Wikileaks revela aún más documentos nuevos y ocultos del ‘Tratado de Servicios’ (TISA)

Hoy, en las instalaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra empieza la 18ª ronda de negociaciones de un acuerdo secreto para limitar la supervisión gubernamental de la economía de servicios. Pero los negociadores ahora tendrán un nuevo punto en su orden del día: cómo lidiar con la avalancha de filtraciones de documentos con propuestas que se suponía que tendrían que mantenerse bajo llave y en secreto hasta cinco años después que se sellara o se descartara el acuerdo.

La inclusión de ese nuevo punto en la agenda se debe a que en el día de ayer Wikileaks +reveló los borradores de los textos de tres anexos transversales nuevos del TISA propuesto que no se conocían hasta ahora: disciplinas acerca de cómo los gobiernos deben regular a las Empresas Estatales; Servicios Profesionales; y Nuevas Disposiciones Aplicables a Todos los Servicios.

Con esta nueva filtración, hasta ahora se han revelado al público 17 anexos propuestos y el texto central del TISA —aunque ninguno de ellos a través de canales oficiales. También se han filtrado los textos actualizados sobre servicios financieros, comercio electrónico, movimiento de personas físicas (Modo 4), telecomunicaciones, y transparencia. Varias organizaciones miembro de la red mundial +Nuestro Mundo No Está en Venta (OWINFS) han publicado análisis detallados de versiones anteriores de muchos de esos textos filtrados.

Estas nuevas revelaciones ocurren poco después que Greenpeace publicara con bombos y platillos a principios de este mes una +valiosa colección de capítulos del Tratado de Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones (TTIP) entre Estados Unidos y Europa. Como la ratificación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) transita por mares borrascosos en el Congreso de EEUU, y otro tanto ocurre en los respectivos países con el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre la UE y Canadá, al mismo tiempo que el TTIP enfrenta cada vez más oposición pública, los negociadores del TISA abrigaban la esperanza de que este acuerdo pudiese pasar desapercibido por la opinión pública. Esta nueva filtración torna aún más remota esa posibilidad.

El anexo sobre Nuevas Disposiciones restringiría las potestades de los gobiernos de imponerles a los proveedores extranjeros de servicios requisitos de desempeño generadores de empleo nacional, incluso el requisito de establecer presencia comercial en el país. Estas propuestas, que son aún más extremas que las disposiciones al respecto en otros tratados de libre comercio e inversiones vigentes, dificultarían significativamente la regulación efectiva de esas empresas en todos los países del TISA, incluso potencialmente las del sector de servicios financieros. Y limitarían además la potestad de los gobiernos de los países en desarrollo de regular la inversión extranjera para fomentar el desarrollo del mismo modo que lo hicieron los países industrializados del TISA cuando se estaban desarrollando, según el +análisis exhaustivo de Sanya Reid Smith+, asesora jurídica de la Red del Tercer Mundo radicada en Ginebra.

El Departamento de Estado y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) hicieron público ayer un plan para que el TISA propuesto ajuste aún más las normas ya acordadas en el TPP en materia de prescripciones sobre la presencia comercial relativas a los servicios financieros, para apaciguar así a las principales empresas de la industria bancaria y a los parlamentarios que las representan en el Congreso.

La ironía que esto entraña es que las restricciones que Estados Unidos y algunos otros países quieren imponer a través del TISA en materia de requisitos de presencia comercial, son justamente los mecanismos principales a través de los cuales EEUU y otros países alegan que los países en desarrollo se beneficiarían al abrir sus mercados de servicios a la participación de proveedores extranjeros.

“Contratarán trabajadores locales y su población ganará en conocimientos y nuevas habilidades técnicas y de gestión (know-how)” —pues no, ya que el TISA prohibiría imponer requisitos de contratación local. “La participación de empresas extranjeras en sus mercados redundará en transferencia de tecnologías para las empresas locales y la población nacional” —sólo que exigir transferencia de tecnología también está proscrito en el texto propuesto del TISA.

