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El documento “Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Costa Rica”, que ha emitido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), expresa importantes señalamientos al país en el apartado de “Principales motivos de preocupación y recomendaciones”.

Como indicamos la semana pasada, nuestra intención (¿”cajita blanca”?), es que las personas ciudadanas aspirantes a la Presidencia de la República en las elecciones generales del 2018, sus equipos de asesorías y sus respectivas candidaturas diputadiles, tengan presente este importante informe que viene a ser como un balance de los avances, de los retrocesos, de los desafíos pendientes que tenemos como país en esto de la inclusión social en búsqueda de una Democracia Social.

Tal y como lo apuntamos en la primera parte de este artículo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) ya está integrado a la legislación costarricense que debemos observar. Por tanto, es necesaria obligación reparar en esas malas “calificaciones” que estamos obteniendo al poner en práctica y a cumplir rigurosamente los compromisos que asumimos como Estado Parte del PIDECS.

En materia de política fiscal, muy apropiado resulta para el momento sociopolítico actual del país y al encontrarnos inmersos en una intensa discusión nacional, intra y extraparlamentariamente, tomar debida nota de lo que en este informe se dice al respecto.

Veamos: “Aun cuando el Comité toma nota de las explicaciones proporcionadas por la delegación en cuanto que la reforma fiscal tendrá propósitos redistributivos y no sólo de aumentar el recaudo fiscal, le preocupa que ésta no sea suficientes para combatir el creciente índice de desigualdad en el Estado parte”; por tanto, dicho comité “…recomienda al Estado parte que tome las medidas necesarias para garantizar que las reformas tributarias que se están realizando sean redistributivas y socialmente justas con el objeto de combatir los crecientes índices de desigualdad, y aumentar la disponibilidad de recursos destinados a la implementación de los derechos económicos, sociales y culturales en el Estado parte”.

¡Reparen en esto, por favor!: El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), está consciente de que la legislación propuesta por el presente Gobierno a la Asamblea Legislativa en este ámbito de la política fiscal, no es suficiente para combatir el creciente índice desigualdad que Costa Rica está teniendo; por tanto, las reformas tributarias necesarias deben ser redistributivas y socialmente justas para, efectivamente…, aumentar la disponibilidad de recursos destinados a la implementación de los derechos económicos, sociales y culturales que supone la obligación del país dada su pertenencia al PIDECS.

Uno interpreta, por tanto, que la prioridad de una reforma fiscal verdaderamente justa en nuestro país es la de la renta, por ejemplo; el establecimiento de la renta mundial, de la renta global o universal; de la ley contra el fraude fiscal en todas sus manifestaciones. ¡Ésta si sería una reforma fiscal que confronte, con eficacia, el crecimiento de la desigualdad y para darle contenido real a los derechos del PIDECS que Costa Rica ya está en la obligación de observar.

Por otra parte, tanto que gusta a nuestra clase gobernante, la tradicional y la que aspira a relevarla, llenarse la boca con eso de participación ciudadana y eso de sociedad civil, noten ustedes el “jalón de orejas” que nos da la ONU al respecto: _+“Interacción con la Sociedad Civil.+ Aun cuando el Comité acoge la creación de una entidad permanente de consulta con la sociedad civil prevista por la Comisión Interinstitucional para el Seguimiento e Implementación de las Obligaciones Internacionales de Derechos Humanos, le preocupa que esta entidad todavía no se encuentre en pleno funcionamiento, y la ausencia de mecanismos efectivos de interacción entre las entidades estatales y las organizaciones de la sociedad civil”. _

Por tanto, se le dice al país lo siguiente: “El Comité recomienda al Estado parte agilice el pleno funcionamiento de la Comisión Interinstitucional para el Seguimiento e Implementación de las Obligaciones Internacionales de Derechos Humanos y de la entidad permanente de consulta con la sociedad civil, a fin de garantizar una coordinación efectiva de las políticas relativas a la realización de los derechos humanos, y una interacción constructiva con las organizaciones de la sociedad civil de forma que se promueva una participación activa, abierta y transparente en la vida pública en el plano nacional y en la preparación de su próximo informe periódico”.

¿Cuál candidato presidencial estaría, de manera pública, dispuesto a firmar un compromiso de este tipo en caso de ganar las elecciones del 2018?

