoras de radio en Venezuela pertenecen al sector privado, cuyas opciones políticas son ampliamente minoritarias en el país, conforme lo demuestran las elecciones certificadas en cuanto a su corrección por todos los organismos internacionales presentes en las votaciones que reeligieron a Hugo Chávez para la presidencia del país.

De 709 radios, 706 pertenecen a empresas privadas y 3 a entidades estatales.

De los 81 canales de televisión, 2 son estatales 79 privados. En cuanto a los diarios, de los cuales 12 tienen carácter nacional y 106 son regionales,todos son privados.

El gobierno ha terminado el contrato de concesión de uno de los principales representantes de la oligarquía privada de los medios venezolanos Radio Caracas Televisión que participó activamente en el golpe militar de abril de 2002 apoyado por el gobierno de Estados Unidos y por diversos medios brasileños y de otros países, frustrado por la decidida acción popular. En reunión con el efímero jefe del gobierno golpista, Pedro Carmona, los magnates de los medios privados, entre ellos Marcel Granier propietario de RCTV, le dijeron que “podían garantizar el apoyo de los medios”.

Un apoyo que fue mucho más que eso: ese medio privado fue un gran incitador del golpe, dio toda su cobertura al derrocamiento del gobierno legítimamente elegido por el pueblo, dio amplia cobertura a la reunión de los golpistas en el palacio presidencial y suspendió cualquier cobertura, que sustituyó con dibujos animados norteamericanos, a la entrada del pueblo en escena para restituir al presidente que había elegido democráticamente.

Siguiendo la misma orientación de informar sólo lo que a ellos les interesa y de la manera como les interesa, los medios de prensa brasileños anunciaron una supuesta gran marcha de la oposición venezolana para el 19 de mayo pasado. La manifestación fue un fracaso. Los propios órganos de la oposición venezolana que la convocaron, y que vaticinaron cientos de miles y hasta un millón de manifestantes, tuvieron que limitarse esta vez a hablar de “decenas de miles”. Como fue un fracaso, los medios brasileños no volvieron a mencionar la manifestación, a pesar de que varios de ellos tienen corresponsales en Caracas.

El gobierno venezolano no actuó inmediatamente después del fracasado golpe de 2002. Esperó cinco años, hasta que terminara la concesión de RCTV para no renovarla, sustituyendo a ese canal por una TV pública que comenzó sus transmisiones a las cero horas del 28 de mayo, con el nombre de TVes, Televisora Venezolana Social.

Con esto avanza en el pluralismo; se debilita la dictadura de los monopolios privados de la comunicación: al contrario de lo que sostienen en cada uno de los países las expresiones nacionales de ese oligopolio que, como siempre, reflejan la realidad cabeza abajo, cuando se afecta directamente su posición monopólica.

• Fuente: Rebelión

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=51680

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La verdad sobre RCTV (lo que nadie dice)

Las maniobras de la OEA y Washington hacia Caracas

Salim Lamrani*
« Thread Started on May 31, 2007, 9:45am »

En abril de 2007, tras las presiones de Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) decidió abrir una investigación a Venezuela por “atentado a la libertad de expresión”. La CIDH se refiere a las agresiones de las que habrían sido víctimas algunos periodistas de los canales de televisión golpistas RCTV y Globovisión, durante el golpe de Estado —que por otra parte apoyaron— contra el presidente Hugo Chávez en abril de 2002. Cinco años después de los hechos, la Comisión consideró súbitamente que las demandas eran admisibles. [1]

La CIDH guardó un asombroso silencio después del golpe del 11 de abril de 2002 en el que varias personas fueron salvajemente asesinadas. En vez de pronunciarse sobre las masivas violaciones de los derechos humanos que siguieron al golpe de estado que derrocó a Chávez durante 48 horas, prefirió dar crédito a las denuncias que presentó la oposición, responsable de la ruptura del orden constitucional. En realidad, el timing (momento oportuno) de este procedimiento, con motivaciones politiqueras, está íntimamente ligado a la decisión del gobierno venezolano de no renovar la concesión audiovisual a RCTV, que finalizará el 27 de mayo de 2007.

El presidente Chávez no tardó en reaccionar para denunciar la hipocresía de la CIDH que, según él, no dispone de ninguna autoridad moral “para emitir cualquier juicio referente a asuntos constitucionales de Venezuela […], pues apoyó descaradamente con su silencio la violación de derechos humanos durante el golpe de Estado de abril de 2002”. También criticó la falta de independencia de la Comisión, cuyas instrucciones “obedecen a los intereses de la administración Bush”. “¿Cómo van a venir a opinar con propiedad, cuando no se pronunciaron ante los hechos inconstitucionales e inmorales del golpe de Estado?”, cuestionó. [2]

Desgraciadamente la posición sesgada de la CIDH muestra hasta qué punto depende de la influencia de la Casa Blanca. En efecto, es sorprendente ver a esta Comisión de la OEA acusar a las autoridades venezolanas de algunas agresiones esporádicas de las que fueron víctimas algunos profesionales de los medios privados, cuando se ha negado siempre a condenar el cierre de la cadena pública Canal 8 que orquestaron los golpistas en abril de 2002 y las violencias que siguieron. Mediante esta acción con el timing dudoso, la CIDH se presta a la campaña hostil contra el gobierno bolivariano y acaba de perder la poca credibilidad que le quedaba.

El asunto RCTV

La decisión del gobierno venezolano de no renovarle la concesión a RCTV es una acción perfectamente legal, ya que el espectro de las ondas hertzianas pertenece al estado. Además, la población, que todavía tiene en la memoria la participación activa de este canal en los sangrientos eventos de abril de 2002, respaldó ampliamente esta posición. Numerosos observadores se han asombrado del hecho de que los cuatro principales canales de información privados Univisión, Globovisión, RCVT y Televen, todos cómplices del golpe de Estado que dirigió Washington, no se hayan nacionalizado.

