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En el mundo de hoy, caracterizado por una brutal desigualdad, la importancia estratégica de la lucha obrera y social es inobjetable. Es el caso de la amplia gama de organizaciones sociales y sindicales de la más diversa naturaleza que en el seno de los países de la Unión Europea (UE), libran una gigantesca epopeya para contrarrestar los nefastos efectos de un neoliberalismo criminal que ha venido arrasando con la otrora famosa “Europa social”, la de los estados benefactores que fueran ejemplo de inclusión y movilidad sociales.

Acabamos de conocer la importante noticia de que diez países de la UE han logrado un primer acuerdo para poner el impuesto más justo y necesario que se pueda pensar en los tiempos del gobierno de los banqueros, en esa zona geográfica de nuestro planeta: el impuesto conocido popularmente como “Robin Hood”.

Éste no es más que un pequeño tributo que se deberá pagar por ese gigantesco movimiento de capitales bancarios que se dan día a día, en un océano de operaciones de corte financiero que movilizan miles y miles de millones de dólares, de euros y de otras monedas “fuertes”, como parte de la desenfrenada globalización económica neoliberal.

Con el impulso, nada más y nada menos que de los gobiernos de Alemania y de Francia, el pasado 6 de mayo los ministros europeos de Finanzas acordaron, paulatinamente, el establecimiento del impuesto “Robin Hood”, también conocido como “Tasa Tobin” (por el apellido de quien lo ideó).

Con este impuesto se obtendrían sumas multimillonarias para fortalecer las arcas públicas y, por ende, los servicios sociales en esos países que tienen a sus clases trabajadoras en estado precario al decidirse el desmontaje de muchos de los programas del famoso “Welfare State” (Estado de Bienestar) que venía existiendo en esas naciones, hasta la ofensiva de los bancos, con la crisis financiera global de los años 2008-2009.

Esta tasa a las transacciones financieras (FTT, por sus siglas en idioma inglés), surge por la presión sistemática de una ciudadanía activa europea que en movilización organizada y junto a una compleja articulación de entidades de la sociedad civil (entre ellos, los sindicatos), generaron las condiciones políticas para que los detentadores del poder real en esas sociedades del “viejo continente”, aglutinadas en la UE, aceptaran, aunque tímidamente, el establecimiento del impuesto “Robin Hood”.

Quienes han venido luchando por el impuesto “Robin Hood”, ven en él la oportunidad de recursos frescos para proteger puestos de trabajo, revitalizar alicaídos servicios públicos, mejorar condiciones de vida; e, incluso, extender programas a regiones y lugares de los más pobres del planeta.

Este impuesto, que caerá sobre los grandes capitales exhaustos de su propia reproducción obscena, gravará a partir de 2015, por ejemplo, todas las operaciones de compra-venta de acciones en España, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Austria, Portugal, Grecia, Estonia, Eslovaquia y Eslovenia. Su más fuerte opositor, el Reino Unido, sufrió una derrota tratando de impedir su avance, pues el tribunal de justicia europeo rechazó sus argumentaciones en contra de la Tasa Tobin.

Evidentemente, la victoria de la ciudadanía europea al respecto es apenas un paso del largo camino que han andado al respecto. Les falta mucho más y nos causa mucho orgullo estar desde esta tierra costarricense involucrados en esta noble cruzada por la justicia social, en tiempos crueles de la globalización neoliberal criminal. Saludamos a nuestras organizaciones sindicales hermanas de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), que en el seno de la UE libran esta histórica batalla. Es un extraordinario ejemplo que queremos aplicar en Costa Rica.

El evento fue organizado por la Defensoría de los Habitantes

El extremismo ideológico de corte neoliberal que impregna el proyecto “Ley para racionalizar el gasto público”, resulta inadmisible desde cualquier punto de vista, tratándose de servicios públicos esenciales para la paz como los policiales.

Como se recordará, el pasado 1 de mayo en la Asamblea Legislativa se dio la elección de su nuevo directorio para el período constitucional 2016-2017, quedando el mismo totalmente contaminado de esa enfermiza aversión patológica contra todo lo que tiene que ver con el sector Público, con base en la tesis apocalíptica de que el déficit fiscal es de tal magnitud que ya estamos llegando al “fin de los tiempos”.