EEUU, Japón y muchos países europeos históricamente han exigido que las empresas extranjeras que ofrecen servicios en sus respectivos países siempre incluyan ciudadanos nacionales en sus directorios y otros cargos ejecutivos; sin embargo, esta herramienta de ‘gerencia local’ está explícitamente prohibida en el texto que se filtró. Esto, de hecho, no es otra cosa que patearles a los países en desarrollo la legendaria escalera al desarrollo.

Este es uno de los problemas centrales del TISA propuesto. Porque lo que anuncia el TISA no es la participación de empresas extranjeras en el mercado nacional de los países —el TISA no obliga a los bancos extranjeros a ofrecerles capital a los habitantes de los barrios marginales, ni a las gigantescas empresas de telecomunicaciones a asegurarles a los pobres del campo acceso a sus servicios, o a las grandes empresas de energía a garantizar el acceso universal a los servicios de energía eléctrica.

Por el contrario —el TISA está diseñado para limitar los medios a través de los cuales los gobiernos pueden garantizar que la presencia de empresas extranjeras en sus economías pueda beneficiar a la población nacional. En Estados Unidos ya tenemos suficientes problemas con los Servicios al Consumidor de empresas como Comcast, Verizon y otras por el estilo —imagínense, ¿cómo podría exigírsele cuentas a una gigantesca empresa de telecomunicaciones si ni siquiera tiene presencia comercial en el país, tal y como propone el TISA que se les prohíba a los gobiernos establecer como requisito?

El anexo sobre Servicios Profesionales limitaría los medios a través de los cuales los gobiernos y los gremios profesionales pueden regular el acceso al mercado, el suministro transfronterizo, los requisitos de presencia comercial, las restricciones o topes de participación de capital extranjero, y las prescripciones en materia de licencias de funcionamiento para los proveedores extranjeros de servicios en ramas profesionales específicas como contaduría, tributación, servicios arquitectónicos, ingeniería, planificación urbana y arquitectura paisajística, ensayos y análisis técnicos, y potencialmente también servicios jurídicos, servicios científicos y de consultoría asociados a la ingeniería, servicios veterinarios, de educación privada, y servicios de ingeniería asociados a la construcción.

Según el flamante +análisis del anexo propuesto sobre Empresas Estatales+ realizado por la Profesora Jane Kelsey de la Universidad de Auckland de Nueva Zelanda, “la propuesta de EEUU para el TISA en materia de empresas estatales adopta y adapta secciones clave del capítulo del Acuerdo de Asociación Transpacífico relativo a las empresas estatales, como parte de su estrategia en pos del establecimiento de nuevas normas mundiales a través del triunvirato de nuevos mega-acuerdos constituido por el TPP, el TISA y el TTIP. La propuesta obligaría a las empresas de propiedad mayoritariamente estatal a funcionar como empresas privadas de negocios”.

“No exige directamente que los gobiernos las privaticen, pero las vacía de todo lo que justifica que se mantengan como entidades públicas, creando las condiciones para su privatización a hurtadillas. Las disposiciones del TPP más extremas, complicadas y potencialmente impracticables relativas a las ayudas estatales a las empresas públicas de servicios, no están incluidas en el TISA, todavía. Pero si un país con una proporción elevada de empresas estatales quisiera sumarse al TISA, se vería obligado a entrar inmediatamente en negociaciones al respecto. El blanco verdadero de estas disposiciones es China. El mensaje inequívoco es: adopta el modelo de EEUU o quedarás fuera del club”.

“El capítulo del TISA sobre comercio electrónico sigue siendo objeto de modificaciones haciendo caso omiso por completo de los principales interesados que se verán afectados, especialmente los usuarios e innovadores de la Internet en todo el mundo. Este modelo heredado de negociaciones comerciales cerradas no es la manera de construir políticas públicas para el entorno digital”, puntualizó Jeremy Malcolm, principal analista mundial de la fundación Electronic Frontier Foundation.

Estos documentos filtrados y su análisis respectivo ponen al descubierto cómo el TISA responde a las aspiraciones de los grandes grupos de presión empresarial que promueven una desregulación de los servicios más profunda incluso que la ya vigente en las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Esta nueva filtración es constancia clara del propósito del gran empresariado de utilizar el TISA para restringir aún más la capacidad regulatoria de los gobiernos democráticamente electos, imponiéndoles a tal efecto prescripciones sobre asuntos de competencia nacional como las compras gubernamentales , las disposiciones en materia de inmigración, las licencias de funcionamiento de las empresas, e incluso relativas al proceso regulatorio como tal.

