Factores que inciden en la corrupción policial

Lamentablemente, los hechos acontecidos en los últimos días ponen en el tapete de discusión social el tema de la corrupción policial, estas refutables acciones de uniformados de moral desvencijada y/o comprada, redundan en un grave etiquetamiento de la población para con el servidor policial.

No obstante, el gobierno, además de señalar y juzgar, es completamente necesario que analice, estudie o se pregunte al menos el ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas que inducen a que un funcionario al servicio de la justicia cometa actos contrarios a la ley?

Efectuar un criterio integrado en este momento generaría un documento enorme que posiblemente la mayoría de los lectores ni siquiera finalizarían, por ello, se abordará someramente el asunto, con la intención de llamar a la conciencia e informar responsablemente:

La génesis de la comisión de un acto delictivo cuenta con una infinita arista de factores que inciden en el comportamiento de un individuo, así las cosas, se torna menester recordar las más básicas teorías criminológicas que establecen que el ser humano es un ser bio-psico-social. Es decir, que la conducta y las decisiones que toman las personas en un ámbito determinado, es forjado, acorde a los estímulos internos y externos que reciba.

Así las cosas, para el caso concreto de los oficiales de Fuerza Pública, podemos desglosar dichos estímulos, realizando la división de factores antes mencionada:

Factor Biológico: Gracias a la jurisprudencia, que dicho sea de paso no compartimos, los cuerpos Policiales se consideran un régimen de excepción, por ende, su jornada ordinaria es de 12 horas diarias, o sea, 72 semanales. Roles intempestivamente asignados de 2×2×2, afectan la salud de las personas, así lo ha manifestado el propio departamento de Salud Ocupacional del Ministerio de Seguridad Pública, como respuesta a una consulta interna del Departamento de Planes y Operaciones sobre los roles de servicio. A decir verdad, tampoco hace falta mayor criterio técnico para entender que con 12 horas de trabajo, desplazamiento al hogar, presas, obligaciones domésticas y demás responsabilidades por cumplir, sometido a jornadas mixtas, comiendo a horas diferentes, cualquier sujeto desmejora su condición física y de salud.

Aunado a ello, se deben tener en cuenta circunstancias como: el uso de un equipo policial que fácilmente puede sobrepasar los 7 kilos, permanecer toda la jornada (12 horas) de pie o caminando en 3 cuadras, con ese equipo, más los factores climáticos propios de nuestra región (exposición al sol y la lluvia) y hasta los gases contaminantes que predominan en el aire que se respira.

También, ante la carencia de un menú estándar elaborado por profesionales en nutrición, en las Delegaciones Policiales (donde cocinan oficiales sin cursos de manipulación de alimentos ni formación alguna culinaria), es común encontrar al personal disconforme con la comida que ingiere en sus unidades.

Factor Psicológico: Son diarias las llamadas que se reciben por parte de funcionarios Policiales, en las que se quejan del maltrato por parte de los coordinadores, operacionales, personal administrativo, jefaturas y demás funcionarios con alguna relación de poder. Desde acoso sexual, laboral, gritos, humillaciones, regaños por la frecuencia (que incluso hemos testificado gracias a grabaciones), son situaciones cotidianas que soporta el uniformado, quien debe atenerse a consecuencias vengativas cuando testifica su situación.

Adicionalmente, es necesario recordar que el oficial de Policía es el ente al que acuden las personas cuando se sienten en una situación de riesgo: sospechosos cerca del barrio, violencia intrafamiliar, problemas de inquilinato, trifulcas de barrio y por supuesto, cuando se es víctima del hampa; eso sin mencionar la confrontación directa con las peligrosas estructuras de crimen organizado. En base a ello, es válido argumentar que los efectivos permanecen en una constante participación de situaciones estresantes, con sujetos de actitud hostil, que les expone a ser objeto constantemente de denuncias por su accionar.

Actualmente el tema de la inseguridad jurídica con que actúan los servidores Policiales se ha ventilado gracias a la intervención sindical. Realizar labores con la incertidumbre e incluso temor, de no tener respaldo, afecta negativamente la psiquis de cualquier trabajador, eso es innegable.

