Categoría: Incidencia

ANEP pide investigar licitación otorgada por Municipalidad de San José para limpieza de tragantes por posible tráfico de influencias

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–Denuncia fue presentada ante la Fiscalía General, la Contraloría General de la República y la Auditoría Interna de la Municipalidad de San José.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su seccional en la Municipalidad de San José, denunciaron ante la Fiscalía General y la Contraloría General de la República (CGR), la adjudicación otorgada por parte del Concejo Municipal de SanJosé a la empresa Maquinarias, Camiones, Grúas de Centroamérica (MCGSA-WUEISA) para realizar el servicio de limpieza de tragantes del sistema pluvial de San José.

La solicitud de la ANEP, que también fue presentada ante la auditoría interna de la Municipalidad, radica ante el posible escenario de un tráfico de influencias y otras figuras delictivas, debido a la forma en que se otorgó dicha licitación pública (2019LN-00000-0015499999), que consiste en el alquiler por demanda de un equipo hidrovaceador para la limpieza de 14 mil tragantes y 4.200 pozos.

Denuncia recibida por la Fiscalía General

Según los hechos denunciados, el Área Financiera de la Municipalidad de San José informó que la empresa MCGSA-WUEISA no logró demostrar la capacidad financiera requerida, siendo que no reportó ingresos en los años 2017 y 2018, por lo que estaría violentando el artículo 54 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

Dicho artículo indica: “Condiciones invariables. En el cartel se deberá exigir el cumplimiento obligatorio de aquellos requisitos, cuando corresponda. Dentro de estas condiciones invariables y según el objeto de que se trate, se podrán establecer aspectos tales como, capacidad financiera, especificaciones técnicas y experiencia”.

Sin embargo, la ANEP cuestiona que dicho criterio de la Dirección Financiera habría sido pasado por alto por parte del Gerente de Provisiones de Servicios del municipio josefino, emitiendo su propio criterio en el oficio GPS-396-2019, fechado el 26 de marzo, alegando que dichos incumplimientos financieros por parte de la empresa no deberían impedir el otorgamiento de la licitación. Con tal criterio, el Consejo Municipal toma el acuerdo de otorgar el contrato a la empresa MCGSA-WUEISA.

Recibido Contraloría General de la República

La denuncia también cuestiona que la empresa concursante habría traído el equipo especializado al país, esto, pese a desconocer si se le otorgaría la licitación. Situación que también se confirma en el oficio (del 26 de marzo) presentado por el Gerente de Provisiones.  Finalmente el contrato fue aprobado el 2 de abril.

 “Como puede verse, se colige que ya la empresa había invertido en la adquisición del equipo hidrovaceador nuevo, mismo que ya estaba en territorio nacional, por lo que lo obvio era garantizar el acuerdo del Concejo Municipal”, denuncia la Seccional ANEP-Municipalidad de San José.

Gerardo Cascante Promotor de la ANEP sobre la denuncia

Ante estos hechos, la ANEP presentó las denuncias respectivas ante la Fiscalía General, la Contraloría General de la República y la Auditoría Interna de la Municipalidad de San José para que se realice las respectivas investigaciones.

Sindicatos del Poder Judicial denuncian penalmente a presidente de la Asamblea Legislativa por presunto delito de Legislación en Provecho Propio

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• Sindicatos Judiciales también interponen denuncia penal contra el diputado Otto Roberto Vargas Víquez, por el presunto delito de Legislación en Provecho Propio

Por: Noily Ruiz, Periodista Sindicatos del Poder Judicial.

Cinco Sindicatos Judiciales presentaron la mañana de este lunes, dos denuncias penales contra los Diputados Carlos Ricardo Benavidez, Presidente del Congreso, y el Diputado del Partido Republicano, Otto Roberto Vargas Víquez, por el presunto delito de Legislación en Provecho Propio, fundamentados en el Articulo 48, de la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

Los legisladores mantenían una obligación tributaria con el Ministerio de Hacienda, que se vincula dentro de alguno de los presupuestos de la amnistía, que posteriormente, fue dispuesta en la Ley 9635, misma que votaron sabiendo que les beneficia.

