Categoría: Incidencia

• Es requisito de la OCDE, indica ministra Pilar Garrido

NOTA: Diario Extra

En el 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) llevará a cabo el “Censo del Bicentenario”, para lo cual se dispone de un presupuesto de ¢9.426 millones.

Así lo explicó este miércoles la ministra de Planificación, Pilar Garrido, ante los diputados de la Comisión de Hacendarios en el marco de la defensa del presupuesto de la República del próximo año.

La jerarca recordó que en el marco de los cambios que el país aplicó para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se impone un requerimiento para la periodicidad de censos cada 10 años.

Para financiar estos recursos, el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) tiene dispuesto hacer una transferencia al INEC por ¢3.450 millones. 

El resto del presupuesto para el censo sale de recursos que recoge el mismo INEC por la Ley 9694 aprobado en junio pasado del impuesto a las primas de seguro con ¢1.621 millones y el resto de un superávit libre de INEC que según la ley le permite crear fondos para proyectos especiales como este, por un monto de ¢4.355 millones.

Floribel Méndez Fonseca, presidenta del INEC, resaltó la importancia de esta herramienta estadística para el país, ya que con estos datos actualizados se podrá mejorar y actualizar proyectos y políticas públicas.

CENSO EN PANDEMIA

El diputado Otto Roberto Vargas, del Republicano Social Cristiano, cuestionó cómo hará el INEC para implementar un censo en el marco de la pandemia por el Covid-19.

Méndez explicó que deberán replantear la recolección de la información en campo. Si bien reconoce que la operación estadística en un censo nacional es compleja, para ello en noviembre próximo se llevará a cabo un “censo piloto” para aplicar diferentes técnicas en la recolección de la información.

En ese sentido el INEC buscará mantener tanto la técnica tradicional de entrevistas cara a cara, mediante un protocolo sanitario que ya fue aprobado por el Ministerio de Salud.

Y por otro lado con la aplicación de un “autocenso” para cuando no hay posibilidad de una entrevista directa se le contacta a la persona y se le envía las preguntas de forma electrónica.

Sobre la barrera de la regla fiscal que el INEC sobrepasará en su presupuesto del 2021 por este proyecto, la jerarca explicó que ya están trabajando con las autoridades respectivas para que no haya problemas en ese aspecto.

“Me parece que gastar casi ¢10 mil millones para el censo es demasiada plata”, comentó el diputado Vargas, que fue el único legislador de la comisión que mostró alguna oposición sobre el tema.

El censo del bicentenario obligará a contratar a 14.500 personas durante tres semanas para que durante el mes de julio 2021 realicen la recolección de la información. Se visitarán alrededor de 1.800.000 casas y entrevistará a 5.200.000 personas.

Los datos preliminares del censo se comenzarán a conocer al final del 2021.

*Colaboró la periodista Sharon Cascante.

VOCES SINDICALES

Albino Vargas

ANEP

“Estar en la OCDE fue una soberana embarcada para este país porque no le van a hacer caso, primero cuando la OCDE está pida que se le ponga impuestos al gran capital y a las altas rentas. Por otro lado, están forzando a hacer gastos que no son necesarios en este momento de tanta crisis social y económica para miles de familias trabajadoras. Yo creo que están creando condiciones para que cuando termine este gobierno algunos de sus altos cargos pasen a integrar la burocracia de lujo que tiene la OCDE en su sede en París. Algunos jerarcas que impulsan estas cosas, a lo mejor están pensando en concursar para írsela a tirar rico a Francia como altos funcionarios internacionales”.

Rodrigo López

ANPE

“Nadie puede estar contento de estar afiliado a una institución que aparte que nos cuesta muchos miles de millones de dólares la afiliación. Nos exige o condiciona cierto tipo de estándares para poder ser parte, no solamente del staff de países que están en ellos como organización, sino para decir que evolutivamente estamos creciendo como sociedad activa, como sociedad económicamente viable dentro de los parámetros neoliberales que están dominando el mundo. Me parece un ridículo que tengamos que utilizar dineros que podrían estar siendo inyectados a programas de desarrollo social en asuntos de un conteo que particularmente me parece no es prioridad que tenga el país. Mucho le debe el Estado costarricense al régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social, en cuanto a la deuda histórica por la no cancelación de dineros que le tocan por ley y la no cancelación de lo que fue el traspaso del primer nivel del Ministerio de Salud a la Caja, para que ahora se diseñen estrategias para gastar una enorme cantidad de dinero y seguir golpeando en los servicios básicos públicos que deberían estar teniendo una tendencia a reforzarse”.

