Mideplan: salario escolar no es ni un privilegio ni una prebenda

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) emitió un pronunciamiento con respecto al salario escolar, el cual ha sido objeto de controversias y cuestionamiento por parte de diferentes actores sociales, debido al desconocimiento de su origen.

Algunos de los aspectos en los que el documento hace mención es que “(…)existen tres aspectos de especial relevancia, el primero, en el sentido de que el salario escolar surge como un acuerdo de política salarial para el cuatrienio 94-98 suscrito el 23 de julio de 1994 denominado “componente de la política de salarios crecientes” mismo que planteaba la acumulación o retención de un porcentaje del aumento salarial en 1994 hasta completar en 1998 un salario adicional – representaba el 8.19%-, el cual se pagaría en el mes de enero de cada año”.

Salario Escolar-carta de Mi… by Yariela Novo on Scribd

El Mideplan concluye que al eliminar el salario escolar como se ha pretendido solamente vendría a generar efectos contraproducentes en la economía, por las siguientes razones:

I. Por tratarse de un monto ya ingresado al patrimonio de las personas servidoras públicas, su supresión implicaría que ese porcentaje debe trasladarse a los pagos de salarios que se realizan mensualmente con adelanto quincenal, con lo que se generaría una presión en la liquidez de las finanzas públicas.

II. Si se suprimiera y no se traslada a los salarios mensuales, debería indemnizarse a las personas servidoras públicas por concepto de los ingresos que dejarían de percibir, dado que ya formaba parte de su masa patrimonial, al afectarse uno de los elementos esenciales de la relación laboral como lo es el salario.

Proyecto de ley busca rescate, recuperación y fortalecimiento de empresas en situación de vulnerabilidad

Luego de meses de trabajo, en busca de soluciones en espacios con el Gobierno de la República, la Asamblea Legislativa y la Defensoría de los Habitantes; el pasado viernes 17 de abril, el Encuentro Social Multisectorial presentó ante la Asamblea Legislativa, en coordinación con el diputado Walter Muñoz (PIN), el proyecto de ley «Rescate, recuperación y fortalecimiento de empresas en situación de vulnerabilidad y estímulo a la producción”.

El proyecto de ley quedó regitrado en la corriente legislativa bajo el expediente nº 21.935

RESUMEN EJECUTIVO-

Debemos  entender  que  el país  estaba  inmerso  en una  gran  crisis  económica,  misma que  se endureció  con la  amenaza  a la  salud  humana producto  de la pandemia mundial y  que en nuestro país fue declarada  emergencia nacional.  Por  tal motivo,  este proyecto  de ley se convierte  en una  necesidad de urgencia;  pues con él,   se proponen  mecanismos  de reactivación  económica que  entre otras  cosas  le  garantiza  a la  sociedad costarricense,   que todo  el sector de micro, pequeña  y mediana  empresa,  productoras de bienes o servicios,  no cerrarán  sus puertas  por  asuntos  de endeudamiento o  impagos por falta  de  liquidez. 

El  proyecto  es producto  de una larga discusión  sobre  el problema  de la  crisis  económica,  sus  causas y  sus posibles  soluciones.  Discusión  que se propició  en un  espacio propio creado  por el  Gobierno   y  que  se denomina,  mesas de  trabajo  del  sector  Rural y de  asuntos Agropecuarios.

Se  compilan  varios   propuestas  de  diferentes  sectores y personas,  mismas  que  el ENCUENTRO  SOCIAL  MULTISECTORIAL las  plantea  en un  texto  que  sirva  como proyecto  de Ley  para  que sea  sometido  a discusión y  oportuna aprobación  en la Asamblea  Legislativa.

FORMATO Y CONTENIDO DEL PROYECTO:

El proyecto  consta de una parte  de justificación,  donde  se exponen motivos y  datos históricos que le sirven  al lector para ubicarse en el contenido y tener  mejor  criterio a la hora  de emitir opinión.  El cuerpo  de la posible ley consta   de tres  títulos:   El  TÍTULO I,  DISPOSICIONES GENERALES,  consta  de  dos  capítulos. El  primero   denominado AMBITO DE APLICACIÓN, OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS que  va desde el artículo 1.- hasta  el  artículo 7.-   y  el  segundo   denominado  CREACIÓN Y FUNCIONES DE LA RED INTERINSTITUCIONAL DE APOYO EMPRESARIAL,  que  va  desde  el  artículo  8.-  hasta  el artículo  10.- En  esta primera parte  del proyecto,  quedan  las  disposiciones y  definiciones  claras  de los posibles  beneficiarios,  del  ámbito de aplicación y la ordenanza  en términos  de ley,   para  que  el gobierno  de la república ordene  las  instituciones  a trabajar  en conjunto para  atender  adecuadamente  los  procesos  productivos,  ya  sean  éstos  de bienes o servicios. (se crea a RED INSTITUCIONAL DE CUIDO)

El Título II,  denominado  MECANISMOS DE RESCATE RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS, también consta  de dos  capítulos,  el capítulo I  denominado FIDEICOMISO ESPECIAL DE RECUPERACIÓN,  comprende los  artículos  del 11.-  al 19.- . Le da los instrumentos  de legalidad  para que el  sistema  bancario nacional,  bancos  públicos obligados y bancos privados voluntarios,  puedan dar  tratamiento  diferenciado y  dirigido a empresas  en riesgo  de impago.  Se proponen instrumentos  aplicables  a casos diferenciados y se evita que las empresas se  declaren  en quiebra  sin  antes hacer un esfuerzo  conjunto  de salvataje, que tenga  viabilidad y  factibilidad  financiera. 