Como Diputados de la Asamblea Legislativa, al ser potenciales beneficiarios de una eventual amnistía tributaria, votaron negativamente contra una moción de orden propuesta por el Diputado José María Villalta, para solicitar al Ministerio de Hacienda la lista de potenciales beneficiarios de dicha amnistía tributaria.

Entre el 2018 y 2019, el Diputado Vargas Víquez, canceló la suma de diecisiete mil colones, ya ajustada la disminución del importe a pagar, automáticamente por el Ministerio de Hacienda, obteniendo de esta forma un beneficio patrimonial ilícito.

En el caso del Diputado Benavidez, entre los años 2018 y 2019 canceló la suma de un millón setecientos mil colones, ya ajustada la disminución del importe a pagar, automáticamente por el Ministerio de Hacienda, obteniendo de esta forma igual beneficio.

Los Sindicatos del Poder Judicial solicitan que se aplique la normativa para juzgar a miembros de los Supremos Poderes y se inicie con la investigación respectiva.

 

Sindicatos que interponen denuncia:
Luis Alonso Bonilla Guzmán
Secretario General del Sindicato de Servidores y Servidoras, Ex Servidores y Servidoras del Ministerio Público, SIMIPU.

Álvaro Rodríguez Zamora
Secretario General del Sindicato Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística y Afines, ANIC.

Mario Alberto Mena Ayales
Presidente de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales, ANEJUD.

Hernán Campos Vargas
Secretario General del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial, SITRAJUD.

Jorge Morales García
Secretario General del Sindicato de la Judicatura, SINDIJUD.

Conferencia de Prensa

Denuncia contra Carlos Ricardo Benavides

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Denuncia contra Otto Vargas

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Seccional Policía Profesional de Migración y Extranjería insistirá en capacitaciones para el Curso Básico Policial

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La Seccional de la ANEP en la  Policía Profesional de Migración y Extranjería  (PPME) insistirá y será vigilante de que todos los trabajadores reciban el curso básico policial.

La medida surge luego de que la administración iniciara, este lunes 13 de mayo, con el Curso Básico Policial Nº 11 para los oficiales de la PPME, el cual será impartido por instructores de la Academia Nacional de Policía en las instalaciones de la Policía, ubicada en Lagos de Heredia. 

“Para la Seccional ANEP-PPME es un gusto de haber sido participe de las acciones realizadas en la mesa de diálogo con el Viceministro de Gobernación, Víctor Barrantes Marín, para que la administración coordinara con la Academia Nacional de Policía dicho curso, ya que el año anterior no se realizó ninguna capacitación”, comentó Gerardo Mora Ordoñez, Presidente de la Seccional ANEP-PPME.

Lea: https://anep.cr/seccional-policia-de-migracion-se-reunio-con-ministro-de-seguridad/

Aunque desde la Seccional se aplauden todos los esfuerzos realizados, también insistirá en que más de 100 oficiales que están trabajando sin el Curso Básico Policial lo reciban, recordemos que la Academia Nacional de Policía está en la obligación de impartir dichos cursos a los Oficiales de la PPME para la carrera policial.

Guarda parques baleado: Situación sociolaboral de este personal llega al límite

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Relación dramáticamente inversa:
a mayor peligro, mayor deterioro de las condiciones de empleo y de trabajo

ANEP condena, con toda energía, la agresión con bala de que ha sido víctima un trabajador-empleado público, don Carlos Ugalde Carmona, del servicio de guardaparques del Estado, adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE); y, específicamente, en este caso, como servidor en el Área de Conservación de Osa (ACOSA).

