La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
participa en el encuentro regional Justicia Fiscal y Servicios Públicos orientados
hacia la igualdad de género, el cual se lleva a cabo en nuestro país.
La actividad es desarrollada por la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y cuenta con la participación de 22 organizaciones sindicales de países como Costa Rica, Brasil, Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Honduras, México, República Dominicana y Guatemala.
La actividad que se
desarrolla los días 22 y 23 de octubre tiene como primer objetivo dar a conocer
a las diversas organizaciones participantes, la carencia de igualdad de género
en la aplicación de políticas tributarias por parte de los Gobiernos latinoamericanos,
para posteriormente, generar y divulgar estrategias y líneas de acción en
conjunto para combatir la exclusión de la mujer en las justicias tributarias.
Por parte de la ANEP y la Central Social Juanito Mora Porras
participan Rebeca Céspedes Alvarado, María Laura Sánchez Rojas, Ligia Solís
Solís, Lorena Chavarría Martínez, así como Benjamín Sevilla García y Alonso
Meza Chaves.
Atribuir a las huelgas el incremento en los homicidios e inclusive en
la actividad delictiva, no es más que una excusa “mediática” por parte del
Ministro de Seguridad, Michael Soto, para encubrir las falencias en materia de
seguridad pública, que se han agudizado en los gobiernos del Partido Acción
Ciudadana (PAC).
No podemos olvidar que los cuatro años de gobierno de Luis Guillermo
Solís, fueron un desastre, que se superaron las cifras históricas en materia de
homicidios, llegando nuestro país al nivel de pandemia, según lo que establece
la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Sería oportuno que nos muestre el ministro Soto, los datos que dan
sustento a su aseveración. Es sabido por nosotros, que, para cubrir eventos
masivos como partidos de fútbol, se destinan entre trescientos y quinientos
efectivos por partido, o sea que, si al mismo tiempo se dan tres eventos
masivos, se requiere entre 900 y 1.500 funcionarios policiales.
Lo que debe hacer el ministro Soto, es asumir con seriedad el cargo
que le fue encomendado, dejar los “berrinches”, atender a los medios de
comunicación, así como a quienes somos parte del contrapeso, cuando se le
cuestiona por alguna situación institucional, no solamente cuando tiene algo
que favorece la imagen del Gobierno.
Lo que se espera de un Ministro de Seguridad, es que tenga claro el rumbo que se debe seguir para mejorar en materia de prevención y de contención de los delitos, sean estos comunes o producto del crimen organizado. Un ministro que se disponga en trabajar en un modelo de seguridad, en una política de Estado que deje de lado la política electoral. Lo anterior se fundamenta, en que desde hace años se ha visto la seguridad ciudadana como un “botín” político, se anuncian contrataciones, se usa la compra de vehículos para fines políticos, se anuncian las acciones policiales (megaoperativos), como una estrategia de marketing, es común mirar al viceministro Solano, en medio de megaoperativo subiendo selfies en sus redes sociales con una sonrisa de oreja a oreja.
Es claro que las cosas no van bien. Hace unos días fuimos enterados de
un audio que salió del Director Regional de San José, el cual fue dirigido al
mando medio policial, señalándose ausencia de liderazgo, desidia, incapacidad
de gestión, corrupción e inclusive, que algunos altos mandos se hacen de la
vista gorda ante hechos que se presumen graves. Ante lo cual, tanto el ministro
como sus viceministros han guardado un total y absoluto silencio.
Así las cosas, es posible, que conociendo el ministro la situación actual en torno con las huelgas, le haya parecido sumamente atractivo, acreditar a las mismas el incremento en la inseguridad ciudadana. Sin embargo, las más de cien delegaciones con orden sanitaria, la falta de planificación, los problemas para dotar a nuestros policías de uniformes, botas, capas, radios de comunicación, así como otros accesorios, no tienen nada que ver con las huelgas.
• Desde ANEP hemos advertido, reiteradamente, que el pago de intereses la deuda pública está fuera de control
• ANEP ha planteado instalación de escáneres y fortalecimiento de la Policía Fiscal: son urgencias sin discusión
“La evasión de impuestos en Costa Rica es sustancial y ahí hay varios puntos del PIB…”, es el comentario más relevante que resaltamos de la presentación oficial que ha hecho el nuevo Ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, al asumir el cargo.
