Categoría: Incidencia

Ley Marco de Empleo Público debe desecharse y no debe entrar en vigencia

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Tan sólo una razón: La estandarización institucional en materia de política y gestión de Recursos Humanos y la salarial que impone, aparte de que no hay capacidad instalada,  presupone una anarquía caos en el devenir cotidiano de la gestión pública.

Se requiere:

  1. Instalar una comisión de especialistas, de procedencia multisectorial, misma que debe determinar la certeza del impacto fiscal real de dicha ley en el escenario fiscal integralmente comprendido a mayo de 2022. No confiamos en las cifras de Mideplan generadas durante la atropellada tramitación parlamentaria de esta ley.
  2. Una comisión de especialistas, de alta solvencia moral, también de procedencia multisectorial, debe puntualizar las evidencias de potencialidades inconstitucionalidades presentes en esta ley. Además, debe esclarecerle al Gobierno de la República los riesgos de diverso orden para el Estado, producto de la acción de miles de litigantes en el escenario internacional de los tribunales de Derechos Humanos.
  3. Debe plantearse al FMI que se les “embaucó” por cuanto la estabilidad fiscal que les preocupa no pasa por los salarios de las personas trabajadoras asalariadas estatales, de sus estratos medios y bajos, que componen la mayoría del empleo público. Además, debe indicarse lo que en materia de ajustes fiscales severos impone la sujeción del país a las obligaciones de los tratados suscritos y ratificados en materia de DD.HH., totalmente inobservadas en las leyes fiscales que se han aprobado: 9635, 9808 y 10159.
  4. Debe establecerse una auditoría ciudadana de la deuda pública, mediando ley de la República, para definir (entre otros aspectos), alternativas de renegociación de su grosero, diario y obsceno, pago de intereses; y, por supuesto, nuevos manejos de escenarios fiscales partiendo de la realidad de que “el bolsillo izquierdo del Estado le debe al bolsillo derecho del Estado repleto de plata”.
  5. Deben establecerse metas de reales ingresos frescos para el fisco vía combate al fraude fiscal y a las exenciones-exoneraciones, sustitutos de los escuálidos recursos esperados de la LMEP.
  6. Debe establecer como Política de Estado los contenidos de la Opinión Consultiva 5-27 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte – IDH), para lo cual la entidad líder debe ser el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
  7. Mideplan, liderando el proceso, debe asumir la tarea, con participación ciudadana, de establecer los ámbitos de política pública que han sido debilitadas en materia de empleo público, por una parte; y que, por el contrario, ocupan de nuevos empleos públicos para atacar al dantesco escenario de desigualdad social creciente y de desestabilización de la Democracia misma, que implica la exclusión económica en desarrollo.
  8. El Derecho de la Constitución y la institucionalidad republicana vigente abre espacio para construcciones sociopolíticas compartidas acerca del futuro de las relaciones de empleo del Estado con sus personas trabajadoras asalariadas.
  9. La estandarización salarial abusiva con violencia fiscal en contra de los principios universalmente aceptados de las democracias republicanas en lo que respecta a la división de poderes, no representa garantía de calidad y de eficiencia y de eficacia; máxime que las especificidades, la naturaleza estratégica de delicados quehaceres profesionales conspira contra la misma estabilidad democrática, pues jamás un mero aspecto fiscal debe ser la piedra angular para justipreciar la magnitud de una tecnocracia político-jurídica imprescindible para la paz.
  10. Hay que desechar, radicalmente, la pretensión de un congelamiento salarial por 10-12 años, lo cual no solamente es alimentar un estallido social de imprevisibles consecuencias; sino que, conspira con las posibilidades de un proceso sostenido de reactivación económica que tiene en el mercado interno, enorme potencial pero en relación directa con el poder de compra-adquisitivo de los salarios. Además, es éticamente imposible de justificar, partiendo de que la clase trabajadora asalariada del sector Público (y también su homóloga del sector privado), no es evasora de sus responsabilidades tributarias.

