Categoría: Incidencia

Doctor
Abel Pacheco de la Espriella
Presidente de la República
Casa Presidencial
Su Despacho

Señor Presidente:

Posiblemente, por los medios de comunicación colectiva, su Gobierno se ha enterado de los criminales y antihumanos actos realizados por el Ejercito de Los Estados Unidos de América contra el pueblo iraquí, el cual se resiste a la ilegal ocupación de su territorio por fuerzas extranjeras.

Ocupación que, lamentablemente, fue apoyada por su Gobierno en contra del abrumador criterio del pueblo costarricense en contra de las guerras. Ahora, por los crímenes denunciados por la prensa internacional, además de ilegal e ilegítima, tal ocupación se torna grotesca, humillante y antihumana.

A nuestro criterio, y sobre todo apegándonos a los principios democráticos y pacifistas que forman parte de la cultura integral del ser costarricense, le solicitamos, una vez más a su Gobierno, sacar a nuestro país de esa lista de la vergüenza, esa lista ignominiosa que se ufanó de pisotear el Derecho Internacional.

No nos explicamos, ni logramos entender cómo su Gobierno insiste en apoyar una ocupación militar ilegal; la cual con sus actos de desprecio absoluto por la integridad y las creencias de otras culturas, denigra, humilla y atropella la dignidad no solamente del pueblo árabe, sino la dignidad de todo ser que se precie de respetar los más elementales derechos humanos.

¿Será este apoyo (inexplicable para la mayoría ciudadana de nuestro país), debido a los recursos recibidos que financian al “estado paralelo” y que provienen, entre otras fuentes, de las fundaciones FUCE y CRUSA; recursos que financian, según denuncias de los medios de comunicación nacional, jugosos salarios de funcionarios de su Administración, incluyendo, según tales informaciones a una de sus hijas y una hermana del señor Ministro de la Presidencia?…

En todo caso, Sr. Presiente, consideramos que el apoyo a esta guerra ilegal y humillante para la dignidad del pueblo árabe y de toda la humanidad, no tiene explicación ni precio. Le rogamos, por tanto, señor Presidente, sáquenos de la lista de la vergüenza, retire el apoyo de su Gobierno a esta guerra ilegítima y criminal.

Para finalizar, señor Presidente, y por aquello de que su ocupada autoridad no haya podido informarse o leer lo que está pasando en esta guerra ilegítima y criminal, le adjuntamos un par de copias de un diario de la prensa nacional, donde usted podrá leer, al menos un poquito, y quizá prestarle algo de atención a lo que manifestamos en esta nota.

Sin más, nos suscribimos, respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

——
c.:Lic. Roberto Tovar Faja, Ministro de Relaciones Exteriores.
c.:Lic. Ricardo Toledo Carranza, Ministro de la Presidencia.
c.:Jefes y jefas de Fracción Parlamentaria, Asamblea Legislativa.
c.:Medios de Comunicación Colectiva.
c.:Junta Directiva Nacional ANEP.
c.:Archivo.

A LA HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA
A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ante la trascendencia que reviste para el futuro de la institucionalidad democrática costarricense, la elección de la persona que deberá ocupar el estratégico cargo de Contralor General de la República; ha considerado necesario plantear de manera pública, franca y respetuosa, las siguientes consideraciones a las cuales debería referirse el Lic. Luis Fernando Vargas Benavides, en sus pretensiones de ocupar tal cargo, nuevamente; consideraciones que surgen a partir de ciertas situaciones desarrolladas durante su gestión en el cargo durante su período en tal entidad.

Primero: “Libro Blanco”. La Contraloría General de la República realizó la publicación del denominado “Libro Blanco”, sobre el régimen tributario costarricense. Presuntamente, ese proceso investigativo y analítico generó contrataciones al margen del régimen de prohibiciones establecidas en los procesos de la contratación administrativa. Por otra parte, su alto costo económico generó bastante polémica, así como la participación como consultor en el mismo, del hijo del entonces Presidente de la República, Dr. Miguel Angel Rodríguez Echeverría. Sobre tal proceder, la Asamblea Legislativa aprobó un voto de censura al Lic. Luis Fernando Vargas Benavides. único Contralor en la historia que ha recibido una sanción de tal naturaleza.