 El capítulo II,  denominado  DEL TRATAMIENTO ESPECÍAL  A LAS EMPRESAS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL comprende los  artículos  del  20 al 30. Este capítulo  crea un instrumento  nuevo  que le permite  al Gobierno,  instalar  las capacidades institucionales y el marco  de legalidad para  atender  el  sector agropecuario y forestal,  en forma diferenciada.  Considerando que  es una sugerencia  de la ONU,  que los estados  deben instalar  capacidades  para  dar  respuesta  a las  contingencias  del  cambio  climático y  ahora,  nos  toca  atender  las  contingencias  de la  salud  humana.  Esto  viene  a fortalecer la  razón  de  crear  este  mecanismo.  Por  otro  lado, este   capítulo  propone  marcos  de legalidad  para  que el Estado pueda, desde  una ley  específica,  pueda garantizar  el mejor   cumplimiento del  primero párrafo  del artículo 50  de nuestra  constitución política.  Asimismo  asegurar la  canasta básica alimentaria nutricional  para  todos los habitantes  del país. En  este capítulo  se dispone una  serie  de autorizaciones,  para que algunas instituciones y los  bancos  del  Estado, tengan el marco  de legalidad  para  atender  de una manera  más  integral  su  obligaciones sociales e institucionales, colaborando  en forma  articulada para  evitar  el cierre  de procesos productivos o lo peor,  la  acumulación  de los mismos por el  sectores  poderosos.  Los  bienes  embargados,  son  acumulados por quienes tienen mayor poder  adquisitivo. 

Un  capítulo III,   denominado DE LA CREACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN, que  va desde el artículo  31 al  33,  cuyo  fin  es disponer mecanismos novedosos de oferta  de   recursos financieros  que le permitan  a los bancos  mayor  flexibilidad y  a los usuarios  una mejor oferta  de crédito para la producción.  Recordamos  que  uno de los  defectos de nuestro  sistema  financiero,  es que el mayor  volumen  de crédito  se orienta  hacia  actividades de consumo,   restando recursos  al sector  productivo.

Un título III  denominado DISPOSICIONES FINALES,  que  consta de un   solo capítulo titulado  REFORMA A OTRAS LEYES. Se dispone  desde  el artículo 34  al 37.  En este  capítulo  se reforman varias leyes  en que tienen vinculación  directa  con el sector  financiero.  Es  necesario que se  mejoren los marcos  de legalidad  del  sector  financiero nacional  para que ofrezcan  mejores  oportunidades  al  sector productivo sin  sentirse amenazados ya  sea en  el ámbito  financiero o en roces con marcos  de legalidad que actualmente les limitan  su accionar.

Además  el proyecto  cierra  su cuerpo de contenido  con cuatro   disposiciones  transitorias. Debemos  anotar  que el artículo 37 declara  la ley  de interés público,  para  que desde  esa perspectiva,  no  tenga  oposiciones que  la lesionen.

Compartimos el proyecto de ley de Rescate, recuperación y fortalecimiento de empresas en situación de vulnerabilidad y estímulo a la producción”

Proyecto N°2.1935 – Ley de … by EugenioGuerrero on Scribd

Tasas de usura: 39% sigue siendo usura

  • Proyecto 20.861 se queda corto, pero debe aprobarse y queda mucho por hacer.
  • Sector bancario-financiero es multimillonario y lo seguirá siendo.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) expresa públicamente, un apoyo crítico al Expediente Legislativo No. 20.861 que pretende ponerle un tope al cobro abusivo en las tasas de interés que se cargan a las tarjetas de crédito, compra de electrodomésticos, créditos bancarios y otras operaciones crediticias de carácter financiero; estableciéndose un cobro máximo de tasas de interés del 39% para créditos en colones y un 31.35% para créditos en dólares.

ANEP estima que tales montos siguen siendo de carácter usurero y deberían reducirse sustancialmente. Sin embargo, dicho proyecto de ley debe aprobarse quedando en evidencia que falta mucho camino por recorrer en tal sentido; así como que el tema debe seguir pendiente en una agenda socioeconómica que persiga la reducción de las desigualdades y mayor integración con justicia social.

 Información pública reiterada en esta fecha y que ya había sido dada a conocer tiempo atrás, indica que el sector bancario-financiero que lucra con todo tipo de tasas de interés, habría obtenido ganancias, en el año 2018, por el orden de los ₡2 billones 300 mil millones (₡2.300.000.000.000); cifra más que escandalosa e claramente indicativa de cómo se ha posicionado en el país la desigualdad y, a contraparte, se ha dado la concentración de la riqueza.

Para ese año 2018, el sector emisor de tarjetas de crédito habría obtenido, promediando un cobro de usura del orden del 50 %, unos 638 mil millones de colones. Por su parte, el negocio del empeño y de ciertos bufetes prestamistas, con tasas de hasta un 90%, se habría embolsado unos ₡610 mil millones. Para el caso de las ventas de electrodomésticos, con intereses de un 60 %, la suma de ganancia habría generado unos ₡883 mil millones.

Tales datos se basan en informes del propio Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), del Proyecto Estado de la Nación; e, incluso, de la Academia de Centroamérica.

Por otra parte, no hay evidencia clara ni contundente que pueda sostener que tal nivel de ganancias ha sido correspondido con una contribución tributaria realmente justa y equitativa. Con la regulación de tasas de usura al 39%, para créditos en colones, como lo propone el indicado proyecto de ley, los sectores que nutren sus riquezas producto de este tipo de negocios, continuará siendo archimillonario.

Es un argumento sumamente pobre plantear que los sectores menos favorecidos económicamente serían los más afectados, vía exclusión, si tal proyecto se vuelve ley de la República en los próximos días.

Es más, es éste un sector al cual se le debe exigir un aporte tributario de carácter extraordinario-solidario, para la ayuda social necesaria a todos los sectores afectados por la pandemia del covid-19, incluyendo micro-pequeñas y medianas empresas.

ANEP apoya expediente legislativo 21.922, las municipalidades deben ser fortalecidas

Municipalidades deben ser liberadas de la dictadura de la regla fiscal

El extremismo ideológico macrofiscal vulnera a los gobiernos locales

De manera clara y contundente dejamos constancia del total respaldo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), al Expediente Legislativo No. 21.922, denominado Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19; mismo que ha sido enviado para su tramitación urgente por parte del Poder Ejecutivo para que la Asamblea Legislativa lo vote en el actual período de sesiones extraordinarias del parlamento, mismas que finalizan el próximo 30 de abril. Se trata de una atinada decisión de Casa Presidencial que debemos aplaudir.

Las municipalidades, como la figura institucional republicana de gobierno más cercana a la gente, a la ciudadanía, deben jugar un extraordinario rol a fin de atajar e, incluso, revertir el delicado proceso de exclusión social y económica que Costa Rica ya ha venido padeciendo en los últimos años; sistemática desigualdad que ahora se ve agravada, de manera radical, dada las graves consecuencias económico-sociales y productivas de los efectos en el país de la pandemia del coronavirus COVID-19.

