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Inicié mi vida laboral a la edad de catorce años, ayudando en labores agrícolas en una finca familiar y luego en un proyecto cooperativo, igual en labores netamente agrícolas. Pasé luego por varios años a laborar en el sector privado. Durante muchos años mi vida transcurrió en el anonimato, hasta que me convertí en funcionario público, integrante de la Fuerza Pública y luego asumí el rol de dirigente sindical en procura de aportar, desde la organización laboral, para mejorar las condiciones laborales, los derechos y el bienestar de una población laboral históricamente olvidada; la policial.

Este proceso, sin buscarlo se dio, siendo la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la que me abrió las puertas para iniciar una lucha por dignificar las condiciones laborales de mis iguales policías. Este proceso nos ha permitido una lectura amplísima que antes se reducía a nuestro entorno inmediato.

Encontramos en ANEP una organización seria, que tiene claro el horizonte y que persigue la defensa de derechos laborales de sectores vulnerables y de los de abajo, tales como el sector municipal, el Ministerio de Salud, los cuerpos policiales, entre otros muchos que se cobijan bajo esta misma organización social.

Hemos acumulado un crecimiento personal y colectivo que hoy ponemos a servicio de nuestras compañeras y nuestros compañeros policías, así como de los demás sectores que forman parte de ANEP; toda vez que luego de varios años se me encomendara la coordinación política de la Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO); unidad integrada por hombres y mujeres con quienes compartimos el diario quehacer de nuestra agrupación, con una altísima convicción de lucha social y de sentimiento por la defensa de nuestros compañeros y de nuestras compañeras de clase.

En ANEP encontré a un ser humano, con virtudes y defectos (como todos), que respeta nuestras ideas y consignas, un ser con un alto sentido de solidaridad, estudioso, preocupado por la seguridad social y que lucha por la justicia socio laboral, ese es Albino Vargas Barrantes, compañero con quien en ocasiones difiero en razón de nuestra independencia de criterios, pero de quien estoy seguro muchos opinan sin fundamento y sin conocimiento, como sucedió en el caso de quien me dedicó un espacio en sus perfiles de redes sociales.

Nunca imaginamos que pudiéramos llegar a generar las reacciones que hoy observamos en razón de nuestras consignas e ideales de lucha por el derecho y la dignidad de las personas trabajadoras de la Fuerza Pública, al punto que un perfil “sin rostro”, de esos que se esconden detrás de una máscara, nos dedicara un artículo en sus perfiles de facebook y de twitter, titulado “El sindicalista Minor Anchía de la ANEP (un mini Albino) quiere iniciar un caos en el MSP metiendo las manos en el fuego por policías acusados de corrupción…”; utilizándose la falacia como método de desinformación, por cuanto nosotros contamos con altura moral para defender a las y los buenos policías, a quienes hacen su trabajo con mística, honor y honradez;

Como conocedores del Derecho hemos apelado y demandado de la Administración el respeto a instrumentos legítimos como el debido proceso, el principio de inocencia y el derecho a la defensa. Así lo establece nuestro Estado de Derecho.

Resulta fácil hacer “denuncias” detrás de un seudónimo, pero para hacerlo como lo hemos venido haciendo nosotros, sin ocultar nuestra identidad y nuestro rostro, se requiere de haber nacido de una gran mujer como lo fue mi madre. Ella es la persona que me enseñó a defender lo justo, a costa de lo que sea, y eso incluye este tipo de situaciones.

Las comunidades en las cuales servimos como oficial de la Fuerza Pública, Palmar Norte, Buenos Aires, Sierpe, Ciudad Cortes, Volcán, entre otras, dan cuenta de nuestro compromiso con la justicia y de nuestra convicción de servicio. De eso también pueden dar fe funcionarios judiciales, tanto investigadores como fiscales. Me permito citar al Lic. Gutiérrez, ex fiscal de Osa; al Lic. Ávila, Jefe Regional de Corredores; al Lic. Camacho, al Lic. Mitre, al Lic. Granados de la PCD, al Oficial Hernández, con quienes compartí sendos trabajos en contra de grupos organizados para delinquir.

En torno al tema sindical, nuestra Constitución Política, en su artículo 60, establece: “Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse, libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales, o profesionales”.