En ANEP llevamos muchísimo tiempo estudiando, analizando y denunciando que el robo de impuestos en Costa Rica, en todas sus manifestaciones y con ropaje legal o sin él, oscila entre los 6 y los 8.5 % puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB); lo cual ha sido cohonestado, tácitamente tolerado y hasta ha contado con complicidad abierta y favorecimiento político de alto nivel por parte las últimas administraciones gubernativas, incluso por la gestión de la persona antecesora a la cabeza de la cartera ministerial de Hacienda.
Reiteradamente hemos sostenido que la clase trabajadora asalariada, tanto la del sector público como la del privado, así como la que tiene empleo formal o está fuera del mismo, no evade impuestos y honra los que le corresponden; sin embargo, viene siendo la más sacrificada por el desastre fiscal de los últimos tiempos y que es responsabilidad directa de los partidos Liberación, Unidad y Acción Ciudadana.
En el último año, tras de cuernos, palos: la imposición del plan fiscal, Ley de la República 9635, oficialmente denominada Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, vino a agravar la situación económico-financiera de las clases trabajadoras, así como la de las micro-pequeñas y medianas empresas, también sometidas a un ajuste fiscal duro e injusto y ya, de por sí, condenadas por años a sufrir las injusticias de un sistema tributario totalmente regresivo.
Dice Rodrigo Chaves Robles que hay que instalar el sistema de escáneres y resaltamos la urgencia de ello, lo cual fue planteado como una propuesta sindical de la ANEP con ocasión del conflicto social-fiscal del año pasado 2018.
Nuevo ministro de Hacienda le da la razón a la ANEP
¡En hora buena! Pero se necesita gran voluntad política y firmeza para enfrentar un desafío a las mafias evasoras de impuestos de tal calibre, como lo supone instalar-imponer los escáneres.
Por otra parte, la Policía Fiscal ocupa de un real fortalecimiento estratégico de carácter integral, en tecnología, en equipamiento sofisticado de última generación y, especialmente, en más recurso humano.
La carencia de personal en este cuerpo policial no puede interpretarse como algo distinto a la ausencia de voluntad política para entrarle duro a la evasión fiscal; o bien, casi como una actitud complaciente y cómplice con ésta de parte de los últimos gobiernos.
El nuevo jerarca de Hacienda debe entrarle, también con fuerza, al sistema de exenciones-exoneraciones, el cual arroja hasta 6 puntos del PIB, con unas 440 leyes que fortalecen la desigualdad y la exclusión socioeconómica.
Otro tema candente pendiente de abordaje político decidido tiene que ver con los dineros sucios productos de la actividad ilícita del narcotráfico y del crimen organizado que, a juicio de entendidos, ya representa varios puntos del PIB.
La gravedad de esta circunstancia tiene impactos en todos los órdenes y bien podría ser el momento de activar la discusión del establecimiento en Costa Rica del impuesto Tasa Tobin, un impuesto a las transacciones bancario-financieras de cierto alto monto hacia arriba.
Finalmente vamos a reiterar con mucha fuerza ante el nuevo ministro de Hacienda la imperiosa necesidad de que en Costa Rica se efectúe una auditoría ciudadana de la deuda pública. Chaves Robles plantea que el país debe buscar “endeudamiento barato” para aliviar la carga pesadísima de intereses que golpea los servicios públicos y a las mayorías ciudadanas; cerrando así el paso a la construcción de nueva infraestructura, precarizando más los servicios sociales que deben estar dedicados a reducir el crecimiento de la desigualdad.
ANEP considera que es una verdadera locura el manejo que se le ha venido dando a la deuda pública y, especialmente, la irracionalidad y la obscenidad que representará pagar hasta 5 puntos del PIB el pago de intereses como ya se está perfilando.
En este tema hay oculto un jugoso negocio con el cual se han venido beneficiando grupos financiero-económicos que, a la vez, son también evasores de impuestos.
San José, miércoles 27 de noviembre de 2019.
Albino Vargas Barrantes Secretario General
Wálter Quesada Fernández Secretario General Adjunto
La Seccional ANEP- Productores Los Santos participará
en una caminata de más de 17 kilómetros, convocada por los diferentes sectores que
conforman el Encuentro Social Multisectorial, el próximo miércoles 23 de
octubre.
Para este día la seccional saldrá a partir de
las 8 a.m. del cruce de Acosta en Tarbaca y se encontrará con las diferentes
organizaciones o sectores será en el Parque Nacional en San José, entre 1 p.m.
a 2 p.m.
