Categoría: Incidencia

La solidaridad internacional ha resultado fundamental para proteger a la ANEP

La actual Ministra de Trabajo de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Geannina Dinarte Romero, ha comunicado a la Internacional de Servicios Públicos (ISP), que dicha cartera de Gobierno rechazó la funesta intentona del otrora (hoy en proceso de desintegración), principal gremio empresarial del país, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), cuando éste acudió a dicha cartera ministerial pidiendo iniciar un proceso tendiente a la disolución-ilegalización de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Efectivamente, la ministra Dinarte envió una nota, oficio MTSS-DMT-OF-1603-2019, con fecha 25 de octubre de 2019, dirigida a Rosa Pavanelli,  así como a Jocelio Drummond, Secretaria General y Secretario Regional Interamericano, de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), respectivamente, entidad global de organizaciones laborales de los servicios públicos, con presencia-filiales en 163 países; indicándoles que ya el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en la persona de su anterior jerarca, Steven Núñez Rímola, había desestimado la perversa pretensión de la UCCAEP de su iniciativa de disolución de la ANEP, oficio MTSS-DMT-OF-947-2019, fechado 10 de julio de 2019.

En dicha comunicación el ahora exjerarca ministerial del MTSS, le indicó a Gonzalo Delgado Ramírez, Presidente de UCCAEP que el asunto por él planteado “…no se encuentra en la fase procesal adecuada para que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social pueda accionar según lo solicitado”.  El indicado dirigente empresarial pretendió que esta entidad fuera más allá de lo que legalmente le es permitido, en contra -incluso-, de un fallo constitucional (resolución No. 71-1989) que le limita las competencias al Departamento de Organizaciones Sociales, como para impulsar semejantes medidas de corte autoritario-dictatorial.

El gran respaldo y reconocimiento de que goza la ANEP allende nuestras fronteras, posibilitó el despliegue de una campaña internacional de denuncia y de solidaridad como la ejecutada por la ISP, a la cual tuvo que dirigirse el Gobierno de Costa Rica vía el MTSS. Igualmente, ha resultado de impacto que el ataque a la ANEP haya sido del conocimiento de la Confederación de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA), la central sindical más grande y representativa de nuestro continente.

A nivel de la Unión Europea (UE), también, la situación de la ANEP está en constante monitoreo, mediando la vigilancia de la coalición cívico-social EUROBAN, entidad de sociedad civil europea que vela por el comercio justo y por la producción limpia, social y ambientalmente sostenible, de la piña y del banano costarricenses. En EUROBAN, están insertas entidades de renombre, en tal sentido, como BANANALINK y BANANA FAIR; así como uno de los sindicatos más representativos y grandes del Reino Unido: UNISON.

Ante el fracaso de la UCCAEP, entidad que parece estar “auto-desintegrándose”, la ANEP espera que la sensatez y la cordura imperen en el liderazgo empresarial de este gremio corporativo. El fracaso de la UCCAEP, también lo es el de la Cámara de Industrial y el de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, cuyos jerarcas, Enrique Egloff y Maurizio Musmanni, pretendían lo mismo: ilegalizar a la ANEP. La discusión es de ideas y de planteamientos, con propuestas serias. La ANEP tiene un largo caminar al respecto.

Adjuntamos copia de los oficios ministeriales citados en el presente comunicado.

San José, miércoles 30 de octubre de 2019.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Disolución de La Anep-rechazo a Gestión de Uccaep-respuesta a Isp by EugenioGuerrero on Scribd

• “Más ajuste fiscal durante mucho tiempo»

• 2020: La magnitud del ajuste es dolorísimo: ¡11 puntos PIB!

• Rocío Aguilar Montoya (y lo que ella representa) ¡nos dejó peor!

• La más grande unidad cívico-popular y patriótica es la única salida

• La represión político-jurídica (ley anti-huelgas) no parará la autodefensa popular

“Más ajuste fiscal durante mucho tiempo” es la cruel sentencia que desde el imperio de los mercados neoliberales nos están dictando, condenándonos a mayores niveles de tormento social y económico para la clase trabajadora y, en general, para las grandes mayorías del pueblo costarricense.