Factor Social: La familia es la célula fundamental de toda sociedad, totalmente de acuerdo, no obstante, en razón del poco tiempo de calidad que comparten los oficiales con sus familias, debido a los ya explicados roles de servicio, los funcionarios de este gremio sufren un altísimo porcentaje de desintegración familiar.

La baja remuneración salarial que ostentan los Policías, más unas muy poco sanas finanzas, frente al alto costo de la vida, obligan a los funcionarios en análisis a asentarse urbanamente en focos de poblaciones que socialmente se denominan “marginales”.

Comunidades donde el uniforme es odiado, en las que la anomia impera, crecen hijos y familiares de oficiales, que además afrontan problemas económicos y de desintegración familiar, en medio de una sociedad con cada vez menos opciones laborales y un amenazante crimen organizado en desarrollo. (¿Y se preguntan la razón de tanto muerto?).

Conclusión: Ante un vistazo rápido y general de las condiciones de vida que asume un miembro de la Fuerza Pública, se puede deducir lo siguiente:

• El oficial se expone a un considerable desgaste físico que incide en su salud, labora muchas horas, posee un descanso inadecuado y no se alimenta de la forma más idónea.

• Tolera maltratos por parte de la administración, insultos de los sujetos que interviene y carga con una serie de preocupaciones económicas y laborales. La sociedad no lo considera su aliado, excepto en situaciones apremiantes.

• Sufre desintegración familiar, padece del alto costo de la vida, es contantemente señalado por los errores de otros y debe oponerse a la constante amenaza y tentación de las ofertas extendidas por grupos de crimen organizado.

No se justifica la corrupción por ninguno de estos escenarios, no obstante, se torna indiscutible que, si facilita a que cada vez más personas traspasen las barreras legales, y, que es obligación del gobierno atender este problema antes que se le salga de las manos (como ha pasado en otras naciones).

Por cierto, lo supra detallado se aplica a los funcionarios de base, los que corren línea, exponen su vida y ganan poco, a esos que despiden de inmediato ante el primer cuestionamiento. Pero: ¿Cuál será entonces la excusa de aquellos que han cometido actos irregulares y no cumplen con ese perfil? (Si amig@, los altos mandos que siguen impunes)

La permisibilidad….es un factor fundamental e incidente en que se dé la corrupción policial.

Pensiones de lujo:Los neoliberales fiscalistas se “dispararon en el pie”

Gran golpe político representa para los abanderados parlamentarios que vienen atacando al empleo público desde la actual Asamblea Legislativa, la acción de los exdiputados Rolando Laclé Castro y Danilo Chaverri Soto, de reclamar ante la Sala Cuarta que nos les rebajen el monto actual de las pensiones de lujo que vienen recibiendo de parte del presupuesto central del Estado; rebaja aprobada hace pocas semanas por los diputados actuales, una decisión parlamentaria correcta pero que se tomó en el marco de la histeria ideológico-neoliberal del déficit fiscal y para fortalecer, ideológicamente hablando, la campaña contra los salarios de los empleados públicos por los sobresueldos pluses que los mismos devengan, ocultándose la verdadera esencia del problema fiscal nacional: la regresividad tributaria.

Don Rolando Laclé Castro y don Danilo Chaverri han sido figuras emblemáticas de lo que hemos conocido en los últimos años como PLUSC, Liberación-Unidad, el bipartidismo clásico que adoptó el neoliberalismo como ideología política fundamental de sus acciones gubernativas y parlamentarias; renunciando, respectivamente, a la esencia de las filosofías políticas originarias que alguna vez proclamaron tener: la Socialdemocracia y el Humanismo Cristiano. Los neoliberales fiscalistas se han disparado en el pie.

El señor Laclé Castro, con una pensión de 6 millones 400 mil colones, le reclama a la Sala Cuarta que con esa ley contra las pensiones de lujo, la suya quedaría en 3,4 millones. A su vez, el señor Chaverri Soto, tiene una pensión de 7 millones 700 mil colones y con esa ley le quedaría en unos 4,2 millones de colones. ¿Alguna vez hemos visto semejante desfachatez de parte de los políticos tradicionales de este país?

