Categoría: Institucional

Sindicato denuncia tráfico de influencias en AyA

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NOTA: Diario Extra

Un nombramiento hecho en 13 días a una funcionaria que no contaba con los requisitos del puesto es la nueva polémica que involucra al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Según el sindicato ANEP-AyA, ocurrió un posible tráfico de influencias con la designación de Kattia Sánchez Sánchez, quien habría laborado para el ahora gerente institucional, Manuel Salas Pereira, en la empresa INNO Inmobiliaria.

“Los errores se están cometiendo en la Gerencia General y aquí lo que vemos es un posible tráfico de influencia, no es común que a una persona se le nombre en 13 días e inclusive se sigue presentando la alteración de requisitos”, menciona Edwin Marín, de la seccional ANEP-AyA.

Sánchez habría presentado su oferta de servicios el 22 de mayo de 2019 ante el Instituto, luego el 5 de junio de ese mismo año el gerente general solicitó a la directora de Capital Humano, Yolanda Salas, que se nombrara a la funcionaria de manera interina en un puesto de ejecutivo especialista.

“Se habla de temas de interés institucional y no se justifica cuál es ese interés, y esto se suma a los procesos de contratación irregulares que se reportaron por la auditoria”, dijo Marín.

La solicitud de la designación interna queda en evidencia en el memorando GG-2019-01709 del 5 de junio de 2019, 13 días después de que Sánchez presentara la oferta de servicios.

FUNCIONES

Las funciones que le fueron asignadas a Sánchez en el puesto están relacionadas a la gestión de proyectos, supervisión de cumplimiento de requisitos, brindar capacitaciones y ser coordinadora de la comunicación entre líderes.

También se le designó proponer cambios en políticas y reglamentos internos para mayor efectividad de la organización funcional y hacer informes para entidades externos, con respecto a la ejecución de presupuestos.

Siete días después, el 12 de junio y mediante el oficio GG-2019-01786, el subgerente general del AyA, Annette Henchoz, le comunicó a la directora de Capital Humano, Yolanda Salas, que se aprobaba el nombramiento interino, haciendo una excepción a la regla.

“En adición al memorando GG-2019-0179, en concordancia con la justificación aportada para el nombramiento interino de la Ing. Kattia Sánchez Sánchez, se autoriza a realizar dicho nombramiento, haciendo una excepción de lo establecido en la Directriz No. GG-2017-02945 en cuanto al tema de subutilización del puesto”, menciona el escrito dirigido por Henchoz.

Ante esto, el sindicato considera que la forma de actuar de la Gerencia es criticable.

“¿A quién se le da una plaza subutilizada, por qué hacer una excepción a una directriz? Se pierde la confianza en la Gerencia General y la junta directiva no está haciendo nada. Inclusive a la fecha no sabemos si se tomaron medidas con respecto a los auditorajes con los procesos poco transparentes”, menciona Marín.

MEJORA DE PUESTO

Tan solo tres meses después de que fuese nombrada en el puesto, el propio gerente general le solicita a la Dirección de Capital Humano que se traslade a Kattia Sánchez a otro puesto “con cargo de ejecutivo experto a partir del 01 de octubre del 2019, hasta el 31 de diciembre de 2019”, se lee en el documento.

El sindicato critica que se haya hecho una excepción a la directriz que limita subutilizar plazas y además aduce que se siente desconfianza con respecto a las decisiones que emiten quienes dirigen la entidad.

DIRECTRIZ

Precisamente, el 12 de diciembre de 2017 el gerente Manuel Salas emitió la directriz GG-2019-00285, titulada “Nombramientos y Movimientos de Personal”, documento dirigido a las jefaturas.

“Es preciso aclarar sobre el tema de subutilización de plazas que para las nuevas contrataciones en puestos catalogadas de servicios especiales y de cargos fijos, no se permitirá contratar nuevo personal subutilizando las plazas”, expresa la orden.

Y agrega que “los postulantes deberán cumplir al 100% los requisitos exigidos en los manuales institucionales para ocupar las plazas disponibles vacantes, lo anterior con el fin de dar el mejor aprovechamiento y con ello la mejor ejecución presupuestaria”.

