La denuncia planteada por nuestra organización ante la Controlaría General de la República (CGR), indica que una empresa privada usa una estrategia para no contestar las miles de llamadas que ingresan al call center del IMAS para solicitar ayuda social. Se estima que debido a este mecanismo para evadir llamadas se habría dejado de atender a 20 mil usuarios interesados en programas sociales.
Categoría: Institucional
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ANEP-Orquesta Sinfónica Nacional participó en congreso internacional con 50 organizaciones de músicos de todo el mundo

Gran marcha por la educación costarricense: En el marco del “Pacto Nacional por la Educación Pública”
-Miles de personas de diferentes zonas de Costa Rica marcharon demandando respuestas ante la emergencia nacional educativa que atraviesa el país.
-Se presentó públicamente la propuesta “Pacto Nacional por la Educación Pública” como hoja de ruta en ausencia de liderazgo del MEP.
-En el evento multisectorial participaron organizaciones estudiantiles, académicas, representaciones institucionales, sindicales, sociales y comunales.
20/06/2023. La peor crisis educativa en los últimos 40 años debe abordarse con prontitud. Urgen soluciones ante los múltiples retos de la educación pública: desigualdad educativa, formación docente, innovación pedagógica, inversión en educación, brecha tecnológica, evaluación de los aprendizajes, infraestructura educativa, mejoramiento de la educación técnica, participación comunitaria y articulación entre los niveles del sistema educativo, entre otros.
Hoy, el Ministerio de Educación Pública carece de verdaderos liderazgos. Por eso, este martes 20 de junio miles de personas de todo el país unieron esfuerzos para hacer un llamado vehemente en contra de una nueva “generación perdida” -como ya sucedió en la década de 1980-, un ejercicio democrático y propositivo para la construcción de un Pacto Nacional por la Educación Pública que propicie salir de esta emergencia nacional.
Reunidos en la Plaza de la Democracia, este Pacto Nacional por la Educación Pública se planteó públicamente al Gobierno y la Asamblea Legislativa. Entre las urgencias y demandas prioritarias que requiere el sector educativo costarricense, se puntualizan:
- Declarar una emergencia nacional educativa.
- Otorgar el presupuesto constitucionalmente asignado a la educación pública: 8% del PIB.
- Liberar a la educación pública de la regla fiscal.
- Aplicar las políticas educativas y curriculares vigentes.
- Avanzar hacia una evaluación de los aprendizajes con metodologías robustas que se adapten a nuestras realidades educativas.
- Restablecer los convenios de cooperación pedagógica, técnica y científica con las universidades públicas.
- Avanzar en la universalización del currículum educativo en primaria.
- Recuperar progresivamente la deteriorada infraestructura educativa.
- Crear la red nacional de conectividad educativa.
- Mejorar y fortalecer los programas de equidad y las transferencias a las juntas educativas.
- Aprovechar el bono demográfico para disminuir el número de estudiantes por aula y aumentar la calidad educativa.
- Otorgar un salario digno para el personal del MEP y eliminar el interinazgo prolongado.
- Dictar las reformas legales necesarias para que se corrijan los errores legislativos que generan “salarios pagados de más” y que impiden sustituir las plazas docentes, pagar recargos de funciones y ampliaciones de jornada.
- Generar un acuerdo de negociación que fije metas hasta el 2026 para cumplir con el 1.5% del PIB para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
- Revisar la Ley 9931 con el fin de garantizar una educación técnica de calidad.
Costa Rica debe garantizar para sus habitantes una educación inclusiva, crítica, creativa e innovadora, que genere mayor movilidad social y reduzca las desigualdades estructurales en el mediano y largo plazo. Una educación que sea un “proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos”, -como establece la Constitución Política-, que nos permita sentar las bases de un país donde nadie se quede atrás.
En la Gran Marcha por la Educación Pública se realizó un llamado para que más organizaciones, familias y personas se sumen en la construcción de este Pacto Nacional por la Educación Pública que, sin duda, fortalecerá la democracia costarricense y el Estado Social de Derecho.
ANEP-Minae solicita intervención política para resolver condicones laborales de guardaparques
ANEP y FETSALUD solicitan mesa de trabajo con amplia participación civil a presidenta de la CCSS
La ANEP y la Federación Costarricenses de Trabajadores de la Salud (FETSALUD) se reunieron con la presidente Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, Marta Esquivel Rodríguez, para solicitar una mesa de Trabajo de amplia participación civil. Los dos principales temas para abordar en esta mesa de trabajo sería la sostenibilidad financiera de la Caja y el régimen de pensiones IVM.
Seccional ANEP AyA solicita transparencia con el personal trabajador en reestructuración de AyA

Sala Constitucional da curso a la acción de inconstitucionalidad de la ANEP contra la Ley Marco de Empleo Público
– Así fue notificada nuestra organización el día de hoy por el sistema de gestión en línea
La Sala Constitucional dio curso a la Acción de Inconstitucionalidad presentada por la ANEP, el pasado 10 de febrero del 2023, contra la Ley Marco de Empleo Público en la cual se cuestiona una serie de artículos y normativas presentes en la ley Nº 10.159.
En la acción de inconstitucionalidad de la ANEP, se solicita que se declaren inconstitucionales los artículos 2, 5, inciso b),6, 7, incisos a), c), d) f), l) y m), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29,30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 49 incisos a), c), d), e) f), Transitorios VII, XI, XII y XV de la Ley Marco de Empleo Público n°10.159 (LMEP), por estimar que lesionan los artículos 1, 9, 11, 34, 39, 50, 56, 57, 62, 73, 74, 84, 85, 87, 99, 156, 170 y 188 y siguientes, así como los principios de división de poderes, igualdad, progresividad y no regresividad, seguridad jurídica, libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva, el debido proceso, las autonomías constitucionales, el principio de retroactividad, los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas. Todos estos derechos están establecidos en la Constitución Política y en diversos tratados de derechos humanos ratificados por Costa Rica en materia de derechos económicos y sociales.
Para la ANEP, las normas impugnadas afectan tres grupos de derechos y principios: los que dan sustento al Estado de Derecho (principio de división de poderes, autonomías), los derechos laborales (derecho al trabajo y al salario) y los sindicales (derecho a la negociación colectiva).
Para nuestra organización, el Estado costarricense es un Estado Social de Derecho, lo que significa que deben garantizarse una serie de derechos fundamentales. Entre ellos, la no concentración del poder, la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y la progresividad de los derechos.
Desde la ANEP, consideramos que una de las afectaciones que denota la LMEP es el ataque y violación al principio de división de poderes del Estado. Ejemplo de ello, son las múltiples funciones, responsabilidades y decisiones que se le otorgan al MIDEPLAN, como ente contralor y decisor de todo el régimen de empleo público.
En nuestra organización tenemos claro que la Asamblea Constituyente de 1949, estableció en la Constitución Política, los principios de separación de poderes y autonomía de algunas instituciones públicas, instituciones de educación universitaria superior y municipalidades, como una forma de garantizar un sistema de «pesos y contrapesos» que equilibran el uso del poder público y garantizan el Estado Social de Derecho.
En la notificación la Sala Constitucional le confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República, al presidente del Directorio Legislativo y a la ministra de Planificación Social y Política Económica.
