La Seccional ANEP-PIMA, ANEP-Concencionarios del PIMA CENADA y la Asociación de Jefaturas y Coordinaciones del PIMA (AJUCE), se reunieron con asesores legislativos de los diputados Jonathan Acuña y Ariel Robles, para denunciar la intención de usar fondos del superávit del PIMA para un proyecto plagado de irregularidades, mientras, el CENADA, muestra un gran deterioro de infraestructura.
Categoría: Institucional
Propuesta de reorganización de AyA promueve la tercerización y encarecimiento del servicio público
– Esta reorganización fue promovida por Juan Manuel Quesada, Expresidente Ejecutivo, Alejandra Mora, Gerente General y María José Castillo, Subgerente
La Seccional de ANEP en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), denuncia públicamente las severas inconsistencias técnicas, omisiones críticas, ausencia de participación y falta de transparencia en la propuesta de “Reorganización Institucional Parcial” contenida en el Estudio Técnico de julio 2025, elaborado por el Consorcio Aguas de Escazú.
Esta propuesta, lejos de resolver los problemas estructurales de la institución, pone en riesgo el servicio público, precariza el empleo institucional, carece de rigor técnico y fue elaborada sin una consulta legítima, técnica, ni jurídica, con el personal institucional, ni con las partes interesadas externas, como las ASADAS, sindicatos y usuarios del servicio.
Principales irregularidades y faltantes de la propuesta
1. Sobre el análisis funcional y la duplicidad de funciones
- El documento afirma haber evidenciado duplicidad de funciones mediante “análisis funcional”, sin embargo, la fuente principal es una encuesta anónima aplicada en 2023, no un estudio técnico riguroso. No se adjunta ninguna matriz técnica que precise cuáles funciones están duplicadas ni evidencia empírica.
- No se usaron estudios de cargas de trabajo, flujos de procesos reales, ni instrumentos metodológicos de evaluación funcional. Tampoco se indica cuánto tiempo dedicó la consultora a este diagnóstico ni si se empleó personal de planta del AyA para validarlo.
2. Impacto grave en el recurso humano
- Se proponen fusiones, eliminaciones y reconfiguraciones de unidades, sin indicar cómo se implementarán sin despidos ni reducción de plazas. Esto es técnicamente imposible.
- Se sugiere la reasignación y traslado de plazas, cambios de perfiles, sin contemplar el pago de indemnizaciones, ni mecanismos de protección para los trabajadores afectados.
- No se presenta un plan de capacitación, ni adaptación de los perfiles actuales de puestos al nuevo modelo propuesto.
- Se ignora el impacto psicosocial del cambio y no se acompaña de estudios de clima organizacional ni de cargas de trabajo.
3. Estructura organizacional propuesta vs. realidad institucional
- Se habla de reorganización “parcial” pero se modifica toda la estructura institucional.
- La estructura planteada no es consistente con el nuevo mapa de procesos, lo que puede generar mayor fragmentación y afectar la eficiencia institucional y la ejecución de proyectos.
- Se confunde y revuelve la función rectora del AyA con la función operativa y delegada, lo cual implica una distorsión del modelo de gobernanza institucional.
4. Ausencia total de estudios financieros, legales y de riesgo
- No se presenta flujo de caja proyectado, ni análisis de costo-beneficio de la reorganización.
- No se cuantifican los costos de inversión en tecnología, capacitación, ni cambios en sistemas.
- No se aporta análisis jurídico de la Dirección Jurídica del AyA que vincule la propuesta con el marco legal y reglamentos vigentes.
- No se indica cómo se cubrirán los costos de implementación ni cuál será el impacto en la tarifa final al usuario.
- No se presenta análisis de riesgos, ni plan de acción preventivo ante impactos negativos operativos, técnicos o legales.
5. Grave falta de consulta y legitimidad
- El único insumo participativo citado es una encuesta anónima y autodirigida, sin control técnico ni representatividad estadística.