Efectuando un flagrante acto de ingerencia en los asuntos internos de un país vecino, el Senado chileno aprobó una resolución exigiendo a su presidenta, Michelle Bachelet, que protestara contra la no renovación de la concesión de RCTV ante la OEA. El acuerdo suscrito por 18 votos contra 6 denuncia “la trasgresión de la libertad de pensamiento y de expresión”, sin mencionar de ninguna forma la implicación del canal en los acontecimientos de 2002. La adopción de ese texto por un senado dominado por una mayoría de derecha es poco sorprendente, según el presidente Chávez: “Se trata de la misma derecha que aplaudió el golpe de estado” de 2002, “esa extrema derecha que nos odia”. [3] Este virulento intercambio suscitó algunas tensiones entre las dos naciones. [4]

Jesse Chacón, Ministro del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática, explicó que la no renovación de la concesión a RCTV era un hecho natural e inexorable. En efecto, conforme a los artículos 1 y 4 del Reglamento sobre las Concesiones para Televisoras y Radiodifusoras, el acuerdo que se firmó el 27 de mayo de 1987 con RCTV por una duración de 20 años finaliza el 27 de mayo de 2007. El espacio radioeléctrico que ocupa actualmente RCTV se destinará a un nuevo canal público, conforme al artículo 108 de la Constitución que estipula que el estado “garantizará servicios públicos de radio y televisión y redes de bibliotecas e informática, con el fin de proporcionar el acceso universal a la información”. [5]

Chacón insiste precisamente en el hecho de que no se trata de una decisión política: “Si se tratara de una decisión política, el 14, 15 ó 16 de abril [de 2002] aquí se habría abierto un procedimiento administrativo y se habrían cerrado todos los canales de televisión, pues los venezolanos sabemos cómo participaron activamente en el golpe de Estado del 11 de abril”. El ministro subrayó que los tiempos habían cambiado desde 1987 y que ahora se daba prioridad al servicio público de información. [6]

RCTV, además de su participación en el golpe de 2002, es el canal de televisión que ha sido más sancionado en la historia de Venezuela. Desde su creación en noviembre de 1953, las autoridades sancionaron por lo menos seis veces a este medio privado. En 1976, bajo el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, RCTV fue cerrado durante tres días por violar la ley sobre los programas televisivos. En 1980, el gobierno de Luis Herrera Campins también decretó un cierre de 36 horas por las mismas razones. En 1981, RCTV fue cerrado también durante 24 horas por divulgar escenas de carácter pornográfico. Bajo el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, RCTV fue sancionado durante un día por difundir propaganda comercial a favor del consumo de tabaco. En 1991, el Tribunal Supremo de Justicia prohibió un programa no conforme a la legislación. Por fin, en 2002, bajo el gobierno de Chávez, RCTV fue condenado a una severa multa por acuerdo ilícito con otros canales de televisión y violación de las reglas de competencia. [7]

El presidente Chávez reafirmó que la decisión que se tomó en cuanto a RCTV era irrevocable. Ahora, el segundo canal del país se utilizará “en beneficio de la nación y no contra la dignidad de los venezolanos”. [8]

Hostilidad creciente de Washington

El líder venezolano acusó también al gobierno de Estados Unidos de estimular a la oposición interna con vistas a desestabilizar el país. Un informe reciente del Departamento de Estado acusaba a Chávez, quien obtuvo cerca de 12 victorias electorales democráticas sucesivas desde 1998, de representar una “amenaza para la democracia venezolana”. La administración Bush, que ha intentado varias veces derrocar al presidente bolivariano, no aprecia las políticas independientes de Venezuela y sus éxitos sociales que instalan un peligroso precedente en el continente. Ha demostrado claramente que piensa deshacerse del hombre más popular de América Latina. [9]

Animados por las declaraciones de Washington, los sectores extremistas de la oposición venezolana no tardaron en reaccionar. El 26 de abril de 2007, una nueva bomba explotaba cerca de la embajada de Bolivia en Caracas, ocasionado importantes daños materiales, y llevando a once el número de atentados terroristas que se han cometido en los últimos meses. Varias personas fueron arrestadas entre ellas dos abogados, Luis Alberto Rodríguez y Diana Carolina Mora Herrera, quienes colocaron los explosivos. [10]

Estados Unidos jamás ha descartado un eventual asesinato del presidente Hugo Chávez. Desde su elección, su seguridad personal se ha reforzado extraordinariamente y los servicios de inteligencia desbarataron varios planes de atentados. Washington, que acaba de liberar al Bin Laden latinoamericano, Luis Posada Carriles, un terrorista responsable de 73 asesinatos, entre otros, ha lanzado una señal clara a Caracas. La eliminación física de Hugo Chávez está en el orden del día. [11]

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• Salim Lamrani es escritor, profesor e investigador francés y está especializado en las relaciones de Cuba y Estados Unidos. Colabora habitualmente en Rebelión. La traducción al español es suya y ha sido revisada por Caty R., de los colectivos de Rebelión, Tlaxcala y Cubadebate.

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[1] Gerardo Reyes, «Comisión de la OEA demanda a Venezuela», El Nuevo Herald, 27 de abril de 2007.

[2] Agencia Bolivariana de Noticias, «CIDH está imposibilitada moralmente para emitir juicio sobre Venezuela», 27 de abril de 2007.

[3] El Nuevo Herald, «El Senado chileno protesta por cierre de Radio Caracas», 13 de abril de 2007.

[4] Associated Press, «Gobierno chileno rechaza críticas de Chávez», 13 de abril de 2007.

[5] Agencia Bolivariana de Noticias, «Decisión de no renovar concesión a RCTV es un hecho natural e inexorable», 29 de marzo de 2007.

[6] Agencia Bolivariana de Noticias, «Cierre de RCTV no responde a una decisión política», 29 de marzo de 2007.

[7] Agencia Bolivariana de Noticias, «RCTV ha sido el canal más sancionado en Venezuela», 29 de marzo de 2007.

[8] Agencia Bolivariana de Noticias, « Presidente Chávez: Quedan pocos días al canal de la oligarquía apátrida», 1 de mayo de 2007.

[9] Associated Press, «Chávez acusa a EEUU de estimular conspiraciones en Venezuela», 12 de abril de 2007.

[10] Associated Press, «Detienen abogada por atentado a embajada en Caracas», 27 de abril de 2007.

[11] Associated Press, «Chávez acusa a EEUU de nuevo complot en su contra», 1 de mayo de 2007; Agencia Bolivariana de Noticias, «Presidente Chávez denuncia reactivación de planes de magnicidio», 1 de mayo de 2007.

Por: (ABN)
Fecha de publicación: 22/05/07

Caracas, 21 May. ABN.- El grupo espera entrevistarse con distintas organizaciones sociales y medios de prensa de ese país para impedir que se le otorgue asilo político a Henry López Sisco, autor intelectual de la muerte de 9 personas en la zona de La Vaca, estado Yaracuy, el 8 de mayo de 1986.

Eduardo Sánchez Rojas, quien forma parte de la delegación que viajará a la nación costarricense, indicó: «El objetivo de nuestra acción es impedir que se le dé asilo a un asesino que está implicado en la muerte de nuestros familiares».

De acuerdo con lo explicado por Rojas, durante el programa En confianza, transmitido este lunes por Venezolana de Televisión (VTV), una de las principales causas que motivó la acción de los familiares de las víctimas de Yumare, es la errónea matriz de opinión que se está creando en los medios de comunicación de Costa Rica.