Marvin Atencio

Siprocimeca

“Estar en la OCDE nos ha costado una millonada, todavía yo no he visto cuál es la ganancia o el valor real para Costa Rica por estar metido en la OCDE, de qué forma nos está beneficiando si más bien vemos recomendaciones que van en contra de los intereses de la clase trabajadora y la situación económica del país, más bien nosotros hemos criticado esas posiciones tan extrañas. Para nosotros el pago de la membresía es exageradamente caro para lo que estamos obteniendo. Es una inversión con poco beneficio desde el punto de vista económico, estratégico. Deberían de tomar esos dineros y abonarlos a la deuda del Estado que es una urgencia en este momento por la situación país, a la cual la Caja le está haciendo frente”.

CCSS compró ¢4.706 millones en títulos de La Nación

Nota: Diario Extra

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) destinó ¢4.706 millones a la compra de títulos de La Nación y sus subsidiarias, cuyo dinero se captó en parte para la construcción de Parque Viva.

Así se desprende de los Estados Financieros del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de los cuales este medio tiene copia, y de hechos relevantes dirigidos al Mercado de Valores. 

Hubo dos emisiones, la A14, realizada del 21 de marzo por un monto de ¢10 mil millones con un vencimiento al 2024. Se habría hecho a través de Aldesa. 

La segunda es la B14 por ¢11 mil millones con vencimiento a 2025 y cuya emisión se realizó el 4 de abril de 2014. En ambas participó la Caja como comprador de los títulos con fondos de IVM. 

Del hecho relevante FC-29-2014 se extrae que el objetivo de la captación de recursos es la inversión en activos productivos de largo plazo como la remodelación del Autódromo La Guácima (Parque Viva), anfiteatro, un centro de exhibiciones y plazas al aire libre, áreas de acceso y recreación.

Otra parte indicó La Nación se dirigiría a la cancelación de pasivos de entidades públicas y privadas, considerados estratégicamente convenientes, así como para financiar requerimientos de capital para inversiones futuras. 

A la fecha, la CCSS habla de la tenencia de ¢2.950 millones en títulos de La Nación y sus subsidiarias, debido a que la otra parte del dinero invertido habría venido retornando a la institución a través de los vencimientos. 

Sería esta la única empresa no financiera en la que el IVM decidió invertir para ese periodo (2014), según los estados financieros. El resto de las inversiones en el sector privado las constituyeron en bancos y mutuales. 

DIARIO EXTRA dio a conocer que la Junta Directiva de la Caja pidió explicaciones recientemente a la Gerencia de Pensiones sobre la conveniencia de mantener dichas inversiones. 

Lo anterior obedece a que, según la CCSS, se ha dado una disminución de la calificación de riesgo de las mismas, pasando de “AAA” en el momento que se realizó por primera vez la oferta de mercado a “A” al día de hoy.

Indican que la Junta Directiva en el artículo 9º de la sesión No.8818, celebrada el 17 de diciembre de 2015, acordó la venta de los títulos valores de La Nación y subsidiarias, sin embargo por las condiciones de los precios de mercado y la poca demanda de estos ha sido imposible hacer efectivas dichas ventas.

CCSS: “TENÍA UNA CALIFICACIÓN AAA”

La Gerencia de Pensiones señaló a El Periódico del Pueblo que toda inversión que realiza el Fondo del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte se hace de conformidad con la normativa. Explicaron que las inversiones son avaladas y aprobadas por los comités y con el apoyo de los análisis y acuerdos de la junta de Riesgos. 

En este caso, aseguran se realizó un análisis financiero y un criterio de riesgo.

