Pronunciamiento de la ANEP ante ataque antisindical y al derecho de libre asociación por parte de la UCCAEP

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), rechaza, contundentemente, las aseveraciones realizadas por parte del sindicato del alto corporativismo empresarial UCCAEP, dadas a conocer en algunos medios de comunicación, solicitando la disolución de nuestra organización.

Al día de hoy, la ANEP no ha recibido ninguna notificación formal por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) sobre dicha acción.

La aparente solicitud planteada por la representación empresarial no está fundamentada en hechos concretos; por ende, pretender la disolución de un sindicato amparado en los intereses individuales de los empresarios, es totalmente violatorio de la Libertad Sindical.

Esta solicitud es una clara violación a la Libertad Sindical, específicamente en la posibilidad que tienen las organización de elegir su marco de acción, su dinámica, y líneas de acción; en defensa de los intereses económicos y sociales de sus representados, quienes en el ejercicio de la autónomo sindical, deben poder decidir en que momento manifestarse, y a ante que políticas públicas, estatales, o sectoriales con los que no están de acuerdo, en resguardo de los intereses económicos y sociales de cada sector.

El Estado costarricense, miembro de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), en este caso por medio de su Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tiene el deber legal constitucional y moral de resguardar los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos. Entre ellos, garantizar un ejercicio del derechos sindicales acorde con los convenios y principios de la OIT y, en ese sentido avalar una solicitud de esta naturaleza es contraria desde todo punto de vista del derecho fundamental a la libertad sindical, el cual no puede ser entendido sin real la autonomía, sin capacidad de protesta, y sin injerencia de las autoridades administrativas o empresariales.

Es deber del Estado respetar los instrumentos internacionales como lo son los Convenios Internacionales de la OIT y los principios fundamentales que repelen todo acto persecutorio, o que tiendan a limitar el derecho a formar sindicatos o sindicalizarse, y ejercer sus derechos sindicales; en el caso particular la solicitud empresarial está coartando esas libertades, y son claros mecanismos de persecución e impedimentos contra la ANEP, sin tener hechos concretos y ciertos.

Sobre el particular la Organización internacional del Trabajo ha resuelto concretamente en sus recopilaciones:

“En los casos que entrañan la disolución o la suspensión de las organizaciones sindicales de un país, el Comité de Libertad Sindical se ha declarado profundamente convencido de que no es posible hallar la solución de los problemas económicos y sociales porque atraviesa un país aislando las organizaciones sindicales y suspendiendo sus actividades”.

Por lo anteriormente expuesto, nuestra organización condena y repudia esta violación fragante a los Derechos Humanos Fundamentales como lo son la Libertad Sindical y el Derecho a la Libre Asociación, por parte del corporativismo empresarial costarricense representado por la UCCAEP. Exigimos al Ministerio de Trabajo y las autoridades competentes rechazar tal solicitud de disolución de nuestra organización sindical ANEP y proceder con la apertura de un proceso por prácticas laborales desleales y discriminación contra la UCCAEP.

Mesa Sindical de Mujeres repudia voto de UCCAEP, oponiéndose a la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo

La clase trabajadora mundial y por supuesto la costarricense celebra con mucho regocijo la adopción del Convenio número 190 y su Recomendación 206 “sobre la Eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo”; hecho que se realizó en la recién pasada 108 Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del 10 al 21 de junio del presente año, en Ginebra, Suiza.

En dicha Conferencia participaron 190 países pertenecientes a Naciones Unidas, en donde asistieron las representaciones de los gobiernos, empleadores y trabajadores. Uno de los objetivos primordiales fue la adopción del Convenio 190 y su Recomendación 206, lo que se logró exitosamente.

Sin embargo, para Costa Rica ha sido un logro a medias, ya que el sector de los empleadores ha dado una bofetada a toda la clase trabajadora de nuestro país, oponiéndose a dicha adopción. Ha imperado en ellos el egoísmo, el deseo de continuar explotando a la clase trabajadora, en donde los cuatro postulados del Trabajo Decente no son de acato ni de interés para dicho sector.

La Mesa Sindical de Mujeres (MSM), conformada por las Secretarías de Género de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP-ANEP), la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC) y la Confederación Única de Trabajadores (CUT), hace una denuncia pública a la delegación de los empleadores, representada por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privados (UCCAEP), por ser uno de los 7 votos en contra por la adopción de este importante instrumento jurídico internacional, para garantizar, entre otros aspectos, el derecho de toda persona a un mundo de trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género.

