–Municipalidades deben ser liberadas de la dictadura de la regla fiscal
–El extremismo ideológico macrofiscal vulnera a los gobiernos locales
De manera clara y contundente dejamos constancia del total respaldo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), al Expediente Legislativo No. 21.922, denominado Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19; mismo que ha sido enviado para su tramitación urgente por parte del Poder Ejecutivo para que la Asamblea Legislativa lo vote en el actual período de sesiones extraordinarias del parlamento, mismas que finalizan el próximo 30 de abril. Se trata de una atinada decisión de Casa Presidencial que debemos aplaudir.
Las municipalidades, como la figura institucional republicana de gobierno más cercana a la gente, a la ciudadanía, deben jugar un extraordinario rol a fin de atajar e, incluso, revertir el delicado proceso de exclusión social y económica que Costa Rica ya ha venido padeciendo en los últimos años; sistemática desigualdad que ahora se ve agravada, de manera radical, dada las graves consecuencias económico-sociales y productivas de los efectos en el país de la pandemia del coronavirus COVID-19.
Desde un principio y muchísimo antes de que al país se le impusiera la fatídica ley No. 9635, erróneamente denominada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en diciembre de 2018, la ANEP levantó como una sus principales argumentaciones para oponerse a la misma, la derogatoria de facto que se produciría mediante tal legislación de la autonomía constitucional del régimen municipal, violentándose así, de manera grosera, la propia Carta Magna del 7 de noviembre de 1949, que le dio a los gobiernos locales un régimen autonómico que solamente podría ser eliminado reformando ese postulado constitucional, lo que nunca se hizo. Sin embargo, con esa Ley 9635 violentaron la Constitución de 1949 en este (y en otros) ámbito de la autonomía constitucional.
La fuerte lucha de la ANEP, prácticamente en solitario en aquellos momentos en defensa de la autonomía constitucional del régimen municipal, de cierta manera tiene ahora una expresión fructífera concreta con el proyecto de ley 21.922; lo cual nos lleva a dejar manifestación pública de nuestro vehemente llamado para que la Asamblea Legislativa lo vote, favorablemente, cuanto antes, dado que este proyecto viene impulsado de manera multipartidista por 40 personas legisladoras.
Muchas personas conocedoras de los beneficios que para la institucionalidad democrática del país supone un régimen de gobiernos locales de carácter municipal, saben que éstos deben fortalecerse, lo cual recibió un duro golpe con la inclusión de los mismos dentro de los parámetros de orden fiscal-autoritario de la Ley 9635, conocidos como regla fiscal.
La pandemia del coronavirus COVID-19 está, en estos mismos momentos, haciendo añicos en muchos países del planeta tales dictados fiscalistas, de signo ideológico neoliberal; precisamente porque sus respectivos pueblos están sufriendo, aparte de la irreparable pérdida de vidas humanas, graves quebrantos productivos, económicos y sociales que, como se está haciendo constar, solamente desde la iniciativa de lo público-estatal se podrán confrontar y revertir exitosamente para el bien común y para la propia paz social.
Este proyecto de ley 21.922 pondrá, precisamente, a las municipalidades en mejores condiciones de impulsar una serie de acciones de diverso orden en la línea de la preservación de la paz social, misma que si ya había estado amenazada por la indicada exclusión y social económica de los tiempos pre-pandemia; ahora, con el hambre en ciernes en miles de hogares, no se podrá garantizar esa paz sin contar con una acción pública fuerte desde local, lo que las municipalidades no podrán hacer si sigue pesando sobre ellas, la imposición fiscalista de quienes la impulsan desde sus cómodas oficinas con salarios e ingresos jugosos de por medio, que no saben para nada de las peripecias, angustias y pesares de los alcaldes, de las alcaldesas y de las personas regidoras que todos los días en sus propias comunidades, se enfrentan a este drama social y económico que es la pobreza y la vulnerabilidad de pobreza en crecimiento, ahora más motorizadas por el COVID-19.
Las honorables señoras diputadas y los honorables señores diputados que se alistan a apoyar este proyecto de ley 21.922, deben saber que están recogiendo un clamor en el nivel local que se expresa en miles de voluntades a favor de todo tipo de medidas para que la pandemia del coronavirus COVID-19 no cause devastadores daños en el propio tejido social que da sustento a la estabilidad democrática del país.
Les instamos a poner oídos sordos a las ya conocidas voces estridentes insensibles y deshumanizadas para las cuales las personas deben estar al servicio de la economía y no que ésta esté al servicio de la gente. Lamentablemente, hace ya bastante tiempo que la propia Contraloría General de la República (CGR) se matriculó, política e ideológicamente, con una visión del ordenamiento social que excluye la promoción del bien común y que favorece la exclusión social y económica.
Instamos, de manera vehemente, a que todas las organizaciones laborales del servicio municipal costarricense para que se pronuncien con urgencia en esta misma línea de pensamiento; especialmente, a las entidades seccionales de la ANEP presentes ya en 65 de las 82 municipales del país. Idéntico es nuestra solicitud, por demás respetuosas, para las actuales alcaldías, las próximas a entrar a regir y a los concejos municipales salientes y entrantes.
San José, jueves 16 de abril de 2020.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto de la ANEP
Fuente: Farid Ayales Esna, ex ministro MTSS de aquel entonces (1994)
El salario escolar nació en 1994 a través de un decreto ejecutivo del entonces Presidente de la República, José María Figueres Olsen.
“En 1994 se llega a un acuerdo de política salarial. Ahí se estableció la creación de esta figura del salario escolar”. Se pactó un aumento de salario de un 8%. Pero en lugar de entregarle al trabajador ese 8% de salario, le entregaron el 6,75%,porque el 1,25% decidieron retenerlo mes a mes y en el mes de enero del año siguiente, se le iba a dar ese dinero con la misma finalidad: que los trabajadores tuvieran un ingreso que les permitiera soportar los gastos académicos de sus hijos”.
En 1994 se le retenía 1,25% mes a mes y se entregaba en enero siguiente. Ese porcentaje de retención de aumento salarial de 1994 se fue ensanchando con los años de esta manera, según según el Ministerio de Trabajo:
1994-1995: se retiene el 1,25%
1996-1997: se retiene el 3,58%
1998-2015: se retiene el 8,19%
En 2016, con el decreto 39202, se establece de manera escalonada el salario escolar hasta llegar al 8,33% con miras a que en enero se pague un salario completo.
2016: 8,23% 2017: 8,28%
2018: 8,33%
En 2019 estamos como el año pasado. Un 8,33% del salario de los empleados públicos será retenido cada mes y se pagará en enero de 2020 en un solo pago equivalente a un salario completo.
EL SALARIO ESCOLAR NO SE PUEDE NI SE DEBE ELIMINAR !!
Fuente: Farid Ayales Esna, ex ministro MTSS de aquel entonces (1994)
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), afiliada a la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y a la Confederación de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA), firmó este martes 15 de abril su adhesión al documento “La deuda prioritaria es con la salud de los pueblos”, la cual solicita a los gobiernos de la región dirigir todos sus esfuerzos económicos, políticos y sociales para atender y controlar la pandemia del Covid-19.
A continuación, el documento que ya ha sido firmado por diversas organizaciones y personajes de la sociedad civil Latinoamérica.
LA DEUDA PRIORITARIA ES CON LA SALUD DE LOS PUEBLOS
La crisis que ha desatado la pandemia del coronavirus en América Latina y el Caribe obliga a encarar respuestas urgentes, inmediatas. Frente a una coyuntura tan grave, proseguir con el pago privilegiado de la deuda pública no es compatible con la prioridad absoluta que exige el cuidado de la vida y la salud de nuestros pueblos.
Los gobiernos de América Latina y el Caribe deben afirmar sin titubeos la disposición de todas las riquezas y los recursos naturales de titularidad de los pueblos, tal como lo consagran los Pactos Internacionales de las Naciones Unidas de Derechos Civiles y Políticos (art. 75, inc. 22°, C.N.).