El texto también menciona que solo podrá haber una subutilización de una plaza cuando haya escasez de personal y debe estar debidamente justificada.

“Eso se está manejando dentro de la misma red de cuido de la junta directiva, Annette Henchoz fue nombrada por este gobierno y se apresta para hacer excepciones, entonces para qué se emiten directrices si no se van a cumplir”, comentó Marín.

Inclusive, el gerente rectifica lo mencionado por la directriz el 5 de febrero de 2019 con la resolución GG-2019-00285.

“Se mantienen las disposiciones emitidas en la directriz No. GG-2017-02945, de fecha 12/12/17, relativas al tema de la subutilización de plazas para las nuevas contrataciones en puestos catalogados de servicios especiales y de cargos fijos”, dice el documento.

GERENTE 

El gerente Manuel Salas critica las denuncias que últimamente han circulado en diversos medios de comunicación en una carta que dirigió a los funcionarios de la entidad el pasado 19 de agosto.

“Grupos privados y políticos, perfectamente coordinados en el mensaje, repiten y se apoyan mutuamente con pretendidas denuncias, exageraciones, distorsiones, verdades a medias y llanas mentiras”, reza el escrito.

“Su táctica consiste seleccionar aquellos temas que son más fácilmente susceptibles de enfocar negativamente en la opinión pública y darles una connotación de corrupción e incompetencia”, añade la carta.

También, Salas se refiere a las opiniones que tienen diversos sectores cuando se denuncian actos de corrupción y salen a la luz pública.

“No son más que opiniones fundamentadas en titulares, notas livianas de prensa, filtraciones incompletas de información interna y febriles teorías de conspiración, que nunca le dan el espacio debido a las muchísimas explicaciones serias que ha dado la institución. Luego, por supuesto sirven para un refrito, cuando carecen de material nuevo. Nada de esto es casualidad”, agrega.

Al respecto, la seccional ANEP considera sentir preocupación, ya que si se debilita demasiado la entidad podría haber un riesgo o intención de querer privatizarla.

“Hay una pérdida de confianza y sentimos que no hay transparencia, nosotros estamos informando y diciendo a la población lo que sucede a lo interno y encontrarle la solución al problema”, expresó el presidente del sindicato.

Salas también justifica la inversión de $45 millones en la modernización de la plataforma tecnológica de la institución que forma parte de los temas por los cuales deberán comparecer los miembros de la junta directiva ante los diputados.

“Sin duda es uno de los ataques más infundados, acríticos e incoherentes que potencialmente podrían dañar de forma grave al AyA, si lograran su objetivo. Algunos lo han llevado a la prensa, que se caracteriza por su sensacionalismo”, relata la carta.

El comunicado dirigido a los trabajadores menciona que de manera paulatina irán explicando los temas por los cuales se cuestiona a la administración de Acueductos y Alcantarillados.

Edwin Marín

Seccional ANEP-AYA

“La situación en AyA es algo crítico, aquí se ha generado un fenómeno sociopolítico como nunca antes desde su creación se ha visto, es preocupante cómo hay tanto despilfarro, discriminación, falta de transparencia. Parece que quieren debilitar la institución para someterla a una posible privatización, esto va a terminar en una intervención administrativa del AyA, y estos hechos hacen que se ponga en juego la estabilidad del personal”.

Pese a cuestionamientos y mala gestión, presidente Alvarado sigue protegiendo a Yamileth Astorga y a su red de cuido en A y A

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Por: seccional ANEP-A y A

La realidad de Acueductos y Alcantarillados

En conferencia de prensa del 31 de julio de 2020, el Presidente de la República dijo:

“Cuando dijimos tomar acciones en efecto las tomamos, las personas responsables de los departamentos de cobros fueron si no me equivoco suspendidos por la Junta Directiva en una investigación que está en curso porque eran las personas responsables de esa temática ahí fue en lo que yo dije actuar actuamos lo que yo instruí a doña Yamileth a hacerlo lo que se procedió de conformidad¨

Lo manifestado por el Presidente, fue un acuerdo que tomó la Junta Directiva de AyA, en la Sesión Extraordinaria 2020-39, en la cual se suspende con goce de salario por un mes a dos funcionarias de mandos medios mientras se realiza el período de investigación (Mismo que fue excluido del acta).

