Mis luchas desde ANEP son por el bien común y por la justicia

Inicié mi vida laboral a la edad de catorce años, ayudando en labores agrícolas en una finca familiar y luego en un proyecto cooperativo, igual en labores netamente agrícolas. Pasé luego por varios años a laborar en el sector privado. Durante muchos años mi vida transcurrió en el anonimato, hasta que me convertí en funcionario público, integrante de la Fuerza Pública y luego asumí el rol de dirigente sindical en procura de aportar, desde la organización laboral, para mejorar las condiciones laborales, los derechos y el bienestar de una población laboral históricamente olvidada; la policial.

Este proceso, sin buscarlo se dio, siendo la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la que me abrió las puertas para iniciar una lucha por dignificar las condiciones laborales de mis iguales policías. Este proceso nos ha permitido una lectura amplísima que antes se reducía a nuestro entorno inmediato.

Encontramos en ANEP una organización seria, que tiene claro el horizonte y que persigue la defensa de derechos laborales de sectores vulnerables y de los de abajo, tales como el sector municipal, el Ministerio de Salud, los cuerpos policiales, entre otros muchos que se cobijan bajo esta misma organización social.

Hemos acumulado un crecimiento personal y colectivo que hoy ponemos a servicio de nuestras compañeras y nuestros compañeros policías, así como de los demás sectores que forman parte de ANEP; toda vez que luego de varios años se me encomendara la coordinación política de la Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO); unidad integrada por hombres y mujeres con quienes compartimos el diario quehacer de nuestra agrupación, con una altísima convicción de lucha social y de sentimiento por la defensa de nuestros compañeros y de nuestras compañeras de clase.

En ANEP encontré a un ser humano, con virtudes y defectos (como todos), que respeta nuestras ideas y consignas, un ser con un alto sentido de solidaridad, estudioso, preocupado por la seguridad social y que lucha por la justicia socio laboral, ese es Albino Vargas Barrantes, compañero con quien en ocasiones difiero en razón de nuestra independencia de criterios, pero de quien estoy seguro muchos opinan sin fundamento y sin conocimiento, como sucedió en el caso de quien me dedicó un espacio en sus perfiles de redes sociales.

Nunca imaginamos que pudiéramos llegar a generar las reacciones que hoy observamos en razón de nuestras consignas e ideales de lucha por el derecho y la dignidad de las personas trabajadoras de la Fuerza Pública, al punto que un perfil “sin rostro”, de esos que se esconden detrás de una máscara, nos dedicara un artículo en sus perfiles de facebook y de twitter, titulado “El sindicalista Minor Anchía de la ANEP (un mini Albino) quiere iniciar un caos en el MSP metiendo las manos en el fuego por policías acusados de corrupción…”; utilizándose la falacia como método de desinformación, por cuanto nosotros contamos con altura moral para defender a las y los buenos policías, a quienes hacen su trabajo con mística, honor y honradez;

Como conocedores del Derecho hemos apelado y demandado de la Administración el respeto a instrumentos legítimos como el debido proceso, el principio de inocencia y el derecho a la defensa. Así lo establece nuestro Estado de Derecho.

Resulta fácil hacer “denuncias” detrás de un seudónimo, pero para hacerlo como lo hemos venido haciendo nosotros, sin ocultar nuestra identidad y nuestro rostro, se requiere de haber nacido de una gran mujer como lo fue mi madre. Ella es la persona que me enseñó a defender lo justo, a costa de lo que sea, y eso incluye este tipo de situaciones.

Las comunidades en las cuales servimos como oficial de la Fuerza Pública, Palmar Norte, Buenos Aires, Sierpe, Ciudad Cortes, Volcán, entre otras, dan cuenta de nuestro compromiso con la justicia y de nuestra convicción de servicio. De eso también pueden dar fe funcionarios judiciales, tanto investigadores como fiscales. Me permito citar al Lic. Gutiérrez, ex fiscal de Osa; al Lic. Ávila, Jefe Regional de Corredores; al Lic. Camacho, al Lic. Mitre, al Lic. Granados de la PCD, al Oficial Hernández, con quienes compartí sendos trabajos en contra de grupos organizados para delinquir.

En torno al tema sindical, nuestra Constitución Política, en su artículo 60, establece: “Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse, libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales, o profesionales”.

