Las Convenciones Colectivas de Trabajo

Compilamos en este documento la serie de cinco artículos semanales consecutivos, como podrán constatar seguidamente, que publicamos en el Diario Extra, como parte de nuestra columna semanal de opinión que este medio de prensa, el de mayor circulación de Costa Rica, desde que se nos diera tal honor, un 8 de mayo del año 2002.

Usted, como persona trabajadora asalariada del sector Público; como familiar, como amistad, de alguien que labora para el Estado, ya tiene debida comprensión de la naturaleza perversa de la campaña de los latifundios mediáticos oligárquico-neoliberales y su “peonada” político-parlamentaria, en contra del Empleo Público.

Parte de tal campaña es con relación al mayor instrumento jurídico que contempla nuestro Código de Trabajo en materia de derechos laborales colectivos: la Convención Colectiva de Trabajo (CCT).

Si usted pudo seguir la lectura de estos artículos en los miércoles en que fueron publicados, ahora los tiene todos juntos. Si solamente leyó algunos o ninguno, aquí se los facilitamos. La información es de mucha utilidad, incluso para quienes nos adversan; y hasta para los que están proponiendo la “liquidación” de los sindicatos.

Especialmente, hacemos este esfuerzo dirigido a todo el personal de las municipalidades de Costa Rica, cuyas CCT sufren ya un duro ataque y desde un lugar impensado: el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Esto lo denunciaremos en próximas comunicaciones. Por cierto, ataque que también está dirigido a otras CCT que no son municipales.

En todo caso, esta información es de conocimiento fundamental para todos los compañeros y todas las compañeras con responsabilidades dirigentes de la ANEP en sus distintas seccionales; tengan, no tengan o que están por tener una CCT.

Entre otras razones, este tema de las CCT nos motiva para la convocatoria de Huelga que está formulando el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, del cual la ANEP forma parte.

CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO (PARTE I)

Convencidos como estamos de que presenciamos, si se quiere, la más virulenta campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra de los sindicatos jamás desplegada en los últimos tiempos; el tema de las convenciones colectivas de trabajo (CCT, de ahora en adelante), es uno de los blancos fundamentales del ataque que despliega el corporativismo mediático afín al y/o al servicio de los sectores del capital más retrógrados, totalitarios y antidemocráticos del empresariado costarricense.

Y decimos esto porque en el seno de la corriente sindical que representamos, no estamos en contra de la iniciativa privada; considerando que en este ámbito nuestro objetivo central de lucha es el respeto pleno de los conceptos del Trabajo Decente que viene pregonando la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT); de ahí que, por ejemplo y durante los últimos 15 años, hemos luchado ardorosamente por la Reforma Procesal Laboral (RPL).

La conjura urdida contra el sindicalismo por esos conglomerados mediáticos pretende que el ciudadano común y en materia de las CCT, interiorice en su inconsciente colectivo estas cuatro mentiras constantemente reiteradas, emulando así una de las “enseñanzas” del deplorablemente célebre propagandista nazi Goebbels.

A usted, en tal sentido se le intoxica, mediáticamente hablando, para que usted crea que: a) Las CCT son solamente aplicables al sector Público. b) Las CCT cubren a todo el sector Público, a todos los empleados públicos. c) Las CCT solamente han servido para que la “maleantada” obrera del Estado tenga “gollerías”, “prebendas”, “privilegios” y “beneficios”. d) Las CCT son responsables (o en parte) del déficit fiscal. Hoy solamente tenemos espacio para abordar la primera.

Seguidamente, vamos a darle a usted algunos elementos que le ayuden a comprender la profundidad de la perversa campaña mediática que en materia de CCT ha estado en desarrollo; y, a lo mejor, usted podría liberarse del encierro ideológico-psicológico en que le han metido al respecto.

Con muchísimo respeto se lo decimos que en lo que atañe a la primera mentira, las CCT son también para el sector privado y este es el artículo fundamental en la materia, mismo que es de la propia Constitución Política de Costa Rica: “Art. 62. Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados”. Esto fue promulgado en 1949.

Seis años antes, en 1943, con la promulgación del Código de Trabajo, a las CCT se les dedicó todo un capítulo, el tercero, precisamente llamado así: “De las convenciones colectivas de trabajo”, dividido en dos secciones. La primera se denomina “Disposiciones generales y de las convenciones colectivas en empresas en centro de producción determinado” (artículos 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62). La sección segunda se titula: “De las convenciones colectivas de industria, de actividad económica o de región determinada” (artículos 63, 64 y 65).

Figúrese usted que con solamente leer y analizar el artículo 54 del Código de Trabajo, queda absoluta y contundentemente claro que las CCT se aplican a los dos sectores de la economía: el Público y, ¡el Privado!: Artículo 54. Convención colectiva es la que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a éste. La convención colectiva tiene carácter de ley profesional y a sus normas deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes o que luego se realicen en las empresas, industrias o regiones que afecte”.

Y “para el que no quiere caldo, dos tazas”: Vea usted lo que dice el artículo 56, también del Código de Trabajo: “Todo patrono particular que emplee en su empresa, o en determinado centro de producción si la empresa por la naturaleza de sus actividades tuviere que distribuir la ejecución de sus trabajos en varias zonas del país, los servicios de más de la tercera parte de sus trabajadores sindicalizados, tendrá obligación de celebrar con el respectivo sindicato, cuando éste lo solicite, una convención colectiva”.