«En varios medios importantes de Costa Rica se está presentando a López Sisco como un perseguido político que está escapando de las supuestas represalias que quiere ejecutar el actual Gobierno venezolano por su presunta implicación en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, pero lo que los medios ese país no conocen el amplio prontuario criminal de López Sisco», expresó.

Asimismo, aseguró que altos funcionarios del Gobierno costarricense se han sumado a la campaña de mentiras que se teje sobre la solicitud de asilo que hizo Henry López Sisco, «el ministro de Relaciones Interiores declaró recientemente que el asilo a López Sisco debe ser considerado pues está siendo objeto de persecución».

El 17 de mayo el Ministerio Público imputó a tres ex funcionarios de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), por su presunta responsabilidad en los homicidios de nueve personas, en la masacre de Yumare.

El fiscal 2° de Yaracuy, Miguel Gómez, imputó a Freddy Alí Grangger, Eugenio Creasola Armas y a Cesáreo Soto Muñoz, por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado, simulación de hecho punible, privación ilegítima de libertad, violación de domicilio, abuso de autoridad, falso testimonio, falsedad de actos y documentos; y uso indebido de arma de guerra.

Para el momento de los hechos, Grangger se desempeñaba como subinspector adscrito a la División de Explosivos. Creasola era inspector jefe adscrito a la Brigada General de Intervenciones. Ambos dependían de la División General de Operaciones de la Disip, departamento que era comandado por Henry López Sisco.

Con estas tres nuevas imputaciones, suman un total de 16 personas vinculadas presuntamente vinculadas con los homicidios de Luis Guzmán, José Silva, Ronald Morao, Dilia Rojas, Simón Romero, Pedro Jiménez, Rafael Quevedo, Nelson Castellanos y Alfredo Caicedo.

López Sisco también dirigió la masacre de Cantaura, cometida el 4 de octubre de 1982; la masacre del Amparo, ocurrido el 29 de octubre de 1988. Fungió como asesor de seguridad del gobernador del estado Zulia y ex candidato presidencial opositor, Manuel Rosales.

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LA MASACRE

Un posible juicio para Lusinchi y López Sisco

Admitida la querella por homicidio contra los asesinos de la Masacre de Yumare

Treinta y Ocho (38) ex funcionarios de la Disip, hoy jubilados y retirados, junto a ocho (8) ex altos funcionarios del gobierno del partido político Acción Democrática en la década de los 80’ son los querellados en el caso

Hoy 13 de junio de 2006, 20 años después, el Juzgado 6º de Control del Estado Yaracuy, admitió la querella interpuesta por los familiares de los asesinados en la población de Yumare, contra los presuntos criminales agentes de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) en el gobierno de Jaime Lusinchi.

Los delitos son: homicidio calificado, simulación de hecho punible, privación Ilegitima de la libertad, violación del domicilio, abuso de autoridad, falso testimonio, falsedad en los actos y documentos y uso indebido de armas de guerra. Dichos delitos son imprescriptibles porque constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos y de Lesa Humanidad, perpetrados contra las victimas Luís Rafael Guzmán Green, José Rosendo Silva Medina, Ronald José Morao Salgado, Dilia Antonia Rojas, Simón José Romero Madrid, Pedro Pablo Jiménez García, Rafael Ramón Quevedo Infante, Nelson Martín Castellano Díaz Y Alfredo Caicedo, quienes formaban parte del grupo político “Corriente Histórica Social”. Estas victimas fueron privadas de su libertad, torturadas y asesinadas, todos con tiros de gracia en la cabeza.

Los querellados son, por una parte, treinta y ocho ex funcionarios de la Disip, hoy jubilados y retirados: Henry Rafael Lopez Sisco, Norberto Antonio Rebanales, Alirio Rebanales, Julio Vicente Renot, Oswaldo Ramos Oviedo, Raul Fernandez Leon, Anibal Jose Adan Quero, Willian Mauricio Prado Sifontes, Freddy Ali Grangger Perez, Eugenio Rafael Creazzola Armas, Roger Eugenio Contreras Boyer, Bernam Jose Vega, Rafael Rojas, Bergenis Beraciarte, Simón Enrique Albarran, Nelson Duran, Julio Cesar Salazar Martínez, Ramón Audilio Duque Guerrero, Rafael Álvarez, Pedro Antonio Ramírez Prieto, Oswaldo Antonio Barico, German Gustavo Justino Lamoglia Mendoza, Ignacio Castillo, Rogelio Manuel Díaz Pérez, Jesús Rafael Weir, Luis Ortiz, Valmore Méndez, Cesareo Soto Muñoz, Ramón Rovaina, Francisco Oropeza, Reinaldo Rondón, Blas González, Luís Bartolini, Diony Coronado, Olmedo González, Elionay Juárez Castillo, Domingo Heriberto Núñez Pérez, Alberto Ochoa.

De la misma manera, siete funcionarios del alto gobierno del año 1986: Jaime Lusinchi, quien fungía como presidente de la República de Venezuela; Octavio Lepage, Ministro de Relaciones Interiores para el entonces; el Vicealmirante de la Armada, Andrés Eduardo Brito Martínez, quien ejercía el cargo de Ministro de la Defensa; Remberto Uzcategui, Director de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip); Pedro García, Mayor del Ejercito, quien ejercía el cargo de Fiscal Militar; Porfirio Antonio Varela, quien pertenecía a la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención; el Teniente Coronel (Ej) Pedro Celestino Silvio Pérez, quien era Comandante del BIJAP-71 y Comandante de la Guarnición del Estado Yaracuy; y, por último, Mauro Yánez Pasarella, Sub Director del Policía Técnica Judicial (PTJ).

MASACRE DE YUMARE

Resumen de los hechos.

El 08.05.86 fueron asesinadas por un comando de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) nueve (9) personas, en la zona La Vaca, Barlovento, cercano a la población de Yumare, del Distrito Bolívar, en el estado Yaracuy. Las autoridades policiales indicaron que se trató de un “enfrentamiento armado de un grupo de la Disip, con un grupo guerrillero (…) con el saldo de nueve guerrilleros muertos y un funcionario de la Disip herido (Henry López Sisco)”. Sin embargo, testigos afirman que esas personas fueron detenidas, torturadas y, posteriormente, ejecutadas – les colocaron ropas militares encima de su ropa civil- por funcionarios de ese organismo policial. Indicaron que los mismos eran luchadores sociales y promotores del ideal bolivariano. Los ciudadanos presuntamente ejecutados extrajudicialmente fueron: Rafael Ramón Quevedo Infante, Ronald José Morao Salgado, Nelsón Martín Castellano Díaz, Dilia Antonia Rojas, Luis Rafael Guzmán Green, José Rosendo Silva Medina, Pedro Pablo Jimenes García, Simón José Romero Madriz y Alfredo Caicedo Castillo.