En cuanto a la pobreza y a la desigualdad, es probable que este informe se haya elaborado sin conocerse del resultado del pequeño avance en la lucha contra la pobreza que recientemente el Gobierno dio a conocer y que justo es reconocer como un logro de la presente administración. Sin embargo, el señalamiento que se le hace al país al respecto por parte de este comité de las Naciones Unidas expresa una inobjetable validez y precisión.

Se nos dice lo siguiente: “Pobreza y desigualdad. Preocupa al Comité que las medidas adoptadas para combatir la pobreza no hayan sido lo suficientemente efectivas para disminuir los niveles de pobreza y de pobreza extrema en los últimos años, ni para combatir los crecientes niveles de desigualdad que afectan a los grupos más desfavorecidos y marginados”.

Así las cosas, se le recomienda al país como Estado Parte del PIDECS que: “a) Asegure que la Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza establezca metas específicas, sea implementada con un enfoque de derechos humanos y cuente con los recursos suficientes para su implementación y presentando la debida atención a las diferencias y brechas existentes entre los diferentes grupos sociales. b) Adopte medidas efectivas para disminuir significativamente la brecha de desigualdad, teniendo en cuenta las necesidades de los sectores sociales más desfavorecidos y marginados tanto en las zonas rurales como urbanas, particularmente de los pueblos indígenas y personas afrodescendientes”.

¡Es indudable! Este documento “Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Costa Rica”, emitido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el marco de la ratificación por parte de Costa Rica del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), debe llamar la atención de todos cuantos estamos desde ya al pendiente del proceso electoral nacional del 2018, aunque no tengamos pretensión alguna ni simpatía en específico.

Se adjunta el documento de las Naciones Unidas que sirvió de fuente para la elaboración de estos artículos.

Naciones Unidas Informe Octubre 2016 by Yariela Novo on Scribd

La ley establece que las estipulaciones de la Convención Colectiva o en nuestro caso el Laudo Arbitral entre los trabajadores y trabajadoras de Correos de Costa Rica se convierten en cláusulas obligatorias y en parte integrante de los contratos de trabajo celebrados o que se celebren durante su vigencia en el ámbito de la Convención, a un par aquellos trabajadores que no sean miembros del sindicato que haya suscrito la Convención.

Igualmente, las estipulaciones de la Convención Colectiva, beneficiarán a todos los trabajadores de la empresa, sean afiliados a uno sindicato o no, aun cuando ingresen con posterioridad a su celebración.

Dentro de la Convención Colectiva las partes podrán exceptuar de su aplicación al gerente y subgerente, además de la auditora y la subauditora como también a lo que se entiende como trabajadores de confianza.

El ámbito espacial de validez de la Convención Colectiva que se celebre con el sindicato que represente a la mayoría absoluta de los trabajadores regirá en los diversos departamentos o sucursales de la empresa. Es decir, sea trabajadores fijos o por servicios especiales como los call center, mensajería especializadas.

Las partes de la Convención Colectiva cumplirán de buena fe los deberes y obligaciones que de ella dimana para cada uno, en los términos y condiciones en que fueron pactados y los sindicatos serán responsables de su cumplimiento frente a los trabajadores y la empresa.

Por lo que es nuestro deber de informar que la empresa no está cumpliendo con lo establecido en los artículos 42 y 54 que dice:

ARTICULO 42-En aquellos casos de ser despedido un trabajador con responsabilidad patronal, el trabajador deberá ser indemnizado adicionalmente a los derechos que concede el Código de Trabajo, con un porcentaje sobre estos de acuerdo a la siguiente tabla:
a) Un diez por ciento para el trabajador que tenga de uno a cinco años de servicio.
b) Un veinte por ciento para el trabajador que tenga de cinco a diez años de servicio y,
c) Un treinta por ciento para el trabajador que tenga más de diez años de servicio.

ARTÍCULO 54- Correos de Costa Rica, S.A. se obliga a cancelar las prestaciones a sus trabajadores con un límite de DOCE AÑOS en el pago de prestaciones, por cualquiera de las siguientes causas de cese de la relación laboral:
a) Supresión de cargo,
b) Jubilación.
c) Fallecimiento y
d) Despido con responsabilidad patronal.

Por los anteriores conceptos, el trabajador recibirá una indemnización de un mes de salario por cada año de servicio prestado a la institución, con un límite de doce meses de salario. Se calculará este derecho sobre el promedio de los salarios percibidos por el trabajador, durante los últimos seis meses de relación laboral.

Toda indemnización se pagará en un plazo máximo de treinta días a partir de la fecha de terminación del contrato de trabajo.