La filtración publicada en el día de hoy es otra más de una serie que incluye la revelación de Wikileaks en junio de 2014 de una versión anterior del “texto secreto sobre Servicios Financieros(texto)”:http://ourworldisnotforsale.org/es/report/lisis-del-texto-negociaci-n-del-tisa-sobre-servicios-financieros; la filtración en diciembre de 2014 de una propuesta de EEUU sobre “flujos transfronterizos de datos, transferencia de tecnología, y neutralidad de las redes(flujos)”:http://ourworldisnotforsale.org/es/report/lisis-del-texto-del-anexo-del-tisa-sobre-comercio-electr-nico, que dio lugar a gran preocupación por la protección de la privacidad de los datos personales tras las revelaciones de Snowden; y la publicación en febrero de 2015 de un documento de referencia que promovía el +turismo de salud en el TISA+, aunque es poco probable que este asunto quede incluido como anexo en el acuerdo final.

Wikileaks +voló las tapas+ de la totalidad del acuerdo en junio de 2015 cuando publicó masivamente +17 documentos sobre el TISA+ junto con su análisis respectivo, incluidos los anexos sobre sectores de servicios específicos tales como transporte aéreo, transporte marítimo, servicios competitivos de reparto; comercio electrónico; telecomunicaciones; servicios financieros, servicios profesionales; y acerca de algunas funciones gubernamentales referidas a los anexos sobre Reglamentación Nacional y Transparencia. Esa filtración enseguida fue complementada con la +publicación en julio de 2015+ de una tanda actualizada de textos, acompañada del +texto central del TISA+ y su +análisis respectivo+.

Las filtraciones anteriores del TISA más recientes son los anexos publicados en diciembre de 2015 sobre servicios de energía y servicios ambientales, que pusieron en evidencia que la capacidad de los Estados para implementar sus compromisos climáticos asumidos en París se vería severamente restringida si el TISA fuese aprobado en consonancia con las propuestas actuales.

La sociedad civil mundial viene alertando hace tiempo que “[l]as negociaciones del TISA se conducen siguiendo en gran medida el libreto empresarial corporativo de utilizar acuerdos “comerciales” para obligar a los países a adoptar un programa de liberalización y desregulación extrema cuyo fin es garantizarles a las grandes empresas mayores ganancias a costa de los trabajadores, los agricultores, los consumidores y el medioambiente. El acuerdo propuesto es el resultado directo del cabildeo sistemático de la banca multinacional y las empresas transnacionales de energía, aseguradoras, de telecomunicaciones, transportes, agua y otros sectores de servicios que operan a través de grupos de presión como la Coalición de Industrias de Servicios de EEUU (USCSI) y el Foro Europeo de Servicios (ESF)”.

En las negociaciones del TISA participan actualmente 50 países (o 23 si se cuenta a la UE como uno) cuyo propósito es ampliar el alcance y el ámbito de cobertura del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) vigente en la OMC. Sin embargo, las negociaciones del TISA se conducen completamente en secreto, en condiciones de opacidad aún peores que las que rigen en la OMC.

El año pasado Uruguay se retiró de la mesa de negociaciones a consecuencia del clamor popular que se desencadenó tras la publicación de los textos filtrados, y que condujo a un análisis y consultas del gabinete ministerial sobre las consecuencias potenciales del TISA, que recibió respuestas negativas de casi todas las dependencias ministeriales. Paraguay también se retiró poco después.

La Internacional de Servicios Públicos (ISP), una de las federaciones mundiales de sindicatos publicó en marzo de 2014 el primer informe alertando sobre el TISA, titulado +El TISA frente a los Servicios Públicos+, y en septiembre de 2014 la ISP y OWINFS publicaron conjuntamente el informe titulado +El Acuerdo de los Auténticos Buenos Amigos de la Empresas Transnacionales+. En el +sitio web de OWINFS+ hay más información disponible sobre el TISA, y aquí se encuentra una cartilla informativa sobre el TISA.