Este hecho, también fue investigado por el Congreso de la República con la denominación de la “masacre de Yumare”.

Expediente Caso Yumare

Trascripción del Voto salvado del entonces Teniente Coronel Aviación, Germán Rafael Blasco Acevedo, canciller del Consejo Permanente de Guerra, en donde se exponen argumentos que apuntan a señalar que, en Yumare, la Disip cometió una masacre.

Yo, Teniente Coronel Aviación, Germán Rafael Blasco Acevedo como Canciller del Consejo de Guerra Permanente de Maracay, en uso de la facultad que me confiere el Artículo 143 del Código de Justicia Militar, salvo mi voto en cuanto al fallo precedente por no compartir la opinión de dos otros dignos Magistrados de este Tribunal Colegiado.

Sustento mi opinión en el criterio en base a que, si bien es cierto que quedó suficientemente probado en autos la comisión del delito militar de REBELIÓN, previsto y sancionado en el Ordinal 2do. Del artículo 486 del Código de Justicia Militar, y que, por una parte, habiendo fallecido en el encuentro armado el grupo de ciudadanos incursos en la referida infracción penal, mientras que por la otra fue imposible identificar y detener hasta la fecha a los otros presuntos ciudadanos participantes del encuentro, es procedente terminar la averiguación sumarial en consideración a lo previsto en el Ordinal 4to. del artículo 206 del Código de Enjuiciamiento Criminal; no memos cierto es que habiendo fallecido nueve (9) ciudadanos a manos de funcionarios que no forman parte de las FUERZAS ARMADAS, sino de la DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y PREVENCIÓN, cuya función principal es la prevención del delito, antes que la represión armada; y que en el expediente surgen elementos de juicio contradictorios con las declaraciones de los funcionarios de dicho organismo policial que dan a entrever que los hechos por ellos narrados no son del todo ajustados a la verdad de lo sucedido y que aparentemente hubo excesos durante la comisión del servicio que tenían asignado; considero procedente que la sentencia debió incluir la remisión de este expediente a la jurisdicción penal ordinaria para que proceda al conocimiento y sustanciación de las verdaderas circunstancias en las cuales fallecieron los ciudadanos plenamente identificados en autos, si hubo o no la comisión de delito, y en caso de haberlo, determinar quienes fueron los responsables y la sanción correspondiente, si fuese procedente; por cuanto no corresponde a la jurisdicción militar el conocimiento de dichos hechos.

Sustento mi opinión en los siguientes elementos de juicio, que se desprenden de las actas sumariales incertas (SIC) del presente expediente:

Argumentan todos los funcionarios que participaron en el presunto encuentro armado que desplazándose por un lugar boscoso, fueron objeto de una emboscada por parte de los ciudadanos fallecidos. Pero, conforme a lo que se evidencia en las fotografías que cursan en el folio 5 al 13, se observa que la zona donde todos los ciudadanos murieron está poblada de vegetación baja, tipo pasto, grama y maleza, todos de muy corta altura, característicos de terrenos despejados, de gran iluminación.

Asimismo se observa que es un terreno plano, sin obstáculos o árboles que permitiesen el ocultamiento de personas, poniendo en duda la afirmación de la presunta emboscada.

En el folio 14, cursa fotografía de una zona boscosa, donde según el funcionario inspector, fue el lugar donde ocurrieron los acontecimientos; pero sostengo el criterio que el mismo no se corresponde con el lugar donde fallecieron los ciudadanos, por la evidente contradicción claramente visible; ya que se constata que existe un significativo contraste con el tipo de vegetación e iluminación reinante en el lugar donde quedaron los cadáveres.

Sorprende la efectividad, precisión y cantidad de los impactos en los cuerpo (SIC) de las víctimas, particularmente en la cabeza y tórax de todos los presuntos agresores, por parte de los funcionarios policiales que fueron presuntamente emboscados; no habiendo baja masiva, sino dos (2) heridos por parte de los funcionarios policiales, lo que igualmente sorprende ya que la ventaja de una emboscada y la protección defensiva previa a la misma en una zona boscosa por parte de los agresores, establecería que las consecuencias para los funcionarios policiales fueses (SIC) con gran certeza desastrosas.

Es extraño que, de acuerdo a lo que se desprende de las experticias practicadas a los morrales y a su contenido, que portaban los ciudadanos fallecidos, los mismos no presentaban perforaciones ni daños por proyectiles ni esquirlas, siendo que de acuerdo con las autopsias practicadas, varias de las víctimas habían presentado orificios en la región dorsal.

Difícilmente es aceptable que quien efectúa una emboscada lo haga con un morral en las espaldas, cuyo peso y volumen le dificultaría sus movimientos.

En el folio 5 se observa un cadáver agarrando un arma de guerra, pero es extraño que el portafusil esté sobre su hombro, lo que parece ilógico de aceptar en una persona que previamente ha asumido una posición de ventaja para una emboscada.

Igualmente no son contundente las conclusiones de la experticia practicada al conjunto de guanteletes de parafina presuntamente tomados a los occisos, por cuanto difícilmente, de acuerdo a consulta telefónica efectuada con un funcionario de la Policía Técnica Judicial de Maracay, un arma larga dejaría siempre restos de ión nitrato en ambas manos; y que de cualquier manera, la experticia sólo establecía la existencia de dicho ión, más no de que exista restos de pólvora que permitan establecer definitivamente que la persona hizo uso de algún arma.

No habiéndose practicado una inspección ocular por parte de ninguno de los Jueces que tuvieron conocimiento de los hechos, sólo se tienen las fotografías existentes en autos, así como las declaraciones de los funcionarios que participaron en el encuentro, y las de los instructores que levantaron las actas existentes en este expediente; y en ninguna parte del expediente se observa, evidencia o refiere la existencia de casquillos o conchas de proyectiles de cartuchos disparados alrededor de las víctimas, lo que es lógico de observar en ese tipo de enfrentamiento, sobre todo si se está emboscado y en posición de ataque; y considerando que se alega que el enfrentamiento duró como diez (10) minutos.

Por las razones anteriormente expuestas, conciente de la autonomía de criterio que como Juez me da la Ley, al diferir con la decisión de los otros dos ilustres magistrados de este Consejo de Guerra es que he procedido a salvar mi voto en los términos que los he hecho.

