La Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (ANEP-PPME) continúa trabajando duro para dotar de recursos frescos a la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), para la contratación de personal policial. Esto último, evidenciado por la emergencia sanitaria que atraviesa el país.
Por lo cual la seccional ANEP-PPME se reunió de manera virtual, el pasado viernes 03 de julio, con los diputados Jonathan Prensas e Ignacio Alpízar, así como con asesores legislativos de la bancada Nueva República, con el objetivo de solicitar el apoyo al expediente Nº20.323 que le daría recursos económicos a la Policía Profesional de Migración para la contratación de personal.
“En medio de esta pandemia se tuvo que cancelar la visita de los señores diputados y diputadas a los puestos fronterizos de la Zona Norte, por lo que en vista de la importancia de este proyecto de ley se realizó la reunión de forma virtual, con oficiales de distintas unidades de la Policía Profesional de Migración, para exponer las múltiples responsabilidades laborales y la necesidad urgente de contar con más personal, así como el deteriorado estado de muchas de las oficinas que albergan el personal y son la primera impresión que nuestros turistas perciben de Costa Rica”, manifestó Gerardo Mora Ordóñez, Presidente de la seccional ANEP-PPME.
Reunión virtual
Mora indicó, que al finalizarla reunión los diputados del bloque de Nueva República, ofrecieron su apoyo con dicho proyecto de ley qué se encuentra en la Comisión Legislativa de Narcotráfico y Seguridad. Además, los legisladores se comprometieron a buscar otras opciones que permitan lograr el objetivo de fortalecer la Policía Profesional de Migración y Extranjería.
“Sabemos que después de que pase esta pandemia aumentarán los flujos migratorios de extranjeros, en busca de una mejor calidad de vida: por la situación económica en la que quedará el mundo y más debilitado en los países pobres, aumentarán también los delitos de trata y tráfico de personas, así como el tráfico internacional de drogas. Desde el lado positivo de la acción del Estado costarricense con respecto a la atención del Covid 19, también esperamos que sea un destino turístico recomendado y que por lo tanto aumente significativamente los ingresos de turistas internacionales, por lo que se hace necesario los recursos y nuevo personal”, externo Mora.
Otros temas
Otro de los puntos abordados durante la reunión fue el tema del Puesto Fronterizo Las Tablillas dónde oficiales de migración y extranjería atienden publicó en contenedores provisionales. Por lo que es necesario presentar un proyecto de ley para qué legalicen la creación del puesto fronterizo tal y cómo lo ordenó la Sala Constitucional. Además, se habló de la importancia de la propuesta para la creación del puesto fronterizo de control migratorio en México de Upala.
La reunión también contó con la participación del asesor legislativo de la ANEP, Roberto Zeledón.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), mediante su seccional en la Fuerza Pública demanda a las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), mayor protección a oficiales de Fuerza Pública, debido al faltante de insumos para prevenir el contagio de Covid-19 en algunas delegaciones.
La solicitud de la seccional, nace luego de varias denuncias y reportes de los mismos oficiales de la Fuerza Pública, destacados en diversas delegaciones del país sobre el faltante de insumos, como mascarillas, alcohol en gel, entre otros.
“En ANEP seguimos recibiendo constantes llamadas y mensajes de delegaciones policiales de Heredia, Alajuela, Cartago, Limón y San José, manifestando que no se les ha dotado de equipo de protección suficiente, aunque conocemos de las donaciones realizadas por la CNE al Ministerio de Seguridad Pública, en aras de apoyar el trabajo que vienen ejecutando nuestros abnegados policías. En algunos casos, se nos indica que saben que ingresaron algunos artículos, pero que son manejados a “discreción” por la dirección o el mando”, indicó Mainor Anchía, presidente de la seccional ANEP-Fuerza Pública.
Otras de las preocupaciones de la seccional, es el estado de insalubridad de muchas delegaciones, las cuales también presentan hacinamiento y escasos productos de limpieza, escenario perfecto para la propagación del virus SARS-CoV-2.
