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Con la parte 6 de la próxima semana, Dios mediante, concluiremos esta serie de comentarios sobre el SINDICALISMO DEL BICENTENARIO, pues lo que queda es ponernos a trabajar para estructurar la propuesta con todos los insumos apuntados en las cuatro entregas anteriores, los que agregamos hoy y los de hoy en ocho.

La verdad es que, por un lado, el tema SINDICALISMO DEL BICENTENARIO puede tener una sustentación de profundo contenido estratégico desde la perspectiva de que la política dejó de ser, hace ya bastante tiempo, monopolio de los partidos políticos aunque éstos seguirán existiendo; por otro, que ante democracias que sufren una especie de secuestro corporativo, que han sido privatizadas (como lo plantean ya varios estudiosos), correspondería a la sociedad civil organizada (incluyendo los sindicatos), potenciarse con propuestas de hondo calado y de inserción fuerte y movilizadora en el tejido social para construir un sujeto político de base que “desprivatice” las democracias cuyos procesos electorales implican enormes cantidades de capital y de dinero que no tienen los sectores populares y cívicos.

La preparación para procesos de alta incidencia político-estratégica en el rumbo que deben tener políticas públicas hacia la promoción del bien común y la integración social, pareciera representar un serio pero riquísimo desafío en una sociedad como la costarricense de hoy; misma que muestra una ciudadanía decepcionada con la política-electoral al punto de que entre un 50 y 70 por ciento no desea apuntarse en nada en tal ámbito. O, al menos, nada (partido) ni nadie (candidato) le emociona y le motiva en estos momentos.

La PLADA: Plataforma de Desarrollo de las Américas es un documento realmente inspirador en la dirección apuntada, es decir, la alta incidencia político-estratégica desde la “bajura” hacia la superestructura política tan desacreditada.

La Confederación de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA), que es en los actuales momentos la más grande y la más representativa corriente sindical de nuestro continente tardó más de una década en su elaboración, mediando un extraordinario esfuerzo de articulación intersectorial; de estudio, análisis y reflexión; de elaboración teórica y propositiva, como para que hoy tengamos el mejor documento sindical de los últimos tiempos en esta región americana. La PLADA es una integral guía para la acción sociopolítica en cuatro dimensiones (política, económica, social y ambiental), que podemos adaptar para la realidad costarricense en una propuesta de SINDICALISMO DEL BICENTENARIO.

“Más democracia, más derechos, por más y mejores empleos” eje fundamental que inspiró, precisamente, el tercer congreso de la CSA, celebrado el pasado mes de abril de 2016 en Sao Paulo, Brasil, complementa la PLADA. Se trata del documento base y de las resoluciones para un programa sindical amplio y de trabajo pues tiene orientaciones sobre Desarrollo Sustentable; sobre tratados de libre comercio y tratados de protección de inversiones; sobre poder corporativo, multinacionales y cadenas globales de producción; sobre alianzas sociales; sobre Paz, Democracia y Derechos Humanos; democratización de las comunicaciones; reforma agraria; juventud trabajadora; equidad e igualdad de género, por ejemplo.

Una propuesta de SINDICALISMO DEL BICENTENARIO tiene un extraordinario material para construirse con estas tesis planteamiento de Sindicalismo Sociopolítico de la CSA.

En el 2009 escribimos un trabajo que titulamos _“El sindicalismo en tiempos de TLC’s”, planteando nuestro criterio sobre el concepto de Sindicalismo Ciudadano que definíamos en ese momento así: “Es el involucramiento comprometido y activo de las diferentes personas integrantes de la organización sindical que se insertan en la vida social activa de sus comunidades, a lo interno de sus diversas expresiones organizativas ya creadas (o fomentando su creación), generando la construcción y el desarrollo de una corriente de pensamiento y de una práctica política que garantice el compromiso del Estado con la ciudadanía en cuanto a la provisión de la serie de servicios públicos imprescindibles para el bienestar colectivo; y, a la vez, incentivando, desde la perspectiva sindical, la acción ciudadana para mayores conquistas en cuanto a derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales; aportando así para la construcción de la nueva hegemonía política restauradora de la promoción del bien común como norma fundamental de la convivencia social”. _

Este escrito nuestro se inspiró en una especie de proclama de contenido ético lanzada un año antes, el 2008, denominada Sindicalismo Rebelde. Habría que analizarla a la luz de las circunstancias sociopolíticas actuales de nuestro país.

