Octubre 14, 2014 por Deborah James
Hoy, por primera vez, WikiLeaks reveló las peticiones de la UE respecto de una amplia lista de servicios, con el propósito de someterlos a las disposiciones privatizadoras y desreguladoras que el TISA pretende perpetuar, aplicables incluso a los servicios públicos de los países en desarrollo. A mediados de la década del 2000, cuando los activistas europeos de campañas revelaron documentos filtrados con demandas similares que reflejaban los esfuerzos de las grandes empresas por ampliar el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), la UE se vio forzada a retractarse de muchas de esas demandas. La presión europea sobre los países en desarrollo, que fue condenada en ese momento por la opinión pública de manera generalizada, puso al descubierto las iniciativas e intereses empresariales corporativos que se escondían detrás de ese acuerdo, tal y como quedan ahora al desnudo esos intereses en las peticiones de la UE divulgadas hoy por WikiLeaks.
Las federaciones sindicales mundiales —entre ellas la Internacional de Servicios Públicos (ISP-PSI), la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA-IUF), la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), la UNI Global Union y la Internacional de la Educación (IE-EI)— y algunas federaciones europeas como la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP-EPSU) y UNI Europa reclamaron unitariamente por primera vez la suspensión de las negociaciones en un comunicado conjunto disponible aquí [PDF].
Los animadores de la globalización agenciada por las empresas transnacionales están lamentándose al unísono del rechazo generalizado a los acuerdos comerciales. Pero lo que no quieren ver es que lo que la gente en todo el mundo está rechazando no es el comercio, sino el control empresarial corporativo de nuestras vidas. La gente anhela vivir en democracia, quiere servicios públicos accesibles y de calidad, un sector financiero bien reglamentado, y empleo decente para todos —es decir, el libreto contrario a la desregulación, la privatización perpetuada y los preceptos antidesarrollo del TISA secreto que se propone, según devela la explosiva filtración de documentos hoy divulgada.
En la medida que el rechazo de la opinión pública europea a la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, por su sigla en inglés) ha puesto en entredicho su avance, y dada la oposición creciente al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés), las grandes empresas y los gobiernos que las representan han puesto sus esperanzas en concluir el TISA antes que haya cambio de gobierno en EEUU. Pero esta burla empresarial no puede llevarse apresuradamente a una conclusión antes que el Presidente Obama cumpla su mandato, sin que la opinión pública mundial siquiera haya oido hablar de su existencia, y menos aún tenido la oportunidad de debatir sus ventajas y desventajas.
A los negociadores se les presiona a decidir si habrán de ceder ante las peticiones de la UE o preservar su espacio de maniobra en materia de políticas y reservar sus servicios para que los provean empresas locales mejor equipadas para fomentar el empleo y el crecimiento económico. Los países que son Partes del TISA fijaron para el 21 de octubre la fecha límite de presentación de sus ofertas revisadas, tras lo cual habrá una nueva ronda de negociaciones del 2 al 10 de noviembre, con la intención de finalizar el acuerdo (negociado casi por completo tras puertas cerradas y con muy poco conocimiento de la opinión pública y prácticamente sin otros aportes que los de los asesores del sector empresarial, a pesar de la resistencia creciente en todo el mundo a los acuerdos comerciales agenciados por las grandes empresas) en una reunión ministerial el 5 y 6 de diciembre.
Las “peticiones” de la UE que se filtraron incluyen demandas a Costa Rica y Perú de que sometan a las normas de liberalización del TISA los servicios que se ofrecen a nivel subnacional (local). A menos que la UE pueda demostrar que todos los servicios ofrecidos en todos los municipios de esos países ya fueron antes abiertos a provedores extranjeros, estas son demandas que perpetuarían cualquier privatización de servicios públicos que se hubiese llevado a cabo a nivel local y abrirían esos sectores de servicios a la competencia de proveedores extranjeros de servicios —lo cual es algo que la UE ha repetido constantemente que no está solicitando.
La UE también demanda acceso al mercado de servicios de correo de Chile, Costa Rica, México, Paquistán, Panamá, Perú y Turquía, y de varios países desarrollados que participan de las negociaciones. Muchos países aplican subsidios cruzados en este sector, que son un factor fundamental para garantizar ese servicio en las zonas rurales. Si los países asumen compromisos en este sector, tendrían entonces que ofrecerles a las empresas extranjeras los mismos subsidios que le ofrecen a sus propias empresas de origen nacional, y no estarían habilitados a renacionalizar esos servicios en caso que su privatización hubiese tenido impactos negativos.
La UE demanda asimismo acceso al mercado de servicios de recolección de basuras, saneamiento y otros servicios ambientales que se administran a menudo a nivel local; de telecomunicaciones (inclusive la radio y teledifusión); a los servicios de comercio minorista y distribución; de transporte de pasajeros y de carga; de transporte aéreo y marítimo; de energía y servicios relacionados con la minería (que son asuntos sumamente delicados sobre todo en América Latina); y otros. La UE además está reclamando más compromisos de casi todos los países en materia de servicios financieros.
La demanda de incluir más servicios financieros en las listas de compromisos es especialmente problemática, en virtud de las normas que incluye la versión actualizada del anexo de servicios financieros, también divulgado hoy.
Según el análisis de la catedrática en Derecho de la Universidad de Auckland Jane Kelsey, bajo las normas del TISA que se proponen, los gobiernos “no podrán limitar el tamaño de las instituciones financieras”; “no se permitiría establecer ningún tipo de líneas divisorias de seguridad entre las compañías aseguradoras, la banca de inversiones [y] la banca minorista, con el propósito de evitar que el dinero de los ahorristas sea tranzado en mercados especulativos”. No podrían prohibirse tampoco productos y servicios financieros tóxicos —ni siquiera productos desarrollados en el futuro; se impondrían restricciones severas al uso de medidas de control de capitales; se les daría derecho a las empresas financieras a intervenir en los procesos legislativos de formulación de políticas de las otras Partes, y en muchas áreas se les permitiría “autorregularse”, aun cuando el sector financiero ya se ha demostrado incapaz de hacerlo.
Además, los Estados quedarían inhabilitados a restringir la transferencia transfronteriza de información financiera delicada cuando las empresas decidan que necesitan hacerlo. Este es hoy en día un asunto candente entre Estados Unidos, que reclama transferencia transfronteriza ilimitada de datos, y la UE, que presentó el 11 de octubre pasado una norma revisada de privacidad, que se contrapone a la postura de EEUU.
La filtración de documentos hoy divulgada incluye también una serie de disposiciones antidesarrollo consignadas en el anexo sobre unas clásulas llamadas de localización. Se denomina “localización” a un conjunto de normas que la mayoría de los países desarrollados utilizaron en su etapa de desarrollo para ayudar a las empresas locales hasta que estuviesen en condiciones de competir en el mercado internacional. Eso incluye los requisitos de desempeño referidos a transferencia de tecnología, contratación de personal local, contratación de ejecutivos locales para que aprendan a administrar la empresa, requisitos de capital para garantizar los depósitos bancarios nacionales, y el uso de insumos locales.
De hecho, esos son precisamente los mecanismos a través de los cuales los países en desarrollo se beneficiarían de la presencia de empresas transnacionales extranjeras, como han insistido y argumentado reiteradamente los promotores del TISA. Sin embargo, el anexo del TISA sobre localización les impide a las Partes la utilización de esos mecanismos y el establecimiento de requisitos de desempeño; es más, incluso llega a prohibir que los países les exijan a las empresas establecer presencia comercial (por ejemplo una filial) para estar habilitadas a prestar servicios transfronterizos. Eso significa básicamente que los aspectos de “desarrollo” publicitados por los promotores del TISA son en realidad una cortina de humo, ya que el acuedo en sí mismo los restringe.
Además del texto central y los anexos sobre asuntos sistémicos, el TISA incluiría las “listas de compromisos” de cada país, donde las Partes consignan los sectores y subsectores de servicios que están dispuestas a someter a las seis disciplinas específicas de acceso al mercado que contempla el TISA, así como los sectores y subsectores que quieren excluir de las normas del TISA sobre Trato Nacional. Esas listas se negocian mediante un proceso a través del cual los países hacen “ofertas” y sus contrapartes en la negociación les formulan “peticiones”, es decir, les demandan incluir más sectores y limitar la lista de exclusiones.