Si bien ambos señores destacan dentro de las filas del todavía neoliberal partido Unidad Social Cristiana, su acción golpea también al propio Partido Liberación Nacional (PLN), cuya hegemonía interna sigue siendo, también, neoliberal; sino que lo diga su absurda insistencia, mediando la gestión político-ejecutiva al respecto impulsada por la distinguida legisladora doña Sandra Piszk Feinzilber, en un proyecto de empleo público que ataca los salarios medios y bajos estatales, esencialmente y no los “privilegios” que sí existen en algunas partes de algunos segmentos, minoritarios por cierto, de la Administración Pública.

La acción de los mencionados señorones de la Unidad (la neoliberal porque entendemos que hay ahora un sector que pretende recuperar algo de Humanismo Cristiano para “rescatarla” del lodazal neoliberal en que está sumida), pone al rojo vivo la realidad, dramática y cruel, del sistema de jubilaciones de las pensiones del régimen no contributivo a cargo de la Seguridad Social; e incluso, la paupérrima realidad jubilatoria que enfrentan hoy mismo y que enfrentarán mañana, miles de personas trabajadoras asalariadas del sector privado y del propio sector público, con salarios precarizados hoy en día.

Si ciertas prédicas parlamentario-legislativas pretendieron alguna vez que su cruzada contra los salarios de los empleados públicos tenía contenidos ético-morales sólidos, porque son los responsables del déficit fiscal; la acción de los señores de la Unidad (la neoliberal), Laclé Castro y Chaverri Soto se ha encargado de desmentirles y quitarles tales contenidos.

Igualmente, el distinguido ciudadano don Rodoldo Piza Rocafort, precandidato presidencial de la Unidad, queda muy en entredicho como integrante de esa comunidad ideológica en contra del empleo público, pues don Danilo Chaverri Soto está ya integrando su comando de campaña. ¿Le pedirá que se vaya?

Se han quedado sin argumento moral alguno para seguir impulsando ese tipo de proyectos de empleo público.

Y ni qué decir de aquellos diputados turecas promotores de estas campañas-cruzadas fundamentalistas del déficit fiscal, uno de los cuales tiene a su propio padre con una pensión superior a los 6 millones de colones.

La discusión de los privilegios, de los privilegios de todo tipo, debe ser de otro carácter y con otros contenidos y metodologías. Al ideologizarla, la perdieron, porque la verdadera discusión nacional pendiente es la de la desigualdad. Y, paradojas de paradojas, es el mismísimo Fondo Monetario Internacional (FMI), el que está planteando esta perspectiva.

San José, domingo 9 de octubre de 2016.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

UCCAEP aboga por la precarización y por la sobreexplotación laboral

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, UCCAEP, no puede ocultar su antisindicalismo visceral a propósito del resultado final del proceso de renegociación de la Convención Colectiva de Trabajo entre el sindicato SINTRAJAP y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

Particularmente molesta a UCCAEP, en la persona de su acaudalado presidente, Franco Arturo Pacheco, que tal proceso negociador no hubiera acabado con todos los derechos laborales existentes en Japdeva, vía negociación colectiva; molesta a UCCAEP que la cesantía siempre fuera superior a los 8 años, como si ya no existiese en las mismas empresas privadas, cesantía con rompimiento parcial a ese tope, vía Ley de Protección al Trabajador.

Es más, en el fondo lo que le molesta a UCCAEP es que siga existiendo Convención Colectiva de Trabajo en Japdeva y en Recope, pues no pudo el máximo jerarca del alto corporativismo empresarial del país, evitar referirse, con insania por su puesto, al propio proceso generado en la empresa refinadora costarricense.

La verdad es que la UCCAEP tiene como “piedra filosofal” que la famosa competitividad se logra fomentando la precarización del empleo y la sobreexplotación laboral. Tres muestras contundentes les retrata de cuerpo entero:

A) La mezquindad sistemática que muestran a la hora de las fijaciones del salario mínimo para la clase trabajadora del sector privado.

B) El silencio cómplice, que más pareciera festejo tácito, de que a 1 de cada 3 personas trabajadoras asalariadas de la empresa privada, ni siquiera se les pague el salario mínimo de ley, ya de por sí sumamente precario para enfrentar el costo de la vida más alto de Latinoamérica, o uno de los más altos.