Gerardo Arias, presidente de la Seccional
ANEP-Productores Los Santos explicó que están convocando a los diferentes
sectores, es decir, desde productores de café, aguacate y miel, entre otros.
“La
convocatoria es abierta para que el productor de la zona se nos una, lo que
pretendemos es llevar una serie de peticiones que demuestran los problemas que
estamos viviendo como agricultores para entregar en la Asamblea Legislativa y
al Gobierno”, resaltó Arias.
Una de las primeras peticiones de la
Seccional de la ANEP es que se exonere del pago del IVA las diferentes
producciones del país, específicamente el café.
“Para nosotros no es aceptable que graven el
100% de la cosecha con el IVA, cuando más del 90% del café de Costa Rica se
exporta; y las exportaciones quedaron exentas de impuestos. ¿Por qué nos van a
rebajar el 100% de cosecha como si el café se fuera a tomar todo en el
país? Solo un 10% de la cosecha queda en
Costa Rica para consumo nacional”, explicó Arias.
Además, solicitarán apoyo debido a que
existen agricultores que están perdiendo parcelas, fincas y hasta sus casas por
el alto endeudamiento.
“Hay familias de agricultores que no logran
salir adelante por la caída de los precios en los productos y los altos costos
de producción, hay muchos que necesitan una readecuación o condonación de la
deuda”, agregó.
Para este grupo es necesario un crédito
blando y a largo plazo para la reactivación de la producción nacional.
Criticaron que el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) no funciona
realmente para los productores nacionales debido al montón de trámites y cuando
logran acceder a un crédito; ni los intereses, ni los plazos son competitivos
para poder recuperar la inversión.
“A estos problemas se suma la competencia
desleal e intermediación de los diferentes actores en la cadena de valor del
producto. Ejemplo de ello, es que al productor le pagan ¢1.000 un kilo de
aguacate en la zona de Los Santos de primera calidad, pero cuando la gente va
al supermercado cobran el kilo a ¢3.800”, resaltó.
Por último, solicitaran la inscripción de
moléculas modernas y eficientes para combatir plagas.
“En el mercado internacional ya no nos
quieren comprar nuestros productos porque estamos usando moléculas antiguas que
contaminan demasiado y que son ineficientes para las plagas. Actualmente,
existe un grupo de intermediarios que quieren impedir el ingreso de nuevas
moléculas al mercado nacional para seguir vendiendo ellos; ese cambio nos
permitirá ser más competitivos, tener mejores cosechas y acceso a los mercados
internacionales”, puntualizó.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
(ANEP), recibió este medio día la invitación de la Oficina Regional para
América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, para participar en el encuentro que Michelle Bachelet, Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tendrá con las
organizaciones de trabajadores costarricenses durante su visita oficial al
país.
Para la ANEP esta oportunidad será única para exponer ante
la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos los últimos
acontecimientos político-sociales en el país, así como el desarrollo del proyecto
de ley anti-huelgas, el cual atenta contra la libertad a la protesta, incluso
contra políticas públicas. Además, para abordar el pronunciamiento de los
Relatores Especiales de la ONU sobre dicho proyecto de ley y como fue
descalificado por los tres Poderes del Estado y actores políticos.
Es importante recordar que la ANEP impulsó este proceso de
denuncia sobre violaciones a las Libertades Sindicales y al Derecho
Constitucional de Huelga ante los Derechos Humanos de la ONU en conjunto con
ASDEICE-FIT, SIICE-FIT y UPINS.
La reunión de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos con las organizaciones de trabajadores costarricenses,
tendrá desarrollo el próximo martes 3 de diciembre a las 4:00 de la tarde, en
la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ubicada en Los Yoses.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) da a conocer estimaciones de cierre de las finanzas públicas costarricenses para 2018, así como su primer análisis del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para 2019 y sus apreciaciones sobre el proyecto de reforma tributaria que impulsa el Gobierno de la República para tratar de cerrar la brecha fiscal.
Con la presencia de más de 300 personas, procedentes de
diversos sectores y puntos del país, el Encuentro Social Multisectorial realizó
un balance general del proceso de conversaciones con el Gobierno.