Segundo: Gastos de Representación. Cuando la presente Asamblea Legislativa cuestionó, fuertemente, los presupuestos por concepto de gastos de representación de los más altos cargos del Estado, reduciéndolos a cantidades bastante bajas con relación a lo que por tal concepto se venía reconociendo; tenemos entendido que en la Contraloría General de la República, se habría burlado el espíritu del legislador al efecto y las sumas que se pagaban por tal concepto, fueron adicionados al salario base del puesto de Contralor y de Subcontralor; aduciendo que esos gastos de representación ya formaban parte del salario de tales puestos. A lo mejor las argumentaciones legales daban sustento para ello; sin embargo, desde el punto de vista de los valores inherentes a la cosa pública en los actuales momentos, pareciera que proceder como se hizo, si así en realidad fue, no sería lo correcto.

Tercero: Proceso de Reestructuración. Es conveniente que la opinión pública tenga noción completa de la naturaleza del proceso de reestructuración aplicado a la Contraloría General de la República, durante el mandato que acaba de concluir. Los montos pagados a las entidades consultoras, así como las erogaciones por concepto de pago de prestaciones por reestructuración y las implicaciones económicas de los puestos que resultaron revalorados, son aspectos que hasta el momento, parecen desconocerse por parte de la ciudadanía y de las esferas de decisión política. Es bueno hablar de ello en las actuales circunstancias, especialmente para señalar cuáles son los resultados que hasta ahora, al término de la actual gestión contralora, se han logrado; pues es muy interesante contrastarlos con el diseño del proceso y su propio costo.

Cuarto: Atmósfera Secretista. Hay una sensación de que en el mandato contralor que acaba de concluir, la atmósfera del silencio pareció inundar a la institución; situación que aunque parezca sin importancia, para muchos tuvo reflejo en la especie de “acuartelamiento” del espacio físico destacado al uso de las dos más importantes jerarquías institucionales. El proceso de remodelación de este “acuartelamiento” (cuyo costo económico sería conveniente conocer en las actuales circunstancias), pareciera destinado a servir más de mensaje de freno al libre acceso ciudadano a la información, de atmósfera secretista, que a la invitación a la transparencia, a la amplitud, a una política de puertas abiertas a la ciudadanía. Las veces que necesitamos acudir a tales despachos, ese ambiente tan cerrado siempre generó tan particulares apreciaciones. Tal es así que en una encuesta realizada por un medio de comunicación el señor Luis Fernando Vargas Benavides, ocupó el segundo lugar entre los funcionarios más inaccesibles del Sector Público.

Quinto: Estabilidad gerencial. Interesa conocer las definiciones de política de personal, con relación a los altos mandos de la entidad contralora (especialmente, gerenciales), que han determinado que unos tengan un nombramiento con estabilidad y por tiempo indefinido, y otros por tiempo definido, aún y cuando la naturaleza de los puestos es el mismo. Además, tenemos entendido que se hicieron concursos internos para nombrar ciertos puestos, cuando de antemano se sabía que sólo una determinada persona podría concursar por el tipo de requisitos establecidos; mientras que, por otro parte, para otros puestos realizaron concursos externos o mixtos para llenar plazas, cuando se conocía que había funcionarios al interior de la Contraloría que podían ocupar dichos puestos. ¿Es esto así, en realidad?; y, si lo es, cómo explicarlo.

Sexto: Informe de auditoría interna. Tenemos entendido que un informe de la auditoría interna para estudiar la calidad de los informes de auditoría, el cual resultó bastante crítico, habría sido desautorizado desde el propio despacho contralor; lo cual, de haber sido cierto, habría significado un mensaje demoledor con respecto a la filosofía del control de la gestión pública, confiada a la Contraloría General de la República. Tenemos razones suficientes para creer que ello si ocurrió en verdad, por lo que sería muy importante que se expusieran las situaciones y las razones que en tal circunstancia se presentaron.

Sétimo: Situación FODESAF. Sentimos que el papel jugado por el hoy Excontralor General de la República, en cuanto a la revisión de las reglamentaciones para el manejo de los fondos de FODESAF, cuando ocupó el papel de asesor de la señora Rebeca Gryspan, en la Administración Figueres Olsen (1994-1998) debería exponerse a propósito de la discusión de su eventual nombre para que continúe en tal puesto.

Por estas razones llamamos a los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Salud para los nuevos y decisivos acontecimientos que vendrán, si de verdad estamos dispuestos a hacer lo que sea para defender la existencia y la institucionalidad de nuestra estratégica institución; dado que resulta imposible, peligroso y hasta cómplice, permanecer pasivos.

San José, 10 de mayo de 2004.