- No se adjuntan actas, minutas, acuerdos, ni sesiones de trabajo con direcciones ni sindicatos.
- El estudio no incluyó a las más de 1000 ASADAS del país, a pesar de que muchas operan bajo delegación del AyA.
- No queda claro cómo se seleccionó la consultoría contratada, ni se explican los criterios de contratación.
6. Riesgo de precarización laboral y tercerización encubierta
- El documento habla expresamente (p. 40) de tercerizar procesos no críticos, lo cual puede ser la antesala de privatizaciones parciales, debilitando el carácter público del servicio.
- No se aclara qué procesos se consideran “no críticos” ni cómo se define el criterio.
- El planteamiento favorece la concentración del poder en la Gerencia General, disminuyendo la autonomía técnica y desconcentrada.
7. Inconsistencias internas y errores
- El documento presenta errores graves: por ejemplo, en la página 33, hay inconsistencias en la distribución del personal entre áreas sustantivas y administrativas.
- La propuesta no indica cómo se van a coordinar los procesos clave del ciclo de inversión, lo que podría entorpecer aún más la ejecución de obras.
- La formulación de proyectos sigue dispersa entre varios actores, y el paso del diseño a la ejecución dependerá aún más de la coordinación vertical de la Gerencia General, creando cuellos de botella.
- No se indica cómo se definió el personal requerido por unidad.
8. Sin cronograma, sin fases, sin ejecución
- El estudio no presenta un cronograma de implementación, ni fases, ni responsables.
- No hay plan de acción, ni distribución de recursos humanos, tecnológicos y físicos para la ejecución de la nueva estructura.
- No se muestran resultados esperados, metas cuantificables ni mejoras concretas al servicio.
EXIGIMOS:
- La suspensión inmediata de la reorganización hasta que exista una revisión independiente, técnica y validada del estudio presentado.
- La apertura de una mesa de trabajo con sindicatos y funcionarios técnicos para rediseñar la propuesta con participación vinculante.
- La rendición de cuentas del proceso de contratación del Consorcio Aguas de Escazú.
- El respaldo jurídico integral a cualquier modificación estructural, conforme a la Ley Marco de Empleo Público y la normativa del AyA.
- La garantía de derechos laborales, no despidos, no tercerización y respeto al régimen de empleo público.
Este documento no es un estudio técnico, sino una declaración política disfrazada de modernización. No presenta pruebas, ni respaldo legal ni financiero. Se elaboró sin consultar a quienes sostienen la operación del AyA: su personal técnico, administrativo y de campo.
La ANEP no avalará una reforma institucional impuesta desde arriba, sin participación, sin datos confiables y sin respeto por los derechos humanos laborales y sociales.
EL AGUA ES UN DERECHO HUMANO. SU GESTIÓN DEBE MANTENERSE PÚBLICA, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA.
Seccional ANEP-AyA celebra salida de Juan Manuel Quesada
La ANEP Y su Seccional en Acueductos y Alcantarillados (AyA), celebra la salida del presidente ejecutivo Juan Manuel Quesada, oficializada este mismo día, tras meses de una gestión que sumió a la institución en una profunda crisis operativa, ética y administrativa.
Desde ANEP hemos denunciado reiteradamente la opacidad con la que se llevaron a cabo procesos clave como la reestructuración institucional, la concentración indebida del poder en una “red de cuido” de confianza personal del expresidente ejecutivo, y el debilitamiento técnico y estratégico del AyA.
Juan Manuel Quesada deja una institución estancada, debilitada y al borde de decisiones que podrían agravar aún más su situación financiera y operativa.
Ante este escenario, hacemos un llamado urgente a la nueva presidenta ejecutiva para que asuma con firmeza los retos que enfrenta la institución.
El primero y más apremiante es desmontar la red de cuido que Quesada tejió en la alta administración institucional, donde aún persisten figuras nombradas sin los atestados técnicos, éticos ni legales necesarios, algunas incluso envueltas en serias denuncias por ejercicio ilegal de la profesión.