“Hemos recibido información de aparentes casos positivos en Tibás y en Guanacaste, que se vendrían a sumar a los casos de Guacarí de Heredia y otros. En tal sentido, es menester insistir en que se establezca una estrategia por parte del Poder Ejecutivo, que permita atender a nuestros compañeros y compañeras, toda vez que, varios de ellos, nos externan el temor de contagiar a sus seres queridos al momento de ser enviados a guardar cuarentena”, externó Anchía.
Insumos entregados para 150 policías
Otro de los reportes que llegan a la secciona ANEP-Fuerza Pública, se refiere a la exposición del personal adulto mayor de la Fuerza Pública, así como con personal que presenta factores de riesgo ante el COVID-19
“Esperamos esto sea corregido, en atención de la Circular Nº MSP-DM-DVA-RVB-0117-2020, misma que fue emitida por el despacho del viceministro (Randall Vega). Hemos constatado compañeros con padecimientos en controles de carretera, en comisión, en actividades que implican naturalmente un mayor riesgo al contagio. Nuestros policías son personas de valor, tienen una gran convicción de servir, pero no son inmunes al COVID 19, como de alguna manera pareciera haberse considerado”, finalizó Anchía.
Propuestas
Ante ese panorama, para la seccional ANEP-Fuerza Pública, se debería trabajar en alguna metodología que permita minimizar el riesgo de transmisión, generando en la medida de las posibilidades, reubicaciones temporales que disminuyan los desplazamientos que tienen que realizar los uniformados.
Otra alternativa, podría ser establecer un mecanismo que permita hacer uso de los buses de la institución, para brindar transporte al personal policial de zonas rurales, que prestan servicio en San José y, que por lo general utilizan el transporte público.
• Se avecinan despidos agravando más el caso social en desarrollo
_Inaceptable nuevo ataque a la autonomía de las municipalidades_
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) expresa su más enérgica condena por la torpe y malintencionada decisión tomada por el gobierno de Alvarado y su ministro del MOPT, Rodolfo Méndez Mata, de aplicar un abusivo recorte presupuestario del aporte estatal para la construcción de caminos, calles y vías vecinales, que promueven y ejecutan las municipalidades del país.
Se trata de un recorte abusivo contra el desarrollo local, por una parte. Por otra, vaticina dolorosos despidos de personal obrero, técnico y profesional, agravando más la situación de caos social en que han sumido al país esas políticas macroeconómico-fiscales de sesgo dogmático y extremista que continúan profundizando la polarización en el seno de la comunidad nacional; políticas perversamente intensificadas en el marco de la tragedia de salud de la pandemia.
El recorte de 41 mil 500 millones de colones pudo ser evitado, si no mediase una posición tan fanática y extremista en quienes hegemonizan las políticas del Ministerio de Hacienda, por un lado; por otro, se pudo haber obtenido esa cantidad tan sólo quitándole un poquito a las impresionantes sumas multimillonarias en infraestructura que se vienen invirtiendo y que, por cierto, aumentan descomunalmente las fortunas del oligopolio de las constructoras cuyo peso político en el actual gobierno es, también, descomunal.
Por otra parte, nos preguntamos: ¿habrá algún cobro de factura ideológico, encubierto, por la reciente legislación que sacó a las municipalidades de la regla fiscal y que tanto molestó a los extremistas del déficit bien afincados en una cartera ministerial como la de Hacienda?
Hacemos un llamado a las más conscientes autoridades políticas de las municipalidades para que cuestionen en sede constitucional la decisión abusiva de la Dirección de Planeamiento y Programación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Desde un punto de vista formal-institucional no puede, en nuestro criterio, un departamento de segundo nivel irse contra la majestad de una ley de la República y, mucho menos, agrediendo de paso a la autonomía constitucional de las municipalidades.