Lo que no indica el Presidente, no sabemos si es por desconocimiento o por seguir defendiendo la mala gestión de Astorga, es lo siguiente:

Mediante GG-2020-01125, el Ing. Manuel Salas Pereira, Gerente General de AyA, da la instrucción de que la facturación se realice en forma estimada a partir del 20 de marzo y hasta nuevo aviso.

Al respecto nos preguntamos:

¿Por qué razón no se suspende al Gerente General siendo quien provocó el problema y en su lugar investigan a dos funcionarias de mandos medios por cumplir su directriz?

Igualmente nos preguntamos:

¿Qué pasó con el Consejo Gerencial de AyA que se reunió para tomar decisiones?

Consideramos que el Ing. Salas Pereira es pieza fundamental dentro de la “red de cuido” de Astorga, en qué nos argumentamos para decirlo, en que su nombramiento es promovido por ella, y no solo eso, resulta que él es primo hermano de Ligia María Salas Pereira, esposa del Viceministro Jorge Gutiérrez Espeleta, primo hermano de doña Yamileth.

Cobros excesivos que afectaron a muchas familias en plena pandemia por una directriz que emitió el Ing. Salas Pereira sin recibir sanción alguna y, en su lugar, suspenden con goce salarial a dos funcionarias vendiéndole al colectivo la idea de que algo se hizo para “arreglar la torta”

Dos millones de dólares solo en honorarios por una contrademanda perdida, con la empresa Acciona Agua S.A. por errores de AyA que ahora deberá pagar los costarricenses, donde tanto la Presidenta Astorga Espeleta como el Gerente Salas Pereira tenían conocimiento según lo indica el Ing. Marco Fidel Vargas Quiroga en sus declaraciones a la Prensa, pero ahora resulta que salen absueltos de toda culpa.

Una inversión multimillonaria en una plataforma tecnológica, por el monto de 45 millones de dólares con recursos propios.

Señor Presidente: Con semejante cantidad de dinero cuántos acueductos se pueden hacer o modernizar, cuántas zonas marginales se pueden atender, cuántos bonos proteger se podría entregar con ese dinero a familias costarricenses de bajos recursos o, en el
peor de los casos, que han perdido sus empleos y, mientras esto pasa, la población sigue siendo gravemente afectada por los razonamientos de agua.

Una ejecución presupuestaria de un 32% al 31 de mayo del 2020, que no llega ni al 50% de la ejecución estimada.

Señor Presidente los papeles hablan y no la inauguración de proyectos en Guanacaste o Limón que iniciaron hace muchísimo tiempo, inclusive, antes de que doña Yamileth entrara al AyA. ¿Conocía usted esta información?

También, tenemos pérdidas acumuladas a diciembre 2018 de 15 mil millones de colones y a 2019 de 14 mil millones de colones respectivamente, los cuadros no mienten y estas pérdidas suman 30 mil millones de colones.

Además, una lista enorme de informes de la Auditoría Interna de AyA donde advierten manejos administrativos irregulares y que la Subgerencia de AyA aún no ha entregado a la Seccional, entre ellos los siguientes: AU-2020-00109, AU-2020-00269, AU-2020-00282.

Pero ahí no termina la pesadilla para los costarricenses y principalmente para las trabajadoras y los trabajadores que tememos en algún momento perder AyA y quedarnos sin trabajo, veamos:

Mediante documento DM-784-2020, el Ministerio de la Presidencia, Sr. Marcelo Prieto Jiménez, solicita a doña Yamileth Astorga transferir recursos al Fondo Nacional de Emergencias.

Esto lo consultó vía correo electrónico la Junta Directiva de la Seccional a la Licda. Ana Cecilia Matamoros, Directora de Financiero, quien nos respondió lo siguiente:

“El estudio financiero que ustedes solicitan lo está trabajando directamente la Gerencia, yo todavía no tengo acceso a los resultados finales, de las sesiones en que he participado se ha concluido que AYA no tiene capacidad de aportar recursos a la CNE, sin embargo, se siguen haciendo valoraciones”

Realmente, a la Seccional ANEP-AyA, le preocupa que pese a la recomendación de la Dirección Financiera, se le quite más plata al AyA por compromisos políticos sin tener la capacidad, no porque no se quiera sino porque financieramente no se puede

Señor Presidente:

¿Qué más quiere que pase en AyA para que destituyan a Yamileth Astorga de su cargo?