Compartimos el docuemento entregado a la Ministra de Planificación y Política Económica, Laura Fernández Delgado en el marco de la «Mesa Técnica de Escucha de la Ley Marco de Empleo Público»

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Combustibles a más de mil colones el litro: urgen medidas políticas extraordinarias, no «parchecitos»

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• Se deben romper tabúes: el sector financiero-bancario debe aportar pues la gente ya no tiene de donde.

692 mil 853 millones de colones (692.853.000.000), es el monto pagado por concepto de intereses de la deuda pública durante los primeros tres meses del presente año 2022. Sin duda, escandaloso y obsceno pago. Son datos publicados por el propio Ministerio de Hacienda.

Tenemos, entonces que, en enero anterior, se pagaron por intereses de la deuda pública, 230 mil 951 millones de colones (230.951.000.000). Cifra exactamente igual se pagó en febrero y en marzo pasados.

En cuanto a lo recaudado por concepto de impuesto único a los combustibles, en el pasado mes de enero, el monto es de 68 mil millones de colones (68.000.000.000).

EL Gobierno está pegando el grito al cielo ante la posibilidad de que le quitaran este impuesto, en todo o en parte. Dice que le quedaría un hueco fiscal y que nadie le dice cómo lo llenaría (lástima que no está gritando lo debido por el pago de intereses de la deuda pública).

El monto total recaudado por concepto de impuesto a los combustibles es, apenas, un 30 % (29.44 %, para ser exactos), de lo que hubo que erogar para atender ese obsceno y escandaloso pago de intereses de la deuda pública.

Dicho de otra manera: Tanto el Gobierno como la Asamblea Legislativa pueden tomar medidas para aliviarle la carga a la población del país, especialmente la conformante de la clase trabajadora, tomando dineros del pago de intereses de la deuda pública para reducir, sustancialmente, la cruel carga tributaria sobre el precio de la gasolina y del diésel, principalmente.

Sin tocar un centavo de los dineros tributarios destinados a las municipalidades que están establecidos dentro del impuesto a los combustibles, con la medida que estamos proponiendo se puede reducir, significativamente, la carga de impositiva actual del 28 % sobre el precio del litro de gasolina súper. En idéntico sentido, el 17 % de impuesto que pesa sobre el valor del litro de diésel, también se podría bajar sustancialmente.

Se trata de tomar una decisión extraordinaria para estos tiempos que no son normales. Se trata de indicarle a los sectores financiero-bancarios que, por ejemplo, durante un cierto período de tiempo, tendrán que contenerse en su avidez sin freno en cuanto a la acumulación abusiva que les representa el pago mensual de intereses de la deuda pública que, repetimos, es de 230 mil 951 millones de colones (230.951.000.000).

En vez de pagarles esa gigantesca cantidad cada 30 días, estarían recibiendo 162 mil 951 millones de colones (162.951.000.000) cada mes. Y no se “empobrecerán”.

Es más, se pueden diseñar mecanismos de reingeniería y de reestructuración financiera a nivel de intereses de la deuda pública, de forma tal que no perderían un centavo.

Este asunto del, repetimos, escandaloso y obsceno pago de intereses de la deuda pública fue mencionado en el programa de gobierno del hoy Presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles.

La sola mención podría interpretarse como una decisión de romper un tabú: que es “entrarle” al negocio privado más rentable de todos los que se hacen a diario en el país, a juicio del economista de la Universidad Nacional (UNA), don Fernando Rodríguez Garro. ¿Se comerá, en serio, esta bronca el mandatario Chaves Robles?

En todo caso, es interés de la ANEP dejar en evidencia una de las razones de mayor impacto para graficar la espantosa realidad de la desigualdad social que amenaza, seriamente, ya no solamente la paz social sino la propia estabilidad republicana.

San José, domingo 5 de junio de 2022.

-Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

-Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

Seccional en la Cruz Roja elige su nueva junta directiva

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Por medio de una sesión virtual y presencial la afiliación eligió a la junta directiva que estará por los próximos dos años. Ellos seguirán luchando por que haya más personal, en contra de los horario extenuantes, la convención colectiva, entre otros.

Mesa de trabajo analiza fusión de instituciones en el Ministerio de Cultura y Juventud

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Representantes de diversos sindicatos en el sector cultura junto con los directores de los órganos que se buscan fusionar en el Ministerio de Cultura y Juventud se reunieron para analizar el proyecto de ley impulsado por el Gobierno.