Es obligación de los Estados garantizar esa titularidad jurídica para poder atender la emergencia mediante:
La declaración por parte de los Estados del “estado de necesidad” (1)
La suspensión inmediata del pago de capital e intereses de todas las deudas soberanas,
Impulsar acciones internacionales consensuadas para legitimar aplazamientos de pagos y quitas imprescindibles en las deudas públicas, ante organismos multilaterales y acreedores privados.
Primero, la definición de la emergencia. Luego, los países periféricos deberán generar decisiones -basadas en investigaciones y auditorías públicas previas, meticulosas y transparentes- que lleven al necesario control de legalidad y legitimidad de los compromisos financieros, los eventuales requerimientos vinculados a la anulación de los mismos, la condonación total o parcial de deudas, las reestructuraciones y reprogramaciones de pagos de la deuda declarada legítima.
La prioridad es la salud de los pueblos: los recursos deberán estar disponibles para atender en primer lugar las consecuencias económicas y sociales de una crisis cuya dimensión ni siquiera podemos aún cuantificar
LA CRISIS SANITARIA Y LA DEUDA SOBERANA
El problema de la deuda soberana ha sido una limitante permanente a las posibilidades de crecimiento y desarrollo de nuestros países. Debe ser asumida como un instrumento de financiamiento con responsabilidad y claridad en relación a los fines para los que fuera destinada. Cuando deja de
cumplir esos criterios se convierte en deuda eterna y solo instrumento para el parasitismo especulativo, la exacción usuraria, y las permanentes crisis de las balanzas de pagos.
La historia reciente de nuestra región corrobora que en medio de crisis económicas y sociales de grandes proporciones, enormes sumas dinero fluyeron -y fluyen- frente a cada vencimiento desde las arcas de los países deudores a manos de sus acreedores, coartando la posibilidad de atender tanto el financiamiento de su necesario desarrollo como sostener sus funciones básicas, como la garantía de salud, alimentación y educación para sus pueblos.
Hoy, cuando la vida de millones de personas en todo el mundo depende de la capacidad de respuesta universal de una salud pública sistemáticamente atacada durante décadas, queda en evidencia el obsceno sistema de valores en cual nos hemos estado moviendo.
Discutir condiciones de desarrollo y distribución de esfuerzos y resultados de nuestras economías sigue siendo ineludible. Se deben definir las prioridades, los recursos y el financiamiento para satisfacer las demandas de la sociedad -en el presente y en el futuro-, en forma paralela a un desarrollo equitativo y sustentable.
EL DÍA DESPUÉS DE MAÑANA: SUSTENTABILIDAD EXTERNA
Incluso en medio de la crisis sanitaria es necesario encarar una agenda que permita una solución definitiva al problema de la deuda, de cara al futuro, la que necesariamente debe contemplar:
Retomar iniciativas para el establecimiento de un marco legal, regional e internacional para la resolución de la deuda soberana y el combate a las prácticas extorsivas de “fondos buitre”, sentando las bases de una nueva arquitectura financiera internacional (2)
Impulsar una legislación que garantice, acorde a las condiciones de cada país, límites efectivos al endeudamiento en pos de la sustentabilidad externa de nuestras economías.
Encarar una estrategia, regional e internacional contundente contra la fuga de capitales y la existencia de paraísos fiscales, incluidas iniciativas (legislativas y políticas) para la fiscalización, tributación y recuperación de las riquezas fugadas, aportando al diseño de mecanismos de control, regionales e internacionales que impidan la continuidad del latrocinio a los recursos y el trabajo de los pueblos.
CONVOCATORIA
Este documento es un esbozo contributivo para un amplio llamado a la unidad de América Latina y el Caribe en este momento crítico. Está basado en la convicción de la existencia de un amplio consenso a favor de la más amplia participación democrática para responder en lo inmediato con medidas urgentes, y en perspectiva con acciones solidarias y propuestas consensuadas acordes a esta grave encrucijada histórica.
Estando en circulación y firma el presente documento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha dado a conocer su Resolución 1/2020, de extensa fundamentación, ante la pandemia del COVID 19, cuyo punto resolutivo N° 18, establece: “Suspender o aliviar la deuda externa y las sanciones económicas internacionales que puedan amenazar, debilitar o impedir las respuestas de los Estados para proteger los derechos humanos frente a contextos de pandemia y sus consecuencias. Ello a fin de facilitar la adquisición oportuna de insumos y equipos médicos esenciales y permitir el gasto público de emergencia prioritaria en otros DESCA, sin poner en mayor riesgo todos los derechos humanos y los esfuerzos avanzados por otros Estados en esta coyuntura, dada la naturaleza trasnacional de la pandemia.” (3)
En otros puntos de la Resolución se destaca el carácter imperativo de lo resuelto y su exigibilidad en atención a los principios del derecho internacional y regional de los derechos humanos.
Los firmantes comunicaremos el presente documento a los tres poderes que conforman los gobiernos democráticos latinoamericanos para que las decisiones que se adopten sean tomadas a tiempo, en consonancia con el estado de necesidad que afirmamos.
Notas:
En el derecho internacional el “estado de necesidad” es “el único modo para el Estado de salvaguardar un interés esencial contra un peligro grave o inminente” (Anexo Recomendaciones de Resolución 56/83 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2001).
Entre otros: Principios Básicos de los Procesos Reestructuración de Deudas Soberanas (Resolución 69/319 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2015; Ley Relativa a la Lucha contra las Actividades de los Fondos Buitres de Bélgica http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/ 54/1057/54K1057005.pdf
Fernanda Vallejos, Eduardo Barcesat, Raúl Zaffaroni, Andrés Asiaín, Horacio Rovelli,, Jorge Marchini, Víctor Carricarte, Rafael Kohanoff, Julio Gambina, Claudio Katz, Rubén Gilardi, Felisa Miceli, Alfredo Calcagno, Julián Domínguez, Jorge Cholvis, José Cárcamo, Debora Giorgi, Alberto Gandulfo, Marisa Duarte, Alejandro Otero, Marcelo Mazzón, José Sbatella, Alejandro Rofman, Fernando Porta, Pablo Vommaro, Guillermo Wierzba, Jorge Molinero, Pablo Fucci, Graciela Orfeo, Walter Formento, Carlos Pafundo, Eva Sacco, Alejandro López Acotto, Jorge Motta, Hernán Morero, Mercedes La Gioiosa, Laura Villardebó, Pablo Singerman, Sonia Filipetto, Gabriel Merino, Javier Ortega, J.M. Rinaldi, Hernán Morero, Nora Pizarro, Carlos Martínez, Beatriz Rajland, María Elena Saludas, Luis Messina, Juan Sancartángelo. Damián Uberman, Damián Díaz, J.Calvo, Adrián Muracciole, Juan Ortiz, Germán Saller, Santiago Mancinelli, Germán Saller, Alfredo Iñiguez, Ricardo Koss, Gabriel Chamorro, Mercedes González, Carlos Fidel, Valeria Sánchez, Emilio Pérez Campanelli, Noemí Brenta, Martín Barletta, Roberto Rojas, Carlos Gutiérrez Morchio, Valeria Sánchez, Emilio Pérez Campanelli, Martín Barletta, Carlos Fidel, Julián Denaro, Walter Formento, Mireya Baglietto,,Jorge Carpio, Vernal Fritas, Julián Kan, Ramiro Bertoni, Carlos Russo, Víctor Portnoy, Julian Denaro, Magdalena Rua, Mario Rapoport, Sergio Arelovich, Alberto Jozami, Gabriela Golder, Isaac Rudnik, Amado Boudou, Itaí Hagman, Héctor Sosa, Raúl Dellatorre, Gabriela Sharpe, Héctor Fernández, Carlos Minucci, Verónica Mercado, Carlos Raimundi, Pedro Biscay, Leo Bilanski, Tita Ayan, Guillermo Moretti (UIA), Ricardo Carrizo, Margarita Cuenca, Carlos Gonella, Juan Emilio Sala, Héctor Daer (CGT), Eduardo de la Serna, Matías Cremonte, Alberto Letteri, Guido Forcieri, Juliana Di Tulio, Graciela Treber, Milagro Sala, Raúl Noro, Lionel Stiglitz, Sergio Leavy, Alejandro Romero, Graciela Mussi, Mariano Beristain, Juan Cruz Cabral, Jorge Elbaum, Pablo Tigani, Juan Carlos Biani, Hugo Fernández (CEEN), Fabián Autuori, Félix Gibbs, Janet Mehl, Alberto Lettieri, Eduardo Di Cola, Julio Bulacio, Marcos Rebasa (IESO), Diego Penizzotto, Adela Toresano,
Eric Toussaint (Bélgica),
Rosa Marques , Luciano Wexell Severo, Mariana Gouvea, Niemeyer Almeida, Marcelo Alvares de Lima Depieri, Carlos E. Martins, Fabio Barbosa dos Santos , Luis Barbosa dos Santos, Carlos Serrano Ferreira, Alexis Saludjian , Flavia Lessa de Barrios, Judite Stronzake, Bruno De Conti, (Brasil)
Jorge Gonzalorena, Paula Vidal Molina (Chile) Carolina Jiménez (Colombia)
Rafael Heiber ( España) Camille Chalrmers ( Haití)
Mientras que en Europa desean fortalecer las instituciones públicas ante la pandemia del Covid-19, en Costa Rica, quieren privatizar las instituciones que han estado en primera línea de batalla para contener el coronavirus.