Pronunciamiento de la Mesa Sindical de Mujeres sobre Jornada Mundial Trabajo Decente

En el marco de la Jornada Mundial de Trabajo Decente Las Secretarías de Género y de la Mujer de las Centrales Sindicales; Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), Confederación Unitaria de los Trabajadores (CUT) y la Central del Movimiento de los Trabajadores Costarricenses (CMTC), en representación de miles de mujeres trabajadoras y afiliadas a nuestras organizaciones sindicales, manifestamos que dado que nuestro país se ha comprometido, desde el año 1998, con los postulados del Trabajo Decente, promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que los mismos se refieren a la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, a la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que las personas expresen sus opiniones, se organicen y participen de las decisiones que afectan sus vidas, y sobre la igualdad de oportunidades y trato para mujeres y hombres; que no se están respetando estos postulados, cuando existe un 43% de personas trabajadoras dentro de la informalidad, según el segundo informe trimestral del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en donde se les irrespeta el derecho a la seguridad social, los derechos laborales y sociales, resaltando la alta vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres que laboran en este sector.

Tampoco se puede hablar de Trabajo Decente cuando la mujer vive todo tipo de discriminación, por edad, etnia, religión, ubicación geográfica, orientación sexual, entre otras; de desigualdad de oportunidades en el trabajo y donde la brecha salarial entre hombres y mujeres, sigue manifiesta.

No se puede hablar de Trabajo Decente, cuando la mujer sigue siendo víctima de doble y triple jornadas de trabajo, en donde el cuido y las obligaciones domésticas continúan siendo responsabilidad de la mujer, que además de ser una labor invisibilizada no es remunerada.

Tampoco se puede hablar de Trabajo Decente cuando existe un grupo aproximado de 150.000 mujeres que trabajan como servidoras domésticas, que no reciben el salario mínimo, no les respeta el derecho al descanso, a la seguridad social, al pago de aguinaldo y a las vacaciones. Pero este grupo es mucho más amplio, ya que también lo ejercen mujeres que por su condición de extranjeras en estado migratorio de irregularidad, no se reflejan oficialmente y que por esta condición se les irrespeta aún más los derechos humanos, laborales y sociales e incluso se les amenaza con denunciarlas ante la Dirección General de Migración y Extranjería si no obedecen todas las condiciones que las y los patronos les exigen.

En el marco de la Jornada Mundial de Trabajo Decente, las Secretarías de Género y de la Mujer de las 4 Centrales Sindicales de manera unificada, demandamos de las autoridades gubernamentales y sociales que se realicen todas las acciones necesarias (dimanadas de los convenios, normas y leyes existentes), para que los postulados de Trabajo Decente se conviertan en herramientas que permitan la reivindicación de los derechos laborales, humanos y sociales de las mujeres trabajadoras y se pueda transitar por una sociedad más justa y equitativa; siendo urgente la implementación de reformas a programas educativos y formativos que coadyuven a la sensibilización y transformación.

San José, 7 de octubre de 2016

Rose Mary Rodríguez Bustos
Rosa Villalobos Mora
CTRN

María Laura Sánchez Rojas
Lorena Chavarría Martínez
CSJMP

Mayela Santamaría López
CUT

Laura Segura Coto
CMTC

SITRAP brindó capacitación sindical a trabajadores agrícolas

La actividad contó con la presencia del Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes quien externó una felicitación a todos los participantes por sacrificar de su tiempo libre y descanso para asistir a este tipo de actividades, considerando las largas jornadas laborales a las que son sometidos.

Durante la actividad quedó plasmado la necesidad de realizar una nueva capacitación, pero en este caso enfocada hacia la Reforma Procesal Laboral, la cual brindará mejores armas legales en favor de los trabajadores de las plantaciones agrícolas y que esta pronta de entrar en vigencia.

19.923: Número legislativo maldito

Pocas veces ha acontecido que un número de un proyecto de ley, de un expediente legislativo, haya logrado posicionarse, tan fuertemente y en tan poco tiempo, en la mente de muchísimas personas, especialmente en el mundo político-social y obrero-laboral del país, como el 19.923.

