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Es evidente, que vivimos momentos difíciles en nuestra querida Costa Rica. La criminalidad se disparó, y no parece mermar; por el contrario, los homicidios son cada vez más atroces, al mejor estilo de los carteles de la droga.

Lamentablemente, ese “negocio” ilícito está socavando nuestras comunidades, en tanto que dejamos de ser un país de paso, para convertirnos en un país de almacenaje y distribución de drogas.

La situación que vemos a diario, en torno a la incursión del crimen organizado, el incremento en la violencia, el hacinamiento carcelario, el desempleo, la falta de oportunidades para nuestros jóvenes, deberían estar en el pensamiento, en el discurso y en las agendas de nuestros legisladores. El riesgo latente de que a mediano plazo pasemos a niveles insospechados de violencia e inseguridad representa, además de la inseguridad ciudadana, la salida de inversión extranjera, el alejamiento del turismo y, por ende, la llegada de más desigualdad, y consecuentemente, una gran oportunidad para los carteles de la droga.

Costa Rica, un país pequeño en territorio, pero grande en su corazón; que se decidió por la paz, por la educación, por la solidaridad, y la justicia social.

Las fuerzas de policía, civilistas, y al servicio de la ciudadanía, dan cuenta de un país que abolió de forma permanente el ejército, algo de lo cual nos hemos sentido orgullosos por muchos años y que hemos abanderado ante el mundo.

Ciertamente, nuestro país atraviesa un momento histórico, la globalización nos alcanzó; dejamos de vivir en casas de puertas abiertas; hoy somos prisioneros en nuestras casas, se terminaron las tardes de café entre vecinos; dejamos de ver a cientos de niños y jóvenes, detrás de un balón, en canchas de fútbol que antes eran abiertas al público y que hoy son parques o, están cerradas y limitadas exclusivamente al lucro. Dejamos como sociedad, de hacer patria, dejamos de conversar y dimos paso a la chota, a la contienda, al morbo, a los ataques desaforados, como si esa fuera la fórmula para resolver los problemas de nuestro país.

En una democracia debe existir el espacio a la discrepancia, los pesos y contrapesos son parte del equilibrio, pero es necesario que las diferencias, y discrepancias, no se conviertan en ataques personales, en posiciones intransigentes, en donde se hace imposible avanzar y buscar el bien común y la justicia. La justicia debe ser la que motive e inspire los debates.

“Poseer la virtud de la justicia, según Aristóteles, significa ser respetuoso de las leyes y al hacerlo ponemos en práctica el bien de todos y no sólo un bienestar egoísta. La justicia es por esto “el compendio de todas las virtudes” o “la virtud más perfecta”.

La justicia debe ser fuente que inspire nuestros actos, nuestro país requiere de líderes que motiven una gran concertación. Ciertamente se viven tiempos difíciles; la corrosión pareciera haberse institucionalizado; la calidad de los servicios, en algunos casos no son lo mejor; eso debe ser sometido a revisión; pero con objetividad, con asertividad, sin dejar de hacer lo que mejor hemos hecho en el tiempo; dialogar para resolver nuestras diferencias.

Lamentablemente prevalecen intereses individuales, egocentrismos, mezquindades y una evidente lucha por ostentar “el poder por el poder”. Es lamentable observar como nuestros legisladores (no todos) dejaron de hacer patria, de visitar comunidades, de atender necesidades, de buscar soluciones integrales; porque el momento histórico (el de las redes sociales), hace más interesante, ser noticia por insultar, por pegar gritos en el plenario, por propiciar como “solución” un ensañamiento en contra de quienes se ganan la vida trabajando en el sector público.

La denuncia, en torno a algunos abusos es necesaria, no obstante, no hemos observado una propuesta integral, una que involucre estudios técnicos que nos invite al análisis, a la lectura; por el contrario, se busca el minuto de fama, una que se consigue lamentablemente con la complicidad de algunos medios de comunicación. Legisladores que no hacen más que disociar, legislar en beneficio propio, son constantemente quienes promueven en medios de comunicación, una cultura de odio entre ciudadanos.

Reiteradamente me pregunto ¿Qué características tendrían, el doctor, Rafael Ángel Calderón Guardia, presidente en el período 1940-1944 y líder del partido Republicano Nacional y de la tendencia política conocida como “el calderonismo”, el líder del Partido Comunista; Manuel Mora Valverde, y el arzobispo de San José, don Víctor Manuel Sanabria Martínez, líder de la Iglesia Católica de Costa Rica; para que, a pesar de sus diferencias, lograran, respetando sus ideales, la reforma histórica conocida como “Las Garantías Sociales”?

Es cierto que existen situaciones jurídicamente consolidadas que, si bien están dentro del marco de la legalidad, requieren ser revisadas, actualizadas, y modernizadas; debido a la evolución social, cultural, política y económica del país. Representantes sindicales, como el suscrito, lo reconocemos, pero apostamos por la instauración de un proceso de diálogo constructivo, sensato, y con propuestas equilibradas que vengan a favorecer la justicia social.