Por: Mauricio Castro, especialista en Derecho Laboral
Las que eran certezas y una ruta de desarrollo económico relativamente exitoso para algunos, se han hecho pedazos. En muchos países se han retomado discusiones sobre el rol del estado y la centralidad de la función pública, el rol del gasto público y las limitaciones de la teoría económicamente dominante respecto de elementos como el gasto público y las reglas fiscales, aunque sectores políticos y económicamente dominantes en Costa Rica no se dan por enterados. En la cabeza de algunos esto pasará como quien supera un “hipo” que fue muy molesto por un tiempo, pero pasado el cual nos permitirá retomar donde dejamos, aunque con algunas consecuencias graves desde el punto de vista económico.
Esa es una forma de verlo, o mejor dicho, de no ver lo que es evidente. El modelo construido a partir de una globalización económica por especialización por país de sus ventajas comparativas, y todos basados en una carrera hacia el fondo en términos sociales, laborales y ambientales es totalmente vulnerable y frágil. Esta crisis por coronavirus, la crisis económica que le sobrevivirá y la violencia e inmediatez del cambio climático, dejan en evidencia esa fragilidad.
Ante esto, debemos pensar el corto, el mediano y el largo plazo. Sin duda el bicentenario no se parecerá, o al menos no debería parecerse a lo que habíamos imaginado. Buenos discursos con los que sectores políticos y económicos se dieran palmaditas en la espalda y se alentaran a seguir haciendo lo que venimos haciendo, pero mejor. Esto resulta risible en la Costa Rica del 2020.
Por ello debemos pensar esto a partir de las necesidades fundamentales que tenemos como sociedad. Lo que parecía olvidado ahora se hace necesario: debemos cuidar a los que nos cuidan: servicios y empleo público y sector agropecuario y pesquero para el consumo local. Esto que hubiera sonado anticuado para esos sectores neoliberales dominantes, se vuelve una verdad clarísima para todos los que pasaron a ver la necesidad y dependencia que tenemos como sociedad de políticas y entidades públicas fuertes y con capacidad de adaptarse a realidades inciertas y cambiantes. Una seguridad social potente y universal, la Fábrica Nacional de Licores garantizando la producción de alcohol de calidad y con seguridad, el Instituto Nacional de Seguros garantizando la atención y cobertura frente a riesgos nuevos y masivos, Correos de Costa Rica distribuyendo y llevando a todo el país lo que la gente necesita, el ICE garantizando la producción y el suministro eléctrico, así como el acceso a tecnologías de la información que garanticen la comunicación y el trabajo a distancia, el AyA garantizando agua potable aún en tiempos de escasez, o los servicios de policía, emergencias, bomberos, tránsito, son todos ejemplos de esto. Esto hace evidente que el ímpetu privatizador, de ataque constante al servicio y el empleo público, y la fantasía de un sector privado que puede reemplazar al sector público pierdan su fundamento.
De nuevo se hace central la discusión sobre soberanía alimentaria que nos asegure que ante el colapso de las cadenas mundiales de producción y suministro, los agricultores nos garantizan las cadenas cortas de producción y suministro de las que dependemos para vivir. Esto hace evidente que los agricultores no puedan seguir siendo los sacrificados de las políticas comerciales, tanto internacionales como a lo interno del país.
Y, finalmente, es evidente que debemos garantizar un ingreso mínimo vital a todas las personas que habitan este país. Esto hace evidente que el hecho de que Costa Rica sea uno de los países más desiguales de Latinoamérica sea absolutamente inaceptable, de manera que las grandes riquezas y grandes capitales deben ayudar a garantizar esa renta mínima vital para todas las personas.
Es decir, el bicentenario sería una excelente oportunidad para repensar el país, pero no a partir de modelos frágiles y excluyentes, sino a partir de las necesidades más básicas: servicios públicos fuertes y universales, soberanía alimentaria e ingreso mínimo vital. Esa sería una Costa Rica capaz de enfrentar de mejor manera crisis similares a la actual, como las que nos traerá la crisis económica y el cambio climático.
¿Cómo encarar esos desafíos, incluyendo la necesaria modificación de nuestra matriz energética hacia un modelo que además de no depender de los hidrocarburos en materia de transporte, no ignore la gravedad de la situación climática mundial?
Pero todo esto debe plantearse a partir de las enormes oportunidades y las enormes debilidades que tenemos como país. Dentro de las enormes oportunidades está la destrucción de esas certezas construidas sobre una globalización económica inevitable. Me atrevería a decir que de esta vamos a salir habiendo resignificado la importancia de esos tres elementos: servicios públicos potentes y universales, soberanía alimentaria e ingreso mínimo vital.
Pero dentro de las enormes debilidades tenemos una élite política y económica que no “acusó recibo” y piensa esta situación como un hipo del que nos curaremos y seguiremos haciendo lo mismo, pero mejor. Son desesperanzadoras las manifestaciones de las cúpulas empresariales del país, zafándole el lomo a las necesidades que tenemos como sociedad.
A UCCAEP como organización empresarial (muy distinta a la diversidad de empresarios que existen en el país) la mantiene unida tres ideas: el antisindicalismo, la oposición a impuestos que les implique pagar en función de sus rentas reales o de su riqueza, y la prevalencia de los intereses del sector financiero. Es por ello que no me sorprende en lo más mínimo, que este momento de crisis, UCCAEP recurra a las mismas tres ideas, utilizando estereotipos, y buscando desviar la atención de la extraordinaria labor de los funcionarios públicos y de las instituciones públicas, hacia el lugar donde se sienten más cómodos: los privilegios, sindicatos del sector público, y a la imposibilidad de tocar al sector financiero y al sector empresarial bajo ninguna circunstancia.
UCCAEP sabe que si no logran cargar (toda) la factura al empleo público y a la reducción del gasto público, esto implicará impuestos y contribuciones adicionales para las élites económicas. De manera que reflotan la idea de los privilegios, el empleo público, la eliminación de derechos laborales, etc. como el camino para pagar la factura de ayudas a las personas que claramente lo necesitan. No hablan de gravar todos los ingresos altos (públicos Y PRIVADOS), y de gravar no solo los ingresos salariales sino TAMBIEN LOS INGRESOS NO SALARIALES (rentas, ganancias de capital, etc.).
