REVISTA ENCUENTRO 5 by Yariela Novo on Scribd

Por: CSI
En una crisis mundial sin precedentes, millones de personas han perdido su empleo y se ven empujadas a la pobreza. Esta situación se produce inmediatamente después de una recuperación frágil e incompleta de la crisis financiera mundial de 2008-2009, en la que el hecho de abandonar rápidamente las políticas de estímulo para pasar a la austeridad, además de las embestidas contra los trabajadores y trabajadoras, socavaron fatalmente los progresos iniciales. El informe sobre el renovado impulso que el FMI concede a la oferta tras cuatro décadas de ajuste estructural y condicionalidad de austeridad: The IMF’s renewed supply-side push: Four decades of structural adjustment and austerity conditionality, esboza el papel central desempeñado por el Fondo en estas decisiones destructivas tomadas a raíz de la crisis financiera mundial como parte de un espectro más amplio de políticas fallidas.
“Tras la crisis de 2008 causada por el sector financiero y los rescates financieros que se concedieron a los responsables, los trabajadores se convirtieron en el blanco de una ofensiva en toda regla contra la negociación colectiva, los derechos laborales y los servicios públicos. A medida que planificamos planes de recuperación económica del daño causado por la COVID-19, no podemos repetir los mismos errores de poner fin prematuramente a las medidas de estímulo y perseguir recortes drásticos en el gasto que socavan el crecimiento”, señaló Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI.
En 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU brindaron la oportunidad de recomenzar implantando una agenda universal para el trabajo decente, la igualdad de género, la protección social y otros aspectos positivos. Sin embargo, la energía se ha redirigido a promover los intereses de los inversores privados como la única forma de financiar el desarrollo sostenible. El Banco Mundial ha encabezado, tal como se detalla en el informe sobre el fundamentalismo del mercado y el Grupo del Banco Mundial, abordando desde los programas de ajuste estructural hasta la maximización de las finanzas para el desarrollo y otros elementos más: Market fundamentalism and the World Bank Group: from Structural Adjustment Programmes to Maximizing Finance for Development and beyond. La óptica adoptada por el Banco de maximizar las finanzas para el desarrollo aleja a la institución de las inversiones catalíticas y conduce a reformas políticas destinadas a beneficiar a los inversores privados extranjeros, o recurre incluso a la ingeniería financiera para proteger sus inversiones.
Desde el inicio de la COVID-19, más de 100.000 millones de USD han abandonado los países de mercados emergentes, lo que representa el caso de fuga de capitales más grande y rápido de la historia. Estos dos informes describen de qué manera las recomendaciones en materia de políticas del Banco Mundial y el FMI en relación con los mercados de capitales y la financiación para el desarrollo contribuyeron a la fragilidad, la financiarización y las entradas de capital privado especulativo. Ambas instituciones han frustrado simultáneamente la creación de empleos de calidad, los servicios públicos y las políticas de aumento de salarios.
De dejarse sin control, los estragos de la crisis actual agravarán tres décadas perdidas para el progreso del desarrollo. Los informes documentan un vuelco en el Banco Mundial y el FMI en la década de los años 1980, cuando la administración Reagan impuso un orden del día ideológico que cambió las operaciones de las instituciones financieras internacionales. Este giro inició la era de los programas de ajuste estructural que impusieron un conjunto estricto de políticas desreguladoras centradas en la oferta denominadas Consenso de Washington. Aunque esta camisa de fuerza se abandonó a principios de la década de los años 2000, los informes demuestran que desde entonces las instituciones financieras internacionales han seguido guiándose por el fundamentalismo del mercado, donde muchos de los cambios son más cosméticos que reformas sustantivas a las instituciones.