Así lo afirmó el señor Fernando Losada, Director General de Análisis de la firma Oppenheimer & Co. (New York), en entrevista que le hiciera la periodista Gabriela Frías, de la sección de economía y finanzas, Portafolio Global, de la cadena de noticias CNN en Español.

(https://www.facebook.com/100000432309268/posts/2825920864098963?sfns=mo)

Este durísimo señalamiento, ¡no nos toma por sorpresa! Tenemos una enorme cantidad de tiempo planteando que la hegemonía político-ideológica impuesta por el mismo grupo económico-financiero implantado en la gestión macro-fiscal del país, a lo largo de las últimas administraciones gubernativas (PLN-PUSC-PAC), nos conduce al precipicio.

Espeluznante es el anuncio del citado especialista, ese tipo de “gurú neoliberal” de los mercados financieros globales (que tienen tanta influencia en los sectores banquero-financieros ticos), de que para el próximo año 2020, 11 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), serán consumidos por el déficit fiscal y por amortizaciones de deuda.  

¡TRES BILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL MILLONES DE COLONES! (3.850.000.000.000), deberá cubrir el pueblo costarricense sacando plata de donde ya no tiene y/o de sus esquilmados bolsillos, para el año que ya se asoma.

¡Se fue Rocío Aguilar Montoya y la situación macro-fiscal y tributaria del país quedó peor de cuando la pusieron en ese cargo el grupo ideológico-político, económico-mediático dominante!

“Costa Rica: una situación fiscal difícil y potencialmente insostenible”, nos apunta, por su parte, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), fuente nutriente de nuestras apreciaciones macrofiscales con perspectiva socio-sindical, inspiradas en el lema de tan prestigiosa entidad independiente: Por una Política Fiscal para la Democracia y el Desarrollo; entidad que es financiada por instituciones cooperantes de Suecia.

El ICEFI “manifestó su preocupación por el nivel de déficit fiscal planteado para 2020, que según el proyecto de presupuesto alcanzaría 7.8 % del PIB, por encima del 5.8 % estimado por ICEFI para el cierre de 2019”. ¡Nos llevan al precipicio!

La impagable, para nosotros, deuda pública es una candela de dinamita del más puro TNT: vamos hacia la fatídica cifra de 40 mil millones de dólares. Por eso el ICEFI afirma que la deuda pública tiene rasgos de insostenibilidad.

Para salva la Paz, la estabilidad política hoy sumamente frágil y la Democracia misma, Costa Rica ocupa, por una parte, la más grande gesta de Diálogo Social jamás emprendida antes de que el hundimiento sea irreversible.

Además, particularmente, se ocupa de una Transformación Tributaria Estructural. Actualmente, la carga tributaria es rígida, los resultados del combate a la evasión tributaria son muy pobres, la estructura tributaria no permite el combate a los flujos internacionales de capital (FIC), y la estructura tributaria es regresiva. Así caracteriza el ICEFI la disfuncionalidad impositiva que está calentando la olla de presión social.

Ahora que quienes nos han llevado al desastre económico-fiscal han decido incrementar la acción político-represiva, pretendiendo imponer la ley anti-huelgas, aunque ello implique desdeñar los compromisos obligantes para el país en materia de Derechos Humanos; en ANEP pensamos que se impone la más grande unidad cívico-popular y patriótica para enfrentar el autoritarismo en Democracia, de corte neoliberal, ya en desarrollo en estos momentos. Hacemos un humilde pero vehemente llamado en tal sentido.

¡La gente se va a defender! ¡El pueblo trabajador se defenderá!

• La Sala Constitucional, a pesar de su línea ideológica, no tuvo más opción que reconocer que hay serios vicios de inconstitucionalidad y graves errores de procedimiento en la tramitación del proyecto.