Por su parte, en lo que a las élites políticas se refiere es necesario recordar que, en Costa Rica se desarrolló una expresión de la socialdemocracia que toda la vida fue antisindical, aunque siempre fue pro- trabajo, es decir, que persiguió de todas las maneras posibles a la organización sindical autónoma, y sólo aceptó la organización sindical que cooptada por el PLN, pero que estaba claramente preocupada por crear empleo y redistribuir la riqueza. Persiguió sindicatos en el sector privado y generó relaciones clientelares y corporativas con algunos sindicatos en el sector público (con quienes fue tremendamente generoso). Sin embargo, cuando el PLN dejó de ser socialdemócrata, entró en contradicción con sus sindicatos, a quienes empezó a llamar privilegiados, y entró en contradicción con la institucionalidad pública y el empleo público. Es decir, dejó de ser una socialdemocracia antisindical pero pro-trabajo, y se convirtió en una partido neoliberal más (así le pasó a partidos como el Partido Colorado en Uruguay, al PSOE en España, o al Partido Laborista Inglés). Esos partidos dejaron de ser pro sindicales y pro trabajo para pasar a ser neoliberales y por lo tanto pro capital privado y antisindical. El PLN ya era antisindical pero pasó a ser pro capital privado y dejó atrás su inclinación pro empleo. Dejó de interesarse en la industria nacional y la clase media, para pasar a preocuparse por la apertura comercial.
Así que la bandera la retomó el PAC, como partido que incluyó en sus filas tanto a conservadores antisindicales provenientes del PLN y de otros partidos, como a sectores que estaban dispuestos a entender que en Costa Rica debía legitimarse también a la organización sindical autónoma, en el sector privado y en el público. Esto permitió que, de manera muy valiente, Luis Guillermo Solís empujara la Reforma Procesal Laboral, a pesar de que la UCCAEP pegaba gritos y amenazaba al PAC. No obstante, esos días quedaron atrás. El PAC pasó a ser un partido pro capital privado, que dejó de ser pro trabajo y en el que prevaleció, finalmente, el antisindicalismo. Es decir, se convirtió en un aprendiz, malo y desdibujado del PLN.
Esta combinación o maridaje entre estos partidos completamente entregados al neoliberalismo y a los capitales privados, y profundamente antisindicales, es la que se junta naturalmente y sin ningún esfuerzo con la UCCAEP antisindical, anti impuestos progresivos y anti sector y empleo público. El resultado es muy sencillo: el Poder Ejecutivo, entregado totalmente a esta visión, ya no tiene que enfrentar a UCCAEP o al PLN, sino que los ve como sus aliados naturales con los que tiene que ponerse de acuerdo, y ve como variables de ajuste, a los sindicatos, al empleo publico, a las personas trabajadoras del sector privado y a las instituciones públicas, en función del capital privado y de las tesis neoliberales. Ya no es un gobierno que se siente como un “sándwich” y que debe construir “justos medios”.
Por eso es que el gobierno corrió dramáticamente para que se le rebajaran los salarios (en un 50 o 75% a los trabajadores del sector privado), o bien que, sencillamente los enviaran a la casa sin salario al aceptar un procedimiento “express” para suspender los contratos de trabajo, de manera que los empleadores pudieran dejar de pagar salarios y los trabajadores y sus familias se quedaran a sus casas a desayunar, almorzar y cenar aire. Esto bajo la “promesa” de que algún día, esos trabajadores serán devueltos al 100% de su salario o a recibir algún salario, una vez que pase esta coyuntura.
Ahora se discute, luego de varias semanas de castigo a los trabajadores, un subsidio para una gran masa de personas. Los que han perdido su empleo o a quienes se les haya suspendido su contrato; a los que se les ha disminuido su jornada y sus salarios, o sencillamente a quienes tienen que trabajar las mismas horas pero con una disminución de salarios ilegal o los que han sido sometidos a suspensiones ilegales; o bien aquellos que se ven duramente golpeados por no poder continuar en sus emprendimientos productivos, sus estrategias de autoempleo (trabajadores informales e independientes), o sencillamente ya se encontraban desempleados o en condición de pobreza.
De nuevo, el PAC, el PLN o los otros partidos neoliberales (PUSC, Republicano Nacional y cristianos incluidos), no tienen problema en abordar esta discusión a partir la perspectiva macroeconómica, y haciendo eco de la UCCAEP, por supuesto, a quien le preocupa las ganancias del sector financiero si se pone un límite a las tasas de interés de usura o si se accede a los fondos de pensión complementaria, le preocupa tener que pagar más impuestos, o incluso le preocupa tener que pagar impuestos ya que vienen reportando ganancia cero desde hace mucho tiempo, y quien por el contrario ve esta como una oportunidad para reforzar el antisindicalismo, la disminución del empleo público y la privatización de empresas e instituciones públicas.
No importa que el subsidio ofrecido por el gobierno no cubra a todas esas personas sometidas a la dieta del aire, o que el subsidio propuesto ni siquiera cubra la canasta básica alimentaria. Es claro que, de esta crisis, ningún país de la tierra saldrá bien parado en términos macroeconómicos, pero algunos países habrán arrojado al abismo a buena parte de su población, con consecuencias insospechadas, mientras que otros tendrán que reconstruir sus economías con una población relativamente integrada.
Lo dramático de la situación global ha permitido hablar y hacer cosas que se pensaban prohibidas y olvidadas: Irlanda nacionalizó temporalmente hospitales privados; se exige el incremento del gasto público para no dejar caer a las familias; se habla de moratorias en alquileres y deudas; se rompen reglas fiscales, etc. Esto ha hecho que algunos países, hayan recordado que eran socialdemócratas, como el PSOE en España.
Las voces que desde el PAC quieren una opción alternativa lo hacen en voz muy baja (porque lo principal es la lealtad partidaria…), quedando muy atrás de las pocas voces del PLN que se sienten avergonzadas de lo que ese partido representa actualmente, pero que no temen ser voces disidentes y, aunque muy minoritarias, dispuestas a ser críticos con el PLN neoliberal. En el PUSC ni siquiera hay voces disidentes en voz baja. El PLN es el dominante, pero de una porción cada vez más pequeña de electores. Cada vez más personas ven claro el panorama y entienden que PAC, PUSC, PLN y partidos cristianos nos están llevando al abismo.
La situación es critica para miles de personas. Pero cada vez más personas entienden que ya no hay prensa seria en Costa Rica, sino empresas de comunicación vinculadas con intereses financieros y capitales privados, y que por lo tanto mienten y manipulan abiertamente.
¿Qué saldrá de todo esto? Nadie lo sabe, pero por el rumbo que transitamos es claro que tendremos una sociedad híper fragmentada, con un segmento enorme arrojado al abismo, y una UCCAEP tranquila porque habrá defendido los grandes capitales al sector financiero, y ojalá, a pesar del enorme sacrificio y mística de la enorme mayoría de empleados públicos, habrá debilitado a las instituciones públicas.
Cada vez más son las personas para las que es evidente que debemos cuidar a quienes nos cuidan: CCSS, FANAL, CNP, INS, RECOPE, JAPDEVA, MEP, Ministerio de Salud, Universidades Públicas, policías, bomberos, investigadores, etc.; agricultores, pescadores y ganaderos que producen la comida aquí cerca; no las grandes cadenas comerciales sino los comercios pequeños y cercanos y las ferias del agricultor; los servicios de transporte púbico; los artistas de todas las ramas que nos han acompañado, gratuitamente, en esta dura coyuntura.
Estos y otros sectores se han puesto la camiseta, mientras que las grandes riquezas de este país, y los grandes ganadores del modelo económico neoliberal solo saben decir, a mi no me toquen y graven al empleado público. Todo esto bajo el aplauso y acuerdo del PAC, EL PLN, EL PUSC, el Republicano Nacional y los partidos cristianos.