Solamente estos artículos nos permiten destruir la mentira mediática de que las CCT son solamente aplicables al sector Público. Estas leyes laborales son tan extraordinariamente claras que con base en la sección segunda del indicado capítulo III del Código de Trabajo, “De las convenciones colectivas de industria, de actividad económica o de región determinada”, y aunque cueste creerlo es completamente viable legal y jurídicamente que hubiese en el país una CCT que cubra, por ejemplo, a todo el personal trabajador de todos los medios de comunicación colectiva; periodistas, camarógrafos, asistentes, choferes, secretarias, oficinistas, etc.

La semana entrante, Dios mediante, volveremos sobre el tema de las CCT para desnudar las otras tres mentiras dichas sobre las mismas.

CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO (PARTE 2)

Le recordamos que en materia de las Convenciones Colectivas de Trabajo (CCT, de ahora en adelante), como lo empezamos a tratar en esta columna la semana pasada, a usted se le ha venido intoxicando, mediáticamente hablando, para que usted crea que: a) Las CCT son solamente aplicables al sector Público. b) Las CCT cubren a todo el sector Público, a todos los empleados públicos. c) Las CCT solamente han servido para que la “maleantada” obrera del Estado tenga “gollerías”, “prebendas”, “privilegios” y “beneficios”. d) Las CCT son responsables del déficit fiscal.

Son cuatro mentiras “goebbelsianas” (por Joseph Goebbels, “célebre” propagandista y criminal de guerra nazi, autor de la perversa consigna de “Miente, miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá”.).

Con relación a la primera mentira, que las CCT son solamente aplicables al sector Público, pensamos que a usted le sorprenderá saber que en la empresa privada costarricense, ¡también existen! Si lo pone en duda, solamente se debe consultar al Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Un estimable amigo y compañero de causa, abogado altamente especializado en Derecho Laboral, nos brindó la información siguiente, obtenida con gran rigurosidad científica y ética transparente, pues es parte de un estudio riguroso que le ha sido encargado por un prestigioso organismo internacional.

Tome nota, por favor de estas empresas privadas en las que hay, ¡y con vigencia actual! una CCT: Chiriquí Land Company, Corrugados Belén, Santerra S. A., Standard Fruit Company (Departamento de Operaciones-Taller Terminal), Servicios Logísticos Del Carmen, Envases Industriales de Costa Rica (Envaco), Coopeguanacaste, Ecoturismo Bananero S. A., Ingenio Taboga S. A., Productos de Concreto, Corrugados del Guarco, Compañía Palma Tica S. A., Sur S. A. – Planta Aceitera Coto 54, Industria Cerámerica Costarricense S. A. (Incesa Standard), Seguridad Marín, Cash Soluction S. A., Corporación de Desarrollo Agrícola DEL MONTE, Comercializadora ANFO S. A., Compañía Bananera Limitada (Departamento de Operaciones Portuarias); entre otras.

El grado de respeto, vida, proceso en que cada una de estas CCT en el sector Privado de la economía muestra en la actualidad, no lo podemos determinar con precisión. Pero que existen las CCT en el sector privado, al igual que en sector Público, es una hecho totalmente real, jurídicamente constatable y políticamente incontrovertible; toda vez que, a) las CCT son parte consustancial de lo que se denomina Estado Social de Derecho costarricense; b) las CCT tienen rango al más alto nivel jurídico-legal según el sistema de Derecho costarricense: forman parte de la Constitución Política, la magna ley de todas nuestras leyes; c) las CCT tienen estatuto jurídico-mundial, según la normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); d) las CCT son parte consustancial de la Libertad Sindical, misma ésta que tiene rango de Derecho Humano Fundamental universalmente reconocido.

Con relación a que las CCT del sector Público están cargas de “privilegios”, “gollerías”, “prebendas” y “beneficios”; fíjense ustedes que en la última CCT que suscribió la empresa DEL MONTE, hay todo un capítulo, el tercero, denominado “De la cooperación con la Comunidad, la Cultura y el Deporte”; cuyas cláusulas especifican estos derechos:

Aportes económicos para las escuelas en las que estudian los hijos de los trabajadores y fondo de becas para los hijos de los trabajadores (muy bajas pero el derecho quedó establecido en esa CCT); la empresa debe donar todos los años material educativo; contribución empresarial de carácter económico para el deporte de los trabajadores (accesorios de fútbol y ¡hasta uniforme para los veteranos!); aporte económico-empresarial para celebrar el Primero de Mayo.

¿Usted cree que estas cláusulas de la CCT de DEL MONTE, en su capítulo III, “De la cooperación con la Comunidad, la Cultura y el Deporte”, son “privilegios”, “gollerías”, “prebendas” y “beneficios”… ¡NO!, contundentemente. ¡Son Derechos!

Así lo dice el artículo 62 de la Constitución Política de Costa Rica que los mentirosos “goebbelsianos” se empeñan en ocultarle a usted: “Art. 62. Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados”.

Radicalmente distinto sería que en circunstancias de “paz”, la parte patronal, ya sea ésta del sector Público o del sector Privado, le plantee al sindicato correspondiente, una revisión de una determinada cláusula, de varias de ellas, o todas completamente; si las condiciones económicos imperantes, en el nivel macro y/o en el nivel micro, exigen actualizaciones de los derechos que ya estaban incluidos en esas CCT.

Como ya es más que notorio, no ha sucedido así en el caso de las CCT del sector Público y usted ya habrá notado cómo se ha dado una de las manipulaciones mediáticas más perversas, de propaganda “goebbelsiana” al respecto.

Como podrá apreciar usted, acabamos de destruir la primera mentira mediática de carácter “goebbelsiano” en torno a las CCT: tanto en el sector Público como en el Privado hay CCT’s. Volveremos la semana próxima sobre el tema.

LAS CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO (PARTE III)

Hemos tratado de explicarle a usted que en este asunto de las Convenciones Colectivas de Trabajo (CCT, en siglas), se le ha venido intoxicando, mediáticamente hablando, por parte de la prensa “latifundista” oligárquico-neoliberal; a fin de que usted le dé noción de verdad a estas cuatro mentiras “goebbelsianas”, mismas que vienen repitiendo hace ya varios meses, siguiendo la lógica propagandística del criminal de guerra nazi Josep Goebbels.

Recordemos estas cuatro mentiras “goebbelsianas” en torno a las CCT: 1) Las CCT son solamente aplicables al sector Público. 2) Las CCT cubren a todo el sector Público, a todos los empleados públicos. 3) Las CCT solamente han servido para que la “maleantada” obrera del Estado tenga “gollerías”, “prebendas”, “privilegios” y “beneficios”. 4) Las CCT son responsables (o en parte) del déficit fiscal.

Por medio de nuestras dos columnas inmediatamente anteriores a la presente, logramos destruir la primera mentira “goebbelsiana” sobre las CCT, de que estas son aplicables, únicamente, al sector Público. Y la semana pasada les comentamos sobre las CCT existentes en el sector Privado pero debemos corregir el dato: son 28 en total (por ahora) y no 21 como apuntamos.

Hoy vamos a abordar la segunda mentira “goebbelsiana” sobre las CCT: Las CCT cubren a todo el sector Público, a todos los empleados públicos. ¡Completamente falso! Si duda de nuestra afirmación, es cosa de ir a preguntar al Departamento de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Tome en cuenta estos datos.

Las dos instituciones más grandes del Estado costarricense que no son del Gobierno Central, ¡no tienen una CCT! Hablamos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

A nivel de ministerios, solamente hay CCT en las carteras de Educación Pública (MEP), Justicia y Paz (a nivel del Registro Nacional), Gobernación y Policía (Imprenta Nacional) y en la de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). La inversión presupuestario-fiscal para darle contenido a sus respectivos clausulados es, prácticamente nula; pues, en realidad, contienen pocos derechos por en encima de los que indica el Código de Trabajo; y, por demás, derechos no asociados a desembolsos financieros.

Lo que sí podría pasar en próximas fechas es que, siguiendo esa línea mediático-ideológica de corte “goebbelsiano” en contra de las CCT, le intenten manipular a usted diciendo que tales CCT del Gobierno Central son “multimillonarias”; al coger (por ejemplo), los montos de las naturales partidas de sueldos para cargos fijos correspondiente a la planilla y decirle a la opinión pública que tales partidas son producto de la respectiva CCT.

Esta grosera manipulación es la que se ha venido utilizando para el enfoque mediático “goebbelsiano” en el caso CCT como las de RECOPE, JAPDEVA y otras; es decir, repetimos, coger las partidas de salarios y aplicárselas a la CCT para inflarlas, financieramente hablando, y así poder manipular a la opinión pública en contra de las mismas y en contra de los sindicatos tutelantes de esas CCT.

Ahora bien, en estas entidades del sector Público no hay CCT alguna: las policías (Fuerza Pública, Penitenciaria, Profesional de Migración y Extranjería, Tránsito, Fiscal, Aeronáutica, Judicial). Tampoco en el Sistema Penitenciario Nacional, en Aviación Civil; ni en los ministerios de Hacienda, Obras Públicas y Transportes, Agricultura, Ambiente y Energía, Salud, Cultura, Economía y otros.

Tampoco hay CCT en entidades de perfil muy propio por la naturaleza del servicio público que les ha sido encomendado, a pesar de que, administrativamente, están bajo la égida de algunos de esos ministerios.

Por ejemplo, no hay CCT en Aduanas, ni en Aviación Civil, ni en la Dirección General de Migración y Extranjería; ni en los diferentes consejos: Conavi, Cosevi, CTP. Tampoco en el IAFA, en los CEN-CINAI, en las Áreas de Conservación y Parques Nacionales, en la CNE, entre otros.

En cuanto a las municipalidades, si bien es cierto que en muchas de ellas hay CCT, lo real es que no todo el sector está cubierto por las mismas; y, los derechos que se contemplan en las CCT existentes en las municipalidades, no distan mucho de las estipulaciones mínimas del Código de Trabajo y/o de un reglamento interior de trabajo, de carácter “decente”, en una empresa privada.

En algunas CCT municipales su principal logro como derecho es superar el tope de cesantía del Código de Trabajo: los 8 años; tope de cesantía, por cierto, ya roto (aunque parcialmente), por la Ley de Protección al Trabajador (LPT); por el mismo sistema solidarista; y por la práctica común en empresas privadas de liquidar anualmente a su personal para contratarle de nuevo.

A partir de ahora, si usted quiere un enfoque objetivo de las CCT, le rogamos considerar las 3 entregas semanales de comentarios que sobre las mismas hemos formulado en este espacio. Hoy hemos destruido la segunda mentira “goebbelsiana” sobre las CCT: que cubren a la totalidad de los empleados públicos. Seguiremos con el tema la próxima semana.

LAS CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO (PARTE IV)

Con este artículo continuamos la serie de comentarios que les venimos compartiendo sobre las Convenciones Colectivas de Trabajo (CCT), aspirando a que a usted le haya quedado claro las principales mentiras “goebbelsianas” que al respecto se han venido difundiendo, por parte de diversos conglomerados mediáticos que tienen su propia visión de país y concepción de desarrollo, interesados en el “exterminio” de los sindicatos.

Son, básicamente, cuatro mentiras “goebbelsianas” (por Joseph Goebbels, “célebre” propagandista y criminal de guerra nazi, autor de la perversa consigna de “Miente, miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá”.), que sobre las CCT venimos destruyendo de esta columna; columna de opinión que solamente puede ser publicada en una prensa profundamente convencida de que la Libertad de Expresión es un valor intrínseco para la convivencia civilizada en Democracia, como lo practica Diario Extra y el Grupo Periodístico Extra.

Ya vimos que las CCT tienen una naturaleza constitucional-jurídica incuestionable; incluso, forman parte del sistema jurídico internacional y tienen rango de Derecho Humano Fundamental universalmente reconocido.

Ya destruimos dos de esas cuatro mentiras “goebbelsianas” sobre las CCT: demostramos que su régimen jurídico-constitucional también aplica para el sector privado de la economía; que las CCT no son “exclusivas” del sector Público. Incluso, le compartimos a usted los datos sobre las CCT que existen en empresas privadas.

También, derribamos la mentira “goebbelsiana” de que todo el sector Público, todas las institucionales estatales, que toda la fuerza laboral asalariada de la administración pública, está cubierta por una CCT. Todavía faltan muchas colectividades laborales, asalariadas estatales, que no tienen una CCT. Por ejemplo, ni en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), ni en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), hay CCT.

Vamos con esta otra mentira “goebbelsiana” en torno a las CCT que queremos pulverizar, también: que éstas son fuente de “privilegios”, “gollerías”, “prebendas” y “beneficios”. Así le han sido presentadas a la ciudadanía, como parte estratégica de la campaña mediática en contra del Empleo Público que se viene desplegando.

Todo lo contrario. A la luz del régimen jurídico-constitucional de las CCT, sus cláusulas se originan a partir de los mínimos derechos que consagra la máxima ley laboral del país, el Código de Trabajo. Las CCT desarrollan esos mínimos.

Los mecanismos de la Negociación Colectiva que, incluso, contempla el Derecho Laboral de carácter internacional, vía una CCT, precisamente facultan a las partes (la patronal y la obrera), a mejorar las condiciones laborales grupales de sus respectivas fuerzas de trabajo, partiendo del piso mínimo que contiene la máxima legislación laboral de un país.

Entonces, ni “privilegios”, ni “gollerías”, ni “prebendas”, ni “beneficios”. ¡Derechos! Esto es lo que han otorgado las CCT, tanto en el sector Público como en el Privado.

La cláusula de la CCT de la trasnacional frutera Del Monte que otorga uniformes al equipo de fútbol de trabajadores veteranos de la empresa, es un ¡Derecho!; como ¡Derecho! puede ser una ayuda patronal-institucional para determinada celebración obrera como el Día del Trabajador.

Otra cosa, radicalmente distinta, es que no se puedan variar esas cláusulas según entornos económicos adversos o críticos en los que se desenvuelven las instituciones públicas y las empresas privadas que tienen una CCT. ¡Todo puede ser modificado en un CCT, por parte o completamente, y en cualquier momento de su período de vigencia!

Lo que ha venido sucediendo es que desde un punto de vista estrictamente ideológico, para los sectores del gran capital costarricense, acostumbrados a controlar la cosa pública sin ir a elecciones y en medio de la más subversiva opacidad en contra de la democracia de la urna, la existencia de los sindicatos es un “problema”; más bien, es el “problema”.

Pese a sus dificultades, a su división y a varias derrotas en estos “tiempos de neoliberalismo”, la organización sindical del sector Público les impide avanzar hacia nuevos nichos de mercado para explotación mercantil bajo la lógica de lucro privado y de abusiva concentración de la riqueza; como por ejemplo, los servicios públicos altamente rentables que están pendientes de privatizar, ya sea porque esa privatización está a “medio palo” (caso de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS), o porque ni siquiera ha empezado (caso de la Refinadora Costarricense de Petróleo RECOPE).

Por tanto, los sindicatos del sector Público deben ser desacreditados, desprestigiados, calumniados, difamados, tratando de reducir su papel en la sociedad al mínimo posible (como lo han logrado en el sector Privado); y a sus líderes hay que desacreditarlos al máximo, poniéndolos como parias de la sociedad: vagabundos, vulgares, vividores, maleantes, delincuentes, incultos y… hasta terroristas. En esencia, liquidarlos y exterminarlos, tal y como se plantea desde las páginas de opinión del periódico oficial de ese capital.

La semana entrante terminamos con la última mentira “goebbelsiana” sobre las CCT: que son responsables del déficit fiscal.

LAS CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO (PARTE V)

¡Inmensa gratitud para usted si nos ha honrado con las cuatro entregas anteriores sobre este tema! Hoy concluimos. Hemos podido demostrarle a usted que el máximo instrumento jurídico-legal del Derecho Colectivo de Trabajo, en el caso costarricense, la Convención Colectiva de Trabajo (CCT), tiene un fundamento jurídico de acero: es ley internacional, conceptuada como parte de los Derechos Humanos (DD.HH.), universalmente reconocidos.

Sin hablar de la solidez que tiene a nivel del país: Constitución Política, Código de Trabajo y sólida jurisprudencia; aunque ahora bajo ataque y desde el mismísimo Ministerio de Trabajo y Seguridad (MTSS), como será denunciado próximamente.

Por otra parte, también le demostramos que las CCT y toda su coraza jurídica sirven tanto para el sector privado como el público. Y, además, en este caso, el público, le pudimos aclarar que no todo el conglomerado asalariado del Estado está cubierto por una CCT. Igualmente, hay CCT en empresas privadas como se lo dimos a conocer a usted.

Finalmente, las cláusulas de las CCT no son ni “privilegios”, ni “gollerías”, ni “prebendas”, ni “beneficios”. Son ¡derechos!

Nos queda por desenmascarar la última mentira “goebbelsiana” sobre las CCT: que éstas (en el caso del sector Público), son responsables o son parte del problema del déficit fiscal. Nada más alejado de la realidad. Es más, de todas las mentiras que se han venido diciendo sobre las CCT, es ésta la más perversamente “goebbelsiana”.

Ni la CCT de Recope, ni la CCT de Japdeva, ni las de los bancos estatales, ni las de otras empresas públicas, ni las de las municipalidades, tienen relación alguna con el problema de las finanzas públicas del Gobierno Central, el “corazón” del déficit fiscal. Además, recuerde que ni en el ICE ni en la CCSS, hay CCT alguna.

Las cuatro CCT que hay en el Gobierno Central: Imprenta Nacional (Gobernación y Policía); Registro Nacional (Justicia y Paz); y las dos de rango ministerial (Educación y Trabajo), no muestran relevancia de peso en los correspondientes presupuestos institucionales; toda vez de que, por ejemplo, antes de que esas CCT surgieran en tales entidades, lo correspondiente a salarios es un asunto per se, de cualquier entidad pública o privada, independientemente de que tengan o no tengan una CCT.

Sobre el tema del déficit fiscal, hemos hablado ya en otras oportunidades. La magnitud de sus causas no está en las CCT, ni siquiera en grado mínimo. El déficit fiscal tiene que ver, por ejemplo, con:

a) los 8 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), que se roban, en todas sus modalidades, los ladrones de impuestos: 2 billones 160 mil millones de colones (2.160.000.000.000.00);

b) los casi 6 puntos de PIB, que disfrutan sectores corporativo-empresariales (algunos de los más pudientes), en materia de exenciones y exoneraciones: 1 billón 620 mil millones de colones (1.620.000.000.000.00);

c) los 2.5 de puntos PIB producto de la desgravación arancelaria generada por los TLC’s (como el que nos impuso el gobierno de Oscar Arias Sánchez); plata dejada de cobrar en el sistema aduanero: unos 675 mil millones de colones (675.000.000.000.00);

d) los casi 3 puntos de PIB que genera el pago de intereses (sólo intereses, sin amortizar el principal de la deuda); por los préstamos contraídos por el país: unos 810 mil millones de colones (810.000.000.000.00) ¡Solamente en el 2015!

Estas cifras, estas circunstancias “estratégicas” por las cuales ha surgido el grave problema del déficit fiscal, son temas “intencionadamente tabú” para la matriz mediática de “información” periodística que en los últimos meses ha desplegado la más perversa, infame, injusta y “goebbelsiana” campaña de terrorismo ideológico y de agresión psicológica en contra del Empleo Público, jamás desplegada en toda la historia del sector Público de Costa Rica.

La más grande manipulación colectiva ocurrida en los últimos tiempos de las conciencias ciudadanas, indefensas ante una intoxicación ideológica que ha trastocado los más nobles valores éticos de la profesión periodística (según nuestro leal saber y entender), en materia de equidad y de equilibrio informativo; ha estado escondiendo lo que para nosotros es el motivo central de todo este complot urdido en las esferas del poder no electo (el oligárquico-financiero-bancario, de corte neoliberal), en las elecciones generales del 2014.

Tal poder ha sentenciado que los sindicatos son “el problema” y no solamente, “son un problema”. Su exterminio, por tanto, es la consigna estratégica para el indicado poder. Tal poder estima que la tarea de la privatización debe ser terminada pues las más valiosas “joyas de la abuela”, siguen siendo de propiedad pública. Para ese poder, la concentración abusiva de la riqueza, en auge actual, exige que toda la clase trabajadora asalariada gane igual: ¡salario mínimo-miserable para todo mundo!