El compañero, con enorme valentía y con conciencia plena de su responsabilidad de servicio público, se enfrentó a un comando narco, de esos que ya han tomado casi que control pleno de esa zona para sus actividades ilícitas

Este doloroso episodio muestra un punto de inflexión en la ya asfixiante situación del personal del servicio de guardaparques del país: prácticamente dejados a su suerte por los últimos gobiernos (incluido el actual), que muestran irresponsable desdén por su situación salarial, por sus precarias condiciones de empleo y de trabajo, por jornadas extenuantes que les sobre-explota, por la creciente peligrosidad de su quehacer, por la carencia de equipos técnicos y tecnológicos, por carecer de chalecos antibalas; y, especialmente, porque hace falta mucho personal.

Los guardaparques se exponen a los cazadores furtivos, a la delincuencia común, a las invasiones ilegales de tierras protegidas por parte de campesinos desesperados y por inescrupulosos que quieren hacer negocio con las mismas; y, como lo muestra este dramático caso, se exponen cara a cara al crimen organizado del narcotráfico, el cual les supera en dotación de equipamiento y de tecnología para realizar su ilegal quehacer en esas zonas geográficas del país que, presuntamente, son exhibidas ante el mundo como ejemplo de protección ecológica por parte de Costa Rica.

Miserablemente, el Estado les ha venido negando el pago de un reconocimiento salarial adicional por concepto de peligrosidad, de un 5 %, para “compesarles” el riesgo de vida (como ahora queda demostrado), y dado sus salarios sumamente bajos, congelados y ahora en reversión por cuanto se les aplica las perversas medidas del combo fiscal, hoy ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Este lunes 13 de mayo, a primera hora, ANEP demandará una reunión urgente, conjunta, con los ministros de Ambiente y Energía, de Seguridad y de Trabajo, con el fin de analizar el creciente y sistemático deterioro de la labor de los servidores guardaparques del país; cuyo creciente riesgo de vida en su estratégico quehacer, ya es del mismo calibre que la peligrosidad de los otros cuerpos de policía del país, también en condiciones de deterioro generalizado de la prestación de sus servicios.

El pacto por el nuevo directorio legislativo, “el de los Carlos”, agudizará la desigualdad y la exclusión social

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-Gran aliento representa el mensaje pastoral de la Iglesia Católica

-Mantendremos nuestra firme posición de lucha y llamamos a una nueva articulación social

Ni una sola iniciativa de ley para beneficiar a las mayorías, especialmente a las estrujadas capas medias altamente endeudadas, así como a los sectores obrero-populares sumidos en la desesperanza y la precariedad económico-financiera, se incluyó en la nueva edición del pacto neoliberal, “el de los Carlos”, de la agenda parlamentaria para el período legislativo 2019-2020.

Se trata de una renovada agenda de iniciativas de ley contra el pueblo, al entrarse a una fase más agresiva del impulso del proyecto neoliberal contra la gente; luego de que se terminara de confirmar la degeneración política del PAC, al mandar éste al cajón de la basura su ya endeble ética política y su “peculiar” agenda de Derechos Humanos.

En “el pacto de los Carlos” (Carlos Alvarado Quesada y Carlos Ricardo Benavides Jiménez, nombres que le dan rostro a una clase política que se olvidó de las mayorías), no incluyó ni una sola iniciativa para, al menos, que se diese una tenue desaceleración del perverso proceso de crecimiento de la desigualdad; para, al menos, la materialización de algunos cambios (aunque fueran tímidos), en las no menos perversas cifras de la evasión y de la elusión fiscales, así como de las abusivas exenciones-exoneraciones.

Los grandes grupos económicos (legales unos, al margen de la ley otros), seguirán disfrutando de la apropiación indebida de los 8.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), en robo de impuestos; y de los 6 puntos PIB de las 440 leyes que les eximen de tributar lo que al pueblo trabajador sí le cobran a diario.

Por el contrario, le darán un nuevo impulso al ya estrangulante proceso de endeudamiento público, con el proyecto de los eurobonos: 6 mil millones de dólares más de deuda para que el país supere, aumentando el ya grave riesgo de quiebra, la barrera de los 40 mil millones de dólares de endeudamiento de aquí al 2022.

