Juzgar a las multinacionales violadoras de los derechos humanos (Parte II)

Esta gran quijotada, la “Elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras con respecto a los Derechos Humanos”, es vital para el futuro de la Humanidad.

La información más general ya en nuestras manos nos da una idea del gigantesco salto cualitativo que representará para el Derecho Internacional que las empresas multinacionales, las corporaciones transnacionales (ETN’s) tengan un régimen jurídico vinculante, obligante en materia de Derechos Humanos.

Este proceso arrancó en el 2012 a partir de una iniciativa de una gran diversidad de movimientos sociales internacionales y nacionales.

El mismo ha sido conocido como la “Campaña Global para reivindicar la Soberanía de los Pueblos, desmantelar el poder de las transnacionales y poner fin a la impunidad”.

En su arranque se trató de “…una red de más de 200 movimientos sociales, redes, organizaciones y comunidades afectadas que resisten el expolio de tierras, la minería extractiva, los salarios de explotación, y la destrucción del medio ambiente…”; a partir de la acción depredadora, sin control, sin pudor ni ética alguna por parte de esas gigantescas ETN’s que operan en diferentes regiones del mundo, especialmente en países de la América Latina, de Asia y de África.

Luego Ecuador y Sudáfrica la introdujeron para el debate en el seno del sistema de las Naciones Unidas, propiamente en la Comisión de Derechos Humanos, hasta llegar a la histórica resolución del año 2014 que viabilizó políticamente hablando el proceso para la “Elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras con respecto a los Derechos Humanos”.

Permítanos usted un paréntesis: ¿Se recuerdan ustedes del caso en Costa Rica de la minería a cielo abierto de Industrias Infinito, en realidad Infinito Gold, una compañía ETN de origen canadiense, dedicada a la adquisición, exploración y desarrollo de propiedades minerales en América Central y del Sur, concentrada en actividad extractiva de oro, plata, cobre y diamante? Es de este tipo de ETN del cual se ocuparía la nueva legislación internacional en proceso de elaboración.

Retornemos ahora al planteamiento central: El pasado mes de octubre de 2016 en Ginebra, Suiza, y en el seno de la indicada Comisión de Derechos Humanos de la ONU, tuvo lugar la segunda sesión de lo que se llama el “Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de Derechos Humanos”, cuyas siglas en idioma inglés son OEIGWG: “Open-ended intergovernmental working group on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights” .

En dicha sesión y de cara a la tercera que tendrá lugar en este año 2017 que acaba de comenzar, esa impresionante coalición de movimientos sociales globales que han estado impulsando la “Campaña Global para reivindicar la Soberanía de los Pueblos, desmantelar el poder de las transnacionales y poner fin a la impunidad”, puso en mesa seis ámbitos de propuestas de contenido estratégico para avanzar en la elaboración del ya mencionado instrumento internacional que les venimos comentando para poner en cintura a las ETN’s.

Estos seis ámbitos de propuestas están contenidos en un documento cuyo titular en español es el siguiente: “Construyendo un tratado sobre Derechos Humanos y Transnacionales en la ONU – Avances para detener la impunidad corporativa”, de fácil localización en la internet mediando el sitio web del prestigioso Transnational Institute (TNI), un centro de pensamiento (think tank) dedicado a la investigación profunda sobre los efectos de la globalización neoliberal en los pueblos y en las democracias del orbe (www.tni.org/es).

Veamos el contenido de esos seis ámbitos que deberían ser esenciales para el nuevo tratado internacional obligante para las ETN’s:

  • Uno: Enfoque y alcance del Tratado sobre las empresas transnacionales y otras empresas en relación a los derechos humanos.
  • Dos: Obligaciones extraterritoriales de los gobiernos en relación a las transnacionales y a los Derechos Humanos.
  • Tres: Un tribunal internacional sobre empresas transnacionales y Derechos Humanos.
  • Cuatro: Responsabilidad solidaria y mancomunada de las empresas transnacionales con sus directores y sus cadenas de valor (filiales, proveedores, licenciatorios y subcontratistas).
  • Cinco: La naturaleza del papel a jugar bajo un tratado de esta índole por parte de las instituciones financieras internaciones (FMI, Banco Mundial); así como el régimen de comercio e inversión (OMC, TLC’s y TBI tratado bilateral de inversiones).
  • Seis: Derechos de las personas afectadas.

Cada uno de estos seis ámbitos o apartados exhiben un gran contenido que muestra una seriedad de análisis y de estudios de altísimos quilates, una responsabilidad propositiva profunda y de incuestionable profesionalismo; pero, sobre todo, una profunda convicción de sensibilidad social, de humanismo integrador y de preocupación sana acerca del futuro mismo del planeta Tierra y de la convivencia más armónica entre seres humanos y la Naturaleza.

En próximas entregas sobre el tema, pues como habrá usted notado es algo muy vasto y de gran profundidad, vamos a reseñar lo que podría ser el corazón de estos seis ámbitos. Desde ya le agradecemos su tolerancia para con una lectura sucesiva, grande honor que no sabemos cómo agradecérselo.

Finalmente, nos ha alegrado mucho saber que la corriente sindical internacional en la cual ahora estamos militando, está de lleno en este proceso como parte relevante que integra esta “Campaña Global para reivindicar la Soberanía de los Pueblos, desmantelar el poder de las transnacionales y poner fin a la impunidad”.

Hablamos de la Confederación de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA), uno de cuyos principales dirigentes, el compañero Iván González Alvarado, ha escrito sobre el tema, encontrándonos con su artículo “La lucha contra las transnacionales y el tratado vinculante-Los sindicatos frente a la acción de las ETN”, fácilmente localizable en la internet solamente con digitar su título. Para quienes estamos ahora en la CSA y con interés en el tema, es de obligada lectura este artículo.