Algunos sabremos recordar y exigiremos una reconstrucción de país, a partir de estas nuevas o renovadas claridades. Pero esto no alcanza. Si algo nos enseñó la lucha contra el TLC o contra el combo del ICE, es que se requiere articular el tejido social a partir de esas claridades y necesidades. Esto no se logra poniendo de acuerdo cúpulas de movimientos sociales (sindicales, feministas, ecologistas, etc.), sino articulando los movimientos sociales desde las necesidades locales, si es necesario frente a sus propias cúpulas dirigentes. La construcción de ese nuevo paradigma no se puede hacer desde Zapote en la Casa Presidencial o desde Cuesta de Moras en el Parlamento. O re articulamos institucionalidad pública y movimientos sociales desde lo local, o seguiremos dependiendo de esas élites políticas y económicas que se sienten cómodas navegando en el Titanic.
–Tarifas de agua, de luz y de teléfono deben ser condonadas a los hogares en desgracia
–Sí hay alternativas para el “quedarse en casa” con dignidad: ANEP las propuso
El denominado bono “Proteger” que está poniendo en práctica el Gobierno de la República para “ayudar”, fundamentalmente, a las personas trabajadoras del sector privado a las cuales les fue aplicado el despido, la reducción salarial y de jornada y/o la suspensión transitoria de sus contratos de trabajo; representa una protección a medias, va a incrementar la miseria y dejó a miles más desprotegidos todavía, pues ya estaban en tal condición antes del estallido en el país de la pandemia del coronavirus covid-19.
La cantidad de 125 mil colones (y, peor aún, el 50 % de la misma, 62.500 colones), no alcanza para solventar, en condiciones de dignidad, situaciones de pobreza surgida de manera súbita, lo cual hará crecer la vulnerabilidad de los hogares de escasos recursos que ya antes de la pandemia, sobrepasaban la cifra de 400 mil.
Será, por tanto, sumamente crítico para la fuente de ingresos del hogar que quedó en la calle, las jefaturas de familia, comprar los alimentos básicos, pagar recibos de servicios públicos, alquiler de vivienda y atender deudas con esos 125 mil colones.
Es urgentísimo ampliar las posibilidades de estos hogares para enfrentar la desgracia socioeconómica que ya tienen encima, haciéndose necesario una condonación del pago de los recibos de agua, de luz y de teléfono durante el próximo trimestre, pues ni siquiera una moratoria será beneficiosa dado que, al término de la crisis, esos hogares están mucho más endeudados.
Lamentablemente, en sociedades como la nuestra donde las personas han sido condenadas para que estén al servicio de la economía y, más grave aún, si dentro de la misma la prioridad es las cifras macrofiscales asociadas al pago de la impagable deuda pública; quienes menos tienen son quienes más sufren.
En el caso costarricense, este grupo de personas ciudadanas ya había crecido considerablemente antes de la pandemia y, como ahora es notorio, sigue aumentando su número.
En tal sentido, la consigna oficial del “quedarse en casa” incrementa el sufrimiento, la congoja y el estrés de más de la mitad de la población costarricense, lo cual nos da la posibilidad de recordar que sí hay iniciativas de corte alternativo, más humanistas y más congruentes con la filosofía del Humanismo Cristiano que inspira la actual Constitución Política de Costa Rica.
Con la propuesta del Subsidio Social Solidario (SSS), formulada por la ANEP hasta un número de 660 mil personas-familias habrían podido recibir 250 mil colones mensuales, cogiéndose el pago diario de intereses de la deuda pública, declarándose una moratoria para tal efecto, mismo que anda en la cantidad de 5.500 millones de colones diarios. El fundamentalismo ideológico dominante en Casa Presidencial lo impide.
Con estupor y con indignación contemplamos que dentro del presupuesto extraordinario que el Gobierno plantea en estos días a la Asamblea Legislativa para que lo tramite, con toda celeridad y para darle contenido financiero a su bono Proteger, incluye 224 mil millones de colones para atender la deuda pública; es decir, casi 2 mil 500 millones de colones diarios en un período de 90 días, que es el plazo del bono gobiernista.
Casi 300 mil familias podrían haber recibido un Subsidio Social Solidario de 250 mil colones para cada una, durante los meses de abril, mayo y junio, con esos 224 mil millones de colones correspondientes a los acreedores de la deuda pública del país y sus correspondientes intereses obscenos.
Sin discusión alguna, quienes menos tienen son los que más sufren. Pero alternativas hay para que esto no fuera así.
La orden de la Sala se debe a un recurso de amparo interpuesto por la seccional ANEP-BCR
La Seccional ANEP-BCR, a través de un recurso de amparo interpuesto ante la Sala Constitucional, logró que las máximas autoridades del Banco de Costa Rica entregarán e hicieran de conocimiento público el estudio con el cual, el banco se habría asesorado para implementar los cambios contemplados en la Ley de Fortalecimiento y Finanzas Públicas respecto a los pluses salariales.
Anteriormente, la Seccional ANEP-BCR había solicitado la documentación mencionada al Banco de Costa Rica, sin embargo, este último se negó a entregarla, aduciendo que se trataba de un documento confidencial y de un criterio no vinculante para el banco. Además, en su respuesta cuestionaron la legitimidad de ANEP como interesado en el documento, según estos por tener una representatividad mínima entre los trabajadores del banco, habiendo sólo 51 afiliados entre los más de 4000 empleados.
Esta situación, llevó a la ANEP a interponer un recurso de amparo contra el Banco de Costa Rica, aduciendo que esta postura del ente financiero atentaba contra los derechos fundamentales de los trabajadores.
Luego de analizar los argumentos de la ANEP y el BCR, La Sala resuelve indicando que los argumentos del banco no son válidos, pues indiferentemente de si se trata de uno o mil afiliados, como gremio sindical y como costarricenses, existe un interés real de los trabajadores en conocer el cómo y por qué se podrían afectar sus salarios, además de saber cómo se administran los recursos del banco.
Además, La Sala manifiesta, que a pesar de que el estudio no sea vinculante, eso no lo hace confidencial. Por esas razones acoge el recurso y ordena al banco que entregue el documento.
Análisis de pluses salariales a la luz de la Ley 9635 realizado por BDS para el BCR
Primeramente, cabe aclarar que se trata de un documento que sobretodo parece tener un fin didáctico, pues desarrolla una explicación de lo que son los incentivos salariales y como se pagan y como cada uno de ellos se vio afectado por la ley 9635.
Cabe señalar que no se observa una razón válida para considerarlo confidencial, pues en ningún momento elabora detalles sobre la estructura organizativa o funcional del banco, sino que se trata de un análisis general de la aplicación de los pluses salariales posterior a la publicación de la Ley de Fortalecimiento.
El documento comienza explicando la naturaleza jurídica de los distintos pluses salariales existentes en un salario compuesto, y los desarrolla individualmente en los casos más relevantes como prohibición, dedicación exclusiva y anualidades; mientras que deja en otro apartado al resto de pluses que depende de situaciones más casuísticas de cada institución. Posteriormente procede a explicar cómo cada uno de esos pluses se ve afectado por la Ley 9635.
La Prohibición es el acápite que más llama la atención, pues el documento reconoce que la Ley 9635 no modificó expresamente las disposiciones de la Ley de Compensación por Prohibición y la Ley de Control Interno, por lo que en dichas normas se sigue manejando el porcentaje de 65% para lo profesionales con licenciatura o superior; lo cual ha generado un debate de cuál es el porcentaje a aplicar en casos como los auditores y subuditores. Y a pesar de que se podrían aplicar interpretaciones como la especialidad y la norma más favorable para justificar el pago el porcentaje de 65% por prohibición; el documento se decanta por recomendar la aplicación de los porcentajes de la Ley 9635 (15% y 30%) en todos los casos.
Sobre el plus de prohibición también expone que se calcula de forma porcentual sobre el salario base, y que se debe pagar según la 9635 en casos de funcionarios nuevos, o funcionarios que anteriormente no cumplían requisitos para recibirlo. Mientras que no aplica para los casos que tengan régimen especial, quienes anterior la ley lo estaban recibiendo, y quienes anteriormente los recibían y son sujetos de ascenso, descenso, traslado, permuta o reubicación.
