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Recordemos que venimos hablando del enorme esfuerzo impulsado por más de 200 organizaciones y movimientos de la sociedad civil global que luchan por la “Elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras con respecto a los Derechos Humanos”.

Recordemos que se trata de la “Campaña Global para reivindicar la Soberanía de los Pueblos, desmantelar el poder de las transnacionales y poner fin a la impunidad”.

Indicamos que a nivel del movimiento obrero la corriente sindical más representativa de nuestro continente, la Confederación de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA), en la cual militamos ahora, está inmersa en este proceso.

La semana pasada mencionamos las seis propuestas fundamentales lanzadas por la campaña en mención que deberían estar incluidas en el eventual tratado internacional sobre Derechos Humanos y empresas transnacionales (ETN’s) a emitirse por las Naciones Unidas (ONU).

Hoy comentaremos sobre una de ellas: la que plantea el establecimiento de un tribunal internacional sobre empresas transnacionales (ETN’s) y Derecho Humanos.

Se imaginan ustedes que una poderosa ETN sea sentada en el banquillo de los acusados tal y como ha pasado con criminales de guerra, genocidas y dictadores que han cometido crímenes de lesa humanidad.

Las ETN podrían ser acusadas, enjuiciadas y condenadas por graves daños a la ecología y al medio ambiente en función de sus actividades extractivas y depredadoras; podrían tener responsabilidades penales por sobreexplotación obrero-laboral violando los principios del Trabajo Decente que ha emitido, pregona y promueve la Organización Internacional del Trabajo (OIT); podría enjuiciárseles por intromisión en la política interna de los países conspirando contra la Democracia y/o contra gobiernos nacionalistas, progresistas, soberanistas y volcados a la promoción del bien común y de la inclusión social; podrían recibir sentencias por ser evasoras y ladronas de impuestos; porque impulsan tráfico de influencias y compran a políticos, tecnócratas y otros funcionarios para ganar contratos y licitaciones…

“La impunidad con la que actúan las Empresas Transnacionales (ETN’s) a lo largo del planeta responde, desde una perspectiva jurídica, a la falta de normas vinculantes sobre las actividades de las empresas transnacionales y a la ausencia de mecanismos internacionales de control y aplicación de las mismas”.

Este tribunal sobre empresas transnacionales (ETN’s) y Derechos Humanos tendrá, al menos, cuatro funciones principales: “A) Complementar los mecanismos universales, regionales y nacionales de protección de los derechos humanos. B) Respaldar que las personas y comunidades afectadas tengan acceso a una instancia judicial internacional independiente para la obtención de justicia por las violaciones de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y medioambientales y que el Tribunal Internacional sea el encargado de investigar las mismas. C) Garantizar la plena reparación de las víctimas y el castigo a las empresas transnacionales y sus responsables. D) Juzgar las denuncias interpuestas contra las empresas transnacionales, Estados e Instituciones Internacionales Económico-Financieras por violaciones de derechos humanos y por la responsabilidad civil y penal de crímenes económicos, corporativos y ecológicos internacionales”.

De ellos nos habla el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), al publicar un artículo de un investigador social de renombre por estas latitudes, el señor Juan Hernández Zubizarreta (ALAI-América Latina en Movimiento, nº 520, diciembre de 2016).

Valga informarles que el OMAL es un proyecto español de ciudadanía consciente dedicado a: 1) Documentar y sistematizar la información sobre los impactos sociales, ambientales, culturales, económicos y sobre los derechos humanos que han sido generados por la actuación de las empresas transnacionales españolas en América Latina. 2) Investigar y denunciar las consecuencias de la presencia de las multinacionales españolas en América Latina, con el fin de sensibilizar sobre ello a la población latinoamericana y del Estado español. 3) Trabajar en red con los movimientos sociales europeos y latinoamericanos que resisten frente al poder de las corporaciones transnacionales, promoviendo unas relaciones sociales justas y solidarias entre los hombres y las mujeres del Norte y el Sur”.

El autor que citamos nos plantea lo siguiente: “Las normas de comercio e inversiones de carácter internacional protegen los intereses de las empresas transnacionales con normas exigibles y justiciables, lo que provoca una fuerte asimetría entre los derechos y las obligaciones de las ETN’s en materia de derechos humanos”.

Además puntualiza en algo realmente notable: “Los derechos de las empresas transnacionales se tutelan por un ordenamiento jurídico global basado en reglas de comercio e inversiones cuyas características son imperativas, coercitivas y ejecutivas, mientras que sus obligaciones se remiten a ordenamientos nacionales sometidos a la lógica neoliberal, a un Derecho Internacional de los Derechos Humanos manifiestamente frágil y a una Responsabilidad Social Corporativa (RSC) voluntaria, unilateral y sin exigibilidad jurídica”.

