Categoría: Incidencia

Entidades bancarias acumulan 32 mil 819 millones de dólares.

Esta cantidad de dinero representa 55.5 del PIB

Si hay un dato que, con dolorosa crudeza, muestra la profundidad de la injusticia que agobia a la mayoría del pueblo costarricense por un modelo económico fracasado, es la cifra de los depósitos y tenencia de activos que en moneda extranjera tienen, por un lado, los bancos comerciales; y, por otro, los sectores económicamente poderosos de gran influencia política en nuestra sociedad.

Con datos proporcionados a la ANEP por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), y con corte a setiembre del año 2018, se nos muestra la magnitud de la injusticia que representa la imposición del Impuesto al Valor Agregado (IVA), próximo a entrar en vigencia este 1 de julio; con gran agobio económico para los sectores empobrecidos, los asalariados altamente endeudados, el micro-pequeño y mediano empresariado y, por supuesto, la cada vez más estrujada y sacrificada clase media.

La tenencia de dinero de los bancos (públicos y privados) a esa fecha era de 20 mil 468 millones de dólares, es decir 12 billones 76 mil 120 millones de colones, lo que representa 34.5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

Y, con toda la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635, conocida popularmente como combo fiscal, incluyendo el IVA, pretenden recaudar 1.40% del PIB, haciéndole daño a la mayoría de la población.

Por otra parte, los sectores de gran poderío económico, el gran empresariado corporativo de los mega-negocios, incluyendo potenciales capitales de procedencia dudosa, tenían depósitos en bancos y a esa misma fecha de setiembre de 2018, de 12 mil 351 millones de dólares ($12.351.000.000). En colones, 7 billones 287.090 millones (7.287.090.000.000). Esto equivale a, prácticamente, 21 puntos del PIB.

¡Es indudable! El Sistema Bancario Nacional pudo, por sí mismo, librar al pueblo costarricense del injusto paquetazo fiscal y del IVA mismo.

Es más, semejante acumulación de capital también serviría, también, para resolver el mismísimo déficit fiscal.

Esa espantosa situación (más allá de lo lógica de la comprensión de la generación de lucro privado producto de la actividad empresarial), se debe a los profundos procesos de exclusión económica, de sistemática desigualdad y de abusiva concentración de la riqueza; procesos cuya responsabilidad política fundamental debe caer sobre los partidos Liberación, Unidad y PAC y los soportes mediáticos, “pone-magistrados”, que les sustentan.

Contra este mega-poder, el de la corrupción y el de la codicia desenfrenada, lucha el pueblo costarricense. En el fondo, esta acumulación tan excesiva y tan desenfrenada de dinero, es lo que reclaman las mayorías, al sentirse excluidas, burladas, en total indefensión económica y social por la desigualdad indetenible; y, por el  con hambre en no pocos casos ya.

• Así lo manifestaron durante programa radial Barahona y Compañía a cargo del abogado Pablo Barahona Kruger
• ANEP celebra la autocrítica de los rectores de las universidades públicas y pide ser recibida (junto a otros sectores sociales), con urgencia, por el Conare
• Universidades públicas deben reencontrarse con el pueblo trabajador

“Con sesgo regresivo”, “es una indecencia”, “perjudicial para quienes efectivamente en este país son víctimas de un proceso de exclusión”,  son algunas de las frases que utilizaron los rectores de las universidades estatales, Alberto Salom Echeverría,  rector de la Universidad Nacional (UNA); Marcelo Prieto Jiménez, rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN); y,  Henning Jensen Pennington, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR); respectivamente, para describir el plan fiscal que fue aprobado meses anteriores, conocido popularmente como combo fiscal y hoy ley de la República 9635, con el pomposo nombre de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Así lo manifestaron en una serie de entrevistas llevadas a cabo en el programa radial Barahona y Compañía, dirigido por el abogado Pablo Barahona Kruger. Resaltamos: “con sesgo regresivo”, afirma el rector Salom Echeverría; “es una indecencia”,indicó su colega Prieto Jiménez; “perjudicial para quienes efectivamente en este país son víctimas de un proceso de exclusión”, expresó el homólogo de ambos, Jensen Pennington

El 25 de junio del 2018, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) se pronunció a favor de una reforma fiscal progresiva y racional que no afectara a los sectores vulnerables de la población ni disminuyera el bienestar social del país.

Sin embargo, coincidieron, durante las entrevistas que les hizo el destacado ciudadano don Pablo Barahona Kruger, en que la ahora de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, dista mucho de lo que se quería, es decir, una reforma fiscal que combatiera la elusión y evasión tributaria.

“Siendo autocritico, si bien hubo un posicionamiento ideológico o si se quiere teórico importante, creo que las universidades públicas no fuimos suficientemente militantes en el momento de hacer la transición de lo teórico a la lucha política. Y en esto, es mucho más fácil ser autocritico cuando los acontecimientos ya han pasado, pero viendo lo que sucedió hace apenas unos meses creo que una mayor presencia de Conare y sobre todo un énfasis político todavía mayor hubiese sido oportuno en esos instantes para poder, quizás, lograr que  el texto que finalmente fue aprobado como ley no fuera tan perjudicial para quienes efectivamente en este país son víctimas de un proceso de exclusión que ya no es algo reducido a una pequeña masa de personas, sino más bien a un masa que se hace cada vez más grande”, dijo Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Por su parte, Alberto Salom, rector de la Universidad Nacional (UNA) justificó que “el sesgo hacia la regresividad” se debió a que el Gobierno se vio obligado a negociar y en ese intento se retrocedió.