Hemos optado por catalogar al proyecto “Ley para racionalizar el gasto público”, con un concepto que realmente significa su real contenido. Para nosotros se trata, en realidad, del proyecto “Ley para aniquilar el Sector Público”, pues las reglas fiscales que contiene llevará a una importante cantidad de servicios públicos a niveles de altísima precariedad, radical ineficiencia, brutal ineficacia y expondrán a mayor y gran peligro a quienes trabajan para los mismos. Es el caso de los servicios policiales del Estado central los cuales, por el contrario, urgen de más recursos, más personal, más tecnología, más infraestructura, etc.

Es totalmente incomprensible y peligrosamente extremista que este tipo de servicios públicos, como los policiales, sean víctimas de la “regla de superávit primario para el Gobierno Central”, o de la “regla de límite al crecimiento del gasto público”; ambas incluidas en la “Ley para aniquilar el sector Público”.

La realidad institucional, la realidad de salud ocupacional, la realidad salarial de las y de los policías costarricenses es, sinceramente, de altísima explotación y remuneraciones no acordes con el riesgo y exigencias de su labor, creciente estrés, alto riesgo físico y de sus propias vidas, desintegración familiar, desarraigo social-comunal y deterioro de su situación socioeconómica.

Los y las policías no deben ser sometidos a la lógica del “integrismo fiscalista” contra los salarios del sector Público que contiene la “Ley para aniquilar el sector Público”. Todo lo contrario, el país debería tener un específico sistema salarial para todo el estratégico cuerpo de servidores públicos del Estado.

La Fuerza Pública requiere de un fortalecimiento estratégico, dentro del cual destaca la erradicación de los tugurios que representan la mayoría de sus sedes: altamente insalubres, de bochornoso hacinamiento y de escasa privacidad personal, para mencionar una pequeñísima parte del grave entorno sociolaboral que afecta el trabajo del mayor cuerpo policial costarricense.

Las comunidades demandan mayor presencia en materia de seguridad ciudadana, especialmente aquellas en las cuales la exclusión y la desigualdad social, junto a la pobreza y a la precariedad, están nutriendo el negocio del narcotráfico con sus secuelas de violencia y de pérdidas de vidas inocentes.

Específicamente, la Policía de Control de Drogas (PCD), como parte esencial de la Fuerza Pública, requiere que se le tenga como parte fundamental, debidamente fortalecida, ante este creciente papel del narcotráfico en nuestra sociedad; negocio sucio que según el Gobierno de los Estados Unidos está moviendo unos 4.200 millones de dólares, ¡al año!, es decir, poco más de 8 puntos porcentuales de PIB.

Además, la gran ventaja económica para el país del creciente turismo, conlleva riesgos y la expansión de la infraestructura aeroportuaria que se está planteando, nos indica que la Policía Aeroportuaria del país debe considerarse para su expansión y fortalecimiento.

La Policía Penitenciaria urge de casi mil plazas más. El actual personal sumamente explotado ya, no da abasto en la labor de contención de seguridad ante el incontenible hacinamiento carcelario y de ahí que esté al rojo vivo la polémica de si la salida correcta a este problema sea la liberación irrestricta de personas privadas de libertad que no han sido debidamente preparadas para ello.

La “matazón” en las carreteras nacionales, especialmente la de motociclistas, en parte tiene relación con un debilitamiento del cuerpo de oficiales de la Policía de Tránsito. El país no está atendiendo de manera adecuada los desafíos de seguridad vial que implica un parque vehicular excesivo y con contenido de altísimo estrés por parte de los conductores ante el caso vial nacional. ¡Hacen falta unos 1.300 policías de tránsito!

Estamos perdiendo el control de los parques nacionales y de las áreas de conservación ante la escasez de personal guardaparques. La cacería furtiva y el negocio sucio del narcotráfico se están apoderando de estas estratégicas zonas del territorio nacional y estamos quedando en ridículo ante la comunidad internacional, pues se cae a pedazos la imagen de “país verde” que asegura tener protegido el 25% de su territorio nacional para efectos de conservación ecológica, lo cual está dejando de ser cierto porque ya casi no hay personal especializado que se encargue de esta tarea.

El fenómeno migratorio nos tiene ya rebasados. Una debilitada aunque muy sacrificada policía migratoria no puede, por más que quiera, realizar verdaderas tareas estratégicas de contención de la ola migratoria que nos azota, sin caer en xenofobias de ningún tipo. La dolorosa cuestión social de las personas cubanas y africanas, últimos episodios de esta tragedia humanitaria que es el tráfico internacional de personal, nos retrató de cuerpo entero en cuanto a la imperiosa necesidad nacional de fortalecer la Policía Profesional de Migración y Extranjería de Costa Rica.