ANEP alerta a la población trabajadora municipal que gestiona el desarrollo de caminos, calles y vías vecinales con base en los recursos que el Estado central debe estar obligado a proveer a las municipalidades por imperativo legal, para que se organicen y defiendan la continuidad del significativo programa de la Red Vial Cantonal; así como para que defiendan sus propios empleos y el sustento económico familiar.
Y aún en tiempos de pandemia, la organización para la movilización inteligente es perfectamente posible.
ANEP hace un vehemente llamado a toda la comunidad institucional laboral de las municipalidades, en especial a las agrupaciones sindicales de su población trabajadora, para que estén en máxima alerta con la finalidad de que, nuevamente, salgamos en defensa de la estabilidad republicana de los gobiernos locales, así como para salir en defensa de la estabilidad laboral y social de las municipalidades.
San José, sábado 4 de julio de 2020.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesadab Fernández, Secretario General Adjunto
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS (ANEP)
La ANEP mediante una recopilación de datos retrata la realidad que enfrentan los policías de tránsito en todo el territorio nacional
Parte de los problemas refieren a que la mayoría de delegaciones de tránsito cuentan con orden sanitaria del Ministerio de Salud y al faltante de personal pese a la gran cantidad de funciones que desempeñan.
Malas condiciones físico sanitarias, desechos de muebles, llantas con agua estancada, vehículos dañados, tuberías sin tapar, aposentos sin servicios sanitarios ni lavamanos, estas son algunas de las razones por las que 32 de las 37 delegaciones de la Policía de Tránsito del país tienen orden sanitaria del Ministerio de Salud.
Así lo demuestran los datos obtenidos mediante consulta de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) al Ministerio de Salud, los cuales fueron suministrados con fecha la 5 de junio del 2019.
Para ejemplificar la realidad mencionaremos a aquellas que poseen el aviso de las autoridades de Salud para realizar las mejoras; a la Delegación General de la Policía de Tránsito en Zapote se le giró una orden sanitaria por problemas físico sanitarios y de seguridad; la Escuela de Capacitación de la Policía de Tránsito ubicada en San Rafael arriba de Desamparados presentaba deficiencias físico-sanitarias y de seguridad, dos vehículos en abandono, llantas con agua estancada, desechos de muebles y otros materiales a la intemperie, mientras que la oficina de la Policía de Tránsito en Desamparados recibió orden del Ministerio de Salud por que no posee sistema mecánico, es decir, ni baño ni fregadero, además tiene el piso dañado y no cumple con la Ley 7600.
Por su parte, en los depósitos de vehículos del Cosevi en Desamparados se encontraron puntos con residuos sólidos diversos y tubería sin tapar y canoas sin plan de limpieza.
Las Unidades Policiales de Alajuela, Heredia y Grecia obtuvieron la orden sanitaria por condiciones físicos sanitarias y está última también por razones de seguridad.
Uno de los peores escenarios, se vive en el depósito de vehículos de la Dirección General de la Policía de Tránsito ubicado en Santo Domingo de Heredia donde fueron detectadas falencias como depósitos de carros a cielo abierto, crecimiento de maleza, presencia de zancos e improvisación de casetillas de los guardas en condiciones de peligro e insalubres.
En la zona atlántica, las principales inconformidades en la Unidad Policial de Guápiles encontradas son las condiciones físico-sanitarias, las autoridades deben de buscar la evacuación de las motos decomisadas y patrullas en mal estado del predio de la delegación. Mientras que la Unidad Policial de Siquirres posee dos órdenes sanitarias por condiciones físico-sanitarias y seguridad. En el área de Guanacaste, la Unidad Policial de Liberia recibió orden sanitaria por acumulación de vehículos en el entorno de las estructuras físicas, es decir, de oficina de licencias, policía de tránsito, oficinas de ingeniería y transporte público. La delegación de Tránsito de Nicoya y la de Cañas poseen orden sanitaria por condiciones físico-sanitarias y de seguridad. Al igual que el plantel del MOPT de Cañas y el plantel del COSEVI en Cañas.