Es bueno resaltar que la más relevante agrupación del movimiento campesino internacional, La Vía Campesina (LVC), también está impulsando esta quijotada, como parte de ese gran conjunto de más de 200 agrupaciones de la sociedad civil global que, y como vimos en el artículo de la semana pasada, tienen ahora el respaldo de unos 80 estados integrantes de la ONU y de varias instituciones internacionales de gran relevancia.

Condenamos enérgicamente el decretazo salarial

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), integrante del Colectivo Sindical Patria Justa, deja expresión fuerte por esta vía de su más enérgica condena a la desafortunada e imprudente decisión del Gobierno de la República, de imponer el nuevo decretazo salarial del ofensivo, indignante y humillante “reajuste” de los 10 colones por cada 100 mil de salario en el caso de las personas trabajadoras del sector Público, aplicable en el segundo semestre de este año 2016.

Además, 75 colones por cada 100 mil, en el caso de quienes tengan un salario base de 442 mil colones o menos, es igualmente ofensivo, indignante y humillante. Esta “migaja” golpea, duramente, a quienes menos ganan en la Administración Pública, como los y las policías, las trabajadoras de los CEN-CINAI, quienes tienen laborales de vigilancia institucional, tareas administrativas, de oficina, secretariales y de servicios generales y hasta personal técnico de diversas especialidades.

La realidad es que son las personas trabajadoras asalariadas de este país las que están pagando el déficit fiscal, lo cual sigue profundizando la desigualdad y atizando la hoguera de la confrontación social.

Mientras que el trabajador sí paga puntualmente sus impuestos, en solamente un año fiscal, 335 importadores dejaron de pagar en Aduanas, la escandalosa cifra de 53 mil millones de colones. ¡Esto no puede continuar así!

Por otra parte, urge una transformación estructural para calcular, con verdadero realismo y sin maquillajes estadísticos, lo que sucede a diario con el costo de la vida. Las cifras oficiales de inflación se contradicen en el día a día con la realidad económica del bolsillo del trabajador.

El actual IPC (Índice de Precios al Consumidor) ha sido totalmente rebasado por las circunstancias económicas que han determinado a Costa Rica como el país más caro de la América Latina. El IPC, con sus contenidos mínimos y básicos de productos y servicios de la canasta básica alimentaria que le da sustento, no está midiendo la realidad del costo de la vida. Debe crearse en un nuevo indicador, un real ÍNDICE DE INFLACIÓN, que vaya más allá del IPC actual.

“¡Se le está jalando demasiado el rabo a la ternera!”. La ANEP, así como el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA venimos planteando, desde el mes de setiembre del año pasado 2015, la gran necesidad de una gran unidad sindical en la acción para enfrentar con verdadera fuerza y contundencia el congelamiento salarial que ya es una realidad más que evidente y reforzada con este nuevo decretazo salarial; y por otro, las amenazas al Empleo Público que siguen plenamente vigentes con varios proyectos de ley en la corriente parlamentaria de la actual Asamblea Legislativa, no solamente el ya sumamente conocido y detestado expediente No. 19.506.

Precisamente, en el día de ayer, en día del decretazo salarial, jueves 4 de agosto de 2016, ANEP y Patria Justa reafirmamos un proceso de Unidad Sindical en la Acción, conjuntamente con relevantes organizaciones que firmamos un documento relevante titulado “Unidad en la acción en defensa de los servicios públicos y de la justicia tributaria”; documento cuyo acuerdo tercero plantea lo siguiente:

“Convocar en el corto plazo a una gran concentración de trabajadores y trabajadoras, en el marco de una jornada nacional de unidad en la acción en defensa de los derechos laborales y la justicia tributaria; en fecha que estaremos comunicando en el momento oportuno”.

Efectivamente, sólo resta acordar una fecha. El hartazgo, la indignación, la molestia, el enojo, el acoso y la agresión psicológica que invade prácticamente todos los diversos colectivos laborales del sector Público, exigen de las dirigencias sindicales, sin excepción alguna, grandes muestras de humildad para acatar el clamor de nuestras respectivas bases laborales: ¡unidad de los sindicatos! Ha quedado claro que a pesar de la importancia de movilizaciones y manifestaciones sectoriales, de carácter parcial, resultan insuficientes para parar tanta agresión.

En lo específico, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), formula un vehemente llamado a nuestros socios y a nuestras socias, a nuestra honorable membrecía, a las organizaciones amigas y fraternas del sector Público para que intensifiquemos los preparativos de la necesaria movilización que nos imponen las actuales circunstancias. ¡A prepararse todo mundo! ¡Basta ya!

ANEP arranca su accionar sindical y sociopolítico para este 2017

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), integrante del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA y de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), arranca el inicio de sus actividades sociopolíticas del año 2017, destacando los principales 10 desafíos que marcarán su accionar en el nuevo año que inicia.

De esta forma continuamos nuestro caminar, ya histórico, de aporte para la defensa de los derechos económico-sociales y reivindicativo-gremiales de la clase trabajadora costarricense, tanto la del sector Público como la del Privado; teniendo como meta fundamental luchar, con pensamiento y con acción, para contribuir a una sociedad centrada en la promoción del bien común, en la integración social y en la reducción de las desigualdades.

1. Empleo Público: Derrota final y contundente del expediente legislativo No. 19.506, el que atenta contra la estabilidad sociolaboral y económico-familiar de quienes laboran para el Estado.