Pero, ¿qué ganamos cuando decimos eso del tal “poder”; el poder oligárquico-financiero, de corte neoliberal, el que no ganó las elecciones generales del 2014? ¿No resulta mejor ponerle rostro, cara, nombre y apellidos a ese “poder? ¿Acaso no es conveniente identificar ese “poder” con personas, personajes, celebridades mediático-corporativas, político-faranduleras, peonada parlamentaria? Parece que esta es la tarea por venir…

Vendedores de Lotería se manifiestan frente a la Junta de Protección Social

Cerca de 50 vendedores de Lotería, pertenecientes a la Seccional ANEP-Vendedores de Lotería, se manifiestan en las afueras de la Junta de Protección Social, debido al incumplimiento de una serie de acuerdos adquiridos con la administración de la Junta.

Rafael Mora, Representante de la ANEP, indicó que dichos acuerdos que hoy incumplen las autoridades de la Junta se firmaron con la Seccional ANEP-Vendedores de Lotería hace dos años.
“Estamos exigiéndole a la Junta de Protección Social de forma pacífica que cumpla con los acuerdos firmados desde 2013 donde se establece que la devolución de lotería sea al 100%, lamentablemente según autoridades de la Junta eso se va a variar al 60%. Otro de los temas es la lucha interminable con la transnacional GITECH que se ha adueñado de la venta de tiempos electrónicos y que tiene secuestrada la Junta de Protección Social”, dijo Mora.

La Seccional ANEP-Vendedores de Lotería también está solicitando a las autoridades de la Junta de Protección Social de San José que establezca una política con las pensiones, ya que hay muchos vendedores de lotería que ya están con edades de pensionarse, sin embargo al no existir un protocolo por parte de la Juna no se han podido pensionar.

Otra de las solicitudes por parte de los vendedores de Lotería es facilitar y establecer un mecanismo para que vendedores de zonas alejadas de la capital puedan devolver la lotería a tiempo. “En días pasados la Junta notificó que las agencias que estaban en todo el país se cerraban, esto dejo a muchos vendedores desprotegidos en las zonas alejadas de la sede central de la Junta”.

Patria Justa presente en la marcha de los educadores

El Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa participó, este viernes 16 de octubre, en la marcha de los educadores como parte de la unidad sindical que busca luchar contra la campaña mediática contra el empleo público.

Durante la marcha los Secretarios Generales de las diversas organizaciones que integran Patria Justa le brindaron un saludo y apoyo a los educadores en la movilización, así como a la Presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Ana Doris Gonzáles.

Se espera que la Presidenta de APSE, junto a una pequeña delegación, se haga presente a la “Jornada Patriótica de Lucha en Defensa del Estado Social de Derecho y de las Garantías Sociales, por la apertura al Diálogo Nacional y por un Gobierno que resuelva” convocada por el Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa para el próximo 26 de octubre.

Compartimos las fotografías del encuentro del 16 de octubre 2015:

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Indagar y combatir al narco: Debe ser un esfuerzo nacional y articulado en varias dimensiones

Costa Rica ocupa de la más grande unión jamás realizada de todas sus fuerzas cívicas sanas para combatir la penetración del narcotráfico y del crimen organizado que el mismo supone; diseñando una estrategia integral, multisectorial y multifactorial, para indagarle y combatirle; tanto “por arriba” como por abajo”.

Aplaudimos la decisión presidencial de convocar con tal propósito a las más importantes autoridades político-gubernativas de los supremos poderes y de otras instancias institucionales adscritas a los mismos.

Parecería que como sociedad todavía “estamos a tiempo”; sin embargo, considerando el entrampamiento político que vive el país pensamos que podríamos ya estar en ruta hacia un “Estado fallido”, debido al control territorial, político-partidario, financiero bancario, que el crimen organizado estaría ya en condiciones de asumir en porciones importantes de la vida social nacional.

En esta ocasión queremos hacer énfasis en el aspecto financiero-bancario, pues el impresionante flujo de dinero sucio en nuestra sociedad, merece la grande drasticidad de combate por parte de la política-fiscal tributaria del país, tanto a nivel legislativo como administrativo.

Para algunas entidades corporativo-empresariales internacionales, Costa Rica está inundada de dinero sucio. Según las mismas, cada hora (60 minutos), en el circuito financiera-bancario y económico de nuestra economía, podrían estar circulando unos 600 millones de colones; lo que equivale a unos ¡14 mil millones de colones al día, cada 24 horas!

Se puede estar de acuerdo o no con tales datos; sin embargo, en lo que sí hay consenso es que la cantidad de dinero sucio en Costa Rica es astronómica e impresionante; dinero sucio que no solamente es el que circula producto de todas las formas de evasión fiscal y de robo impuestos, sino también de esas enormes cantidades de transacciones por narcotráfico y crimen organizado; o bien, lo que resulta más lógico suponer, una vinculación cotidiana de lo uno con lo otro.

En lo concreto, el denominado proyecto de “Ley de Extensión de Dominio” cuyo objetivo general es perseguir los bienes materiales “mal habidos” por dineros del crimen organizado (lo cual es completamente correcto); muy “convenientemente” está dejando de lado la persecución de los bienes también “mal habidos”, por evasión fiscal; como si este delito no fuese parte de lo que existe al respecto en materia de crimen organizado y de lavado de dinero.