Respetable señor:

Reciba respetuoso saludo de la organización sindical que representamos. Conforme los derechos fundamentales de petición establecidos en la Constitución Política, artículos 27, 30 y 11 solicitamos a usted se nos otorgue en el término del Tiempo de Ley:

Un informe-inventario disgregado por: Dirección Técnica y sus áreas y unidades, Dirección Administrativa y sus áreas y unidades, Delegación de las Mujer, Consultorios Jurídicos, Albergues, Oficinas Regionales y, que reúna las siguientes especificaciones:

Computadora-marca
Procesador
Memoria
Capacidad del disco duro
Tipo de Monitor
Impresoras y modelo
UPS
Otros equipos (scanner, quemadores)
Sistema operativo que tiene con sus respectivas
Que aplicaciones se tienen con sus respectivas licencias
Licencias (adjuntar copias).
Números de Placas
Equipos devueltos a bodega
Dispositivos de una PC retirados, en que unidades han sido reutilizados y a cuál instancias (área, unidad, dirección, albergue, otras) pertenece la unidad PC en que se reutilizó.
Informe de cuales máquinas están generando dificultades
Informe de cuáles máquinas requieren reemplazo inmediato.

La información de marras, le solicitamos ser entregada a nuestra Seccional en el INAMU.

Reiterándole nuestro respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Victoria Eugenia Montero Zeledón

Yensy Herrera Vega

Flor de Lis Monestel Corrales

JUNTA DIRECTIVA COMITÉ SECCIONAL ANEP-INAMU

—-
c.:Junta Directiva INAMU.
c.:Dr. Alex Solís Fallas, Contralor General de la República.
c.:Licda. Giselle Segnini, Contraloría General de la República.
c.:Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes dela República.
c.:Licda. Ligia Martín, Defensoría de la Mujer.
c.:Foro de las Mujeres, INAMU.
c.:Auditoria Interna, INAMU.
c.:Coordinadora Área Especializada.
c.:Junta Directiva Nacional, ANEP.
c.:Junta Directiva Comité Seccional ANEP-INAMU.

Estimado señor Presidente:

Como a su autoridad le consta, nuestra organización sindical, en los últimos dos años, ha venido realizando una serie de denuncias sobre acontecimientos que a propósito del proceso de privatización, se han venido sucediendo en el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP); acontecimientos que a nuestro sano juicio, y por los intereses que están en juego, pueden resultar contrarios al interés público y, por tanto, hemos solicitado su intervención.

Siguiendo con nuestras denuncias e insistiendo en su intervención, nos permitimos allegar a su autoridad, copia del oficio S.G.0263-04, recibido en el despacho del señor auditor del INCOP, el día 19 de abril del 2004.

Como si lo ya apuntado fuera poco, al Remolcador “Don Pepe”, nombre que lleva en homenaje al distinguido y memorable Expresidente de la República, señor José Figures Ferrer, y con el cual aparece registrado para todos los efectos, en la Lista Aseguradora de las Embarcaciones Marítimas a nivel mundial; ahora las autoridades del INCOP lo registran en el Registro de la Propiedad de Bienes Muebles, con el nombre “Don Hugo”, en homenaje a no sabemos que personaje.

Preguntamos señor Presidente: ¿Quién autorizó cambiarle el bautizo a este remolcador?; ¿qué factores se tomaron en cuenta para borrar de un “porrazo”, el nombre de nuestro distinguido Ex Presidente Figueres Ferrer de este remolcador y si para ello se siguió con el proceso respectivo y sobre todo, nos interesa conocer si su estimable persona dio el visto bueno para este cambio de nombre?

Pero la cosa no termina aquí señor Presidente. Figúrese que este remolcador, que ahora se llama “Don Hugo”, pero que nosotros, por respeto a la memoria de Don José Figueres, le seguiremos llamando “Don Pepe”, no sólo le cambiaron de nombre, si no que fue además, transferido de propietario, pasando del MOTP al INCOP, para lo cual se canceló en impuestos, la suma de ¢87.576.12 (87 millones quinientos setenta y seis mil colones).

Señor Presidente, le preguntamos: ¿Era necesario en este momento, que según se nos dice no hay dinero para inversión en salud, educación e infraestructura pública, gastar 87 millones y pico de colones en este traspaso? Figúrese señor Presidente, que con ese “piquillo” de plata, bien se pueden financiar en la empobrecida y necesitada Puntarenas, 17 casas de interés social. ¿Cuántas alegrías hubiera llevado a Puntarenas, esta plata si su Gobierno la hubiera invertido en viviendas o en otras obras de interés social?