AUTOR: CIRCULO BOLIVARIANO 17 DE MARZO
13-06-2006

LA CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES CUT – ANTIOQUIA,
EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA MINERA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – “SINTRAMINEROS”
Y LA ESCUELA NACIONAL SINDICAL – ENS

DENUNCIAN PUBLICAMENTE

Ante los diferentes organismos, redes y movimientos de derechos humanos, así como ante las instancias y autoridades civiles y judiciales a nivel nacional e internacional

El peligro de muerte que actualmente corren 220 trabajadores del proyecto minero de la cuenca del Sinifaná en el municipio de Amagá – Antioquia, por las pésimas condiciones seguridad de la mina a raíz de su abandono por parte de los antiguos propietarios de la empresa Industrial Hullera S.A. “COLTEJER, FABRICATO Y CEMENTOS ARGOS” y por la negligencia estatal en la intervención de la situación, lo que ya ha generado accidentes de trabajo y amenaza con desencadenar en cualquier momento, una catástrofe colectiva que cobre igual numero de vidas.

El proyecto minero de la cuenca del Sinifaná en el municipio de Amagá es fuente de ingresos para más de 300 familias de la región, y genera más de mil empleos entre directos e indirectos, además de pertenecer a todo un sistema subterráneo que es parte del ecosistema de esta zona de Antioquia, por lo que su colapso, aparte del alto numero de vidas que cobraría, amenaza con dejar igual numero de familias desprotegidas, personas desempleadas, desestabilizar la economía local y generar daños ambientales irreparables.

En la misma forma se denuncia la situación de desprotección social de estos trabajadores, que muchos, habiendo laborado desde hace varias décadas al servicio de esa empresa, en proceso de liquidación desde hace nueve años y hoy con el nombre de Mineros Unidos S.A. no tienen acceso a atención medica en salud, cubrimiento de riesgos profesionales ni reconocimiento pensional por parte del Sistema General de Seguridad Social. Esto a causa del no pago de los aportes en seguridad social de sus antiguos propietarios, así como de la negligencia del Instituto del Seguro Social y del Ministerio de Protección Social para exigir el cumplimiento y pago de esta carga prestacional y parafiscal.

Hoy, muchos trabajadores de la mina que legalmente deberían estar pensionados siguen laborando, además enfermos por las condiciones de trabajo y con alto riesgo de perecer por falta de herramientas y condiciones de seguridad minera industrial, junto al resto de trabajadores en igual condición de desprotección social, siendo este uno de los trabajos más peligrosos del mundo.

Por otro lado, a la displicencia de las antiguas propietarias de la mina para culminar el proceso de liquidación de la empresa Industrial Hullera, se suma el exorbitante pasivo financiero que deja a Mineros Unidos S.A. y que la incapacita para asumir las millonarias acreencias laborales y prestacionales que se adeudan a los trabajadores por su causa, impidiendo su operación normal y el sostenimiento de su productividad, situación a la que se suma:

a. La actual ausencia de voluntad del Instituto del Seguro Social – ISS para aplicar las medidas administrativas y jurídicas conducentes a reconocer, a costa de “COLTEJER, FABRICATO Y CEMENTOS ARGOS” las pensiones de los trabajadores con ese derecho, así como el acceso a salud y cubrimiento de riesgos profesionales para todos los trabajadores.

b. La falta de voluntad del Ministerio de Protección Social para exigir condiciones seguras y dignas de trabajo a los mismos.

c. La displicencia del Ministerio del Medio Ambiente para tomar cartas frente a los eventuales daños ambientales generados por el colapso de la mina.

d. La ausencia de control y vigilancia del Ministerio Público frente al caso.

e. Y el ya histórico incumplimiento de las muchas promesas y compromisos que durante años han adquirido el gobierno nacional y los empresarios con estos trabajadores, situación que no solo evidencia la tradicional aversión antilaboral que enmarca muchas acciones del sector industrial y gubernamental colombiano, sino que pone al descubierto la falta de un política minera nacional que abogue por la defensa de los recursos del subsuelo como bien público para la generación de empleo, el crecimiento económico equitativo y el desarrollo social integral.

Por todo lo anterior, demandamos de las diferentes autoridades nacionales e internacionales, del orden administrativo, político y judicial, que según su competencia:

PRIMERO: Implementen las medidas necesarias para proteger los derechos del trabajo y en el trabajo de los trabajadores del proyecto minero de la Cuenca del Sinifaná, en el municipio de Amagá –Antioquia.

SEGUNDO: Se tomen las medidas administrativas y jurídicas necesarias por parte del Ministerio de Protección Social y el Instituto del Seguro Social, para garantizar a los trabajadores la protección de sus derechos fundamentales a la vida, la igualdad, el trato digno, la atención en salud, el reconocimiento pensional y el cubrimiento de riesgos profesionales para los trabajadores activos, desde el reconocimiento de su vinculación al Sistema General de Seguridad Social.

TERCERO: Se garanticen en la misma forma, condiciones de salud ocupacional, seguridad y protección industrial para los trabajadores activos de la mina, en el marco de la aplicación de las normas nacionales, convenios, conceptos y observaciones de la OIT y la OMS sobre la materia.

CUARTO: Se investigue y sancione por parte de la Fiscalía General de la Nación, del Ministerio Público y con el seguimiento de la Defensoría del Pueblo, las responsabilidades existentes desde el sector público y privado, frente a las omisiones y negligencia que han generado este riesgo de tragedia humanitaria que a la fecha ya ha cobrado varias victimas por accidente de trabajo.

QUINTO: Convocar a los grupos económicos – ARGOS, FABRICATO Y COLTEJER- para que asuman su responsabilidad social y económica, aportando los recursos del pasivo actuarial de Industrial Hullera, pues en el pasado se beneficiaron económicamente de la zona, y ahora no pueden abandonarla dejando una tragedia social, y mucho mas cuando desde la cúpula de éstos grupos económicos se habla de la Responsabilidad Social Empresarial como una de sus políticas prioritarias

Por lo que solicitamos a redes y organizaciones sociales y no gubernamentales a nivel nacional e internacional, pronunciarse sobre esto ante:

1. Dr. Álvaro Uribe Vélez, Presidencia de la República
Cra. 8 No..7-26, Palacio de Nariño, Bogotá, D.C.Fax: (+57 1) 566.20.71
E-mail: auribe@presidencia.gov.co

2. Dr. Francisco Santos Vicepresidencia de la República
E-mail: fsantos@presidencia.gov.co

3. Dr. Camilo Ospina Bernal, Ministro de Defensa Nacional
El Dorado con Carrera. 52 CAN, Bogotá, D.C. Fax: (+57 1)222.18.74
E-mail: siden@mindefensa.gov.co , infprotocol@mindefensa.gov.co , mdn@cable.net.co

4. Dr. Edgardo José Maya Villazón, Procuraduría General de la Nación Carrera 5 No. 15-80 Bogotá, D.C. Fax: (+57 1)342.97.23
E-mail: reygon@procuraduria.gov.co