Un país como Costa Rica con un porcentaje de robo de impuestos en todas sus formas de 8.5 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), no puede tener una Policía Fiscal con tan poquísimo personal. Los éxitos que últimamente hemos visto en la prensa sobre ataque a la defraudación de impuestos nos muestran las potencialidades que este cuerpo policial expresa como para no entrarle a su fortalecimiento estratégico. Es más, el combate a la evasión fiscal en todas sus dimensiones y a la elusión tributarias de distinto orden, deben ser un asunto de emergencia nacional y la Policía Fiscal acrecentar fuertemente su rol en ello.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la policía judicial costarricense enfrenta un creciente desafío ante el poder de la criminalidad que estamos presenciando y viviendo; pero, paradójicamente, ya están viviendo diversos problemas de operatividad por las severas restricciones presupuestarias que se le están aplicando y sus oficiales están denunciando situaciones de sobreexplotación laboral inadmisibles en un poder del Estado como el Judicial.

La situación para los distintos cuerpos policiales de las municipalidades no es la mejor en este escenario de “integrismo fiscalista”. El sector municipal está incluido con la ““Ley para aniquilar el Sector Público”, con lo cual sus estrictas reglas de contención salarial les afectará en cuanto a los sistemas de dedicación exclusiva y de disponibilidad, por ejemplo. Aparte de que tal legislación representa una flagrante violación a la autonomía constitucional del régimen municipal.

Como vemos, los señores diputados y las señoras diputadas que se juntaron con su colega Otto Guevara Guth para impulsar la aprobación del proyecto nefasto “Ley para racionalizar el gasto público”, que en realidad es el proyecto “Ley para aniquilar el Sector Público”, han caído en irracionalidades peligrosísimas para la paz social y para la estabilidad de la Democracia misma.

El caso de los cuerpos policiales del Estado central es muestra fiel de que tales extremismos fiscalistas son disparadores de la violencia y de la exclusión social, con mayor crudeza y peligrosidad.

Hacemos una vehemente instancia a las agrupaciones gremiales de estos cuerpos policiales a que se reúnan con urgencia para analizar toda esta grave situación y llamar la atención diputadil para que la Asamblea Legislativa “no juegue con fuego”.

La semana pasada se aprobó, en primer debate, el proyecto de ley contra el fraude fiscal, mismo que aportará, en buena medida y aunque no lo suficiente, en el combate al robo de impuestos que se da actualmente en nuestro país. La nueva ley debió haber sido más dura, más inclemente, más drástica.

No obstante, es un avance y es inédita en el ámbito tributario. Nosotros hemos denominado el robo de impuestos como un verdadero crimen contra toda la sociedad, contra el bien común; y, específicamente, los más pobres entre los pobres, son sus más crueles víctimas.

¿Cómo no catalogar el robo de impuestos como crimen contra toda la sociedad, con estos datos espeluznantes? ¡Sí! Los hemos citado antes y habrá que hacerlo cientos de veces más. En números redondos, cada minuto, el robo de impuestos es de 5 millones de colones. Cada hora (sesenta minutos), son 300 millones de colones. Al día, o sea, cada 24 horas, 7 mil 200 millones de colones. Al año: 8.5 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), o sea, 2 billones 550 mil millones de colones (2.550.000.000.000.00).

Debemos ver a este proyecto de ley contra el fraude fiscal, aún con sus limitaciones, un paso en ruta hacia la Transformación Tributaria Estructural que ocupa nuestro país. En tal sentido, la estrategia gubernamental es que hacen falta, al menos, dos grandes modificaciones impositivas actualmente en trámite parlamentario: la transformación del actual impuesto sobre las ventas en impuesto al valor agregado (IVA), subiéndolo del 13% actual al 15%; y el establecimiento de la renta global o universal (sumatoria de todos los ingresos del contribuyente, provenientes de diversas fuentes para establecerle una única renta impositiva).