Si realmente se pretende marcar un cambio positivo en lo que resta de esta administración, es indispensable renovar la estructura gerencial de AyA, empezando por los actuales gerentes y subgerentes, muchos de los cuales han sido partícipes y cómplices de las malas decisiones que hoy ponen en riesgo el acceso al agua potable de miles de personas, así como la estabilidad del personal técnico y operativo de la institución.
Desde ANEP seguiremos vigilantes y firmes en la defensa del interés público, de los trabajadores del AyA y del derecho humano al agua.
ANEP condena expresión del Presidente hacia una persona menor de edad y denuncia con firmeza la vergonzosa defensa emitida por la Presidenta del PANI
-La Presidenta Ejecutiva del PANI protege al Presidente Chaves en lugar de defender a la niñez, justificando expresiones que vulneran su dignidad
-La responsabilidad del cargo la ha superado; Doña Kennly Garza Sánchez debió renunciar al PANI hace mucho tiempo.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) rechaza de manera enérgica la postura asumida por la Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Kennly Garza Sánchez, que, en vez de condenar sin reservas una expresión pública que vulnera la dignidad de una persona menor de edad, optó por justificarla, amparando al Presidente y protegiendo su propio cargo.
La expresión cuestionada, que ha generado rechazo social, fue la siguiente:
“Regálemela y se la devuelvo cuando se gradúe de la universidad.”
Desde el 25 de julio de 2025, ANEP solicitó formalmente un pronunciamiento claro y contundente del PANI, para reafirmar su compromiso con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
No obstante, en una reciente conferencia de prensa, la Presidenta Ejecutiva sostuvo:
“A veces, para empatizar o incluso conectar, los costarricenses utilizamos expresiones coloquiales o populares que son absolutamente bien intencionadas, pero que, sin embargo, podrían ser sacadas de contexto.”
La afirmación de que estas expresiones son “absolutamente bien intencionadas” y que podrían ser “sacadas de contexto” no solo es una minimización inaceptable, sino que refleja un profundo desconocimiento del daño real que tales palabras pueden causar.
La dignidad de los niños, niñas y adolescentes no es negociable ni puede depender del contexto o de interpretaciones subjetivas.
El lenguaje que cosifica o menosprecia a las personas menores de edad contribuye a perpetuar una cultura de desprotección y vulneración de sus derechos fundamentales.
Al justificar estas expresiones, la Presidenta Ejecutiva del PANI ha abandonado el compromiso con la niñez para proteger a su superior jerárquico, el Presidente de la República, lo que constituye una grave omisión de su deber institucional.
La máxima autoridad encargada de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes debe emitir un mensaje claro, contundente y sin ambigüedades que condene cualquier expresión que les deshumanice, sin ofrecer excusas ni buscar pretextos.
El Patronato Nacional de la Infancia tiene la obligación constitucional y ética de garantizar, sin excepción ni atenuantes, el respeto, la protección y la dignidad de los niños, niñas y adolescentes.
Sin embargo, la defensa pública del Presidente por parte de la Presidenta Ejecutiva del PANI, junto con su justificación de expresiones que vulneran derechos fundamentales, demuestra una grave falta de compromiso institucional que representa un retroceso grave en la protección de la niñez y adolescencia en nuestro país.
La responsabilidad que conlleva este cargo la sobrepasa. Kennly Garza Sánchez tuvo que renunciar al PANI hace mucho tiempo.
El daño irreparable que su gestión sigue causando al Patronato Nacional de la Infancia, a sus funcionarios y, especialmente, a los niños, niñas y adolescentes de Costa Rica, es inadmisible y una vergüenza.
Su postura constituye un retroceso grave en la defensa de los derechos de la niñez y compromete la confianza —ya deteriorada ante la opinión pública— que la sociedad debe tener en esta institución vital.