Los cuerpos policiales merecen mejores condiciones, por ello luchamos desde ANEP, conocemos la historia y entendemos a cabalidad las necesidades y demandas laborales de nuestros compañeros uniformados y de nuestras compañeras uniformas. Aunque nos gane “enemigos” el hacerlo. “Cosa triste es no tener amigos, pero más triste es no tener enemigos…”

Paro de labores indefinido en la Municipalidad de Vázquez de Coronado

Cerca de 60 trabajadores operativos de la Municipalidad de Vázquez de Coronado se encuentran en paro laboral de forma indefinida desde tempranas horas de este jueves 10 de noviembre, ante la negativa de que se reconozcan y remuneren las horas extra laboradas, así como el faltante de uniformes.

El paro de labores inicio en el Plantel Municipal a las 6:00 de la mañana, y hace escasos minutos iniciaron las negociaciones con el Alcalde de Coronado, Rolando Méndez Soto en el Plantel Municipal

Esteban Quesada, Promotor de la ANEP, indicó que la molestia por parte de los trabajadores es que el Alcalde se ha negado a reconocer esas horas extra laboradas, por lo que la ANEP no descarta elevar el caso a instancias legales.

Otro de los motivos que impulsaron a los trabajadores a iniciar este paro de labores se debe al faltante de uniformes, los cuales debieron ser entregados por el municipio a inicios del 2016, es decir hace 9 meses.

“El Alcalde no desea hacer reconocimiento de las horas extra laboradas por parte de los compañeros operativos, aduce que ese problema no es de su administración, esto ha provocado gran molestia en los trabajadores. A esto se une que se quiere brincar la entrega de uniformes de este año y entregar en enero los correspondientes al 2017, esto violenta incluso la Convención Colectiva”, detalló Quesada.

Ante este escenario la ANEP ha solicitado la intervención mediadora del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) con la intención de llegar a un acuerdo entre las partes.

Con el paro de labores en la Municipalidad de Coronado se encuentran paralizados los servicios de aseo de vías, recolección de basura y la parte operativa de la Unidad Técnica.

Cerca de 200 oficiales de diversos cuerpos policiales se concentraron en el Parque Nacional

En la actividad en la que participarán oficiales que gozaban de su día libre, demandaron tanto a las autoridades Legislativas como Ejecutivas una seguridad jurídica, jornada y roles de trabajo acordes con la salud, dignificación laboral así como una Ley de Pensiones para cuerpos policiales.

Por su parte la Policía Profesional de Migración Solicita ser incluida como uno de los destinarios de la recolección de impuestos a las personas jurídicas establecido en el Expedienten Legislativo N° 19.818.

Alcalde de Sarapiquí deja plantados a trabajadores en conciliación con el MTSS

La Seccional ANEP-Municipalidad de Sarapiquí solicitó la intervención del Ministerio de Trabajo para tratar el método de pago del tiempo extraordinario de los trabajadores del sector operativo y la definición de la fórmula de cálculo para el pago por tiempo extraordinario.

Conciliación Municipalidad de Sarapiquí-MTSS

Empleo público: ¡La conjura continúa!

Dice el artículo 62 de la Constitución Política de nuestro país lo siguiente: “Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados”.

Este precepto constitucional, vigente desde el 7 de noviembre de 1949, aplica con idéntica fuerza jurídica tanto para favorecer a la clase trabajadora del sector público como para la del sector privado.

Lo que ha venido sucediendo es que en el marco de la terrible campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico desatada en los últimos treinta meses en contra del empleo público, a la opinión pública se le manipuló de tal forma que se ha posicionado la especie de que las convenciones colectivas de trabajo son sólo de los empleados públicos y para que estos tengan “privilegios” y “gollerías”. Nada más alejado de la realidad.

Este postulado constitucional de la Negociación Colectiva incluido como lo acabamos de indicar en la Carta Magna costarricense del 7 de noviembre de 1949, pretende ser derogado, abusiva e ilegalmente, con el proyecto neoliberal en contra del empleo público, expediente legislativo No. 19.506, al cual le pusieron el impropio título de “Ley para regular las remuneraciones adicionales al salario base y el auxilio de cesantía en el sector público”.

Se desenmascaran así las reales intenciones, las verdaderas motivaciones, los perversos objetivos de esta conjura en contra del empleo público que hemos estado confrontando en los últimos meses. El expediente 19.506 expresa un ataque directo a las convenciones colectivas de trabajo, tan odiadas por los sectores del capital neoliberal y sus principales vocerías mediático-parlamentarias.

Con la excusa de los pluses salariales reconocidos a la clase trabajadora del sector Público, se pretende atentar en contra ya no solamente de la propia Constitución Política costarricense, sino en contra de un Derecho Humano fundamentalmente reconocido como lo es la Negociación Colectiva, con base en la legislación mundial que en materia laboral dicta la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Igualmente, todos los elementos jurídicos y jurisprudenciales del Derecho Laboral costarricense en materia de convenciones colectivas de trabajo, acumulados durante varias décadas y desde la emisión misma del actual Código de Trabajo, en 1943, pretenden eliminarse con el expediente legislativo No. 19.506.

El siguiente texto de este proyecto de ley es completamente aleccionador de su intencionalidad liquidacionista con respecto a la Negociación Colectiva: “Iniciado el proceso de negociación, la convención colectiva cesará sus efectos cuando se exceda el plazo máximo de doce meses de negociación entre las partes”.

Un jerarca institucional de una empresa pública con convención colectiva, al igual que un alcalde en cuya municipalidad también exista un instrumento laboral como este, va a estar tentado de impedir una renegociación colectiva si sabe que la vigente se extinguirá al cabo de doce meses de vencida, aunque se le demande responsabilidad administrativa por actuar con esa mala fe.

Las posibilidades de “matar” la convención que es, a su vez, “matar” al sindicato, hará que valga la pena correr el riesgo de la responsabilidad administrativa que, como sucederá, hará que la mala fe del jerarca quede impune.

Así es cómo han ideado estos neoliberales acabar con las convenciones colectivas de trabajo; maniobra esta que, repetimos, queda ahora totalmente al desnudo, especialmente porque hasta ellos mismos ya están reconociendo que los salarios que se le pagan a los empleados públicos no son los responsables del déficit fiscal.

Paradójicamente, este ataque a la Negociación Colectiva, específicamente a las convenciones colectivas de trabajo, se ejecuta en contra de la nueva ley de la Reforma Procesal Laboral (RPL), aún sin haber entrado en vigencia la misma, lo cual ha de ocurrir el próximo 25 de julio de 2017; histórica legislación que, por el contrario a las pretensiones del proyecto 19.506, más bien fortalece las posibilidades de Negociación Colectiva en ambos sectores de la economía: el público y el privado.

El desprecio que algunos sienten en este país por el Derecho Internacional, por los compromisos del país con la legislación internacional en materia laboral, merece la más fuerte censura de todas las personas patriotas que saben que el respeto pleno a los Derechos Humanos es un posicionamiento estratégico de Costa Rica largamente proclamado ante la comunidad mundial de naciones, que siempre debemos defender y preservar.

Sobre el reajuste a los salarios mínimos para el sector privado

El alto corporativismo empresarial de los grandes negocios, “la sacó del estadio”: “propone” cero reajuste por costo de vida para el segundo semestre de este año 2016, a los salarios mínimos que devenga la clase trabajadora del sector Privado; salarios mínimos que en un 28 % ni siquiera se están respetando en estos momentos.

En realidad, la hoguera de la confrontación social se sigue atizando, pues la posición de la UCCAEP es una apuesta por intensificar los procesos contraproducentes de concentración de la riqueza, de crecimiento de la desigualdad, de pauperización salarial y de precarización del empleo.

Y es aquí donde se da una confluencia político-ideológica sumamente contundente de quienes desearían volarse el Estado de Derecho, abrogar, abolir la Constitución Política y entronización del totalitarismo-autoritario inherente a los “golpistas”.

La “propuesta” de UCCAEP de cero reajuste para los salarios mínimos, tiene el mismo basamento de los que proponen derogar todas las Convenciones Colectivas de Trabajo, mostrando una iracundia irracional de peligroso y provocador extremismo; tiene el mismo basamento de los que creen que el mejor sindicato es el que no existe, que el mejor sindicalista es el sindicalista muerto; tiene el mismo basamento de quienes han satanizado hasta el paroxismo el empleo público (más allá de los pocos casos que ameritan correcciones); tiene el mismo basamento de quienes persiguen la homologación salarial de los sectores público y privado pero hacia abajo; tiene el mismo basamento de quienes preferirían que la famosa competitividad esté determinado por una“centroamericanización” salarial y laboral para, por ejemplo, “hondurenizándonos”.

En realidad, una profunda indignación y una gran condena es lo que genera la propuesta de la UCCAEP. ¿Qué hará el Gobierno?…

Representantes de la CNE faltan a audiencia conciliatoria con el sindicato en el MTSS

La Seccional ANEP-CNE solicitó ante el Ministerio de Trabajo la mediación para reinstalar de forma oficial la mesa de diálogo para el proceso de suscripción de la primera Convención Colectiva de Trabajo en la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

A la reunión fueron convocados el presidente de la CNE, Iván Brenes Reyes y la Directora Ejecutiva de la CNE, Julissa Ulate Arias, con el fin de recuperar el tiempo perdido; y proseguir con las negociaciones en los términos legales y constitucionales.

Sin embargo, los representantes de la CNE no asistieron a la audiencia conciliatoria convocada para este miércoles 19 de octubre.

Augusto Alvarado, presidente de la Seccional ANEP-CNE explicó todo el proceso que ha seguido el sindicato para lograr la negociación de la primera Convención Colectiva en la Institución.

Acta en el MTSS Seccional ANEP-CNE by Yariela Novo on Scribd

La austeridad mata…la democracia muere

Los fundamentalistas del extremismo neoliberal con escaño diputadil, los que le hacen el juego a los mismos dentro del escenario legislativo, así como todos cuantos extramuros parlamentarios están en la misma sintonía, no paran en su retórica demagógica de “recorte del gasto”, cuando se habla del presupuesto general de la República; especialmente, cuando los señores diputados y las señoras diputadas empiezan a tramitar el del año siguiente.

La ceguera ideológica y esa especie de “yihadismo fiscalista” de estas personas, con su santa cruzada por la austeridad, nos están llevando a situaciones desesperadas en varios de los servicios públicos más necesarios para los actuales momentos que vive el país a raíz del crecimiento de la violencia en todas sus manifestaciones, la cual, a su vez, es producto del crecimiento de la desigualdad y de la pobreza. Nuevamente, tenemos que insistir en el punto pues la austeridad que siguen promoviendo es una austeridad que mata; y, dolorosamente, con este tipo de austeridad, la Democracia muere.

Como hemos indicado, producto de este tipo de austeridad que mata, el deterioro de una gran cantidad de servicios públicos necesarios para la población que más los necesita, es impresionante. Reiteramos hoy varios ejemplos, quizás de los más dramáticos en estos momentos.

Se dice que viene una nueva oleada migratoria de carácter masivo: 20 mil africanos estarían por llegar a territorio nacional. El servicio público migratorio nacional está críticamente debilitado, en alta condición precaria. La Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), ha sido sometida a severas restricciones presupuestarias en aras de esa austeridad que mata, tanto como la propia Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), lo que nos lleva a afirmar que Costa Rica ha perdido el control de la irregularidad migratoria, prácticamente.

Esa austeridad que mata es la responsable del actual estado de situación de crisis del Sistema Penitenciario Nacional (SPN). Varios años de severas restricciones presupuestarias impuestas al Ministerio de Justicia y Paz tienen al personal carcelario del país en altísimas condiciones de riesgo de vida por la precaria situación de salud ocupacional en que desarrollan su quehacer; destacándose la grave explotación laboral a que es sometido su personal policial, así como las enormes presiones que soportan de parte de la población privada de libertad y de los propios jueces, el escaso personal profesional, técnico y administrativo del SPN.

La caza furtiva, la tala ilegal e indiscriminada, la actividad del narcotráfico y el comercio ilegal de especies están acabando con los parques nacionales y con las áreas de conservación de ese 25% del territorio nacional que Costa Rica dice tener protegido, según la propaganda turística oficial que se difunde en el exterior. Esa austeridad que mata, está matando lo mejor de lo mejor del patrimonio ecológico nacional. Prácticamente y a pesar de la entrega y sacrificio de los pocos guardaparques con que se cuenta actualmente, ya perdimos el control del riquísimo territorio verde costarricense.

Sigue sin detenerse la matazón en las carreteras nacionales. El control vial es ya una quimera. El servicio público de la Policía de Tránsito está colapsado y por más integrantes de otros cuerpos policiales que pongan a hacer partes, no podrán ocultar el grave daño que a este estratégico servicio público que ayuda a preservar la vida, le ha hecho daño esa austeridad que mata.

La inseguridad ciudadana sigue avanzando precisamente en esas comunidades donde sigue avanzando la pobreza, el desempleo, la precariedad salarial, el deterioro habitacional, la penetración del negocio narco al menudeo, la violencia intrafamiliar, los asesinatos y las violaciones. La austeridad que mata ha golpeado al honorable cuerpo policial de la Fuerza Pública, cada vez más impotente para enfrentar tales desafíos pese a las cada vez más grandes presiones que sufren sus integrantes, internas y externas, para cumplir con su deber en medio de gran explotación salarial y precariedad logística.

POR QUÉ LA AUSTERIDAD MATAEl coste humano de las políticas de recorte ”, es un texto que acabamos de conocer y que estamos recomendando buscar y leer, tanto para nosotros mismos como para esos señores partidarios del fundamentalismo fiscalista de los recortes presupuestarios y defensores de la austeridad que mata. Los autores, David Stuckler (investigador de la Universidad de Oxford) y Sanjay Basu (investigador de la Universidad de Stanford), lanzaron “… el primer libro que afronta el debate político y económico sobre la crisis desde una nueva y muy necesaria perspectiva: su coste humano ”. Así lo indica el material electrónico promocional de esta publicación.

Además se nos indica: “… Son las recetas de austeridad las que agravan fatalmente las consecuencias de las crisis, mutilando programas sociales clave justo en el momento en el que más se necesitan, empeorando el desempleo y obstaculizando la recuperación. Este libro defiende que las decisiones económicas no son únicamente una cuestión de ideologías, de tasas de crecimiento y de déficits presupuestarios, sino también una cuestión de vida o muerte. Solo un sistema más justo e igualitario, acompañado de políticas inteligentes que refuercen las redes públicas de protección, garantizará el bienestar de nuestras sociedades ”.

Los empleados públicos y las empleadas públicas que presentan su servicio al país en los arriba indicados servicios públicos están pagando un alto coste humano dado que esa austeridad que mata está atentando contra su propia salud físico-laboral y psicoemocional. El deterioro del servicio que prestan es el deterioro de sus propias vidas. En un ámbito donde la austeridad mata, la Democracia muere.

Finalmente, recomendamos la lectura y el análisis del artículo “La austeridad no funciona” que en nuestro país ha publicado, curiosamente, el semanario El Financiero, escrito por el señor Bill Emmot, quien fuera jefe editor de The Economist, una de las publicaciones periodísticas (si no la más), “alabada” por los neoliberales del planeta.

Dice el señor Emmot lo siguiente: “Entre los mayores frenos que retrasan el crecimiento hoy está la austeridad fiscal. Cuanto más recortan los déficit los gobiernos, más rápido se desacelera el crecimiento -y más inalcanzables se tornan los objetivos de reducción de deuda. Así es el ciclo contraproducente de la austeridad fiscal”.

Para él el problema de la austeridad es que “reside en un crecimiento económico muy lento, que socava el crecimiento salarial, debilita los ingresos tributarios y hace que a los gobiernos les resulte imposible saldar sus deudas”.

Cualquiera podría decir que el señor Emmot tuvo a la Costa Rica de hoy como una de sus fuentes de inspiración para su artículo “La austeridad no funciona”.Si la austeridad mata… la Democracia muere, es nuestra conclusión.

El agua y el Banco Mundial

La Internacional de Servicios Públicos (ISP), entidad sindical de alcance mundial que aglutina a organizaciones laborales de servicios públicos en unos 140 países del planeta, está apelando a las mismas a fin de que se pronuncien, fuertemente, contra las intenciones del Banco Mundial de continuar propiciando toda clase de estratagemas para privatizar el agua, como lo es el fomento de asociaciones público-privadas (APP).

Finalmente, terminarán con el concepto del acceso al agua como Derecho Humano Fundamental, para caer en la persecución del lucro mercantil puro y simple. Para el caso de Costa Rica, la ISP nos pide que nos unamos a tan noble campaña; y, en el caso nuestro, por esta vía, honramos ese llamado.

Datos de la ISP indican que la idea de privatizar el agua ha fracasado repetidas veces. Por ejemplo, en India, en Filipinas y en Nigeria, la privatización del agua causó tarifas exorbitantes, cortes y desconexión para familias que no pueden pagar las tarifas, el despido de trabajadores y trabajadoras, corrupción y mal manejo, problemas de calidad y problemas de gobernabilidad, de transparencia y de participación democrática en el manejo de los sistemas de agua.