C) El ataque jurídico en sede constitucional que acaban de hacer para impedir la realización del referéndum sobre el salario mínimo, de lo cual hablaremos en próximo comunicado.

Este tipo de posiciones gremiales del alto corporativismo empresarial del país, únicamente lo que fomenta es la colisión confrontativa de visiones de clase en un país que como el nuestro cada vez está más fragmentado y tensionado en grado sumo; cuando lo que correspondería debería ser apostar por el diálogo a favor de la inclusión social y de la promoción del bien común.

San José, sábado 8 de octubre de 2016.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

Patria Justa autorizada para recolectar firmas para aumentar el salario mínimo en el sector privado

El Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa recibió la mañana de este 31 de mayo la resolución N.° 3752-E9-2016 del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para la recolección de firmas que permita la realización de un referéndum con el objetivo de que la Asamblea Legislativa someta a discusión y a eventual aprobación el expediente legislativo N° 19.312 que busca aumentar el salario mínimo en el sector privado.

Dicho expediente llamado “Ley del Salario Mínimo Vital Reforma de los artículos 177 del Código de Trabajo, Ley No. 2, de 27 de agosto de 1943, del Artículo 16 y Creación del Artículo 16 BIS de la Ley de Salarios Mínimos y Creación del Consejo Nacional de Salarios, Ley No. 832, de 4 de noviembre de 1949”, es vital para mejorar la calidad de vida de muchos empleados del sector privado.

Según la resolución emitida por el TSE, ahora Patria Justa, deberá presentar un plan de recolección de firmas indicando los lugares que se utilizarán para ello y las personas responsables de la custodia de los formularios.

Albino Vargas Barrantes, Coordinador de Patria Justa, indicó que Patria Justa y otras entidades socio-sindicales con interés en el tema, tienen la suficiente estructura organizativa para recolectar las 160 mil firmas de ciudadanos y de ciudadanas que se requieren para realizar este referéndum.

“Patria Justa, por ejemplo, pondría en el proceso de recolección de firmas a la gran cantidad de dirigentes sindicales que integran cada una de sus organizaciones, facilitando la recolección de firmas en los centros de trabajo del sector Público (antes de entrar y luego de salir de las labores cotidianas); en las comunidades donde viven los mismos y sus familias y que comparten espacios residenciales con personas trabajadoras en el sector privado; en las ferias del agricultor y en los parques a la salida de misa”, dijo Vargas.

Esta iniciativa de un referéndum para cambiar el actual sistema de salarios mínimos vigentes en el sector privado de la economía y, por tanto, establecer la “Ley del Salario Mínimo Vital”, no tendría problemas de legalidad, en el tanto y de acuerdo con la ley del referéndum, no se está consultando al pueblo temas fiscales-presupuestarios, mismos que como bien sabemos, tienen impedimento jurídico-legal para ser sometidos a referéndum.

Cabe destacar que la iniciativa para impulsar la “Ley del Salario Mínimo Vital” forma parte de los acuerdos del proceso “Una agenda patriótica para el bien común” (punto 3.4), suscritos entre el Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa con los partidos Acción Ciudadana (PAC) y Frente Amplio (PFA); acuerdos firmados ante todo el país, de manera transparente, el pasado 26 de junio en el Teatro Popular Melico Salazar.

“La iniciativa que estamos anunciando es de exclusiva responsabilidad del Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa y no está contemplando ningún involucramiento de ambos partidos, a los cuales sí se les informará de la misma”, dijo Vargas .

El Coordinador de Patria Justa finalizó indicando que “la lucha por los salarios, por los salarios decentes, en contra de la precarización de los mismos y contra la reversión de aquellos sistemas salariales que no están sufriendo la explotación actual por la concepción prevaleciente en materia de salarios mínimos en el sector Privado, es una función de naturaleza sindical, esencialmente.

SALARIO MÍNIMO-TSE-Referéndum-resolución Sobre Firmas (1)

ANEP pide al Ministerio de Justicia nombrar en plaza a trabajadores con funciones de oficiales e inspectores

El documento fue presentado ante el Director de la Policía Penitenciaria, Pablo Bertozzi y el Director de Gestión Institucional Recursos Humanos, Giovanni Morales Sánchez, este viernes 7 de octubre.