ANEP presenta análisis del Sistema Penitenciario Nacional a la nueva administración

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Por medio de un documento se le puntualizaron los temas de relevancia al nuevo jerarca y su equipo de trabajo en donde destaca la lucha contra la corrupción, capacitación, pago de horas extras, entre otros.

Apóyenos con el Benemeritazgo (Ciudadano de honor) a Dionisio Cabal Antillón

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30 de mayo del 2022.

El 20 de octubre del 2021 falleció Dionisio Cabal Antillón, a la edad de 67 años, una vida fecunda al servicio de la cultura y la tradición artística costarricense.

Cantautor, director, guionista, productor de Radio y Televisión, estudiante de periodismo, autor de libros de tradiciones costarricenses.

Cabal con su música y composiciones realizó e hizo trascender el rescate y preservación de la tradición folclórica nacional. Su aporte a la memoria histórica es relevante.

Cabal fue cultor e investigador de la figura del presidente Juan Rafael Mora el libertador costarricense. El pensamiento “Morista”, provocó en Dionisio una importante visión de lo que denominamos sindicalismo morista, visión que compartimos en nuestra Organización.

La Obra de don Juanito sigue sin ser posicionada con el más alto grado de relevancia que presidente alguno dejó; político insumiso al “orden” que el neoliberalismo le está poniendo a nuestra Patria, con el ataque a mansalva al Estado Social de Derecho, cuyas piedras angulares él nos dejó.

De gran relevancia es el aporte de Dionisio Cabal Antillón, a la tarea histórica de reivindicación plena para el resarcimiento moral y ético, que todavía tiene Costa Rica pendiente con la figura, con la obra de gobierno y con el legado del héroe nacional y libertador, don Juanito Mora.

Dionisio ha estado estrechamente vinculado con la Organización, con sus canciones y solidaridad apoyando a las y los trabajadores en sus luchas y reivindicaciones.

La ANEP como Organización “morista”, con su expresión política y social, impulsará a partir de este momento ante la Asamblea Legislativa, un benemeritazgo para Dionisio Cabal Antillón; su trayectoria, atestados a la cultura popular costarricense lo amerita con creces y será un justo honor para un ciudadano ejemplar, que hizo de su carrera intensa y apasionada, un reducto para la cultura de nuestros autores, poetas y cantores, sin duda base inexorable de la cultura tradicional costarricense.

Asimismo, hacemos llamado a las organizaciones de la sociedad civil, comunales, culturales y artísticas a sumarse a este esfuerzo que impulsa nuestra Organización.

En sesión ordinaria No. 2243, del día 13 de mayo 2022, la Junta Directiva Nacional de ANEP, acuerda por unanimidad, hacer respetuosa solicitud de reconocimiento a la Asamblea Legislativa como Benemérito de la Patria a Dioniso Cabal Antillón.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Acerca de la orden presidencial para eliminar las pruebas FARO: la forma también importa

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Posición de la ANEP

Desautorizamos de manera contundente que los siguientes comentarios de ANEP sean utilizados como parte de la campaña de las histéricas voces del periodismo de odio, en su campaña en contra el ahora mandatario Chaves Robles, las cuales son las mismas que le atacaron siendo candidato presidencial.

Empecemos. La alianza de trabajo que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados tiene con el Movimiento Estudiantil de Secundaria (MEDSE), desde el 2019, permitió a ANEP sensibilizarnos acerca de que las pruebas FARO constituían un experimento arbitrario e imprudente, carente de rigidez pedagógica y, peor aún, sin considerar aspectos psicosociales y sociofamiliares del estudiantado víctima.

Las máximas autoridades político-jerárquicas del anterior gobierno, tanto a nivel de Casa Presidencial como del propio Ministerio de Educación Pública (MEP), continúan en la impunidad sin que, entre otros aspectos, rindan cuentas por los 2 mil y resto de millones de colones que, literalmente, quedan botados.