Desde un principio y muchísimo antes de que al país se le impusiera la fatídica ley No. 9635, erróneamente denominada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en diciembre de 2018, la ANEP levantó como una sus principales argumentaciones para oponerse a la misma, la derogatoria de facto que se produciría mediante tal legislación de la autonomía constitucional del régimen municipal, violentándose así, de manera grosera, la propia Carta Magna del 7 de noviembre de 1949, que le dio a los gobiernos locales un régimen autonómico que solamente podría ser eliminado reformando ese postulado constitucional, lo que nunca se hizo. Sin embargo, con esa Ley 9635 violentaron la Constitución de 1949 en este (y en otros) ámbito de la autonomía constitucional.

La fuerte lucha de la ANEP, prácticamente en solitario en aquellos momentos en defensa de la autonomía constitucional del régimen municipal, de cierta manera tiene ahora una expresión fructífera concreta con el proyecto de ley 21.922; lo cual nos lleva a dejar manifestación pública de nuestro vehemente llamado para que la Asamblea Legislativa lo vote, favorablemente, cuanto antes, dado que este proyecto viene impulsado de manera multipartidista por 40 personas legisladoras.

Muchas personas conocedoras de los beneficios que para la institucionalidad democrática del país supone un régimen de gobiernos locales de carácter municipal, saben que éstos deben fortalecerse, lo cual recibió un duro golpe con la inclusión de los mismos dentro de los parámetros de orden fiscal-autoritario de la Ley 9635, conocidos como regla fiscal.

La pandemia del coronavirus COVID-19 está, en estos mismos momentos, haciendo añicos en muchos países del planeta tales dictados fiscalistas, de signo ideológico neoliberal; precisamente porque sus respectivos pueblos están sufriendo, aparte de la irreparable pérdida de vidas humanas, graves quebrantos productivos, económicos y sociales que, como se está haciendo constar, solamente desde la iniciativa de lo público-estatal se podrán confrontar y revertir exitosamente para el bien común y para la propia paz social.

Este proyecto de ley 21.922 pondrá, precisamente, a las municipalidades en mejores condiciones de impulsar una serie de acciones de diverso orden en la línea de la preservación de la paz social, misma que si ya había estado amenazada por la indicada exclusión y social económica de los tiempos pre-pandemia; ahora, con el hambre en ciernes en miles de hogares, no se podrá garantizar esa paz sin contar con una acción pública fuerte desde local, lo que las municipalidades no podrán hacer si sigue pesando sobre ellas, la imposición fiscalista de quienes la impulsan desde sus cómodas oficinas con salarios e ingresos jugosos de por medio, que no saben para nada de las peripecias, angustias y pesares de los alcaldes, de las alcaldesas y de las personas regidoras que todos los días en sus propias comunidades, se enfrentan a este drama social y económico que es la pobreza y la vulnerabilidad de pobreza en crecimiento, ahora más motorizadas por el COVID-19.

Las honorables señoras diputadas y los honorables señores diputados que se alistan a apoyar este proyecto de ley 21.922, deben saber que están recogiendo un clamor en el nivel local que se expresa en miles de voluntades a favor de todo tipo de medidas para que la pandemia del coronavirus COVID-19 no cause devastadores daños en el propio tejido social que da sustento a la estabilidad democrática del país.

Les instamos a poner oídos sordos a las ya conocidas voces estridentes insensibles y deshumanizadas para las cuales las personas deben estar al servicio de la economía y no que ésta esté al servicio de la gente. Lamentablemente, hace ya bastante tiempo que la propia Contraloría General de la República (CGR) se matriculó, política e ideológicamente, con una visión del ordenamiento social que excluye la promoción del bien común y que favorece la exclusión social y económica.

Instamos, de manera vehemente, a que todas las organizaciones laborales del servicio municipal costarricense para que se pronuncien con urgencia en esta misma línea de pensamiento; especialmente, a las entidades seccionales de la ANEP presentes ya en 65 de las 82 municipales del país. Idéntico es nuestra solicitud, por demás respetuosas, para las actuales alcaldías, las próximas a entrar a regir y a los concejos municipales salientes y entrantes.

San José, jueves 16 de abril de 2020.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto de la ANEP

La verdad sobre el Salario Escolar

Fuente: Farid Ayales Esna, ex ministro MTSS de aquel entonces (1994)

El salario escolar nació en 1994 a través de un decreto ejecutivo del entonces Presidente de la República, José María Figueres Olsen.

“En 1994 se llega a un acuerdo de política salarial. Ahí se estableció la creación de esta figura del salario escolar”. Se pactó un aumento de salario de un 8%. Pero en lugar de entregarle al trabajador ese 8% de salario, le entregaron el 6,75%,porque el 1,25% decidieron retenerlo mes a mes y en el mes de enero del año siguiente, se le iba a dar ese dinero con la misma finalidad: que los trabajadores tuvieran un ingreso que les permitiera soportar los gastos académicos de sus hijos”.

En 1994 se le retenía 1,25% mes a mes y se entregaba en enero siguiente. Ese porcentaje de retención de aumento salarial de 1994 se fue ensanchando con los años de esta manera, según según el Ministerio de Trabajo:

1994-1995: se retiene el 1,25%

1996-1997: se retiene el 3,58%

1998-2015: se retiene el 8,19%

En 2016, con el decreto 39202, se establece de manera escalonada el salario escolar hasta llegar al 8,33% con miras a que en enero se pague un salario completo.

2016: 8,23%
2017: 8,28%

2018: 8,33%

En 2019 estamos como el año pasado. Un 8,33% del salario de los empleados públicos será retenido cada mes y se pagará en enero de 2020 en un solo pago equivalente a un salario completo.

EL SALARIO ESCOLAR NO SE PUEDE NI SE DEBE ELIMINAR !!

Fuente: Farid Ayales Esna, ex ministro MTSS de aquel entonces (1994)

ANEP se adhiere a solicitud Latinoamérica denominada «La deuda prioritaria es con la salud de los pueblos»

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), afiliada a la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y a la Confederación de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA), firmó este martes 15 de abril su adhesión al documento “La deuda prioritaria es con la salud de los pueblos”, la cual solicita a los gobiernos de la región dirigir todos sus esfuerzos económicos, políticos y sociales para atender y controlar la pandemia del Covid-19.