Sobre por qué invertir en La Nación, comentaron que el Mercado de Valores Costarricense es muy incipiente y poco desarrollado en la oferta privada de títulos valores, lo cual ha sido característico aún más en los últimos años.

“De la poca oferta pública siempre se han realizado los estudios respectivos para determinar la viabilidad técnica y legal de invertir o no, donde en su mayoría no cumple ni financiera ni legal”, recalcaron. 

Aducen que el IVM ha contado en su momento con inversiones en títulos valores de empresas como Atlas y Durmán Esquivel, además de las ya mencionadas de bancos privados. 

No obstante, acotan que la oferta de empresas privadas no financieras de calificación AAA, desde el 2015, es prácticamente nula y no se han realizado inversiones nuevas. 

DIPUTADO CUESTIONA 

El diputado Dragos Dolanescu manifestó a El Periódico de Más Venta en Costa Rica que pediría explicaciones a la CCSS sobre la inversión en títulos de La Nación y sus subsidiarias.

“Coincide sospechosamente que tanto la inversión por parte del Grupo Nación en el Parque Viva como el arreglo de pago para evitar ir a juicio por la evasión con las rotativas se dan poco después de que la Caja Costarricense de Seguro Social utilizara dinero de los fondos de pensiones para comprar bonos de La Nación”, expresó el legislador. 

Las declaraciones del parlamentario hacen referencia a que para el momento de la emisión del 4 de abril de 2014, trascendía en la prensa, que el Juzgado Penal del II Circuito Judicial había fijado fecha para la audiencia preliminar en el caso de La Nación por presunta defraudación fiscal en la venta de dos rotativas. 

Finalmente, la empresa llegaría a una conciliación con el Estado por ¢2.277 millones en noviembre de ese año. 

Dolanescu agregó que “se ve muy feo cómo una empresa se capitaliza con el dinero de las pensiones de todos los costarricenses y de inmediato paga deudas con Hacienda, suena como raro eso de pedir plata prestada al Estado para pagar deudas que se tiene también con el Estado, así es muy fácil para algunos hacerse millonarios a costilla del pueblo costarricense y aprovecharse de sus influencias para no afectar sus finanzas personales”.

VALORAN LLEVAR CASO AL MINISTERIO PÚBLICO

El secretario general de la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, dijo que están pensando llevar el caso incluso hasta el Ministerio Público. 

“Desde el punto de vista que los dineros de los trabajadores que tanto sacrificio les cuesta ganarlo y que vayan a apuntalar a negocios abiertamente lucrativos para reducidos grupos económicos que ya acumulan demasiado dinero es un acto censurable”, comentó. 

La ANEP está pidiendo a la CCSS que separe al Comité de Inversiones y dé una explicación sobre la compra de dichos títulos. “Parecen ser más de ¢4 mil millones, no descartamos enviarlo al Ministerio Publico porque no es la primera vez que se presentan cosas como esta en la inversión de fondos del IVM”, finalizó.

• Dragos Dolanescu

Diputado

“Coincide sospechosamente que tanto la inversión por parte del Grupo Nación en el Parque Viva como el arreglo de pago para evitar ir a juicio por la evasión con las rotativas se dan poco después de que la Caja Costarricense de Seguro Social utilizara dinero de los fondos de pensiones para comprar bonos de La Nación”.

• Albino Vargas

Secretario ANEP

“La ANEP está pidiendo a la CCSS que separe al Comité de Inversiones y dé una explicación sobre la compra de dichos títulos. Parecen ser más de ¢4 mil millones”.

• Gasto presupuestario de Comex crece 43% para el 2021

Nota: Diario Extra

En plena crisis fiscal Costa Rica se dará el lujo de destinar ¢2.165 millones para el pago de la membresía a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

Así se desprende del proyecto de presupuesto para este 2021 del Ministerio de Comercio Exterior. Debido a ello, los gastos para esta cartera crecen en un 43,1%.

Sin embargo, el Ministerio de Comercio Exterior aduce que la membresía es de sólo ¢1.400 millones por año. El incremento del monto para 2021 obedece a un gasto extra de ¢749 millones requeridos por ser el primer año de ingreso.

