Categoría: Noticias

El día de hoy, se celebró en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), una audiencia conciliatoria entre la Seccional ANEP-Fuerza Pública y el Ministerio de Seguridad Pública en torno a las incapacidades, medias jornadas, las licencias que están en el reglamento, así como los roles y las jornadas de trabajo de la Fuerza Pública.

Durante la audiencia la administración del Ministerio de Seguridad Pública, representada por el Director de la Asesoría Jurídica y la Directora de Recursos Humanos, manifestó “que es consciente y acepta que, en el tema de las licencias con goce de salario que ya se encuentran reglamentadas, el tema de incapacidades y roles de servicio, así como las medias jornadas (medias guardias) en un tema que se requiere adecuar y ajustar al tiempo actual; por lo que es necesario reglamentar y establecer interpretaciones claras que no estén a la discrecionalidad de los jefes inmediatos”.

Ante esta argumentación y como resultado de la audiencia la Administración del MSP se comprometió a tener listo y publicado el reglamento sobre los temas antes citados para enero del año 2017.

Para Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, es de especial importancia lograr un proceso de adecuación de la norma, que después de veinticinco años de la promulgación de la Ley Nº 7.410, “Ley General de Policía”, no se ha concretado.

“Por este motivo, esta seccional permanecerá atenta al cumplimiento de tal compromiso, con la finalidad de que la normativa permita una adecuada aplicación, y una sola interpretación”, dijo Anchía.

Así mismo, en tanto se mantengan las condiciones actuales, la Seccional ANEP-Fuerza Pública insta a sus afiliados, en los casos que posterior a una incapacidad se les indique que deben reponer días para completar el rol, soliciten por escrito la disposición que le ordena su inmediato superior, así como certificación de roles de servicio, esto para que la seccional pueda proceder ante las instancias judiciales competentes en caso de ser necesario.

Esto, por cuanto la incapacidad es una ausencia justificada (una suspensión temporal del contrato), implica que el trabajador no reciba su salario completo, sino un subsidio por los días que resulte con incapacidad, sea esta por enfermedad y/o por riesgos del trabajo.

Tengamos presente que con esta serie de artículos buscamos posicionar en el seno del sindicalismo nacional y en el ámbito de la realidad sociopolítica costarricense de la actualidad, un planteamiento desde la perspectiva obrero-laboral con ocasión de la llegada del año 2021, cuando ha de festejarse los 200 años de la independencia política de Costa Rica con respecto a España.

Anhelamos que el movimiento sindical no quede al margen, no se automargine, no sea invisibilizado y no se le ninguneé de una celebración tan significativa para la historia republicana de nuestro amado país. Por eso es que ya hemos empezado a hablar del SINDICALISMO DEL BICENTENARIO.

Evidentemente nuestros planteamientos en el tema no son “los” planteamientos sindicales. De seguro habrá otros según pueden generarse de otras corrientes sindicales. ¡Así lo esperamos!

Ahora bien, empezamos a construir tales planteamientos a partir de los mensajes del Papa Francisco a los y a las representantes de los movimiento sociales que se han reunido con él. Especialmente, en la tercera ocasión ocurrida en este ya casi terminado año 2016. El Papa Francisco nos ha dejado un conjunto de reflexiones, de sugerencias, de inspiraciones esperanzadoras para la lucha social de estos duros tiempos.

Las PROPUESTAS SINDICALES SOBRE EL EMPLEO Y SOBRE EL DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL DIÁLOGO SOCIAL, son otro insumo a considerar para la construcción de un pensamiento integral de cara al SINDICALISMO DEL BICENTENARIO.

Los resultados del proceso de reflexión impulsado por la oficina de la OIT en nuestro país en tal sentido, dan un gran material de trabajo para impulsar procesos de incidencia sindical de nuevo calado, potenciados si pueden articularse intersectorialmente para direccionar las políticas públicas por venir hacia el bien común, la inclusión social, la reducción de las desigualdades.

La semana pasada hicimos mención de lo que podría ser un tercer componente para la reflexión-construcción de un planteamiento integral del SINDICALISMO DEL BICENTENARIO. Hablamos de la propuesta “TRABAJO DECENTE Y LA AGENDA 2030 DE DESARROLLO SOSTENIBLE”, que está proponiendo y promoviendo la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“LA AGENDA 2030 DE DESARROLLO SOSTENIBLE” que, su vez, constituye un mandato emitido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), comprende 17 grandes objetivos estratégicos para el mejor bienestar de la Humanidad presente y futura. Precisamente, el “TRABAJO DECENTE”, el número 8 de esos 17, calza a la perfección con una visión estratégica hacia el SINDICALISMO DEL BICENTENARIO.

Ahora bien, siguiendo esta línea de “inventario” diagnóstico de las bases estratégicas que tendría ese SINDICALISMO DEL BICENTENARIO, están los otros 16 grandes objetivos de “LA AGENDA 2030 DE DESARROLLO SOSTENIBLE”. Tan sólo mencionémoslos y se comprenderá a cabalidad que podemos considerarlos para nuestro propósito.

1) Fin de la pobreza. 2) Hambre cero. 3) Salud y bienestar. 4) Educación de calidad. 5) Igualdad de género. 6) Agua limpia y saneamiento. 7) Energía asequible y no contaminante. 8) Trabajo decente y crecimiento económico (ya mencionado arriba). 9) Industria, innovación e infraestructura. 10) Reducción de las desigualdades. 11) Ciudades y comunidades sostenibles. 12) Producción y consumo responsables. 13) Acción por el clima. 14) Vida submarina. 15) Vida de ecosistemas terrestres. 16) Paz, justicia e instituciones sólidas. 17) Alianzas para lograr los objetivos.

Como verán, los 17 grandes objetivos estratégicos de “LA AGENDA 2030 DE DESARROLLO SOSTENIBLE”, que ha adoptado y que promueven las Naciones Unidas (ONU), pueden considerarse como un cuarto componente de esa construcción de pensamiento, de estrategia y de acción que proponemos como SINDICALISMO DEL BICENTENARIO.

Costa Rica, por decisión sumamente acertada del actual gobierno, ha sido el primer país de la Tierra en convertir estos 17 objetivos como política de Estado, razón de más para que desde las tiendas del movimiento organizado de la clase trabajadora, también, se conviertan en parte de su agenda de trabajo y de lucha, con las adaptaciones rigor desde una perspectiva de clase.

Es realmente sorprendente la gran cantidad de pensamiento que se ha producido en los últimos tiempos como para que tengamos un planteamiento integral de cara el SINDICALISMO DEL BICENTENARIO y que nos dé herramientas de lucha tanto de corto, como de mediano y largo plazo.

Es más, con humilde modestia podríamos afirmar que la construcción de contenido para este SINDICALISMO DEL BICENTENARIO hay que asumirlo como una responsabilidad para con la nueva generación de sindicalistas que ya está en puertas y la que ha de venir; tanto procedente de las corrientes sindicales actuales como de las futuras pues como somos optimistas pensamos que la entrada en vigencia, el próximo 25 de julio de 2017, de la Reforma Procesal Laboral (RPL), el espacio para la acción sindical se ha de expandir al sector privado con una mayor certeza y seguridad jurídicas.

La semana próxima plantearemos, muy generalmente, otros componentes que podemos integrar a la construcción del SINDICALISMO DEL BICENTENARIO.

Hace pocos días que terminó la más reciente cumbre del denominado G20, que es el grupo de las 20 principales economías del planeta y que incluye a países desarrollados y potencias “emergentes”. Fue creado 1999 pero alcanzó relevancia en 2008, cuando se hizo necesario actuar a nivel global para atajar la crisis financiera.

El G20 representa el 85 % del Producto Bruto Global. El G20 está compuesto por los originales G8, a saber, Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y su más “recién llegado”, Rusia. A estos ocho, fueron agregados México, Brasil y Argentina (por América Latina); por Asia, fueron incorporados China, India, Turquía, Indonesia, Corea del Sur y Arabia Saudita. Por África, solamente está Sudáfrica; y por Oceanía, Australia. El integrante número 20, es la Unión Europea (UE) en cuanto tal.

Tanto en el plano del poder formal global, como en el del poder real, podemos afirmar que en este G20 está concentrada la verdadera toma de decisiones que impactan la vida de los 7 mil y resto de millones de seres humanos que habitamos hoy día el planeta Tierra.

En países como el nuestro, los sectores político-económicos del poder real y algunos de sus agentes político-ejecutivos, suelen ponerle mucha atención a lo que sucede en las cumbres del G20. No necesariamente para que traduzcan sus resoluciones a nuestra situación socioeconómica y política.

Como les indicamos arriba, acaba de terminar la más reciente cumbre del G20, celebrada en la ciudad china de Chengdu. En la versión digital del periódico ABC, de España, encontramos un reporte de prensa de esta reunión que se tituló así: “El G-20 plantea de nuevo más gasto público para dopar el crecimiento económico mundial”. (Ver www.abc.es/economia).

“¿Dopar?”. ¡Sí!, “dopar”. Un significado de dopar nos indica: “Suministrar sustancias excitantes o estimulantes que sirven para lograr de modo no natural un mejor rendimiento en una competición deportiva”.

Una de las primeras informaciones de esa reunión, la de Chengdu, según consigna el periódico ABC (digital), especificó lo siguiente: “Los ministros de economía de los veinte países más ricos del mundo, el G-20, comenzaron ayer una reunión de dos días en la localidad china de Chengdu donde analizarán los principales riesgos para el crecimiento mundial. A falta del comunicado final, que se hará público hoy, los debates comenzaron con el mantra habitual sobre la necesidad de aumentar el gasto público para consolidar el crecimiento económico”.

¡Cuesta creerlo! Entonces, ¿será que el G20 dejó de lado el neoliberalismo? No lo creemos. Pero parece que ahora la “línea” que está mandando el G20 es que hay que incrementar el gasto público para dopar, para estimular, para excitar, el crecimiento de las economías.

Esto podría estar guardando conexión con lo que comentamos más debajo de este artículo, relacionado con el tema de la desigualdad, según se desprendiera de la anterior cumbre de este poder, celebrada en noviembre de 2015, en Turquía.

¡Algo ha venido pasando en el seno del G20!… Esta reunión de Turquía había ya arrojado dos acuerdos de importancia: el reconocimiento de que el crecimiento que ha experimentado la economía global en los últimos meses está por debajo de las expectativas y que la desigualdad de los flujos de ingreso en los distintos países puede constituir un riesgo para la cohesión social.

“El G-20 y la desigualdad” es el título del artículo que al respecto formuló el analista mexicano Orlando Delgado Selley, publicado en la versión digital del prestigioso periódico mexicano La Jornada (ver http://www.jornada.unam.mx/2015/11/19/opinion/029a1eco).

Escribe el señor Delgado analizando lo que pasó en esa cumbre del G20 de Turquía: “Aquella idea de que la disciplina presupuestal, la austeridad, generaba crecimiento ha sido desmentida con absoluta contundencia. Por ello se requiere que las políticas económicas nacionales se propongan expresamente crecer a tasas mayores a las actuales”.

También se lee en el mencionado artículo: “El otro acuerdo es crucial. La desigualdad es la marca de los tiempos neoliberales. La constatación empírica está abundantemente realizada. En los últimos 30 años en todos los países en los que se llevaron a cabo las reformas orientadas al mercado, esto es, las modificaciones que eliminaron la participación estatal en la asignación de los recursos productivos de un país, sustituyéndola por decisiones de empresas privadas, se revirtieron los procesos redistributivos que desarrollaban los estados nacionales y que mejoraron los niveles de bienestar social. Consecuentemente se concentró la distribución del ingreso nacional en las cúpulas nacionales: el uno por ciento más rico y más aún en el 0.1 por ciento súper rico”.

Ahora bien, lo que nadie puede seguir ocultando es que en estos momentos hay una serie de datos, sucesos, acontecimientos, reuniones, libros, investigaciones, denuncias, foros, etc., etc., que están apuntando a que la globalización neoliberal de los últimos treinta años ha llevado la desigualdad a insoportables niveles que están atentando contra la misma especie humana; ha generado depredadores trastornos ecosistémicos prácticamente irreversibles (cambio climático incluido); ha generado espantosos episodios de violencia indescriptibles como los actos terroristas; ha degenerado los más sagrados valores culturales, ético-morales y religiosos de múltiples pueblos al imponer una homogenización de patrones vacíos, materialistas, antisolidarios, recontrainvididualistas, disipados, nihilistas; ha fomentado nuevas y espantosas guerras, crimen organizado sin control y narcotráfico incontrolable, desplegando todas las formas posibles de violencia.

A uno que empíricamente le ha dado por hablar y por escribir de estos temas, con perspectiva social-sindical, tenemos a la fecha fuerte convicción de que para un país como Costa Rica, que continuemos por la ruta de la desigualdad es algo potencialmente explosivo; que no tomemos decisiones para distribuir de mejor manera los beneficios del crecimiento económico, está intoxicando el sistema democrático; que continuemos con un sistema tributario perverso y regresivo; que sigamos por la senda de un recortismo presupuestario extremista, avalando un fundamentalismo fiscalista y debilitando mucho más importantes servicios públicos que, precisamente, son para atajar el crecimiento de la desigualdad y sus consecuencias; es apostar por un país todavía mucho más confrontado, mucho más violento, mucho más peligroso, mucho más corrupto. Nuestra amada Costa Rica no merece ser llevada al despeñadero por la insaciable codicia y la reprochable y abusiva concentración de la riqueza.

Al momento de escribir este artículo, el país ha tomado nota de que ya hay, al menos, 12 candidaturas presidenciales para las elecciones generales del 2018. ¿Tendrá alguno de esos señores con conciencia plena de estos temas y de la gravedad de estos problemas?…

Hay un criterio generalizado de que el poder que han logrado tener las gigantescas corporaciones multinacionales, las empresas transnacionales, está llegando a niveles impensados de anulación de la soberanía de los Estados.

En especial, la soberanía de los Estados de aquellos países (la mayoría del orbe), que no están formando parte de esos grandes bloques que están disputándose la hegemonía planetaria en estos momentos mediando sus TLC, sus guerras económicas y hasta los conflictos bélico-militares según lo atestiguan los acontecimientos actuales.

Es más, bastantes personas estudiosas y entidades de alta especialización en cuanto a estudios de la geopolítica mundial, sostienen que vamos hacia un gobierno global cuya hegemonía estaría centrada en esas gigantescas corporaciones multinacionales.
Valga aquí hacer esta anotación “al margen”: nos llama mucho la atención que los principales jerarcas del próximo presidente estadounidense, Mr. Trump, sean grandes y poderosos ejecutivos de este tipo de megacorporaciones empresariales transnacionales.

En el marco de toda esta situación es bueno que los y que las costarricenses podamos enterarnos de un proceso sociopolítico que está en desarrollo a nivel de las propias Naciones Unidas (ONU), pero del cual no sabemos absolutamente nada en nuestro ámbito nacional.

Para la matriz mediática políticamente hegemónica en cuanto a comunicación colectiva masiva, éste es un asunto que no es noticia y, por tanto, ideológicamente no conviene que pueblos como el nuestro que estamos sujetos a esos poderes corporativo-empresariales multinacionales, tomemos nota y debida conciencia de dicho proceso.

Fíjese usted que el Consejo de Derechos Humanos (HRC, por sus siglas en idioma inglés), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tomó una histórica decisión, el 26 de junio de 2014, para la “Elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras con respecto a los Derechos Humanos”, una iniciativa que propusieron Ecuador y Sudáfrica.

El asunto ha venido caminando desde entonces y para este 2017 tendrá lugar la tercera sesión del grupo de trabajo que ha venido participando en este proceso hacia este instrumento jurídico, algo totalmente novedoso para ser incorporado al conjunto de normas del Derecho Internacional.

Uno de los aspectos que debemos resaltar es que más de mil organizaciones y movimientos sociales de todo el mundo han estado apoyando y propiciando que tal instrumento nazca a la vida jurídica mundial; viéndosele como “un punto de quiebre en la evolución de la normativa internacional de los derechos humanos”.

Estamos escribiendo este comentario con base en un informe sobre todo este proceso elaborado por la ciudadana María Fernanda Espinoza Garcés, quien es la Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Transnacionales y Derechos Humanos y quien, a la vez, es la Representante Permanente del Ecuador ante la ONU-Ginebra. (Por cierto, creemos que sobre este tema algo habíamos escrito anteriormente).

Es gracias al servicio de noticias “América Latina en movimiento” (www.alainet.org) que podemos compartir con usted este acontecimiento. Alainet es parte importante de la articulación regional comunicacional contrahegemónica que nos permite conocer este tipo de noticias las cuales, repetimos, en Costa Rica es imposible conocer vía, por ejemplo, los latifundios mediáticos del capital y sus soportes corporativo-empresariales.

Llama la atención cómo el proceso desde su histórica resolución inicial (A/HRC/RES/26/9 26/9 ), ha ampliado su base política y social de apoyo.

En puertas de esa tercera sesión prevista para el 2017 del grupo de trabajo que promueve la “Elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras con respecto a los Derechos Humanos”, la mencionada fuente nos indica que ya hay unos 80 Estados involucrados en el proceso,
destacándose la Unión Europea (UE), la Santa Sede, Palestina.

Además, entidades como el Consejo de Europa, la Cruz Roja Internacional, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente, el South Centre y unas 40 organizaciones no gubernamentales (ONG’s) con estatus consultivo con la propia ONU.

Como vemos es algo sumamente serio y de repercusiones de gran calado.

Tan grande abanico de apoyo refleja, como dice la señora Espinoza Garcés, que “…cada vez hay más voces, más países, más sectores que aspiran a establecer equilibrio y claridad a la relación entre empresas transnacionales y sus obligaciones y responsabilidades con respecto a los derechos humanos”.

Dice ella que “…se trata de un proceso necesario y oportuno para llenar un vacío en la normativa internacional de los derechos humanos”.

Se nos recalca por parte de la autora de que “…sobre todo, se trata de un proceso que busca, por un lado, servir como una herramienta preventiva y, por otro, que las víctimas de abusos corporativos tengan una herramienta jurídica general para defender sus derechos y obtener reparaciones”.

Al presente, cuando la contundencia de los resultados negativos y perversos de la imposición de la globalización neoliberal es impresionantemente inobjetable en perjuicio de las grandes mayorías de los pueblos del planeta; la lucha nacional, regional y global por la primacía de los Derechos Humanos, adquiere un carácter estratégico para la preservación de la Humanidad misma y para la salvación del planeta.

Que las poderosas corporaciones multinacionales, que las gigantescas empresas transnacionales deben rendir cuentas de sus actos a nivel de norma obligante del Derecho Internacional, es un acontecimiento que, para toda persona luchadora social consciente, especialmente en el plano sindical, no debe pasar desapercibido. La semana entrante volveremos con el tema en una segunda parte.

Nos encontramos la siguiente nota de prensa, visitando el sitio web oficial del actual Gobierno de la República, www.gobierno.cr, con el siguiente titular: “Aduanas encuentra evasión que podría superar los ¢53 mil millone”. ¡53 mil millones de colones! Leyó usted bien. Textualmente, la indicada información abre con este párrafo: “Un monto que supera los ¢53 mil millones – más multas e intereses – podrían haber dejado de pagar en impuestos 335 importadores durante un solo período fiscal, pues no declararon el valor de las mercancías al momento de su nacionalización, o lo hicieron de manera incorrecta”. Constate que esa enorme cantidad de robo de impuestos en aduanas, cifra que en números se escribe así: 53.000.000.000, corresponde únicamente, como dice la información que comentamos, ¡“durante un solo período fiscal”!

Para explicar lo anterior se nos dice lo siguiente: “Mediante una serie de investigaciones realizadas a partir de la información disponible en las bases de datos del Ministerio de Hacienda y del Registro Nacional, la Dirección de Gestión de Riesgo de Aduanas, responsable del proceso, detectó una serie de anomalías en las declaraciones de valoración de las mercancías que firma el importador y luego son anexadas por el agente aduanero a la declaración de importación de esas mercancías”.

¡Qué barbaridad! Varias interrogantes surgen de esta información, considerando que el robo de impuestos en todas sus manifestaciones, con ropaje legal o sin él, es uno de los principales responsables del déficit fiscal, tal como reiteradamente lo venimos denunciando.

Fundamentalmente, tres preguntas principales habría que dejar planteadas al respecto de esta situación. La primera: ¿Puede la ciudadanía conocer cuáles son esos 335 importadores? ¿Podemos conocer los nombres de sus respectivas empresas y/o sociedades anónimas? ¿Podríamos conocer si cada uno de esos 335 importadores ha pagado sus impuestos y sus obligaciones tributarias de manera puntual, responsable y transparente? ¿Podríamos saber si están al día con sus obligaciones para con la Caja y para con la Seguridad Social? ¿Estaría el personal que tienen contratado recibiendo el salario mínimo?…

La segunda: Si el Gobierno (Ministerio de Hacienda-Aduanas), nos está diciendo que ese robo de ¢53 mil millones es de un único período fiscal, entonces, ¿ha estado pasando en otros períodos fiscales?, ¿qué se ha hecho en esos otros períodos fiscales si esta barbaridad viene repitiéndose año con año?… Y si ha estado pasando en otras oportunidades, ¿podríamos saber cuántos procesos administrativo-judiciales se han abierto para importadores evasores de impuestos de aduanas? ¿Podríamos conocer los nombres de ellos, de sus representantes legales (bufetes), los nombres comerciales?…

La tercera: Si esos 335 importadores, durante un solo período fiscal, dejaron de pagar ¢53 mil millones, ¿cómo es que lograron pasar el control aduanero al momento del ingreso de las mercancías de tal forma que no se les cobró al mismísimo instante de ello? Como uno es un ignorante en los procesos aduaneros y sabiendo que la abrumadora mayoría de las personas, tanto del sector público como del privado que intervienen en el día a día de la operación aduanera es gente honesta, sería muy bien visto que el Gobierno de la República explicara por qué se da esta situación y nos contara de los esfuerzos e iniciativas que se han venido promoviendo o que se están impulsando a fin de que esos ¢53 mil millones se cobren al mismísimo momento de ingreso de las mercaderías y que no haya que ir a perseguirlos después, a recuperar después, mediando complejos procesos administrativo-jurídicos, mediando cualquier cantidad de leguleyadas para que esos 335 importadores, si son culpables de robo de impuestos, terminen quedando impunes.

Como vemos, he aquí una “pequeña” muestra del gran conjunto de razones que explican el llevado y traído tema del déficit fiscal. Mientras que el chofer de autobús, el trabajador de la construcción, el obrero de una fábrica, la vendedora de una tienda, el periodista, el vigilante privado, la oficinista de un ministerio, el técnico de una institución autónoma, el recolector de basura de una municipalidad, los profesionales del Estado, pagan puntualmente sus impuestos, pues no tienen “escapatoria” (el de ventas al momento mismo de la compra y el de renta salarial deducido de planilla), hay 335 ladrones importadores que se dejaron, “en un solo período fiscal”, nada más y nada menos que ¡¢53 mil millones!
Y si esta conducta delictiva se habría estado manifestando en los últimos cinco años, como muy probablemente haya estado ocurriendo, entonces en un quinquenio esta operación delincuencial aduanera habría generado pérdidas al pueblo costarricense por unos ¢265 mil millones, casi un punto porcentual (1%) del Producto Interno Bruto (PIB).

Con este único ejemplo, de los muchos que hay acerca del perverso e injusto sistema tributario costarricense y del escandaloso robo de impuestos que este posibilita, queda absolutamente demostrado que el déficit fiscal no es responsabilidad de los salarios que devengan todas esas personas trabajadoras que hemos mencionado en el párrafo anterior, ni las demás que viven de un salario.

Específicamente, tenemos que resaltar el caso de quienes laboran para el sector público, víctimas de la más cruel, injusta, difamante e injuriante campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico jamás desplegada en la historia del Estado costarricense, para ponerlos como “los malos de la película” en esto del déficit fiscal. ¡No! “Los malos de la película” en esto del déficit fiscal son esos 335 importadores que se habrían dejado unos ¢53 mil millones, repetimos, en un solo período fiscal. Y, por supuesto, “los malos de la película” en esto del déficit fiscal es más gente que esos 335 importadores.

Aunque varios medios de prensa se hicieron eco de la denuncia del Gobierno sobre el robo de impuestos de estos ¢53 mil millones, el asunto, mediáticamente hablando, no pasó a más. La noticia fue “flor de un día”, contrastándose con el ataque al empleo público de, prácticamente, todos los días de los dos últimos años.

No habrá ríos de tinta en columnas de opinólogos y amanuenses, no habrá grandilocuentes editoriales, no habrá gran cantidad de minutos televisivos de investigación periodística, no habrá exhibición mediática de estos 335 importadores, como sí ha sucedido en el caso del empleo público y algunos de sus segmentos más criminalizados y enjuiciados sumariamente, como consta a la ciudadanía.

Tampoco veremos en el escenario legislativo a los usuales diputados francotiradores del empleo público, rasgarse las vestiduras por este descarado robo de impuestos de ¢53 mil millones, ni tampoco los veremos poniéndoles nombre y apellidos a esos 335 importadores. ¡Qué va! A lo mejor tienen diversos tipos de conexiones, vínculos, amistades entre sí. Si alguien que labora para el sector público, incluido su núcleo familiar, no haya comprendido todavía que debe autodefenderse y defender a los suyos, ¿entonces en qué estamos?…

San José, 23 dic (elmundo.cr) – Televisora de Costa Rica, conocida popularmente como Teletica Canal 7 aceptó haber defraudado a la Hacienda Pública y pagó 3724 millones de colones en impuestos, multas e intereses.

Así consta en un campo pagado por la televisora en un diario de circulación nacional este viernes.

De esta forma, Teletica puso fin al proceso judicial que le abrió en el año 2004 el Ministerio Público, tras determinar que hubo defraudación fiscal por parte de la empresa durante los periodos fiscales de los años 2004 y 2005, por al menos 400 millones de colones.

a denuncia se interpuso tras una investigación que hizo la Administración Tributaria de Grandes Contribuyentes del Ministerio de Hacienda, donde se encontraron las irregularidades.

Si bien la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Tributarios había solicitado una desestimación de la causa, el Ministerio Público acogió una solicitud de la Dirección General de Tributación, en el año 2013, para que la causa se revisara.

La investigación de Hacienda había arrojado que Televisora de Costa Rica, representada por Olga Cozza de Picado, había simulado la venta de sus activos intangibles a la empresa Television and Broadcasting Brand Managment S.A., cuya accionista mayoritaria era la propia Cozza de Picado, con el fin de disminuir los pagos de impuesto sobre la renta de las sociedades.

De acuerdo con el anuncio pagado en la prensa, Teletica depositó a Tributación la suma total de 3.724.419.539 colones, correspondientes a la reparación integral del daño, lo cual incluye los impuestos dejados de pagar al fisco, intereses y multas.

Teletica es la segunda empresa de medios que llega a una conciliación por delitos tributarios. La primera fue La Nación, a quien Hacienda le detectó una simulación en la venta de dos rotativas con el fin de evadir impuestos. Por ello, la empresa tuvo que pagar 2277 millones de colones.

El caso seguido contra Teletica tuvo un hecho polémico que involucró al procurador penal del caso, Juan José Soto Cervantes.

Soto Cervantes fue separado del proceso luego de que el Ministerio de Hacienda presentara una denuncia en su contra por supuesta parcialidad.

El procurador había acordado con la parte demandada posponer una audiencia preliminar, sin consultárselo a Hacienda, además de que la solicitud se hizo en un papel membreteado del bufete que defendía a Televisora de Costa Rica, algo calificado como “poco normal e infrecuente”.

Tomado de: elmundo.cr