Categoría: Incidencia

–Se leerá a viva voz y se entregará escrito sobre el papel de la Sala Constitucional y los Derechos Humanos

Al considerar que en el año que acaba de iniciar, 2023, se conmemora el 75 aniversario de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), por parte de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948; la Junta Directiva Nacional (JDN) de la ANEP se apersonará a las afueras, de la sede de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, este próximo viernes 13 de enero, para desarrollar lo que hemos denominado una Interpelación Cívica.

Se trata de realizar la primera sesión del año 2023 de la directiva nacional de la ANEP, a partir de las 8:30 de la mañana. Una sesión atípica e inédita, a cielo abierto. En ese momento se hará revisión del quorum de ley para tener la necesaria validez jurídica, se aprobará el orden del día y, de seguido, se procederá con el primer punto de la agenda que es, precisamente, la Interpelación Cívica a la Sala Cuarta.

La Junta Directiva Nacional (JDN) de la ANEP dará a conocer una declaración, con el carácter de Interpelación Cívica, dirigida, directamente, a las magistraturas integrantes del más alto tribunal de la República, misma que será leída a viva voz para luego ser entregada en la sección de recepción de documentos.

La ANEP ha tomado con toda seriedad la manifestación pública emitida por el señor presidente de la Sala IV, magistrado Fernando Castillo Víquez, acerca de que la situación social del país es una “bomba de tiempo”; criterio que se relaciona con la reiterada denuncia de la ANEP acerca de que en nuestro querido país habrá un estallido social en vista de la cruel situación de desigualdad que amenaza a la misma Democracia.

El eje central del texto de Interpelación Cívica de la ANEP a la Sala Cuarta tiene que ver en que, para desactivar la bomba de tiempo del estallido social, tiene que darse (dentro de un conjunto de factores diversos), una vinculación estratégica entre los postulados y valores de la Constitución Política de Costa Rica, del 7 de noviembre de 1949, con los postulados y valores de la Carta Internacional de los Derechos Humanos y sus dos tratados globales esenciales: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

Ambos tratados, plenamente ratificados por Costa Rica y por nuestra Asamblea Legislativa, son parte fundamental y esencial del sistema jurídico nacional y, por tanto, de obligado cumplimiento.

Aunque no se trata de una manifestación, la Junta Directiva Nacional de la ANEP compartirá su primera sesión directiva del año 2023, a cielo abierto, con personas dirigentes de base de la organización e integrantes de la ciudadanía patriótica nacional que quisieran hacerse presente. El evento ha de concluir a eso de las 10 de la mañana.

San José, lunes 9 de enero de 2023.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto de ANEP.

1. ANEP, rotundamente, se opone a la aprobación legislativa del Expediente Legislativa No. 22.530, de manera oficial denominado “Ley para la protección del sector autobusero nacional ante la crisis sanitaria, social y económica provocada por el covid 19”. Esta denominación es un verdadero y repudiable eufemismo, ideado para manipular y engañar a la opinión pública.

2. ANEP estima que este proyecto incrementará el riesgo de accidentes de las personas usuarias de estos buses, a los que, popularmente, el pueblo conoce como chatarra; del mismo modo que la vida del chofer corre idéntico riesgo.

3. ANEP cree que prácticamente, hay un proceso de concentración de las líneas de autobuses, a vista y paciencia de todas las autoridades correspondientes, en contra de la ley, razón por la cual estamos de cara a una doble manipulación con este proyecto de ley, argumentando, falsamente, que es para proteger a los “pequeños” empresarios de bus.

4. ANEP estima que el sector del empresariado autobusero goza de un escandaloso padrinazgo político, respaldando candidaturas presidenciales y diputadiles de diverso signo en función de la protección de sus propios intereses egoístas. 

5. ANEP cree que el proyecto de ley en controversia, que tiene tanto respaldo legislativo, da mucho que pensar en tal sentido. El gran empresariado autobusero nacional tiene una deteriorada imagen pública y escasa credibilidad.

6. ANEP cree que el estado de indefensión de las personas usuarias del transporte público modalidad autobús, ya es total. Con este proyecto, tal situación de indefensión llegará a grados superlativos.

7. ANEP estima que, por buses viejos, el aseguramiento es más caro y las indemnizaciones por accidente tienen a disminuir. Además, el mayor costo de aseguramiento es motivo para utilizar encarecimiento de la tarifa.

8. ANEP estima que el Consejo de Transporte Publico (CTP) debe ser cerrado y diseñarse una nueva modalidad, con fuerte y transparente participación usuaria en materia de fiscalización del servicio de buses.