Nosotros pensamos que esto último es lo que merece el mayor apoyo popular, dado que puede hacerle pagar lo que realmente debe pagar al que más acumula; mientras que IVA castigará a todos por igual sin importar su nivel de ingreso; y, precisamente, los más castigados serán los más pobres entre los pobres, aunque los pobres también y ni qué decir sobre los sectores medios que todavía pueden consumir un poco más.

No sabemos si por ingenuidad política o por genuina responsabilidad, o una mezcla de ambas, a cambio de la aprobación legislativa de ambas iniciativas de ley, el actual Gobierno parece dispuesto a pagar el peaje político que le está imponiendo el bloque parlamentario que actualmente controla el directorio legislativo: hablamos del empleo público y, específicamente, de los pluses salariales.

El fundamentalismo macroeconómico neoliberal, que sigue siendo hegemónico en el gobierno del “cambio”, le tiene a éste contra la pared. El déficit fiscal, en punto de sobrepasar el 6% PIB (el “final de los tiempos” o “la llegada del Apocalipsis”, según tal fundamentalismo); le hace obligante al Gobierno obtener la aprobación de renta e IVA, así como el presupuesto 2017 (de lo cual hablamos en nuestro comentario de esta misma página en la semana pasada).

Los sectores neoliberales del actual parlamento, incluidos los que asaltaron el directorio legislativo el pasado 1 de mayo, ya han sido claros: no habrá renta ni IVA y recortaremos aún más el presupuesto 2017, si usted, Gobierno, no nos da, en bandeja de plata, la cabeza (más bien, las cabezas) del empleo público y, específicamente, los pluses salariales del mismo.
Más que peaje político, o trueque político, estamos hablando de chantaje político en el que está involucrada 330 mil familias de la clase trabajadora costarricense que, más o menos, es el número de personas que asalariadamente laboran para el Estado en todas sus manifestaciones institucionales. En los próximos días y semanas, estarán en juego los destinos socioeconómicos de esos 330 mil hogares: su estabilidad laboral, su situación financiera, su clima intrafamiliar, sus responsabilidades crediticias, sus vinculaciones sociales.

El fundamentalismo ideológico que hace converger los intereses del alto corporativismo de negocios, con los intereses de los ladrones de impuestos en todas sus manifestaciones (con apoyo de bufetes jurídicos y de especialistas tributarios inescrupulosos), en el marco de un sistema tributario altamente injusto por su regresividad; propicia más empobrecimiento y precariedad salarial con el ataque a los actuales niveles salariales que se devengan en el sector Público, globalmente comprendido y sin negar ciertos excesos.

El actual Gobierno debe, respetuosamente lo indicamos aquí, reflexionar que los vivillos de la politiquería tradicional, especialmente la del bipartidismo clásico (pese a sus mutaciones), le están poniendo a hacer el trabajo sucio anti obrero manifestado en el peaje, trueque o chantaje político que estamos denunciando por esta vía.

Una parte de ese bipartidismo clásico está trabajando ya en el plano electoral con la seguridad de que ganará; y nada mejor que, según su percepción, el trabajo sucio le quede hecho; aunque como bipartidismo están plenamente embarrados del estado actual de cosas en el empleo público y, muy especialmente, en el estado actual de cosas de la deuda del país y en el estado actual de cosas del déficit fiscal. Todo esto no empezó ayer.

No se trata de defender a un gobierno que apalancado en una multiplicidad de enorme diversidad convocante de sectores sociales, ganó el Poder Ejecutivo en febrero de 2014; pero que, según nuestro criterio, renunció a la construcción de un real músculo social como se potenciaba, y que le habría dado posibilidades más reales de cambio real; al menos, en el desafío de esa hegemonía político-mediática y económica tradicional que le quitó a su primer ministro de la Presidencia.

Es en este marco de condiciones que nos permitimos alertar a esos 330 mil servidores públicos que no tienen nada que ver en este peaje, trueque o chantaje político promovido por el ala neoliberal del parlamento.