Ante tal concepción aventurada de las pruebas FARO, la oposición del estudiantado objeto del experimento no se hizo esperar, como tampoco la de las madres y la de los padres de familia de esa niñez y adolescencia que sufrió verdaderas agresiones psicoemocionales. Las personas jerárquicas ejecutoras de las mismas, también continúan en la impunidad.

Ahora el Presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles, anuncia con carácter de decisión política presidencial, que se eliminan las actuales pruebas FARO para lo cual razones hay de sobra. Además, múltiple aplauso está generando lo que el mandatario ha anunciado.

Aunque ANEP también aplaude, en tal marco de condiciones conviene compartir nuestras reflexiones al respecto:

El problema no es la decisión, es la forma en que se toma. Por vez primera, en 50 años, un Presidente de la República se salta toda la gestión del MEP para imponer una decisión.

El Consejo Superior de Educación (CSE) es una instancia creada, justamente, para velar por la calidad del sistema educativo y generar una política educativa independiente del poder de turno en el MEP o en el poder Ejecutivo.

El Consejo Superior de Educación tiene una relevante función y por eso, desde la ANEP, señalamos los errores de toma de decisiones y ausencia de responsabilidades del CSE 2018-2022. Pero, aunque cuestionamos al Consejo, debemos advertir de que es delicado saltarse la institucionalidad que representa y coaccionar a las personas que se están integrando al Consejo para el período 2022-2026.

ANEP hace el señalamiento de que una medida de corte autoritario como ésta, abriría la puerta de las tempestades. En primer lugar, nos lleva al peor escenario de la gestión educativa caracterizado por decisiones personales, impulsivas, sin estudios técnicos y, aún más grave, sin consultar a docentes, estudiantes y familias.

En segundo lugar, significa una injerencia política partidaria sobre la gestión educativa y debilita al Consejo Superior de Educación, justo en momentos en los cuales el país requiere la construcción de una política educativa técnicamente fundamentada y democráticamente inclusiva para integrar las visiones de las comunidades educativas.

En tercer lugar, el origen de esta medida (vertical, tomada por una persona, ajena a los procesos del MEP, inconsulta y debilitadora del CSE), debe alertar al Magisterio Nacional en momentos donde el país debatirá la sensible problemática del examen de idoneidad para asignación de propiedades, las posibles soluciones al interinazgos de decenas de miles de funcionarios del MEP, la mayor crisis presupuestaria del MEP en el siglo XXI, las políticas salariales y las medidas pedagógicas para salir del apagón educativo. En esos temas surge la pregunta: ¿la decisión vendrá desde Zapote?

Invitamos al señor Presidente y a la señora Ministra de Educación Pública para responder a los grandes desafíos de la educación costarricense con diálogo. ANEP-Magisterio Nacional reitera que la inclusión de docentes, estudiantes, familias y la sociedad civil son la única alternativa para la construcción de respuestas pertinentes, relevantes y de larga duración.

Finalmente, es importante insistir en el hecho de que las pruebas FARO, hoy totalmente desacreditadas y políticamente eliminadas, se liquidaron per se ante el apresurado y pésimamente planificado proceso de sensibilización y de implementación. Éste careció de un orden sólido y consistente, con total carencia de adecuada capacitación para concretarlo en la práctica.

San José, domingo 29 de mayo de 2022.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

Ante el impactante aumento en los precios del combustible ANEP propone tres medidas excepcionales

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– El Gobierno y la Asamblea están indolentes ante el sufrimiento popular.

– Más de 1.000 colones por litro de gasolina/diésel, mientras no hay una política salarial ante el alto costo de vida situación que tiene indignada a la clase trabajadora y personas pensionados por IVM CCSS.

Que la gasolina y el diésel superen la barrera de los mil colones por litro, solamente representa más combustible para la caldera en ebullición de las tensiones sociales.

Peligrosa es la pasividad tanto del Gobierno de la República como de la Asamblea Legislativa ante el creciente enojo de la gente. La indolencia de ambos pone en alto riesgo la paz social, ya de por sí agravada por una ola delincuencial que parece estar sin control.