9. ANEP, como organización sindical que vela por los intereses laborales de los choferes de autobús, sabe de despidos abusivos alegando mal manejo de la rampa para las personas con discapacidad, pero es que la misma rampa no funciona.

10. ANEP, que no responde a intereses de ningún partido político, felicita a la fracción parlamentaria del Partido Frente Amplio por su lucha en defensa de los Derechos Humanos de las personas usuarias de los servicios de autobús y, particularmente, de las personas usuarias con discapacidad.

Conferencia de prensa: https://fb.watch/hyYxGoR0Gu/

-Se paga en la Caja, pero faltan muchos más sectores.

-ANEP decidió impulsar los respectivos procesos de cobro.

El reajuste salarial por costo de vida establecido el 17 de diciembre de 2019, promediando 7 mil 500 colones a la base salarial de cada persona trabajadora asalariada del Gobierno Central, sigue sin ser honrado para los distintos grupos laborales de los diferentes ministerios integrantes del mismo, así como en las diversas entidades adscritas a éstos. De la misma manera, tal deuda salarial sigue existiendo en otras instituciones descentralizadas que todavía tienen pendiente saldarlas.

Ahora que, finalmente, y luego de la intensa presión sindical y obrero-laboral, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tomó el acuerdo final de pagarle a su propio personal ese reajuste y retroactivo al 1 de enero de 2020, es momento de levantar la bandera de la Ley de la Justicia Social para toda persona trabajadora empleada pública con derecho a tal reajuste pero que sigue sin recibirlo.

Efectivamente, cada uno de los argumentos jurídico-legales que fundamentaron el reclamo laboral en la Caja, son exactamente idénticos para que una persona trabajadora integrante de los diferentes cuerpos policiales, por ejemplo, proceda a reclamar lo que ya le pertenece pero que el Estado le sigue adeudando.

También, cada servidor público o servidora pública de los diferentes ministerios (como Educación, Salud, Cultura, MOPT, MINAE, el propio Hacienda y los demás), tiene incuestionable derecho a recibir esos 7 mil 500 colones a sus correspondientes bases, así como las equivalencias en aguinaldo y en salario escolar.

Es una deuda salarial legítima que abarca los años 2020, 2021 y 2022, más los correspondientes porcentajes de aguinaldo y de salario escolar de cada uno de esos tres años.

 ANEP prepara el fundamento jurídico-legal para que cada persona afiliada a la organización, proceda con el primer paso: la presentación del correspondiente Reclamo Administrativo, una acción totalmente individual; documento que deberá entregarse, de manera directa (físicamente o de manera digital), al despacho del actual Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén. El correo electrónico oficial de este jerarca es: despachomh@hacienda.go.cr

Dicho documento es de total propiedad intelectual de la ANEP y la agrupación advertirá acerca de su uso ilegal demandando, según corresponda, las responsabilidades penales respectivas.

Aparte de cada persona trabajadora afiliada que lo desee emplear, lo puedan hacer otras personas trabajadoras que decidan asociarse para este fin; y, para otros por venir, como lo es enfrentar la gravedad de la inminente entrada en vigencia de la perversa Ley Marco de Empleo Público.

La asesoría jurídico-legal que brinda la ANEP es totalmente gratuita para su actual y nueva membresía. En el caso específico del proceso para cobro de esta deuda por reajuste de costo de vida decretado el 17 de diciembre de 2019, la ANEP pretende que las personas trabajadoras acreedoras de esa deuda, no caigan en manos de litigantes privados que les cobrarán un monto significativo por llevar el correspondiente proceso.

La legitimidad jurídico-legal de esta deuda es, repetimos, incuestionable. La persona trabajadora asalariada empleada pública acreedora de la misma ya tiene la propiedad patrimonial de la misma.

Aquí conviene hacer énfasis en la situación de los integrantes de los diferentes cuerpos policiales (entre otros sectores estatales con grave deterioro salarial), quienes en la campaña electoral fueron engañados cuando se les prometió hacerles real justicia salarial.

Al menos, debe el gobierno encabezado por el oferente, el actual Presidente de la República, mínimamente debería proceder a girar las instrucciones para que a los y a las policías, y también a los y a las demás, se pague lo adeudado, de sobra jurídicamente fundamentado.

El combate al inmoral e injusto congelamiento salarial que viven las personas que laboran para el sector estatal es una de las más fuertes banderas que está levantando la ANEP en estos duros tiempos anti-obreros; particularmente, ya hemos destrozado la, ahora insostenible, tesis neoliberal de que el déficit fiscal es culpa de los salarios devengados por quienes laboran para el Estado.