En la Unidad Policial en San Nicolás en Cartago, se encontraron 36 motocicletas a la intemperie sin acumulación de agua ni plagas. Además, según el reporte del Ministerio de Salud cada semana salen 20 motocicletas para los depósitos de Pavas, Coco o de Cartago.
La delegación de Tránsito de Palmar Norte en Osa, no cumple con la Ley 7600 (servicio sanitario y accesos) y no existe mantenimiento del edificio. La Unidad Policial de Río Claro en Guaycará de Golfito, tiene problemas de infraestructura, condiciones inseguras e insalubres. Asimismo, la delegación en Jacó tiene deficiencias por sus condiciones físico-sanitarias.
A este problema de las delegaciones en mal estado se suma la falta de oficiales de tránsito y muchas otras carencias en la Dirección General de la Policía de Tránsito.
ANEP consultó sobre las plazas que se requieren para atender las competencias que le confiere la Ley General de Policía, sin embargo, ante dicha solicitud informaron que la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) no cuenta con ningún tipo de estudio sobre el tema, lo que impide contar con un dato a nivel ministerial.
Lo único que se posee es un estudio realizado por la Unidad de Planificación denominado “Personal policial requerido en las delegaciones de tránsito de la Dirección General de la Policía de Tránsito”, el mismo fue realizado en el año 2010 y actualizado en los años 2012 y 2018.
En dicho estudio para determinar el personal requerido en la Policía de Tránsito se utilizaron cinco variables las cuales son las regulaciones, operativos de control, atención de accidentes, controles rutinarios y la atención de eventos especiales.
Se registraron las cantidades totales de puntos de regulación efectivos que deben atender cada una de las Delegaciones y Corredores de Tránsito, a esto se suma, la cantidad de oficiales de tránsito que se necesitan para atender dichos puntos de regulación, independientemente de si se cuenta o no con dicho personal. También se incluyeron la cantidad total de operativos de control ejecutados para cada Delegación o Corredor de los Planes Operativos Institucionales del año 2017, financiados tanto por e MOPT como por el Cosevi y se incluye el índice de accidentalidad del año 2017.
De acuerdo con el documento el personal faltante es de 2040 policías de tránsito, para obtener este calculo se aplicó una fórmula total es decir, se cuantificaron todas y cada una de las cinco actividades que desarrolla la Policía de Tránsito, las cuales fueron mencionadas anteriormente.
“Permitió obtener un valor final muy cercano a la realidad operativa de este Cuerpo Policial. De los datos obtenidos se infiere, que la planilla operativa actual, representa el 21% (540) de lo que se necesita en la realidad (2580), o sea que se tiene un faltante del 79% (2040)”, indica el informe.
Es importante destacar en la necesidad del personal administrativo de apoyo que se tiene ya que prácticamente en todas las delegaciones y regionales de tránsito, cuando hay una ausencia de este personal; prácticamente se “obliga” al policía de tránsito a asumir las funciones administrativas, reduciendo aún más la participación y utilidad en las carreteras.
Para nuestra organización sindical, existen muchas preguntas del por qué no se ha reforzado a esta dependencia y parte de las interrogantes tienen que ver con los recursos. ¿cuál es el ingreso por infracciones a la Ley de Tránsito que registra mensualmente el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT)?
Esta información fue suministrada mediante oficio DF-2019-214, suscrito por la Dirección Financiera del Consejo de Seguridad Vial, el cual aclara que las multas provenientes por infracciones a la Ley de Tránsito forman parte del Fondo de Seguridad Vial dispuesto para el cumplimiento de las funciones del Consejo de Seguridad Vial, de acuerdo con la Ley de Administración Vial Número 6324.
Los ingresos mensuales son variables, ya que dependen del comportamiento y necesidades de los usuarios para cancelar las infracciones de que son objeto.
El concepto de los ingresos por las multas de tránsito e intereses moratorios registrado en el año 2018 corresponde a ¢12.176.815.407,42, es decir más ¢12.176 millones. Los meses en los con mayores ingresos son enero, noviembre y diciembre (Ver recuadro).