He aquí la esencia de este tribunal: “El Tribunal Internacional dispondrá de una organización y funcionamiento autónomo e independiente en el marco de las Naciones Unidas y de sus Estados miembros y las sentencias y sanciones serán ejecutivas y de obligado cumplimiento”. ¿Por qué?

Porque actualmente las obligaciones de las ETN “…se remiten a ordenamientos nacionales sometidos a la lógica neoliberal, a un Derecho Internacional de los Derechos Humanos manifiestamente frágil y a una Responsabilidad Social Corporativa (RSC) voluntaria, unilateral y sin exigibilidad jurídica”.

Don Juan Hernández Zubizarreta es categórico: “En el actual contexto histórico los pueblos y los movimientos sociales reclaman que el nuevo Tratado Internacional contenga normas de obligado cumplimiento plena exigibilidad y por tanto se superen las normas de soft law o derecho blando. No obstante, esta premisa resulta insuficiente si no se acompaña de un Tribunal Internacional que transforme las normas exigibles en plenamente justiciables. El Tribunal Internacional para el control de ETN’s y los DD.HH. debe articularse en torno a diversas propuestas y tribunales ya existentes”.

Lo que se nos está diciendo es que ese tribunal para juzgar a las ETN en el marco de las violaciones que comentan en materia de Derechos Humanos políticos, económicos, sociales, culturales y ecológicos; que el eventual tratado internacional que lo instituya, debe concatenarse con la normativa ya existente y de carácter obligante en materia de los diversos pactos globales sobre esos derechos.

Los vendría a complementar potenciando todavía más la supremacía de los Derechos Humanos globalmente concebidos como matriz estratégica crucial para la misma supervivencia de la Democracia y de la Humanidad misma.

Este tema es extraordinariamente importante y apasionante. Vamos a dejarlo hasta aquí, pero, con seguridad, tenemos que volver sobre el mismo.

Por lo pronto le vamos a preguntar al actual Gobierno de la República, a la cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (RR.EE.), si Costa Rica está en este proceso “Elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras con respecto a los Derechos Humanos”; y si lo está cuál es la posición-país que hemos estado asumiendo.

Y si no lo está, cuáles serían las razones para “estar viendo para otro lado” en un asunto de tanta trascendencia global para la Humanidad.

De nuestra carta-pregunta y la eventual respuesta que recibamos les hemos de comentar en su momento.

Este asunto no puede sernos ajenos para quienes somos de la tesis de que “Otro mundo es posible”.

Segundo cuadro: Este jueves 11 y viernes 12 de agosto más de 135 jóvenes se darán cita en el II Encuentro de Juventudes Anepistas patrocinado por el Banco Popular y que se desarrollará en la sede del ICAES en Coronado desde la 8:00 a.m.

Una cosa tengo clara: la disputa entre los taxistas formales (fuerza roja) y Uber, es un asunto que pasa por un tema de legalidad y de atención política. Así las cosas, ese “pleito” es entre tres: taxistas, Uber y el Gobierno. Por lo sucedido en la manifestación de taxistas, todo parece indicar que el ganador de momento es el Gobierno el cual, al menos por un día, consigue que la sociedad olvide sus constantes desaciertos.

Como todos sabemos, en nuestro país se realizan diversas marchas, todas dicen ser pacíficas, invocándose el derecho a la manifestación. Es así como vemos marchas por los derechos de los animales, por los derechos de la población LGBT, marchas de grupos religiosos, de ambientalistas, de estudiantes, de trabajadores, de los que están a favor y de los que están en contra. Todos consideran que el derecho les asiste.

En efecto, la manifestación es un derecho. Lo que no está contemplado como tal y, por lo tanto, resulta en contrario sensu ilegal, es el bloqueo de vías, el exhibicionismo (escenas de corte sexual), y todo aquello que irrespete el derecho ajeno y/o el orden constitucional.

Lamentablemente en esta situación (pleito entre tres), aparece en escena un actor que se presenta por mandato, por orden superior, por ser el “apaga incendios”. Estos llegan ante la incapacidad política para resolver conflictos y ante la intolerancia de unos y otros. Nos referimos por supuesto a la Fuerza Pública, el brazo fuerte del Estado, nuestra policía civilista constitucionalmente llamada al resguardo de la soberanía, el orden público y las demás competencias que la ley le confiere.