Es lamentable, según entendemos, que con propósito de trasladar el Remolcador “Don Pepe”, a los concesionarios privados, los costarricenses hayamos desembolsado semejante suma de dinero. ¿Dónde está el negocio o quien se beneficia de él?. No sólo se pretende entregar, según consta en el proceso de privatización, este remolcador que nos costó 3 millones de dólares, y el remolcador “Don Beto”, en la suma de 2.006.548 de dólares, sino que además, nos desangran los bolsillos ahora con estos otros 87 millones.

Mano dura señor Presidente. Aquí tiene otro acontecimiento más, para que usted se decida a intervenir esta institución. No estamos vendiendo la gallina de los huevos de oro, señor Presidente, ni siquiera la estamos regalando, estamos pagando para que se la lleven. ¡Vaya negociazo!

En espera de su respuesta, se suscriben de usted,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Fabio Espinoza Gómez
Presidente Seccional ANEP-INCOP.

—-
c.:Señores diputados y señoras diputadas, Asamblea Legislativa.
c.:Sr. Contralor General de la República.
c.:Sr. Defensor de los Habitantes de la República.
c.:Junta Directiva Nacional ANEP.
c.:Junta Directiva Seccional ANEP-INCOP.
c.:Archivo.

Estimada señora:

En primer término, le expresamos el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

Con gran preocupación y para que se esclarezca lo pertinente, sometemos a la digna consideración de su despacho, situación acaecida en la tarde ayer, miércoles 28 de abril, en el CEN-CINAI de Zapote; cuando, presuntamente, una funcionaria de Nutrición ordenó que se le entregara toda la leche embodegada que está destinada al consumo diario de los niños que acuden a dicho centro; por cuanto como se está en un proceso bastante “sui generis” de regalar leche, a diestra y siniestra (según se nos ha indicado); en ese momento se dispuso tomar la que estaba reservada para el fin indicado, dado cierto faltante para “regalar”.

Así las cosas, no sabemos con qué autorización pudo haber ocurrido lo que aparente ser una grave irregularidad; y, además, si esta política se va a mantener y si está extendida a todos los CEN-CINAI; ó si fue un acto de decisión individual de la funcionaria correspondiente, abusando de su autoridad.

Respetuosamente le rogaríamos nos aclarara sobre el particular, indicándole que acudimos a su despacho, con base en el Articulo 27 constitucional y el 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Muy atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

——
c.: Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal, Ministra de Salud.
c.:Sr. Manuel García Jiménez, Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO)-Responsable ANEP-Ministerio de Salud.
c.:Personal del CEN-CINAI de Zapote.
c.:Archivo.

Asunto: Desvío de fondos para pago laboral en INCOP, por la suma de 3.400 millones de colones, aprobado por la Asamblea Legislativa

Honorable señores diputados y honorables señoras diputadas:

Desde hace más de dos años, nuestra organización sindical ha venido denunciando ante ustedes, la Asamblea Legislativa y ante la propia Casa Presidencial, las irregularidades del proceso de concesión de obra pública mediante el cual se pretende entregar a manos privadas, el Puerto de Caldera.

Nos hemos opuesto, firmemente, a este proyecto no sólo porque a nuestro criterio se compran las conciencias de las personas trabajadoras de INCOP, prometiéndoles el pago de una indemnización adicional a las prestaciones legales (quizá con el objetivo de que no se opusieran a la privatización); sino también, porque el proceso licitatorio contiene una serie de vicios que rayan en la ilegalidad, además de que implica un leonino y oneroso “negocio” para las y los costarricenses.

Pues bien, una nueva razón para cuestionar lo que está tendiendo lugar en el INCOP a propósito de su privatización, es lo que ocurrió el pasado jueves 25 de marzo, en sesión extraordinaria de la Junta Directiva de la institución.

En el mes de diciembre de 2003, esta Asamblea Legislativa, con distinguidas excepciones de diputados y de diputadas que han luchado por conservar esta importante institución como parte del patrimonio nacional; aprobó en un presupuesto extraordinario, una transferencia de 3.400 millones de colones para que el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), atendiera, oportunamente, el mal llamado “proceso de modernización”. En ANEP, por supuesto y como a sus autoridades les consta, nos opusimos a esta reforma presupuestaria.