De la Dedicación Exclusiva se dice que se calcula de forma porcentual, y que a partir de la ley 9635 se pagará un 10% para bachilleres y 25% para licenciados, excepto para quienes anteriormente contaban con dedicación exclusiva, quienes la recibían y son sujetos de ascenso, descenso, traslado, permuta o reubicación, quienes la recibían en grado de bachiller y procedan a modificar esa condición al grado de licenciatura, quienes la reciban y suspendan el contrato de trabajo temporalmente, o quienes prorroguen contratos existentes de dedicación exclusiva.
De las Anualidades se dice que debe ser reconocido tomando como parámetro el resultado de la evaluación de desempeño que deberá ser al menos de muy bueno; además que se reconoce en forma nominal y permanecer invariable. Interesantemente, en este apartado el documento si aplica el principio de norma más favorable para decir que el cálculo de los porcentajes de 1.94% para profesionales y 2.54% para no profesionales se debe de hacer sobre el salario base de Julio de 2018 (como dice el decreto) y no sobre el de enero 2018 (como dice la Ley 9635).
Además, se dice que las anualidades ya recibidas previo a la Ley 9635 se deben conservar y mantener como montos nominales fijo, que no procede ninguna otra remuneración por acumulación de años de servicio y que los ascensos de personal no suponen un aumento en la anualidad en virtud de las anualidades reconocidas en el cargo anterior.
Sobre los demás pluses se indica sin profundizar en los demás tipos de incentivos, que se deben mantener como montos nominales fijos calculados a Julio de 2018 y que ante un ascenso de personal no pueden revalorizarse.
Compartimos el estudio realizado por BDS para el Banco de Costa Rica
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) envió una carta dirigida al Ministro de Salud, Daniel Salas Peraza, con una serie de planteamientos a considerar con el fin de que se inste, de forma vehemente, a las alcaldías y concejos municipales del país, a reforzar las medidas sanitarias en resguardo de los trabajadores de aseo de vías, de recolección de basura y de tareas similares con alta exposición de salud.
Compartimos la solicitud enviada al Ministro de Salud
Dr. Daniel Salas Peraza
Ministro de Salud
Honorable señor Ministro:
En primer término, reconocer su labor en el manejo de la pandemia Covid-19. Somos la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), sindicato compuesto de miles de trabajadores y de trabajadoras quienes comparten sus experiencias laborales con nosotros; y quienes se han manifestado por medio de esta organización, total interés en colaborar con esta causa. Es por eso que remitimos una serie de planteamientos a considerar por parte de su digna autoridad a fin de que se inste, de forma vehemente, a los señores alcaldes, a las señoras alcaldesas y a las personas integrantes de los 82 concejos municipales del país, a reforzar medidas para mayor contundencia y consistencia, en resguardo de los trabajadores de aseo de vías, de recolección de basura y de tareas similares con alta exposición de salud.
Este documento tiene como fin presentar una serie de situaciones sobre el ambiente laboral que rodea a dicho personal, especialmente a los trabajadores de recolección de residuos sólidos, importante labor en la cual destaca ya la participación de mujeres; para que sea considerado en la actualización del documento, que ya fuera emitido por la cartera ministerial de Salud con relación a este cuerpo laboral estratégico de los servicios públicos.
Hacemos un breve recorrido en la vida de un trabajador para que puedan comprender a fondo el quehacer y cómo puede afectar la salud de estas personas y de las comunidades a quienes se les brinda el servicio. ANEP espera que sea de gran utilidad y, repetimos, para que se complemente lo inicialmente emitido por el Ministerio de Salud acerca de la protección de las personas trabajadoras recolectoras de residuos sólidos.
Ambiente laboral y factores de riesgo
Los trabajadores recolectores de residuos sólidos se pueden clasificar según sus tareas, de las cuales no sólo se trata de una labor de recolección si no de tratamiento. Es de suma importancia destacar que estos trabajadores están constantemente expuestos a múltiples virus y bacterias y su sistema inmunológico está, constantemente, a prueba. Para la ANEP son parte de una población de alto riesgo de cual hay que estar en constante vigilancia. Para estos casos podemos contemplar los diferentes medios que los rodean.
Las labores descritas en este documento detallan un quehacer en el cual los trabajadores se exponen a un ambiente contaminado donde el virus covid-19 puede estar presente en cualquiera de los elementos y tareas diarias. Toda tarea descrita podría exponer enormemente al trabajador a una infección segura.
RECOLECTOR DE BASURA SOBRE CAMIÓN RECOLECTOR
Hogar o casa de habitación antes de entrar a laborar
El trabajador debe asearse antes de salir a trabajar, sin importar que horas después se vaya a ensuciar o sudar en el trabajo.
Es preferible que se lave bien las manos y prepare su desayuno y lo consuma antes salir a trabajar, para evitar consumir alimentos en la calle.
Al salir del hogar debe seguir todas las recomendaciones generales y protocolos establecidos para el uso de transporte público o propio.
Plantel Municipal
Se debe lavar y desinfectar las manos para marcar la entrada en el reloj marcador, de ser preferible es mejor hacer un control escrito por el capataz para evitar filas y contacto directo a un solo objeto.
Evitar la ingesta de alimentos (desayuno) antes de salir a su labor, así como intercambios de alimentos a menos que estén sellados o empaquetados.
Si se hace consumo de alimentos dentro del comedor, es preferible no estar uno frente a otro guardando distancia. Se pueden turnar grupos para esto y, de ser posible, mejor haber tomado el desayuno en casa. En caso de aquellas personas que necesiten alimentarse en horas especificas por motivos de salud, guardar todas prevenciones antes de la ingesta.
Si el trabador necesita despojarse de su ropa particular para uniformarse, es preferible que guarde distancia, o que este tiempo se haga en pequeños grupos para evitar aglomeraciones.
El uniforme debe estar limpio seco y desinfectado. Es recomendable que la institución brinde suficientes prendas de vestir para que los trabajadores siempre puedan tener su uniforme completo a la hora de trabajar. En caso que no tengan suficientes prendas y por ser una crisis, las instituciones deberían autorizar el uso de ropa particular con el propósito de que los trabajadores siempre tengan ropa limpia y seca.
Camión de basura
La exposición a la contaminación empieza desde que el trabajador se baja del camión y corre a recolectar la basura. Es importante mencionar que por las actuales normas de seguridad estos trabajadores se exponen más a ciertos desechos de cuidado personal, como lo son toallas de secado de manos, papel higiénico, paños desinfectantes, mascarillas, guantes y demás desechos con residuos biológicos.
El método de recolección normalmente se hace de forma rápida. Los trabajadores suelen correr, trotar o caminar rápido. Esto provoca que estén constantemente agitados, por ende, aspiran y expiran más aire de la cuenta exponiéndose a más posibilidades de infección.
Los desechos se recogen con las manos las cuales deben estar protegidas con guante resistente a cortaduras y, a su vez, impermeable y flexible por completo.
Sería recomendable que los trabajadores usaran protección en su cabeza, mascarilla, delantal, mangas largas y calcetines sujetando los ruedos del pantalón. Los guantes, los zapatos, los ruedos del pantalón las piernas, la parte baja del abdomen y las caderas son las zonas más críticas y las que acumulan más suciedad donde se pueden contaminar y retener más bacterias y virus.
Una vez recogida la basura y depositada en la tolva trasera del camión, el trabajador vuelve a su posición inicial de salida, se sujeta a una barandilla con los guantes sucios. Es importante tratar de mantener esta área en constante limpieza, así como el lugar donde van los pies.
Un momento crítico en esta labor es cuando se activa el mecanismo que comprime la basura, ya que en este momento el aire acumulado en las bolsas de basura escapa de forma violenta esparciendo liquido lixiviado, así como otros residuos que pueden estar contaminados con cualquier tipo de virus. Sería fundamental establecer como protocolo mantener una sana distancia mientras se realiza esta labor y acercarse a la tolva cuando ya el proceso ha terminado.
Sobre los camiones de recolección de basura no tradicional, normalmente son estilo vagoneta o de tolva abierta. Lamentablemente los trabajadores suelen recoger no sólo desechos no tradicionales, sino que también tradicionales, dada la falta de educación de los usuarios que mezclan todo tipo de basura lo que provoca un mayor peligro para el trabajador.
