Don Arnoldo sacó con honores el bachillerato a sus 63 años, pero no se quedó ahí, ahora busca graduarse como ingeniero civil.
Este trabajador de la Municipalidad de Garabito junto a algunos compañeros impulsan comedores escolares y transporte para quienes estudian de noche y no tienen recursos.
Diputados de diferentes bancadas se comprometieron a trabajar en pro de las condiciones precarias en las que laboran los policías, tanto de Fuerza Pública y de Migración.
Este domingo fue juramentada la seccional ANEP-Tapachula, donde la mayoría de los miembros son conductores de autobús. Desde ya se comprometieron a trabajar en pro de las condiciones de trabajo de este gremio, que, históricamente ha sido explotado a nivel laboral.
Dentro de varios temas que fueron abordados por la seccional, la vicealcaldesa y el alcalde se puntualizó en la necesidad de tomar cartas en la parte de salud ocupacional, con el fin de que la fuerza obrera trabaje en las mejores condiciones.
Al único trabajador reinstalado en la empresa de buses Tapachula se le está realizando discriminación, ya que se no se le permite desempeñar ninguna acción operativa.
Como bien se manifestó durante la reunión sostenida con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el Gobierno de Alvarado Quesada le ha mentido a la población en varios puntos, al punto de que el mismo ente internacional negó ciertos puntos, como el de la venta de activos.
Por esta razón, se solicitó una nueva reunión con el FMI para presentar los diversos argumentos que comprueben que NO se necesita el préstamo.
En días recientes conocimos de la exposición que hizo el Ministro Michael Soto en la Asamblea Legislativa, en dicha comparecencia, el señor ministro dijo: “De no aprobarse la solicitud de 15.500 millones de colones de presupuesto extraordinario para este año, a fin de solventar el recorte efectuado el año pasado, el Ministerio de Seguridad Pública podría verse obligado a cerrar varias delegaciones policiales, disminuir el patrullaje y dejar al policía sin equipamiento básico”.
Al efecto, hemos conocido que, en varias delegaciones policiales ya se está aplicando una disminución en el patrullaje preventivo, ello, producto de la disminución en el presupuesto para combustible. Así mismo, en ANEP tenemos constancia de problemas con chalecos vencidos, faltante de botas, delegaciones en mal estado, que no tienen locker para resguardo de las pertenecías de nuestros uniformados, carentes de un lugar para “estar”, de un espacio para las policías es periodo de lactancia, etcétera.
A nivel ciudadano, el tema también es complejo puesto que la mayoría de personas que transitan por las calles, quienes tienen su negocio o estén dentro de su vivienda quedan aún más desprotegidos antes la delincuencia, los cuales podrán aprovechar la nula presencia para ser certeros en sus asaltos, en la venta de droga y demás delitos que afecten a la población.
La carga se hace cada vez más pesada para nuestros uniformados, que no solamente deben lidiar con el incremento en la criminalidad, el irrespeto de un sector de la sociedad, los abusos y atropellos de un sector del mando, sino que, además deben soportar trabajar en delegaciones insalubres, con plagas de ratas o cucarachas, con equipo defectuoso o en mal estado, e inclusive, con la sobre carga que representa que les hayan asignado tareas de tránsito.
Por ello, sabidos del incremento en la incursión del narcotráfico y del crimen organizado en nuestro país, lo cual se concatena con un aumento en el desempleo, es oportuno que nuestros legisladores doten del adecuado y necesario presupuesto al Ministerio de Seguridad Pública. Al mismo tiempo, es urgente que la Administración, establezca planes remediales urgentes y en atención de prioridades, para fortalecer la seguridad ciudadana, desde la dotación de insumos y condiciones dignas para la población policial.
Para declaraciones o entrevistas comunicarse con Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública al 8432-2880.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
(ANEP), a través de su Unidad de Asesoría Jurídica, logró demostrar ante el Departamento
Disciplinario Legal del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el acoso laboral
que sufría una oficial de apellido Ortega Fallas durante su periodo de
lactancia, por parte del Encargado de Sub grupo Operativo Policial de la Delegación
de Acosta.
Según la denuncia, los hechos se remontan a abril de 2017
aproximadamente, y se habrían extendió hasta junio del 2018, fecha en la que la
afectada, con la asesoría de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP,
presentó la denuncia contra el Encargado de Subgrupo de apellidos Solano Mora
ante el MSP.
Dentro de los hechos probados durante el proceso
administrativo, llevado a cabo en el Departamento Disciplinario Legal del
Ministerio de Seguridad Pública (MSP) contra Mora Solano, se determinó que:
La Hostigaba al molestarse con la denunciante, cuando ésta se
retiraba al cuarto de la delegación policial de Acosta, para extraerse la leche
materna, lo cual hacía dos veces al día. Además, de que el ahora sancionado
manifestaba que sólo tenía derecho a la hora de lactancia y, que no existía
ningún documento que autorizara para sacarse leche dándole permiso por
humanidad.
Otro de los hechos comprobados fue negarle a la ofendida que
se retirará de la delegación en el tiempo de almuerzo, para darle de mamar a su
bebé, indicándole en presencia de sus compañeros de escuadra que no era
posible, porque no podía salir de la delegación, aunque estuviera en su tiempo
de almuerzo.