La administración activa del INCOP, desde un inicio, justificó que el fin de ese dinero, era cancelar la indemnización por concepto de “desarraigo” (compra de conciencias decimos nosotros), prometida a los trabajadores y a las trabajadoras.

La mayoría de quienes votaron a favor de dicha transferencia, defendieron su voto alegando que había compromisos que cumplir con los trabajadores y las trabajadoras de Puerto Caldera. De hecho, muchas personas trabajadoras, a instancias de la administración del INCOP, se trasladaron hasta la Asamblea Legislativa, a pedir la aprobación de dicho dinero.

Pues bien, ahora resulta que el dinero aprobado por ustedes, señores diputados y señoras diputadas, no se utilizará para lo que se solicitó; sino que, con la anuencia del señor Ministro de Hacienda, Alberto Dent Zeledón, a los 3.400 millones de colones se les dará otro destino.

El Código Internacional para la Protección de los Buques y las Instalaciones Portuarias y las enmiendas al Convenio SOLAS de la Organización Marítima Internacional (convenio que dicho sea de paso, no ha sido ratificado por la Asamblea Legislativa); establece una serie de medidas de seguridad que debe cumplir un puerto para que se le certifique y evitar así inconvenientes en la comercialización de productos.

En el acta número 3234 de la sesión de Junta Directiva del INCOP del jueves 25 de marzo, el señor Gerente General, Ing. Urías Ugalde Varela, planteó lo siguiente:

“Como resultado de la evaluación realizada, se determinó que para obtener la mencionada certificación el INCOP, debe ejecutar una serie de proyectos que suman alrededor de unos US $550.000.oo.

En línea con lo anterior, se expuso al Sr. Ministro que para realizara la ejecución de los proyectos que se requiere el INCOP no cuenta con los recursos financieros disponibles, toda vez que a lo largo de estos años se han acumulado los recursos líquidos necesarios para hacerle frente al pago de los derechos laborales, así como de la respectiva indemnización que debe realizarse a todos los empleados, como consecuencia del proceso de modernización.

De acuerdo con lo expuesto, se hizo ver al Sr. Ministro que la única forma posible de poder concretar todos los proyectos sería que el ministerio de Hacienda nos traspasara el equivalente en colones a US $650.000.oo (seiscientos cincuenta mil dólares estadounidenses), tomándose los recursos de la Ley 8402 publicada en el Alcance 63 de la Gaceta No. 244 del 18 de diciembre de 2003, mediante la cual se autorizó la suma de 3.400 millones de colones para el fortalecimiento del INCOP.

Sobre lo propuesto, el Ministro Dent consideró bastante viable la propuesta realizada y aceptó realizar los trámites pertinentes para esos recursos nos sean girados lo más pronto posible.”

Señoras Diputadas, señores Diputados: el acta transcrita es muy clara. Con autorización del Ministro de Hacienda, la administración activa de INCOP decide cambiar el fin de un dinero aprobado por esta Asamblea Legislativa para un fin específico.

Pero no sólo eso, sino que, es evidente el negocio leonino que resulta ser para el Estado costarricense, la privatización de INCOP, puesto que además de aportar el dinero para cancelar las prestaciones legales y la indemnización en dólares prometida a los trabajadores y las trabajadoras; debe entregar a las empresas que se harán del negocio, un puerto certificado, que evidentemente representa una millonaria erogación de dinero.

Por otra parte, según manifestaciones del propio Gerente General: “ si en junio el puerto no está certificado no hay contrato, no se puede esperar a dejarle ese asunto a los concesionarios”.

El Asesor Externo de INCOP, licenciado Gustavo Esquivel Quirós, manifiesta al respecto lo siguiente: “… indistintamente de lo que se haya puesto en el cartel, la obligación de INCOP es entregar un puerto operativamente, es decir, no se puede entregar un puerto diciéndole al concesionario “encárguese usted de la certificación de seguridad” porque se estaría entregando un negocio que no es posible y se les estaría obligando a poner dentro de su estructura costos que no están obligados”. Al leer estas manifestaciones, nos cuestionamos seriamente qué intereses representan estas personas.

Por último, también el señor Gerente reconoce que, tal y como lo hemos denunciado, el INCOP desde que se firmó la carta de intenciones en el gobierno del Ex Presidente Miguel Angel Rodríguez, ha dejado de invertir para acumular los dineros necesarios para consolidar su privatización; lo cual, además, ha permitido que se presente a la institución como deficiente e inoperante, justificando así que pase a manos privadas.