A continuación, el documento que ya ha sido firmado por diversas organizaciones y personajes de la sociedad civil Latinoamérica.  

LA DEUDA PRIORITARIA ES CON LA SALUD DE LOS PUEBLOS

La crisis que ha desatado la pandemia del coronavirus en América Latina y  el Caribe obliga a encarar respuestas urgentes, inmediatas. Frente a una coyuntura tan grave, proseguir con el pago privilegiado de la deuda pública no es compatible con la prioridad absoluta que exige el cuidado de la vida y la salud de nuestros pueblos.

Los gobiernos de América Latina y el Caribe deben afirmar sin titubeos la disposición de todas las riquezas y los recursos naturales de titularidad de los pueblos, tal como lo consagran los Pactos Internacionales de las Naciones Unidas de Derechos Civiles y Políticos (art. 75, inc. 22°, C.N.).

Es obligación de los Estados garantizar esa titularidad jurídica para poder atender la emergencia mediante:

  1. La declaración por parte de los Estados del “estado de necesidad” (1)
  1. La suspensión inmediata del pago de capital e intereses de todas las deudas soberanas,
  1. Impulsar acciones internacionales consensuadas para legitimar aplazamientos de pagos y quitas imprescindibles en las deudas públicas, ante organismos multilaterales y acreedores privados.

Primero, la definición de la emergencia. Luego, los países periféricos deberán generar decisiones -basadas en investigaciones y auditorías públicas previas, meticulosas y transparentes- que lleven al  necesario control de legalidad y legitimidad de los compromisos financieros, los eventuales requerimientos vinculados a la anulación de los mismos, la condonación total o parcial de deudas, las reestructuraciones y reprogramaciones de pagos de la deuda declarada legítima.

La prioridad es la salud de los pueblos: los recursos deberán estar disponibles para atender en primer lugar las consecuencias económicas y sociales de una crisis cuya dimensión ni siquiera podemos aún cuantificar

LA CRISIS SANITARIA Y LA DEUDA SOBERANA

El problema de la deuda soberana ha sido una limitante permanente a las posibilidades de crecimiento y desarrollo de nuestros países. Debe ser asumida como un instrumento de financiamiento con responsabilidad y claridad en relación a los fines para los que fuera destinada. Cuando deja de

cumplir esos criterios se convierte en deuda eterna y solo instrumento para  el parasitismo especulativo,  la exacción usuraria, y las permanentes crisis  de las balanzas de pagos.

La historia reciente de nuestra región corrobora que en medio de crisis económicas y sociales de grandes proporciones, enormes sumas dinero fluyeron -y fluyen- frente a cada vencimiento desde las arcas de los países deudores a manos de sus acreedores, coartando la posibilidad de atender tanto el financiamiento de su necesario desarrollo como sostener sus funciones básicas, como la garantía de salud, alimentación y educación para sus pueblos.

Hoy, cuando la vida de millones de personas en todo el mundo depende de  la capacidad de respuesta universal de una salud pública sistemáticamente atacada durante décadas, queda en evidencia el obsceno sistema  de  valores en cual nos hemos estado moviendo.

Discutir condiciones de desarrollo y distribución de esfuerzos y resultados  de nuestras economías sigue siendo ineludible. Se deben definir las prioridades, los recursos y el financiamiento para satisfacer las demandas  de la sociedad -en el presente y en el futuro-, en forma paralela a un desarrollo equitativo y sustentable.

EL DÍA DESPUÉS DE MAÑANA: SUSTENTABILIDAD EXTERNA

Incluso en medio de la crisis sanitaria es necesario encarar una agenda que permita una solución definitiva al problema de la deuda, de cara al futuro, la que necesariamente debe contemplar:

  1. Retomar iniciativas para el establecimiento de un marco legal, regional e internacional para la resolución de la deuda soberana y el combate a las prácticas extorsivas de “fondos buitre”, sentando las bases de una nueva arquitectura financiera internacional (2)
  • Impulsar una legislación que garantice, acorde a las condiciones de cada país, límites efectivos al endeudamiento en pos de la sustentabilidad externa de nuestras economías.
  • Encarar una estrategia, regional e internacional contundente contra la fuga de capitales y la existencia de paraísos fiscales, incluidas iniciativas (legislativas y políticas) para la fiscalización, tributación y recuperación de las riquezas fugadas, aportando al diseño de mecanismos de control, regionales e internacionales que impidan la continuidad del latrocinio a los recursos y el trabajo de los pueblos.

CONVOCATORIA

Este documento es un esbozo contributivo para un amplio llamado a la unidad de América Latina y el Caribe en este  momento  crítico.  Está  basado en la convicción de la existencia de un amplio consenso a favor de   la más amplia participación democrática para responder en lo inmediato con medidas urgentes, y en perspectiva con acciones solidarias y propuestas consensuadas acordes a esta grave encrucijada histórica.

Estando en circulación y firma el presente documento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha dado a conocer su Resolución 1/2020, de extensa fundamentación, ante la pandemia del  COVID 19, cuyo punto resolutivo N° 18, establece: “Suspender o aliviar la deuda externa y las sanciones económicas internacionales que puedan amenazar, debilitar o impedir las respuestas de los Estados para proteger los derechos humanos frente a contextos de pandemia y sus consecuencias. Ello a fin de facilitar la adquisición oportuna de insumos y equipos médicos esenciales y permitir el gasto público de emergencia prioritaria en otros DESCA, sin poner en mayor riesgo todos los derechos humanos y los esfuerzos avanzados por otros Estados en esta coyuntura, dada la naturaleza trasnacional de la pandemia.” (3)

En otros puntos de la Resolución se destaca el carácter imperativo de lo resuelto y su exigibilidad en atención a los principios del derecho internacional y regional de los derechos humanos.

Los firmantes comunicaremos el presente documento a los tres  poderes  que conforman los gobiernos democráticos latinoamericanos para que las decisiones que se adopten sean tomadas a tiempo, en consonancia con el estado de necesidad que afirmamos.