Además, se comprobó que Mora Solano, interrumpía el tiempo de
extracción de leche materna de la ofendida, lo cual realizaba durante su
periodo de almuerzo y cuando apenas habían transcurrido 35 minutos, así como llamarla
insistentemente para que cubriera incidencias o saliera a dejar detenidos.
Estos hechos llevaron al Departamento Disciplinario Legal del Ministerio de Seguridad Pública a emitir una sanción en contra de Mora Solano, con 22 días de suspensión sin goce de salario. Además, se le apercibió que, de cometer cualquier otro tipo de falta, podrá ser sancionado de forma más drástica.
David Estrada de la Unidad de Asesoría Jurídica sobre resolución del caso
En ANEP defendemos Derechos Humanos. En los últimos años
hemos sido los abanderados por la dignificación de derechos en los Cuerpos
Policiales del país.
Este caso fue llevado por el abogado David Estrada Zeledón de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP.
Por tanto del Departamento Disciplinario Legal del MSP
La Seccional ANEP-Bibliotecólogos y afines solicitó en
una reunión con representantes del Servicio Civil una recalificación de las
funciones en la profesión de bibliotecología.
Karla Torres Vargas, presidenta de la Seccional de ANEP explicó que en el encuentro se analizaron dos aspectos importantes; uno está relacionado con las funciones que se están dando bajo el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SINABI) y el otro, es de aquellos profesionales que también trabajan en educación para el Ministerio de Educación Pública (MEP).
Torres agregó de que son varios factores los que influyeron para que se generara ese cambio de funciones en los bibliotecólogos, por lo tanto, solicitan un reajuste por el recargo adicional a las labores que anteriormente realizaban.
Además, lucharán para que se resuelva un nuevo problema con el cambio de funciones, ya que muchos debieron estudiar una segunda carrera para acoplarse a los cambios implementados, sin embargo, no reciben reconocimiento por ello.
El Ministerio de Educación Pública cuenta con alrededor de 960 bibliotecas en todo el territorio nacional y 389 Bibliocra (Centros de Recursos para el Aprendizaje).
¡Esclavitud laboral!, eso es lo que viven diversos choferes de autobús
de la empresa Biusa, luego de que la Dirección Nacional de Inspección Laboral
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), comprobara mediante una
inspección a la empresa de transportes ante diversas denuncias de explotación
laboral, que algunos choferes deben de laborar hasta 19 horas diarias.
Así lo muestra el Acta Adicional de Inspección y Prevención del 6 de
noviembre del 2019, código #SJ-IF06988-19, en poder de la Asociación Nacional
de Empleados Públicos y Privados (ANEP), donde se determina la violación al
Código de Trabajo por parte de la empresa autobusera que presta el servicio en
diversas rutas del país.
“Se logró demostrar en las
entrevistas y en los comprobantes de pago facilitado por el patrono que los
horarios cumplidos por los choferes superan las doce horas diarias, iniciando
con horarios desde las 4:00 a.m. y teniendo una hora de salida incierta,
laborando hasta 19 horas diarias en algunos de los casos”, indica el acta de
inspección.
Según el documento, la empresa estaría violentando el Artículo 140 del
Código de Trabajo, ya que la legislación laboral nacional establece que la
máxima jornada laboral es de doce horas, sumando la jornada ordinaria y la
extraordinaria; por lo que se debe de eliminar la práctica de hacer a los
trabajadores y trabajadoras laborar jornadas superiores a las doce horas
diarias.
Para la ANEP esta situación no puede pasar desapercibida, ya que
resulta intolerable desde cualquier punto de vista y no tiene otro nombre que
esclavitud laboral.
“Se requiere una intervención política al más alto nivel de la cartera
ministerial de Trabajo y Seguridad Social, porque se tiene que sentar las
responsabilidades del caso. Sabemos que el empresariado de autobús tiene
muchísimo poder en este país, pero ello no los hace inmunes para irrespetar la
legislación laboral, incluso los mismos principios de los derechos humanos”,
expresó el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes.
Vargas agregó que “hay un doble riesgo, no sólo la salud laboral del chofer si no también la seguridad de los usuarios del autobús, por eso hay que denunciar fuertemente, no basta con una inspección, el Ministerio de Trabajo debe sentar un precedente”.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Pago de horas extraordinarias
Asimismo, la inspección realizada por la Dirección Regional determinó
que la empresa no realizó el pago correspondiente por las jornadas extraordinarias
laboradas por los choferes de autobús, violentado los Artículos 136 y 139 del
Código de Trabajo, por lo que los inspectores fueron tajantes al recordarle a
la empresa lo establecido por la ley sobre la remuneración por tiempo
extraordinario.
Debido a esto la Dirección Nacional de Inspección previno a la
compañía Biusa para que, en el plazo de 10 días a partir de la notificación,
corrija las infracciones registradas, cuyo cumplimiento quedará sujeto a una
nueva inspección. En caso de incumplimiento y de mantenerse las violaciones al
Código de Trabajo detectadas el caso se elevará a instancias judiciales.
Acta Adicional de Inspección y Prevención del MTSS
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.