Su permanencia al frente de la institución genera una creciente preocupación.
El impacto de su gestión ha debilitado el trabajo de los funcionarios, ha afectado la credibilidad del PANI y, sobre todo, ha dejado en entredicho la protección que merecen los niños, niñas y adolescentes del país.
Los derechos de las personas menores de edad no pueden estar subordinados a intereses políticos o personales.
La institucionalidad debe actuar con claridad, firmeza y valentía para garantizar la protección efectiva de la niñez y adolescencia costarricense.
San José, Costa Rica – 30 de julio de 2025 – ANEP
Reestructuración oscura e improvisada en el AyA
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ante la publicación del 28 de julio de 2025 DE Juan Manuel Quesada Presidente Ejecutivo de AYA sobre la supuesta aprobación de una “reorganización institucional” en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), denuncia pública y firmemente lo siguiente:
- Este proceso se ha impulsado de forma absolutamente opaca, sin transparencia, ni participación real de los trabajadores ni sus organizaciones sindicales.
- Hasta la fecha, el contenido completo del documento de reorganización no ha sido divulgado, violentando principios de legalidad, publicidad de la información pública (art. 30 de la Constitución Política) y el deber de participación establecidos en la Ley General de la Administración Pública y la Ley de Control Interno.
- No se han presentado estudios técnicos, legales ni financieros que respalden la propuesta ni su implementación, lo que constituye una irresponsabilidad administrativa grave y una posible falta al deber de probidad (Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, artículo 4).
La administración del señor Juan Manuel Quesada Espinoza pretende imponer una transformación estructural sin diálogo, sin evaluación objetiva, sin legitimidad interna ni respaldo técnico validado. Esta situación representa un acto autoritario que vulnera derechos laborales, pone en riesgo la calidad del servicio público y abre la puerta a la tercerización de áreas sensibles del AyA, con el consecuente encarecimiento de los servicios básicos para la población.
Lejos de modernizar, el presidente ejecutivo deja tras de sí una institución paralizada, desmoralizada, carente de planificación estratégica real y sin gestión participativa. Su administración ha estado marcada por el ocultamiento de información, decisiones verticales, descalificación del diálogo social y un desprecio abierto hacia los trabajadores de la institución.
Ante esta grave situación, alertamos a la ciudadanía y a los entes de control: la reorganización anunciada no responde a una visión técnica de modernización, sino a una maniobra improvisada, posiblemente diseñada para justificar futuros procesos de privatización parcial y desmantelamiento institucional.
Audio de Ivone Mata, Vicepresidenta seccional ANEP-AyA
EXIGIMOS:
- Acceso inmediato al documento completo de reorganización institucional, junto con sus anexos, estudios técnicos, análisis presupuestarios y legales.
- Suspensión del proceso hasta que se garantice un espacio formal y vinculante de participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales.
- Responsabilizamos directamente al presidente ejecutivo, Juan Manuel Quesada a Alejandra Mora Segura Gerente General y a la Junta Directiva de AYA, por los efectos negativos que esta imposición pueda generar sobre la estabilidad laboral, la continuidad del servicio y la institucionalidad del AyA.
- Solicitamos a la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y el MIDEPLAN ejercer sus funciones de fiscalización sobre este proceso, que incumple con principios básicos de legalidad, transparencia y eficacia administrativa.
Declararciones de Edwin Marín Bonilla, Presidente seccional ANEP-AyA
LA IMPROVISACIÓN, EL SECRETISMO Y EL AUTORITARISMO NO PUEDEN SER LA BASE DE UNA REFORMA INSTITUCIONAL.
PIMA invertiría superávit en proyecto inviable mientras en Cenada empeoran las condiciones
-Problemas de infraestructura, seguridad e inversión aquejan a concesionarios.
-Superávit es de 1.341.125.294.10 millones de colones.
