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Compartimos un listado de 105 artículos escritos por el Secretario General de la ANEP, sobre los álgidos, delicados y polémicos temas del empleo público y del déficit fiscal, publicados a partir de la presente administración gubernativa, que inició en mayo de 2014 y hasta el pasado 25 de mayo de 2016, en los prestigiosos medios de comunicación, DIARIO EXTRA y LA PRENSA LIBRE (digital), del Grupo EXTRA.

Consideramos importante que, muy especialmente, las personas trabajadoras asalariadas socias de la ANEP (en lo específico las que laboran para el Estado), tengan un panorama general del esfuerzo que hemos realizado para posicionar una perspectiva sindical-social de ambos temas (empleo público y déficit fiscal); misma que se ha construido vía lecturas, estudio documental, consultas, aportes, conversaciones, asistencia a eventos públicos de análisis y similares, pero bajo la total responsabilidad individual-personal de quien esto escribe.

Por lo general, los escribimos en fin de semana para no ocupar tiempo en las muchas tareas sindicales cotidianas de la semana laboral “normal”. Debe tenerse claro que, como es conocido, especialistas en el tema no lo somos; pero sí debe estar muy seguro el anepismo de que hemos procurado insertarnos en este debate con toda dedicación, esfuerzo honesto y buscando un posicionamiento sindical propositivo y responsable.

Afortunadamente, al interno de la ANEP y de sus máximos organismos de dirección se ha obtenido el respaldo necesario, la completa confianza y el aval político requerido para que los contenidos de estos 105 artículos se consideren pensamiento oficial de la agrupación. Tal confianza es un gigantesco honor que hemos procurado honrar en todo momento, tratando de escribir con la mayor seriedad posible.

Igualmente, es realmente importante al apoyo recibido de parte del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA y de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), entidades sindicales que con la ANEP tienen gran cercanía sociopolítica y enorme afinidad en cuanto a comunidad de intereses obreros para la presente coyuntura nacional, con las posiciones que venimos manifestando en los temas apuntados; y, en lo específico, en los 105 artículos que quedan a su disposición en, repetimos, documento adjunto.

Nuestra respetada y estimada compañera de causa social y de labor sindical cotidiana, la licenciada María Laura Sánchez Rojas, socióloga, quien trabaja para la ANEP como Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Formación Político-Sindical (UCFPS) de la agrupación, se esforzó mucho en la preparación del documento adjunto conteniendo la información que venimos comentando; desplegando ella un cuidadoso proceso de relectura, selección y agrupamiento.

Los artículos fueron distribuidos por año (2014, 2015, 2016), primeramente; para luego procesarse, temáticamente, hablando, según el contenido principal o preponderante en cada artículo (ya sea empleo público o déficit fiscal). Cada artículo tiene su correspondiente título. En cada caso, se indica la fecha de publicación y el medio de prensa correspondiente.

Explícitamente dejamos constancia del profundo agradecimiento a la compañera María Laura por el esfuerzo realizado; trabajo dedicado que ha hecho por muchísimo tiempo de ordenamiento y recopilación de nuestros artículos para los citados medios de prensa y desde que en cada caso, comenzáramos a publicarlos.

La línea central de todo el esfuerzo realizado en la elaboración de estos 105 artículos se puede resumir en la tesis fundamental de que los salarios que devengan las personas trabajadoras que laboran para el Estado (y, en términos más amplios, la clase trabajadora asalariada, en general), no son los responsables del déficit fiscal; y, por ende, éste, en esencia, se debe a otras razones.

Una vez más expresamos una inmensísima gratitud al Grupo Extra, a DIARIO EXTRA, a LA PRENSA LIBRE (digital), en la persona de su Gerente General, la distinguida ciudadana doña Iary Gómez Quesada, por el que nunca será bien ponderado por nuestra parte, inmenso honor que nos da cada semana de publicar estos artículos en tan prestigiosos medios de prensa, tal y como los elaboramos, en apego irrestricto y al ciento por ciento del concepto democrático de la Libertad de Expresión.

Nuestra aspiración, finalmente, es que alguna editorial de las universidades públicas estatales, o, incluso la misma Editorial Costa Rica, nos diera, también el honor inmensísimo, de publicar estos artículos como libro para lo cual en próximas fechas haremos las gestiones del caso a ver si tenemos suerte.

En verdad, no tiene usted la menor idea de cuánto honor nos hace por haber leído esta comunicación, misma que le compartimos sin ánimo de presunción alguno. Sinceramente se lo planteamos así.