Notas:

  • En el derecho internacional el “estado de necesidad” es “el único modo para el Estado de salvaguardar un interés esencial contra un peligro grave o inminente” (Anexo  Recomendaciones de  Resolución 56/83  de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2001).
  • Entre otros: Principios Básicos de los Procesos Reestructuración de Deudas Soberanas (Resolución 69/319 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2015; Ley Relativa a la Lucha contra las Actividades de los Fondos Buitres de Bélgica http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/ 54/1057/54K1057005.pdf

PRIMERAS FIRMAS;

Fernanda Vallejos, Eduardo Barcesat, Raúl Zaffaroni, Andrés Asiaín, Horacio Rovelli,, Jorge Marchini, Víctor Carricarte, Rafael Kohanoff, Julio Gambina, Claudio Katz, Rubén Gilardi, Felisa Miceli, Alfredo Calcagno, Julián Domínguez, Jorge Cholvis, José Cárcamo,  Debora Giorgi,  Alberto Gandulfo, Marisa Duarte, Alejandro Otero, Marcelo Mazzón, José Sbatella, Alejandro Rofman, Fernando Porta, Pablo Vommaro, Guillermo Wierzba, Jorge Molinero, Pablo Fucci, Graciela Orfeo, Walter Formento, Carlos Pafundo, Eva Sacco, Alejandro López Acotto, Jorge Motta, Hernán Morero, Mercedes La Gioiosa, Laura Villardebó, Pablo Singerman, Sonia Filipetto, Gabriel Merino, Javier Ortega, J.M. Rinaldi, Hernán Morero, Nora Pizarro, Carlos Martínez, Beatriz Rajland, María Elena Saludas, Luis Messina, Juan Sancartángelo. Damián Uberman, Damián Díaz, J.Calvo, Adrián Muracciole, Juan Ortiz, Germán Saller, Santiago Mancinelli, Germán Saller, Alfredo Iñiguez, Ricardo Koss, Gabriel Chamorro, Mercedes González, Carlos Fidel, Valeria Sánchez, Emilio Pérez Campanelli, Noemí Brenta, Martín Barletta, Roberto Rojas, Carlos Gutiérrez Morchio, Valeria Sánchez, Emilio Pérez Campanelli, Martín Barletta, Carlos Fidel, Julián Denaro, Walter Formento, Mireya Baglietto,,Jorge Carpio, Vernal Fritas, Julián Kan, Ramiro Bertoni, Carlos Russo, Víctor Portnoy, Julian Denaro, Magdalena Rua, Mario Rapoport, Sergio Arelovich, Alberto Jozami, Gabriela Golder, Isaac Rudnik, Amado Boudou, Itaí Hagman, Héctor Sosa, Raúl Dellatorre, Gabriela Sharpe, Héctor Fernández, Carlos Minucci, Verónica Mercado, Carlos Raimundi, Pedro Biscay, Leo Bilanski, Tita Ayan, Guillermo Moretti (UIA), Ricardo Carrizo, Margarita Cuenca, Carlos Gonella, Juan Emilio Sala, Héctor Daer (CGT), Eduardo de la Serna, Matías Cremonte, Alberto Letteri, Guido Forcieri, Juliana Di Tulio, Graciela Treber, Milagro Sala, Raúl Noro, Lionel Stiglitz, Sergio Leavy, Alejandro Romero, Graciela Mussi, Mariano Beristain, Juan Cruz Cabral, Jorge Elbaum, Pablo Tigani, Juan Carlos Biani, Hugo Fernández (CEEN), Fabián Autuori, Félix Gibbs, Janet Mehl, Alberto Lettieri, Eduardo Di Cola, Julio Bulacio, Marcos Rebasa (IESO), Diego Penizzotto, Adela Toresano,

Eric Toussaint (Bélgica),

Rosa Marques , Luciano Wexell Severo, Mariana Gouvea, Niemeyer Almeida, Marcelo Alvares de Lima Depieri, Carlos E. Martins, Fabio Barbosa dos Santos , Luis Barbosa dos Santos, Carlos Serrano Ferreira, Alexis Saludjian , Flavia Lessa de Barrios, Judite Stronzake, Bruno De Conti, (Brasil)

Jorge Gonzalorena, Paula Vidal Molina (Chile) Carolina Jiménez (Colombia)

Rafael Heiber ( España) Camille Chalrmers ( Haití)

Josefina Morales, Federico Manchon Cohan, Jaime Preciado Coronado,    Alicia Puyana Mutis, Maribel Aponte García, Darío Salinas Figueredo, Sergio Cortes, Sánchez, México),

Alhe Cáceres (Paraguay)

Aram Aharonian , Ramiro Chimuris, Antonio Elías (Uruguay), Pasqualina Curcio (Venezuela), ,,

ORGANIZACIONES

FUNDACIÓN PROYECTO ECONÓMICO.

FILA (Fundación para la Integración Latinoamericana

CIGES ( Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria) CLAE ( Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico)

SEPLA ( Sociedad Latinoamérica de Economía Política y Pensamiento Crítico) CEEN ( Central de Entidades Empresas Nacionales)- Argentina.

CADTM – AYNA ( Comité para la Abolición de Deudas Ilegítimas)- América Latina. CPI (Corriente Política de Izquierda)

Corriente Sindical Carlos Chile

FISYP ( Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas) ATTAC Argentina

LATINDADD – Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social. CEEN (Central de Entidades Empresarias Nacionales)

CESO (Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz)

FOCO ( Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos.) AAJ ( Asociación Americana de Juristas) – Rama Argentina

COMMON ACTION FORUM MOTOR ECONÓMICO

CINFIN ( Centro de Integración Financiera)

ENAC ( Empresarios Nacional para el Desarrollo Argentina.

ANEP (Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados)

Recibidas hasta el 13/04/20 a las 16.00 hs

Se reciben adhesiones en el correo electrónico: edenecesidad@gmail.com

¿Poco de qué asombrarse? ¿Cómo nos repensamos de cara a un bicentenario que nadie imaginó?