Los cuerpos policiales merecen mejores condiciones, por ello luchamos desde ANEP, conocemos la historia y entendemos a cabalidad las necesidades y demandas laborales de nuestros compañeros uniformados y de nuestras compañeras uniformas. Aunque nos gane “enemigos” el hacerlo. “Cosa triste es no tener amigos, pero más triste es no tener enemigos…”

Dice el artículo 62 de la Constitución Política de nuestro país lo siguiente: “Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados”.

Este precepto constitucional, vigente desde el 7 de noviembre de 1949, aplica con idéntica fuerza jurídica tanto para favorecer a la clase trabajadora del sector público como para la del sector privado.

Lo que ha venido sucediendo es que en el marco de la terrible campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico desatada en los últimos treinta meses en contra del empleo público, a la opinión pública se le manipuló de tal forma que se ha posicionado la especie de que las convenciones colectivas de trabajo son sólo de los empleados públicos y para que estos tengan “privilegios” y “gollerías”. Nada más alejado de la realidad.

Este postulado constitucional de la Negociación Colectiva incluido como lo acabamos de indicar en la Carta Magna costarricense del 7 de noviembre de 1949, pretende ser derogado, abusiva e ilegalmente, con el proyecto neoliberal en contra del empleo público, expediente legislativo No. 19.506, al cual le pusieron el impropio título de “Ley para regular las remuneraciones adicionales al salario base y el auxilio de cesantía en el sector público”.

Se desenmascaran así las reales intenciones, las verdaderas motivaciones, los perversos objetivos de esta conjura en contra del empleo público que hemos estado confrontando en los últimos meses. El expediente 19.506 expresa un ataque directo a las convenciones colectivas de trabajo, tan odiadas por los sectores del capital neoliberal y sus principales vocerías mediático-parlamentarias.

Con la excusa de los pluses salariales reconocidos a la clase trabajadora del sector Público, se pretende atentar en contra ya no solamente de la propia Constitución Política costarricense, sino en contra de un Derecho Humano fundamentalmente reconocido como lo es la Negociación Colectiva, con base en la legislación mundial que en materia laboral dicta la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Igualmente, todos los elementos jurídicos y jurisprudenciales del Derecho Laboral costarricense en materia de convenciones colectivas de trabajo, acumulados durante varias décadas y desde la emisión misma del actual Código de Trabajo, en 1943, pretenden eliminarse con el expediente legislativo No. 19.506.

El siguiente texto de este proyecto de ley es completamente aleccionador de su intencionalidad liquidacionista con respecto a la Negociación Colectiva: “Iniciado el proceso de negociación, la convención colectiva cesará sus efectos cuando se exceda el plazo máximo de doce meses de negociación entre las partes”.

Un jerarca institucional de una empresa pública con convención colectiva, al igual que un alcalde en cuya municipalidad también exista un instrumento laboral como este, va a estar tentado de impedir una renegociación colectiva si sabe que la vigente se extinguirá al cabo de doce meses de vencida, aunque se le demande responsabilidad administrativa por actuar con esa mala fe.

Las posibilidades de “matar” la convención que es, a su vez, “matar” al sindicato, hará que valga la pena correr el riesgo de la responsabilidad administrativa que, como sucederá, hará que la mala fe del jerarca quede impune.

Así es cómo han ideado estos neoliberales acabar con las convenciones colectivas de trabajo; maniobra esta que, repetimos, queda ahora totalmente al desnudo, especialmente porque hasta ellos mismos ya están reconociendo que los salarios que se le pagan a los empleados públicos no son los responsables del déficit fiscal.

Paradójicamente, este ataque a la Negociación Colectiva, específicamente a las convenciones colectivas de trabajo, se ejecuta en contra de la nueva ley de la Reforma Procesal Laboral (RPL), aún sin haber entrado en vigencia la misma, lo cual ha de ocurrir el próximo 25 de julio de 2017; histórica legislación que, por el contrario a las pretensiones del proyecto 19.506, más bien fortalece las posibilidades de Negociación Colectiva en ambos sectores de la economía: el público y el privado.

El desprecio que algunos sienten en este país por el Derecho Internacional, por los compromisos del país con la legislación internacional en materia laboral, merece la más fuerte censura de todas las personas patriotas que saben que el respeto pleno a los Derechos Humanos es un posicionamiento estratégico de Costa Rica largamente proclamado ante la comunidad mundial de naciones, que siempre debemos defender y preservar.