“El pacto de los Carlos” jamás pensó en la regulación de los intereses de usura y su cobro obsceno en tarjetas de crédito; jamás pensó en regular la barbaridad en cuanto a los precios de los medicamentos; ambas medidas más que urgentes para una clase trabajadora altamente endeudada, especialmente en las capas medias de la sociedad.

Los que elaboraron “el pacto de los Carlos”, jamás pensaron en la paupérrima situación de los salarios mínimos en el sector privado; ni en el establecimiento de una canasta básica que, de verdad, permitiese una sana alimentación y un solidario y justo acceso económico a los sectores populares en los cuales ya se pasa hambre.

Total ausencia en “el pacto de los Carlos”, de un abc de reactivación económica materialmente concretable y constatable en el cortísimo plazo; para que, al menos, la juventud sin empleo (casi ya 100 mil personas), recibiese un mensaje de aliento de que su clase política piensa, con sinceridad, en la gravedad de su desesperanza.

Los proyectos neoliberales de educación dual, de reversión de la histórica jornada de las 8 horas establecida en el Código de Trabajo desde 1943, el ataque antisindical y la derogatoria del carácter constitucional del Derecho de Huelga, más la precarización del empleo público y el establecimiento del despido “exprés” en el mismo; indican una ofensiva más coordinada y estructurada todavía de la que presenciamos en el año legislativo que acaba de terminar, para posibilitar mayores niveles de explotación obrera y laboral y, por supuesto, más concentración de la riqueza.

Por el contrario, las iniciativas del pacto neoliberal en su versión actualizada, “el pacto de los Carlos”, en cuanto a contratación pública y los procesos de concesiones, bloquearán la necesaria auscultación ciudadana del uso de supermillonarias cifras de fondos públicos que se gastan sin la necesaria transparencia que amerita la gravedad de una crisis fiscal como nos la vienen pregonando.

A pesar de este panorama tan adverso para el pueblo trabajador, debemos celebrar el contenido de la homilía pronunciada por monseñor Daniel Francisco Blanco Méndez, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de San José, de la Iglesia Católica; y, Presidente de la Pastoral Social-Cáritas de Costa Rica; con ocasión de la celebración a San José Obrero, en la catedral metropolitana, este miércoles 1 de mayo de 2019.

Los señalamientos críticos que la Iglesia Católica formuló acerca de los perversos desajustes sociales y de la grave desigualdad que sigue creciendo en Costa Rica, deben recibir más atención de parte de las organizaciones populares y cívicas, especialmente de parte de los sindicatos. En el caso de la corriente sindical que ocupa nuestro diario quehacer, así lo haremos.

Mantendremos firme nuestro espíritu de lucha y de denuncia; reforzamos nuestro sincero llamado a la construcción de nuevos espacios de articulación de la resistencia social que, si bien está en ebullición en las redes sociales, hasta ahora no es nada más que el ejercicio clásico del derecho al berreo, solamente que ahora en sofisticada versión digital.

Albino Vargas Barrantes

Secretario General de la ANEP

Coordinador del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

Primer año de actividad parlamentaria: una Asamblea Legislativa que se olvidó de la gente

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  • Los “padres y madres de la Patria” se olvidaron de la gran mayoría ya que ni una sola ley fue aprobada para la reactivación económica, ni para atajar el crecimiento de la desigualdad, ni para empezar a corregir la gravedad de la injusticia tributaria

Al concluir el primer año del período parlamentario constitucional 2018-2022, la actual Asamblea Legislativa deja una enorme e injusta deuda con las miles de personas ciudadanas que con sus votos les llevaron a ocupar sus respectivas curules diputadiles; deuda que podemos resumir en los siguientes tres ámbitos:

Ni una sola ley para empezar a corregir la gravedad de la perversidad de la injusta estructura tributaria costarricense, la cual hace que quienes ganan menos tengan que pagar más, proporcionalmente hablando.