¿Cuál es la responsabilidad, de los y de las policías que su bajo salario es redondeado con los pluses de riesgos y de disponibilidad, por ejemplo? ¿Cuál es la culpa que deben asumir las trabajadoras de los CEN-CINAI cuyo único plus salarial es la anualidad? ¿Cuál es la culpa en todo esto como para ser víctimas de un malsano trueque político, de los profesionales, del personal técnico, administrativo y operativo de los ministerios y entes adscritos a los mismos, así como de otras institucionales? ¿Qué es lo que debe el personal de atención primaria en Salud, el personal que combate las enfermedades transmisibles por mosquitos, o el personal asistente de pacientes de la Caja? ¿Qué parte del déficit fiscal debe cobrársele, a los servidores públicos recolectores de basura, trabajadores operativos, de campo y administrativo-profesionales de las municipalidades, como para que queden en medio de este pago de peaje político? ¿Qué parte de la deuda del país la deben los agricultores y productores agropecuarios nacionales como para que, ahora, junto a los técnicos y profesionales de las instituciones públicas del sector, paguen los platos rotos del déficit fiscal y los truequen a cambio de los nuevos impuestos?

Solamente hemos citado algunos ejemplos de las injusticias graves e irreparables que una estrategia política mal pensada, improvisada, aventurera e irreflexiva, pueden generarse en la convivencia social actual de nuestro país, muy tensa por las contradicciones generadas a partir del crecimiento de la desigualdad, más que sistemática y documentada al máximo.

La intentona en desarrollo para ese peaje, ese trueque, más bien ese chantaje político, nada bueno ha de generar; y estamos seguros de que esos 330 mil potenciales electores para el año 2018, estarán pensando en ello con mucha seriedad.

[Por: Rafael Correa Delgado – Presidente de Ecuador]

PUNTO CRISTIANO se complace en brindar una profunda reflexión de alguien acreditado por su obra de gobierno.

Extracto. Tomado de Amerindia, red católica

La ideología neoliberal
En su parte ideológica, el paradigma neoliberal se fundamenta en que el individuo busca su propio interés y satisfacción personal, y que tal comportamiento, en un sistema institucionalizado llamado “mercado libre”, da como resultado el mayor bienestar social.

Este postulado tiene graves deficiencias técnicas, éticas y de objetivos. Solo en un mundo idealizado de información perfecta, ausencia de poder y bienes privados, esto es, con rivalidad en el consumo y capacidad de exclusión, el mercado logra la maximización del bienestar social, es decir, la famosa “mano invisible” de Adam Smith. Obviando estos supuestos extremos e indispensables, los economistas hemos quedado tan solo con el asumido y tal vez deseado resultado final.

El mercado como asignador de recursos se limita a la producción, intercambio y consumo de mercancías, es decir, los bienes susceptibles de tener un precio monetario. Pero incluso en este estrecho ámbito, un caso particular de los bienes existentes, sencillamente se obvia que los precios monetarios no solo expresan la supuesta intensidad de preferencias por un bien, sino también la capacidad de pago de los agentes económicos.

Al destinarse los recursos a sus usos más valiosos guiados por estos precios monetarios, se producen las aberraciones que se observan en nuestros países, donde los escasos recursos frecuentemente se utilizan para generar bienes suntuarios mientras que existen necesidades apremiantes insatisfechas.

En pocas palabras, incluso dentro de la lógica dominante, el mercado con mala distribución del ingreso es simplemente un desastre.

Nueva división internacional del trabajo
La búsqueda de la producción más eficiente de mercancías ha destruido bienes sociales sin un precio explícito, pero incuestionablemente mucho más valiosos e indispensables para el desarrollo, como los bienes ambientales.

Esto es uno de los factores fundamentales que ha provocado una crisis ecológica sin precedentes, como lo denuncia el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si´ (LS 24).

En cuanto a la relación entre países, también ha creado una nueva e injusta división internacional del trabajo. Los países ricos generan conocimiento que privatizan, y muchos países pobres o de renta media generan bienes ambientales de libre acceso. En su reciente encíclica, el Papa recuerda que los países en vías de desarrollo están las más importantes reservas de la biósfera y que con ellas se sigue alimentando el desarrollo de los países más ricos. Compensando esos bienes de alto valor pero sin precio, se podría lograr una redistribución del ingreso mundial sin precedentes.

Pero no se trata tan solo de un problema de justicia, sino también de eficiencia. La ciencia y tecnología no tienen rivalidad en el consumo. En consecuencia, mientras más personas lo utilicen, mejor. Esa es la idea central de lo que en Ecuador hemos llamado la economía social del conocimiento.

Sin duda, la libre empresa es muy importante para la innovación, pero se requiere una nueva forma de gestionar las propuestas e inventos que genera.