ANEP pide al Ministerio de Justicia nombrar en plaza a trabajadores con funciones de oficiales e inspectore… by Yariela Novo on Scribd

Wikileaks revela aún más documentos nuevos y ocultos del ‘Tratado de Servicios’ (TISA)

Hoy, en las instalaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra empieza la 18ª ronda de negociaciones de un acuerdo secreto para limitar la supervisión gubernamental de la economía de servicios. Pero los negociadores ahora tendrán un nuevo punto en su orden del día: cómo lidiar con la avalancha de filtraciones de documentos con propuestas que se suponía que tendrían que mantenerse bajo llave y en secreto hasta cinco años después que se sellara o se descartara el acuerdo.

La inclusión de ese nuevo punto en la agenda se debe a que en el día de ayer Wikileaks +reveló los borradores de los textos de tres anexos transversales nuevos del TISA propuesto que no se conocían hasta ahora: disciplinas acerca de cómo los gobiernos deben regular a las Empresas Estatales; Servicios Profesionales; y Nuevas Disposiciones Aplicables a Todos los Servicios.

Con esta nueva filtración, hasta ahora se han revelado al público 17 anexos propuestos y el texto central del TISA —aunque ninguno de ellos a través de canales oficiales. También se han filtrado los textos actualizados sobre servicios financieros, comercio electrónico, movimiento de personas físicas (Modo 4), telecomunicaciones, y transparencia. Varias organizaciones miembro de la red mundial +Nuestro Mundo No Está en Venta (OWINFS) han publicado análisis detallados de versiones anteriores de muchos de esos textos filtrados.

Estas nuevas revelaciones ocurren poco después que Greenpeace publicara con bombos y platillos a principios de este mes una +valiosa colección de capítulos del Tratado de Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones (TTIP) entre Estados Unidos y Europa. Como la ratificación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) transita por mares borrascosos en el Congreso de EEUU, y otro tanto ocurre en los respectivos países con el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre la UE y Canadá, al mismo tiempo que el TTIP enfrenta cada vez más oposición pública, los negociadores del TISA abrigaban la esperanza de que este acuerdo pudiese pasar desapercibido por la opinión pública. Esta nueva filtración torna aún más remota esa posibilidad.

El anexo sobre Nuevas Disposiciones restringiría las potestades de los gobiernos de imponerles a los proveedores extranjeros de servicios requisitos de desempeño generadores de empleo nacional, incluso el requisito de establecer presencia comercial en el país. Estas propuestas, que son aún más extremas que las disposiciones al respecto en otros tratados de libre comercio e inversiones vigentes, dificultarían significativamente la regulación efectiva de esas empresas en todos los países del TISA, incluso potencialmente las del sector de servicios financieros. Y limitarían además la potestad de los gobiernos de los países en desarrollo de regular la inversión extranjera para fomentar el desarrollo del mismo modo que lo hicieron los países industrializados del TISA cuando se estaban desarrollando, según el +análisis exhaustivo de Sanya Reid Smith+, asesora jurídica de la Red del Tercer Mundo radicada en Ginebra.

El Departamento de Estado y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) hicieron público ayer un plan para que el TISA propuesto ajuste aún más las normas ya acordadas en el TPP en materia de prescripciones sobre la presencia comercial relativas a los servicios financieros, para apaciguar así a las principales empresas de la industria bancaria y a los parlamentarios que las representan en el Congreso.

La ironía que esto entraña es que las restricciones que Estados Unidos y algunos otros países quieren imponer a través del TISA en materia de requisitos de presencia comercial, son justamente los mecanismos principales a través de los cuales EEUU y otros países alegan que los países en desarrollo se beneficiarían al abrir sus mercados de servicios a la participación de proveedores extranjeros.

“Contratarán trabajadores locales y su población ganará en conocimientos y nuevas habilidades técnicas y de gestión (know-how)” —pues no, ya que el TISA prohibiría imponer requisitos de contratación local. “La participación de empresas extranjeras en sus mercados redundará en transferencia de tecnologías para las empresas locales y la población nacional” —sólo que exigir transferencia de tecnología también está proscrito en el texto propuesto del TISA.