Le estamos dando seguimiento a este tema y hemos encontrados cuatro caso en el que NO le aplicaron el pago automático de estos derechos laborales y de ser necesario daremos conocimiento a las autoridades de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social pero por lo pronto a todos los trabajadores que hayan sido despedidos (Y sea menos de un año) revisar que sus liquidaciones fueron bien valoradas para que hagan efectiva este derecho.

Extraoficialmente se nos ha informado que es un problema del sistema informático y que cuando realizan el reclamo se ajusta y se paga.

Nuestra pregunta sería ¿Si a los trabajadores se les indica que existe este problema material y la posibilidad de realizar el reclamo, o se quedan calladitos para robarle al trabajadores este dinero que por Convención Colectiva les pertenece?

Trabajadores manifiestan que están dispuestos a revisar pluses salariales en una mesa de diálogo.

Entre la palestra de los temas más comentados los últimos días encontramos la reincidencia de personas cuyas condenas carcelarias fueron prematuramente aceleradas. Esta pésima decisión política-la liberación masiva- (no cabe en mi razonamiento que los colegas del Instituto Nacional de Criminología lo propusieran), arrastra secuelas que tienen en vilo a todo un país, que de por sí ya pasa por un momento de enorme inseguridad.

Así las cosas, es menester preguntarse: ¿Está Costa Rica abordando de manera correcta, o al menos haciendo un intento, el tópico de las personas que cometen acciones ilícitas?

Es importante dejar en claro una cosa, la encarcelación, pena por excelencia, debería ser-teóricamente-la última opción a considerar, no obstante, en nuestro país es la primera, aquí se configura la primera falla técnica en esta materia. Adicionalmente, debemos recordar que el fin de la pena no es castigar al infractor, por el contrario, es reinsertarlo en la sociedad.

Enviar a un ser humano tras los barrotes significa únicamente la restricción de su libertad de tránsito. De manera que el estado debe velar por brindar todas las condiciones dignas, para mantener a los privados de libertad bajo su responsabilidad, con adecuada alimentación, espacio para dormir, salud física, emocional y hasta sexual…entre otras. Sí, eso lo paga el pueblo, por si se lo estaba preguntando.

Precisamente por el primer error señalado, de “recetar”, cárcel de manera casi indiscriminada, el gobierno, que se mantiene en la orilla de una playa a punto de ser avecinada por la gigantesca ola del déficit fiscal, afronta el problema de ser incapaz de otorgar, a las personas recluidas, las condiciones que demandan los Derechos Humanos. Por ende, debe echar mano de estratagemas desesperadas (es evidente que no existen políticas criminales) y se apresuran procesos de reinserción que no han sido efectivos.

Lastimosamente, en todo el mundo, una cárcel es el paso institucional para que un individuo vinculado al crimen se “gradúe”, o sea, adquiera conocimientos, contactos y hasta medios, para convertirse en un experto sociópata. Costa Rica, no es la excepción, los C.A.I. -Centro de Atención Institucional-también son universidades del delito; en ello radica la gravedad de devolver a las calles sujetos a los que no se puede comprobar hayan aprobado correctamente su proceso de reinserción, por el contrario, se liberan, personas con mayor capacidad para delinquir, con una acrecentada y peligrosa reacción de ímpetu e insolencia, ante las autoridades policiales.

A propósito de la reinserción, no cuestiono que el mayor porcentaje de la población carcelaria que cumple a cabalidad su pena, no figure próximamente en un proceso penal, en circunstancias normales cabe destacar. No obstante, siempre me ha surgido una incógnita, aquellos usuarios de Adaptación Social, que vuelven y vuelven, y vuelven de nuevo a reincidir ¿Qué pasa con ellos? Se comprende sobremanera la buena voluntad de reinsertar a un individuo infractor de las normas legales, sin embargo ¿Qué hacer cuando una persona jamás formó parte activa de la sociedad, y por tanto, no puede ser reinsertada? Gracias a los recientes acontecimientos, firmemente me atrevo a decir que: o falta voluntad política para abordar este asunto (lo que es comprensible, nuestros políticos son ingenuos en temas de seguridad, está claro) o, la vanidad institucional es tan grande que no quiere admitir la derrota en estos casos.