Se habla de que esta es la cuota “post adhesión”. El ministro a.i, Duayner Salas, indicó que para el 2021 el monto es más elevado por gastos extras derivados del proceso de adhesión.  

De la exposición de motivos se desprende que todo gobierno debe estar preparado para asumir las obligaciones de la membresía para adherirse a la convención. Esto forma parte de la declaración general de aceptación. 

Según Comex, resulta fundamental asignar los recursos necesarios para cubrir estos gastos. Ahora, su aprobación queda en manos de los diputados como parte del análisis del presupuesto para el próximo año. 

El Ministerio había explicado que el monto de esta contribución es establecido con base en el PIB (Producto Interno Bruto) de cada nación. La OCDE se financia con las contribuciones de sus miembros. 

El pasado 15 de mayo de 2020, el país recibió la invitación formal del consejo de la organización para convertirse en el miembro número 38 de la organización y suscribir la convención.  

Esto luego de cinco años de iniciado el proceso de adhesión, y de que los 22 comités emitieron su opinión formal. 

Recientemente el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, señaló que el convenio de adhesión a la OCDE sería remitido a la Asamblea Legislativa a más tardar este viernes.

Otro tema pendiente es quién será el representante de Costa Rica ante ese organismo. Según Prieto, esto quedó claro desde que Dyala Jiménez, era ministra de Comercio Exterior. 

Sin embargo, uno de los motivos de la salida de la jerarca fue que al parecer había interés del gobierno de que fuera de Cancillería quien ocupara ese lugar, algo con lo que Jiménez, dijo no estar de acuerdo. Posteriormente, Presidencia diría que eso no era así. 

Una vez que se firme el protocolo de adhesión, el país tendrá que nombrar a un embajador. 

“UN POBRE EN EL
INDOOR CLUB”

La OCDE es una organización internacional, cuya misión es diseñar políticas para una mejor calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, es decisión de cada país si implementa sus recomendaciones.

Para Rafael Mora, encargado de Asuntos Políticos de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), resulta una contradicción que se diga que no habrá aumento salarial para los empleados públicos el próximo año y se vayan a pagar millones por estar en este organismo.  

“Es condenable que en plena crisis como está este país estar pagando a organismos internacionales. El pueblo lo siente como una burla, mientras que los trabajadores les congelan el salario o se le reduce la jornada laboral, se ponen a pagar dinero en afiliaciones en organismos internacionales”, comentó. 

Mora dijo que además de la membresía hay que tomar en cuenta que este ingreso se convertirá en viajes aquí y allá y el pago de un jugoso salario para quien sea el embajador.  

“Nos condenan a una situación de congelamiento salarial injusto e inaceptable, pero tienen para andar pagando estas membresías, entonces uno ve que las medidas son contra la clase trabajadora. Es imposible que Costa Rica haya cumplido en transparencia fiscal, aquí lo que hay es una mafia y seguro le hicieron el favor para el ingreso. Esto de la OCDE es como un pobre en el Indoor Club”, añadió. 

Lenin Hernández, secretario del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae), manifestó que esto demuestra que el país se está equivocando nuevamente en la ruta económica. 

“Ahí es donde decimos que se destinan los dineros de forma equivocada con la OCDE, asesorías y gastos superfluos que solo traen más pobreza y desigualdad. Si uno se pone a analizar el contexto mundial ¿Qué se ganan con estar en la OCDE?, yo diría que nada, más bien los países bajo la perspectiva de la autonomía y la pandemia están asumiendo el manejo de su economía. La respuesta la tiene cada país de acuerdo a su desarrollo cultural, cada país es distinto. La solución no está en estos organismos”, recalcó.

RUMBO EQUIVOCADO

•Rafael Mora

ANEP

“Es condenable que en plena crisis como en la que está este país, estar pagando a organismos internacionales. El pueblo lo siente como una burla, mientras que los trabajadores les congelan el salario pagan estas millonadas”.

•Lenin Hernández

Sinae

“Ahí es donde decimos que se destinan los dineros de forma equivocada con la OCDE, asesorías y gastos superfluos que solo traen más pobreza y desigualdad”.