La violencia y acoso en el mundo del trabajo es uno de los flagelos que azota a las y los trabajadores en el mundo y Costa Rica no escapa a esta cruda realidad.

Así mismo, denunciamos la forma tergiversada en que esta organización empresarial, con apoyo del aparato mediático que responde a sus intereses, han anunciado la adopción de este Convenio y su Recomendación; indicando que se trata de un Convenio para atender las víctimas de violencia doméstica, cuando en realidad se trata, como su nombre lo indica claramente es sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

Por lo tanto, hacemos un llamado a la UCCAEP, para que reflexionen y den un paso atrás y pueda nuestro país entonar con lo que se pregona ante el mundo, Costa Rica, un país donde se respetan los Derechos Humanos Fundamentales, donde la Democracia es nuestro estandarte de lucha y libertad.

San José, 28 de junio de 2019.

María Laura Sánchez Rojas
CSJMP-ANEP

Rose Mary Rodríguez Bustos
CTRN

Tatiana Otto Golovina
CUT

Olga Serrano Serrano
CMTC

Mesa Sindical de Mujeres (MSM)

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Encuentro social multisectorial plantea mesa de negociación al Gobierno

En defensa de nuestros más sagrados valores nacionales y de nuestra Constitución Política, nos constituimos como el Encuentro Social Multisectorial (ESM) como instancia de reacción popular, se ha recogido el malestar de la ciudadanía y las demandas de sectores productivos y sociales ante las políticas económicas del Estado que estimula la concentración de capital, el empobrecimiento de la mayoría de la población, la indigencia, el desempleo y otros.

El ESM es la alianza de sectores que consideran a un gobierno en contubernio con partidos tradicionales y sectores empresariales que trasladan a la población laboralmente activa (formal e informal), la factura del déficit fiscal omitiendo una justicia distributiva. En este punto, la evasión fiscal, las amnistías tributarias, la corrupción de aduanas, la ineficiencia del Estado en el manejo de los recursos públicos (infraestructura escolar, vial y otros), dejan la sospecha de la imposición de un  modelo económico (“neoliberal”, economía de mercado, concesión de obra pública y otros), que desmantela instituciones estatales (CNP, ICE, RECOPE, JAPDEVA, INS y otros).

En virtud de lo anterior, planteamos al Gobierno de la República, una mesa de negociación multisectorial unitaria, para abordar los siguientes grandes temas nacionales:

  1. Salida de Edgar Mora.
  2. Defensa de los valores cristianos como parte esencial de la identidad de la sociedad y las familias costarricenses, por lo que se solicita revisión integral de los programas educativos.
  3. Moratoria de 18 meses del IVA y transformación del sistema tributario.
  4. Atención urgente a problemáticas de transportistas.
  5. Atención urgente a problemática de pescadores.
  6. Atención urgente a deudas de agricultores, productores agroalimentarios, problemas rurales y mercadeo integral de productos y seguridad jurídica de la tenencia de la tierra y uso de suelo.
  7. Tramitación urgente de proyectos contra intereses de usura.
  8. Retiro de TODOS los proyectos de ley que atenten contra las libertades sindicales y sociales.
  9. Retiro del proyecto Ley marco de empleo público.
  10. Devolver el INFOCOOP al Movimiento Cooperativo, según lo establece la ley de asociaciones cooperativas.
  11. Defensa del ICE contra la privatización del modelo eléctrico nacional, promovida desde el Ejecutivo a través del MINAE. Respeto a la autonomía institucional dada por ley 8660.
  12. Problemática de Limón: Ilegalidad de APM Terminals por incumplimiento contractual, respeto al interés público y económico, fortalecimiento de JAPDEVA y solución a la problemática de empleo en Limón.
  13. Defensa y fortalecimiento del CNP.
  14. Atención a pliego de cuerpos policiales.
  15. Recuperación de la autonomía constitucional del régimen municipal.
  16. Detener el despilfarro de dinero en este momento por parte del MEP.
  17. Retiro del proyecto de educación dual y cambios en prueba faro.
  18. Impulsar un vigoroso plan de reactivación económica.

Lo anterior a través de la apertura de una mesa de negociación multisectorial unitaria, en las próximas 24 horas.