Artículos de Albino Vargas 1 2015 2016 Déficit Fiscal Empleo Público

Es evidente que algunas personas jóvenes muestran cierto grado de rechazo hacia los miembros de las policías, esto nos lleva a pensar si realmente juventud y seguridad son términos incompatibles o si, por el contrario, el descontento gira más bien, en torno a los viejos esquemas de una seguridad que no avanzó al ritmo del cambio social.

No podemos negar que, ocasionalmente, miembros de nuestras Policías han incurrido en detenciones ilegales y maltratos hacia ciertos grupos estigmatizados y personas jóvenes. Tampoco se puede obviar que, de manera esporádica, se infiltran en nuestros cuerpos de Policía algunas prácticas con sesgos militares y cierta inclinación a una seguridad pública que carece de calidez humana. Pero estas conductas, reflejo de una seguridad añeja, no debe llevarnos a generalizar y mucho menos a ignorar el trabajo de quienes nos dicen “duerman tranquilos que nosotros cuidamos”.

Así las cosas, es completamente errado afirmar que existen razones objetivas y elementos permanentes que hagan irreconciliable las relaciones entre las juventudes y los miembros de las Policías. Por el contrario, una posible alternativa consiste en invertir en la profesionalización adecuada de nuestros cuerpos de seguridad y en programas de sensibilización dirigidos a las personas jóvenes; en promocionar la coproducción de la seguridad y en asumir la responsabilidad individual en el mejoramiento y construcción del tejido social.

Una sociedad civilizada y libre de prejuicios entendería que las Policías y los policías no representan el estandarte de un Estado policial sino, el distintivo de verdaderos servidores y servidoras. No son monstruos que exhiben su equipo como extensión de su prepotencia ni virilidad sino, seres humanos al servicio de la ciudadanía.

La gran mayoría de personas que ingresan a los cuerpos de Policía en nuestro país son jóvenes, no son militares ni guerrilleros. Estas personas recibieron educación en hogares de familias costarricenses y aprendieron con el tipo de enseñanza que el Estado les proporcionó. Si las personas jóvenes en su mayoría fueran víctimas del maltrato y la humillación por parte de los policías, como se atreven a afirmar algunos actores de doble moral, no existiría razón alguna que motivara a estas personas jóvenes a trabajar en seguridad.

No obstante, existe una responsabilidad compartida respecto del tipo de sociedad que tenemos. Si por algún motivo llegamos a sentirnos indignados por la forma en la que se aborda la seguridad en nuestro país, debemos pensar que esto es una invitación para sumarnos a los verdaderos procesos de cambio.

Por otra parte, observamos con optimismo el hecho que hoy, más que nunca, las juventudes muestran una conciencia lúcida y una actitud comprometida, respecto de lo que debería ser una sociedad libre de violencia. Los intentos “adulto-céntricos” por acostumbrar a los de “temprana edad” a obedecer las reglas sin cuestionarlas, parece que ha llegado a su fin.

Las personas jóvenes dejaron de creer en ese discurso con promesas de condiciones suspensivas en las que predominan las limitaciones y advertencias. Por razones obvias, se perdió la confianza en aquellos que prometieron una sociedad tranquila y segura. Hoy la realidad es otra, las juventudes se negaron a seguir la inercia de quienes con ínfulas de frío intelectualismo les han dicho: ¡tranquilos…ya llegará su momento!

En la actualidad las jóvenes y los jóvenes se están posicionando como protagonistas en la construcción de políticas criminológicas asertivas y de aquellas políticas que son producto de la participación ciudadana. Pero, aun así, lamentamos que las brechas de desigualdad y de exclusión social sigan creciendo, precisamente, porque dejan a las juventudes solo dos opciones, combatir el crimen y la delincuencia o, unirse a ellos.

No es verdad que las personas jóvenes aborrezcan a los miembros de los cuerpos de policía en los términos en que se mediatiza, igual se disgustan con sus padres cuando les dictan reglas y les fijan límites y no por ello se termina el mundo. Lo bueno de todo esto es que son las jóvenes y los jóvenes los que están asumiendo la seguridad en nuestro país. No importa que las voces de la estigmatización afirmen que ello se debe al bajo nivel de escolaridad, a la inexperiencia o, a las pocas oportunidades de empleo que tiene este sector. En resumidas cuentas, lo determinante es que existen verdaderas posibilidades de cambio.