Ni una sola ley para empezar a cambiar la espantosa realidad de los 8.5 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), que se dejan los ladrones de impuestos en todas las formas, algunas inimaginables, en materia de evasión y de elusión fiscales, con cobertura legal o sin ella.

Ni una sola ley para empezar a cambiar la no menos espantosa realidad de un abusivo sistema de exenciones y de exoneraciones fiscales que representa, en la actualidad, 6 puntos PIB.

Esos 14.5 puntos PIB significa la gigantesca cifra anual de 5 billones 75 mil millones de colones (¢5.075.000.000.000). Cada mes, las arcas públicas dejan de percibir unos 423 mil millones de colones (¢423.000.000.000); o, lo que es lo mismo, 14 mil cien millones de colones diarios. Más dramático aún: 587 millones 500 colones (¢587.500.000), ¡cada hora!

“No hay razón política, no hay razón ética, no hay razón moral para que esto permanezca intocado por la Asamblea Legislativa; a no ser, como suponemos, que los poderosísimos intereses de los meganegocios que se reproducen con tales cifras, tengan fuertes representantes parlamentarios, como se colige indudablemente”, comentó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP y Coordinador del Colectivo Sindical Patria Justa.

Para la ANEP, es inconcebible que no haya ni una sola ley para la reactivación económica en un país que tiene a casi 100 mil jóvenes sin trabajo y un índice oficial de desempleo por encima del 12 % (pero que es mucho mayor); en un país cuyas mayorías presentan altísimos niveles de endeudamiento; con salarios ya en proceso abierto de precarización y cuya fuerza de trabajo, en un 50 %, está en la informalidad y al margen de la Seguridad Social…

“No hay ni una sola ley para desacelerar el creciente, sistemático y sostenido proceso de crecimiento de la desigualdad, como lo sería la regulación del abusivo cobro de intereses en tarjetas de crédito y, en general, de los intereses de usura, por ejemplo. O, la regulación efectiva del precio de los medicamentos para bajarlos sensiblemente. O, para establecer una regulación financiera diferenciada para el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), cuya afiliación es ciento por ciento de personas trabajadoras asalariadas sufriendo por esos intereses de usura, expoliadores de los ingresos familiares, cada vez más en caída libre”, agregó Vargas.

No se ha presentado ni una sola iniciativa para establecer una canasta básica realmente nutritiva, de acceso universal para las familias pobres, de ingresos bajos y medios, altamente endeudadas; una canasta básica que represente una inversión para prevención en salud y, por ende, economía nacional en materia de atención hospitalaria en un futuro, que es la medicina más cara.

Por el contrario, luego de la injusta aprobación-imposición, mediando trucos reglamentarios, le impusieron al pueblo la mal llamada ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, detestada ampliamente por la ciudadanía como ha quedado constando ya; y cuyo rechazo es más intenso y extendido hoy en día, cuando se avecina el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Para agravar la situación de las mayorías populares, se disponen a aprobar un nuevo préstamo por $6 mil millones, solamente para favorecer los egos de una administración gubernativa más preocupada por quedarle bien al mercado financiero y a sus gestores de la banca; llevando a niveles realmente catastróficos un endeudamiento público y un más grave pago de intereses obscenos, que las clases populares no pueden soportar más seguir pagando.

Definitivamente, una Asamblea Legislativa totalmente aislada del sentir popular, ajena a las más básicas necesidades de la gente, aumentando el descrédito del sistema político y dando campo abierto a que siga la corrupción en todas sus manifestaciones.

Primero de Mayo doble conmemoración

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El PRIMERO DE MAYO debe estar presente en nuestras mentes, en nuestras almas, en nuestros espíritus, en nuestros corazones. En el caso costarricense, el PRIMERO DE MAYO implica dos conmemoraciones. Una de corte obrero-trabajador. La otra, de corte patriótico-nacionalista y soberanista.

