La Seccional ANEP–PPM denuncia la grave crisis sanitaria y operativa que enfrenta la Policía Profesional de Migración, donde el ingreso sin valoración médica expone a personas detenidas y oficiales a un riesgo epidemiológico inminente.
Categoría: Incidencia
ANEP logra que la CCSS remueva autoridades en Santa Barbara tras denuncias fundamentadas
Las denuncias fundamentadas de la ANEP fueron determinantes para que la Caja Costarricense de Seguro Social removiera a la directora y al administrador del Área de Salud de Santa Barbara. La organización exige nuevos perfiles comprometidos con mejorar la calidad del servicio y reafirma que continuará vigilante para garantizar mejores condiciones a la población trabajadora y asegurada.
Trabajo conjunto entre ANEP y Municipalidad de Garabito genera importantes resultados
Gracias al accionar de la junta directiva de la seccional de ANEP se ha podido ir avanzando en diferentes puntos, dentro de los que destaca el pago de reajustes salariales, los cuales se han generado gracias al accionar administrativo de la Municipalidad. Próximamente se esperan los pagos restantes a la población trabajadora.
ANEP emplaza a Junta Directiva del INVU por crisis operativa y financiera
La Seccional ANEP-INVU denuncia con absoluta firmeza la alarmante crisis financiera y operativa que hoy atraviesa el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), producto de años de negligencia y de una Junta Directiva omisa que ha permitido un debilitamiento institucional sin precedentes. Informes técnicos recientes revelan la falta de controles internos efectivos, la ausencia de estados financieros confiables y un sistema de gestión pulverizado, evidenciando que la institución administra recursos públicos sin transparencia ni rendición de cuentas.
Durante años, nuestra organización ha levantado alertas y presentado denuncias fundamentadas sobre estas deficiencias estructurales, sin que la Junta Directiva haya tomado acciones sancionatorias, llamados de atención o cambios que corrijan el rumbo. La falta de respuesta efectiva a reiteradas advertencias de auditoría interna y de entes de control constituye una responsabilidad directa de quienes tienen a su cargo garantizar el correcto funcionamiento del INVU y la protección de los recursos públicos.
Resulta inaceptable que, mientras esta institución enfrenta riesgos financieros, administrativos y operativos de alto impacto, la Junta Directiva continúe en silencio, sin asumir las responsabilidades que le competen. La inacción prolongada no solo afecta la confianza ciudadana, sino que pone en riesgo el acceso a vivienda digna de miles de familias y la estabilidad de un sistema que debería ser garante de justicia social.
Exigimos a la Junta Directiva del INVU asumir con urgencia su responsabilidad institucional: implementar las recomendaciones de control interno, transparentar la gestión y responder con acciones concretas que restituyan la confianza pública. No permitiremos que la negligencia y la inacción sigan debilitando una institución clave para el derecho a la vivienda de la población costarricense.
ANEP pide a CCSS intervención real al Área de Salud de Santa Bárbara de Heredia
Maquinistas que laboran para el INCOFER crean Comité de Enlace
Atención a población trabajadora agrícola continúa fuerte en pro de obtener mejores condiciones
SITRAP denuncia la ineficacia de la Mesa de Diálogo Bananero y la persistente violación a los derechos sindicales
SITRAP hace un llamado urgente a las autoridades laborales y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a asumir con responsabilidad su papel garante, velando porque se cumpla con lo establecido en la legislación nacional y en los convenios internacionales suscritos por Costa Rica en materia de libertad sindical y negociación colectiva.
ANEP denuncia a la alcaldía de Oreamuno ante la Procuraduría de la Ética y Contraloría General
–En la denuncia, se les solicita a ambos entes fiscalizadores, analizar cuatro casos en donde se podría haber presentado un patrón de actuaciones contrarias a la ética, la transparencia y la correcta administración de los fondos públicos.
-Denuncia también involucra a otros funcionarios municipales
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su seccional en la Municipalidad de Oreamuno, en su constante labor de velar por el correcto manejo de los recursos públicos, presentaron ante la Contraloría General de la República (CGR) y la Procuraduría de la Ética Pública una denuncia contra el alcalde Oreamuno, Erick Jiménez Valverde, Rosaura Solís Carpio, presidenta del Concejo Municipal y el auditor municipal Álvaro Fonseca Calderón.
Hechos denunciados.
