Categoría: Institucional

–Poder Judicial, universidades públicas y municipalidades confrontadas con el “gendarme financiero”: la contraloría

Hace ya 9 meses de que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó en Sala IV una Acción de Inconstitucionalidad contra los contenidos más estratégico-esenciales de la denominada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635, popularmente conocida como combo fiscal.

Concretamente, se presentó el pasado 22 de marzo y se centró en dos ámbitos: el cuestionamiento profundo de que dicha legislación violentó las autonomías institucionales de rango constitucional establecidas en la Carta Magna del 7 de noviembre de 1949; por parte de las diputaciones actuales de signo ideológico-neoliberal (que son mayoría cuantitativa en la actual Asamblea Legislativa), ocurriendo así una derogatoria de facto de las estipulaciones en la materia de la actual Constitución Política, en primer lugar.

Aquí resaltamos los sensibles casos de las autonomías constitucionales violentadas del Poder Judicial, de las cinco universidades públicas, del régimen municipal, de la Caja, del ICE, del INS (entre otras).

En segundo lugar, una violentación abusiva y una no menos derogatoria constitucional de facto con relación a situaciones jurídicas consolidadas, afectando derechos sociolaborales y económico-reivindicativos de todas aquellas personas trabajadoras asalariadas de todo el sector Público costarricense, con fecha de ingreso a labores anteriores al 4 de diciembre de 2018.

Es criterio de los especialistas de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) de la ANEP, a cargo de la elaboración y presentación de la mencionada acción de inconstitucionalidad, que ninguna de estas personas asalariadas estatales debió recibir ni un centavo de rebaja en su remuneración, ni tampoco variación alguna en el método de cálculo-composición de las mismas.

A poco más de un año de la aprobación-imposición de, podríamos afirmar, la más detestada legislación aprobada desde la fundación de la Segunda República, en 1949, ni el Poder Judicial ni las universidades públicas están aplicando los contenidos abusivos de la ley 9635; y, por tanto, están en espera de que desde la misma Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia surja la reparación del más grave daño sufrido por la carta magna desde dicho año, 1949.

A nivel de la propia institucionalidad republicana afectada por la arbitraria legislación, se han presentado diversas acciones de inconstitucionalidad contra la misma, resaltando los casos de las universidades públicas y de diversas alcaldías municipales, encabezadas éstas por la de Alajuela, que fue la primera en salir a defender la autonomía constitucional del régimen municipal.

En el caso del Poder Judicial, los propios magistrados definieron, desde marzo anterior, que las nuevas regulaciones en materia de salarios para su propio personal definidas en la indicada y cuestionada ley, solamente aplicarían para el personal de ingreso con posterioridad al 4 de diciembre de 2018; precisamente la tesis de ANEP en la acción de inconstitucionalidad que están tramitándose en la Sala IV.

Ahora resulta que para el año 2020, la Contraloría General de la República (CGR), cual “gendarme financiero” del bloque neoliberal en el poder, decide pasarle por encima a la propia institucionalidad republicana que, aunque maltrecha, todavía está vigente, al ordenarle al Poder Judicial imponerle a su personal con fecha de ingreso anterior al 4 de diciembre de 2918, regulaciones salariales que, precisamente, están cuestionadas en sede constitucional (como lo plantea la acción de la ANEP), por una parte.

Por otra, rechaza a las universidades públicas el presupuesto por éstas presentado para el 2020, debido, precisamente, a las acciones inconstitucionalidades pendientes de resolución definitiva sobre su naturaleza independiente a partir del rango autonómico constitucional que tienen.

Algo gravísimo puede estar pasando que no podemos dejar de mencionar. Una de dos. O la Contraloría General de la República (CGR), sabe ya, anticipadamente, cómo será la resolución final de lo que tiene en sus manos la Sala Cuarta en los dos ámbitos de escrutinio constitucional en desarrollo, lo cual la ha envalentonado como para rechazar las aprobaciones presupuestarias del Poder Judicial y de las universidades públicas para el 2020, ejerciendo ese repudiable rol de “gendarme financiero”.

O, más grave aún, el ente contralor asume el rol de tribunal constitucional de facto, presionándole indebidamente, acrecentando así la sensación de miles de personas de que la democracia autoritaria actualmente instaurándose en el país, solamente nos augura tiempos tormentosos de imprevisibles tempestades sociales.