“El Gobierno debió ceder con las fuerzas con las que pactó y que tiene dentro de su seno.  Para nadie es un secreto que, para aprobar el plan fiscal, que tiene una serie de consecuencias regresivas para la población; hubo que contar con el beneplácito de Liberación Nacional, de un sector de Restauración, de la Unidad Social Cristiana y el propio PAC”, indicó Salom.

Marcelo Prieto, rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN), manifestó que, aunque que la reforma fiscal era necesaria para el país, la misma “no era la mejor, ni la salida suficiente para resolver el problema fiscal”.

“Mi crítica de manera muy sencilla: Todos nos hemos vistos obligados a hacer algún tipo de contribución como consecuencia de una reforma fiscal. Los trabajadores independientes van a tener que pagar más renta, los profesionales liberales, los trabajadores dependientes vamos a tener que pagar más renta, a todos se nos subió el tramo de renta; menos a las grandes empresas de Costa Rica”, dijo.

Además, agregó: “Eso me parece a mí que es una indecencia. Se está cumpliendo aquí aquello que decía Daniel Oduber de que en Costa Rica todos somos iguales, pero unos son más iguales que otros.  El pretexto es que las empresas tienen que pagar muchas cargas sociales, ¿y los profesionales independientes no pagamos cargas sociales? Y ¿los trabajadores independientes no tienen carga social, no tienen trabajadores con ellos? Yo tengo una crítica sustantiva sobre la reforma fiscal que se aprobó, nos falta muchísimo por hacer ya en términos de justicia tributaria en Costa Rica”.

De manera pública, la ANEP está solicitando ser recibida por el pleno del Consejo Nacional de Rectores (Conare), con la finalidad de solicitarles la apertura de un proceso de diálogo y apoyo hacia la multiplicidad de sectores sociales y económicos que está sufriendo ya las consecuencias de ese injusto paquete de impuestos; de forma tal que se pueda articular una propuesta al país con medidas de reactivación económicas y de real justicia tributaria que están urgiendo, desesperadamente.

ANEP celebra que los señores rectores de las universidades públicas (en este caso, la UCR, la UNA y la UTN), hayan asumido una autocrítica que puede ser histórica, dada las condiciones de polarización social en desarrollo (especialmente, en materia de distribución del crecimiento económico); en materia de credibilidad ciudadana en sus actuales gobernantes; y, en materia de confrontación social abierta, potenciándose ésta cada día más.

ANEP felicita al distinguido ciudadano Pablo Barahona Kruger por su atinada iniciativa de llevar a su prestigioso programa de opinión, Barahona y Compañía, a los no menos distinguidos ciudadanos rectores de las universidades públicas, en momentos en los cuales éstas están llamadas (y obligadas) a ejercer un papel activo de cara a los desafíos de una sociedad a la que le han impuesto la desigualdad como pauta central de su desarrollo económico.

Esto representa 2 billones 300 mil millones de colones

Los intereses de usura que se cobran en tarjetas de crédito, en la compra de electrodomésticos, en intereses de préstamos bancarios, créditos personales, casas de empeño y similares, representan uno de los más fuertes desencadenantes del proceso de desigualdad que sufre la sociedad costarricense.

Intereses de usura
Tiempo	Monto
Por minuto	4 millones 436 mil colones
Por hora	266 millones 203 mil colones
Por día	6 mil 389 millones de colones
Cada mes	191 mil 667 millones de colones
Por año	2 billones 300 mil millones de colones

El insistente reclamo obrero por una fuerte regulación en tal sentido, es una consigna sindical muy vehemente levantada hace bastante tiempo; al punto de que fue un emplazamiento directo de nuestra parte, con ocasión de la pasada campaña electoral presidencial, a los dos candidatos presidenciales (Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado), quienes afirmaron, en ese entonces, estar de acuerdo en proceder al respecto.

En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como en el seno del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA vemos con buenos ojos que se esté anunciando la tramitación parlamentaria del expediente legislativo No. 20.561.

Según datos en manos de los diputados promotores de esta iniciativa, el interés promedio en los almacenes que venden a crédito electrodomésticos, es del 60 % y este tipo de consorcios megaempresariales, altamente concentrados en cuanto a su propiedad, se estarían ganando unos 883 mil millones de colones anuales en este tipo de intereses de usura; es decir, 2.52 puntos PIB. ¡Ganancias extraordinariamente abusivas! Nos preguntamos: ¿y cómo han sido sus declaraciones de impuestos?

La corriente sindical que representamos someterá a un exhaustivo análisis esta relevante iniciativa, de forma tal que la misma no represente “un alegrón de burro”, pues como dice el sabio refrán popular, “el diablo está en los detalles”.

Es más que evidente la naturaleza del poderío económico de estas entidades acreedoras bancarias y de los grandes consorcios empresariales detrás del negocio de los créditos a la gente.

Por tanto, se hace más que necesario que las entidades sindicales y civiles, le sigan la pista a la tramitación de esta iniciativa de ley, prácticamente, a diario, sin dejar de pronunciarse apoyando que este proyecto sea ley lo más rápidamente posible.