Respetuosamente, no debería justificar su permanencia en proyectos viejos, pues con ello lo que hace es generar más indignación entre la población trabajadora y entre los clientes en general.

Por buena que sea una persona, por mucho que esta ayude a otras personas o por haber hecho buenas obras, si comete uno o varios errores, tiene que asumir las consecuencias de sus actos, así funciona en todas las esferas políticas.

Nosotros no quisiéramos pensar que existe algún interés personal más allá del interés de la población que exige su salida.

Con igual respeto, condenamos y repudiamos lo manifestado en un medio de comunicación, por parte del Ministro de la Presidencia, el Señor Prieto Jiménez, quien dijo que los errores de la institución no requieren repercusiones políticas.

No obstante, si esto lo dijera desde la perspectiva del consumidor, posiblemente diría:

Los errores de la Institución requieren repercusiones políticas pues van en detrimento del bolsillo de los consumidores y de la estabilidad económica de la Institución, por tanto, se debe de destituir de su cargo a la Presidenta Ejecutiva de AyA.

Son muchos los errores y contando, mismos que venimos denunciando a través de la Prensa que ella tanto alude al punto de solicitar que no se les brinde información, pero, lamentablemente estas acciones en el gobierno del PAC no generan destituciones.

(Adjuntamos cuadros comparativos)

TOMADO DEL RESUMEN EJECUTIVO DE CAJA DEL A Y A
AL 31 DE MAYO DEL 2020
TOMADO DEL RESUMEN DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL A Y A

Se avecinan cambios violentos en Régimen de Pensiones IVM: ANEP no legitimará con su firma nueva agresión a la clase trabajadora

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•Mujeres tendrán que laborar 5 años más, hombres 3

•Monto de pensión quedaría en 40% del promedio salarial

Se espera para próximos días que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), imponga cambios violentos y modificaciones bruscas en el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que representarán, sin la menor duda, una nueva agresión a la clase trabajadora asalariada, tanto la del sector público como la del privado; agresiones anti-obreras que se imponen aprovechando la crisis de la pandemia del covid-19.

De entrada, la edad para acceder a la pensión de dicho régimen será de 65 años, indistintamente de si se es hombre, o de si se es mujer. En éste caso, las trabajadoras deberán laborar 5 años más del tope actual (59 años y 11 meses); los varones, pasarán de la fijación actual de 61 años y 11 meses, para tener que laborar 3 años más.
Por otra parte, el monto final a recibir por pensión quedaría en un 40 %, no ya el 60 % actual; y, ese 40 % sería producto del cómputo de los salarios devengados durante toda la vida laboral de la persona trabajadora cotizante para el régimen; ya no como en la actualidad que es el promedio cotizado durante 20 años de desempeño activo en el mercado de trabajo.

La posibilidad del retiro anticipado quedaría completamente descartada.

ANEP anuncia que con su firma no se legitimará una nueva agresión en contra de los derechos de la clase trabajadora; y, con vehemencia, exhorta al ciudadano Mario Devandas Brenes, integrante de la Junta Directiva de la CCSS, en representación de los sindicatos, para que no dé su voto en la sesión que está prevista para la adopción de estos cambios violentos y estas modificaciones bruscas en el régimen de pensiones más importantes del país.

La crisis financiera del IVM-CCSS tiene que tener un abordaje integral considerando las distintas causas que la generaron, ninguna de las cuales es atribuible a la parte cotizante obrera. Por ejemplo, las erráticas y riesgosas inversiones que habrían generado una considerable pérdida y que siguen un trámite en sede penal para determinar responsabilidades político-ejecutivas en la toma de esas deplorables decisiones. La impunidad se ha impuesto, lamentablemente.

Aprovecharse del ambiente sociopolítico y económico nacional contaminado por la pandemia del covid-19 para imponer tales cambios anti-obreros en el IVM, desborda toda lógica ética y moral, pues encubriría debajo de la alfombra, determinaciones puntuales de carácter fundamental que deberían emerger si se trata de una reestructuración de corto, de mediano y de largo plazo que le retornen la seguridad financiera a este régimen de pensiones, hoy severamente vulnerada por, repetimos, causas no obreras.

ANEP aboga por que tal decisión se postergue y que se abra la más transparente discusión, metodológicamente ordenada, multifactorialmente diversa, con suficiente base sociolaboral realmente legítima, con plazo definido para llegar o no llegar a acuerdos; y extra-muros institucionales.

ANEP alerta a las diversas organizaciones aglutinadoras del cuerpo obrero cotizante del régimen de pensiones IVM-CCSS para que se construya una única posición de perspectiva trabajadora, sin cálculos personalistas; a fin de brindarle a la clase trabajadora una posición férrea y sólida, sin demagogias legitimadoras para el fortalecimiento de las posiciones enemigas mismas de la propia Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

San José, miércoles 28 de julio de 2020.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

ANEP-PPME cuestiona Vicepresidenta de la República ante faltante de personal en Policía de Migración

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Los cuestionamientos se dan luego de la comparecencia de la Vicepresidenta de la República, Epsy Campbell en la Comisión Especial de la Provincia de Alajuela de la Asamblea Legislativa sobre la situación de personal migratorio en puestos fronterizos.

Diputados llaman a comparecer a Presidenta Ejecutiva de AyA tras denuncia de Seccional de ANEP

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Los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público llamarían a comparecer a la Presidenta Ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga, tras la denuncia de la Seccional ANEP-AyA en la que se demostró que la jerarca habría solicitado en una reunión con otra organización sindical no dar declaraciones a Diario Extra debido a los cuestionamientos que realiza, este medio de comunicación, en contra de acciones de la institución.

El diputado de Nueva República, Jonathan Prensas, indicó que presentará una moción, para llamar a comparecer a Astorga por también ordenar no dar más pauta a Diario Extra, ni a CRHoy.com.

La moción incluye que se llame también a Mario Rodríguez Bonilla, secretario general del SITRAA. Así como también a Silvia Ulloa, directora de CRHoy.com, e Iary Gómez, gerente general de Grupo Extra. 

https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/424672/presidenta-aya-ordena-no-hablar-con-diario-extra-#:~:text=Yamileth%20Astorga%2C%20presidenta%20ejecutiva%20del%20Instituto%20Costarricense%20de%20Acueductos%20y,por%20la%20ejecuci%C3%B3n%20presupuestaria%20y

Con la moción se pretende investigar sobre la toma de decisiones e inversión discriminatoria y selectiva de los recursos públicos por parte del AyA y con ello garantizar la transparencia en el uso de los fondos estatales.

La intención de la jerarca del AyA quedó plasmada en la minuta GG-2020-02784 del 29 de junio del año en curso, en una reunión en la que participaron la Presidencia Ejecutiva, la Dirección de Comunicación, Salud Ocupacional, Gerencia General y personal afiliado al Sindicato de Trabajadores de AyA (Sitraa).

Rebaja salarial en el sector público: golpear más duro a la Caja

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  • Movilizaciones obrero-sociales apoyaron su creación
  • Movilizaciones obrero-sociales deben defenderla

Para el año 2019, a pesar de que la fuerza laboral asalariada del sector Público apenas representó un 18 % de la Población Económicamente Activa (PEA), con empleo formal y con salario fijo, su aporte a las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), andaba por el orden del 45 % de los ingresos de tan vital institución para la salud de la población y para la vida democrática misma del país.

Durante los primeros seis meses del presente año 2020, en plena pandemia (aunque ésta nos llegó en marzo anterior), el conjunto del aporte obrero del personal asalariado del Estado para con las finanzas de la Caja ha crecido sustancialmente, si consideramos que la parte del aporte obrero privado ha mermado de manera significativa por la suspensión de contratos laborales, las reducciones de jornada, los despidos duros y abiertos.

Los datos provienen del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Incrementar las dificultades financieras de la Caja en estos durísimos momentos que muchos pensamos van a ser más dolorosos próximamente, mediando una rebaja salarial para el sector Público, viene a representar una especie de crimen social que ANEP condena enérgicamente.