ANEP estima que esta fuerte agresión económica a los bolsillos de la gente, del pueblo trabajador en especial, requiere que los poderes Ejecutivo y Legislativo tomen, coordinadamente, medidas excepcionales, como lo puede ser:

a) El control del tipo de cambio utilizando los 8 mil millones de dólares acumulados en reservas internacionales.

b) Imponer un impuesto extraordinario, al menos transitorio, a las rentas del gran capital sustitutivo del impuesto único a los combustibles.

c) Renegociar el pago diario de intereses de la deuda pública para contar recursos frescos que reemplacen esa injusta carga.

ANEP deja constancia de que ve con simpatías cualquier esfuerzo de expresión popular, cívico-pacífico, que se manifieste en las calles del país contra este inmisericorde ataque contra la estabilidad socioeconómica de las familias costarricense; apoyando, según sus posibilidades, tales esfuerzos.

Costo de vida sube y poder adquisitivo disminuye

Como organización sindical que aglutina a importantes sectores obrero-laborales de la clase trabajadora con empleo formal en los sectores Público y Privado, la ANEP recalca que no hay política salarial ni para el uno ni para el otro.

Ni siquiera puede afirmarse que alzas “automáticas” por costo de vida, compensen la acelerada curva descendente del poder de compra de los salarios.

En tal sentido, ANEP recuerda que, contándose con el apoyo de importantes gremios sindicales, con fecha 9 de mayo se le entregó al propio Presidente de la República una carta señalando la gravedad del problema indicado; y, puntualizando la urgente necesidad de abordar esta agenda de temas salariales, con miras de desacelerar, aunque fuera un poco, esa precarización de los salarios. Veamos:

1- Que se decrete con urgencia, una fijación extraordinaria al salario mínimo, emitida por el Consejo Nacional de Salarios (CNS), de manera inmediata; al menos para la clase trabajadora de la producción agrícola bananero-piñera y cañera; a los choferes de autobús, a quienes laboran en seguridad privada y en comercio.

2- Que se vuelva a la fijación semestral de reajuste por costo de vida al salario mínimo para la clase trabajadora del sector privado.

3- Que se emita una revaloración general del valor actual de los salarios mínimos para hacerlos congruentes con el dictado del Artículo 57 de la Constitución Política: debe procurar bienestar y existencia digna. Hoy en día no lo está haciendo.

4- Que se restablezca la protección de una cantidad mínima inembargable al salario, legislando con urgencia al efecto. Ya salió la primera sentencia judicial en tal sentido.

5- Que se restablezca la Comisión de Negociación de Política Salarial para el Sector Público: analizando con urgencia la precariedad salarial en programas sociales y de seguridad: CEN-CINAI, control de plagas, cuerpos policiales, por ejemplo.

6- Que se pague la deuda pendiente del reajuste salarial por costo de vida para el sector Público correspondiente al año 2021, arbitrariamente retenida por el saliente gobierno pese a tener contenido presupuestario debidamente financiado.

Adicionalmente, el planteamiento al Presidente de la República indicó el deterioro de la situación socioeconómica de las personas trabajadoras ya pensionadas por el sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), señalándose:

7- Que se pague la deuda por reajustes pendientes de costo de vida ante la pérdida de poder adquisitivo a las personas trabajadoras pensionadas del régimen de IVM-CCSS, 80 % de las cuales ni siquiera tiene un monto de pensión igual al actual valor del salario mínimo que, por cierto, ya no está procurando ni bienestar ni existencia digna.

8- Que se instale, con urgencia, una mesa de discusión, no amañada y transparente, para analizar lo que está pasando con la sostenibilidad financiera del régimen IVM-CCSS: las razones del faltante en sus arcas de casi 50 billones de colones (50.000.000.000.000); y de la cruel decisión, aún no puesta en práctica, de elevar la edad para pensionarse, de reducir la cuantía al jubilarse y de, eventualmente, un nuevo aumento en la cotización obrera.

Mención especial merece resaltar el drama de un millón de personas compatriotas sin empleo y sin esperanzas, cuya batalla diaria por subsistir es ahora más dolorosa con el impacto generalizado de la desconsiderada alza en el precio de los combustibles.

San José, sábado 21 de mayo de 2022.

 Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP