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Inicié mi vida laboral a la edad de catorce años, ayudando en labores agrícolas en una finca familiar y luego en un proyecto cooperativo, igual en labores netamente agrícolas. Pasé luego por varios años a laborar en el sector privado. Durante muchos años mi vida transcurrió en el anonimato, hasta que me convertí en funcionario público, integrante de la Fuerza Pública y luego asumí el rol de dirigente sindical en procura de aportar, desde la organización laboral, para mejorar las condiciones laborales, los derechos y el bienestar de una población laboral históricamente olvidada; la policial.

Este proceso, sin buscarlo se dio, siendo la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la que me abrió las puertas para iniciar una lucha por dignificar las condiciones laborales de mis iguales policías. Este proceso nos ha permitido una lectura amplísima que antes se reducía a nuestro entorno inmediato.

Encontramos en ANEP una organización seria, que tiene claro el horizonte y que persigue la defensa de derechos laborales de sectores vulnerables y de los de abajo, tales como el sector municipal, el Ministerio de Salud, los cuerpos policiales, entre otros muchos que se cobijan bajo esta misma organización social.

Hemos acumulado un crecimiento personal y colectivo que hoy ponemos a servicio de nuestras compañeras y nuestros compañeros policías, así como de los demás sectores que forman parte de ANEP; toda vez que luego de varios años se me encomendara la coordinación política de la Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO); unidad integrada por hombres y mujeres con quienes compartimos el diario quehacer de nuestra agrupación, con una altísima convicción de lucha social y de sentimiento por la defensa de nuestros compañeros y de nuestras compañeras de clase.

En ANEP encontré a un ser humano, con virtudes y defectos (como todos), que respeta nuestras ideas y consignas, un ser con un alto sentido de solidaridad, estudioso, preocupado por la seguridad social y que lucha por la justicia socio laboral, ese es Albino Vargas Barrantes, compañero con quien en ocasiones difiero en razón de nuestra independencia de criterios, pero de quien estoy seguro muchos opinan sin fundamento y sin conocimiento, como sucedió en el caso de quien me dedicó un espacio en sus perfiles de redes sociales.

Nunca imaginamos que pudiéramos llegar a generar las reacciones que hoy observamos en razón de nuestras consignas e ideales de lucha por el derecho y la dignidad de las personas trabajadoras de la Fuerza Pública, al punto que un perfil “sin rostro”, de esos que se esconden detrás de una máscara, nos dedicara un artículo en sus perfiles de facebook y de twitter, titulado “El sindicalista Minor Anchía de la ANEP (un mini Albino) quiere iniciar un caos en el MSP metiendo las manos en el fuego por policías acusados de corrupción…”; utilizándose la falacia como método de desinformación, por cuanto nosotros contamos con altura moral para defender a las y los buenos policías, a quienes hacen su trabajo con mística, honor y honradez;

Como conocedores del Derecho hemos apelado y demandado de la Administración el respeto a instrumentos legítimos como el debido proceso, el principio de inocencia y el derecho a la defensa. Así lo establece nuestro Estado de Derecho.

Resulta fácil hacer “denuncias” detrás de un seudónimo, pero para hacerlo como lo hemos venido haciendo nosotros, sin ocultar nuestra identidad y nuestro rostro, se requiere de haber nacido de una gran mujer como lo fue mi madre. Ella es la persona que me enseñó a defender lo justo, a costa de lo que sea, y eso incluye este tipo de situaciones.

Las comunidades en las cuales servimos como oficial de la Fuerza Pública, Palmar Norte, Buenos Aires, Sierpe, Ciudad Cortes, Volcán, entre otras, dan cuenta de nuestro compromiso con la justicia y de nuestra convicción de servicio. De eso también pueden dar fe funcionarios judiciales, tanto investigadores como fiscales. Me permito citar al Lic. Gutiérrez, ex fiscal de Osa; al Lic. Ávila, Jefe Regional de Corredores; al Lic. Camacho, al Lic. Mitre, al Lic. Granados de la PCD, al Oficial Hernández, con quienes compartí sendos trabajos en contra de grupos organizados para delinquir.

En torno al tema sindical, nuestra Constitución Política, en su artículo 60, establece: “Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse, libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales, o profesionales”.

Los cuerpos policiales merecen mejores condiciones, por ello luchamos desde ANEP, conocemos la historia y entendemos a cabalidad las necesidades y demandas laborales de nuestros compañeros uniformados y de nuestras compañeras uniformas. Aunque nos gane “enemigos” el hacerlo. “Cosa triste es no tener amigos, pero más triste es no tener enemigos…”

Dice el artículo 62 de la Constitución Política de nuestro país lo siguiente: “Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados”.

Este precepto constitucional, vigente desde el 7 de noviembre de 1949, aplica con idéntica fuerza jurídica tanto para favorecer a la clase trabajadora del sector público como para la del sector privado.