Mientras que en el año 2019 al mes de abril se registraron ¢4.860.629.323,55 millones, es decir más de ¢4.860 millones. (Ver recuadro).
En 16 meses, los ingresos por multas de tránsito e intereses moratorios fueron de más de 17.000 millones (¢17.019.444.730,88).
La seguridad en carreteras en deficiente, dado el poco personal y el faltante de al menos 2.000 policías, por ello, consideramos que los ingresos económicos deberían permitirle al MOPT, ser autosuficiente para solventar el faltante de recurso en la Policía de tránsito. Por otro lado, las condiciones infrahumanas que deben soportar los oficiales de la policía de tránsito, dan cuenta de una deficiente gestión por parte de quienes han ocupado en varias administraciones los cargos jerárquicos dentro de dicho Cuerpo Policial; así como la falta de voluntad política, de quienes lejos de tomar decisiones encaminadas a fortalecer la labor policial, la debilitaron al asignarle a la Fuerza Pública el recargo de la policía de tránsito.
El tiempo nos permite una vez más decir, teníamos razón, cuando dijimos muchas veces que la falta de personal y las deficientes condiciones en la policía de tránsito, obedecían a un problema de gestión institucional, acompañada de falta de voluntad política. Lamentablemente, nuestros legisladores, que la mayoría de las veces se dejan llevar por el calor del momento, sumado al poco conocimiento que tienen de la función policial; se dejaron seducir por la propuesta de Fabricio Alvarado, recargando las competencias de la Policía de transito en la Fuerza Pública, con lo cual, se vera en el corto plazo se estará afectando la prevención y la represión de delitos y, por ende, la seguridad humana.
En conclusión: Tenemos una policía de tránsito raquítica, por el faltante de personal que es más que evidente, al mismo tiempo, los funcionarios que se mantienen activos enfrentan un tremendo desgaste físico, en función de los roles que mantienen.
Nuestra organización sindical considera que la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, ha desarrollado un accionar político contraproducente.
La Junta Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicitó la salida de la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho; así lo oficializó ante el Presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruishank Smith, mediante una carta enviada este jueves.
La Junta Directiva Nacional ANEP, en su sesión ordinaria No. 2213, consideró que la actual titular de la Defensoría de los Habitantes, ha desarrollado un accionar político contraproducente para los fines de defensa social de la entidad, lo cual ha provocado disminución en la credibilidad ciudadana en la Defensoría.
“(…) así constatado al verse ella misma envuelta en situaciones de orden político-partidista que impulsan el sendero de pérdida de confianza que ha venido experimentando la Defensoría de los y de las Habitantes de la República en los últimos tiempos y por diversos factores; llegándose al punto máximo de intolerancia cívica de su propio papel y el de la institución en cuanto tal en el controversial asunto del escándalo público conocido como la UPAD”, indica la carta.
Para la ANEP es necesario recuperar la confianza de los ciudadanos en la Defensoría de los Habitantes, especialmente en estos momentos que el país atraviesa por mucha desigualdad; y exclusión social y económica. Además, espera que las fracciones legislativas hagan eco de nuestras solicitudes y recomendaciones “no sólo por la importancia de acudir en rescate de esa instancia auxiliar de la Asamblea Legislativa y su legitimidad frente a la ciudadanía, a la que se debe -más ampliamente: a los y a las Habitantes-; sino porque se le haría un flaco favor a la credibilidad del Congreso”.
El Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes explica que Catalina Crespo Sancho es considerada por los sectores sociales como la “Defensora de los Políticos”, debido a ello se han perdido espacio que en condiciones normales se podría facilitar el diálogo constructivo para la sociedad.
“En caso de que la Asamblea Legislativa deje pasar esta oportunidad para devolverle el fuste y brillo a una institución con tan enorme potencial constructivo, desaprovechado hasta ahora según nuestro criterio, veremos pasar de lejos una institución que estimaremos cooptada por el poder político y servicial a intereses manidos, claramente identificables”, agrega.