Si de casualidad alguien quedase con dudas sobre la existencia de sociópatas, que nunca estuvieron integrados al engranaje de la sociedad, a groso modo, me permito referenciar los barrios marginales, sin caer en el fatídico error de la generalización ni el etiquetamiento. Teorías como la de la Anomia, las Ventanas Rotas y el Aprendizaje, relacionan acertadamente los elementos culturales, la falta de oportunidades y el comportamiento aprendido de modelos negativos, para explicar las razones del porqué un individuo visualiza el crimen como un acto normal, de poco riesgo, e inclusive, como un estilo de vida.

Concomitante con lo supra detallado se puede concluir que es imperiosa le necesidad de nuestra nación de ahondar con conocimiento y experticia, dejando de lado la política, los temas que competen a la comisión de hechos delictivos.

La prevención es el primer paso, no hay que ser genio para deducirlo. Si se abordan integralmente los espacios de convivencia, la falta de oportunidades, se trabaja por derrocar modelos negativos y reemplazarlos por positivos, es posible reducir considerablemente los futuros infractores de la Ley, e indudablemente, le arrebataremos cientos de potenciales reclutas al crimen organizado. Para eso necesitamos modificaciones institucionales, personal idóneo y con experiencia al frente de los Cuerpos Policiales, PANI, Ministerio de Educación, ICODER y demás actores sociales que pueden y deben aportar a la causa.

Por otro lado, ya es momento de que evolucionemos en nuestra teoría, tengamos nuestros propios estudios en relación al acto criminal, si no sabemos concretamente que lo ocasiona ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo actúa la Policía, solo manda un grupo de oficiales a “reventar bunker”? ¿Es eso suficiente? Las estadísticas y las noticias nos dicen que NO.

Igualmente debemos avanzar en nuestros procesos institucionales. Ante la ejecución de un delito la población, e incluso el mismo gobierno, me atrevo a decir, observa el fenómeno criminal desde una cerrada óptica bilateral: el acto acaecido y la punición que merece. Es momento de devolver al ciudadano la confianza en el sistema de justicia, no vale de nada a una persona que un ladrón vaya a la cárcel, si no recupera “un cinco” de sus pertenecías robadas. ¿Por qué no dejar de centrar todas las fuerzas en la penología y concebimos más esfuerzos a la victimología?

Mientras el gobierno alza la mirada a este importante problema actual y se pone de acuerdo para hacer cambios y escuchar los que conocen de la materia criminal, el pueblo seguirá recibiendo “cuitas de gaviotas”.

Hoy vamos a jugar de analista político, con el perdón de quienes con muchísima propiedad y conocimiento, empírico y/o profesional, se dedican a ello.

Así que por un día nos sumaremos a la caterva de amanuenses, opinólogos, “radiógrafo-polítologos” y similares que, dada la prolífica fauna político-electorera nacional, actualmente se dan cuatro gustazos engullendo a fulanos y a sutanas que pululan a la caza de los puestos públicos que se disputarán, directa o indirectamente, en las elecciones presidenciales y diputadiles de febrero de 2018. Por cierto que estamos a menos de 15 meses de estos comicios.

Nos referiremos a lo que en nuestro criterio son, todavía hoy, las principales colectividades político-partidistas de corte electoral que se ven en el horizonte de corto plazo.

Golpeado por su inexperiencia, su novatez, el zancadilleo institucional de mandos medios, cierto acoso mediático de la prensa oligárquica, sus pifias carentes de autocrítica, su dificultad para comunicar algunos de sus logros materia de política contra la desigualdad, su decisión de autoaislarse de la base social organizada que le llevó al Poder Ejecutivo, el Partido Acción Ciudadana (PAC) se ve muy maltrecho de cara a esas elecciones.

Además, ese dilema existencial político-ideológico interno que no le ha permitido definirse, de manera definitiva, hacia el progresismo que presupone el surgimiento de una real Democracia Social en el país como se intuye de sus propuestas ciudadanas, le ha bloqueado su desarrollo con fortaleza estructural como para quedarse con peso político de, al menos, mediano plazo. La verdad parece hoy más contundente que nunca: quien ganó las elecciones presidenciales del 2014 fue un verdadero “outsider” y no, necesariamente, el PAC.

Para peores desde el parlamentarismo y desde la mismísima Casa Presidencial algunos quieren que el PAC se haga el harakiri y se suicide políticamente: entregándole al bipartidismo clásico (incluidas las turecas derivadas del mismo), la vía rápida para atacar el empleo público y bajarle el salario a miles de empleados públicos y empleadas públicas que le dieron su voto en el 2014.