Por: Mauricio Castro, especialista en Derecho Laboral

Las que eran certezas y una ruta de desarrollo económico relativamente exitoso para algunos, se han hecho pedazos.  En muchos países se han retomado discusiones sobre el rol del estado y la centralidad de la función pública, el rol del gasto público y las limitaciones de la teoría económicamente dominante respecto de elementos como el gasto público y las reglas fiscales, aunque sectores políticos y económicamente dominantes en Costa Rica no se dan por enterados.   En la cabeza de algunos esto pasará como quien supera un “hipo” que fue muy molesto por un tiempo, pero pasado el cual nos permitirá retomar donde dejamos, aunque con algunas consecuencias graves desde el punto de vista económico.

Esa es una forma de verlo, o mejor dicho, de no ver lo que es evidente.   El modelo construido a partir de una globalización económica por especialización por país de sus ventajas comparativas, y todos basados en una carrera hacia el fondo en términos sociales, laborales y ambientales es totalmente vulnerable y frágil.  Esta crisis por coronavirus, la crisis económica que le sobrevivirá y la violencia e inmediatez del cambio climático, dejan en evidencia esa fragilidad.

Ante esto, debemos pensar el corto, el mediano y el largo plazo.   Sin duda el bicentenario no se parecerá, o al menos no debería parecerse a lo que habíamos imaginado.  Buenos discursos con los que sectores políticos y económicos se dieran palmaditas en la espalda y se alentaran a seguir haciendo lo que venimos haciendo, pero mejor.   Esto resulta risible en la Costa Rica del 2020.

Por ello debemos pensar esto a partir de las necesidades fundamentales que tenemos como sociedad.   Lo que parecía olvidado ahora se hace necesario: debemos cuidar a los que nos cuidan: servicios y empleo público y sector agropecuario y pesquero para el consumo local.  Esto que hubiera sonado anticuado para esos sectores neoliberales dominantes, se vuelve una verdad clarísima para todos los que pasaron a ver la necesidad y dependencia que tenemos como sociedad de políticas y entidades públicas fuertes y con capacidad de adaptarse a realidades inciertas y cambiantes.  Una seguridad social potente y universal, la Fábrica Nacional de Licores garantizando la producción de alcohol de calidad y con seguridad, el Instituto Nacional de Seguros garantizando la atención y cobertura frente a riesgos nuevos y masivos, Correos de Costa Rica distribuyendo y llevando a todo el país lo que la gente necesita, el ICE garantizando la producción y el suministro eléctrico, así como el acceso a tecnologías de la información que garanticen la comunicación y el trabajo a distancia, el AyA garantizando agua potable aún en tiempos de escasez, o los servicios de policía, emergencias, bomberos, tránsito, son todos ejemplos de esto.  Esto hace evidente que el ímpetu privatizador, de ataque constante al servicio y el empleo público, y la fantasía de un sector privado que puede reemplazar al sector público pierdan su fundamento.

De nuevo se hace central la discusión sobre soberanía alimentaria que nos asegure que ante el colapso de las cadenas mundiales de producción y suministro, los agricultores nos garantizan las cadenas cortas de producción y suministro de las que dependemos para vivir.   Esto hace evidente que los agricultores no puedan seguir siendo los sacrificados de las políticas comerciales, tanto internacionales como a lo interno del país.

Y, finalmente, es evidente que debemos garantizar un ingreso mínimo vital a todas las personas que habitan este país.  Esto hace evidente que el hecho de que Costa Rica sea uno de los países más desiguales de Latinoamérica sea absolutamente inaceptable, de manera que las grandes riquezas y grandes capitales deben ayudar a garantizar esa renta mínima vital para todas las personas.

Es decir, el bicentenario sería una excelente oportunidad para repensar el país, pero no a partir de modelos frágiles y excluyentes, sino a partir de las necesidades más básicas: servicios públicos fuertes y universales, soberanía alimentaria e ingreso mínimo vital.   Esa sería una Costa Rica capaz de enfrentar de mejor manera crisis similares a la actual, como las que nos traerá la crisis económica y el cambio climático.

¿Cómo encarar esos desafíos, incluyendo la necesaria modificación de nuestra matriz energética hacia un modelo que además de no depender de los hidrocarburos en materia de transporte, no ignore la gravedad de la situación climática mundial?

Pero todo esto debe plantearse a partir de las enormes oportunidades y las enormes debilidades que tenemos como país.   Dentro de las enormes oportunidades está la destrucción de esas certezas construidas sobre una globalización económica inevitable.  Me atrevería a decir que de esta vamos a salir habiendo resignificado la importancia de esos tres elementos: servicios públicos potentes y universales, soberanía alimentaria e ingreso mínimo vital.

Pero dentro de las enormes debilidades tenemos una élite política y económica que no “acusó recibo” y piensa esta situación como un hipo del que nos curaremos y seguiremos haciendo lo mismo, pero mejor.  Son desesperanzadoras las manifestaciones de las cúpulas empresariales del país, zafándole el lomo a las necesidades que tenemos como sociedad.  

A UCCAEP como organización empresarial (muy distinta a la diversidad de empresarios que existen en el país) la mantiene unida tres ideas: el antisindicalismo, la oposición a impuestos que les implique pagar en función de sus rentas reales o de su riqueza, y la prevalencia de los intereses del sector financiero.   Es por ello que no me sorprende en lo más mínimo, que este momento de crisis, UCCAEP recurra a las mismas tres ideas, utilizando estereotipos, y buscando desviar la atención de la extraordinaria labor de los funcionarios públicos y de las instituciones públicas, hacia el lugar donde se sienten más cómodos: los privilegios, sindicatos del sector público, y a la imposibilidad de tocar al sector financiero y al sector empresarial bajo ninguna circunstancia.

UCCAEP sabe que si no logran cargar (toda) la factura al empleo público y a la reducción del gasto público, esto implicará impuestos y contribuciones adicionales para las élites económicas.  De manera que reflotan la idea de los privilegios, el empleo público, la eliminación de derechos laborales, etc. como el camino para pagar la factura de ayudas a las personas que claramente lo necesitan.  No hablan de gravar todos los ingresos altos (públicos Y PRIVADOS), y de gravar no solo los ingresos salariales sino TAMBIEN LOS INGRESOS NO SALARIALES (rentas, ganancias de capital, etc.).

