Se han expuesto, en la sección de sucesos de los medios noticiosos y redes sociales, los últimos días, imágenes propias de las más grandes obras de terror. Sin embargo, lamentablemente esos cadáveres son reales, no se trata de una expresión artística y cinematográfica del tipo gore. Los cuerpos sin vida que vemos con asombro, curiosidad, indignación y desagrado, son los restos de seres humanos, que al igual que usted y yo, querido lector, alguien les esperaba en casa, tenían una madre que debió quemar sus mejillas con ácidas lágrimas de dolor y posiblemente hijos. Pequeños que crecerán en un hogar disfuncional, en medio de un ambiente hostil, carente de oportunidades y que automáticamente conformarán una lista de elegibles para ser reclutados por el mismo tipo de estructura ilícita que cobró la vida de su progenitor. Así se configura el círculo macabro que aterra hoy por hoy a nuestra sociedad (rezo porque en verdad impresione y no nos hayamos acostumbrado a estas espantosas noticias).
Obsequio estas palabras a quienes en algún momento restaron importancia a los homicidios acaecidos contra actores activos de grupos criminales, con mucho respeto les insto a reflexionar y reconsiderar su posición.
La violencia fluye de manera circular, no deja salir a sus protagonistas, empero, si admite nuevas piezas dentro de su engranaje, que alimentan el círculo, lo hacen crecer y volverse cada vez más poderoso. Este es el contexto actual al que nos enfrentamos, un flujo impulsado por el dinero sucio del crimen organizado que está consumiendo en su “círculo” a más y más víctimas, lo arrasa todo a su paso y se ha salido de control.
La gran incógnita es: ¿Qué pasa con la respuesta institucional del estado? Veamos:
Mediante oficio CO-FP-UDO-11-637-2015, se solicitó al Ministerio de Seguridad Pública, los resultados arrojados por los últimos estudios criminológicos, específicamente en lo atinente a factores que originan el hecho delictivo. En respuesta se recibió un oficio que contenía una serie de estadísticas escuetas. Si, estadísticas, los números que se generan cuando el hecho delictivo ya fue consumado. Es decir, el Ministerio de Seguridad Pública no realiza estudios en materia criminal, la institución encargada de prevenir el crimen ignora qué lo origina.
Así las cosas, consulto: ¿Cómo planifican las acciones preventivas si no conocen el génesis de la conducta criminal en el país? ¿De qué manera distribuyen el recurso humano? ¿Basados en qué plan de acción buscan prevenir hechos que no comprenden qué los origina? A modo de analogía ¿Cómo tapas una gotera sin saber la localización exacta del agujero por el que se filtra el agua?
Irónicamente estas incógnitas son la respuesta a la gran pregunta de ¿Por qué en Costa Rica estamos experimentando estas atrocidades y porqué avanza el crimen organizado tan rápido?
Nuestra Policía administrativa se ha sometido históricamente a roles de trabajo arbitrarios, carentes de asidero científico, ilegales y hasta contrarios a la salud, interpuestos por simple ocurrencia de alguien que ostentaba el poder. Así se verifica en distintas resoluciones de la Sala Constitucional y documentos que son de dominio de la ANEP. Consecuentemente con esta circunstancia, de decisiones sin bases legales y científicas, se unen la conformación de protocolos de actuación (aunque estos tampoco nos lo entregaron nunca), y los planes de prevención operativa del delito.
O sea, la Fuerza Pública desde su creación y hasta la fecha ha sido dirigida mediante el método de la improvisación, acorde al criterio de personas al mando (y ojo que muchas veces estas personas ni siquiera han experimentado las labores básicas en la calle). La población de nuestro país es un gran conejillo de indias de las decisiones tomadas en materia de seguridad pública sin ningún tipo de respaldo científico y aquellos planes plagiados a otros países amigos, ha demostrado ser un fracaso rotundo (si no me cree le invito a ver las estadísticas reales en la página del Organismo de Investigación Judicial).