La ANEP recalca que la escogencia del o la representante de la Defensoría de los Habitantes no debe tomarse a la ligera, es un tema muy sensible y urgente por lo que si se abre un espacio para nombrar a otro representante nos aseguraremos “de que no sólo se observen las formas en la Comisión de Nombramientos; sino y sobre todo, de que el pueblo de Costa Rica cuente con alguien valiente y firme, independiente y honesto, pero sobre todo: apolítico. En una palabra: del pueblo, en vez de permitir la tradición con alguien de los políticos”.
–Asamblea Legislativa debe reconocer su error y eximirla del IVA completamente.
ANEP lanza idea de manifestación en carros.
Es sumamente urgente que las personas diputadas de la actual Asamblea Legislativa corrijan el grave error político de haber gravado con el injusto impuesto al valor agregado (IVA), los artículos de la canasta básica; tal y como se castigó al pueblo trabajador mediante la detestada ley del combo fiscal, No. 9635.
Tal corrección no puede ser otra más que los 195 artículos de la canasta básica, de manera definitiva e indefinida, sean eximidos de la aplicación del IVA; por demás, el más injusto de todos los impuestos de un sistema tributario como el costarricense que es profundamente inequitativo.
Además, se debe rechazar, radicalmente, la manipuladora pretensión del gobierno de Alvarado de que se posponga la aplicación de la entrada del IVA para la canasta básica, sustituyendo los recursos que tal impuesto le generaría al fisco, gravando el salario escolar con tributo de renta.
Esto no tiene ni pies ni cabeza, pues solamente busca incrementar el odio de clase en contra de las personas trabajadoras asalariadas del sector público, aumentando el escenario de confrontación social que, de por sí, está en desarrollo.
Mantener el impuesto a los artículos de la canasta básica representa una burla grotesca para miles de personas trabajadoras en severa angustia económica en estos momentos, dado que acaba de conocerse el listado de las grandes empresas que, cínicamente, volvieron a declarar CERO IMPUESTOS alegando no haber tenido utilidades en los pasados períodos fiscales 2018-2019.
La continua agresión socioeconómica al pueblo trabajador costarricense y, en lo especifico, mostrar un apoyo fuerte a que los artículos de la canasta básica queden completamente libres de ser gravados con el IVA, motiva a la ANEP a proponer y a fomentar la realización de una manifestación en carros, en fecha próxima, a convenir entre los sectores que estemos dispuestos a mostrar gran repudio por las continuadas políticas de exclusión social y de empobrecimiento generalizado.
Este viernes en la sesión ordinaria de la Junta Directiva Nacional de la ANEP, se dio la firma de la denuncia penal que estarán presentado tres asesores sindicales de la ANEP, junto a dos ex trabajadores municipales contra el Alcalde Talamanca y el Fiscal de la zona.
Indignación, condena y preocupación por lo que pasa en AyA
Deben sentarse todas las responsabilidades sin miramiento alguno
Al parecer los enemigos están dentro de la institución y los privatizadores, felices, están al asecho
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), deja pública constancia de su profunda indignación, de su más vehemente condena y de su honda preocupación por lo que denominamos como la crisis estructural que está viendo el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA); entidad más que estratégica para la paz social y para la propia estabilidad republicana y democrática del país.
ANEP, con una sólida autoridad moral acumulada por su larga lucha en defensa del patrimonio institucional que nos fuera heredado por las generaciones anteriores que siempre se preocuparon por el bien común y la inclusión social, patrimonio del cual AyA es parte fundamental; exige que se sienten todas las responsabilidades y sin miramiento alguno, mucho menos con tutelas de compadrazgo politiquero, a fin de sancionar a las personas culpables de los nada creíbles “errores” por los abusivos cobros tarifarios que se han hecho evidentes en las últimas semanas, afectando a miles de familias de los sectores obrero-sociales y de la clase trabajadora, muchas de las cuales están sufriendo por la consecuencias económicas negativas de la pandemia del coronavirus covid-19.