En ANEP pensamos que el crimen organizado está metido en esto de la gigantesca evasión fiscal-tributaria que se da en el país y, por tanto, en el indicado proyecto de ley, se debería legislar al respecto, fuertemente.

Es más, se debe introducir en la “ley de extensión de dominio”, un impuesto a todas las transacciones financiero-bancarias que se realizan en el sistema bancario costarricense y en sus entidades conexas; de forma tal que, por ejemplo, toda operación superior a los 10 mil dólares estadounidenses, se le ponga un tributo, un “peaje”, de cierta cantidad porcentual (por definir), para destinarlos a los servicios públicos destinados al combate al narcotráfico y al crimen organizado, a una real estrategia integral de prevención del delito y a atender a la población joven del país multidimensionalmente para “ganársela” a la droga y al narco. Dado el impresionante flujo de dinero sucio que al día se da en Costa Rica, cualquier porcentaje por mínimo que sea, representará gigantescas sumas en las arcas públicas.

Este impuesto especial a todas las transacciones financiero-bancarias, conocido en los países de la Unión Europea (UE), como la Tasa Tobin, representaría un extraordinario dispositivo de política pública para aportar, con solidez, a una estrategia integral y multifactorial de indagatoria, combate y hasta erradicación del dinero sucio en nuestra sociedad; mismo que, repetimos, es producto de todas las formas de evasión tributaria y de robo de impuestos y del “matrimonio” perverso de ello con el ingreso de las impresionantes cantidades de plata corrompida producto del tráfico ilícito internacional de estupefacientes y del lavado de dinero que el mismo presupone.

Solicitamos intervención inmediata ante retención indebida de salarios de los funcionarios del Comité de Deportes y Recreación de Puntarenas

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privado (ANEP), en representación de la Seccional ANEP- Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Puntarenas, hacemos un llamado a las autoridades y Concejo Municipal de Puntarenas, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para que realicen una intervención inmediata ante la retención indebida, por segunda vez, de salarios de los funcionarios del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Puntarenas.

Esto luego de que a nuestras oficinas llegará la denuncia de las personas funcionarias del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Puntarenas, indicando que el miércoles 26 de agosto se les manifestó verbalmente que se les retendrán sus salarios, situación que se vuelve a presentar en el pago correspondiente a la primera quincena del mes de octubre.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, indicó que cunde el pánico para estos padres y madres jefes de hogar, que laboran en el Comité, ante estas manifestaciones informales y temerarias.

“Aparentemente por recomendación de la Auditoria Municipal y ante las anomalías en la gestión de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes de Puntarenas esta solicitó el cese de transferencia de recursos al Comité. Esto incluiría las partidas por pagos de salarios y honorarios de las personas trabajadoras del Comité”, manifestó el Secretario General de la ANEP

Según Vargas, por más de año y medio la ANEP y su Seccional Comité Cantonal de Deportes de Puntarenas han venido denunciado, llamado al diálogo, y acudido a diversas instancias (Procuraduría de la Ética Pública, Ministerio de Trabajo, Medios de Comunicación, Concejo Municipal de la Municipalidad de Puntarenas, etc.) denunciando la gravedad de las anomalías y el daño que se ha generado a la Hacienda Pública por parte de las sucesivas Juntas Directivas del Comité, de los atropellos y acoso sistemático hacia las personas funcionarias, de las violaciones a las libertades sindicales y de los millonarios compromisos económicos que por años el Comité ha acumulado en contra de sus funcionarios.

“Ahora, para cerrar con broche de oro, se retienen los salarios de las personas funcionarias del Comité sin perjuicio ni consecuencia para los verdaderos responsables por todos estos daños: La Junta Directiva del Comité. Hemos dicho vehementemente y repetidamente que en la administración pública se requieren personas honestas, con experiencia y carrera en la gestión y administración de los bienes públicos, que los cargos públicos no son trampolines para fines politiqueros ni arribistas”, dijo Vargas.

Ante esta situación la ANEP y su Seccional ANEP-Comité Cantonal de Deportes de Puntarenas exigen la intervención directa, inmediata y sin dilación de las autoridades municipales de Puntarenas y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que:

1. Se ordene ipso facto el desembolso de las partidas presupuestarias de salarios, servicios especiales y honorarios para el pago de los salarios de los funcionarios administrativos, instalaciones y entrenadores del Comité Cantonal de Deportes y Recreación.

2. Que se ordene diligentemente ante las instancias correspondientes y conforme a derecho las denuncias y acciones civiles y penales que corresponda sobre el daño a la Hacienda Pública en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Puntarenas.

3. Que se inhabilite de manera inmediata a todos los miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Puntarenas de los cargos que hoy ocupan y rindan cuentas de su gestión.

“La situación que hoy denunciamos, viola derechos constitucionales y derechos humanos fundamentales, las autoridades remitidas en la presente tienen todas las facultades para evitar que a los trabajadores y trabajadoras del Comité Cantonal de Deportes y Recreación se les retenga el salario”, finalizó el Secretario General de la ANEP.