PRIMERO DE MAYO COMO CONMEMORACIÓN OBRERA DE ALCANCE MUNDIAL. Hace 106 años de la primera conmemoración de un primero de mayo en Costa Rica. Fue en 1913. Con esta conmemoración, nuestro país se unía así a la serie de naciones y de pueblos que decidieron honrar la gesta obrera del naciente proletariado internacional, en la lucha por la jornada de 8 horas. La historia del caso registraría los nombres de ocho líderes sindicales que la humanidad obrera y social recuerda como “Los Mártires de Chicago”.

En 1886, el presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, firmó la “Ley Ingersoll” que establecía la jornada de 8 horas pero que no quería ser respetada por los patronos, lo que generó una serie de huelgas obreras, destacándose las de la ciudad de Chicago, en el mes de mayo de ese año 1886; ocurriendo un episodio violento que dejó varios policías muertos al estallar una bomba en medio de una gran manifestación obrera.

Los ocho dirigentes sindicales de ese gran movimiento por las 8 horas fueron culpabilizados. Cuatro de ellos fueron condenados a la horca y ejecutados: Albert Parsons, estadounidense, 39 años, periodista; August Spies, alemán, 31 años, periodista; Adolph Fischer, alemán, 30 años, periodista; y, Georg Engel, alemán, 50 años, tipógrafo.

Luis Linng, alemán, 22 años, carpintero, se suicidó en su propia celda antes de ser ahorcado. A Michael Swabb, alemán, 33 años, tipógrafo; y a Samuel Fielden, inglés, 39 años, pastor metodista y obrero textil, en vez de la horca recibieron condena de cadena perpetua. Finalmente, a Oscar Neebe, inglés, 39 años, vendedor, lo condenaron a 15 años de trabajos forzosos.

La lucha obrera por la jornada de 8 horas tiene mártires y fue producto de la lucha sindical. Estos nombres son inmortales y por eso las personas sindicalistas de hoy tenemos una responsabilidad enorme en cuanto a que jamás se olviden. La jornada de 8 horas en Costa Rica se establecería en el año 1920, a 7 años de la conmemoración del primer primero de mayo en nuestro país.

A nivel internacional, fue en el año 1889, en París, Francia, que se instituyó la conmemoración del primero de mayo como la magna fiesta obrera mundial y en recuerdo, por siempre eterno, de “Los Mártires de Chicago”, así como de las grandes huelgas por la jornada de 8 horas que tuvieron lugar en el mes de mayo de 1886.

Las corrientes sindicales de la época, de corte anarquista, socialista y anticapitalista, fueron las propulsoras de tan acertadísima decisión, adoptada por el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, la cual fue una organización compuesta por partidos políticos laborales y socialistas de aquellos años.

PRIMERO DE MAYO COMO CONMEMORACIÓN PATRIÓTICA CÍVICO-NACIONALISTA. Ahora hablemos de la otra conmemoración del PRIMERO DE MAYO, la de corte soberanista, patriótico, cívico y nacionalista. Aquí le copiamos al ciudadano don Wálter Cartín, quien nos llama la atención acerca de que pocos costarricenses sabemos que el 1° de mayo es feriado en nuestro país desde 1857, pero no por motivo del Día Internacional del Trabajador.

En Costa Rica el feriado fue establecido por el decreto número 35 del 29 de octubre de 1857, firmado por el presidente Juan Rafael Mora Porras, y su ministro del Interior, encargado del despacho de Hacienda y Guerra, don Joaquín Bernardo Calvo.

Según el artículo 8: “En recuerdo del triunfo completo de las armas de Centroamérica y de la rendición y expulsión de las fuerzas filibusteras, el día 1 de mayo será feriado, y se celebrará en toda la República con la solemnidad posible, saludándose el Pabellón (Nacional) en la aurora de dicho día con veintiún cañonazos”.

El 1 de mayo de 1857 se produjo la rendición de William Walker, quien representó la primera incursión de corte imperialista de los Estados Unidos por tierras latinoamericanas. Con esta victoria, se da la afirmación de nuestra voluntad de consolidar las libertades políticas ganadas en 1821, al separarnos de España.