Esta legítima exigencia por transparentar al máximo el señalamiento de responsabilidades incluye, por supuesto, a las autoridades políticas de mayor nivel, empezando por la propia Presidencia Ejecutiva de la institución y por su Junta Directiva. No pueden mirar para otro lado y si competencia grave les cabe por la agresión económica sufrida por la población usuaria, deben dejar la institución.
ANEP está convencida de que mucha de las razones de la crisis estructural que sufre el AyA se debe a la perversa acción de ciertos enemigos internos colocados en posiciones claves y que, pese a los cambios de administración, siguen ostentando cargos de poder que en nada contribuyen a la superación de la acumulación de problemas y de severos yerros de gestión.
Con dolor tenemos que admitir que presumimos la acción oscura de las fuerzas político-privatizadoras alimentando el desarrollo de la crisis estructural de AyA, para llevarla a un punto de no retorno en el cual sea la propia población afectada la que clame por su entrega a las despiadadas fuerzas del mercado abierto, mismo que opera sin la menor pizca de sensibilidad social y de preocupación por el bien común.
ANEP refirma su compromiso sociopolítico y sindical en defensa de la institucionalidad del AyA y de lo que representa, teniendo absoluta certeza de que la mayoría de su personal operativo, técnico, administrativo y profesional no solamente representan un funcionariado honesto, sino que tienen plena convicción de que la institución debe ser defendida de la “tiburonada” que desea engullirla y que saben que el agua privatizada es un negocio de demasiados millones de colones y de dólares en juego. Damos un paso al frente en defensa activa de AyA.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
Edwin Marín Bonilla, Presidente Seccional Nacional ANEP-AyA
El Ministerio de Educación Pública (MEP) realizará una investigación en contra de un director de primaria de apellidos Rivas Selles, luego de que este amenazará, por medio de un comentario, al Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes durante la transmisión en vivo del programa Sin Rodeos por la plataforma de Facebook de Extra TV 42
Así lo confirmó el MEP, a través de su Departamento Disciplinario, en respuesta a la denuncia presentada por el diputado frenteamplista, José María Villalta, quien solicitó una investigación contra Rivas Selles quien se desempeñaría como director en la Escuela Sibujú de Talamanca, por indicar a través de un comentario “que ejecuten a Albino”, durante la trasmisión del programa Sin Rodeos., este último daba cobertura a la detención arbitraría e ilegal de Albino Vargas en Talamanca.
“La Dirección de Recursos Humanos procedió al dictado de la Resolución N° 1938-2020 de las trece horas con veinticinco minutos del doce de junio del dos mil veinte, mediante la cual, dio inició a la Investigación Previa-Docente N° 0172-2020, establecida obligatoriamente en los artículos 68 y 69 del Estatuto de Servicio Civil1, contra el servidor Rivas Selles, Profesor de Enseñanza Unidocente en Educación Indígena en la Escuela Sibujú de la Dirección Regional de Educación de Sulá.” Indica el documento del MEP
Además, indica “Aunado a lo anterior, le informe que el órgano investigador designado efectúa la indagación de cargos tendiente a determinar si existe mérito suficiente para iniciar procedimiento disciplinario”.
Rivas Selles quien también se desempeña como regidor suplente en la Municipalidad de Talamanca por el Partido Unidad Social Cristiana, fue denunciado por Albino Vargas Barrantes ante el Juzgado Contravencional bajo la figura de amenazas personales.
Para el líder sindical este tipo de hechos no pueden pasar desapercibidos sin darle importancia. “Si hace un comentario así, tiene que asumir las consecuencias”.
Por los hechos y la detención arbitraría e ilegal que se presentó en la Municipalidad de Talamanca, la ANEP también denunció ante la Unidad de Transparencia, Probidad y Anticorrupción, al alcalde de Talamanca, Rugelli Morales Rodríguez y Jorge Rojas González, Fiscal de la Fiscalía de Talamanca, a quienes se les achaca los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias y denuncia calumniosa.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