Si se hace un análisis legal de la situación, evidentemente los taxistas llevan razón, la llevan en el sentido de que la competencia es desleal, por cuanto la transnacional Uber, no estaría pagando pólizas, impuestos, cargas sociales, etcétera. Pareciera ser que Uber se aprovecha de un vacío legal para operar al margen de la ley. Este tema debería ser resuelto por el Gobierno y por los entes competentes, sobre todo siendo nuestro país un Estado de Derecho. No obstante, los señores de la Fuerza Roja deben reflexionar, deben hacerlo en lo siguiente: Brindar servicio así sea un trayecto corto, usar lenguaje respetuoso con sus clientes, no alterar la maría y vestir de buena forma, entre algunos aspectos elementales. Evidentemente, estas no son situaciones de mayoría en el gremio; sin embargo, es lo que queda en la impresión de la gente y esto negativo es utilizado maliciosamente, en contra de todos.

Volviendo al caso de la Fuerza Pública, un día odiada y otro día amada, según sean las circunstancias, los intereses y los beneficiados, se convierte finalmente en la que impone la autoridad, misma está en la obligación de actuar e intervenir cuando las circunstancias así lo exigen.

Si partimos de esa premisa, la Fuerza Pública debería ser una de las instituciones mejor dotadas, mejor acondicionadas, y mejor pagadas como parte de los trabajadores del sector público. Pero eso no es así. ¿Por qué no es así? ¿Será acaso porque contrario a los demás sectores, tenemos prohibición de hacer huelga o manifestaciones, al menos estando uniformados?

¿No les parece que los trabajadores de la Fuerza Pública y de los demás cuerpos policiales merecen mejores condiciones, edificaciones dignas, jornadas de trabajo justas que les permita la posibilidad de socializar, de estudiar, de hacer deporte, de compartir en familia? Es justa por ello nuestra causa, es válido nuestro reclamo constante a las autoridades ministeriales, que muchas veces le dan tratamiento cual “desecho” a funcionarios que luego de darlo todo en un cumplimiento, vieron reducida su capacidad física.

Es válido por lo antes descrito, nuestro reclamo de equidad en jornadas de trabajo, de trato justo en los procesos disciplinarios, porque vemos como se firma fácilmente el despido de compañeros que, en cumplimiento de su deber, o en acatamiento de una orden superior, resultan acusados de abuso de autoridad. Volviendo ese policía a su condición de civil, expuesto a las venganzas de las personas que por alguna razón hubiese intervenido, y ni qué decir de la delincuencia.

Por eso, reitero: ¿qué será de ustedes, los gobernantes, el día que los policías se cansen de ser su “trapito” de dominguear, de ser los que apagan los “incendios” que ustedes provocan?; ese día desearan habernos escuchado…

Sin sindicatos no hay democracia. No hay democracia sin sindicatos. Tan es así que los patronos tienen los suyos. Se llaman cámaras. Y hasta tienen una central de sindicatos empresariales: la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep). Otro ejemplo: en el caso de la actividad exportadora del país, los empresarios de la misma tienen también su sindicato: la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco).

Ahora bien, en el caso de la clase trabajadora, tanto la que tiene empleo fijo, como la que está en la informalidad, e incluso la que está desempleada, también tiene acceso a la organización sindical, la de corte obrero-laboral.

Ambas formas de organización sindical, la patronal y la laboral, se respaldan en el mismo artículo de la actual Constitución Política de Costa Rica, el 60, que textualmente indica lo siguiente: Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales.

Parece que a los colegas sindicalistas de la patronal-empresarial les resulta más fácil la unidad de lo que nos resulta a nosotros, los colegas sindicalistas del lado obrero-social. En este último caso, la principal característica es la gran diversidad y la enorme multiplicidad de sindicatos. Esto plantea, por un lado, grandes desafíos para una unidad entre ellos, pero cuando al menos, en el plano de la acción esta se da, el potencial de incidencia en las decisiones nacionales aumenta considerablemente.

Aprovechando la extraordinaria y maravillosa oportunidad que significa publicar todas las semanas esta columna de opinión (lo que es posible dado el apego estricto de Diario Extra y del Grupo Extra a los valores y principios de la libertad de expresión); y sin ánimo de protagonismo alguno, les compartimos la buena nueva que representa el proceso de Unidad Sindical en la Acción que ha venido conformándose en las últimas semanas, en torno a tres de los temas más candentes de los últimos meses de la agenda nacional, mismos que están evidenciando una fuerte polarización con episodios parciales de confrontación social abierta de alta notoriedad pública.