5. Dr. Carlos Franco, Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario.
Calle 7 N° 5-54 TEL: (+571) 336.03.11 FAX: (+57 1) 337.46.67 E-
mail: cefranco@presidencia.gov.co ; E-mail: fibarra@presidencia.gov.co

6. Dr. Mario Iguarán, Fiscal General de la Nación
Diagonal 22 B No.52-01 Bogotá, D.C. Fax: (+571) 570 20 00
E-mail: contacto@fiscalia.gov.co ; denuncie@fiscalia.gov.co

7. Unidad de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación.
E – mail: elbsilva@fiscalia.gov.co

8. Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensoría del Pueblo
Calle 55 No. 10-32 Bogotá, D.C. Fax: (+571) 640 04 91
E-mail: secretaria_privada@hotmail.com

9. Dr Carmén Rosa Villa, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Calle 114 No. 9-45 Torre B Oficina 1101. Edificio Teleport Bussines Park. Bogotá, D.C. Teléfono PBX (57-1) 629 3636 Fax (57-1) 629 3637
E-mail: oacnudh@hchr.org.co

10. Doctor Diego Palacio Betancur – Ministerio de Protección Social
Carrera 12 numero 33 -76, Bogotá D.C. Fax (57 -1) 3305050
e-mail quejasyreclamos@minproteccionsocial.gov.co

11. Doctor Gilberto Quinche Toro – Instituto de Seguros Sociales ISS, Carrera 10 No. 64-28, 3436420/4895008(07) Bogotá D.C.
participacionciudadana@iss.gov.co

12. Doctor José Renán Trujillo – Superintendencia Nacional de Salud., Carrera 13 numero 32 – 76, pisos 6, 7, 8 y 9, Bogotá D.C.

13. Doctor Jairo Rubio Escobar – Superintendencia Nacional de Industria y Comercio, Carrera 13 Numero 27 – 00, Edificio Bochita, Pisos 10, 7, 5, 2 y 6 Bogotá D.C. Teléfono: (571)382 08 90

14. Doctor Hernán Martínez Torres – Ministerio de Minas y Energía
Avenida el Dorado CAN – Centro Administrativo Nacional Bogotá D.C.
Tel (5 1) 324 52 62 Fax: (5 1) 324 52 07
minas.energia@minminas.gov.co

Y a las Juntas Directivas de las Empresas
COLTEJER, FABRICATO – TEJICONDOR Y CEMENTOS ARGOS

Con copia al correo dirdefensaderechos@ens.org.co

San José, 30 de abril de 2007.
S.G. 05-07-1284-07

Doctor
Oscar Arias Sánchez
Presidente de la República

Licenciado
Rodrigo Arias Sánchez
Ministro de la Presidencia

Licenciado
Francisco Morales Hernández
Ministro de Trabajo y Seguridad Social

Licenciado
Guillermo Zúñiga Chávez
Ministro de Hacienda

Consejo de Gobierno de la República
Presente

Asunto: Planteamiento salarial de la ANEP al Gobierno de la República, con ocasión del incremento salarial para el Sector Público del segundo semestre del 2007.

Respetables señores:

1- Al cumplirse el primer año de la Administración Arias Sánchez, y al acercarse la fijación salarial correspondiente al segundo semestre del presente año 2007 (la tercera en el actual período gubernamental), para determinar la cuantía del reajuste en los salarios de la clase trabajadora del Sector Público; la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con vehemencia expresa a ustedes, con respeto, las siguientes consideraciones fundamentales, en demanda de verdadera justicia en este campo, considerando que nos asiste la suficiente legitimidad, real y formal, para formular este planteamiento.

2- El Gobierno de la República es completamente responsable del respeto absoluto a la Constitución Política de Costa Rica; y en el ámbito de la justicia salarial, por si lo han olvidado, es imprescindible que sus autoridades tengan presente lo que señala nuestra carta magna al respecto:

Artículo 50.- “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”.

Artículo 51.- La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado…”

Artículo 56.- El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada…”

Artículo 57.- Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna…”.

3- De la misma manera, el Artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su punto 3:_ “Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana…”_

4- La senda de la concentración de la riqueza y el crecimiento de la desigualdad sigue sin variación en el gobierno actual. Los datos son abundantes en este sentido y las fuentes de estudio que los sustentan, son incuestionables.

5- Los trabajadores y las trabajadoras al servicio del Estado y que laboran para distintos tipos de entidades del Sector Público, que aplican el sistema salarial de la Dirección General de Servicio Civil, se encuentran entre los segmentos más empobrecidos por esa política de injusta distribución de la riqueza, la cual tiene en la restricción salarial de los últimos años, una dolorosa expresión. Similar situación enfrentan otros segmentos laborales de la Administración Pública, en cuyas instituciones, los salarios son apenas ligeramente superiores a los del Servicio Civil.

6- Nos parece de enorme relevancia que se analicen los datos contenidos en el siguiente cuadro, pues muestran, muy crudamente, cuál ha sido el balance salarial de las personas trabajadoras del Sector Público, en las cuatro últimas administraciones antecesoras de la presente, todas las cuales (junto a la actual), han tenido la misma orientación ideológica en materia económica: la neoliberal. Veamos:

SECTOR PÚBLICO: MOVIMIENTOS SALARIALES 1990-2006
Recuadro en ARCHIVOS ADJUNTOS

7- Por esta circunstancia, son ya varios miles de servidores públicos quienes están cada vez más cerca de la línea de pobreza. Los propios datos oficiales sobre pobreza salarial, que a veces generan desconfianza, dan cuenta de que entre los años 2004 y 2006, los salarios reales cayeron un 4.8 %., pues no lograron equipararse con la inflación. Se constata que la producción crece, que hay récords en reservas e inversión, pero los salarios caen.

8- Es más, pareciera que esa desconfianza en las cifras oficiales tiene un sólido fundamento. Veamos este ejemplo. En el principal periódico de la oligarquía neoliberal, La Nación, se indicó, el 8 de julio de 2006, que el “_Banco Central subestimó crecimiento económico del 2005. Aumento del PIB del 2005 fue del 5,9 % y no del 4,1 % previsto”_. ¿Quién ganó y quién perdió con este “error”?… Es obvio que las personas asalariadas no fueron las ganadoras.

9- Sin duda alguna, el deterioro salarial tiene una gran responsabilidad en la pérdida de lugares que el país ha experimentado, en el Índice de Desarrollo Humanos (IDH), del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Según los últimos registros de este indicador, dados a conocer a finales del año 2006, Costa Rica cayó a la posición 48, procedente de la 41. “Los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres”, según titular de una información periodística de La Prensa Libre, del 31 de marzo de 2006, no podía resumir mejor la situación salarial de la clase trabajadora costarricense.