Muchos pensamos que esta fecha es de mayor significación que la del 15 de setiembre.

Se supuso que el 1 de mayo debía ser recordado y festejado en Costa Rica como “día de gloria para la raza latina que ha sabido defender su religión y su Patria y escarmentar debidamente a la horda salvaje que intentara sumirnos en la más oprobiosa esclavitud”, según el mensaje del presidente Juan Rafael Mora Porras al Congreso de 1857.

Muchos pensamos que este ilustre costarricense, popularmente conocido como don Juanito Mora, ha sido el más grande e importante presidente de la República que hemos tenido los y las costarricenses y hasta la fecha.

Por cuestiones de dominio entre los tradicionales grupos familiares de poder económico que ha habido en nuestra sociedad, la figura, el papel y el legado de don Juanito Mora ha sido invisibilizado, negado, disminuido, relegado, escondido. Y no fue sino hasta el año 2014 que, por acertada decisión de la actual Asamblea Legislativa, se le declaró Héroe Nacional y Libertador de la Patria.

Pocos sabemos que actualmente esto ha empezado a cambiar, pero todavía queda mucho camino por recorrer para la restauración plena, moralmente justa y éticamente correcta, de su papel revolucionario soberanista de defensa de nuestra naciente patria.

Como vemos, el PRIMERO DE MAYO nos convoca por partida doble. Es por ello que quienes desfilaremos bajo las banderas y las consignas del colectivo sindical Patria Justa, del cual la ANEP forma parte, nos juntaremos al pie del monumento a don Juanito Mora, en la explanada del Correo Central, en San José centro.

Cuerpos policiales afiliados a la ANEP solicitan ser excluidos del proyecto de ley de Empleo Público

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-Proyecto generaría mayor precarización salarial

Trabajadores de los cuerpos policiales afiliados a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), mediante las seccionales Fuerza Pública, Policía Penitenciaria, así como la Policía de Migración y Extranjería, rechazan rotundamente el proyecto de Ley Marco de Empleo Público y realizan un vehemente y enérgico llamado, tanto al Poder Ejecutivo como Legislativo, para que sean excluidos de cualquier proyecto de empleo público que se discuta en la Asamblea Legislativa.

Para los representantes sindicales, los cuerpos policiales ya se han visto afectados salarialmente y en sus condiciones de trabajo con la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Nº 9635, así como con el congelamiento presupuestario adoptado por el Poder Ejecutivo, junto a otras decisiones de este último. Por lo que la inclusión de los cuerpos policiales en la Ley Marco de Empleo Público generaría una mayor precarización salarial.

“En dicho proyecto que se discute en la Asamblea Legislativa, su artículo 15, inciso c, claramente hace mención que este proyecto incluye a las personas trabajadoras de los cuerpos policiales. Asimismo, dentro del articulado podemos mencionar aquellos que generan una posible afectación directa a los servidores policiales, como son los enunciados 23, 24, 30 39”, indicó Mainor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública.

En el caso de los artículos 23 y 24, establecen el despido mediante la evaluación de desempeño, con nota menor a 70, lo que generaría un estado de vulnerabilidad por cuanto el actual modelo de evaluación y su aplicación es ineficiente y cuestionable.

“Esta potestad de despido por evaluación de desempeño podría propiciar en los cuerpos policiales una mayor represión hacia trabajadores que están dentro de un régimen vertical (excepción) y de abuso de poder por parte de las jerarquías evaluadoras”, indicó Anchía.

Con respecto al artículo 30 del cuestionado proyecto de  ley, éste afectará directamente el salario de los diversos cuerpos policiales del país, ya que prácticamente elimina uno de los pocos incentivos salariales que  tienen los policías, como es la anualidad, pues con la entrada en vigencia de la  Ley de Fortalecimiento de las  Finanzas Públicas se eliminó el quinquenio, la carrera policial por capacitación y el reconocimiento del grado académico, a pesar de que este último es un requisito para ingresar a los cuerpos policiales.