Las viejas y rígidas estructuras policiales bajo una supuesta “experiencia” medida en términos de edad, ya no son una alternativa. Las personas jóvenes que constituyen los cuerpos de Policía aun con el grado de dificultad que ello implica, han comenzado a profesionalizarse y a ocupar puestos de jefatura, todo con el afán de conquistar espacios de incidencia y de toma de decisiones.

Así las cosas, en materia de seguridad las nuevas generaciones se están desligando del populismo y del discurso de solo represión, se comprendió, además, que estas posiciones les niegan a las personas jóvenes la oportunidad de participar con seriedad en la elaboración y ejecución de políticas de prevención. De manera que, las viejas formas de hacer política ya no podrán aprovecharse de esto para figurar, obtener beneficios particulares o, seguir fines partidarios.

Costa Rica en los últimos años ha tratado de implementar políticas de seguridad ciudadana con una perspectiva de corresponsabilidad y de coproducción de la seguridad y; en este sentido, las personas jóvenes estamos completamente de acuerdo con que la prevención debe ubicarse en el centro de estas políticas. Finalmente, la seguridad debe ser considerada como un bien público y las personas jóvenes como protagonistas en la construcción de la paz social y la convivencia ciudadana.

En el primer acercamiento con el alcalde de Siquirres se trataron temas para mejorar las condiciones laborales.

Se han expuesto, en la sección de sucesos de los medios noticiosos y redes sociales, los últimos días, imágenes propias de las más grandes obras de terror. Sin embargo, lamentablemente esos cadáveres son reales, no se trata de una expresión artística y cinematográfica del tipo gore. Los cuerpos sin vida que vemos con asombro, curiosidad, indignación y desagrado, son los restos de seres humanos, que al igual que usted y yo, querido lector, alguien les esperaba en casa, tenían una madre que debió quemar sus mejillas con ácidas lágrimas de dolor y posiblemente hijos. Pequeños que crecerán en un hogar disfuncional, en medio de un ambiente hostil, carente de oportunidades y que automáticamente conformarán una lista de elegibles para ser reclutados por el mismo tipo de estructura ilícita que cobró la vida de su progenitor. Así se configura el círculo macabro que aterra hoy por hoy a nuestra sociedad (rezo porque en verdad impresione y no nos hayamos acostumbrado a estas espantosas noticias).

Obsequio estas palabras a quienes en algún momento restaron importancia a los homicidios acaecidos contra actores activos de grupos criminales, con mucho respeto les insto a reflexionar y reconsiderar su posición.

La violencia fluye de manera circular, no deja salir a sus protagonistas, empero, si admite nuevas piezas dentro de su engranaje, que alimentan el círculo, lo hacen crecer y volverse cada vez más poderoso. Este es el contexto actual al que nos enfrentamos, un flujo impulsado por el dinero sucio del crimen organizado que está consumiendo en su “círculo” a más y más víctimas, lo arrasa todo a su paso y se ha salido de control.

La gran incógnita es: ¿Qué pasa con la respuesta institucional del estado? Veamos:

Mediante oficio CO-FP-UDO-11-637-2015, se solicitó al Ministerio de Seguridad Pública, los resultados arrojados por los últimos estudios criminológicos, específicamente en lo atinente a factores que originan el hecho delictivo. En respuesta se recibió un oficio que contenía una serie de estadísticas escuetas. Si, estadísticas, los números que se generan cuando el hecho delictivo ya fue consumado. Es decir, el Ministerio de Seguridad Pública no realiza estudios en materia criminal, la institución encargada de prevenir el crimen ignora qué lo origina.

Así las cosas, consulto: ¿Cómo planifican las acciones preventivas si no conocen el génesis de la conducta criminal en el país? ¿De qué manera distribuyen el recurso humano? ¿Basados en qué plan de acción buscan prevenir hechos que no comprenden qué los origina? A modo de analogía ¿Cómo tapas una gotera sin saber la localización exacta del agujero por el que se filtra el agua?

Irónicamente estas incógnitas son la respuesta a la gran pregunta de ¿Por qué en Costa Rica estamos experimentando estas atrocidades y porqué avanza el crimen organizado tan rápido?

Nuestra Policía administrativa se ha sometido históricamente a roles de trabajo arbitrarios, carentes de asidero científico, ilegales y hasta contrarios a la salud, interpuestos por simple ocurrencia de alguien que ostentaba el poder. Así se verifica en distintas resoluciones de la Sala Constitucional y documentos que son de dominio de la ANEP. Consecuentemente con esta circunstancia, de decisiones sin bases legales y científicas, se unen la conformación de protocolos de actuación (aunque estos tampoco nos lo entregaron nunca), y los planes de prevención operativa del delito.