El análisis se realiza luego de varios meses de haber dado
inicio las mesas de negociación, las cuales los
diversos sectores integrantes del Encuentro las califican como poco provechosas
Ante este escenario el Encuentro Social Multisectorial no descarta tomar una serie de acciones, las cuales se estarán analizando en próximas reuniones.
Por medio de una carta dirigida al Gerente General de la Caja
Costarricense del Seguro Social (CCSS), Roberto Cervantes Barrantes, la Federación
Costarricense de Trabajadores de la Salud (FECTSALUD), solicita a la institución tomar en
cuenta sus propuestas sobre las jornadas extraordinarias, ya que según la
Federación actualmente existe un caos sobre el tema.
“La CCSS ordenó poner en marcha ese nuevo instrumento
regulador del tiempo extraordinario, a partir del día 01 de noviembre de 2019,
bajo la circular GG-518-2019. Sin
embargo, como lo demostramos con elementos probatorios a sus representantes
institucionales y a la Ministra Geannina Dinarte Romero y el Vice Ministro
Ricardo Marín Azofeifa, MTSS, en pocos días de su ejecutoria, la angustia y confusión
es imperante”, indica el documento.
Según FECTSALUD, luego de la entrada en vigencia del nuevo modelo regulador del tiempo extraordinario “sobrevino un caudal de interpretaciones y manejos antojadizos en las propias bases de la representación de la Administración Activa y ponen a sudarlas Oficinas de Recursos Humanos, por cuanto, son por excelencia receptoras de un sinfín de quejas y malestares”.
Documento firmado por los representantes de FECTSALUD
Otra de las molestias
de la Federación es que la CCSS no habría consultado a FECTSALUD y sus organizaciones adscritas criterio alguno respecto a las
jornadas extraordinarias, esto durante las negociaciones que se dieron con
otros sindicatos de la institución, el mes anterior.
“Si bien es cierto la Caja responsablemente solicitó opinión
a algunas representaciones laborales sobre las directrices de su tesis
normativa instrumental para regular y fundamentar su aplicación en legitimidad
jurídica, el tiempo extraordinario, ésta misma deferencia no se trasladó a los
sindicatos que conformamos FECTSALUD. Además, que en el periodo hubo factores
incidentes en la desatención justificada laboral, como eventos de Huelga y
procesos negociadores de partes, que justifican la tardía reacción laboral”,
indica el documento.
Compartimos las solicitudes presentadas por la Federación
Costarricense de Trabajadores de la Salud a la CCSS
Solicitamos se adicionen las
siguientes propuestas a la circular GG-0518-2019 de fecha 21-05-19:
1.- Las jefaturas pueden
autorizar la realización y pago de tiempo extraordinario en los siguientes
casos:
Funcionarios que realizan en la jornada ordinaria
perfiles de una clase distinta y categoría superior a la que se requiere
realizar en el tiempo extraordinario, cuando las categorías salariales entre
ambas clases sean similares en lo que respecta al salario base. En casos de
inopia de personal u otra causa debidamente justificada, se autoriza realizar
tiempo extraordinario a funcionarios (incluso jefaturas), de una categoría
salarial muy superior a la clase que se requiere suplir en el tiempo extra.
Funcionarios que han colaborado realizando tiempo
extraordinario previo a la puesta en vigencia de la circular GG-0158-2019, que
cuenten con el requisito legal y/o la preparación equivalente para el perfil
que se requiere cubrir en el tiempo extra.
El tiempo extraordinario se otorga en el siguiente
orden de prioridad: primero el personal disponible en el servicio o
departamento, de la misma clase y categoría en la jornada ordinaria; en segunda
instancia, funcionarios de la unidad programática y como tercera opción,
funcionarios de otras unidades programáticas que cumplan con los requisitos
legales y/o preparación equivalente para el perfil que se requiere cubrir en el
tiempo extra. El reclutamiento mediante el sistema web, se puede utilizar
únicamente de forma justificada, una vez agotadas todas las opciones
mencionadas anteriormente.
2.- Adicionalmente
solicitamos SE INSTRUYA DE INMEDIATO A LAS JEFATURAS SUPERIORES, INTERMEDIAS Y
EN GENERAL:
2.1. Se abstengan de genera
“reglamentación” y directrices adicionales a la circular oficial institucional,
con interpretaciones impropias.
2.2. Se aplique una
comunicación efectiva y literal del contenido de la circular.
2.3. Se desaplique de inmediato el reclutamiento de personal para laborar el tiempo extraordinario, mediante la página web, sistema no autorizado ni incluido en la circular GG-0518-2019.