2. Convenciones Colectivas de Trabajo: Enfrentar con contundencia en planos jurídico-legal, sociopolítico y en el de la Democracia de la Calle y hasta en el internacional, el ataque antiobrero y antidemocrático en desarrollo por parte del “partido de los casinos” contra las convenciones colectivas de las municipalidades y de otros sectores asalariados cubiertos por este instituto laboral constitucional y pieza fundamental del Derecho Internacional del Trabajo.

3. IVM-CCSS: Enfrentar con argumentos y con movilización compartida y unitaria, la pretensión de elevar la edad para pensionarse a los 70 años y el monto de la cotización obrera, así como reducir al 40 por ciento la cuantía jubilatoria a recibir.

4. Impuestos: Renovar respaldo a los proyectos de ley que buscan la progresividad tributaria actualmente en trámite parlamentario; reiterando nuestra oposición a iniciativas que refuercen la regresividad impositiva como aumentar el impuesto sobre las ventas; y contra iniciativas de fundamentalismo fiscalista-neoliberal como la denominada “regla fiscal”.

5. Reforma Procesal Laboral (RPL): Adecuación de la acción jurídico-legal de corte obrero-sindical y la formación educativa al respecto, dada la entrada en vigencia de la RPL, el próximo 25 de julio de 2017; legislación por la cual ANEP luchó durante 17 años contando para ello con múltiples y diversos apoyos; legislación que es la más grande transformación del Código de Trabajo desde que éste fuera promulgado en 1943.

6. Salarios: Daremos nuevos bríos para el establecimiento de una nueva concepción estratégica sobre el concepto de salario mínimo en la empresa privada, manteniendo esperanza en el fracaso en sede constitucional del cuestionamiento al referéndum previsto sobre el tema. En el caso del sector Público, la lucha contra el congelamiento salarial prácticamente implantado ya, ocupa de nuevos enfoques de abordaje técnico-político que implican grandes esfuerzos sindicalmente unitarios.

7. Unidad Sindical: Reafirmar nuestra apuesta a favor del proyecto de articulación sociopolítica con corte estratégico conocido como PATRIA JUSTA. 2- Fortalecer nuestro aporte de trabajo unitario con los agrupamientos socio-obreros a nivel de centrales sindicales en el marco de nuestra pertenencia a la Confederación de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA). 3- Reiterar nuestro llamado para la más amplia unidad en la acción considerando la diversidad sindical nacional.

8. Articulación Multisectorial: Consideramos importante mantener lazos comunicacionales, de propuesta compartida, de lazos de trabajo concreto y operativo, así como de incidencia política conjunta en una diversidad de tópicos, con organizaciones de la sociedad civil más allá de la frontera sindical, lo que nos puede facilitar confrontar de mejor manera los intereses de las minorías hegemónico-políticas concentradoras de la riqueza y promotoras de la desigualdad. Por ejemplo, la lucha contra los TLC’s neoliberales de “segunda generación”, la defensa del agua, el combate a la informalidad, el cambio climático y otros.

9. Pensamiento Alternativo: Continuar nuestros esfuerzos de modestos aportes de corte intelectual-reflexivo en torno al tema de propuestas-país ya elaboradas pero que siguen plenamente vigentes; generar condiciones para la producción, reproducción y adaptación del prolífico flujo de pensamiento alternativo que dentro y fuera de nuestro país gira en torno al desafío para la construcción de una sociedad realmente inclusiva y democrática. Y, en lo específico, seguir lanzando ideas en torno a la tesis del Sindicalismo del Bicentenario; además de aprovechar la campaña electoral nacional de cara a los comicios del 2018 para confrontar con ideas nuestras las “ofertas del mercado electoral” contrarias al bien común y a los intereses obrero-sociales. Además, reforzaremos el vínculo de la ANEP con sus contrapartes internacionales y entidades de apoyo en la lucha global contra la hegemonía neoliberal planetaria, partiendo de la comunidad de pensamiento que nos une en tal sentido.

10. Comunicación Alternativa-Redes Sociales: La modernización del sitio web de la ANEP, prevista para las primeras semanas de este año 2017, dará un intenso impulso al uso interactivo y cotidiano de las multifacéticas redes sociales por parte de la organización; incrementando la comunicación en línea mediante los correos electrónicos y el twitter, el WhatsAap masificado al máximo; el canal en YouTube ANEP-TV, así como la continuación de la comunicación radiofónica que ya ha venido consolidándose. Este tipo de comunicación alternativa es ya, incuestionablemente, una necesidad estratégica y fundamental del accionar de la ANEP de hoy, enrumbándonos ya hacia los 60 años de existencia de la agrupación, en el año venidero 2018.

11. Honrar a nuestra membrecía: Finalmente, renovamos el mayor compromiso de parte de quienes gestionamos en el día a día el funcionamiento de la ANEP, tanto de parte de su actual Junta Directiva Nacional (JDN), como del personal político-técnico de la agrupación, para honrar minuto a minuto la confianza que nos ha sido depositada por las miles de personas trabajadoras asalariadas, sus familias y las organizaciones amigas y fraternas de todo tipo; mediando de nuestra parte un trabajo tesonero y un sólido compromiso de clase, con base en los criterios que hemos venido elaborando y adoptando desde otras fuentes para el despliegue de un Sindicalismo Sociopolítico y de una acción con base en un Sindicalismo Ciudadano.

San José, domingo 1 de enero de 2017.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP.

Acuerdo con el MSP para crear reglamento en incapacidades, medias guardias y roles de servicio

El día de hoy, se celebró en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), una audiencia conciliatoria entre la Seccional ANEP-Fuerza Pública y el Ministerio de Seguridad Pública en torno a las incapacidades, medias jornadas, las licencias que están en el reglamento, así como los roles y las jornadas de trabajo de la Fuerza Pública.