Además, doble suicidio político: regalarles vía rápida para subir el más injusto de los impuestos, el de ventas, inoculando al PLN-PLUSC de los riesgos de costo político de una iniciativa de ley tan repudiada; porque, además, jamás de los jamases este bipartidismo ampliado pero que sigue siendo bipartidismo, no posibilitará nada en materia de transformación del impuesto sobre la renta.

¿Adónde queda la lógica del PAC, entonces? Regalan la vía rápida, se enemistan con los empleados públicos, potencian más la injusta estructura tributaria de alto sesgo regresivo (el pueblo trabajador, como un todo, les cobrará esto), ya no tendrán un solo colón más producto de decisiones de este tipo (se los “regalarán” a sus sucesores en el ejecutivo), asumen culpas que no son suyas (ni el déficit, ni la deuda, ni el sistema salarial del empleo público son creaciones PAC)… ¿Entonces, cómo llamamos a esto? ¡Sin duda alguna!: harakiri, suicidio político.

Desaparecido, físicamente hablando, del escenario liberacionista el ungido que no lo fue, consumido por la ebriedad de su soberbia, orgullo y vanidad, la ideología por él y sus seguidores seguirá siendo hegemónica en el seno del otrora partido socialdemócrata costarricense. Hasta ahora nada augura algo, aunque sea en lo mínimo, diferente.

Hasta el momento la pelea, que pareciera ser fratricida por la candidatura presidencial del PLN, muestra exceso de nombres y un déficit de propuestas más profundo que el fiscal. El hijo del patricio anda pregonando algunas ideas interesantes por el lado de la inclusión social y en contra de la desigualdad pero tiene grandes problemas de credibilidad.

No basta con decir que el “PLN debe volver a la izquierda” sino que se necesitan actos concretos verificables, como zafarle la tabla a ese impropio proyecto de empleo público que defienden sus correligionarios parlamentarios; proyecto que no resuelve, ni en una milésima el problema fiscal, que ataca las estructuras salariales estatales más endebles y que no afecta a las zonas de empleo público que sí pareciera necesario revisar en función de la sostenibilidad financiero-institucional de algunas de las más emblemáticas entidades del sector público-social del país.

Los postulados del Humanismo Cristiano, de egregio protagonismo político-social en los años 40 del siglo pasado, están en disputa por unos que siguen al fracasado neoliberalismo y otros que nos ofrecen menos neoliberalismo. En todo caso, nada indica un retorno a esos postulados en su esencia original; o, al menos, como los está enarbolando en la actualidad el Papa Francisco.

Aquí hay otro hijo de un patricio solo que en este caso y a diferencia del otro, se puso detrás de un candidato lanzado ya, el cual es proveniente de la realeza médica nacional.

La hueca consigna de “por los pobres” está sumamente devaluada pues está más que demostrado que es la más cruel en materia de competencias electorales tradicionales dado que las personas son transmutadas a votos. La estrategia socialcristiana contra la desigualdad tiene el mismo tamaño que el déficit político-ideológico socialdemócrata; ambos yunta que fueron (y que siguen siéndolo) como bipartidismo histórico de la época del ajuste estructural y su principal resultado: la desigualdad.

En cuanto a la izquierda frenteamplista le faltó tener un “detector de alacranes” como para impedir que le estén mordiendo sus entrañas todos los días, restándole ilusión, credibilidad, solidez político-ideológica, esperanza.

La gente sana en sus instancias de conducción política, intra y extraparlamentariamente, parece impotente ante el daño cotidiano que le hace la irrupción malsana del oportunismo del extremismo izquierdoide que tanto beneficio le genera a la derecha neoliberal; tanto como para ser sujeto de un gran reportaje del periodismo universitario de izquierda, dirigido ahora con visión de derecha.

Por otra parte, el frenteamplismo vive ya la picazón del gusanillo de los puestos electorales diputadiles (y los conexos que ello implica) para el 2018, lo cual pareciera consumirle sus máximas energías en estos duros tiempos de necesaria construcción con vocación de poder desde abajo y no de cálculos por las curules en perspectiva. La disipación de la candidatura presidencial juvenil de la ilusión parece que ya es realidad.

Como habrán podido notar quienes nos han leído hasta aquí (lo cual les agradecemos mucho), ha sido una pincelada de este ensayo de analista político. Vamos a ver si en futuro próximo lo intentamos de nuevo, considerando la plétora del turequismo presidencialista.