Representantes de los
distintos sindicatos que luchan por la defensa de los derechos humanos y
laborales de las personas que prestan su labor en los distintos Cuerpos
Policiales del país; hoy más que nunca, unidos como un solo bloque, ante el
análisis de las circunstancias en que se anunció, por parte del Poder Ejecutivo,
el operativo de seguridad ciudadana para diciembre; informamos:
Que estamos de acuerdo en que
se fortalezcan los lazos de la cooperación interinstitucional y se optimicen
los réditos que estas acciones pueden producir en favor de la población
costarricense. No obstante, este tipo de alianzas entre Cuerpos Policiales
alcanzará importantes resultados, solo bajo el entendido del respeto a la
especialización, metodología y funcionamiento con que opera cada una de las
instituciones participantes, así como la garantía de la no violación de los
derechos laborales de los servidores policiales.
Aunado a lo anterior, preocupa
a nuestras organizaciones sindicales, el hecho de que se busque dar una
cobertura extraordinaria a un dispositivo de seguridad ciudadana, partiendo con
la premisa de utilizar recurso humano destacado en otras zonas geográficas, y
dejando de lado la especialidad de cada órgano de seguridad. Esta ejecución
significa el debilitamiento de la seguridad ciudadana, en materias
especializadas, como el contrabando, la prevención de actos de interferencia ilícita
en terminales aeroportuarias, el control migratorio en zonas específicas…entre
otras de importancia, dada la escasez de personal en prácticamente todas las
policías del país. Todo lo anterior, en medio de un contexto, de una época del
año en la que se incrementa la demanda de funcionarios ejecutando con eficacia
y transparencia las labores propias de cada área.
Desea nuestro bloque hacer un
llamado vehemente a los jerarcas de los distintos Cuerpos Policiales, ya que,
nuestra experiencia propia en el campo, nos recuerda que en la concreción de
operativos como el que nos ocupa se presentan dificultades logísticas, de
transporte, alimentación, e imprevistos operativos que causan serias
violaciones a las jornadas laborales que, por sí mismas, ya cargan a los
funcionarios con extensas y agotadoras jornadas ordinarias de 12 horas. Sin
dejar de mencionar la reincidente negativa de la Administración para reconocer
el pago de tiempo extraordinario.
Recapitulando:
1) Hacemos un llamado para que
se excluya la politiquería y el populismo de las decisiones que se deben tomar
en materia de seguridad ciudadana.
2) Solicitamos se fortalezcan
la cantidad de recurso humano de los cuerpos policiales, para no perjudicar a
la población ante dispositivos o eventos especiales que demandan más personal
policial en una zona específica.
3) Se tomen las previsiones
necesarias para que servidores que vienen experimentando desintegración
familiar, exposición continua al peligro, sobrecargas de trabajo, condiciones
laborales contrarias a la salud y desmejora en su remuneración salarial, no se
vean aún más afectados, por la violación de derechos laborales, en un operativo
desesperado, que intenta maquillar la preocupante realidad que vive Costa Rica
en materia de seguridad.
¡Porque la gente que nos cuida
lo mínimo que pide es se le trate con respeto y dignidad!
Bloque
Sindical de Cuerpos Policiales de Costa Rica
Integrado
por las seccionales de ANEP en MINAET, Fuerza
Pública, PCD,SVA, Policía Penitenciaria, PPME. Además de los sindicatos SOPOCOFI
y UNATEPROT
La Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), también se suma al apoyo que han brindado diversas organizaciones internacionales y nacionales a la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), luego de los ataques antisindicales que ha surfrido nuestra organización y el Secretario General.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
Es precisamente el límite que fija la Ley contra la Usura el que hoy le permite al Estado costarricense meter preso al operador del gota a gota. Sin ese límite en la ley, no hay delito. Sin delito, no hay cárcel. Si usted elimina el tope, no está combatiendo el gota a gota. Le está dando amnistía.
Se equivocan si creen que su agenda neoliberal y su estilo autoritario nos representan. ¡Las personas jóvenes NO votamos por el desmantelamiento del Estado Social de Derecho! Ustedes no solo rompen una mesa de negociación; están rompiendo el pacto social que permitía a la hija de una madre soltera, al joven de los territorios indígenas y al estudiante de escasos recursos soñar con una vida digna.