EEUU, Japón y muchos países europeos históricamente han exigido que las empresas extranjeras que ofrecen servicios en sus respectivos países siempre incluyan ciudadanos nacionales en sus directorios y otros cargos ejecutivos; sin embargo, esta herramienta de ‘gerencia local’ está explícitamente prohibida en el texto que se filtró. Esto, de hecho, no es otra cosa que patearles a los países en desarrollo la legendaria escalera al desarrollo.

Este es uno de los problemas centrales del TISA propuesto. Porque lo que anuncia el TISA no es la participación de empresas extranjeras en el mercado nacional de los países —el TISA no obliga a los bancos extranjeros a ofrecerles capital a los habitantes de los barrios marginales, ni a las gigantescas empresas de telecomunicaciones a asegurarles a los pobres del campo acceso a sus servicios, o a las grandes empresas de energía a garantizar el acceso universal a los servicios de energía eléctrica.

Por el contrario —el TISA está diseñado para limitar los medios a través de los cuales los gobiernos pueden garantizar que la presencia de empresas extranjeras en sus economías pueda beneficiar a la población nacional. En Estados Unidos ya tenemos suficientes problemas con los Servicios al Consumidor de empresas como Comcast, Verizon y otras por el estilo —imagínense, ¿cómo podría exigírsele cuentas a una gigantesca empresa de telecomunicaciones si ni siquiera tiene presencia comercial en el país, tal y como propone el TISA que se les prohíba a los gobiernos establecer como requisito?

El anexo sobre Servicios Profesionales limitaría los medios a través de los cuales los gobiernos y los gremios profesionales pueden regular el acceso al mercado, el suministro transfronterizo, los requisitos de presencia comercial, las restricciones o topes de participación de capital extranjero, y las prescripciones en materia de licencias de funcionamiento para los proveedores extranjeros de servicios en ramas profesionales específicas como contaduría, tributación, servicios arquitectónicos, ingeniería, planificación urbana y arquitectura paisajística, ensayos y análisis técnicos, y potencialmente también servicios jurídicos, servicios científicos y de consultoría asociados a la ingeniería, servicios veterinarios, de educación privada, y servicios de ingeniería asociados a la construcción.

Según el flamante +análisis del anexo propuesto sobre Empresas Estatales+ realizado por la Profesora Jane Kelsey de la Universidad de Auckland de Nueva Zelanda, “la propuesta de EEUU para el TISA en materia de empresas estatales adopta y adapta secciones clave del capítulo del Acuerdo de Asociación Transpacífico relativo a las empresas estatales, como parte de su estrategia en pos del establecimiento de nuevas normas mundiales a través del triunvirato de nuevos mega-acuerdos constituido por el TPP, el TISA y el TTIP. La propuesta obligaría a las empresas de propiedad mayoritariamente estatal a funcionar como empresas privadas de negocios”.

“No exige directamente que los gobiernos las privaticen, pero las vacía de todo lo que justifica que se mantengan como entidades públicas, creando las condiciones para su privatización a hurtadillas. Las disposiciones del TPP más extremas, complicadas y potencialmente impracticables relativas a las ayudas estatales a las empresas públicas de servicios, no están incluidas en el TISA, todavía. Pero si un país con una proporción elevada de empresas estatales quisiera sumarse al TISA, se vería obligado a entrar inmediatamente en negociaciones al respecto. El blanco verdadero de estas disposiciones es China. El mensaje inequívoco es: adopta el modelo de EEUU o quedarás fuera del club”.

“El capítulo del TISA sobre comercio electrónico sigue siendo objeto de modificaciones haciendo caso omiso por completo de los principales interesados que se verán afectados, especialmente los usuarios e innovadores de la Internet en todo el mundo. Este modelo heredado de negociaciones comerciales cerradas no es la manera de construir políticas públicas para el entorno digital”, puntualizó Jeremy Malcolm, principal analista mundial de la fundación Electronic Frontier Foundation.