ANEP-CENADA, ANEP-PIMA y AJUCE alzan la voz ante la intención de usar fondos del superávit del PIMA para un proyecto plagado de irregularidades.
Mientras que el CENADA cada vez carece de más inversión, mejoras en infraestructura y potenciación sobre la importancia de su servicio, la administración busca llevarse el dinero e invertirlo en un proyecto muy cuestionado.
Las organizaciones ANEP-CENADA, ANEP-PIMA y la Asociación de Jefaturas y Coordinaciones del PIMA (AJUCE) manifestamos nuestro rechazo rotundo al financiamiento del denominado “Proyecto de Ampliación de la Red Frigorífica Nacional en la Región Pacífico Central”.
Este proyecto, que se pretende justificar bajo una supuesta necesidad regional, carece de transparencia, viabilidad técnica, legal y financiera, y representa un grave riesgo para los recursos públicos. Sumado a graves inconsistencias técnicas y una ubicación absurda.
El terreno propuesto para la construcción presenta una altísima vulnerabilidad a inundaciones, filtraciones de agua constantes y condiciones geológicas inestables por su composición plana y arenosa.
¿Cómo puede considerarse “técnicamente viable” una infraestructura de refrigeración en una zona que no resiste ni un aguacero?
Mentiras sobre permisos y financiamiento
Se afirma que el proyecto está “totalmente financiado” y “cuenta con todos los permisos necesarios”. Esto es absolutamente falso. La Contraloría General de la República aún no ha emitido el visto bueno, y el proyecto depende únicamente de fondos públicos, entre ellos, ₡1.341 millones provenientes del superávit del PIMA. El resto de los fondos no tiene respaldo claro.
Superávit construido sobre espaldas del abandono
Ese superávit que ahora se pretende desviar, proviene del aumento en los cánones cobrados a los concesionarios, quienes hoy enfrentan condiciones deplorables en el CENADA: plagas, colapso en alcantarillado, infraestructura en ruinas, fallas eléctricas, inseguridad. ¿Cómo se justifica financiar nuevos proyectos mientras se abandona la infraestructura existente?
Exigimos responsabilidades
Desde ANEP-CENADA, ANEP-PIMA y AJUCE exigimos:
• La suspensión inmediata del proyecto.
• Una auditoría externa e independiente sobre su viabilidad.
• Uso transparente y responsable de los recursos públicos.
• Una rendición de cuentas ante los trabajadores y la ciudadanía.
Desde ANEP es fundamental destacar la importancia del CENADA pues es el abasto alimentario de todo el país.
No se puede seguir tolerando improvisaciones y despilfarro en proyectos sin fundamento real, mientras los verdaderos problemas de infraestructura, salud pública y bienestar de quienes laboran y comercian en el CENADA son ignorados.
ANEP mantiene presencia firme en defensa del personal trabajador del Archivo Nacional
Comunicado urgente a los trabajadores del AyA: alerta ante reestructuración aprobada a espaldas de los trabajadores
La ANEP y la seccional de ANEP en AyA, informa con absoluta preocupación y sentido de urgencia a todo el personal institucional que el pasado lunes, 22 de julio, en una sesión de Junta Directiva, habría sido aprobada la reestructuración institucional del AyA, mediante una votación dividida de 4 votos a favor y 3 en contra.
Dicha reestructuración se ha gestado sin ningún proceso de socialización previa, ni con los trabajadores, ni con las organizaciones sindicales que los representan, lo cual constituye una violación flagrante a los principios de participación democrática, transparencia institucional y diálogo social. Nos oponemos tajantemente a toda acción que intente imponerse de forma inconsulta y unilateral, más aun tratándose de decisiones que impactan directamente la estabilidad laboral, la organización interna y el futuro del AyA como institución pública.
Hacemos un llamado de alerta máxima a toda la clase trabajadora del AyA: ¡No podemos permitir que se continúe tomando decisiones a espaldas del pueblo trabajador y en medio del caos institucional que vivimos!