Hablamos del empleo público, del déficit fiscal y de la justicia tributaria. Son tres temas interconectados entre sí, mismos que de un modo u otro, en distintas dimensiones, de manera directa e indirecta, están involucrando a todo el país, a toda la sociedad, a toda la clase trabajadora, al empresariado; en fin, a todos los sectores componentes de la misma.

Mediando entre los representantes y líderes participantes de este proceso de Unidad Sindical en la Acción altos niveles de tolerancia, de respeto mutuo, de transparencia, con paciencia y con fuerte vocación de actuar consecuente para con los diferentes sectores sociolaborales que se aglutinan en cada organización participante; se ha llegado a una comunidad de ideas, de visión y de potenciación de acciones colectivas en estos cuatro considerandos fundamentales.

UNO. Que las medidas contenidas en los proyectos de ley de empleo público, aumentarán la ya de por sí preocupante desigualdad en nuestro país; precarizando el salario y poniendo en riesgo el empleo, aumentando la notable sobreexplotación laboral presente en muchos grupos de servidores públicos, igualando hacia abajo la política salarial del país, generando una disminución directa del papel del Estado Social mediante una política de recorte de la inversión social y despidos en el sector Público.

DOS. Que datos oficiales demuestran cada vez con más contundencia, como en nuestro país la causa del déficit fiscal no radica en los salarios del sector público, sino por ejemplo, en aspectos relacionados con la estafa al fisco en todas sus formas (8.5 puntos del PIB), el modelo de exenciones y exoneraciones (6 puntos del PIB), la fuga aduanera producto de las firmas de TLC’s (2.5 puntos del PIB), entre otros. Lo cual demuestra que no somos los y las trabajadores los responsables de la situación en las finanzas del Estado.

TRES. Que existe una necesidad impostergable de proveer al fisco de ingresos sanos en condiciones de justicia tributaria, en procura de garantizar la prestación estatal de servicios oportunos y de calidad, que dignifiquen la calidad de vida de la ciudadanía, y contribuyan con la inclusión social robusteciendo el bienestar de la sociedad costarricense.

CUATRO. Que miles de personas trabajadoras y sus familias, en el marco de las organizaciones que pertenecemos o más allá de las mismas, anhelan con ansias la cristalización de esfuerzos de unidad en la acción, que en el caso del sector público logren hacer frente a la constante amenaza de reducción de las garantías laborales, y en el caso del sector privado, contribuya a un mayor respeto a los derechos laborales individuales y colectivos vigentes en el país.

En este proceso de Unidad Sindical en la Acción están organizaciones y sindicatos que tienen membrecía directa, práctica cotidiana, ámbitos de cobertura, zonas de influencia y de incidencia, en áreas de los servicios públicos tales como educación, salud y seguridad social; electricidad, telecomunicaciones, energía, combustibles, agua y alcantarillado; policías, puestos fronterizos y aeropuertos, municipalidades, ministerios y entes adscritos a los mismos (como servicios de aduanas, penitenciarios, salud preventiva, parques nacionales, agricultura y ganadería), puertos, trabajo y asistencia social, entre otros.

Además, se han incluido en este proceso autorizadas voces y experimentadas organizaciones que trabajan en el ámbito de la sindicalización en el sector privado, el también relevante del mercado laboral informal y con importantes segmentos de población trabajadora migrante.

Este proceso de Unidad Sindical en la Acción, precisamente plantea el desafío de impulsar acciones colectivas necesarias para: a) Promover una reforma tributaria que se base en el principio de que “los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres”; b) exigir al Gobierno no enviar al período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa ningún proyecto de ley que afecte la inversión estatal, los derechos laborales, el empleo y los salarios públicos; c) exigir al Poder Legislativo el archivo definitivo de los expedientes que afecten la inversión estatal, los derechos laborales, el empleo y los salarios públicos; d) respaldar la aprobación de proyectos de ley orientados a que el sistema tributario de nuestro país se oriente hacia una mayor justicia tributaria.

Uno de los aspectos más relevantes de este proceso de Unidad Sindical en la Acción es que se ha gestado y desarrollado únicamente con el esfuerzo directo de las personas dirigentes y representantes de las organizaciones que han venido participando, sin intervención de terceros de ninguna especie; mostrándose, repetimos, una madurez tolerante de la diversidad en estricto apego al clamor constante y urgentemente planteado por parte de las diferentes bases sociolaborales que están en cada agrupación; clamor que puede resumirse en una sola palabra de profundo significado en estos duros momentos de gran dificultad para la clase trabajadora: ¡únanse!