Señores diputados, señoras diputadas: les rogamos se sirvan leer el acta de marras. Esta es un fiel reflejo del porqué el Puerto de Caldera lo tienen postrado con el único objeto ya no de venderlo, en función de hacer un buen negocio para el país; sino, prácticamente regalarlo y más aún, vergonzosamente, pagar o hacer regalías con platas de todos los costarricenses, como premio a los que estén de acuerdo o se hagan del negocio.

Tenemos suficientes razones para decir que al INCOP lo tienen secuestrado y en estado de coma. Las señoras diputadas y los señores diputados, cumpliendo con el mandato constitucional, están llamados, mediante el ejercicio del control político, a poner manos en el asunto, para rescatar esta institución de los intereses particulares que hoy la tienen postrada y ponerla, como corresponde, al servicio del desarrollo nacional y del interés público.

Reciban, nuevamente, nuestro mayor respeto y consideración.

SECCIONAL ANEP-INCOP
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PUBLICOS Y PRIVADOS
ANEP

Estimada doctora:

Es muy grato volver a dirigirnos a su digna autoridad, expresándole el mayor de nuestro respeto y agradeciéndole la gentileza y celeridad al responder nuestra anterior nota, S.G. 0247-04, acerca del tema de privatización de servicios en la entidad confiada a su sabia responsabilidad.

Concretamente y con base en lo que usted nos indica en su respuesta, D.G. 0568-2004, fechada 14 del presente mes; aprovechándonos de su amabilidad, nos pareció importante solicitarle la siguiente información:

La base que da fundamento para impulsar el “Diagnóstico sobre la Conveniencia de reforzar los servicios de Seguridad y Vigilancia en áreas vulnerables”;

Si tal diagnóstico ya está listo; si no es así, cuándo comenzó y cuándo habrá de finalizar;

Si se ha contratado a alguna firma consultora para realizar tal diagnóstico; si es así, cómo se contrató, cómo se llama la firma, cuál es el costo y por cuánto tiempo;

Si tal diagnóstico no está concluido, considerar la presente nota como una solicitud oficial de la ANEP de tener una copia del mismo, una vez concluido;

Si está diseñada alguna estrategia de participación y/o sensibilización para el personal del ámbito de la seguridad hospitalaria, a fin de garantizar un proceso de total transparencia, en un ambiente de tranquilidad y paz laboral, que disipe los temores, fundados y no fundados, que acompañan procesos semejantes; máxime cuando los mismos se manejan con hermetismo.

Ha de tener claro su ilustrada autoridad que nuestras peticiones están basadas en el Artículo 27 Constitucional y el 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Anticipadamente le agradecemos la valiosa cooperación al respecto.

Reiterándole nuestro mayo respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

—-
c.:Dr. Eliseo Vargas García, Presidente Ejecutivo, Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
c.:Ing. René Escalante González, Gerente de la División Administrativa, Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
c.:Sr. Geovanny Ramírez Guerrero, Directivo Nacional de ANEP, Responsable ANEP-CCSS.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Personal del Servicio de Seguridad, Hospital Nacional Psiquiátrico.
c.:Archivo.

Licenciado
Gilberto Barrantes Rodríguez
Ministro
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
Su Despacho

Estimado señor Ministro:

Luego de expresarle el más atento y respetuoso de nuestros saludos, deseamos que su autoridad nos conceda, lo más pronto posible, una audiencia en su despacho para plantearle nuestras preocupaciones sobre el futuro de la próxima Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples; dadas las informaciones que tenemos en nuestro poder, las cuales nos indican eventuales problemas de financiamiento de la misma.

Para los movimientos sociales costarricenses y para la toma de decisiones en distintos ámbitos del quehacer nacional, la realización de tal encuesta es de extraordinaria importancia; razón por la cual estimamos que conversar con su persona al respecto, sería lo más idóneo a fin de disipar las especulaciones crecientes al respecto.

Esperando su pronta respuesta, aprovechamos para reiterarle nuestro respeto y consideración.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

—-
c.:Junta Directiva Comité Seccional ANEP-INEC.
c.:Sra. Lorena Chavarría Martínez, Responsable ANEP-MEIC.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Archivo.

¿ESTÁ VERDADERAMENTE EL BLOQUE PATRIÓTICO A
FAVOR DEL COMBATE A LA POBREZA Y CONTRA LA CORRUPCIÓN?