La privatización del conocimiento es ineficiente socialmente hablando, y una vez creado, el conocimiento debería estar disponible para el mayor número de personas. Esto no significa que tiene que confiscarse a los inventores, porque existen otras formas de compensar el conocimiento sin necesidad de privatizarlo.

Desde Rerum Novarum, la doctrina social de la Iglesia ha reconocido la licitud de la propiedad privada, pero también sus límites, y el destino universal de los bienes (CA 30). Si debe existir un bien con destino universal, éste es precisamente el conocimiento.

Por el contrario, cuando un bien se vuelve escaso o se destruye a medida que se consume como la mayoría de bienes ambientales es cuando debe restringirse su consumo.

La emergencia ecológica planetaria exige un tratado mundial que declare al menos a las tecnologías que mitiguen el cambio climático y sus respectivos efectos como bienes públicos globales, garantizando su libre acceso. Por el contrario, esa misma emergencia planetaria también demanda acuerdos vinculantes para evitar el consumo gratuito de bienes ambientales.

Incluso es necesario ir más allá y realizar la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, como ya lo ha hecho Ecuador en su nueva Constitución, y crear la Corte Internacional de Justicia Ambiental, la cual debería sancionar los atentados contra los derechos de la naturaleza y establecer las obligaciones en cuanto a deuda ecológica y consumo de bienes ambientales.

Nada justifica que tengamos tribunales para proteger inversiones, para obligar a pagar deudas financieras, pero no tengamos tribunales para proteger a la naturaleza y obligar a pagar las deudas ambientales. Se trata tan solo de la perversa lógica de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas.

El trabajo humano
Pero no solo es importante lo que se excluye en el análisis de mercado, es decir, todos los valores de uso sin precios monetarios explícitos, sino también lo que se incluye como una mercancía más: el trabajo humano.

El trabajo no es solo el esfuerzo para la generación de riqueza, sino una forma vital de llenar nuestra existencia, y el salario no es solo un precio: es pan, sustento, dignidad y uno de los fundamentales instrumentos de distribución, justicia y equidad.

El trabajo humano no es una herramienta más de acumulación del capital. Tiene un valor ético, porque no es objeto, es sujeto, no es un medio de producción, es el fin mismo de la producción (LE 8).

No es posible con estas consideraciones hablar de “mercado de trabajo”, sino más bien de sistema laboral.

La larga y triste noche neoliberal incluso dio al capital más derechos que a los seres humanos. Si se quiere denunciar en América Latina ante organismos internacionales un caso de atropello a los derechos humanos, primero se tienen que agotar las instancias judiciales del respectivo país. Sin embargo, cualquier transnacional, sin ningún requisito previo, puede llevar a un Estado soberano a un centro de arbitraje para supuestamente defender sus derechos, gracias a los tratados de protección recíproca de inversiones impuestos en la región.

La supremacía del trabajo humano sobre el capital es el signo fundamental del Socialismo del Siglo XXI. Es lo que nos define, más aún cuando se enfrenta un mundo completamente dominado por el capital. No puede existir verdadera justicia social sin esta supremacía del trabajo humano, expresada en salarios dignos, estabilidad laboral, adecuado ambiente de trabajo, seguridad social, justa repartición del producto y la riqueza sociales.

A diferencia del socialismo tradicional, que proponía abolir la propiedad privada para evitar la explotación del capital al trabajo, en el caso de Ecuador, utilizamos instrumentos modernos, y algunos inéditos, para mitigar las tensiones entre capital y trabajo, como es el caso del salario de la dignidad.

Se puede pagar el salario mínimo para evitar un mal mayor, el desempleo, pero ninguna empresa puede declarar utilidades si no paga el salario digno a todos sus trabajadores sin excepción. El salario digno es aquel que permite a una familia salir de la pobreza con su ingreso familiar.

Globalización
Una de las causas de la precarización laboral es la supuesta necesidad de competitividad en un mundo globalizado, que incluye aunque no se limita al libre comercio.

Sin embargo, la creencia de que el libre comercio beneficia siempre y a todos no resiste el menor análisis teórico, empírico o histórico, pero aunque así fuera, el principal bien que exigen nuestras sociedades es el bien moral, y la explotación laboral, en aras de supuestas competitividades, es sencillamente inmoral.
En el mundo globalizado se impulsa cada vez más la liberación financiera y de mercancías, supuestamente con base en la Teoría de Mercado, es decir, la libre movilidad de factores y bienes para lograr la eficiencia, pero inconsecuentemente impide la movilidad del conocimiento y criminaliza a la más importante movilidad: la humana.