El método normal de recolección de desechos no tradicionales consiste en un trabajador que recoge la basura con pala o las manos, arroja la basura en la tolva, mientras tanto otro se encarga de acomodar la basura en la tolva. En muchas ocasiones el trabajador que acomoda la basura termina bañado en basura de pies a cabeza; cuando el viento sopla y eleva la basura liviana, los desechos sólidos con contenido biológico infeccioso están al cien por ciento en contacto con el trabajador durante las horas de trabajo.
Durante este período de actividad es muy importante el lavado y secado de manos hasta el codo, capacitar al personal sobre cómo retirar y volver a ponerse el equipo de protección. Es fundamental cargar con suficiente agua y jabón en una parte segura y limpia del camión o vagoneta para uso del lavado de manos, de ser posible el chofer puede colaborar vertiendo el agua mientras los trabajadores se restregan bien las manos.
Evitar la ingesta de alimentos en la calle y sobre todo lo suficientemente lejos del camión.
Seguir todas las recomendaciones sanitarias e intensificar los protocolos sobre la entrada y salida de los camiones recolectores en los vertederos de basura.
Plantel municipal después de la jornada laboral
El ingreso de los camiones de basura y del personal debe cumplir horarios por grupos. Es de vital importancia crear una lista de requisitos a cumplir para la labor de ingreso, limpieza y desinfección de la maquinaria, herramienta y personal.
Crear plantillas metodológicas en las que se van anotando cada paso cumplido y observaciones al respecto.
El personal debe contar con un depósito adecuado para guardar y transportar su ropa sucia. Los zapatos deben limpiarse en este momento, se le debe condicionar un buen espacio para bañarse y desinfectarse, así como tiempo suficiente para esta labor. El personal que esté limpio y desinfectado debe estar, obligatoriamente, lejos del resto del personal que están en proceso de limpieza o estén contaminados. De ser posible sería mejor que se retiraran a sus casas una vez ya hayan completado la plantilla de limpieza.
Hogar después la jornada laboral
Respetar el protocolo de ingreso a la casa después de venir de la calle
Lavar el uniforme o la ropa con la que trabajó de forma inmediata, en un recipiente aparte para desinfectar antes de usar la lavadora o de verterla en una pila donde se lave otra ropa. Poner a secar la ropa y de ser posible, plancharla para que asegurarse que esté totalmente seca.
Evitar contacto físico con los miembros del hogar y sobre todo que tengan contacto con la ropa contaminada
BARREDORES DE CAÑOS, ACERAS Y CALLES
Hogar o casa de habitación antes de entrar a laborar
El trabajador debe asearse antes de salir a trabajar, sin importar que horas después se vaya a ensuciar o sudar en el trabajo.
Es preferible que se lave bien las manos y prepare su desayuno y lo consuma antes salir a trabajar, para evitar consumir alimentos en la calle.
Al salir del hogar debe seguir todas las recomendaciones generales y protocolos establecidos para el uso de transporte público o propio.
Plantel Municipal
Se debe lavar y desinfectar las manos para marcar la entrada en el reloj marcador. De ser preferible es mejor hacer un control escrito por el capataz para evitar filas y contacto directo a un solo objeto.
Evitar la ingesta de alimentos (desayuno) antes de salir a su labor, así como intercambios de alimentos a menos que estén sellados o empaquetados.
Si se hace consumo de alimentos dentro del comedor, es preferible no estar uno frente a otro guardando distancia. Se pueden turnar grupos para esto y, de ser posible, mejor haber tomado el desayuno en casa. En caso de aquellas personas que necesiten alimentarse en horas especificas por motivos de salud, guardar todas prevenciones antes de la ingesta.
Si el trabador necesita despojarse de su ropa particular para uniformarse, es preferible que guarde distancia o que este tiempo se haga en pequeños grupos para evitar aglomeraciones.
El uniforme debe estar limpio, seco y desinfectado. Es recomendable que la institución brinde suficientes prendas de vestir para que los trabajadores siempre puedan tener su uniforme completo a la hora de trabajar. En caso que no tengan suficientes prendas y por ser una crisis, las instituciones deberían autorizar el uso de ropa particular con el propósito de que los trabajadores siempre tengan ropa limpia y seca.
Campo de trabajo
Es importante mencionar que por las actuales normas de seguridad estos trabajadores se exponen más a ciertos desechos de cuidado personal, como lo son toallas de secado de manos, papel higiénico, paños desinfectantes, mascarillas, guantes y demás desechos con residuos biológicos.
Los trabajadores barredores se exponen a mucha suciedad en el aire debido al barrido que levanta partículas de polvo. Lamentablemente también barren caños con aguas residuales principalmente jabonosas, tienen que levantar rampas de acceso. Entre otras cosas, asean aceras donde personas indigentes orinan y defecan, recogen restos de basura que no recogió el recolector de basura, limpian botes de basura públicos, chingas de cigarro. También puede estar más expuesto a lugares públicos donde exista aglomeración de personas, como paradas de buses salidas de colegio y escuela, entre otras.
Los desechos son apuñados con escobón y recogidos con la pala para ser depositados en una bolsa montada sobre un carretillo o balde. Desechos más pesados o grandes deben ser recogidos con las manos. También existe la posibilidad de que, por alguna razón, el trabajador tenga que ordenar la basura para que le quepa por completo en la bolsa, lo cual lo hace con las manos; preferiblemente mejor que lo haga con su herramienta.
Sería recomendable que los trabajadores usaran protección en su cabeza, mascarilla, delantal, mangas largas y calcetines sujetando los ruedos del pantalón. Los guantes, los zapatos y casi todo el pantalón son las áreas donde más se suele acumular suciedad y donde puede retener no solo el virus covid-19, si no otra clase de virus.
Una vez la bolsa de basura esté llena, el trabajador debe depositarla en un punto específico. En este momento el barredor puede aprovechar la oportunidad para lavarse las manos hasta los codos. Para esto podría cargar una botella de agua y jabón en una mochila, o en el compartimiento trasero del carretillo; de ser posible puede limpiar las agarraderas del carretillo y desinfectarlas, así como la tapa del compartimiento donde guarda las cosas.
Un momento crítico en esta labor es cuando la bolsa de basura está totalmente llena. En este punto la exposición a la contaminación es mucho más alta, el carretillo o balde suele estar más sucio y avanzadas las horas, la pala y el escobón también; el trabajador debe acercarse a la bolsa de basura, tener más contacto con ella para cerrarla, alzarla y sacarla, para finalmente depositarla y acomodarla en su sitio. Sería prudente que el trabajador se limpie y desinfecte después de esta tarea.
Sobre los carretillos y baldes, las agarraderas, el depósito donde se sostiene la bolsa y las ruedas, son las partes donde más se contamina. El escobón y la pala no escapan de ser focos de concentración de cualquier virus y bacterias; son puntos clave a considerar a la hora de manipular esta herramienta, por tanto, es necesario evitar tener contacto directo sin los guantes.
Evitar la ingesta de alimentos en la calle y, sobre todo, lo suficientemente lejos de la herramienta contaminada.
Plantel Municipal después de la jornada laboral
El ingreso de los trabajadores y sus herramientas debe ser por grupos, para que se le pueda dar un mejor seguimiento en el procedimiento de entrada, limpieza, y guardado de la herramienta. Para esto es fundamental crear plantillas metodológicas en las que se van anotando cada paso cumplido y observaciones al respecto.
El personal debe contar con un depósito adecuado para guardar y transportar su ropa sucia. Los zapatos deben limpiarse en este momento. Se le debe condicionar un buen espacio para bañarse y desinfectarse, así como tiempo suficiente para esta labor. El personal que esté limpio y desinfectado debe estar, obligatoriamente, lejos del resto del personal que esté en proceso de limpieza o estén contaminados. De ser posible sería mejor que se retiraran a sus casas una vez ya hayan completado la plantilla de limpieza.