Es inminentemente urgente, establecer una agenda común, establecer prioridades, que me parece están a la vista y conversar. Solo así podremos reconstruir lo que nos parece perdido: ¡la capacidad de diálogo y de alcanzar grandes acuerdos!
Señores diputados y diputadas, les reto, para que propicien un gran diálogo nacional para que hagamos patria.

En la mañana del 18 de septiembre, en el Templo Catedral de la comunidad de Coyhaique, se desarrolló una Eucaristía para celebrar el Te Deum, hasta donde llegaron autoridades civiles lideradas por el Intendente de Aysén Jorge Calderón, representantes de las Fuerzas Armadas y de orden, así como también estuvo presente la comunidad de fieles de la diócesis de Aysén.

El mensaje central de monseñor Luis Infanti de La Mora, obispo de Aysén, quien presidió este encuentro, estuvo centrado en un cuestionamiento a la injusta distribución de los bienes materiales, entregando un potente mensaje a todos los presentes.

Mons. Infanti comparó la parábola del administrador con el sistema económico actual, definiéndolo como “un sistema económico de extrema riqueza que produce fábricas de pobreza”, destacando la gran desigualdad que existe en el país, señalando además que el modelo económico “aprueba y potencia leyes que favorecen que en Chile hayan 1.700 personas que ganan más de mil millones de pesos al mes, condenando a tantos adultos mayores a miserables jubilaciones, luego de una vida entera de trabajo y sacrificios, haciendo que la vejez sea sinónimo de empobrecimiento”.

El obispo recordó también en su mensaje las palabras del papa Francisco en su visita a Bolivia, “estamos urgidos en “poner la economía al servicio de los pobres. Los seres humanos y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero. Digamos ´no´ a una economía de exclusión e inequidad, donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata. Esa economía excluye. Esa economía destruye la madre tierra”. El mismo papa Francisco detecta “el hilo que une cada una de las exclusiones: un sistema que se ha hecho global y que ha impuesto la lógica de las ganancias a cualquier costo”. Un sistema de esclavitud, afirmó monseñor Infanti.

En esta homilía, el obispo realizó un llamado a comprender que “los bienes y el dinero son medios para hacer justicia, para crear fraternidad, equidad y comunión”. (…) “Lo que hacemos con nuestros bienes, demuestra a quien servimos, si al “dios dinero” o al Dios de Jesucristo, que se ha encarnado en el ser humano con su dignidad y divinidad. Hoy, habiendo más riqueza que nunca, hay también más desigualdad, más injusticia y más corrupción que nunca”, concluyó.

Reflexiones en Frontera, jesuita Guillermo Ortiz

http://es.radiovaticana.va/news/2016/09/17/no_se_puede_servir_a_dios_y_al_dinero,_afirma_jes%C3%BAs/1258813

El distinguido ciudadano costarricense don Luis Paulino Vargas Solís, acaba de publicar un extraordinario artículo que nos ayuda muchísimo a fundamentar más nuestra prédica insistente, reiterada, terca, “majadera”, de que los salarios públicos no son los responsables del déficit fiscal.

Este planteamiento nuestro, mismo que, afortunadamente, es ya criterio generalizado en el seno de todas las corrientes que se mueven al interior del sindicalismo nacional, se ve reforzado con la sólida y seria argumentación técnica que nos brinda don Luis Paulino.

Este compatriota sabe de lo que está hablando pues tiene una sólida formación profesional-académica como licenciado en Economía que es. Además, tiene una maestría en Relaciones Internacionales y un doctorado en Gobierno y Políticas Públicas.

Los y las sindicalistas debemos leer y estudiar el comentario de don Luis Paulino titulado “La ‘alianza opositora’ está detrás del palo en el tema fiscal”. Este artículo nos indica que es el rubro pago de intereses de la deuda el que más crece y el que más crece a mayor velocidad dentro de las finanzas del Gobierno central.

Entre marzo de 2015 y marzo de 2016, ese pago de intereses creció en un 24%, más que ningún otro rubro, mientras que en el mismo período, las remuneraciones crecieron en un 3.4% y hubo un dramático recorte en la compra de bienes y servicios, del -28.5%.

Es decir, estamos en pleno proceso de deterioro y de precarización de servicios públicos esenciales que debe brindar el Gobierno Central y ahora nos queda más claro las razones que explican, por ejemplo y para citar solamente un caso, la paulatina y creciente pauperización en que deben prestarse los servicios de los diferentes cuerpos policiales del Estado central (Fuerza Pública, penitenciaria, migratoria, de tránsito, fiscal, aeronáutica, control de drogas, judicial y guardaparques).

Dice el mencionado estudioso señor Vargas Solís, que si bien el gasto corriente en el período marzo 2015-marzo 2016 tuvo un incremento del 4.3%, un 80% de este incremento fue para pago de intereses.

Hay otro dato interesantísimo. Lo copiamos textualmente: “Entre inicios de 2014 y fines de 2015 el empleo público se redujo en 54.461 puestos de trabajo, o sea, un -17 % menos. Sin duda, toda o la casi totalidad de esta reducción ha sido ejecutada por la administración Solís Rivera”.