O sea, la Fuerza Pública desde su creación y hasta la fecha ha sido dirigida mediante el método de la improvisación, acorde al criterio de personas al mando (y ojo que muchas veces estas personas ni siquiera han experimentado las labores básicas en la calle). La población de nuestro país es un gran conejillo de indias de las decisiones tomadas en materia de seguridad pública sin ningún tipo de respaldo científico y aquellos planes plagiados a otros países amigos, ha demostrado ser un fracaso rotundo (si no me cree le invito a ver las estadísticas reales en la página del Organismo de Investigación Judicial).

Continuando con el uso de metáforas; de nada vale tener el mejor automóvil si el conductor no posee los conocimientos y experiencia ideal, más bien resulta peligrosa la conducción. Eso ha pasado, está pasando y seguirá pasando si no se admiten los yerros en Fuerza Pública y se hacen cambios drásticos.

Todas las semanas escuchamos de supuestos golpes al narcotráfico, pero, contradictoriamente las organizaciones dedicadas al tráfico ilegal de drogas de igual naturaleza, adquiere segundo a segundo más fuerza. La Policía de Control de Drogas, un ente tan fundamental y sensible, tiene, desde hace más de 20 años a la misma persona al mando. Este panorama versa contra una sana administración, puesto que, no ingresan ideas frescas, la perspectiva no cambia y los errores cometidos no se subsanan, se acrecientan. ¿No es momento ya de un cambio, por el bien de toda una nación?

Varias ocasiones se ha señalado, y fue ventilado en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, con todo un “ampo” relleno de pruebas, el mayor problema de la Policía preventiva en nuestra patria es la pésima administración de recurso. Atención, que no solo es el recurso, desde lo que compete a la perspectiva presupuestaria, también la humana, el oficial que realiza la labor, el ser humano de carne y hueso que viste la digna envergadura policial.

Y es que, a vista, paciencia y permisividad de cada jerarca de la cartera de Seguridad Pública, los Policías de la Fuerza Pública, realizan cada vez más acciones de competencia neta de otras instituciones. ¿No me cree estimado lector? Quien suscribe es Oficial, así que he vivido en carne propia la situación CENTRAL SOCIAL JUANITO MORA PORRAS que le expongo. Mediante el sistema de emergencias del 9-1-1, las llamadas son remitidas al Departamento e Comunicaciones Policiales, sin ningún filtro, los funcionarios de dicha entidad solo emiten a cada jurisdicción los incidentes.

Por ello se ordena a los oficiales que acudan a choques automovilísticos, a “verificar” heridos, “verificar” conatos de incendio, problemas de inquilinato, acompañar a servidores que “cortan” servicios de luz o agua, alertas de alarmas instaladas por empresas privadas. Por si fuera poco, el Policía se le obliga a: realizar notificaciones de procesos judiciales, a visitar todos los días a las personas del programa de protección a víctimas y testigos, atender situaciones de Tránsito, cubrir eventos masivos y hasta a recibir denuncias (facilitadores judiciales).

Entonces, si no sabemos las razones por las que nace el acto delictivo, el recurso se distribuye antojadizamente, el oficial se concentra más en otras funciones diferentes a su naturaleza preventiva, difícilmente se podrá sostener una lucha real contra la criminalidad. Por más efectivos con los que contemos y presupuesto, si las cosas no se ordenan, estamos destinados a estrellarnos en este auto.

En lo que refiere a la capacitación que se le da al efectivo, su salario y las condiciones laborales en que se desempeña, no me voy a referir, pero “X6” (alerta), que la desmotivación y la necesidad puede impulsar a alguien a tomar un camino erróneo.

Si cree que me olvidaba del punto de vista legal, el tratamiento que se le da a los infractores de la ley, los procesos penales y demás, pues no es así, pero ese es otro tópico mucho más complejo, Por el momento solo queda decir que tampoco hemos visto altos funcionarios del Ministerio de Seguridad impulsando reformas al código procesal penal, denunciando escuálidas medidas cautelares tomadas por jueces faltos de carácter (espero y no infiltrados narcos), proponiendo mejoras en el tratamiento de reinserción de los reclusos o acciones a ejecutar para aquellos que jamás podrán ser reinsertados, entre muchas otras que sí competen a la Seguridad Ciudadana.