Durante la audiencia la administración del Ministerio de Seguridad Pública, representada por el Director de la Asesoría Jurídica y la Directora de Recursos Humanos, manifestó “que es consciente y acepta que, en el tema de las licencias con goce de salario que ya se encuentran reglamentadas, el tema de incapacidades y roles de servicio, así como las medias jornadas (medias guardias) en un tema que se requiere adecuar y ajustar al tiempo actual; por lo que es necesario reglamentar y establecer interpretaciones claras que no estén a la discrecionalidad de los jefes inmediatos”.

Ante esta argumentación y como resultado de la audiencia la Administración del MSP se comprometió a tener listo y publicado el reglamento sobre los temas antes citados para enero del año 2017.

Para Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, es de especial importancia lograr un proceso de adecuación de la norma, que después de veinticinco años de la promulgación de la Ley Nº 7.410, “Ley General de Policía”, no se ha concretado.

“Por este motivo, esta seccional permanecerá atenta al cumplimiento de tal compromiso, con la finalidad de que la normativa permita una adecuada aplicación, y una sola interpretación”, dijo Anchía.

Así mismo, en tanto se mantengan las condiciones actuales, la Seccional ANEP-Fuerza Pública insta a sus afiliados, en los casos que posterior a una incapacidad se les indique que deben reponer días para completar el rol, soliciten por escrito la disposición que le ordena su inmediato superior, así como certificación de roles de servicio, esto para que la seccional pueda proceder ante las instancias judiciales competentes en caso de ser necesario.

Esto, por cuanto la incapacidad es una ausencia justificada (una suspensión temporal del contrato), implica que el trabajador no reciba su salario completo, sino un subsidio por los días que resulte con incapacidad, sea esta por enfermedad y/o por riesgos del trabajo.

¡»Frenado» el TISA! ¿Es que acaso habrá que darle “gracias” a Mr. Trump?

El periódico escrito de más venta en Costa Rica, el de mayor circulación, DIARIO EXTRA, informa hoy miércoles 28 de diciembre que “CAMBIO EN GOBIERNO DE EE.UU. FRENA ACUERDO TISA”, según la respectiva nota de prensa que aparece en la página 8 de la sección Nacionales.

El antetítulo de tal información nos indica de que “Comex considera importante retomarlo”.

Resultaría absolutamente paradójico y hasta vergonzante que haya que “agradecerle” al próximo presidente de los Estados Unidos, Mr. Trump, que las negociaciones secretas y totalmente carentes de la más mínima transparencia hacia la suscripción del tratado TISA (Trade In Services Agreement), se vayan a “frenar” hasta que el nuevo gobierno de ese país tome una decisión final al respecto.

El señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, no puede seguir mirando para otro lado y, de una vez por todas, aunque sea un acto de soberanía “mínima” inyectado por Mr. Trump, debe ordenarle al señor ministro del COMEX que le hable claro al país, que le rinda cuentas a la ciudadanía, que destape hasta qué punto ha entregado al corporativismo transnacional del mercantilismo más deshumanizado, la apertura privatizadora de estratégicos servicios públicos como la Educación, la Salud, el Agua y otros; todos incluidos en ese Acuerdo Multilateral de Comercio de Servicios, conocido por sus siglas en inglés como TISA.

Con un descaro repugnante y una desfachatez censurable, el ministro del COMEX, Alexánder Mora Delgado, admite que el TISA se ha negociado en secreto, ocultándole al pueblo costarricense qué es lo que él y su equipo neoliberal de ese ministerio le han entregado a las multinacionales que esperan dejarse, por completo, los más estratégicos y rentables servicios públicos que todavía le quedan al país.

Según la comentada nota de prensa, “Mora había señalado que no podía revelar cuál fue la oferta que hizo Costa Rica, pero aseguró que nada de lo puesto sobre la mesa requiere de una modificación de la legislación nacional”.

¿Qué “ofertó” el ministro Mora en materia de servicios públicos?; ¿la Educación, la Salud, el Agua…? ¿Qué otros servicios públicos “ofertó”? ¿Con qué atribución afirma que nada de lo que “ofertó” no debe pasar por la Asamblea Legislativa, que nada es objeto de una “modificación de la legislación nacional”?…

Desde un principio, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, hemos manifestado nuestra rotunda oposición al TISA, un tratado de “libre” comercio (TLC), de segunda generación, centrado en la mercantilización y en la privatización de toda clase de servicios públicos, absolutamente todos los servicios públicos.

Tan es así que un país latinoamericano hermano como lo es Uruguay, con un desarrollo social de servicios públicos muy similar a Costa Rica, decidió salirse de las negociaciones secretas del TISA, ante la constatación de la profundidad del ataque a sus propios servicios públicos destinados a la inclusión social y a la promoción del bien común.

La ANEP y PATRIA JUSTA hemos estado enlazados con las importantes corrientes sindicales y ciudadanas globales que en el mundo han estado levantando las banderas contra el TISA mediando la gigantes red planetaria “Nuestro Mundo No Está en Venta” (“Our World Is Not For Sale”).

Particularmente, la Internacional de Servicios Públicos (ISP), ha venido alertando a todo tipo de organizaciones de los 50 países que han venido negociando secretamente el TISA y los contenidos de sus estudios en el tema, sumamente sólidos y profesionales, nos han dado la base para alertar al país sobre tan grave situación.

Exhortamos a los señores diputados y a las señoras diputadas, especialmente a las personas legisladoras que ponen su prioridad política en el abordaje de temas centrados en la inclusión y en la justicia sociales, para que convoquen a comparecencia urgente al ministro del COMEX y le exijan que rinda cuentas, que rompa el secretismo, que hable con la verdad y que indique, con toda contundente, que fue lo que “ofertó” a nombre de Costa Rica en las negociaciones ocultas del TISA.

Finalmente, reiteramos la urgente necesidad de una intervención política presidencial en el sentido de que se debe honrarse el compromiso de campaña electoral de que en esto de TLC’s lo que correspondía era ordenar la administración de los ya existentes. El TISA debe ser descartado.

Salarios congelados

Los salarios actualmente
Se encuentran congelados,
Tanto en el sector público
Como en el sector privado.

Cada día es menos
Lo que podemos comprar,
y hay gastos esenciales
que hay que recortar.

Es una situación
Que todos estamos sintiendo,
Porque los precios
Siguen subiendo.

Nos dicen que la inflación
Es demasiado baja,
Pero todos sabemos
Que eso es pura paja.

Las tarjetas de crédito
Nos están ahogando,
Porque es la única opción
Que nos están dejando.

Debemos vivir
Con dinero prestado,
Porque el salario
Esta congelado.

Sindicalismo del Bicentenario (Parte III)

Tengamos presente que con esta serie de artículos buscamos posicionar en el seno del sindicalismo nacional y en el ámbito de la realidad sociopolítica costarricense de la actualidad, un planteamiento desde la perspectiva obrero-laboral con ocasión de la llegada del año 2021, cuando ha de festejarse los 200 años de la independencia política de Costa Rica con respecto a España.

Anhelamos que el movimiento sindical no quede al margen, no se automargine, no sea invisibilizado y no se le ninguneé de una celebración tan significativa para la historia republicana de nuestro amado país. Por eso es que ya hemos empezado a hablar del SINDICALISMO DEL BICENTENARIO.

Evidentemente nuestros planteamientos en el tema no son “los” planteamientos sindicales. De seguro habrá otros según pueden generarse de otras corrientes sindicales. ¡Así lo esperamos!

Ahora bien, empezamos a construir tales planteamientos a partir de los mensajes del Papa Francisco a los y a las representantes de los movimiento sociales que se han reunido con él. Especialmente, en la tercera ocasión ocurrida en este ya casi terminado año 2016. El Papa Francisco nos ha dejado un conjunto de reflexiones, de sugerencias, de inspiraciones esperanzadoras para la lucha social de estos duros tiempos.

Las PROPUESTAS SINDICALES SOBRE EL EMPLEO Y SOBRE EL DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL DIÁLOGO SOCIAL, son otro insumo a considerar para la construcción de un pensamiento integral de cara al SINDICALISMO DEL BICENTENARIO.

Los resultados del proceso de reflexión impulsado por la oficina de la OIT en nuestro país en tal sentido, dan un gran material de trabajo para impulsar procesos de incidencia sindical de nuevo calado, potenciados si pueden articularse intersectorialmente para direccionar las políticas públicas por venir hacia el bien común, la inclusión social, la reducción de las desigualdades.

La semana pasada hicimos mención de lo que podría ser un tercer componente para la reflexión-construcción de un planteamiento integral del SINDICALISMO DEL BICENTENARIO. Hablamos de la propuesta “TRABAJO DECENTE Y LA AGENDA 2030 DE DESARROLLO SOSTENIBLE”, que está proponiendo y promoviendo la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“LA AGENDA 2030 DE DESARROLLO SOSTENIBLE” que, su vez, constituye un mandato emitido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), comprende 17 grandes objetivos estratégicos para el mejor bienestar de la Humanidad presente y futura. Precisamente, el “TRABAJO DECENTE”, el número 8 de esos 17, calza a la perfección con una visión estratégica hacia el SINDICALISMO DEL BICENTENARIO.

Ahora bien, siguiendo esta línea de “inventario” diagnóstico de las bases estratégicas que tendría ese SINDICALISMO DEL BICENTENARIO, están los otros 16 grandes objetivos de “LA AGENDA 2030 DE DESARROLLO SOSTENIBLE”. Tan sólo mencionémoslos y se comprenderá a cabalidad que podemos considerarlos para nuestro propósito.

1) Fin de la pobreza. 2) Hambre cero. 3) Salud y bienestar. 4) Educación de calidad. 5) Igualdad de género. 6) Agua limpia y saneamiento. 7) Energía asequible y no contaminante. 8) Trabajo decente y crecimiento económico (ya mencionado arriba). 9) Industria, innovación e infraestructura. 10) Reducción de las desigualdades. 11) Ciudades y comunidades sostenibles. 12) Producción y consumo responsables. 13) Acción por el clima. 14) Vida submarina. 15) Vida de ecosistemas terrestres. 16) Paz, justicia e instituciones sólidas. 17) Alianzas para lograr los objetivos.

Como verán, los 17 grandes objetivos estratégicos de “LA AGENDA 2030 DE DESARROLLO SOSTENIBLE”, que ha adoptado y que promueven las Naciones Unidas (ONU), pueden considerarse como un cuarto componente de esa construcción de pensamiento, de estrategia y de acción que proponemos como SINDICALISMO DEL BICENTENARIO.

Costa Rica, por decisión sumamente acertada del actual gobierno, ha sido el primer país de la Tierra en convertir estos 17 objetivos como política de Estado, razón de más para que desde las tiendas del movimiento organizado de la clase trabajadora, también, se conviertan en parte de su agenda de trabajo y de lucha, con las adaptaciones rigor desde una perspectiva de clase.