Don Luis Paulino es enfático ante toda esta circunstancia cuando nos apunta esta otra afirmación tajante: “La reducción en el empleo público, en la compra de bienes y servicios y en la inversión pública a que el gobierno ha recurrido para atenuar el déficit tiene graves consecuencias sobre la economía; contribuye a ralentizarla justo cuando más necesitada está de recibir un estímulo positivo originado en el sector público. Ello además agrava los de por sí agudos problemas en un doble movimiento: directamente al reducirse el número de servidores públicos e indirectamente al recortarse la demanda de bienes y servicios y la inversión por parte del Estado”.

Los extremistas ideológicos del neoliberalismo que están dentro y fuera del parlamento, poco favor le está haciendo al sector privado con su irracional cruzada fundamentalista de “racionalizar el gasto público”, al propio aparato productivo del sector privado. Este tipo de gente que tiene al “dios mercado” como eje central de sus propias vidas y de actividad política, la línea del recorte presupuestario que han venido impulsando, está matando a quienes dicen defender: el sector privado que, de un modo u otro, directa y/o indirectamente, depende para su propia sobrevivencia de las compras del Estado y de las ventas que a éste le hacen.
Entonces veamos la esencia de esta pérfida estrategia de toda esta gente en contra del bien común y de la inclusión social que está en desarrollo:

1) Sigamos echándole la responsabilidad del déficit fiscal a los empleados públicos y a las empeladas públicas.

2) Propiciemos la más enérgica ofensiva político-legislativa para revertirles y recortarles derechos adquiridos (aunque, como bien lo dice el destacado economista señor Vargas Solís en su precitado artículo, se debe “…corregir y sanear vicios y excesos que efectivamente existen”.)

3) Sigamos con la tesis fundamentalista del recorte del gasto, del empleo público y de la inversión pública para llevar los servicios públicos afectados al mayor deterioro posible, a su más intolerante ineficiencia y a la más nula eficacia posible, con ello se nos facilita pasarlos al sector privado vía las más diversas formas jurídicamente creativas, muchas de las cuales ya están definidas por ley.

4) Que nadie repare, tome nota, se preocupe de auscultar los verdaderos ganadores del déficit fiscal dado el altísimo pago de intereses de la deuda; los verdaderos ganadores de que siga el robo de impuestos en todas sus manifestaciones, de que el sistema tributario costarricense siga siendo profunda e injustamente regresivo (pagan más, proporcionalmente hablando, los que nos tienen).

¿Y quiénes son los ganadores con el pago de intereses? Los datos valiosísimos que nos comparte don Luis Paulino indican que un 32.4% va a los bolsillos del sector privado, de “sectores rentistas muy poderosos y privilegiados”; un 21% va para el sistema financiero. Solamente un 16% del pago de intereses es entre la misma institucionalidad pública; es decir, según nos lo enseña don Luis Paulino, “…equivale, sin más, a sacar dinero de un bolsillo para pasarlo a otro”.

Permítanos abusar de su valiosa tolerancia con leernos, lo cual agradecemos profundamente, para citar dos puntos más. Uno del distinguido compatriota economista y otro propio de quien escribe.

Primero: Nos dice don Luis Paulino: “En resumen, el gasto total del gobierno, excluidos los intereses, está decreciendo. El total de gasto corriente, así como las remuneraciones, crecen levemente, mientras las compras de bienes y servicios y la inversión pública se reducen drásticamente. El total de empleo público viene también reduciéndose en forma muy sostenida y significativa. O sea, y en resumen: estamos viviendo un proceso de desmantelamiento e inutilización de la institucionalidad pública, con consecuencias dañinas a corto plazo para la economía y el empleo, y con perniciosos efectos de largo plazo para el buen desarrollo de nuestra sociedad”.

Dado que, según este análisis, el problema principal del déficit fiscal es el pago de intereses de la deuda y no los salarios de los empleados públicos y de las empleadas públicas como ya queda certificado; se impone esta alternativa: “una reforma tributaria justa y equitativa y el combate tenaz al fraude fiscal que provea nuevos ingresos y contribuya primero, a recuperar esa institucionalidad pública en proceso de derretimiento y, segundo, a frenar el crecimiento de la deuda púbica”. Así de contundente define este gran reto don Luis Paulino.

De nuestra parte, en un criterio personalísimo que no involucra para nada a la corriente sindical en la cual nos movemos, nos hacemos esta reflexión: Pese a ciertos abusos y excesos que deban ser abordados en materia de empleo público, no podemos caer en la trampa político-parlamentaria de una “negociación” que solamente serviría para encubrir la verdadera y perversa naturaleza de las causas profundas del déficit fiscal; y legitimar que el ajuste en las finanzas públicas del Estado central lo paguen los que menos tienen y los que toda la vida han sido puntuales y responsables pagadores de impuestos: los empleados públicos, las empleadas públicas, la clase trabajadora en general; y, específicamente, los sectores populares y medios usuarios de los servicios públicos en franco deterioro. A lo sumo, la tal “negociación” debería ser para denunciar toda esta podredumbre fiscal y el extremismo ideológico que la sustenta.