Por su parte, en lo que a las élites políticas se refiere es necesario recordar que, en Costa Rica se desarrolló una expresión de la socialdemocracia que toda la vida fue antisindical, aunque siempre fue pro- trabajo, es decir, que persiguió de todas las maneras posibles a la organización sindical autónoma, y sólo aceptó la organización sindical que cooptada por el PLN, pero que estaba claramente preocupada por crear empleo y redistribuir la riqueza. Persiguió sindicatos en el sector privado y generó relaciones clientelares y corporativas con algunos sindicatos en el sector público (con quienes fue tremendamente generoso).  Sin embargo, cuando el PLN dejó de ser socialdemócrata, entró en contradicción con sus sindicatos, a quienes empezó a llamar privilegiados, y entró en contradicción con la institucionalidad pública y el empleo público.   Es decir, dejó de ser una socialdemocracia antisindical pero pro-trabajo, y se convirtió en una partido neoliberal más (así le pasó a partidos como el Partido Colorado en Uruguay, al PSOE en España, o al Partido Laborista Inglés).  Esos partidos dejaron de ser pro sindicales y pro trabajo para pasar a ser neoliberales y por lo tanto pro capital privado y antisindical.  El PLN ya era antisindical pero pasó a ser pro capital privado y dejó atrás su inclinación pro empleo.  Dejó de interesarse en la industria nacional y la clase media, para pasar a preocuparse por la apertura comercial.

Así que la bandera la retomó el PAC, como partido que incluyó en sus filas tanto a conservadores antisindicales provenientes del PLN y de otros partidos, como a sectores que estaban dispuestos a entender que en Costa Rica debía legitimarse también a la organización sindical autónoma, en el sector privado y en el público.  Esto permitió que, de manera muy valiente, Luis Guillermo Solís empujara la Reforma Procesal Laboral, a pesar de que la UCCAEP pegaba gritos y amenazaba al PAC.   No obstante, esos días quedaron atrás.   El PAC pasó a ser un partido pro capital privado, que dejó de ser pro trabajo y en el que prevaleció, finalmente, el antisindicalismo.  Es decir, se convirtió en un aprendiz, malo y desdibujado del PLN.   

Esta combinación o maridaje entre estos partidos completamente entregados al neoliberalismo y a los capitales privados, y profundamente antisindicales, es la que se junta naturalmente y sin ningún esfuerzo con la UCCAEP antisindical, anti impuestos progresivos y anti sector y empleo público.   El resultado es muy sencillo: el Poder Ejecutivo, entregado totalmente a esta visión, ya no tiene que enfrentar a UCCAEP o al PLN, sino que los ve como sus aliados naturales con los que tiene que ponerse de acuerdo, y ve como variables de ajuste, a los sindicatos, al empleo publico, a las personas trabajadoras del sector privado y a las instituciones públicas, en función del capital privado y de las tesis neoliberales.  Ya no es un gobierno que se siente como un “sándwich” y que debe construir “justos medios”. 

Por eso es que el gobierno corrió dramáticamente para que se le rebajaran los salarios (en un 50 o 75% a los trabajadores del sector privado), o bien que, sencillamente los enviaran a la casa sin salario  al aceptar un procedimiento “express” para suspender los contratos de trabajo, de manera que los empleadores pudieran dejar de pagar salarios y los trabajadores y sus familias se quedaran a sus casas a desayunar, almorzar y cenar aire.    Esto bajo la “promesa” de que algún día, esos trabajadores serán devueltos al 100% de su salario o a recibir algún salario, una vez que pase esta coyuntura.

Ahora se discute, luego de varias semanas de castigo a los trabajadores, un subsidio para una gran masa de personas.  Los que han perdido su empleo o a quienes se les haya suspendido su contrato; a los que se les ha disminuido su jornada y sus salarios, o sencillamente a quienes tienen que trabajar las mismas horas pero con una disminución de salarios ilegal o los que han sido sometidos a suspensiones ilegales; o bien aquellos que se ven duramente golpeados por no poder continuar en sus emprendimientos productivos, sus estrategias de autoempleo (trabajadores informales e independientes), o sencillamente ya se encontraban desempleados o en condición de pobreza.

De nuevo, el PAC, el PLN o los otros partidos neoliberales (PUSC, Republicano Nacional y cristianos incluidos), no tienen problema en abordar esta discusión a partir la perspectiva macroeconómica, y haciendo eco de la UCCAEP, por supuesto, a quien le preocupa las ganancias del sector financiero si se pone un límite a las tasas de interés de usura o si se accede a los fondos de pensión complementaria, le preocupa tener que pagar más impuestos, o incluso le preocupa tener que pagar impuestos ya que vienen reportando ganancia cero desde hace mucho tiempo, y quien por el contrario ve esta como una oportunidad para reforzar el antisindicalismo, la disminución del empleo público y la privatización de empresas e instituciones públicas.

No importa que el subsidio ofrecido por el gobierno no cubra a todas esas personas sometidas a la dieta del aire, o que el subsidio propuesto ni siquiera cubra la canasta básica alimentaria.   Es claro que, de esta crisis, ningún país de la tierra saldrá bien parado en términos macroeconómicos, pero algunos países habrán arrojado al abismo a buena parte de su población, con consecuencias insospechadas, mientras que otros tendrán que reconstruir sus economías con una población relativamente integrada.

Lo dramático de la situación global ha permitido hablar y hacer cosas que se pensaban prohibidas y olvidadas: Irlanda nacionalizó temporalmente hospitales privados; se exige el incremento del gasto público para no dejar caer a las familias; se habla de moratorias en alquileres y deudas; se rompen reglas fiscales, etc.  Esto ha hecho que algunos países, hayan recordado que eran socialdemócratas, como el PSOE en España.

Las voces que desde el PAC quieren una opción alternativa lo hacen en voz muy baja (porque lo principal es la lealtad partidaria…), quedando muy atrás de las pocas voces del PLN que se sienten avergonzadas de lo que ese partido representa actualmente, pero que no temen ser voces disidentes y, aunque muy minoritarias, dispuestas a ser críticos con el PLN neoliberal.   En el PUSC ni siquiera hay voces disidentes en voz baja. El PLN es el dominante, pero de una porción cada vez más pequeña de electores.  Cada vez más personas ven claro el panorama y entienden que PAC, PUSC, PLN y partidos cristianos nos están llevando al abismo.