Lo que ha venido sucediendo es que en el marco de la terrible campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico desatada en los últimos treinta meses en contra del empleo público, a la opinión pública se le manipuló de tal forma que se ha posicionado la especie de que las convenciones colectivas de trabajo son sólo de los empleados públicos y para que estos tengan “privilegios” y “gollerías”. Nada más alejado de la realidad.

Este postulado constitucional de la Negociación Colectiva incluido como lo acabamos de indicar en la Carta Magna costarricense del 7 de noviembre de 1949, pretende ser derogado, abusiva e ilegalmente, con el proyecto neoliberal en contra del empleo público, expediente legislativo No. 19.506, al cual le pusieron el impropio título de “Ley para regular las remuneraciones adicionales al salario base y el auxilio de cesantía en el sector público”.

Se desenmascaran así las reales intenciones, las verdaderas motivaciones, los perversos objetivos de esta conjura en contra del empleo público que hemos estado confrontando en los últimos meses. El expediente 19.506 expresa un ataque directo a las convenciones colectivas de trabajo, tan odiadas por los sectores del capital neoliberal y sus principales vocerías mediático-parlamentarias.

Con la excusa de los pluses salariales reconocidos a la clase trabajadora del sector Público, se pretende atentar en contra ya no solamente de la propia Constitución Política costarricense, sino en contra de un Derecho Humano fundamentalmente reconocido como lo es la Negociación Colectiva, con base en la legislación mundial que en materia laboral dicta la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Igualmente, todos los elementos jurídicos y jurisprudenciales del Derecho Laboral costarricense en materia de convenciones colectivas de trabajo, acumulados durante varias décadas y desde la emisión misma del actual Código de Trabajo, en 1943, pretenden eliminarse con el expediente legislativo No. 19.506.

El siguiente texto de este proyecto de ley es completamente aleccionador de su intencionalidad liquidacionista con respecto a la Negociación Colectiva: “Iniciado el proceso de negociación, la convención colectiva cesará sus efectos cuando se exceda el plazo máximo de doce meses de negociación entre las partes”.

Un jerarca institucional de una empresa pública con convención colectiva, al igual que un alcalde en cuya municipalidad también exista un instrumento laboral como este, va a estar tentado de impedir una renegociación colectiva si sabe que la vigente se extinguirá al cabo de doce meses de vencida, aunque se le demande responsabilidad administrativa por actuar con esa mala fe.

Las posibilidades de “matar” la convención que es, a su vez, “matar” al sindicato, hará que valga la pena correr el riesgo de la responsabilidad administrativa que, como sucederá, hará que la mala fe del jerarca quede impune.

Así es cómo han ideado estos neoliberales acabar con las convenciones colectivas de trabajo; maniobra esta que, repetimos, queda ahora totalmente al desnudo, especialmente porque hasta ellos mismos ya están reconociendo que los salarios que se le pagan a los empleados públicos no son los responsables del déficit fiscal.

Paradójicamente, este ataque a la Negociación Colectiva, específicamente a las convenciones colectivas de trabajo, se ejecuta en contra de la nueva ley de la Reforma Procesal Laboral (RPL), aún sin haber entrado en vigencia la misma, lo cual ha de ocurrir el próximo 25 de julio de 2017; histórica legislación que, por el contrario a las pretensiones del proyecto 19.506, más bien fortalece las posibilidades de Negociación Colectiva en ambos sectores de la economía: el público y el privado.

El desprecio que algunos sienten en este país por el Derecho Internacional, por los compromisos del país con la legislación internacional en materia laboral, merece la más fuerte censura de todas las personas patriotas que saben que el respeto pleno a los Derechos Humanos es un posicionamiento estratégico de Costa Rica largamente proclamado ante la comunidad mundial de naciones, que siempre debemos defender y preservar.

Los fundamentalistas del extremismo neoliberal con escaño diputadil, los que le hacen el juego a los mismos dentro del escenario legislativo, así como todos cuantos extramuros parlamentarios están en la misma sintonía, no paran en su retórica demagógica de “recorte del gasto”, cuando se habla del presupuesto general de la República; especialmente, cuando los señores diputados y las señoras diputadas empiezan a tramitar el del año siguiente.

La ceguera ideológica y esa especie de “yihadismo fiscalista” de estas personas, con su santa cruzada por la austeridad, nos están llevando a situaciones desesperadas en varios de los servicios públicos más necesarios para los actuales momentos que vive el país a raíz del crecimiento de la violencia en todas sus manifestaciones, la cual, a su vez, es producto del crecimiento de la desigualdad y de la pobreza. Nuevamente, tenemos que insistir en el punto pues la austeridad que siguen promoviendo es una austeridad que mata; y, dolorosamente, con este tipo de austeridad, la Democracia muere.

Como hemos indicado, producto de este tipo de austeridad que mata, el deterioro de una gran cantidad de servicios públicos necesarios para la población que más los necesita, es impresionante. Reiteramos hoy varios ejemplos, quizás de los más dramáticos en estos momentos.