Hogar después la jornada laboral
Respetar el protocolo de ingreso a la casa después de venir de la calle.
Lavar el uniforme o la ropa con la que trabajó, de forma inmediata, en un recipiente aparte para desinfectar antes de usar la lavadora o de verterla en una pila donde se lave otra ropa. Poner a secar la ropa y de ser posible plancharla para que asegurarse que esté totalmente seca.
Evitar contacto físico con los miembros del hogar y, sobre todo, que tengan contacto con la ropa contaminada.
Observaciones importantes para ambos grupos de trabajadores
Se solicita a las jefaturas planificar la labor por tarea, para evitar concentraciones de trabajadores en los planteles.
Crear varios grupos de trabajo que entren a laborar en distintas horas a un lapso de tiempo prudente que permita cumplir con los protocolos de entrada y salida; este último con el cumplimiento de la planilla de limpieza, descontaminación y aseo del equipo de trabajo y los trabajadores.
Disponer de personal en los planteles que se encarguen de realizar aseo constante y que, a su vez, se guíen también con una planilla de tareas a cumplir.
Capacitar al personal, con su quehacer de cada tarea y puntos a considerar.
Se le recomienda al personal evitar la interacción con los contribuyentes. Si éstos tienen consultas, que las hagan vía telefónica.
Sin otro particular por el momento, esperando una pronta respuesta del despacho ministerial de salud,
Albino Vargas Barrantes Secretario General
Wálter Quesada Fernández Secretario General Adjunto
Es por todos (as) conocida la situación que ha estado atravesando el país, por motivo de la propagación del virus llamado “COVID-19”, ante la cual se han dictado una serie de medidas sanitarias, con la finalidad de reducir la posibilidad de propagación del mismo.
En respuesta a esta situación, el Estado costarricense decreto estado de emergencia nacional por medio de Decreto Ejecutivo N°42227-MP-S del 16 de marzo del 2020.
En este mismo orden de ideas, se tramito en la Asamblea Legislativa, el expediente N ° 21.854, como una posible medida para enfrentar la situación del país, en el ámbito del Derecho Laboral, proyecto que fue aprobado como Ley de la República y publicado en la Gaceta del 19 de marzo del 2020, como “Ley de Autorización de reducción de jornadas de Trabajo ante la declaratoria de emergencia nacional”, sobre la cual ANEP oportunamente presentó su oposición y observaciones, por no estar de acuerdo con el fondo del proyecto. Sin embargo, al ser hoy ley de la República, es necesario que nuestras bases tengan claridad de los alcances de dicha norma, las posibles restricciones, pero principalmente de cuáles son los aspectos sobre los que debemos estar vigilantes, en su aplicación.
Dentro de la exposición de motivos de dicha ley, se justifica en la afectación que la actual crisis ha tenido y está teniendo sobre las actividades comerciales, y económicas y por ende en las relaciones de trabajo. Bajo esta premisa se debe tener claro que para la aplicación de dicha ley deben en principio mediar dos supuestos iniciales y elementales, el primero es que únicamente se aplicaría esta norma, cuando se haya declarado un “Estado de Emergencia Nacional”, por lo que en condiciones normales, si una empresa tiene problemas de solvencia económica, siendo un caso particular, y no una situación de emergencia nacional, no se puede aplicar la reducción de jornada, y el segundo supuesto es que se está ante una afectación real y directamente relacionada con la situación de emergencia nacional decretada.
Por otra parte, la reducción de las jornadas reguladas en esta ley, al responder a un tema de emergencia nacional, y sus efectos, la misma únicamente puede ser temporal, es decir no se debe aplicar en el tiempo, ni de manera ilimitada. Debe responder a la situación económica de la empresa, frente a la situación de emergencia nacional, con una limitación temporal máxima de 6 meses. (Artículo 5 de la Ley)
La Ley está pensada para las empresas del sector, privado, no regula la reducción de jornadas en el sector público, sobre lo cual a este momento no ha sucedido, ni se ha regulado nada al respecto, por lo que por el momento lo que podemos tener presente es que no puede darse reducción de jornadas en el sector público, sino hay norma que lo permita, y si se llegará a emitir deben respetarse las mismas o mayores garantías que las que regulan en la ley de cita.
El primer requisito para que la reducción de jornada sea aprobada es que la empresa demuestra que ha tenido al menos en 20% de reducción en sus ingresos, y esa reducción debe estar directamente relacionada con la situación de emergencia nacional.
La ley da potestad al empleador para determinar cuáles son los contratos de trabajo que requieren ser reducidos en su jornada. Sobre este tema lo razonable y sobre lo cual debemos estar vigilantes, es que, si se aplica dicha reducción de jornadas, mínimamente se justifique en la real reducción de producción de determinadas secciones, departamentos o trabajadores de la empresa, directamente relacionada a la crisis nacional, y que no se aplique de manera antojadiza o arbitraria.
La ley establece un límite de la reducción de la jornada, hasta en 50% de la jornada ordinaria, y únicamente en los casos en los cuales las empresas demuestran tener pérdidas de hasta un 60% de las ganancias podrían reducir las jornadas hasta en un 75% de la jornada semanal ordinaria.
Sobre este tema se debe estar atento a la cantidad de horas que se mantenga trabajando a los trabajadores cuando esta reducción sea aprobada, es decir que, si una persona trabaja tiempo completa, únicamente podrá ver reducida a su jornada a medio tiempo. Y únicamente en casos extremos de pérdidas económicas de la empresa del 60% la jornada podrá ser reducida a un cuarto de tiempo.
Se debe tener claro que como quedo redactada la Ley, los patronos pueden aplicar la reducción de las jornadas de previo, a la solicitud ante la Inspección Nacional de Trabajo (ente encargado de autorizar o no la reducción de las jornadas) de dicha autorización, pero necesariamente dentro de los 3 días siguientes a la aplicación de dicha reducción el patrono debe solicitar la autorización, justificación mediante declaración jurada del patrono y certificación de un contador público autorizado, las pérdidas económicas.
En este punto lo que debemos vigilar, es que si en una empresa se ha reducido la jornada de los trabajadores, es que el patrono efectivamente pida la autorización dentro de los 3 días siguientes, y corroborar la información que den en el Ministerio de Trabajo, sobre las pérdidas económicas y sugiero que si se tiene alguna prueba en contrario, por medo de la cuales pueda acreditar que las pérdidas económicas no están relacionadas directamente con la situación de emergencia, o en realidad no hay pérdidas económicas, deberían aportar a la Inspección Nacional de Trabajo, para que sean valoradas a la hora de resolver si autoriza o no la reducción de jornada.
En los casos en los que se haya autorizado la reducción de jornada, se debe tener claro que en caso de que posteriormente ese trabajador termine su relación de trabajo, las prestaciones deben calcularse sobre los salarios recibidos antes de la reducción de la jornada. (Preaviso, cesantía, daños y perjuicios en contratos a plazo determinado)
Para efectos de los demás derechos laborales, si se tomaran en cuenta los salarios realmente percibidos durante la aplicación de la reducción de la jornada (ejemplo para efectos de aguinaldo, vacaciones, cuotas de la CCSS)
En caso de que la Inspección de Trabajo rechace la solicitud del empleador, la persona trabajadora tendrá derecho al pago de las diferencias salariales correspondientes al salario que habría percibido por su jornada ordinaria, y da la posibilidad también al trabajador de dar por terminada la relación laboral, de forma unilateral su contrato con responsabilidad para el patrono. (sin embargo, esto es un sin sentido, ya que los trabajadores lo menos que quieren es quedarse sin empleo, por lo que esto debe entenderse necesariamente como algo netamente voluntad del trabajador, es decir tiene el derecho de recibir las diferencias salariales y solo si quiere dar por terminado el contrato de trabajo)
Como dirigentes se debe estar vigilantes que estas reducciones de jornada no se apliquen solo a los dirigentes sindicales, o a las demás personas con fueros de protección.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