Es momento de cambios, pero no los vemos, no hay planes integrales para prevenir en realidad el quebranto de las normas, continúan las malas decisiones y las consecuencias de las mismas se pagan con granos de nuestra tierra manchados de sangre…

El 31 de mayo las agencias internacionales de noticias informaron que el Fondo Monetario Internacional, uno de los principales impulsores de la doctrina neoliberal, reconoció que el neoliberalismo aumenta la desigualdad, hecho que podemos constatar en Costa Rica a partir de los años 80 en que se comienzan a implementar los ajustes “fondomonetaristas”.

Según concluyen tres directores de la entidad monetaria mundial, “las ventajas de ciertas medidas que constituyen una parte importante de la agenda neoliberal parecen haber sido un poco exageradas”.

Según ellos, el costo de estas políticas en términos de profundización de las desigualdades son en cambio “tangibles”, al igual que sus efectos negativos sobre la actividad económica.

“El aumento de las desigualdades reduce (…) el nivel y la viabilidad del crecimiento”, aseveran los investigadores en la edición de junio de la revista “Finance & Development”, publicada por el FMI.

Los tres expertos estudiaron dos ejes de la doctrina neoliberal, que apunta a minimizar la intervención del Estado en la economía: la libre circulación de capitales y las políticas de austeridad presupuestaria.

Según su evaluación, ciertos movimientos de capitales, como las inversiones extranjeras directas, pueden alimentar el crecimiento de un país, pero otros flujos de capitales de corto plazo contribuyen por el contrario a la volatilidad financiera y “aumentan los riesgos de un crack”.
Los expertos señalan también que el costo de las políticas de austeridad aumento de impuestos, recortes de gastos públicos puede ser “mucho mayor” que sus beneficios, sobre todo en países (como en Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña) donde estos los programas de saneamiento no son imprescindibles.

La implantación del neoliberalismo en Costa Rica, significó la apertura a los flujos de comercio y capitales, la liberalización financiera y el progresivo debilitamiento del Estado de bienestar. Durante el largo período 1984-2007, el neoliberalismo hizo que la economía creciese al 5% promedio anual (2,7% per cápita), claramente por debajo del desempeño registrado en el periodo 1950 y 1979, en el que la economía de Costa Rica crecía a un ritmo del 6,5% promedio anual, (3,2% el PIB por habitante), de acuerdo a los datos de economista Luis Paulino Vargas Solís.
Para que el país no siga por ese rumbo, los sindicatos proponemos un modelo alternativo que permita recuperar el papel de Estado como gestor estratégico del desarrollo económico sustentable y de la prestación universal de los servicios esenciales.

Queremos un estado que tenga como prioridad la producción para el mercado interno, mediante la reactivación agropecuaria y el fomento de encadenamientos productivos, que dinamicen la economía nacional.

Todavía estamos a tiempo de cambiar el rumbo por el que los neoliberales conducen al país.

Informe del FMI crítico con las políticas neoliberales

En su sesión No. 2055, de carácter ordinario y celebrada el pasado viernes 7 de octubre de 2016, la Junta Directiva Nacional (JDN), de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), acordó, de manera unánime y firme, formal convocatoria oficial por esta vía electrónica y reproducida en físico según correspondientes circunstancias; al Consejo Consultivo Nacional (de carácter extraordinario), para las 8 horas del día viernes 18 de noviembre de 2016, en el auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (Cecor), en la calle 20 de esta ciudad.

Para ello, la JDN-ANEP se fundamenta en el artículo 69 de los actuales Estatutos de la organización que plantea lo siguiente:

“Las presidencias y vicepresidencias de las juntas directivas de los organismos de base, en su carácter personal y sin posibilidad de delegar esa función, formarán el Consejo Consultivo Nacional, el cual se reunirá por expresa convocatoria de la Junta Directiva Nacional, cada vez que las circunstancias sociopolíticas o cualquier otra razón de gravedad para el país o para el sindicato, así lo exijan. Ordinariamente, habrá una sesión al término del primer año de gestión directiva; y, otra sesión, al tercer año de la misma.

Las personas que integren la Junta Directiva Nacional serán de pleno derecho, integrantes del Consejo Consultivo Nacional.

La función del Consejo Consultivo Nacional será de consulta y coordinación con la Junta Directiva Nacional. Conocerá de los asuntos que ésta lleve a su seno; o aquellos asuntos que por considerarlos de importancia, alguna persona integrante de este Consejo considere oportuno discutir para trasladarlos a la Junta Directiva Nacional”.