San Jose, 01 de julio 2019, a las 13:00 horas. Encuentro Social Multisectorial.

Conferencia de Prensa

IVA: La magnitud de su injusticia se desnuda ante bancos inundados de plata

Entidades bancarias acumulan 32 mil 819 millones de dólares.

Esta cantidad de dinero representa 55.5 del PIB

Si hay un dato que, con dolorosa crudeza, muestra la profundidad de la injusticia que agobia a la mayoría del pueblo costarricense por un modelo económico fracasado, es la cifra de los depósitos y tenencia de activos que en moneda extranjera tienen, por un lado, los bancos comerciales; y, por otro, los sectores económicamente poderosos de gran influencia política en nuestra sociedad.

Con datos proporcionados a la ANEP por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), y con corte a setiembre del año 2018, se nos muestra la magnitud de la injusticia que representa la imposición del Impuesto al Valor Agregado (IVA), próximo a entrar en vigencia este 1 de julio; con gran agobio económico para los sectores empobrecidos, los asalariados altamente endeudados, el micro-pequeño y mediano empresariado y, por supuesto, la cada vez más estrujada y sacrificada clase media.

La tenencia de dinero de los bancos (públicos y privados) a esa fecha era de 20 mil 468 millones de dólares, es decir 12 billones 76 mil 120 millones de colones, lo que representa 34.5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

Y, con toda la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635, conocida popularmente como combo fiscal, incluyendo el IVA, pretenden recaudar 1.40% del PIB, haciéndole daño a la mayoría de la población.

Por otra parte, los sectores de gran poderío económico, el gran empresariado corporativo de los mega-negocios, incluyendo potenciales capitales de procedencia dudosa, tenían depósitos en bancos y a esa misma fecha de setiembre de 2018, de 12 mil 351 millones de dólares ($12.351.000.000). En colones, 7 billones 287.090 millones (7.287.090.000.000). Esto equivale a, prácticamente, 21 puntos del PIB.

¡Es indudable! El Sistema Bancario Nacional pudo, por sí mismo, librar al pueblo costarricense del injusto paquetazo fiscal y del IVA mismo.

Es más, semejante acumulación de capital también serviría, también, para resolver el mismísimo déficit fiscal.

Esa espantosa situación (más allá de lo lógica de la comprensión de la generación de lucro privado producto de la actividad empresarial), se debe a los profundos procesos de exclusión económica, de sistemática desigualdad y de abusiva concentración de la riqueza; procesos cuya responsabilidad política fundamental debe caer sobre los partidos Liberación, Unidad y PAC y los soportes mediáticos, “pone-magistrados”, que les sustentan.

Contra este mega-poder, el de la corrupción y el de la codicia desenfrenada, lucha el pueblo costarricense. En el fondo, esta acumulación tan excesiva y tan desenfrenada de dinero, es lo que reclaman las mayorías, al sentirse excluidas, burladas, en total indefensión económica y social por la desigualdad indetenible; y, por el  con hambre en no pocos casos ya.

Sindicato Nacional de Traileros-Seccional ANEP se une a jornada de manifestaciones

Desde diferentes partes del país, el Sindicato Nacional de Traileros-Seccional ANEP, se une a la jornada de manifestaciones en contra de las decisiones del Gobierno y de algunos proyectos de ley que se discuten en la Asamblea Legislativa.

Marco Murcía, presidente del Sindicato Nacional de Traileros-Seccional ANEP, indicó que este martes se unirán al clamor del pueblo contra el Impuesto del Valor Agregado (IVA), además están en contra del proyecto para impedir las huelgas y de disolver sindicatos.

“El gobierno tiene abandonados a los traileros, no nos han tratado con seriedad y con la entrada del IVA vamos a quedar en desventaja con los traileros centroamericanos, la afectación va a ser mayor. A esto se suma el caos económico que ha generado APM Terminals con los transportistas, el cual nos está afectando demasiado”, expresó Murcia.

El dirigente explicó que solicitarán al Ejecutivo un decreto que incluya una moratoria de la entrada en vigencia del impuesto IVA, ya que es necesario una negociación del Gobierno con los sectores sociales y el fraude fiscal no se está atacando desde la raíz.

Murcia también manifestó que están apoyando al grupo del Encuentro Social Multisectorial que incluye a agricultores, pescadores, cooperativistas, sindicatos, entre otros; ya que al igual que ellos se han visto afectados por las decisiones que ha implementado el Gobierno.