La verdad es que se trata de una inconsistente globalización neoliberal que no busca crear sociedades planetarias, sino tan solo mercados planetarios; que no busca crear ciudadanos del mundo, sino tan solo consumidores mundiales; y que sin mecanismos de gobernanza adecuados, trae serias complicaciones a los países más pobres y a los pobres de los diferentes países.

Recordando a León XIII y su encíclica Rerum Novarum, pienso en la analogía de la globalización neoliberal con el capitalismo salvaje del siglo XVIII y la Revolución Industrial, cuando los obreros morían frente a las máquinas porque trabajaban siete días a la semana, doce, catorce y hasta dieciséis horas diarias. ¿Cómo se pudo frenar tanta explotación? Con la consolidación de Estados nacionales y a través de una acción colectiva que permitió poner límite a estos abusos y distribuir de mejor manera los frutos del progreso técnico.

Esa acción colectiva mundial no existe en la globalización neoliberal y se están produciendo excesos similares con la precarización de la fuerza laboral de los países menos competitivos.

En realidad, es una globalización bajo el imperio del capital – particularmente el financiero-, que tiene como una de sus expresiones más nocivas y antiéticas los llamados paraísos fiscales, donde el capital no tiene rostro ni responsabilidad.
Libertad y justicia en el neoliberalismo.

Con un mercado libre supuestamente se lograrían los grandes anhelos de la humanidad: libertad y justicia. Pero la cultura y sistema de valores neoliberales no pueden sostenerse desde una perspectiva ética.

El neoliberalismo asume la libertad como la no intervención, cuando libertad es la no dominación, para lo cual se necesita precisamente acción colectiva. No puede haber libertad sin elemental justicia. En regiones tan desiguales como América Latina, solo buscando la justicia lograremos la verdadera libertad.

El paradigma neoliberal supone como justo cualquier intercambio voluntario, informado y que deje en mejores condiciones que las iniciales a los agentes involucrados y, en consecuencia, nadie debe interferir en dicho intercambio.
Para graficar lo insostenible de este argumento presentemos un sencillo ejemplo.

Supongamos que una bella joven se pierde en el desierto y está a punto de desfallecer de sed. De pronto se encuentra con un caballero que le propone proveerle de agua, siempre y cuando se acueste con él. Para la joven, dejarse abusar es menos malo que morir, para el caballero, acostarse con ella es mucho más valioso que el agua.

De acuerdo con el fundamentalismo neoliberal, los dos “agentes racionales” y como fue un intercambio voluntario con adecuada información, no cabrían juicios de valor ni necesidad de acción colectiva alguna. Sin embargo, para cualquier persona con algo de ética, esta situación sería sencillamente intolerable, y quien abusó de su posición de fuerza debería ser sancionado por la sociedad, lo cual es precisamente lo que ocurre en cualquier colectividad civilizada.

Dada la asimetría de poder, lo que está proponiendo el supuesto caballero de nuestra historia, se llama sencillamente explotación. Como manifiesta John Kenneth Galbraith, “dado que el poder interviene en forma tan total en una gran parte de la economía, ya no pueden los economistas distinguir entre la ciencia económica y la política, excepto por razones de conveniencia o de una evasión intelectual más deliberada”.

Finalmente, el evangelio del neoliberalismo sencillamente nos dice “buscad el fin de lucro y el resto se os dará por añadidura”. Es decir, con la supuesta mano invisible, el mayor bienestar social para todos es una consecuencia ajena a la intención del individuo, el cual busca su propio beneficio. Sus acciones son morales porque son útiles, contrariando a la moral cristiana de la recta intención.
De esta forma, con el paradigma neoliberal pasamos de un mercado basado en valores, a valores basados en el mercado.

La economía ortodoxa define el bienestar como “la satisfacción de necesidades asumidas como ilimitadas en un mundo de recursos limitados”. Esta barbaridad antropológica llevaría a concluir que no es posible encontrar una persona o una sociedad que pueda decir “somos felices y no necesitamos nada más”.

El supuesto positivismo del pensamiento económico neoliberal impide cuestionar el origen o legitimidad de las necesidades. Es decir, bajo la premisa de la “supremacía del consumidor”, todo lo que éste busca es lo que necesita, sin cuestionar cómo se generaron dichas necesidades, o si se trata de carencias reales o simples deseos, y pone el énfasis en la maximización del consumo y, como corolario, en el crecimiento ilimitado como forma de supuestamente aumentar cada vez más el bienestar.