Honorable señor Diputado Arce Salas:

Reciba un cordial y respetuoso saludo de nuestra parte, considerando necesario invocar la gentileza y la amplitud con las cuales, en otras ocasiones, usted atendió nuestras opiniones y preocupaciones sobre varios asuntos en los cuales esta agrupación mostró interés de acudir ante su despacho. Por esa misma razón, hoy nos sentimos en la necesidad de expresarle por esta vía las consideraciones siguientes sobre el tema del Pacto Fiscal; consideraciones que se las planteamos con todo respeto.

En manos de los señores diputados y de las señoras diputadas de la Asamblea Legislativa está la aprobación de un verdadero pacto fiscal que atienda las necesidades fundamentales de nuestra población, de una forma progresiva; o bien, la aprobación de un paquete tributario regresivo que cargue la mayor parte de los impuestos sobre las espaldas de la población.

Durante más de un año, diversos sectores de la sociedad y el Gobierno, conjuntamente con cuatro de las fracciones legislativas, laboramos intentando obtener un verdadero proyecto de pacto fiscal; es decir, un proyecto que no sólo velara por hacer más progresivos los impuestos, sino también porque generara un mejor y más justo gasto público, acompañado de una serie de mecanismos idóneos para la debida aplicación tanto de impuestos como de las prioridades nacionales de gasto público. En síntesis, reformas a la administración tributaria, a los procedimientos tributarios y al sistema de información pública y rendición de cuentas

Precisamente, de que el pacto fiscal contenga componentes que trasciendan lo tributario, depende que sea un efectivo pacto fiscal y no un mero paquete tributario.

El producto es evidentemente imperfecto, e incluso nuestra propia organización ha insistido en que aquel primer producto debe ser mejorado, profundizando la progresividad del sistema, tanto en cuanto a los impuestos como al gasto público. La lógica misma de la tramitación legislativa permite que un primer producto que sale de una comisión sea mejorado por la opinión pública y por los señores diputados y señoras diputadas, para convertirse finalmente en ley de La República.

Sin embargo, con asombro y preocupación vemos que su fracción, en lugar de profundizar la progresividad del proyecto, profundiza su regresividad.

Bajo ninguna circunstancia pasaremos por alto las acciones emprendidas por el Bloque Patriótico o por otras fracciones legislativas, dirigidas a hacer más regresivo el citado proyecto de ley; o a que los nuevos recursos recaudados por esa eventual legislación no se dirijan a atender las verdaderas necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas.

En ese sentido, con consternación, hemos visto que el Bloque Patriótico, en pleno, presentó tres mociones, que fueron rápidamente avaladas por el PUSC, por el Movimiento Libertario y por el Diputado Avendaño y que se dirigen a viabilizar una agenda que desprecia las necesidades más apremiantes de las personas:

El Bloque Patriótico, eliminó el artículo que obligaba al Gobierno a girar íntegramente los recursos destinados al combate a la pobreza. Ese artículo, además, exigía no solamente que ese giro se hiciera de la mano de un programa de revisión de la eficiencia y eficacia de los programas de FODESAF, de forma tal que se introdujeran los cambios necesarios para evitar los abusos y la corrupción que se ha adueñado de esos programas; sino también para lograr que esos recursos logren el mayor impacto posible para las clases sociales más desprotegidas.

Además, de nuevo con el beneplácito del PUSC, del Movimiento Libertario y del Diputado Avendaño, el Bloque Patriótico eliminó el artículo que obligaba a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) a desarrollar un verdadero sistema de contabilidad de costos, que permitiría a la institución comparar costos entre proveedores y, sobre todo, lo que le cuesta la producción interna y externa de servicios; así como un sistema de información que le permitiera dirigir el gasto en salud que realiza esa institución a la atención oportuna y eficiente de las verdaderas necesidades de la población nacional. Ese gasto representa el 4.8% del Producto Interno Bruto (PIB), y tanto la Contraloría General de La República, como la Defensoría de los Habitantes de la República, e incluso la misma Asamblea Legislativa (por medio de informes que nunca llegaron a ser votados por intereses politiqueros), han dejado al descubierto problemas muy graves de gestión, de corrupción y de grandes desperdicio en la ejecución del gasto en salud. Hablamos aquí de una de las necesidades fundamentales de nuestra población, que cada día recibe servicios en salud más deteriorados, pero que ve como cada día se gastan más recursos en salud. Este tipo de sistemas de contabilidad de costos y de información de las necesidades de la gente, van al centro de estos problemas, pero evidentemente es contrario a los intereses del Bloque Patriótico.