El Sindicato Nacional de Traileros-Seccional ANEP realizará una caravana rumbo a Casa Presidencial, las cuales saldrán desde el sector del peaje de Alajuela en la ruta 1 y del sector de La Lima en Cartago, ruta 2.

A estas caravanas también se unirán manifestaciones y tortuguismo en diversos puntos del país, entre ellos Santa Rosa de Pocosol en San Carlos, sector de la ruta 32 entre Moín y Toro Amarillo, además en la Frontera Sur (Paso Canoas) y Ruta 27. 

Rectores de la UNA, UCR y UTN reconocen que el plan fiscal es regresivo, insuficiente y desigual

  • Así lo manifestaron durante programa radial Barahona y Compañía a cargo del abogado Pablo Barahona Kruger
  • ANEP celebra la autocrítica de los rectores de las universidades públicas y pide ser recibida (junto a otros sectores sociales), con urgencia, por el Conare
  • Universidades públicas deben reencontrarse con el pueblo trabajador

Con sesgo regresivo, es una indecencia”, perjudicial para quienes efectivamente en este país son víctimas de un proceso de exclusión,  son algunas de las frases que utilizaron los rectores de las universidades estatales, Alberto Salom Echeverría,  rector de la Universidad Nacional (UNA); Marcelo Prieto Jiménez, rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN); y,  Henning Jensen Pennington, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR); respectivamente, para describir el plan fiscal que fue aprobado meses anteriores, conocido popularmente como combo fiscal y hoy ley de la República 9635, con el pomposo nombre de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Así lo manifestaron en una serie de entrevistas llevadas a cabo en el programa radial Barahona y Compañía, dirigido por el abogado Pablo Barahona Kruger. Resaltamos: con sesgo regresivo, afirma el rector Salom Echeverría; “es una indecencia”,indicó su colega Prieto Jiménez; perjudicial para quienes efectivamente en este país son víctimas de un proceso de exclusión, expresó el homólogo de ambos, Jensen Pennington

El 25 de junio del 2018, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) se pronunció a favor de una reforma fiscal progresiva y racional que no afectara a los sectores vulnerables de la población ni disminuyera el bienestar social del país.

Sin embargo, coincidieron, durante las entrevistas que les hizo el destacado ciudadano don Pablo Barahona Kruger, en que la ahora de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, dista mucho de lo que se quería, es decir, una reforma fiscal que combatiera la elusión y evasión tributaria.

Siendo autocritico, si bien hubo un posicionamiento ideológico o si se quiere teórico importante, creo que las universidades públicas no fuimos suficientemente militantes en el momento de hacer la transición de lo teórico a la lucha política. Y en esto, es mucho más fácil ser autocritico cuando los acontecimientos ya han pasado, pero viendo lo que sucedió hace apenas unos meses creo que una mayor presencia de Conare y sobre todo un énfasis político todavía mayor hubiese sido oportuno en esos instantes para poder, quizás, lograr que  el texto que finalmente fue aprobado como ley no fuera tan perjudicial para quienes efectivamente en este país son víctimas de un proceso de exclusión que ya no es algo reducido a una pequeña masa de personas, sino más bien a un masa que se hace cada vez más grande, dijo Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Por su parte, Alberto Salom, rector de la Universidad Nacional (UNA) justificó que “el sesgo hacia la regresividad” se debió a que el Gobierno se vio obligado a negociar y en ese intento se retrocedió.

El Gobierno debió ceder con las fuerzas con las que pactó y que tiene dentro de su seno.  Para nadie es un secreto que, para aprobar el plan fiscal, que tiene una serie de consecuencias regresivas para la población; hubo que contar con el beneplácito de Liberación Nacional, de un sector de Restauración, de la Unidad Social Cristiana y el propio PAC”, indicó Salom.

Marcelo Prieto, rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN), manifestó que, aunque que la reforma fiscal era necesaria para el país, la misma “no era la mejor, ni la salida suficiente para resolver el problema fiscal”.

Mi crítica de manera muy sencilla: Todos nos hemos vistos obligados a hacer algún tipo de contribución como consecuencia de una reforma fiscal. Los trabajadores independientes van a tener que pagar más renta, los profesionales liberales, los trabajadores dependientes vamos a tener que pagar más renta, a todos se nos subió el tramo de renta; menos a las grandes empresas de Costa Rica”, dijo.