Según estimaciones realizadas por la Seccional ANEP-Fuerza Pública, con el sistema salarial utilizado antes del ingreso de la administración Alvarado Quesada, el crecimiento salarial de un policía de la Fuerza Pública desde el primer semestre del año 2019 al 2023 hubiese sido de casi ₡108 mil. Pero, con la llegada de la ley 9635, éste se redujo a un ingreso de ₡61 mil. En el caso de aplicarse la Ley sobre Empleo Público, ese ingreso en ese mismo periodo, será únicamente de ₡30 mil, lo que provocaría  una mayor precarización salarial (ver cuadro adjunto al final).

”Este escenario sumado al congelamiento del Manual de Puestos y  las acciones ya tomadas por parte del  Gobierno están precarizando, cada vez más, las condiciones salariales de los policías. Esta situación no es justa dado el nivel de responsabilidad y peligrosidad al que se enfrentan estos funcionarios en su quehacer diario. Además, conlleva un riesgo de que el crimen organizado penetre o vulnera nuestras policías”, manifestó Jonathan Flores, Directivo Nacional de ANEP.

*Datos a Considerar

En el caso del artículo 39, éste hace menión a los horarios de trabajo, por lo que para los representantes sindicales nace la enorme preocupación de que se pueda generar una afectación a los roles de trabajo de los funcionarios de los cuerpos policiales,  provocando una sobre carga laboral.

“Recordemos que desde ANEP se ha venido luchando para que se establezcan roles de trabajo acorde con el derecho a la salud y a la familia de los trabajadores de los cuerpos policiales, los cuales, históricamente, además de laborar una jornada de 12 horas habían mantenido roles que propiciaban una alta desintegración familiar y afectaciones a la salud, ya que están contemplados dentro de un mal llamado régimen de excepción” aseveró Anchía.

Para la ANEP, las personas trabajadores de los cuerpos policiales vienen afrontando mayor adversidad para el desempeño de sus funciones, incluyendo el irrespeto a la figura de autoridad pública, malas condiciones laborales (infraestructura, equipo, avituallamiento, salario, extensas jornadas laborales) y recienten que no se les reconoce oportunamente las horas extras y los feriados laborados; por lo que estas acciones del Poder Ejecutivo crean un enorme malestar  repudio a lo interno de las policías por lo que no descartan acciones futuras.

Conferencia de Prensa: cuerpos policiales afiliados a la ANEP solicitan ser excluidos del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público.

Gepostet von ANEP am Freitag, 26. April 2019
Conferencia de Prensa cuerpos policiales afiliados a la ANEP

* Datos a considerar

-El cálculo del primer sistema salarial es elaborado bajo el supuesto de una persona que ingresó a laborar en el segundo semestre del año 2018. -Para los otros dos sistemas de cuenta una persona que ingresó en enero del 2019. -Aumentos semestrales estimado a partir de los 3750 de decreto presidencial. -El sistema salarial anterior cuenta los aumentos semestrales aplicados al salario base. Los aumentos semestrales de los otros dos sistemas de salariales se calculan como montón nominales al salario bruto. -Con la Ley 9635 la anualidad depende de una evaluación de Muy Bueno, por ello se calcula que el funcionario la obtuvo.   -Con la propuesta de empleo público, la anualidad depende de una evaluación de excelente, y solo se paga a un 30% de la planilla de la institución de manera que para un oficial de base (con agente 1) prácticamente será imposible cumplir con esos dos parámetros. -El noveno año y lo concerniente a carrera policial dejan de ser percibidos según lo dispuesto en la Ley 9635.      

Palabras de Giovanni Ramírez en la apertura de la semana de Salud Ocupacional

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Giovanni Ramírez Guerrero, director del Consejo de Salud Ocupacional (CSO) y representante de los trabajadores dirigió unas palabras en el marco de apertura de la semana de Salud Ocupacional. Ramírez también es integrante de la Junta Directiva Nacional de la ANEP.