Sin embargo, cada vez mayores y mejores investigaciones dicen que el Pero, además, el crecimiento económico ilimitado es imposible. El análisis económico tradicional omite los límites de la naturaleza y supone la existencia de recursos naturales infinitos y capacidad ilimitada de asimilación del planeta.

El problema, entonces, no es la necesidad de realizar juicios de valor y de acción colectiva, sino el absurdo de pretender positivismo científico en una simple ideología.

Democracia
Así como un individualismo sin valores fácilmente se convierte en codicia, un Estado sin controles, puede caer en los peligros denunciados por San Juan Pablo II en su encíclica Centesimus Annus (CA 48), pero la respuesta para ello no es menos Estado, sino más democracia.

La caída del bloque soviético también produjo rápidos procesos de democratización, especialmente en los países de Europa del Este. Actualmente en el mundo, prácticamente todos los países ejercen alguna forma de democracia, con excepción de ciertos regímenes teocráticos o absolutistas.

Lamentablemente, más que democracia, se buscó imponer el modelo democrático hegemónico occidental, modelo tecnocrático, altamente institucionalizado y distanciado del pueblo, y totalmente alejado de la realidad latinoamericana.
Los países en desarrollo tan solo pueden ser considerados en “vía de democratización”, cuyo objetivo debe ser la imitación de aquellas democracias europeas (Correa, 2016).

Por ello, a las democracias de Asia, África y América, frecuentemente se las definen con adjetivos peyorativos. Sin embargo, si la esencia de la democracia es que el pueblo formado e informado sea el soberano, bastaría incorporar como criterio democrático de base el de “apoyo popular al gobierno”, para evidenciar que un país como Bolivia es mucho más democrático que cualquier país de Europa Occidental.
Para una democracia real, la igualdad de oportunidades y la noción de meritocracia también son esenciales. De hecho, es la diferencia entre democracia y aristocracia. Las grandes desigualdades que observamos, también han creado democracias restringidas o abiertamente ficticias, donde pareciera ser que la soberanía radica no en el pueblo, sino en el capital.

Si caben adjetivos, las democracias occidentales debieron llamarse “mercantiles-mediatizadas”.

Democracias mercantiles, porque el dominio de la entelequia del mercado fue tal, que incluso la calidad de la democracia frecuentemente se medía por la cantidad de mercado.

Todo lo que se alejara de la lógica del mercado era llamado “populismo”, el cual a su vez se asociaba con “demagogia” (Correa, 2016b).

Democracias mediatizadas, porque los medios de comunicación son un componente más importante en el proceso político que los partidos y sistemas electorales (Hobsbawm, 1994).

Han sustituido al Estado de Derecho con el Estado de Opinión. No importa lo que se haya propuesto en la campaña electoral, y lo que el pueblo, el mandante en toda
democracia, haya ordenado en las urnas. Lo importante es lo que aprueben o desaprueben en sus titulares los medios de comunicación.

Y aunque este es un problema planetario, en Latinoamérica – dado los monopolios de medios, su propiedad familiar, sus serias deficiencias éticas y profesionales, y su descarado involucramiento en política-, el problema es mucho más serio.
Un debate fundamental es preguntarnos si una sociedad puede ser verdaderamente libre cuando la comunicación social, y particularmente la información, viene de negocios privados, con finalidad de lucro, muchos de ellos sin la más elemental ética, y propiedad de grandes corporaciones o de media docena de familias.

Finalmente, una democracia exige también el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, como una estrategia de los poderes fácticos para inmovilizar el poder político legítimo y verdaderamente democrático, es pretender que solo el Estado atenta contra los derechos humanos, y que la única fuente de corrupción es el poder político.

En realidad, cualquier poder puede atentar a los derechos humanos. Por supuesto el poder político, pero también el poder económico, por ejemplo, las transnacionales farmacéuticas que por su rentabilidad condenan a la muerte a los pobres que no pueden comprar la medicina para salvar sus vidas; los medios de comunicación, que atentan contra los Derechos Humanos de la reputación, intimidad, prestigio de las personas; los poderes extranjeros, que pueden condenar, invadir, bloquear a otros países.