Se dice que viene una nueva oleada migratoria de carácter masivo: 20 mil africanos estarían por llegar a territorio nacional. El servicio público migratorio nacional está críticamente debilitado, en alta condición precaria. La Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), ha sido sometida a severas restricciones presupuestarias en aras de esa austeridad que mata, tanto como la propia Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), lo que nos lleva a afirmar que Costa Rica ha perdido el control de la irregularidad migratoria, prácticamente.

Esa austeridad que mata es la responsable del actual estado de situación de crisis del Sistema Penitenciario Nacional (SPN). Varios años de severas restricciones presupuestarias impuestas al Ministerio de Justicia y Paz tienen al personal carcelario del país en altísimas condiciones de riesgo de vida por la precaria situación de salud ocupacional en que desarrollan su quehacer; destacándose la grave explotación laboral a que es sometido su personal policial, así como las enormes presiones que soportan de parte de la población privada de libertad y de los propios jueces, el escaso personal profesional, técnico y administrativo del SPN.

La caza furtiva, la tala ilegal e indiscriminada, la actividad del narcotráfico y el comercio ilegal de especies están acabando con los parques nacionales y con las áreas de conservación de ese 25% del territorio nacional que Costa Rica dice tener protegido, según la propaganda turística oficial que se difunde en el exterior. Esa austeridad que mata, está matando lo mejor de lo mejor del patrimonio ecológico nacional. Prácticamente y a pesar de la entrega y sacrificio de los pocos guardaparques con que se cuenta actualmente, ya perdimos el control del riquísimo territorio verde costarricense.

Sigue sin detenerse la matazón en las carreteras nacionales. El control vial es ya una quimera. El servicio público de la Policía de Tránsito está colapsado y por más integrantes de otros cuerpos policiales que pongan a hacer partes, no podrán ocultar el grave daño que a este estratégico servicio público que ayuda a preservar la vida, le ha hecho daño esa austeridad que mata.

La inseguridad ciudadana sigue avanzando precisamente en esas comunidades donde sigue avanzando la pobreza, el desempleo, la precariedad salarial, el deterioro habitacional, la penetración del negocio narco al menudeo, la violencia intrafamiliar, los asesinatos y las violaciones. La austeridad que mata ha golpeado al honorable cuerpo policial de la Fuerza Pública, cada vez más impotente para enfrentar tales desafíos pese a las cada vez más grandes presiones que sufren sus integrantes, internas y externas, para cumplir con su deber en medio de gran explotación salarial y precariedad logística.

“ POR QUÉ LA AUSTERIDAD MATA – El coste humano de las políticas de recorte ”, es un texto que acabamos de conocer y que estamos recomendando buscar y leer, tanto para nosotros mismos como para esos señores partidarios del fundamentalismo fiscalista de los recortes presupuestarios y defensores de la austeridad que mata. Los autores, David Stuckler (investigador de la Universidad de Oxford) y Sanjay Basu (investigador de la Universidad de Stanford), lanzaron “… el primer libro que afronta el debate político y económico sobre la crisis desde una nueva y muy necesaria perspectiva: su coste humano ”. Así lo indica el material electrónico promocional de esta publicación.

Además se nos indica: “… Son las recetas de austeridad las que agravan fatalmente las consecuencias de las crisis, mutilando programas sociales clave justo en el momento en el que más se necesitan, empeorando el desempleo y obstaculizando la recuperación. Este libro defiende que las decisiones económicas no son únicamente una cuestión de ideologías, de tasas de crecimiento y de déficits presupuestarios, sino también una cuestión de vida o muerte. Solo un sistema más justo e igualitario, acompañado de políticas inteligentes que refuercen las redes públicas de protección, garantizará el bienestar de nuestras sociedades ”.

Los empleados públicos y las empleadas públicas que presentan su servicio al país en los arriba indicados servicios públicos están pagando un alto coste humano dado que esa austeridad que mata está atentando contra su propia salud físico-laboral y psicoemocional. El deterioro del servicio que prestan es el deterioro de sus propias vidas. En un ámbito donde la austeridad mata, la Democracia muere.

Finalmente, recomendamos la lectura y el análisis del artículo “La austeridad no funciona” que en nuestro país ha publicado, curiosamente, el semanario El Financiero, escrito por el señor Bill Emmot, quien fuera jefe editor de The Economist, una de las publicaciones periodísticas (si no la más), “alabada” por los neoliberales del planeta.

Dice el señor Emmot lo siguiente: “Entre los mayores frenos que retrasan el crecimiento hoy está la austeridad fiscal. Cuanto más recortan los déficit los gobiernos, más rápido se desacelera el crecimiento -y más inalcanzables se tornan los objetivos de reducción de deuda. Así es el ciclo contraproducente de la austeridad fiscal”.

Para él el problema de la austeridad es que “reside en un crecimiento económico muy lento, que socava el crecimiento salarial, debilita los ingresos tributarios y hace que a los gobiernos les resulte imposible saldar sus deudas”.

Cualquiera podría decir que el señor Emmot tuvo a la Costa Rica de hoy como una de sus fuentes de inspiración para su artículo “La austeridad no funciona”.Si la austeridad mata… la Democracia muere, es nuestra conclusión.