La resolución de la Sala Constitucional es clara en reconocer que existe vicio de inconstitucionalidad en el artículo que pretendía la disolución de los sindicatos por la acción individual de los dirigentes y de sus afiliados; lo cual, en nuestro criterio, convierte el proyecto de ley en inconstitucional, toda vez que con solo uno de sus artículos que lo sea, ya el todo, lo es.

Por otro lado, y más grave aún, es el vicio de procedimiento que señala la Sala Constitucional en cuanto a que no se consultó este proyecto a la Corte Plena, dejando en indefensión a uno de los órganos fundamentales de nuestro Estado Social de Derecho, el Poder Judicial.

Y esta omisión no es cosa menor, sino que resulta en un infranqueable requisito que, al no haberse cumplido, le impone una lápida al procedimiento de vía rápida con el que pretendieron aprobar, a golpe de tambor, este nefasto proyecto para la Democracia costarricense, la Libertad de Expresión y los Derechos Humanos.

Este grave error de procedimiento, de no consultar a Corte Plena, según el criterio experto de constitucionalistas, impediría que se pueda pensar siquiera en “algún tipo de procedimiento rápido para subsanar” los vicios detectados por la Sala Constitucional; como manipuladoramente lo han hecho creer Carlos Ricardo Benavides Jiménez, Presidente de la Asamblea; así como el diputado Pedro Muñoz Fonseca y la legisladora Yorleny León Marchena, tanto como el propio Gobierno de la República, principales impulsores de este proyecto.

Decimos lo anterior porque el criterio experto en materia constitucional indica que este vicio, es uno de los vicios de procedimiento que genera nulidad absoluta. Esta clase de inconstitucionalidad (el no hacer la consulta a Corte Plena), sólo se puede arreglar retrotrayendo el proyecto hasta antes de que naciera dicho vicio. 

El tema es que al hacer la consulta a la Corte Plena sobre el proyecto de ley 21.049, ya no se le puede aplicar la vida rápida, por lo cual el procedimiento aplicable debe ser por la vía ordinaria.

Así las cosas, en nuestro criterio, el proyecto queda enterrado y tendría que presentarse uno nuevo, y como lo dijimos por la vía ordinaria, ya que debe ser consultado a Corte Plena. Por lo tanto, no cabría la vía rápida.

Todo lo anterior significa que Carlos Ricardo Benavides Jiménez y todos los que salieron a celebrar la resolución de la Sala Constitucional, se han llevado el más grande “alegrón de burro”.

Sin dejar de lado, que la Sala  Constitucional lo que está haciendo con esta resolución, a sabiendas de la inconstitucionalidad del proyecto y del grave vicio de procedimiento, es adelantar criterio sobre los temas que se plantean en el mismo;  dejando, además, con ello, a la Corte Plena con la cancha marcada en cuanto a cómo debe opinar  sobre los artículos que sí considero la Sala IV como constitucionales, con lo que se le hace un grave daño a la Democracia y deja de manifiesto una lucha de  poder al  interior del Poder Judicial.

En todo caso, la resolución de la Sala Constitucional habrá que estudiarla; pero, por ejemplo, resolver que la huelga se puede prohibir en toda la lista de servicios “esenciales” del proyecto, sin matizar que conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hay servicios que admiten disminución de labores en lugar de suspensión plena, es una postura rígida inaceptable porque, además, con su resolución amplió el umbral de servicios esenciales determinados ya por los organismos internacionales.

Pero la discusión sobre el derecho humano a la protesta y a la manifestación, apenas comienza, pues hay un antes y un después del pronunciamiento de los relatores de Derechos Humanos del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en cuanto al proyecto que pretende regular las huelgas, puesto que ellos determinaron que existen una serie de violaciones al derecho a huelga y a los derechos humanos, los cuales fueron desconocidos por la Sala Constitucional, inexplicablemente.

Tal situación nos obliga a seguir accionando y denunciando a nivel internacional para que se aplique lo que correctamente indicaron los relatores, lo cual, le guste o no a los enemigos de las organizaciones sindicales, debe ser de acatamiento obligatorio por parte del Estado Costarricense que firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como con otros instrumentos internacionales y principios de Derechos Humanos establecidos.