Es realmente sorprendente la gran cantidad de pensamiento que se ha producido en los últimos tiempos como para que tengamos un planteamiento integral de cara el SINDICALISMO DEL BICENTENARIO y que nos dé herramientas de lucha tanto de corto, como de mediano y largo plazo.

Es más, con humilde modestia podríamos afirmar que la construcción de contenido para este SINDICALISMO DEL BICENTENARIO hay que asumirlo como una responsabilidad para con la nueva generación de sindicalistas que ya está en puertas y la que ha de venir; tanto procedente de las corrientes sindicales actuales como de las futuras pues como somos optimistas pensamos que la entrada en vigencia, el próximo 25 de julio de 2017, de la Reforma Procesal Laboral (RPL), el espacio para la acción sindical se ha de expandir al sector privado con una mayor certeza y seguridad jurídicas.

La semana próxima plantearemos, muy generalmente, otros componentes que podemos integrar a la construcción del SINDICALISMO DEL BICENTENARIO.

Por qué cada vez más gente pasa hambre en Estados Unidos

Un estudio del Departamento de Agricultura de ese país estimaba que para finales de 2014, la fecha de la medición disponible más reciente, cerca de 14% de la población estadounidense enfrentaba lo que se conoce como inseguridad alimentaria: dificultades en algún momento del año para proveer la comida necesaria para todos los miembros de la familia, debido a problemas económicos.

Dicho de otra manera: no les alcanzaba siempre el sueldo para alimentarse.

Es significativo que 17 millones de hogares aseguran que no siempre tienen el dinero para poner la comida en su mesa.

Más aun, agrega el reporte, 6,9 millones de hogares tenían muy baja seguridad alimentaria.

Es decir, que “el consumo de comida de algunos miembros de la familia se redujo y los patrones normales de alimentación se vieron afectados durante el año debido a recursos limitados”, según asegura el informe publicado en septiembre de 2015.
En otras palabras, experimentaron el hambre.

Los hispanos sufren más
El estudio titulado “Seguridad alimentaria en los hogares estadounidenses en 2014” puntualiza que el 9,4% de los hogares con niñosse vieron en dificultades financieras para alimentarlos bien.

Y organizaciones no gubernamentales como Feeding America, especializadas en ayudar a estas comunidades vulnerables, advierten que grupos minoritarios, entre ellos los hispanos, sufren desproporcionadamente por esta situación.

Según Feeding America, la incidencia de esta falta de seguridad en cuanto a la disponibilidad de alimentos es el doble de alta entre las familias hispanas que entre sus contrapartes anglosajones.

“Más de uno de cada cuatro niños latinos viven en hogares con inseguridad alimentaria”, asegura la entidad.

“La demanda de nuestra asistencia alimentaria en Estados Unidos se disparó luego de la gran recesión de 2008”, le dice a BBC Mundo Ross Fraser, vocero de Feeding America.

5 millones a la semana

El representante de la entidad indica que 5 millones de personas en todo el país acuden a su organización cada semana en busca de ayuda para alimentar a su familia.

“Pero esa demanda no ha bajado desde entonces. Seguimos viendo números récord de personas acudiendo a nuestros bancos de comida”, indica Fraser.

Feeding America encuentra que los factores que predicen la existencia de estos problemas incluyen vivir en comunidades con mayores niveles de pobreza y desempleo. Una situación que empeora para familias con hijos.

En general, el impacto de la crisis económica de 2008 no ha dejado de sentirse en este país, lo que encaja con otros análisis que señalan que aunque los negocios y el Producto Interno Bruto del país han mejorado desde entonces, muchas familias no han salido de la crisis y aún tienen que restringir el gasto más básico de todos, el de la comida.

El porcentaje de los estadounidenses que tiene dificultades para conseguir su comida se ha mantenido alto desde entonces comparado con lo que ocurría antes del colapso financiero. En 2006 apenas llegaba a 10% de su población.

De mal en peor

Y si todas estas malas noticias no fueran suficientes, hay quienes advierten que la situación se puede poner peor.

Según indica el medio estadounidense The Atlantic, nuevas restricciones a los programas de ayuda estatal a las personas de bajos ingresos podrían aumentar el número de personas que confrontan el riesgo de hambre en Estados Unidos.

En particular, asegura The Atlantic, varios gobiernos regionales están imponiendo nuevos requisitos para que las personas accedan a estos programas de asistencia oficiales como los llamados “food stamps”, bonos que les permiten a los recipientes adquirir comida de manera gratuita.

La actual carrera presidencial estadounidense enfrenta a dos candidatos que aseguran que con ellos la situación económica mejorará para sus conciudadanos.

Una promesa que guardará particular resonancia para los millones de personas en ese país que, pese a la prosperidad que los rodea, se van a dormir con hambre en el estómago.

El G20 y el gasto público

Hace pocos días que terminó la más reciente cumbre del denominado G20, que es el grupo de las 20 principales economías del planeta y que incluye a países desarrollados y potencias “emergentes”. Fue creado 1999 pero alcanzó relevancia en 2008, cuando se hizo necesario actuar a nivel global para atajar la crisis financiera.

El G20 representa el 85 % del Producto Bruto Global. El G20 está compuesto por los originales G8, a saber, Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y su más “recién llegado”, Rusia. A estos ocho, fueron agregados México, Brasil y Argentina (por América Latina); por Asia, fueron incorporados China, India, Turquía, Indonesia, Corea del Sur y Arabia Saudita. Por África, solamente está Sudáfrica; y por Oceanía, Australia. El integrante número 20, es la Unión Europea (UE) en cuanto tal.