CASO 1: FACTURACIÓN IRREGULAR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE UN TERCERO
Con fecha 13 de mayo de 2024, el alcalde, Erick Jiménez Valverde, mediante correo electrónico, ordenó a la empresa EBI que la factura por la recolección de residuos sólidos de la Municipalidad de Paraíso fuera emitida a nombre de la Municipalidad de Oreamuno. Esta directriz compromete fondos públicos de Oreamuno para cubrir gastos de otro cantón. La orden explícita fue: «Posteriormente enviar la factura de esos residuos a la Municipalidad de Oreamuno para que posteriormente sea facturado a la Municipalidad de Paraíso. Aunque ambas sean facturadas a nombre de la Municipalidad de Oreamuno, favor dividir las facturas de cada municipio».
En ejecución inmediata de dicha orden, la empresa EBI emitió, los días 13 y 14 de mayo de 2024, las boletas de recepción No. 2-2368 y 2-2369 a nombre de la Municipalidad de Oreamuno. Ambos documentos indican inequívocamente en su descripción que se trata de: «Residuos de Municipalidad de Paraíso facturado por instrucciones de Alcalde de Oreamuno», demostrando que no fue un hecho aislado.
Comunicaciones posteriores vía mensajería instantánea entre personal de EBI y de la Municipalidad de Oreamuno corroboran que la facturación irregular se realizó «por instrucciones del alcalde» y que incluso se discutió la posibilidad de añadir una nota en la factura que dijera «según acuerdo de alcaldía» para justificar la acción.
No consta que el Concejo Municipal de Oreamuno —órgano competente para aprobar convenios interinstitucionales según el artículo 17 del Código Municipal— haya sido informado, consultado o haya otorgado autorización expresa para esta disposición administrativa. Adicionalmente, se constató la inexistencia de una autorización inscrita en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) que respalde esta colaboración administrativa entre Oreamuno y Paraíso.
Esta disposición fue adoptada sin el conocimiento ni participación del funcionario responsable del contrato suscrito con EBI en representación de la Municipalidad de Oreamuno, lo cual transgrede los principios de coordinación administrativa, control interno y legalidad en el uso de fondos públicos.
CASO 2: GRAVES IRREGULARIDADES EN CONTRATACIONES DE OBRA PÚBLICA
Una auditoría interna ha revelado serias deficiencias en la gestión, supervisión y recepción de múltiples proyectos de obra pública, con un posible perjuicio económico para el erario.
• A. Construcción del Edificio SINEM (Contrato 2021LA-000009-0010600001): La obra, adjudicada a GOCESA DEL MOLINO S.A. , fue pagada en su totalidad por la Municipalidad sin que se firmaran las actas de recepción provisional o definitiva. Esto se realizó a pesar de una larga lista de defectos constructivos y contractuales, tales como: ausencia de rampa para personas con discapacidad (incumpliendo la Ley 7600), ingreso de agua desde el techo, cambio no autorizado de una bodega por una cocina, falta de accesorios sanitarios y un sistema eléctrico defectuoso, entre otros. Además, no hay evidencia de que se exigiera la garantía de 10 años estipulada en el contrato.
• B. Remodelación del Área de Cajas del Edificio Municipal: Esta obra, declarada Patrimonio Histórico-Arquitectónico, inició el 18 de abril de 2022. Sin embargo, la gestión del permiso obligatorio ante el Centro de Patrimonio Cultural se realizó más de un mes después , lo que provocó que la obra, que debía durar 56 días, se paralizara y quedara inconclusa por más de un año, con escombros expuestos y afectando la imagen institucional.
• C. Mejoras en el Gimnasio Municipal: Se detectaron problemas de estabilidad en los tableros de baloncesto , se entregaron solo 15 de las 45 canastas metálicas requeridas y se utilizó varilla de un grosor inferior al especificado en la licitación, provocando que algunas se desprendieran.
• D. Reconstrucción del Centro de Acopio: Se realizaron cambios de materiales no autorizados (bloques en vez de paneles prefabricados). No se construyeron estructuras clave como la bodega y la nave , el área de ventilación es menor a la especificada y, de forma sumamente grave, los planos del proyecto nunca fueron visados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), un requisito legal indispensable.
CASO 3: PRESUNTOS NOMBRAMIENTOS IRREGULARES POR CLIENTELISMO POLÍTICO
Se han identificado nombramientos que sugieren un posible incumplimiento del artículo 136 del Código Municipal, el cual prohíbe el nepotismo y el conflicto de intereses.
La señora Yahaira Calvo Pérez, quien resultó electa como concejal de distrito por el partido Unidos Podemos, fue nombrada en propiedad en la municipalidad mientras ostentaba dicho cargo, lo que podría contravenir la normativa.
Posteriormente, El señor Yarrol Torres Calvo, hijo de la concejal Yahaira Calvo Pérez, fue contratado como peón ocasional. Este nombramiento parece constituir una violación directa al artículo 136 del Código Municipal, que prohíbe contratar parientes de concejales hasta el tercer grado de consanguinidad.