“La fuga masiva de capitales, las severas cargas de la deuda y los efectos de las políticas fallidas están lastrando a los países en desarrollo en un momento en que necesitan preparar planes de estímulo y reconstrucción inclusivos. Ya es hora de comprometerse a prolongar el alivio de la deuda por dos años suprimiendo las medidas de austeridad como condicionalidad y haciendo coincidir la inversión con los ODS, así como poner fin a las condiciones de los préstamos y al asesoramiento de políticas que promueven enfoques fallidos. Esto es especialmente necesario en los préstamos para la política de desarrollo del Banco Mundial y en los acuerdos de préstamo estándar del FMI que tendrán lugar después de la ronda actual de financiaciones para dar respuesta a las emergencias. Las instituciones financieras internacionales necesitan cambiar algo más que su retórica y concordar sus operaciones con las normas internacionales del trabajo, con políticas más realistas destinadas al crecimiento con prosperidad compartida y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
“El multilateralismo requerirá de una reforma a fin de asegurar la coordinación mundial de los planes de recuperación económica que aporten fondos mundiales de protección social para los países más pobres, redefina el alivio de la deuda con una condicionalidad para los ODS, proporcione inversiones y no austeridad, reequilibre las reglas comerciales con los derechos fundamentales del trabajo y las normas ambientales, cuente con un tratado sobre las empresas y los derechos humanos que exija la debida diligencia y reforme las normas fiscales para acabar con los paraísos fiscales. El FMI y el Banco Mundial no deben ser un obstáculo para el nuevo contrato social sobre el que ha de cimentarse la recuperación”, afirmó Sharan Burrow.
Entre varias de las inquietudes recibidas se encuentra la entrega continua del equipo idóneo a las personas funcionarias que laboran en estas áreas naturales, y que en sus deberes esta la atención no solo de visitación que ingresa por un día, sino también a sitios donde se ofrece el hospedaje, además de la recepción de personas ajenas que participan en la actividad de voluntariado (nacionales y extranjeros) y con permanencia prolongada por varios días en las instalaciones de los funcionarios y funcionarias.
S.G. 17-21-2062-20-Pronunci… by Yariela Novo on Scribd
Conversamos con Marco León Montero, integrante del Comité de Lucha por la Recuperación del ROP, quien indicó que en la actualidad 110 mil personas han retirado su ROP de forma completa, de esos 1350 jubilados de lujo y el régimen jamás ha estado en riesgo. Por esto luchan, para que todos los costarricenses tengan ese mismo derecho de reiterar su ROP y no recibirlo a «pagos de polaco».
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicita al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), brindar explicaciones de las razones que mediaron para nombrar a Rocío Aguilar Montoya, como nueva Superintendente de Pensiones.
Dentro de los cuestionamientos que plantea la ANEP al ente supervisor, se encuentran informar y dar a conocer sí se realizó un concurso público para el puesto, las bases respectivas del mismo, así como las personas participantes y la votación para el nombramiento; esto con el objetivo de demostrar que la elección de Aguilar Montoya no obedeció a una designación de corte político o a dedo.
En el documento enviado al CONASSIF, la ANEP también detalla y cuestiona que el puesto de Superintendente de Pensiones se entregó a una persona (Rocío Aguilar) que meses atrás burló una sanción que le correspondía cumplir de un mes de suspensión en su puesto anterior, como Ministra de Hacienda. “Aprovechando que la sanción aún no estaba en firme, renuncia a su cargo y evade el cumplimiento de su castigo”.
“La sanción de suspensión de 30 días sin goce de salario para doña Rocío solicitada por la Contraloría General de la República (CGR), en octubre del 2019, al señor Presidente de la República, se fundamenta en que ella, como Ministra de Hacienda, pagó compromisos del Gobierno con sus acreedores a principios de la administración actual, sin tener contenido presupuestario para hacerlo; es decir, sin estar autorizada realizó pagos con fondos públicos, o más sencillo, desvió fondos públicos, pues con su actuar y según la mismísima Contraloría ella fue responsable de un hueco fiscal de alrededor de 900 millones de colones”, indica el documento.
Para Rafael Mora Solano, asesor político de la ANEP, es inexplicable que una persona con estos atestados de incumplimiento en la función pública sea nuevamente colocada en un puesto como el de Superintendente de Pensiones, ya que Aguilar Montoya no solo violentó el artículo 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría General por el cual sería sancionada, si no también incumplió con el “Deber de Probidad”, tal y como lo establece la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en su artículo 3 (ver recuadro adjunto).
La Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en su Artículo 3, establece que: “El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.”
Es decir, que, aunque para toda la ciudadanía y la opinión pública en general quedó claro que doña Rocío evadió de forma irresponsable la sanción que le correspondía y que causó un grave daño a las finanzas públicas; fue premiada con el puesto de Superintendente de Pensiones, por lo cual hacemos estos cuestionamientos ante el CONASSIF”, detalló Mora.
En el documento, ANEP recordó al CONASSIF, que son un ente público, por lo tanto, está sujeto a lo que establece la “Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito”, así como, la “Ley de Control Interno”, por lo que también es responsable en el ámbito de la función pública con relación al “Deber de Probidad”.