La situación es critica para miles de personas.  Pero cada vez más personas entienden que ya no hay prensa seria en Costa Rica, sino empresas de comunicación vinculadas con intereses financieros y capitales privados, y que por lo tanto mienten y manipulan abiertamente.

¿Qué saldrá de todo esto? Nadie lo sabe, pero por el rumbo que transitamos es claro que tendremos una sociedad híper fragmentada, con un segmento enorme arrojado al abismo, y una UCCAEP tranquila porque habrá defendido los grandes capitales al sector financiero, y ojalá, a pesar del enorme sacrificio y mística de la enorme mayoría de empleados públicos, habrá debilitado a las instituciones públicas.  

Cada vez más son las personas para las que es evidente que debemos cuidar a quienes nos cuidan: CCSS, FANAL, CNP, INS, RECOPE, JAPDEVA, MEP, Ministerio de Salud, Universidades Públicas, policías, bomberos, investigadores, etc.; agricultores, pescadores y ganaderos que producen la comida aquí cerca; no las grandes cadenas comerciales sino los comercios pequeños y cercanos y las ferias del agricultor; los servicios de transporte púbico; los artistas de todas las ramas que nos han acompañado, gratuitamente, en esta dura coyuntura. 

Estos y otros sectores se han puesto la camiseta, mientras que las grandes riquezas de este país, y los grandes ganadores del modelo económico neoliberal solo saben decir, a mi no me toquen y graven al empleado público.   Todo esto bajo el aplauso y acuerdo del PAC, EL PLN, EL PUSC, el Republicano Nacional y los partidos cristianos.  

Algunos sabremos recordar y exigiremos una reconstrucción de país, a partir de estas nuevas o renovadas claridades.   Pero esto no alcanza.  Si algo nos enseñó la lucha contra el TLC o contra el combo del ICE, es que se requiere articular el tejido social a partir de esas claridades y necesidades.  Esto no se logra poniendo de acuerdo cúpulas de movimientos sociales (sindicales, feministas, ecologistas, etc.), sino articulando los movimientos sociales desde las necesidades locales, si es necesario frente a sus propias cúpulas dirigentes.    La construcción de ese nuevo paradigma no se puede hacer desde Zapote en la Casa Presidencial o desde Cuesta de Moras en el Parlamento.    O re articulamos institucionalidad pública y movimientos sociales desde lo local, o seguiremos dependiendo de esas élites políticas y económicas que se sienten cómodas navegando en el Titanic.

Bono “Proteger” protege a medias, incrementa la miseria y deja a miles desprotegidos

Tarifas de agua, de luz y de teléfono deben ser condonadas a los hogares en desgracia

Sí hay alternativas para el “quedarse en casa” con dignidad: ANEP las propuso

El denominado bono “Proteger” que está poniendo en práctica el Gobierno de la República para “ayudar”, fundamentalmente, a las personas trabajadoras del sector privado a las cuales les fue aplicado el despido, la reducción salarial y de jornada y/o la suspensión transitoria de sus contratos de trabajo; representa una protección a medias, va a incrementar la miseria y dejó a miles más desprotegidos todavía, pues ya estaban en tal condición antes del estallido en el país de la pandemia del coronavirus covid-19.

La cantidad de 125 mil colones (y, peor aún, el 50 % de la misma, 62.500 colones), no alcanza para solventar, en condiciones de dignidad, situaciones de pobreza surgida de manera súbita, lo cual hará crecer la vulnerabilidad de los hogares de escasos recursos que ya antes de la pandemia, sobrepasaban la cifra de 400 mil.

Será, por tanto, sumamente crítico para la fuente de ingresos del hogar que quedó en la calle, las jefaturas de familia, comprar los alimentos básicos, pagar recibos de servicios públicos, alquiler de vivienda y atender deudas con esos 125 mil colones.

Es urgentísimo ampliar las posibilidades de estos hogares para enfrentar la desgracia socioeconómica que ya tienen encima, haciéndose necesario una condonación del pago de los recibos de agua, de luz y de teléfono durante el próximo trimestre, pues ni siquiera una moratoria será beneficiosa dado que, al término de la crisis, esos hogares están mucho más endeudados.

Lamentablemente, en sociedades como la nuestra donde las personas han sido condenadas para que estén al servicio de la economía y, más grave aún, si dentro de la misma la prioridad es las cifras macrofiscales asociadas al pago de la impagable deuda pública; quienes menos tienen son quienes más sufren. 

En el caso costarricense, este grupo de personas ciudadanas ya había crecido considerablemente antes de la pandemia y, como ahora es notorio, sigue aumentando su número.

En tal sentido, la consigna oficial del “quedarse en casa” incrementa el sufrimiento, la congoja y el estrés de más de la mitad de la población costarricense, lo cual nos da la posibilidad de recordar que sí hay iniciativas de corte alternativo, más humanistas y más congruentes con la filosofía del Humanismo Cristiano que inspira la actual Constitución Política de Costa Rica.

Con la propuesta del Subsidio Social Solidario (SSS), formulada por la ANEP hasta un número de 660 mil personas-familias habrían podido recibir 250 mil colones mensuales, cogiéndose el pago diario de intereses de la deuda pública, declarándose una moratoria para tal efecto, mismo que anda en la cantidad de 5.500 millones de colones diarios. El fundamentalismo ideológico dominante en Casa Presidencial lo impide.

Con estupor y con indignación contemplamos que dentro del presupuesto extraordinario que el Gobierno plantea en estos días a la Asamblea Legislativa para que lo tramite, con toda celeridad y para darle contenido financiero a su bono Proteger, incluye 224 mil millones de colones para atender la deuda pública; es decir, casi 2 mil 500 millones de colones diarios en un período de 90 días, que es el plazo del bono gobiernista.

Casi 300 mil familias podrían haber recibido un Subsidio Social Solidario de 250 mil colones para cada una, durante los meses de abril, mayo y junio, con esos 224 mil millones de colones correspondientes a los acreedores de la deuda pública del país y sus correspondientes intereses obscenos.

Sin discusión alguna, quienes menos tienen son los que más sufren. Pero alternativas hay para que esto no fuera así.

ANEP propone 15 medidas para enfrentar la crisis ante la emergencia del Covid-19

San José, lunes 13 de abril de 2020.

-Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

-Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto de la ANEP