¡Bueno! Eso de Sindicalismo Ciudadano que lo escribimos en el 2009, ¿estará desactualizado? ¿Podría el Sindicalismo Ciudadano así conceptuado aportar a la base de un pensamiento para el SINDICALISMO DEL BICENTENARIO? ¿Y qué tal sería el cruce de ambos con el Sindicalismo Sociopolítico de la PLADA y del documento “¿Más democracia, más derechos, por más y mejores empleos”, que son las resoluciones del tercer congreso de la CSA? ¿Qué podría salir de todo ello?… Como apuntamos al principio, la semana próxima terminamos estas series.

Durante este período
Ha crecido el descontento,
Lo que esta generando
Mucho movimiento.

Por todos los lugares,
Hay personas molestas,
Y eso desemboca
En paros y protestas.

Por el tema del empleo
Y la educación dual,
El problema del transporte
Y el aumento salarial.

Hay muchas protestas
Por todos los rincones,
Porque este gobierno
No ofrece soluciones.

La gente esta molesta
Con Luis Guillermo Solìs,
Porque ha sido incapaz
De conducir el país.

Recordemos que venimos hablando del enorme esfuerzo impulsado por más de 200 organizaciones y movimientos de la sociedad civil global que luchan por la “Elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras con respecto a los Derechos Humanos”.

Recordemos que se trata de la “Campaña Global para reivindicar la Soberanía de los Pueblos, desmantelar el poder de las transnacionales y poner fin a la impunidad”.

Indicamos que a nivel del movimiento obrero la corriente sindical más representativa de nuestro continente, la Confederación de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA), en la cual militamos ahora, está inmersa en este proceso.

La semana pasada mencionamos las seis propuestas fundamentales lanzadas por la campaña en mención que deberían estar incluidas en el eventual tratado internacional sobre Derechos Humanos y empresas transnacionales (ETN’s) a emitirse por las Naciones Unidas (ONU).

Hoy comentaremos sobre una de ellas: la que plantea el establecimiento de un tribunal internacional sobre empresas transnacionales (ETN’s) y Derecho Humanos.

Se imaginan ustedes que una poderosa ETN sea sentada en el banquillo de los acusados tal y como ha pasado con criminales de guerra, genocidas y dictadores que han cometido crímenes de lesa humanidad.

Las ETN podrían ser acusadas, enjuiciadas y condenadas por graves daños a la ecología y al medio ambiente en función de sus actividades extractivas y depredadoras; podrían tener responsabilidades penales por sobreexplotación obrero-laboral violando los principios del Trabajo Decente que ha emitido, pregona y promueve la Organización Internacional del Trabajo (OIT); podría enjuiciárseles por intromisión en la política interna de los países conspirando contra la Democracia y/o contra gobiernos nacionalistas, progresistas, soberanistas y volcados a la promoción del bien común y de la inclusión social; podrían recibir sentencias por ser evasoras y ladronas de impuestos; porque impulsan tráfico de influencias y compran a políticos, tecnócratas y otros funcionarios para ganar contratos y licitaciones…

“La impunidad con la que actúan las Empresas Transnacionales (ETN’s) a lo largo del planeta responde, desde una perspectiva jurídica, a la falta de normas vinculantes sobre las actividades de las empresas transnacionales y a la ausencia de mecanismos internacionales de control y aplicación de las mismas”.

Este tribunal sobre empresas transnacionales (ETN’s) y Derechos Humanos tendrá, al menos, cuatro funciones principales: “A) Complementar los mecanismos universales, regionales y nacionales de protección de los derechos humanos. B) Respaldar que las personas y comunidades afectadas tengan acceso a una instancia judicial internacional independiente para la obtención de justicia por las violaciones de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y medioambientales y que el Tribunal Internacional sea el encargado de investigar las mismas. C) Garantizar la plena reparación de las víctimas y el castigo a las empresas transnacionales y sus responsables. D) Juzgar las denuncias interpuestas contra las empresas transnacionales, Estados e Instituciones Internacionales Económico-Financieras por violaciones de derechos humanos y por la responsabilidad civil y penal de crímenes económicos, corporativos y ecológicos internacionales”.

De ellos nos habla el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), al publicar un artículo de un investigador social de renombre por estas latitudes, el señor Juan Hernández Zubizarreta (ALAI-América Latina en Movimiento, nº 520, diciembre de 2016).