Compartimos documento enviado al CONASSIF
ANEP cuestiona ante CONASSI… by EugenioGuerrero on Scribd
Rechazamos y condenamos la solicitud del señor Rodrigo Alberto Chaves Robles, Ministro de Hacienda quien, en nota dirigida al Presidente de la República, señor Carlos Alvarado Quesada, le solicita el “veto parcial” de la que acaba de ser aprobada Ley para Apoyar al Contribuyente Local y Reforzar la Gestión Financiera de las Municipalidades ante la Emergencia Nacional por la Pandemia de COVID-19, Expediente Legislativo No. 21.922
Como es del conocimiento de la opinión pública, el pasado martes 19 de mayo dicho expediente fue votado en segundo debate legislativo, con el respaldo de una amplia mayoría de diputadas y de diputados; a pesar de las presiones político-mediáticas y empresauriales de parte de personas y entidades ya sumamente reconocidas por sus posiciones ideológicas contrarias al papel de las instituciones estatales de servicio público en el desarrollo de la sociedad, como lo son las municipalidades.
Argumenta el ministro Chaves Robles que debe cumplirse, a rajatabla, con lo que establece la dañina Ley No. 9635, Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, más conocida como el “paquetazo fiscal”; misma que con su sola aplicación y antes de la pandemia del coronavirus covid-19, ya había logrado, con la imposición del impuesto al valor agregado (IVA), que muchos pequeños y medianos empresarios cerraran sus negocios y que quedaran muchas personas trabajadoras sin empleo.
La regla fiscal que impone la Ley 9635 es una norma fiscalista de corte ideológico y con fines determinados a limitar y disminuir la inversión social desde la esfera pública (como los gobiernos locales), con el último afán de debilitar la institucionalidad pública. Pero, además, es una norma que nunca debió aplicarse a las municipalidades puesto que como lo hemos dicho hasta la saciedad desde la ANEP, éstas entidades no son ni serán parte responsable del déficit fiscal; como tampoco, por cierto, lo es el empleo público responsable de ese déficit.
Y es que no se puede meter dentro de una regla fiscal al sector municipal por cuanto los ingresos de este sector, no dependen de la hacienda pública. Bien lo sabe el señor ministro Chaves Robles: las municipalidades generan sus propios ingresos y no dependen de los impuestos e ingresos que recibe el Ministerio de Hacienda.
Por eso, las señoras diputadas y los señores diputados que durante la aprobación del paquete fiscal, fueron secuestrados y obligados a aprobar tan nefasta ley para los y para las costarricenses, cayeron en razón; y, entendieron que lo prudente no sólo para enfrentar la pandemia del covid-19 y sus efectos después de que pase la misma, en las diferentes regiones del país y en todos los cantones, era liberar a las municipalidades de una anacrónica y desfasada regla fiscal que nunca debió aplicarse a los municipios.
Ahora sí, las municipalidades serán, a lo ancho y largo del país, ese brazo potente que fuera de la regla fiscal, se convertirá en la plataforma cantonal para el relanzamiento de los esfuerzos del sector productivo nacional y, por supuesto, ayudarán a generar alternativas de desarrollo y empleo en comunidades dentro y fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).
Grave error cometería el Presidente de la República si desoye el clamor de los señores alcaldes y de las señoras alcaldesas, de los concejos de los 82 cantones de la República; así como de la comunidad civil, laborar y obrera de las municipalidades.
No menos grave es el desconocimiento político por parte de un ministro de Estado de la decisión “mayoritaria” de diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa que impulsaron y aprobaron el proyecto de Ley No. 21.922.
Desde la ANEP estaremos vigilantes y no claudicaremos en la defensa del sector municipal, del empleo público y de la inclusión social y productiva que demandan las micro-pequeñas y medianas empresas potenciales receptoras de soporte municipal en esta grave crisis social y económica que ya vivimos.
San José, miércoles 20 de mayo de 2020.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
En el artículo semanal de Diario Extra «Empleo Público» https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/419410/empleo-p-blico se mencionan documentos en cuanto a la supuesta consulta a sectores para llegar a la redacción del proyecto presentado a la opinión pública.
La ANEP comparte un «cruce» de cartas entre la Ministra Pilar Garrido Gonzalo y el sindicato.
EMPLEO PÚBLICO-MAYO-Midepla… by Yariela Novo on Scribd
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.