El expediente legislativo No. 19.923, oficialmente bautizado con el nombre de “Ley para racionalizar el gasto público”, fue la “criatura” que le dio carta de nacimiento al proceso político-parlamentario que le permitió el control de la Asamblea Legislativa a los principales grupos opositores al actual Gobierno de la República, con la elección del directorio para el período constitucional 2016-2017; directorio que quedó encabezado por el diputado liberacionista don Antonio Álvarez Desanti, como Presidente del congreso.

Prácticamente a un mes de tan funesto acontecimiento, el expediente legislativo 19.923 quedará signado por un breve transitar en la corriente parlamentaria dado su enorme potencial explosivo, socialmente confrontativo, plagado de perversas inconstitucionalidades y generador de más divisiones intra-partidos representados en el actual parlamento.

Este proyecto 19.923, “Ley para racionalizar el gasto”, al que nosotros dimos en llamar “Ley para aniquilar el sector Público”, profundizó, por ejemplo, la controversia a lo interno de la fracción parlamentaria liberacionista, aumentando su fractura interna luego de la disputa por la elección de su candidatura a la presidencia legislativa. Prácticamente la mitad de sus integrantes rechazan el proyecto 19.923, pues no es “socialdemócrata” y, actualmente, en el PLN hay gente planteando que éste debe volver a sus raíces originarias ideológico-filosófico-políticas.

Este proyecto 19.923, llevó a una confrontación entre la fracción diputadil de la Unidad, varios de cuyos integrantes corrieron a quitarse la muletilla de “neoliberales” y declararse fieles seguidores del Humanismo Cristiano.

Específicamente y en este punto, hemos de recordar por mucho tiempo la anécdota con relación al diputado don Rafael Ortiz Fábrega, cuya simpatía futbolística por la Liga Deportiva Alajuelense (LDA), es de amplio conocimiento público, quien nos afirmara a propósito del proyecto 19.923, que él “primero se hacía saprissista que neoliberal”.

A la vez y en este mismo partido quedará en la memoria de muchas personas la fuerte posición política del diputado don Humberto Vargas Corrales, quien atacó hasta de “fascistas” a sus colegas de fracción por apoyar el expediente 19.923.

El expediente legislativo 19.923, más que “maldito”, comprende dos grandes ámbitos de pretendida legislación tipo “shock”, al mejor estilo neoliberal de ajustes fiscales por “terapia de choque”, según el clásico recetario fondomonetarista.

El primer ámbito, conocido como el de las “reglas fiscales”, contiene una que pretende que se legisle para “abolir”, así, de un porrazo, el déficit fiscal que anda cercano al 6% del Producto Interno Bruto (PIB), para obligar a que las arcas públicas tengan un 2% de superávit.

Esta monstruosidad fiscal, esta brutalidad política, haría que el Gobierno reduzca, a mansalva, sin ninguna consideración social y laboral, su gasto, “racionalizándolo”, en 3 billones 200 mil millones de colones, considerando que cada punto porcentual del PIB, equivale a 300 mil millones de colones.

Esos 8 puntos porcentuales de PIB (pasar de un 6 negativo déficit, a un 2 positivo superávit), aparte de la inenarrable confrontación social que se daría en las calles de este país, produciría colapso total, quebrantamiento absoluto, en una serie de servicios públicos del Gobierno central ya de por sí muy deteriorados por las políticas de recortes de los últimos tiempos.

El segundo ámbito de este proyecto “maldito” tiene que ver con el Empleo Público. Las propuestas regulaciones sobre dedicación exclusiva, disponibilidad, evaluación del desempeño, anualidades, un solo aumento salarial anual, bajar todas las cesantías superiores a 8 años para dejarlas en esta cantidad, establecer un tope máximo salarial, etc.; han activado ya todas las alertas sindicales y gremiales-corporativas pues nuestra intensa prédica de muchísimo meses ha calado hondo en cuanto a que el déficit fiscal no se debe a los salarios pagados en el sector Público.

Este segundo ámbito, tanto como el primero, muestran el carácter explosivo del proyecto 19.923, pues no dejan lugar a dudas de su potencial socialmente confrontativo.