Las demandas de la UE en materia de servicios públicos y privados —incluidos los servicios financieros— combinadas con los aspectos desregulatorios del anexo sobre servicios financieros y las clásulas de localización, ponen al descubierto de conjunto que el TISA es por naturaleza esencialmente contrario al desarrollo.
Naciones Unidas acaba de alertar sobre una nueva crisis financiera inminente. Sin embargo, si asienten al amplio espectro de demandas de la UE en pos de una liberalización de los servicios aún mayor en el TISA, los países en desarrollo se expondrían a consecuencias financieras colaterales sumamente magnificadas, y quedarían atados de manos respecto a su capacidad de respuesta frente a una posible crisis al haber incrementado el acceso de otros proveedores a sus servicios públicos.
Antecedentes
La documentación filtrada que hoy se divulga convalida las advertencias de la sociedad civil mundial respecto a los efectos privatizadores y desreguladores que supone el TISA que se propone, formuladas en septiembre de 2013 en la primera carta sobre el asunto, firmada por 345 organizaciones de todos los rincones del planeta. En aquel entonces, la red Nuestro Mundo No Está en Venta (OWINFS, por su sigla en inglés) sostuvo que:
Las negociaciones del TISA siguen en buena medida la estrategia empresarial de utilizar los acuerdos “comerciales” para atar a los países a la liberalización y desregulación extremas con el propósito de garantizar mayores ganancias a las empresas a expensas de los trabajadores, los agricultores, los consumidores y el medioambiente. El acuerdo que se propone es el resultado directo del trabajo sistemático de incidencia de las empresas transnacionales de los sectores bancario, energético, de seguros, telecomunicaciones, transporte, agua y otros servicios, a través de grupos de presión y cabildeo tales como la Coalición de Industrias de Servicios de Estados Unidos (USCSI, por su sigla en inglés) y el Foro Europeo de Servicios (ESF, por su sigla en inglés).
Las filtraciones del día de hoy demuestran sin ningún tipo de duda la veracidad de los argumentos de la red.
Los documentos que hoy se divulgan son los más recientes de una larga cadena de filtraciones que incluye una versión previa del texto secreto sobre servicios financieros publicada por WikiLeaks en junio de 2014; la filtración en diciembre de 2014 de una propuesta de EEUU sobre flujos transfronterizos de datos, transferencia de tecnología, y neutralidad de la red (disponible en inglés y castellano), que generó gran inquietud acerca de la privacidad de los datos, tras las revelaciones de Snowden; la divulgación el 5 de febrero de 2015 de un documento de antecedentes que promovía en el TISA el turismo asociado a la salud (disponible en inglés, francés, alemán y castellano); la publicación por WikiLeaks de 17 documentos sobre el TISA, y su análisis correspondiente, en junio de 2015; la divulgación en julio de 2015 de un conjunto actualizado de textos, incluido el texto central y su análisis correspondiente; la filtración de los anexos sobre energía y servicios ambientales en diciembre de 2015; los nuevos capítulos sobre empresas del Estado y las clásulas sobre localización, entre otros que se filtraron en mayo de 2016; la divulgación del anexo sobre servicios energéticos y otros documentos publicados por Greenpeace en septiembre de 2016; y la publicación de versiones actualizadas del texto central y nuevas propuestas sobre disposiciones institucionales y solución de controversias, en septiembre de 2016.
El TISA se está negociando actualmente entre 50 países (o 23 Partes, si se cuenta al conjunto de la UE como una) con el propósito de ampliar la cobertura y alcance del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) vigente en la OMC. Con más opacidad aún que las negociaciones en la OMC, las negociaciones del TISA se llevan a cabo en el más completo secreto. La Internacional de Servicios Públicos (ISP), una de las federaciones mundiales de sindicatos, publicó en marzo de 2014 el primer informe crítico, titulado “El TISA frente a los Servicios Públicos”, y en septiembre de 2014 la ISP y OWINFS publicaron conjuntamente el informe titulado El Acuerdo de los Auténticos Buenos Amigos de la Empresas Transnacionales. En el sitio web de OWINFS hay más información disponible sobre el TISA, Hay una cartilla informativa sobre el TISA que se encuentra disponible aquí, y hay más información sobre el TISA disponible aquí.