La institución ya acumula enormes dificultades, no solamente por la acumulación de la deuda del Estado con ella sobre lo cual no se ve voluntad política alguna para empezar a saldarla como debe ser; sino que la han obligado a otorgar concesiones al empresariado con relación a las propias responsabilidades de éstos en cuanto patronos que parecen haber rebasado una lógica comprensible por las circunstancias, agravando más la reducción de ingresos que sufre.

Sin duda alguna, se están presentando diversas circunstancias que obligan a lanzar una alerta general a la población trabajadora del país, acerca de que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), enfrenta el más severo ataque de toda su historia pues los enemigos de siempre, los que ansían apropiarse de los servicios públicos de salud para convertirlos en mercado de negocios, se han descarado a tal nivel que ya plantean, sin asco, su privatización abierta como lo impulsa el sindicato patronal-empresarial más agresivo del país en contra del Estado Social.

Nada raro sería que la primera rebaja salarial en contra del empleo público esté concatenada para golpear más duro a la Caja, más allá de las insostenibles justificaciones fiscales que se vienen esgrimiendo en contra de las personas asalariadas del sector público.

Hay que señalar con el dedo cívico-popular acusador a quienes, de manera farisea, se rasgan las vestiduras a propósito del amor que dicen tenerle a la Caja pero que, en la práctica, están haciendo todo lo contrario para estrangularla. 

Si grandes e importantes movilizaciones obrero-sociales hubo en los años 40 del siglo anterior para que tuviéramos Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); tocará a la generación presente (joven, adulta y adulta mayor), salir a defender su existencia, también mediando importantes movilizaciones obrero-sociales.

San José, lunes 13 de julio de 2020.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

Walter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

Seccional PPME continúa sumando esfuerzos para dotar de recursos a la Policía de Migración

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La Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (ANEP-PPME) continúa trabajando duro para dotar de recursos frescos a la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), para la contratación de personal policial. Esto último, evidenciado por la emergencia sanitaria que atraviesa el país.

Por lo cual la seccional ANEP-PPME se reunió de manera virtual, el pasado viernes 03 de julio, con los diputados Jonathan Prensas e Ignacio Alpízar, así como con asesores legislativos de la bancada Nueva República, con el objetivo de solicitar el apoyo al expediente Nº20.323 que le daría recursos económicos a la Policía Profesional de Migración para la contratación de personal.

“En medio de esta pandemia se tuvo que cancelar la visita de los señores diputados y diputadas a los puestos fronterizos de la Zona Norte, por lo que en vista de la importancia de este proyecto de ley se realizó la reunión de forma virtual, con oficiales de distintas unidades de la Policía Profesional de Migración, para exponer las múltiples responsabilidades laborales y la necesidad urgente de contar con más  personal, así como el deteriorado estado de muchas de las oficinas que albergan el personal y son la primera impresión que nuestros turistas perciben de Costa Rica”, manifestó Gerardo Mora Ordóñez, Presidente de la seccional ANEP-PPME.

Reunión virtual

Mora indicó, que al finalizarla reunión   los diputados del bloque de Nueva República, ofrecieron su apoyo con dicho proyecto de ley qué se encuentra en la Comisión Legislativa de Narcotráfico y Seguridad. Además, los legisladores se comprometieron a buscar otras opciones que permitan lograr el objetivo de fortalecer la Policía Profesional de Migración y Extranjería.

“Sabemos que después de que pase esta pandemia aumentarán los flujos migratorios de extranjeros, en busca de una mejor calidad de vida: por la situación económica en la que quedará el mundo y más debilitado en los países pobres, aumentarán también los delitos de trata y tráfico de personas, así como el tráfico internacional de drogas. Desde el lado positivo de la acción del Estado costarricense con respecto a la atención del Covid 19, también esperamos que sea un destino turístico recomendado y que por lo tanto aumente significativamente los ingresos de turistas internacionales, por lo que se hace necesario los recursos y nuevo personal”, externo Mora.

Otros temas

Otro de los puntos abordados durante la reunión fue el tema del Puesto Fronterizo Las Tablillas dónde oficiales de migración y extranjería atienden publicó en contenedores provisionales. Por lo que es necesario presentar un proyecto de ley para qué legalicen la creación del puesto fronterizo tal y cómo lo ordenó la Sala Constitucional. Además, se habló de la importancia de la propuesta para la creación del puesto fronterizo de control migratorio en México de Upala.