Estos documentos filtrados y su análisis respectivo ponen al descubierto cómo el TISA responde a las aspiraciones de los grandes grupos de presión empresarial que promueven una desregulación de los servicios más profunda incluso que la ya vigente en las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Esta nueva filtración es constancia clara del propósito del gran empresariado de utilizar el TISA para restringir aún más la capacidad regulatoria de los gobiernos democráticamente electos, imponiéndoles a tal efecto prescripciones sobre asuntos de competencia nacional como las compras gubernamentales , las disposiciones en materia de inmigración, las licencias de funcionamiento de las empresas, e incluso relativas al proceso regulatorio como tal.

La filtración publicada en el día de hoy es otra más de una serie que incluye la revelación de Wikileaks en junio de 2014 de una versión anterior del “texto secreto sobre Servicios Financieros(texto)”:http://ourworldisnotforsale.org/es/report/lisis-del-texto-negociaci-n-del-tisa-sobre-servicios-financieros; la filtración en diciembre de 2014 de una propuesta de EEUU sobre “flujos transfronterizos de datos, transferencia de tecnología, y neutralidad de las redes(flujos)”:http://ourworldisnotforsale.org/es/report/lisis-del-texto-del-anexo-del-tisa-sobre-comercio-electr-nico, que dio lugar a gran preocupación por la protección de la privacidad de los datos personales tras las revelaciones de Snowden; y la publicación en febrero de 2015 de un documento de referencia que promovía el +turismo de salud en el TISA+, aunque es poco probable que este asunto quede incluido como anexo en el acuerdo final.

Wikileaks +voló las tapas+ de la totalidad del acuerdo en junio de 2015 cuando publicó masivamente +17 documentos sobre el TISA+ junto con su análisis respectivo, incluidos los anexos sobre sectores de servicios específicos tales como transporte aéreo, transporte marítimo, servicios competitivos de reparto; comercio electrónico; telecomunicaciones; servicios financieros, servicios profesionales; y acerca de algunas funciones gubernamentales referidas a los anexos sobre Reglamentación Nacional y Transparencia. Esa filtración enseguida fue complementada con la +publicación en julio de 2015+ de una tanda actualizada de textos, acompañada del +texto central del TISA+ y su +análisis respectivo+.

Las filtraciones anteriores del TISA más recientes son los anexos publicados en diciembre de 2015 sobre servicios de energía y servicios ambientales, que pusieron en evidencia que la capacidad de los Estados para implementar sus compromisos climáticos asumidos en París se vería severamente restringida si el TISA fuese aprobado en consonancia con las propuestas actuales.

La sociedad civil mundial viene alertando hace tiempo que “[l]as negociaciones del TISA se conducen siguiendo en gran medida el libreto empresarial corporativo de utilizar acuerdos “comerciales” para obligar a los países a adoptar un programa de liberalización y desregulación extrema cuyo fin es garantizarles a las grandes empresas mayores ganancias a costa de los trabajadores, los agricultores, los consumidores y el medioambiente. El acuerdo propuesto es el resultado directo del cabildeo sistemático de la banca multinacional y las empresas transnacionales de energía, aseguradoras, de telecomunicaciones, transportes, agua y otros sectores de servicios que operan a través de grupos de presión como la Coalición de Industrias de Servicios de EEUU (USCSI) y el Foro Europeo de Servicios (ESF)”.

En las negociaciones del TISA participan actualmente 50 países (o 23 si se cuenta a la UE como uno) cuyo propósito es ampliar el alcance y el ámbito de cobertura del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) vigente en la OMC. Sin embargo, las negociaciones del TISA se conducen completamente en secreto, en condiciones de opacidad aún peores que las que rigen en la OMC.

El año pasado Uruguay se retiró de la mesa de negociaciones a consecuencia del clamor popular que se desencadenó tras la publicación de los textos filtrados, y que condujo a un análisis y consultas del gabinete ministerial sobre las consecuencias potenciales del TISA, que recibió respuestas negativas de casi todas las dependencias ministeriales. Paraguay también se retiró poco después.