10- El presente gobierno, de manera reiterada, viene informando de una sensible mejora en la recaudación fiscal, producto de decisiones más enérgicas al respecto de parte del Ministerio de Hacienda. Sin que los esfuerzos en tal campo sean todavía lo estratégicamente suficientes en tal sentido, vamos a reconocer, porque es justo, que hay cambios importantes que no podemos negar.

11- Es en este marco, en consecuencia, que no se pueden esgrimir nuevamente, argumentos fiscalistas obsoletos o de escasez de recursos, para fijar un nuevo reajuste salarial, indigno, insuficiente y restrictivo. Veamos algunos de los más connotados titulares periodísticos sobre una mejora de la situación de las finanzas públicas, en lo que va de la presente administración, según lo consigna el medio de comunicación oficialista, La Nación (excepto en la última mención de esta parte):

• En información aparecida el 22 de junio del 2006, leemos: “50.000 millones más que en el 2005. Ingresos del Gobierno crecen un 9 % en primeros cinco meses”.
• El 29 de julio de 2006, leemos: “Cambios sucedieron en año y medio. Gobierno alarga plazos y reduce tasas de interés de la deuda. Deuda pública que vence entre 1 y 5 años pasó de 34 % a 39 %. Tasas de interés a corto plazo bajaron 3 puntos y las de largo plazo 4 puntos”.
• El 19 de agosto del 2006, leemos: “Variación con respecto a igual período del 2005. Déficit fiscal bajó un 50 % en primeros siete meses. En un año, la recaudación total creció un 8.5 % y los gastos, un 6.7 %. Superávit primario aumentó un 14 % al mes pasado debido a mayores ingresos”.
• El 31 de agosto de ese mismo año 2006, leemos lo siguiente: “Estimación de Contraloría para presupuesto 2007. Gobierno contará con más dinero de impuestos en el 2007. Recaudación estimada crecería un 18 % por encima de la inflación”.
• Más adelante, el 21 de octubre de 2006, se indicó lo siguiente: “Flujo de Caja del Ministerio de Hacienda. Déficit fiscal del Gobierno Central baja más de un 30 %. Ingresos entre enero y setiembre aumentaron 10 % con respecto al 2005. Faltante fiscal es 11 % de la recaudación; hace tres años era 38 %”.
• El 24 de noviembre del 2006, se dice: “Flujo de caja del Ministerio de Hacienda. Déficit fiscal cae en un 63 %. Ingresos subieron un 21 % en los últimos tres años y los gastos, un 4.65 %. El superávit primario aumentó un 193 % de octubre del 2003 al mes pasado”.
• El 9 de diciembre del 2006, se lee: “Sistema TICA influyó. Recaudación de impuestos será mayor a la prevista”.
• El jueves 21 de diciembre de 2006, leemos: “Impuestos rebasarán estimación de Contraloría. Finanzas públicas cerrarán con mejor resultado en 13 años. Déficit del Gobierno Central será el menor desde 1993. Ingresos menos gastos sin intereses, superará 2 % del PIB, el histórico más alto”.
• El 19 de febrero del 2007, leemos: “Carga tributaria subió dos puntos en seis años. Recaudación de impuestos rebasa crecimiento económico”.
• El 21 de febrero de 2007, leemos: “País con mitad del déficit del 2006. Gobierno inicia año con bonanza financiera. Recaudación real de impuestos creció 31 % respecto a enero del 2006. Brecha entre ingresos y gastos tiende a cerrarse en el mediano plazo”.
• El 9 de diciembre de 2006, otro medio de comunicación, “La Prensa Libre”, permitió leer lo siguiente: “Datos oficiales de Hacienda a setiembre pasado. Recaudación de impuestos sube un 84 % con respecto a 2005”. El 21 de febrero de 2007, este mismo medio consigna que “Ingresos aumentaron más de 40 % en enero”.

12- Probablemente, esto motivó al propio Presidente de la República y Premio Nóbel de la Paz, para indicar en una reciente cadena de televisión, concretamente la del domingo 19 de marzo de 2007, que la producción crece a un ritmo del 8%, que se goza de record en reservas (2,741 millones de dólares, a abril de 2006); y que la inversión extranjera directa llega a la suma de los mil millones de dólares. Pero de la distribución… nada.

13- En consecuencia, y según los datos analizados, contamos con un país en pleno crecimiento y en franca bonaza fiscal, de tal suerte que el Gobierno anunció la capitalización del Banco Central de Costa Rica (85 mil millones de colones para el 2007), cancelándole parte de su endeudamiento; una decisión altamente cuestionable que obliga a una franca y abierta discusión, de lo que representa para el pueblo costarricense semejante orgía financiera, como parte sustancial de ese sostenido proceso de concentración de la riqueza y crecimiento de la desigualdad.

14- Es impresionante, aunque no sorprendente, que a la par de tanta bonanza fiscal y crecimiento económico, los salarios reales y sociales de los trabajadores y de las trabajadoras se encuentren en franco deterioro. Y más aún, es inconcebible que un gobierno de un Premio Nóbel de la Paz, se haya negado hasta ahora, a discutir con real voluntad política, cómo compartir la riqueza producida, justa y equitativamente, entre todas las fuerzas que participamos de ese proceso de producción. Si ahora esto va a cambiar, saludamos la decisión.

15- Ahora bien, parte esencial de esta nueva discusión, sin en verdad la misma ha de ser seria, profunda, productiva y respetuosa, debe considerar el análisis de la siguiente documentación.

16- “Informe del estudio efectuado en la Administración de Grandes Contribuyentes de la Dirección General de Tributación”, emitido por el Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera, de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, de la Contraloría General de la República. Informe No. DFOE-SAF-03-2007, de 13 de febrero de 2007.

En este documento y según lo consigna el mencionado diario de la oligarquía, “algunos contribuyentes, señala la Contraloría, reportan un impuesto sobre la renta bajo en el período 2005-2006, pese a que muestran importes cuantiosos de activos netos y de renta… Otros no declaran renta y otros incluso reportan pérdidas”. Al respecto, dos informaciones de la prensa oligárquica que apoya al actual gobierno nos llaman a la reflexión:

17- En El Financiero, edición No. 557, 20-26 de marzo de 2006, leemos en su página principal: “Grupos financieros: Ganancias crecen más que el negocio. Negocio creció un 9 % real, pero las utilidades un 22 %”. Datos para el 2005. El martes 20 de enero del 2007, en La Nación (pág. 22A) leemos: “Monto acumulado de 1999 al 2005. Bancos adeudan c. 80.000 millones por impuesto de renta”. “Curiosamente”, esta gigantesca cantidad, 80.000 millones de colones, es prácticamente igual a la que se le ha dado, recientemente, al Banco Central de Costa Rica, 85.000 millones de colones, para que sufrague sus deudas, según dineros que le giró el Ministerio de Hacienda.