En esta campaña, promovida por la ISP, en contra de la privatización del agua, destaca la carta que al Banco Mundial le envió la congresista de Estados Unidos por el estado de Wisconsin, la señora Gwen Moore, quien, con mucha vehemencia, acusa a esta entidad financiera internacional de que “…como dueño de corporaciones del agua al mismo tiempo… ejerce función como consejeros de los gobiernos”.
Este proceso de apropiación privada del agua por parte del Banco Mundial es vehiculizado a través de la Corporación Financiera Internacional (CFI), una especie de subsidiaria del banco.

“El Banco Mundial ha defendido permanentemente la tesis que la forma de aumentar la disponibilidad de agua es tratándola como un producto más del suelo y del subsuelo, que como el cobre, el oro y el petróleo, debe ser explorado y desarrollado por capitales privados que tengan el aliciente de la ganancia para animarse a invertir”.
Esta tesis, aparte de claramente ideológica, es sumamente perversa. Así nos lo deja ver el artículo titulado “La privatización del Agua y el Banco Mundial”, aparecido en el portal de noticias ecológicas www.ecoportal.net

Hay que reconocerlo abiertamente. En el tema del agua, como país, estamos mal. No se trata de culpabilizar a la institucionalidad pública de buena fe que trabaja en el problema, como el AyA. Pero es que desde el propio Gobierno de la República se ha denunciado, con un tono “diplomático”, diríamos nosotros, la conspiración contra el agua pública que se está dando en nuestro país; conspiración que no es otra cosa más que un atentado en contra del acceso universal a un Derecho Humano Fundamental.

En esto del agua, el Gobierno debería dejar de ser “un calculador políticamente frío”, y establecer un sistema de alianzas político-sociales y comunales de gran agresividad para que, como país, enfrentemos el agua desde la perspectiva del bien común y no desde la del lucro privado y prioridad mercantil.

Asusta considerar este otro señalamiento del artículo que hemos citado líneas arriba. Ojo a esto:

“Actualmente un habitante del sur consume un promedio de 20 litros de agua por día. Un estadounidense supera los 600 litros. A la velocidad actual de consumo se llegará al final de los próximos 20 años con más de 3 mil millones de seres humanos sin acceso al agua potable. Y con una perspectiva de conflicto global por el control de las fuentes de abastecimiento, que podría ser la guerra más pavorosa que se haya conocido”.

¡Ni se diga! Quien no quiera ver cómo el gobierno de los Estados Unidos se prepara para las guerras del agua, venideras y cada vez más cercanas, es que ni siquiera está cegado; a lo mejor es que tiene intereses directos y/o indirectos en el negocio de la privatización del agua.

Concretamente, la ISP y todas las organizaciones sindicales de servicios públicos que la conformamos, le estamos exigiendo tres demandas al Banco Mundial para defender el agua como Derecho Humano Fundamental:

1) Que la Junta de Directores Ejecutivos inmediatamente aborde la carta de la congresista Moore sobre el apoyo a la privatización del agua por aquellas entidades del Banco Mundial, incluyendo la participación de la sociedad civil a fin de publicar un informe detallando las discusiones y determinaciones al respecto.

2) Que el Banco Mundial detenga todo el financiamiento y la promoción de las APP en agua.

3) Que la CFI se desprenda de todas sus inversiones directas en las corporaciones del agua.

Para el caso de nuestro país y si usted que nos honra leyéndonos cree en esta causa, le rogamos escribir a: José Alejandro Rojas, que es la autoridad del Banco Mundial para esta región. Le puede escribir a esta dirección electrónica: eds18@worldbank.org

A la vez, le rogamos copiar su mensaje a: 1) jkim@worldbank.org y 2) president@ worldbank.org

Y, por favor, copie a: 1) david.boys@world-psi.org; 2) mark.langevin@world-psi.org; 3) hazel.ripoll@world-psi.org

Promotores y abogados de ANEP reciben capacitación sobre Reforma Procesal Laboral

La Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) y la Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO) recibieron el pasado 18 y 25 de junio la capacitación denominada “ABC Elemental sobre la Reforma Procesal Laboral”, que les permite contar con los conocimientos de esta nueva legislación en favor de la clase trabajadora y que entra a regir el 25 de julio del próximo año.

La capacitación fue impartida por el Master en Derecho Laboral, Esteban Calvo quién durante dos días se encargó de capacitar al personal de la ANEP para que estos transmitan u utilicen este conocimiento en beneficio de los afiliados de la organización.

Dicha capacitación fue organizada por la Unidad de Capacitación y Formación Político-Sindical (UCFPS) de la ANEP, a la cual también asistieron 2 personas de ASDEICE en representación del Colectivo Sindical Patria Justa.