Costa Rica ocupa de la más grande unión jamás realizada de todas sus fuerzas cívicas sanas para combatir la penetración del narcotráfico y del crimen organizado que el mismo supone; diseñando una estrategia integral, multisectorial y multifactorial, para indagarle y combatirle; tanto “por arriba” como por abajo”.
Aplaudimos la decisión presidencial de convocar con tal propósito a las más importantes autoridades político-gubernativas de los supremos poderes y de otras instancias institucionales adscritas a los mismos.
Parecería que como sociedad todavía “estamos a tiempo”; sin embargo, considerando el entrampamiento político que vive el país pensamos que podríamos ya estar en ruta hacia un “Estado fallido”, debido al control territorial, político-partidario, financiero bancario, que el crimen organizado estaría ya en condiciones de asumir en porciones importantes de la vida social nacional.
En esta ocasión queremos hacer énfasis en el aspecto financiero-bancario, pues el impresionante flujo de dinero sucio en nuestra sociedad, merece la grande drasticidad de combate por parte de la política-fiscal tributaria del país, tanto a nivel legislativo como administrativo.
Para algunas entidades corporativo-empresariales internacionales, Costa Rica está inundada de dinero sucio. Según las mismas, cada hora (60 minutos), en el circuito financiera-bancario y económico de nuestra economía, podrían estar circulando unos 600 millones de colones; lo que equivale a unos ¡14 mil millones de colones al día, cada 24 horas!
Se puede estar de acuerdo o no con tales datos; sin embargo, en lo que sí hay consenso es que la cantidad de dinero sucio en Costa Rica es astronómica e impresionante; dinero sucio que no solamente es el que circula producto de todas las formas de evasión fiscal y de robo impuestos, sino también de esas enormes cantidades de transacciones por narcotráfico y crimen organizado; o bien, lo que resulta más lógico suponer, una vinculación cotidiana de lo uno con lo otro.
En lo concreto, el denominado proyecto de “Ley de Extensión de Dominio” cuyo objetivo general es perseguir los bienes materiales “mal habidos” por dineros del crimen organizado (lo cual es completamente correcto); muy “convenientemente” está dejando de lado la persecución de los bienes también “mal habidos”, por evasión fiscal; como si este delito no fuese parte de lo que existe al respecto en materia de crimen organizado y de lavado de dinero.
En ANEP pensamos que el crimen organizado está metido en esto de la gigantesca evasión fiscal-tributaria que se da en el país y, por tanto, en el indicado proyecto de ley, se debería legislar al respecto, fuertemente.
Es más, se debe introducir en la “ley de extensión de dominio”, un impuesto a todas las transacciones financiero-bancarias que se realizan en el sistema bancario costarricense y en sus entidades conexas; de forma tal que, por ejemplo, toda operación superior a los 10 mil dólares estadounidenses, se le ponga un tributo, un “peaje”, de cierta cantidad porcentual (por definir), para destinarlos a los servicios públicos destinados al combate al narcotráfico y al crimen organizado, a una real estrategia integral de prevención del delito y a atender a la población joven del país multidimensionalmente para “ganársela” a la droga y al narco. Dado el impresionante flujo de dinero sucio que al día se da en Costa Rica, cualquier porcentaje por mínimo que sea, representará gigantescas sumas en las arcas públicas.
Este impuesto especial a todas las transacciones financiero-bancarias, conocido en los países de la Unión Europea (UE), como la Tasa Tobin, representaría un extraordinario dispositivo de política pública para aportar, con solidez, a una estrategia integral y multifactorial de indagatoria, combate y hasta erradicación del dinero sucio en nuestra sociedad; mismo que, repetimos, es producto de todas las formas de evasión tributaria y de robo de impuestos y del “matrimonio” perverso de ello con el ingreso de las impresionantes cantidades de plata corrompida producto del tráfico ilícito internacional de estupefacientes y del lavado de dinero que el mismo presupone.