Valga informarles que el OMAL es un proyecto español de ciudadanía consciente dedicado a: 1) Documentar y sistematizar la información sobre los impactos sociales, ambientales, culturales, económicos y sobre los derechos humanos que han sido generados por la actuación de las empresas transnacionales españolas en América Latina. 2) Investigar y denunciar las consecuencias de la presencia de las multinacionales españolas en América Latina, con el fin de sensibilizar sobre ello a la población latinoamericana y del Estado español. 3) Trabajar en red con los movimientos sociales europeos y latinoamericanos que resisten frente al poder de las corporaciones transnacionales, promoviendo unas relaciones sociales justas y solidarias entre los hombres y las mujeres del Norte y el Sur”.

El autor que citamos nos plantea lo siguiente: “Las normas de comercio e inversiones de carácter internacional protegen los intereses de las empresas transnacionales con normas exigibles y justiciables, lo que provoca una fuerte asimetría entre los derechos y las obligaciones de las ETN’s en materia de derechos humanos”.

Además puntualiza en algo realmente notable: “Los derechos de las empresas transnacionales se tutelan por un ordenamiento jurídico global basado en reglas de comercio e inversiones cuyas características son imperativas, coercitivas y ejecutivas, mientras que sus obligaciones se remiten a ordenamientos nacionales sometidos a la lógica neoliberal, a un Derecho Internacional de los Derechos Humanos manifiestamente frágil y a una Responsabilidad Social Corporativa (RSC) voluntaria, unilateral y sin exigibilidad jurídica”.

He aquí la esencia de este tribunal: “El Tribunal Internacional dispondrá de una organización y funcionamiento autónomo e independiente en el marco de las Naciones Unidas y de sus Estados miembros y las sentencias y sanciones serán ejecutivas y de obligado cumplimiento”. ¿Por qué?

Porque actualmente las obligaciones de las ETN “…se remiten a ordenamientos nacionales sometidos a la lógica neoliberal, a un Derecho Internacional de los Derechos Humanos manifiestamente frágil y a una Responsabilidad Social Corporativa (RSC) voluntaria, unilateral y sin exigibilidad jurídica”.

Don Juan Hernández Zubizarreta es categórico: “En el actual contexto histórico los pueblos y los movimientos sociales reclaman que el nuevo Tratado Internacional contenga normas de obligado cumplimiento plena exigibilidad y por tanto se superen las normas de soft law o derecho blando. No obstante, esta premisa resulta insuficiente si no se acompaña de un Tribunal Internacional que transforme las normas exigibles en plenamente justiciables. El Tribunal Internacional para el control de ETN’s y los DD.HH. debe articularse en torno a diversas propuestas y tribunales ya existentes”.

Lo que se nos está diciendo es que ese tribunal para juzgar a las ETN en el marco de las violaciones que comentan en materia de Derechos Humanos políticos, económicos, sociales, culturales y ecológicos; que el eventual tratado internacional que lo instituya, debe concatenarse con la normativa ya existente y de carácter obligante en materia de los diversos pactos globales sobre esos derechos.

Los vendría a complementar potenciando todavía más la supremacía de los Derechos Humanos globalmente concebidos como matriz estratégica crucial para la misma supervivencia de la Democracia y de la Humanidad misma.

Este tema es extraordinariamente importante y apasionante. Vamos a dejarlo hasta aquí, pero, con seguridad, tenemos que volver sobre el mismo.

Por lo pronto le vamos a preguntar al actual Gobierno de la República, a la cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (RR.EE.), si Costa Rica está en este proceso “Elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras con respecto a los Derechos Humanos”; y si lo está cuál es la posición-país que hemos estado asumiendo.

Y si no lo está, cuáles serían las razones para “estar viendo para otro lado” en un asunto de tanta trascendencia global para la Humanidad.

De nuestra carta-pregunta y la eventual respuesta que recibamos les hemos de comentar en su momento.

Este asunto no puede sernos ajenos para quienes somos de la tesis de que “Otro mundo es posible”.

Segundo cuadro: Este jueves 11 y viernes 12 de agosto más de 135 jóvenes se darán cita en el II Encuentro de Juventudes Anepistas patrocinado por el Banco Popular y que se desarrollará en la sede del ICAES en Coronado desde la 8:00 a.m.