Finalmente, nos preguntamos: ¿Se cree la Contraloría un tribunal constitucional paralelo?; ¿ó, tendrá una coordinación política con éste en la sombra?…

San José, 22 de diciembre de 2019.

Albino Vargas Barrantes Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Por medio de una carta dirigida al Gerente General de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Roberto Cervantes Barrantes, la Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud (FECTSALUD), solicita a la institución tomar en cuenta sus propuestas sobre las jornadas extraordinarias, ya que según la Federación actualmente existe un caos sobre el tema.

“La CCSS ordenó poner en marcha ese nuevo instrumento regulador del tiempo extraordinario, a partir del día 01 de noviembre de 2019, bajo la circular GG-518-2019. Sin embargo, como lo demostramos con elementos probatorios a sus representantes institucionales y a la Ministra Geannina Dinarte Romero y el Vice Ministro Ricardo Marín Azofeifa, MTSS, en pocos días de su ejecutoria, la angustia y confusión es imperante”, indica el documento.

Según FECTSALUD, luego de la entrada en vigencia del nuevo modelo regulador del tiempo extraordinario “sobrevino un caudal de interpretaciones y manejos antojadizos en las propias bases de la representación de la Administración Activa y ponen a sudarlas Oficinas de Recursos Humanos, por cuanto, son por excelencia receptoras de un sinfín de quejas y malestares”.

Otra de las molestias de la Federación es que la CCSS no habría consultado a FECTSALUD y sus organizaciones adscritas criterio alguno respecto a las jornadas extraordinarias, esto durante las negociaciones que se dieron con otros sindicatos de la institución, el mes anterior.

“Si bien es cierto la Caja responsablemente solicitó opinión a algunas representaciones laborales sobre las directrices de su tesis normativa instrumental para regular y fundamentar su aplicación en legitimidad jurídica, el tiempo extraordinario, ésta misma deferencia no se trasladó a los sindicatos que conformamos FECTSALUD. Además, que en el periodo hubo factores incidentes en la desatención justificada laboral, como eventos de Huelga y procesos negociadores de partes, que justifican la tardía reacción laboral”, indica el documento.

Compartimos las solicitudes presentadas por la Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud a la CCSS

Solicitamos se adicionen las siguientes propuestas a la circular GG-0518-2019 de fecha 21-05-19:

1.- Las jefaturas pueden autorizar la realización y pago de tiempo extraordinario en los siguientes casos:

1. Funcionarios que realizan en la jornada ordinaria perfiles de una clase distinta y categoría superior a la que se requiere realizar en el tiempo extraordinario, cuando las categorías salariales entre ambas clases sean similares en lo que respecta al salario base. En casos de inopia de personal u otra causa debidamente justificada, se autoriza realizar tiempo extraordinario a funcionarios (incluso jefaturas), de una categoría salarial muy superior a la clase que se requiere suplir en el tiempo extra.

1. Funcionarios que han colaborado realizando tiempo extraordinario previo a la puesta en vigencia de la circular GG-0158-2019, que cuenten con el requisito legal y/o la preparación equivalente para el perfil que se requiere cubrir en el tiempo extra.

1. El tiempo extraordinario se otorga en el siguiente orden de prioridad: primero el personal disponible en el servicio o departamento, de la misma clase y categoría en la jornada ordinaria; en segunda instancia, funcionarios de la unidad programática y como tercera opción, funcionarios de otras unidades programáticas que cumplan con los requisitos legales y/o preparación equivalente para el perfil que se requiere cubrir en el tiempo extra. El reclutamiento mediante el sistema web, se puede utilizar únicamente de forma justificada, una vez agotadas todas las opciones mencionadas anteriormente.

2.- Adicionalmente solicitamos SE INSTRUYA DE INMEDIATO A LAS JEFATURAS SUPERIORES, INTERMEDIAS Y EN GENERAL:

2.1. Se abstengan de genera “reglamentación” y directrices adicionales a la circular oficial institucional, con interpretaciones impropias.

2.2. Se aplique una comunicación efectiva y literal del contenido de la circular.

2.3. Se desaplique de inmediato el reclutamiento de personal para laborar el tiempo extraordinario, mediante la página web, sistema no autorizado ni incluido en la circular GG-0518-2019.

Documento presentado por FECTSALUD

FECTSALUD,Propuesta Tiempo Extraordinario by EugenioGuerrero on Scribd