Finalmente, el Bloque Patriótico eliminó el artículo que establecía que buena parte de los nuevos recursos que se recauden se dirijan al mejoramiento del sistema educativo. Este artículo establecía como una de las prioridades nacionales del gasto público, el cerrar las brechas discriminatorias existentes en la educación, por ejemplo la existente entre escuelas rurales y urbanas; la existente entre la deficiente inversión en secundaria y educación preescolar y la inversión que recibe la educación primaria. Además pretendía eliminar los problemas de infraestructura que tiene la educación pública. Se buscaba mejorar el acceso a la educación de las personas con discapacidad; se pretendía minimizar el problema de la denominada “deserción” sobre todo en la educación secundaria, etc.

Ante todo esto nos preguntamos,

¿REALMENTE EL BLOQUE PATRIÓTICO ESTÁ INTERESADO EN COMBATIR LA POBREZA?

¿REALMENTE EL BLOQUE PATRIÓTICO ESTÁ A FAVOR DE COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN EL USO DEL GASTO PÚBLICO, TANTO EN EL SECTOR SALUD COMO EN LOS PROGRAMAS DE COMBATE A LA POBREZA?

¿REALMENTE EL BLOQUE PATRIÓTICO ESTÁ A FAVOR DE MEJORAR LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD?

¿REALMENTE EL BLOQUE PATRIÓTICO ESTÁ A FAVOR DE QUE LOS MILLONES DE COLONES QUE SE GASTAN EN EL SECTOR SALUD REALMENTE SEAN UTILIZADOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES REALES DE LOS CIUDADANOS Y LAS CIUDADANAS?

¿REALMENTE EL BLOQUE PATRIÓTICO DESEA MEJORAR LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y SOBRE TODO ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS SECTORES RURALES, DE LAS MUJERES, DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD?

Si por los hechos debemos juzgar no sólo a las personas sino sobre todo a los políticos, evidentemente tenemos que concluir que su interés es el de generar un paquete tributario que no se dirija a atender esas necesidades que nuestra población reclama a gritos.

Sin embargo, aún estamos a tiempo para corregir esta ruta. Ustedes tienen la voz y tienen el voto.

Agradeciéndole su atención, se suscribe respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

——
c.:Señores diputados y señoras diputadas, Bloque Patriótico, Asamblea Legislativa.
c.:Señores diputados y señoras diputadas Asamblea Legislativa.
c.:Dr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República.
c.:Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.:Medios de Comunicación Colectiva.
c.:Organizaciones sociales.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Archivo.

Estimado señor:

Siguiendo de cerca el transparente proceder administrativo que debe prevalecer en el funcionamiento institucional, y ante la serie de anomalías detectadas y reportadas por la Contraloría General de la República de su gestión, nos vemos en la obligación como organización sindical, seria y vigilante de la actuación gubernamental, de solicitarle, con el respeto que nos merece, que nos informe lo siguiente:

Mediante acuerdo número 4 firme, tomado por la Junta Directiva de su representada, en sesión 3144 celebrada el 23 de enero del año 2003, se acoge el oficio AG-021-2003 fechado el 20 de enero del mismo año, suscrito por el Licenciado Franklin Stevanovich Castro, Auditor General, quien remite el segundo informe parcial de la evaluación realizada con las Unidades de Control de Servicios Solicitados y Facturación, relacionado con el reporte y cobro el servicio de remolcadores y cobro del T.R.B.

¿Cuál es el proceso de cumplimiento de las recomendaciones emitidas?

¿En qué expediente se encuentra en el Ministerio Público las consideraciones que amerita el caso según el informe?

¿En qué proceso administrativo o judicial se encuentra la recuperación de los dineros dejados de percibir de acuerdo a las recomendaciones y conclusiones del informe en mención, como también la responsabilidad administrativa o judicial de las jefaturas directas relacionadas?

Toda nuestra preocupación radica en el sentido que su administración consideramos, no cumple eficientemente y mucho menos eficazmente lo encomendado a su investidura, y esto conlleva n flagrante incumplimiento de deberes que a resumidas cuentas, siempre es el estado como tal, el responsable de la deficiente labor de unos pocos.

Sin más por el momento, nos suscribimos atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Fabio Espinoza Gómez
Presidente Seccional ANEP-INCOP

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c.:Lic. Luis Fernando Vargas Benavides, Contralor General de la República.
c.:Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.:Señores Diputados y señoras Diputadas, Asamblea Legislativa.
c.:Medios de comunicación.
c.:Archivo.