18- Otro documento que se debe considerar, es el que expresa la posición oficial del Movimiento Sindical Costarricense sobre el tema salarial del Sector Público, “Elementos para una Política Salarial”, emitida en oficio fechado el 20 de julio de 2006, dirigido al Lic. Francisco Morales Hernández, Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Es sumamente importante que indiquemos, nuevamente, los contenidos de esta posición, elaborada con el sustancial aporte del colega sindicalista don Rodrigo Aguilar Arce.

• Política salarial como eje de revaloración de la función pública y como factor dignificador de los servidores y servidoras del Sector Público.
• La política salarial: un instrumento para el fortalecimiento de la inversión social.
• La política salarial del Sector Público como instrumento para la redistribución del ingreso.
• El mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios: La proyección de la inflación conocida como inflación adelantada; reconocimiento de la inflación acumulada; y un ajuste por inflación adelantada; la indexación salarial.
• La recuperación del poder de compra de los salarios.
• La redefinición del sistema de los salarios.
• Reformas al sistema de incentivos salariales: Escala de anualidades; rompimiento del tope de la escala de anualidades (Expediente Legislativo No. 16.190); revisión a los porcentajes de la escala de anualidades; Dedicación Exclusiva y Prohibición; Carrera Profesional; zonajes; viáticos; incentivos por productividad.
• Otros elementos: Disponibilidad; reconocimiento a jubilados; reducción del impuesto al salario; riesgos y otros.

19- Un tercer documento a tener en mano se denomina “Reconocimiento de la inflación futura en la fijación de Salarios Mínimos: Propuesta Metodológica”; documento elaborado por Héctor Acosta Jirón, del Comité Gerencial de Bienes y Sistemas de Información y Conocimiento (Cogesin), del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; según ejemplar en manos de ANEP.

20- No vamos a ampliar los contenidos expresados en el presente documento, haciendo la relación entre salarios, reajustes y costo de vida, pues es más que obvio, dramáticamente obvio, la enorme dificultad que enfrentan las familias trabajadoras asalariadas, para el diario vivir.

21- El personal del Ministerio de Salud y de programas tan vitales como el CEN-CINAI; la Fuerza Pública; la Policía Penitenciaria y el personal de las cárceles; el personal de Migración y Extranjería; la Policía de Tránsito; el personal de las diversas instituciones que atienden la pobreza y la exclusión social en sus diversas expresiones (IMAS, PANI, IAFA, CNREE y otras); quienes se desempeñan en ministerios como el MOPT, MINAE, MAG; los ministerios de Hacienda y de Trabajo y Seguridad Social, tan directamente involucrados en este proceso; todo el sector que se conjunta alrededor del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes; el ICODER, la Imprenta Nacional, Dinadeco y el SINART; el importante sector laboral de la Educación Pública; constituyen (entre otros con igual situación), grandes conglomerados laborales que aspiran a una justa reivindicación salarial que alivie su crítica situación socioeconómica. Aspiración que también está presente en otros colectivos laborales con sistemas salariales tan paupérrimos como los del Servicio Civil: por ejemplo, el INAMU, el A y A y grandes segmentos laborales de la CCSS.

22- Finalmente, la ANEP deja constancia por esta vía, de la más amplia y franca demanda para que abordemos, como indicamos líneas arriba, un proceso de discusión profundo sobre el tema de la concentración de la riqueza, el crecimiento de la desigualdad, la precariedad salarial y la necesidad de una reformulación estratégica de la política de salarios para la clase trabajadora del Sector Público.

Respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

C.c. Trabajadoras y trabajadores del Sector Público.
C.c. Monseñor José Francisco Ulloa Rojas, Presidente, Conferencia Episcopal de Costa Rica.
C.c. Dra. Lisbeth Quesada Tristán, Defensora de los Habitantes de la República.
C.c. Central Social Juanito Mora Porras.
C.c. Movimiento Sindical Costarricense.
C.c. Sr. Rodrigo Aguilar Arce, Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN).
C.c. Proyecto Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible.
C.c. Junta Directiva Nacional de ANEP.
C.c. Consejo Consultivo Nacional de la ANEP.
C.c. Medios de Comunicación Colectiva.
C.c. Archivo.

III FORO INTER SINDICAL SOBRE DIVERSIDAD Y GENERO
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El desarrollo de productos comunicacionales sin discriminación de ninguna índole, es necesario para el reconocimiento de la diversidad que compone a nuestro país, productos libres de homofobia, lesbofobia, sexismo, racismo, xenofobia y otras formas de discriminación, son cada vez más necesarios, en un mundo donde el pensamiento hegemónico pretende ser la única alternativa de vida. El reconocimiento de otras formas de convivencia, de identidad, de género, de orientación sexual contribuyen a esa otra Costa Rica posible, donde el respeto, la igualdad, la no discriminación, y la vigencia de los derechos humanos sean principios rectores de la convivencia, sean principios que se transmiten en los productos comunicaciones que se desarrollan en los medios formales y alternativos.

En vísperas de que Costa Rica inaugure una nueva experiencia de inclusión ciudadana, queremos manifestar, que esta, se suma a la serie de propuestas societales que la comunidad de gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros del país han venido presentando y sosteniendo a fin de que se garanticen nuestros derechos.

No es casualidad que hoy 20 años después de la primera acción politica que marcó un hito histórico para la comunidad GLBT, cuando se logró detener la brutal persecución policial, acción que pretendía generar operativos de limpieza y de prevención del VIH/SIDA con represión policial, estemos celebrando con un programa de radio, como un regalo para toda la sociedad, y en especial para la comunidad de gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros.

Queremos reconocer con esta iniciativa a los gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros que han dado su aporte a la construcción del Movimiento GLBT en Costa Rica.

Bajo la frecuencia 960 AM, y en Internet en la dirección: http://online.radiodignidad.org Diversidad saldrá al aire todos los jueves de las 10 a las 11 de la mañana, manteniendo dentro de su programación un espacio de opinión del contexto nacional, noticias nacionales e internacionales, espacio lésbico, entrevistas y cultura (música, cine, poesía, arte, novelas). Esta es una oportunidad para dar a conocer los aportes que gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros hace a la comunidad nacional e internacional, es una oportunidad para mantener nuestra voz en alto, ejemplarizando esas manifestación que nos caracteriza a los seres humanos, la diversidad.

Agradecimiento especial a La Avispa, Bochinche, Mario Lizano y Alfonso Chase por su contribución en la salida al aire.

Abelardo Araya
Presidente del Movimiento Diversidad

Diversidad:
diversidad@ice.co.cr
Apartado postal: 479-1000 San José, Costa Rica
Tel: 256-64-08 / 388-49-36