Este oscuro episodio se da a solo días de la salida del señor Juan Manuel Quesada Espinoza de la Presidencia Ejecutiva del AyA, quien deja como herencia una institución debilitada, golpeada financiera y administrativamente, y sumida en una profunda crisis de gobernabilidad y legitimidad. Su gestión pasará a la historia como una de las más erráticas y dañinas que ha vivido esta institución, caracterizada por la improvisación, la falta de planificación, la exclusión de las voces técnicas y laborales, y la toma de decisiones sin transparencia.
Reiteramos que ANEP, no avala ni reconocerá ningún proceso de reestructuración que no haya sido ampliamente consultado y discutido con los trabajadores y sus organizaciones. Nos declaramos en estado de vigilancia y alerta, y valoraremos las acciones de defensa que correspondan en los próximos días.
¡Por el respeto a la institucionalidad, a la clase trabajadora y al AyA como patrimonio público!
ANEP ha advertido desde hace años el debilitamiento de la seguridad ciudadana
Ministerio de Salud confirma incumplimiento de orden sanitaria en la Dirección de Maquinaria y Equipo del AyA
-ANEP exige destitución de funcionaria y apertura de investigación contra jerarcas del instituto
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su seccional en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), informan a la opinión pública que, mediante el oficio CARTA-MS-DRRSCS-DARS-P-0380-2025, el Ministerio de Salud ha confirmado el incumplimiento de la orden sanitaria girada a la Dirección de Maquinaria y Equipo del AyA, ubicada en las instalaciones de la Dirección de Servicios de Apoyo, en Pavas.
Dicho documento oficial, emitido este 17 de julio, establece:
• Que los trabajos ordenados no han sido concluidos y persisten condiciones físico-sanitarias inadecuadas.
• Que el acto administrativo no ha sido cumplido completamente.
• Que se ha procedido con el cobro de multa a la institución y la presentación de una denuncia penal ante el Ministerio Público por el presunto delito de desobediencia a la autoridad sanitaria.
Este grave señalamiento confirma lo denunciado durante meses por la ANEP: condiciones insalubres, omisión administrativa, y desprotección total de la salud de los trabajadores en dicha unidad operativa.
Frente a la confirmación oficial del incumplimiento, ANEP exige lo siguiente:
- Apertura inmediata de procedimiento disciplinario contra la señora Jéssica Brizuela, directora de la Dirección de Servicios de Apoyo, por presunta negligencia, incumplimiento de deberes y desobediencia a las autoridades competentes.
2. Destitución inmediata de la señora Brizuela, por parte de la Junta Directiva del AyA, por su responsabilidad directa en estos hechos y su reiterada indiferencia ante las condiciones laborales del personal a su cargo.
3. Apertura de procedimiento de investigación contra la Gerente General, Alejandra Mora Segura, por omisiones graves en su obligación de supervisión y cumplimiento de la legalidad institucional. Su pasividad ante las advertencias de la ANEP y las resoluciones del Ministerio de Salud resulta inaceptable.
4. Determinación de responsabilidad política e institucional del señor Juan Manuel Quesada, Presidente Ejecutivo del AyA, por su deber de control y coordinación institucional. Su inacción ante esta problemática estructural compromete la integridad del servicio público, y su responsabilidad no puede ser ignorada.
Estos hechos constituyen no solo una grave violación a los derechos laborales, sino una amenaza directa a la salud pública, la legalidad institucional y la seguridad de las personas trabajadoras.
La ANEP reafirma su compromiso con la defensa del personal del AyA y exige la adopción inmediata de medidas correctivas, rendición de cuentas de los jerarcas responsables y respeto absoluto por la institucionalidad sanitaria y laboral.
¡NO MÁS IMPUNIDAD NI ABANDONO EN EL AYA!
¡POR LA SALUD, LA DIGNIDAD Y LA LEGALIDAD!