Continuando con el uso de metáforas; de nada vale tener el mejor automóvil si el conductor no posee los conocimientos y experiencia ideal, más bien resulta peligrosa la conducción. Eso ha pasado, está pasando y seguirá pasando si no se admiten los yerros en Fuerza Pública y se hacen cambios drásticos.
Todas las semanas escuchamos de supuestos golpes al narcotráfico, pero, contradictoriamente las organizaciones dedicadas al tráfico ilegal de drogas de igual naturaleza, adquiere segundo a segundo más fuerza. La Policía de Control de Drogas, un ente tan fundamental y sensible, tiene, desde hace más de 20 años a la misma persona al mando. Este panorama versa contra una sana administración, puesto que, no ingresan ideas frescas, la perspectiva no cambia y los errores cometidos no se subsanan, se acrecientan. ¿No es momento ya de un cambio, por el bien de toda una nación?
Varias ocasiones se ha señalado, y fue ventilado en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, con todo un “ampo” relleno de pruebas, el mayor problema de la Policía preventiva en nuestra patria es la pésima administración de recurso. Atención, que no solo es el recurso, desde lo que compete a la perspectiva presupuestaria, también la humana, el oficial que realiza la labor, el ser humano de carne y hueso que viste la digna envergadura policial.
Y es que, a vista, paciencia y permisividad de cada jerarca de la cartera de Seguridad Pública, los Policías de la Fuerza Pública, realizan cada vez más acciones de competencia neta de otras instituciones. ¿No me cree estimado lector? Quien suscribe es Oficial, así que he vivido en carne propia la situación CENTRAL SOCIAL JUANITO MORA PORRAS que le expongo. Mediante el sistema de emergencias del 9-1-1, las llamadas son remitidas al Departamento e Comunicaciones Policiales, sin ningún filtro, los funcionarios de dicha entidad solo emiten a cada jurisdicción los incidentes.
Por ello se ordena a los oficiales que acudan a choques automovilísticos, a “verificar” heridos, “verificar” conatos de incendio, problemas de inquilinato, acompañar a servidores que “cortan” servicios de luz o agua, alertas de alarmas instaladas por empresas privadas. Por si fuera poco, el Policía se le obliga a: realizar notificaciones de procesos judiciales, a visitar todos los días a las personas del programa de protección a víctimas y testigos, atender situaciones de Tránsito, cubrir eventos masivos y hasta a recibir denuncias (facilitadores judiciales).
Entonces, si no sabemos las razones por las que nace el acto delictivo, el recurso se distribuye antojadizamente, el oficial se concentra más en otras funciones diferentes a su naturaleza preventiva, difícilmente se podrá sostener una lucha real contra la criminalidad. Por más efectivos con los que contemos y presupuesto, si las cosas no se ordenan, estamos destinados a estrellarnos en este auto.
En lo que refiere a la capacitación que se le da al efectivo, su salario y las condiciones laborales en que se desempeña, no me voy a referir, pero “X6” (alerta), que la desmotivación y la necesidad puede impulsar a alguien a tomar un camino erróneo.
Si cree que me olvidaba del punto de vista legal, el tratamiento que se le da a los infractores de la ley, los procesos penales y demás, pues no es así, pero ese es otro tópico mucho más complejo, Por el momento solo queda decir que tampoco hemos visto altos funcionarios del Ministerio de Seguridad impulsando reformas al código procesal penal, denunciando escuálidas medidas cautelares tomadas por jueces faltos de carácter (espero y no infiltrados narcos), proponiendo mejoras en el tratamiento de reinserción de los reclusos o acciones a ejecutar para aquellos que jamás podrán ser reinsertados, entre muchas otras que sí competen a la Seguridad Ciudadana.
Es momento de cambios, pero no los vemos, no hay planes integrales para prevenir en realidad el quebranto de las normas, continúan las malas decisiones y las consecuencias de las mismas se pagan con granos de nuestra tierra manchados de sangre…