Tanto en el plano del poder formal global, como en el del poder real, podemos afirmar que en este G20 está concentrada la verdadera toma de decisiones que impactan la vida de los 7 mil y resto de millones de seres humanos que habitamos hoy día el planeta Tierra.

En países como el nuestro, los sectores político-económicos del poder real y algunos de sus agentes político-ejecutivos, suelen ponerle mucha atención a lo que sucede en las cumbres del G20. No necesariamente para que traduzcan sus resoluciones a nuestra situación socioeconómica y política.

Como les indicamos arriba, acaba de terminar la más reciente cumbre del G20, celebrada en la ciudad china de Chengdu. En la versión digital del periódico ABC, de España, encontramos un reporte de prensa de esta reunión que se tituló así: “El G-20 plantea de nuevo más gasto público para dopar el crecimiento económico mundial”. (Ver www.abc.es/economia).

“¿Dopar?”. ¡Sí!, “dopar”. Un significado de dopar nos indica: “Suministrar sustancias excitantes o estimulantes que sirven para lograr de modo no natural un mejor rendimiento en una competición deportiva”.

Una de las primeras informaciones de esa reunión, la de Chengdu, según consigna el periódico ABC (digital), especificó lo siguiente: “Los ministros de economía de los veinte países más ricos del mundo, el G-20, comenzaron ayer una reunión de dos días en la localidad china de Chengdu donde analizarán los principales riesgos para el crecimiento mundial. A falta del comunicado final, que se hará público hoy, los debates comenzaron con el mantra habitual sobre la necesidad de aumentar el gasto público para consolidar el crecimiento económico”.

¡Cuesta creerlo! Entonces, ¿será que el G20 dejó de lado el neoliberalismo? No lo creemos. Pero parece que ahora la “línea” que está mandando el G20 es que hay que incrementar el gasto público para dopar, para estimular, para excitar, el crecimiento de las economías.

Esto podría estar guardando conexión con lo que comentamos más debajo de este artículo, relacionado con el tema de la desigualdad, según se desprendiera de la anterior cumbre de este poder, celebrada en noviembre de 2015, en Turquía.

¡Algo ha venido pasando en el seno del G20!… Esta reunión de Turquía había ya arrojado dos acuerdos de importancia: el reconocimiento de que el crecimiento que ha experimentado la economía global en los últimos meses está por debajo de las expectativas y que la desigualdad de los flujos de ingreso en los distintos países puede constituir un riesgo para la cohesión social.

“El G-20 y la desigualdad” es el título del artículo que al respecto formuló el analista mexicano Orlando Delgado Selley, publicado en la versión digital del prestigioso periódico mexicano La Jornada (ver http://www.jornada.unam.mx/2015/11/19/opinion/029a1eco).

Escribe el señor Delgado analizando lo que pasó en esa cumbre del G20 de Turquía: “Aquella idea de que la disciplina presupuestal, la austeridad, generaba crecimiento ha sido desmentida con absoluta contundencia. Por ello se requiere que las políticas económicas nacionales se propongan expresamente crecer a tasas mayores a las actuales”.

También se lee en el mencionado artículo: “El otro acuerdo es crucial. La desigualdad es la marca de los tiempos neoliberales. La constatación empírica está abundantemente realizada. En los últimos 30 años en todos los países en los que se llevaron a cabo las reformas orientadas al mercado, esto es, las modificaciones que eliminaron la participación estatal en la asignación de los recursos productivos de un país, sustituyéndola por decisiones de empresas privadas, se revirtieron los procesos redistributivos que desarrollaban los estados nacionales y que mejoraron los niveles de bienestar social. Consecuentemente se concentró la distribución del ingreso nacional en las cúpulas nacionales: el uno por ciento más rico y más aún en el 0.1 por ciento súper rico”.

Ahora bien, lo que nadie puede seguir ocultando es que en estos momentos hay una serie de datos, sucesos, acontecimientos, reuniones, libros, investigaciones, denuncias, foros, etc., etc., que están apuntando a que la globalización neoliberal de los últimos treinta años ha llevado la desigualdad a insoportables niveles que están atentando contra la misma especie humana; ha generado depredadores trastornos ecosistémicos prácticamente irreversibles (cambio climático incluido); ha generado espantosos episodios de violencia indescriptibles como los actos terroristas; ha degenerado los más sagrados valores culturales, ético-morales y religiosos de múltiples pueblos al imponer una homogenización de patrones vacíos, materialistas, antisolidarios, recontrainvididualistas, disipados, nihilistas; ha fomentado nuevas y espantosas guerras, crimen organizado sin control y narcotráfico incontrolable, desplegando todas las formas posibles de violencia.

A uno que empíricamente le ha dado por hablar y por escribir de estos temas, con perspectiva social-sindical, tenemos a la fecha fuerte convicción de que para un país como Costa Rica, que continuemos por la ruta de la desigualdad es algo potencialmente explosivo; que no tomemos decisiones para distribuir de mejor manera los beneficios del crecimiento económico, está intoxicando el sistema democrático; que continuemos con un sistema tributario perverso y regresivo; que sigamos por la senda de un recortismo presupuestario extremista, avalando un fundamentalismo fiscalista y debilitando mucho más importantes servicios públicos que, precisamente, son para atajar el crecimiento de la desigualdad y sus consecuencias; es apostar por un país todavía mucho más confrontado, mucho más violento, mucho más peligroso, mucho más corrupto. Nuestra amada Costa Rica no merece ser llevada al despeñadero por la insaciable codicia y la reprochable y abusiva concentración de la riqueza.