TEMA CENTRAL: Defensa del Empleo Público. Balance de situación de la lucha desarrollada por la ANEP y otros actores sindicales, al término del año 2016 y perspectivas para el 2017. Fortalecimiento de dispositivos organizativos ante acciones por venir, con carácter urgente, en el marco de La Democracia de La Calle.

NOTA: Para esta sesión del CCN-ANEP, las seccionales pueden convocar a dos personas más de cada junta directiva; es decir, presidencia, vicepresidencia y dos integrantes más, para un total y máximo de 4 personas por seccional.

Se les ruega tomar las previsiones del caso para el trámite necesario de inscripción oficial de participantes a chequearse en cada caso con el registro de directivas de seccionales que se lleva en la organización.

Si la inscripción de hace vía electrónica, favor mandarla a estas dos direcciones:

alonsom@anep.or.cr
danieltorres@anep.or.cr

También se puede tramitar la inscripción con la persona promotora correspondiente a cada seccional.

Los policías somos seres humanos con necesidades, no somos “robots”

El mismo Presidente de la República, reconoció en presencia de los Ministros de Trabajo, y de Seguridad Pública, que los policías trabajan jornadas laborales extenuantes; inclusive, en muchos casos de más de veinticuatro horas continuas.

Se ha considerado a la Fuerza Pública dentro de un régimen de excepción. Esa condición hace que se establezca como “ordinaria”, la jornada de trabajo de doce horas diarias. En el tiempo, ante la falta de criterios técnicos, se han establecido roles de servicio al antojo del jerarca de turno; inclusive aquellos que van en detrimento de la salud de las personas. Por ejemplo: de 14:00 horas a 02:00 horas (jornada mixta) y el 2×2×2, que según estudios emitidos por entes técnicos (Salud Ocupacional y Consejo de Salud Ocupacional), provocan serios deterioros en la salud de las personas.

En este momento, ante la situación de inseguridad ciudadana, producto de la incursión del crimen organizado, y del narcotráfico en nuestra sociedad, hemos visto como el Ministro de Seguridad Pública, levanta la vos para solicitar más recursos; eso está bien, es posiblemente lo que considera necesario. Nosotros la levantamos por los derechos de nuestros policías.

Acaso habrán olvidado nuestras autoridades, que posterior al evento de Monteverde (asalto bancario), se reprochó la fatiga que presentaban los policías. Pues resulta que, en la actualidad, muchos policías están con una altísima fatiga, producto de las cargas de trabajo y de roles de servicio, absolutamente contrarios a la salud.

Las estadísticas dan cuenta, de que en el año 2015, se presentaron 73 casos de violencia intrafamiliar, en hogares de policías. En este año, se registran 32 casos. ¿Qué se hace institucionalmente para atender la desintegración familiar? Nada. Se instauran procesos disciplinarios, se sanciona a los policías “porque no deben estar en casos de violencia intrafamiliar”. Eso es cierto, pero, ¿cuánto le toca a la administración, que no muestra el mínimo intereses por las necesidades de los policías y de sus familias?

Siguiendo con las estadísticas, entre los años 2014 y 2016, se conocieron 321 casos de supuesto abuso de autoridad. ¿No serán la fatiga, el estrés, las malas condiciones, la ausencia de liderazgo, detonantes para que no se tomen las mejores decisiones? Nuevamente debemos cuestionar ¿Qué se hace para atender esta situación? Nada, se inician procesos disciplinarios, que luego terminan en una recomendación de despido, que el Ministro avala, dejando en indefensión a un funcionario que muchas veces es víctima del “sistema”, y que puede ser que únicamente necesitara de ayuda para manejar el temperamento, e inclusive, para resolver sus propias frustraciones. Puede que alguien considere que son excusas, pero quienes hemos estado en los zapatos de un policía, sabemos de las muchas situaciones adversas con las que se debe lidiar todos los días.

Los policías no somos robots, somos seres humanos con necesidades; los policías no contamos con un régimen especial de pensión; por ello miramos compañeros y compañeras, adultas mayores, uniformados y brindando seguridad ciudadana; combatiendo una criminalidad mucho más sofisticada; combatiendo delincuentes “atléticos y descansados”, cuando deberían estos oficiales estar con absoluta justicia, disfrutando de sus nietos, jubilados en sus casas.

Por ello, ante el incremento en la actividad delictiva, el incremento en el riesgo físico y jurídico, ante la incertidumbre jurídica y la demanda de más policías, ¿Dónde quedan los derechos y necesidades de los policías?