Una cosa tengo clara: la disputa entre los taxistas formales (fuerza roja) y Uber, es un asunto que pasa por un tema de legalidad y de atención política. Así las cosas, ese “pleito” es entre tres: taxistas, Uber y el Gobierno. Por lo sucedido en la manifestación de taxistas, todo parece indicar que el ganador de momento es el Gobierno el cual, al menos por un día, consigue que la sociedad olvide sus constantes desaciertos.

Como todos sabemos, en nuestro país se realizan diversas marchas, todas dicen ser pacíficas, invocándose el derecho a la manifestación. Es así como vemos marchas por los derechos de los animales, por los derechos de la población LGBT, marchas de grupos religiosos, de ambientalistas, de estudiantes, de trabajadores, de los que están a favor y de los que están en contra. Todos consideran que el derecho les asiste.

En efecto, la manifestación es un derecho. Lo que no está contemplado como tal y, por lo tanto, resulta en contrario sensu ilegal, es el bloqueo de vías, el exhibicionismo (escenas de corte sexual), y todo aquello que irrespete el derecho ajeno y/o el orden constitucional.

Lamentablemente en esta situación (pleito entre tres), aparece en escena un actor que se presenta por mandato, por orden superior, por ser el “apaga incendios”. Estos llegan ante la incapacidad política para resolver conflictos y ante la intolerancia de unos y otros. Nos referimos por supuesto a la Fuerza Pública, el brazo fuerte del Estado, nuestra policía civilista constitucionalmente llamada al resguardo de la soberanía, el orden público y las demás competencias que la ley le confiere.

Si se hace un análisis legal de la situación, evidentemente los taxistas llevan razón, la llevan en el sentido de que la competencia es desleal, por cuanto la transnacional Uber, no estaría pagando pólizas, impuestos, cargas sociales, etcétera. Pareciera ser que Uber se aprovecha de un vacío legal para operar al margen de la ley. Este tema debería ser resuelto por el Gobierno y por los entes competentes, sobre todo siendo nuestro país un Estado de Derecho. No obstante, los señores de la Fuerza Roja deben reflexionar, deben hacerlo en lo siguiente: Brindar servicio así sea un trayecto corto, usar lenguaje respetuoso con sus clientes, no alterar la maría y vestir de buena forma, entre algunos aspectos elementales. Evidentemente, estas no son situaciones de mayoría en el gremio; sin embargo, es lo que queda en la impresión de la gente y esto negativo es utilizado maliciosamente, en contra de todos.

Volviendo al caso de la Fuerza Pública, un día odiada y otro día amada, según sean las circunstancias, los intereses y los beneficiados, se convierte finalmente en la que impone la autoridad, misma está en la obligación de actuar e intervenir cuando las circunstancias así lo exigen.

Si partimos de esa premisa, la Fuerza Pública debería ser una de las instituciones mejor dotadas, mejor acondicionadas, y mejor pagadas como parte de los trabajadores del sector público. Pero eso no es así. ¿Por qué no es así? ¿Será acaso porque contrario a los demás sectores, tenemos prohibición de hacer huelga o manifestaciones, al menos estando uniformados?

¿No les parece que los trabajadores de la Fuerza Pública y de los demás cuerpos policiales merecen mejores condiciones, edificaciones dignas, jornadas de trabajo justas que les permita la posibilidad de socializar, de estudiar, de hacer deporte, de compartir en familia? Es justa por ello nuestra causa, es válido nuestro reclamo constante a las autoridades ministeriales, que muchas veces le dan tratamiento cual “desecho” a funcionarios que luego de darlo todo en un cumplimiento, vieron reducida su capacidad física.

Es válido por lo antes descrito, nuestro reclamo de equidad en jornadas de trabajo, de trato justo en los procesos disciplinarios, porque vemos como se firma fácilmente el despido de compañeros que, en cumplimiento de su deber, o en acatamiento de una orden superior, resultan acusados de abuso de autoridad. Volviendo ese policía a su condición de civil, expuesto a las venganzas de las personas que por alguna razón hubiese intervenido, y ni qué decir de la delincuencia.

Por eso, reitero: ¿qué será de ustedes, los gobernantes, el día que los policías se cansen de ser su “trapito” de dominguear, de ser los que apagan los “incendios” que ustedes provocan?; ese día desearan habernos escuchado…