Al momento de escribir este artículo, el país ha tomado nota de que ya hay, al menos, 12 candidaturas presidenciales para las elecciones generales del 2018. ¿Tendrá alguno de esos señores con conciencia plena de estos temas y de la gravedad de estos problemas?…

Juzgar a las multinacionales violadoras de los derechos humanos (parte 1)

Hay un criterio generalizado de que el poder que han logrado tener las gigantescas corporaciones multinacionales, las empresas transnacionales, está llegando a niveles impensados de anulación de la soberanía de los Estados.

En especial, la soberanía de los Estados de aquellos países (la mayoría del orbe), que no están formando parte de esos grandes bloques que están disputándose la hegemonía planetaria en estos momentos mediando sus TLC, sus guerras económicas y hasta los conflictos bélico-militares según lo atestiguan los acontecimientos actuales.

Es más, bastantes personas estudiosas y entidades de alta especialización en cuanto a estudios de la geopolítica mundial, sostienen que vamos hacia un gobierno global cuya hegemonía estaría centrada en esas gigantescas corporaciones multinacionales.
Valga aquí hacer esta anotación “al margen”: nos llama mucho la atención que los principales jerarcas del próximo presidente estadounidense, Mr. Trump, sean grandes y poderosos ejecutivos de este tipo de megacorporaciones empresariales transnacionales.

En el marco de toda esta situación es bueno que los y que las costarricenses podamos enterarnos de un proceso sociopolítico que está en desarrollo a nivel de las propias Naciones Unidas (ONU), pero del cual no sabemos absolutamente nada en nuestro ámbito nacional.

Para la matriz mediática políticamente hegemónica en cuanto a comunicación colectiva masiva, éste es un asunto que no es noticia y, por tanto, ideológicamente no conviene que pueblos como el nuestro que estamos sujetos a esos poderes corporativo-empresariales multinacionales, tomemos nota y debida conciencia de dicho proceso.

Fíjese usted que el Consejo de Derechos Humanos (HRC, por sus siglas en idioma inglés), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tomó una histórica decisión, el 26 de junio de 2014, para la “Elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras con respecto a los Derechos Humanos”, una iniciativa que propusieron Ecuador y Sudáfrica.

El asunto ha venido caminando desde entonces y para este 2017 tendrá lugar la tercera sesión del grupo de trabajo que ha venido participando en este proceso hacia este instrumento jurídico, algo totalmente novedoso para ser incorporado al conjunto de normas del Derecho Internacional.

Uno de los aspectos que debemos resaltar es que más de mil organizaciones y movimientos sociales de todo el mundo han estado apoyando y propiciando que tal instrumento nazca a la vida jurídica mundial; viéndosele como “un punto de quiebre en la evolución de la normativa internacional de los derechos humanos”.

Estamos escribiendo este comentario con base en un informe sobre todo este proceso elaborado por la ciudadana María Fernanda Espinoza Garcés, quien es la Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Transnacionales y Derechos Humanos y quien, a la vez, es la Representante Permanente del Ecuador ante la ONU-Ginebra. (Por cierto, creemos que sobre este tema algo habíamos escrito anteriormente).

Es gracias al servicio de noticias “América Latina en movimiento” (www.alainet.org) que podemos compartir con usted este acontecimiento. Alainet es parte importante de la articulación regional comunicacional contrahegemónica que nos permite conocer este tipo de noticias las cuales, repetimos, en Costa Rica es imposible conocer vía, por ejemplo, los latifundios mediáticos del capital y sus soportes corporativo-empresariales.

Llama la atención cómo el proceso desde su histórica resolución inicial (A/HRC/RES/26/9 26/9 ), ha ampliado su base política y social de apoyo.

En puertas de esa tercera sesión prevista para el 2017 del grupo de trabajo que promueve la “Elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras con respecto a los Derechos Humanos”, la mencionada fuente nos indica que ya hay unos 80 Estados involucrados en el proceso,
destacándose la Unión Europea (UE), la Santa Sede, Palestina.

Además, entidades como el Consejo de Europa, la Cruz Roja Internacional, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente, el South Centre y unas 40 organizaciones no gubernamentales (ONG’s) con estatus consultivo con la propia ONU.

Como vemos es algo sumamente serio y de repercusiones de gran calado.

Tan grande abanico de apoyo refleja, como dice la señora Espinoza Garcés, que “…cada vez hay más voces, más países, más sectores que aspiran a establecer equilibrio y claridad a la relación entre empresas transnacionales y sus obligaciones y responsabilidades con respecto a los derechos humanos”.

Dice ella que “…se trata de un proceso necesario y oportuno para llenar un vacío en la normativa internacional de los derechos humanos”.

Se nos recalca por parte de la autora de que “…sobre todo, se trata de un proceso que busca, por un lado, servir como una herramienta preventiva y, por otro, que las víctimas de abusos corporativos tengan una herramienta jurídica general para defender sus derechos y obtener reparaciones”.

Al presente, cuando la contundencia de los resultados negativos y perversos de la imposición de la globalización neoliberal es impresionantemente inobjetable en perjuicio de las grandes mayorías de los pueblos del planeta; la lucha nacional, regional y global por la primacía de los Derechos Humanos, adquiere un carácter estratégico para la preservación de la Humanidad misma y para la salvación del planeta.

Que las poderosas corporaciones multinacionales, que las gigantescas empresas transnacionales deben rendir cuentas de sus actos a nivel de norma obligante del Derecho Internacional, es un acontecimiento que, para toda persona luchadora social consciente, especialmente en el plano sindical, no debe pasar desapercibido. La semana entrante volveremos con el tema en una segunda parte.