La reunión también contó con la participación del asesor legislativo de la ANEP, Roberto Zeledón.

Cartel licitatorio del Incofer generaría desempleo en tiempo de crisis

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• Unos 70 trabajadores de empresa privada que brindan el servicio operativo-logístico para el Incofer, se quedarían sin empleo en setiembre.

 • ANEP solicitó una reunión con representantes del ministerio de la Presidencia, Incofer y de la empresa Transfeco, encargada de dar mantenimiento y servicio a los trenes.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ve con suma preocupación y alarma el cartel licitatorio del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) denominado “Servicios de logística para el transporte de pasajeros en el Gran Área Metropolitana” el cual vendría a generar una mayor afectación económica y desempleo en tiempos de crisis. 

Para ANEP el cartel licitatorio del cual se están recibiendo ofertas de forma electrónica en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), amerita una valoración integral por cuanto existen temas obreros-laborales involucrados. Además, es necesario el abordaje de la vigencia de la misma actividad micro-empresarial hasta ahora participante en la prestación de los actuales servicios de logística, en vista de que nuestra organización posee representación sindical en la misma y se podría generar un conflicto social innecesario en el marco de la pandemia del Covid-19 y el riesgo inminente de más desempleo.

“Este cartel licitatorio va a perjudicar a los trabajadores de la parte operativa- logística que actualmente operan para el Incofer, ya que la licitación menciona que se requieren cobradores, pero con grado académico superior, es decir, que cuenten con bachiller o estudios universitarios. Alrededor de un 60% a 70% de los trabajadores que hacen esas funciones actualmente para el Incofer no tienen ese rango y no tienen los recursos ni las condiciones para estudiar debido a que la mayoría son cabeza de hogar.  Al solicitar esos requisitos y no tenerlos, obviamente creemos que se van a generar los despidos”, comentó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP. 

De acuerdo con Vargas, el cartel licitatorio afectará a los trabajadores que realizan el cobro tanto en el tren como en los puestos de estación y prácticamente conllevaría la renovación completa del personal, lo cual se traduce en que unos 70 trabajadores aproximadamente se quedarían sin empleo. 

“Hay mucha preocupación en los trabajadores de perder sus empleos dada la situación actual que enfrenta el país. En el caso de un cobrador del tren se les está solicitando formación académica de Tercer Año aprobado y preferiblemente Bachillerato en Educación Secundaria, prácticamente aquel que tiene bachillerato es el que va a tener más opción para obtener el puesto de cobrador. A la vez solicitan capacitaciones o certificaciones de servicio al cliente, Ley 7600, comunicación y atención de emergencias. Este cartel es discriminatorio, se podría considerar desigual en cuanto a los atestados que se les están pidiendo ahora”, agregó Vargas

Además, existen cuestiones referentes a las funciones que se les exigen y que no son propias de ese puesto que se está solicitando, este es un tema importante de definir porque los perfiles son la parte más sensible de una contratación.

El Secretario General de ANEP y su seccional en Transfeco consideran la necesidad de establecer una reunión urgente con los jerarcas del Ministerio de la Presidencia, Marcelo Prieto Jiménez, ministro y  Silvia Lara Podevano, viceministra;  así como con Presidenta Ejecutiva de Incofer, Elizabeth Briceño y la  empresa Transfeco & Cía., en representación de  Jorge Castro Murillo.

Algunas consideraciones  de ANEP que contiene el cartel que  son de cuidado tiene que ver con el establecimiento de los perfiles, las funciones asignadas  y el puesto; la validación en la elaboración de los perfiles a la población vulnerable y la realidad laboral de los colaboradores; el cartel no posee ninguna referencia de participación de género ni de población discapacitada de conformidad con la Ley de Igualdad de Oportunidades; asimismo,  los criterios de evaluación  deben de ser revisados ya que genera duda al brindar el puntaje de 100 % al precio menor es excesivo.  Aparte de las observaciones de legalidad y oportunidad del cartel, debe atenderse a los plazos previstos en la ley de contratación y su reglamento y el tipo de licitación con respecto a la una eventual objeción al cartel en atención al interés legítimo que ostentaría la persona trabajadora afectada.