La Internacional de Servicios Públicos (ISP), una de las federaciones mundiales de sindicatos publicó en marzo de 2014 el primer informe alertando sobre el TISA, titulado +El TISA frente a los Servicios Públicos+, y en septiembre de 2014 la ISP y OWINFS publicaron conjuntamente el informe titulado +El Acuerdo de los Auténticos Buenos Amigos de la Empresas Transnacionales+. En el +sitio web de OWINFS+ hay más información disponible sobre el TISA, y aquí se encuentra una cartilla informativa sobre el TISA.

Pronunciamiento de la Mesa Sindical de Mujeres sobre Jornada Mundial Trabajo Decente

En el marco de la Jornada Mundial de Trabajo Decente Las Secretarías de Género y de la Mujer de las Centrales Sindicales; Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), Confederación Unitaria de los Trabajadores (CUT) y la Central del Movimiento de los Trabajadores Costarricenses (CMTC), en representación de miles de mujeres trabajadoras y afiliadas a nuestras organizaciones sindicales, manifestamos que dado que nuestro país se ha comprometido, desde el año 1998, con los postulados del Trabajo Decente, promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que los mismos se refieren a la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, a la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que las personas expresen sus opiniones, se organicen y participen de las decisiones que afectan sus vidas, y sobre la igualdad de oportunidades y trato para mujeres y hombres; que no se están respetando estos postulados, cuando existe un 43% de personas trabajadoras dentro de la informalidad, según el segundo informe trimestral del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en donde se les irrespeta el derecho a la seguridad social, los derechos laborales y sociales, resaltando la alta vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres que laboran en este sector.

Tampoco se puede hablar de Trabajo Decente cuando la mujer vive todo tipo de discriminación, por edad, etnia, religión, ubicación geográfica, orientación sexual, entre otras; de desigualdad de oportunidades en el trabajo y donde la brecha salarial entre hombres y mujeres, sigue manifiesta.

No se puede hablar de Trabajo Decente, cuando la mujer sigue siendo víctima de doble y triple jornadas de trabajo, en donde el cuido y las obligaciones domésticas continúan siendo responsabilidad de la mujer, que además de ser una labor invisibilizada no es remunerada.

Tampoco se puede hablar de Trabajo Decente cuando existe un grupo aproximado de 150.000 mujeres que trabajan como servidoras domésticas, que no reciben el salario mínimo, no les respeta el derecho al descanso, a la seguridad social, al pago de aguinaldo y a las vacaciones. Pero este grupo es mucho más amplio, ya que también lo ejercen mujeres que por su condición de extranjeras en estado migratorio de irregularidad, no se reflejan oficialmente y que por esta condición se les irrespeta aún más los derechos humanos, laborales y sociales e incluso se les amenaza con denunciarlas ante la Dirección General de Migración y Extranjería si no obedecen todas las condiciones que las y los patronos les exigen.

En el marco de la Jornada Mundial de Trabajo Decente, las Secretarías de Género y de la Mujer de las 4 Centrales Sindicales de manera unificada, demandamos de las autoridades gubernamentales y sociales que se realicen todas las acciones necesarias (dimanadas de los convenios, normas y leyes existentes), para que los postulados de Trabajo Decente se conviertan en herramientas que permitan la reivindicación de los derechos laborales, humanos y sociales de las mujeres trabajadoras y se pueda transitar por una sociedad más justa y equitativa; siendo urgente la implementación de reformas a programas educativos y formativos que coadyuven a la sensibilización y transformación.

San José, 7 de octubre de 2016

Rose Mary Rodríguez Bustos
Rosa Villalobos Mora
CTRN

María Laura Sánchez Rojas
Lorena Chavarría Martínez
CSJMP

Mayela Santamaría López
CUT

Laura Segura Coto
CMTC

SITRAP brindó capacitación sindical a trabajadores agrícolas

La actividad contó con la presencia del Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes quien externó una felicitación a todos los participantes por sacrificar de su tiempo libre y descanso para asistir a este tipo de actividades, considerando las largas jornadas laborales a las que son sometidos.

Durante la actividad quedó plasmado la necesidad de realizar una nueva capacitación, pero en este caso enfocada hacia la Reforma Procesal Laboral, la cual brindará mejores armas legales en favor de los trabajadores de las plantaciones agrícolas y que esta pronta de entrar en vigencia.