Además, agregó: “Eso me parece a mí que es una indecencia. Se está cumpliendo aquí aquello que decía Daniel Oduber de que en Costa Rica todos somos iguales, pero unos son más iguales que otros.  El pretexto es que las empresas tienen que pagar muchas cargas sociales, ¿y los profesionales independientes no pagamos cargas sociales? Y ¿los trabajadores independientes no tienen carga social, no tienen trabajadores con ellos? Yo tengo una crítica sustantiva sobre la reforma fiscal que se aprobó, nos falta muchísimo por hacer ya en términos de justicia tributaria en Costa Rica”.

De manera pública, la ANEP está solicitando ser recibida por el pleno del Consejo Nacional de Rectores (Conare), con la finalidad de solicitarles la apertura de un proceso de diálogo y apoyo hacia la multiplicidad de sectores sociales y económicos que está sufriendo ya las consecuencias de ese injusto paquete de impuestos; de forma tal que se pueda articular una propuesta al país con medidas de reactivación económicas y de real justicia tributaria que están urgiendo, desesperadamente.

ANEP celebra que los señores rectores de las universidades públicas (en este caso, la UCR, la UNA y la UTN), hayan asumido una autocrítica que puede ser histórica, dada las condiciones de polarización social en desarrollo (especialmente, en materia de distribución del crecimiento económico); en materia de credibilidad ciudadana en sus actuales gobernantes; y, en materia de confrontación social abierta, potenciándose ésta cada día más.

ANEP felicita al distinguido ciudadano Pablo Barahona Kruger por su atinada iniciativa de llevar a su prestigioso programa de opinión, Barahona y Compañía, a los no menos distinguidos ciudadanos rectores de las universidades públicas, en momentos en los cuales éstas están llamadas (y obligadas) a ejercer un papel activo de cara a los desafíos de una sociedad a la que le han impuesto la desigualdad como pauta central de su desarrollo económico.

No más intereses de usura, 6.57 puntos del PIB se le saca al año a la gente

Esto representa 2 billones 300 mil millones de colones

Los intereses de usura que se cobran en tarjetas de crédito, en la compra de electrodomésticos, en intereses de préstamos bancarios, créditos personales, casas de empeño y similares, representan uno de los más fuertes desencadenantes del proceso de desigualdad que sufre la sociedad costarricense.

Intereses de usura
Tiempo Monto
Por minuto 4 millones 436 mil colones
Por hora 266 millones 203 mil colones
Por día 6 mil 389 millones de colones
Cada mes 191 mil 667 millones de colones
Por año 2 billones 300 mil millones de colones

El insistente reclamo obrero por una fuerte regulación en tal sentido, es una consigna sindical muy vehemente levantada hace bastante tiempo; al punto de que fue un emplazamiento directo de nuestra parte, con ocasión de la pasada campaña electoral presidencial, a los dos candidatos presidenciales (Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado), quienes afirmaron, en ese entonces, estar de acuerdo en proceder al respecto.

En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como en el seno del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA vemos con buenos ojos que se esté anunciando la tramitación parlamentaria del expediente legislativo No. 20.561.

Según datos en manos de los diputados promotores de esta iniciativa, el interés promedio en los almacenes que venden a crédito electrodomésticos, es del 60 % y este tipo de consorcios megaempresariales, altamente concentrados en cuanto a su propiedad, se estarían ganando unos 883 mil millones de colones anuales en este tipo de intereses de usura; es decir, 2.52 puntos PIB. ¡Ganancias extraordinariamente abusivas! Nos preguntamos: ¿y cómo han sido sus declaraciones de impuestos?

La corriente sindical que representamos someterá a un exhaustivo análisis esta relevante iniciativa, de forma tal que la misma no represente “un alegrón de burro”, pues como dice el sabio refrán popular, “el diablo está en los detalles”.

Es más que evidente la naturaleza del poderío económico de estas entidades acreedoras bancarias y de los grandes consorcios empresariales detrás del negocio de los créditos a la gente.

Por tanto, se hace más que necesario que las entidades sindicales y civiles, le sigan la pista a la tramitación de esta iniciativa de ley, prácticamente, a diario, sin dejar de pronunciarse apoyando que este proyecto sea ley lo más rápidamente posible.