Al decir del señor diputado presidente legislativo, el 19.923 “ya no va”. La alianza de partidos de oposición que él encabeza en el control de la Asamblea Legislativa, ha decidido descartar las reglas fiscales tipo “shock”, las de terapia de choque tipo ajuste fondomonetarista, para entrar a discutir una propuesta de reglas fiscales que está formulando el gobierno. Esto habrá que estudiarlo con rapidez y con seriedad pues no hay mucho tiempo para ello.

Con relación al empleo público, el segundo ámbito del “maldito” expediente legislativo 19.923, la concepción ideológica de que los salarios públicos con responsables del déficit fiscal, sigue completamente vigente.

Aunque el señor diputado presidente legislativo, don Antonio Álvarez Desanti, plantea abrir las puertas de un diálogo con los sindicatos en el tema, los pronósticos son reservados, de mucha incógnita.

La verdad es que bien sería mejor entrarle al problema del déficit fiscal por el lado correcto: regresividad tributaria, evasión y elusión, exenciones y exoneraciones, transacciones financieras, debilitamiento de servicios públicos esenciales y estratégicos, por ejemplo.

Pero la real verdad es que este país ocupa de una definición estratégica sobre el modelo de desarrollo que realmente ocupamos en la actualidad ante fenómenos perversos como el creciente desempleo (el abierto y el encubierto), que ronda el 21%; el drama del desempleo juvenil y su faceta de los “ni-ni”; la precariedad salarial (a casi el 30% no se le respeta el salario mínimo de ley); las variables macroeconómicas están bien pero la distribución no está funcionando como debiera; etc., nos indica que una discusión meramente fiscalista y, peor aún, por el lado del empleo público, no nos estaría conduciendo a nada bueno.

Diputados opuestos a más seguridad

El Movimiento Libertario
Liberación y la Unidad,
Se oponen a que los pueblos
Tengan más seguridad.

Los mismo están haciendo
Los diputados cristianos,
Que no les importa la vida
De los seres humanos.

Por llevarle la contraria
A la presidencia,
No aprueban los recursos
Para frenar la violencia.

Se oponen a que se apruebe
El impuesto a las sociedades,
Que le va a dar más recursos
A las autoridades.

Están muy empeñados
En rebajar los salarios,
En vez de combatir los narcos
Los ladrones y sicarios.

La prioridad de la alianza
No es proteger a los ticos,
Es hacer lo posible
Por proteger a los ricos.

Patria Justa, Centrales Sindicales y SEC se reunieron con Ministro y Viceministro de Trabajo

En la reunión que se desarrolló en la sede de SITRAPEQUIA y que extendió por dos horas, los representantes sindicales externaron su preocupación ante proyectos de ley que atenten contra el empleo público, así como la necesidad de que los proyectos de ley contra el robo de impuestos sean prioridad

Seccional ANEP-Tiendas Libres IMAS eligió Junta Directiva por un periodo de dos años

Con una serie de prioridades, la Seccional ANEP-Tiendas Libres del IMAS eligió durante una Asamblea General a la Junta Directiva por un periodo de dos años.

Esteban Solís Hernández, presidente de la seccional ANEP-Tiendas Libres explicó que, desde la conformación de la seccional en el 2009, han venido trabajando en varios aspectos que afectan a los trabajadores.

Actualmente, atraviesan problemas relacionados con la persecución laboral.

Las tiendas libres administradas por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) en el aeropuerto Juan Santamaría tienen como finalidad invertir las ganancias en los programas de desarrollo social que implementa la institución.

Otros de los aspectos, en que la seccional está vigilante es en el otorgamiento a terceros la operación de las tiendas dentro del aeropuerto con la finalidad de prevenir afectaciones laborales.

El presidente de la seccional indicó que también se dará seguimiento a una denuncia que presentó ante la Defensoría de los Habitantes por la falta de un comedor para los trabajadores dentro del aeropuerto.

Fundamento Jurídico de las licencias sindicales

Las facilidades sindicales y licencias con goce de salarios tienen rango constitucional, además no sólo se encuentran en los convenios 87 y 98, sino también en el artículo 135 “sobre la protección y facilidades para el representante sindical” y la recomendación 143, ambas promulgadas en la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

Fundamento Jurídico de Las Licencias Sindicales by Yariela Novo on Scribd