Otro de los casos denunciados es el Adrián Andrey Ramírez Rodríguez, también concejal electo por el partido Unidos Podemos, quien trabaja en la Municipalidad. Su contratación se financió con una partida presupuestaria destinada a emergencias, sin que conste que haya realizado labores de dicha naturaleza, lo que podría implicar un conflicto de intereses y un uso inadecuado de fondos públicos.
CASO 4: DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE INGRESOS
Durante los años 2022 y 2023, la Municipalidad cobró a ciudadanos la tarifa por permisos de Uso de Suelo, pero dichos montos no fueron ingresados a las arcas municipales. A la fecha, no se ha realizado una investigación disciplinaria para determinar responsables ni se ha cuantificado el perjuicio económico. Pese a que la Alcaldía emitió un memorándum con acciones correctivas (MEMORÁNDUM-MUOR-AM-05-2023), no hay evidencia de su implementación.
También se detectó, que el perfil del puesto de Inspector Municipal no incluye como requisito la licencia de conducir, a pesar de que sus funciones exigen desplazamientos constantes por todo el cantón, lo que dificulta la optimización de recursos.
Los hechos denunciados por la ANEP y su seccional, son respaldados por una serie de documentos que han sido presentados junto a la denuncia como pruebas.
Para la ANEP y su seccional en la Municipalidad de Oreamuno, estos no parecen ser incidentes aislados, sino que sugieren un patrón de gestión caracterizado por el presunto abuso de autoridad, el clientelismo político, la falta de transparencia, la omisión del deber de control y supervisión, y un manejo irregular de los fondos públicos. Estas actuaciones estarían contraviniendo frontalmente los principios y deberes establecidos en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (N° 8422) y la Ley General de la Administración Pública, por lo que solicitan se realicen las investigaciones pertinentes.
Carta abierta de parte de la ANEP para el diputado Alejandro Pacheco Castro Asamblea Legislativa
Estimado señor:
El Proyecto de Ley N°24.103 que usted presentó a la Asamblea Legislativa, con el pomposo nombre de “PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA MEDIANTE LA FLEXIBILIZACIÓN DE MICROCRÉDITO”, tiene la trampa de encarecer todo el crédito que hoy está colocado a tasas del 36,65% y llevarlo al 51,74%; para todos aquellos préstamos que estén en la franja de los ¢686.000 a los ¢1.382.000, los cuales dejarán de ser crédito regular y pasarán a llamarse microcrédito.
Eso es que, todas aquellas personas que hoy tengan un crédito comercial por electrodomésticos, en una financiera, en una casa de empeño, en una garrotera, etc., se les encarecerá 15 puntos porcentuales la tasa de interés; y, al generarse un aumento vulgar de la cuota de pago, caerán en morosidad. Las garroteras estarán felices porque si el crédito en la franja que se encarecerá fuera ¢200.000 millones (cifra muy probable), se embolsarían ¢30.000 millones en los próximo 12 meses.
Don Alejandro: Nos parece sumamente comprometedor que usted también haya presentado el Proyecto N° 23410, “LEY DE PROCEDIMIENTOS DE COBRO EN SEDE NOTARIAL”, que no es más que permitirles a las garroteras que se adjudiquen los bienes de los deudores, desde el despacho de un abogado, sin ir a donde un juez que imparta justicia.
Diputado Pacheco: No se vale seguir golpeando a los más débiles de este país pensando en favorecer intereses cercanos.
Pero, además, se promueve usted como firmante del Proyecto N° 23101, “LEY PARA LA PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DEL MICROCRÉDITO COMO FOMENTO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FINANCIERA EN COSTA RICA”, que pretende subir las tasas topes de la usura a cifras cercanas al 90 %. Esto ya es vergonzoso y muestra sus claras pretensiones de beneficiar garroteras a toda costa.
Es bien sabido que su familia ha estado en el negocio de los préstamos de dinero por muchos años. Por esto ANEP le solicita a usted renunciar a la promoción de tales nefastas iniciativas anti-obreras; igualmente con gran vehemencia le pedimos a la actual Asamblea Legislativa no tramitar sus iniciativas, exhortándole a que nos desmienta en cuanto a nuestra afirmación de que usted está inmerso en un gran conflicto de interés.
Como habrá notado, esta carta también está remitiéndose a la Procuraduría de la Ética para que proceda con lo de su competencia, investigando y/o denunciando lo que corresponda.
Solo para recordarle que, según los diarios nacionales e internacionales, su padre, don Ovidio Pacheco Salazar, debió dejar el cargo de Ministro de Obras Públicas y Transportes, por tener una empresa financiera que cobraba altos intereses a una comunidad rural.