Exoreros logran conformación de Cooperativa

En el acuerdo firmado en Casa Presidencial, el 19 de agosto del año anterior, se estableció la conformación de una subcomisión, que se encargará de analizar caso por caso la situación actual de los exoreros; para así determinar el tipo de indemnización que pueden recibir.

El acuerdo suscrito en Casa Presidencial, contó con la participación del Ministro de la Presidencia Melvin Jiménez Marín; así como el Ministro de Ambiente y Energía, Édgar Gutiérrez Espeleta, además, de los jerarcas del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER) y del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

Salarios mínimos en el sector privado ¡tema candente!

La atmósfera sociopolítica nacional de los últimos meses ha sido enturbiada, malintencionadamente, con el tema salarial en el Empleo Público; opacando de manera sumamente sensible la real naturaleza del problema salarial nacional, centrado en la cuestión del salario mínimo aplicable al sector Privado de la economía; cuestión que muestras tres vertientes fundamentales si hubiese condiciones objetivas para un debate racional sobre el tema de los salarios en Costa Rica.

A) La real capacidad de compra y poder adquisitivo en las condiciones macroeconómicas de la actualidad, de los actuales niveles del salario mínimo.

B) El real potencial estratégico del salario mínimo como uno de los factores para atajar el crecimiento de la desigualdad.

C) La real disposición patronal del empresariado privado para respetar a plenitud su cumplimiento; y, colateralmente, la disposición de la política pública en su debida inspección y soporte para su cumplimiento en el caso del micro, de las pequeñas y de las medianas empresas.

Apuntamos lo anterior considerando que el Consejo Nacional de Salarios, por intermedio de su Secretaria a. í., la señora Martha Argüello Oviedo, informa que la audiencia a la parte sindical con ocasión de terminar el monto de reajuste por costo de vida para el primer semestre de octubre de 2016, será a las 4 horas con 15 minutos del próximo lunes 19 de octubre; convocatoria que tendrá lugar en el piso 7mo. de la sede central del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS): Salón de Exministros de Trabajo.

Al acercarse la economía nacional, según cifras gubernamentales una especie de “deflación” por el “casi cero” incremento en el costo de la vida, nada bueno se ve venir para la clase trabajadora asalariada del sector privado.

En el caso de la corriente sindical que representamos, el Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa, el tema del salario mínimo en el sector privado se ha convertido en un punto estratégico de nuestra lucha reivindicativo-salarial; al punto de que le hemos solicitado al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), abrir un proceso para consultar, vía referéndum, al pueblo costarricense sobre la elevación estratégica del actual nivel de los salarios mínimos en Costa Rica, para que se establezca el Salario Mínimo Vital, votándose en el parlamento el Expediente Legislativa No. 19.312.

En todo caso, en próximas horas, elaboraremos nuestras primeras cifras iniciales de propuesta sindical, a fin de conjuntarla con otras expresiones organizadas del mundo sindical costarricense y presentar ante el CNS, la más elaborada, unitaria y justa propuesta; recordando, eso sí, que no hay en el país ningún otro tipo de organización social, que no sean los sindicatos, las entidades que se preocupan, realmente, por el tema salarial en el sector Privado.

El país de los tres días…

En este momento, nuestro país está siendo azotado por una “enfermedad”; casi “pandemia”, ante la impresionante cifra por homicidios que se registran, y que según declaraciones del Ministro de Seguridad Pública, ante medios de comunicación, podrían perfectamente llegar a las dos mil muertes violentas al finalizar el año.

En medio de esta preocupante situación, se presentó el caso del joven Gerardo Cruz, quien fue agredido con arma blanca (punzón). Este joven fue reconocido en la comunidad costarricense (y ahora en el ámbito internacional) gracias a la masividad de los medios de comunicación y las redes sociales, por haber señalado, y gravado con un dispositivo tecnológico, a un sujeto, el cual presuntamente gravaba las piernas de una dama en pleno bulevar de San José.

Este caso logró despertar diversas reacciones, entre ellas la de algunos diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), quienes señalan la necesidad de crear una nueva Ley.

Ante esto, debemos hacer memoria y recordar los casos de Ivannia Mora, Parmenio Medina, Jairo Mora y, porque no, de Juanito Mora. Pudiera ser que todos tengan algo en común; será acaso la búsqueda de la justicia, el valor de hacer algo para cambiar la realidad que nos agobia como hijos de esta noble patria, y/o también, la dolorosa impunidad que arrojan muchos de estos casos.

Por eso, hacemos eco de aquella frase que reza: “(…) en Costa Rica, no hay escándalo que dure tres días”. Claro, en torno a la situación de violencia e inseguridad, ese plazo está más que excedido.

A mí parecer, he logrado observar como el pueblo en general se indigna; se retuerce en furia al sentirse amarrado de manos, por no poder lograr un cambio ipso facto, y con todo ese poder creativo inicia movimientos en pro de la evolución (llámese cultural, social, político y hasta legal). Pero, y es aquí en donde viene el dilema práctico (y por qué no moral), pareciera ser que el malestar se torna pasajero y con el paso de los días se convierte en un breve segmento más de la historicidad del país.

Es mi sentir, que de repente se genera un extraño estado de “confort”, en donde todo pasa y paradójicamente nada cambia, (pero que en la cotidianidad generó y seguirá produciendo estragos). La violencia, los homicidios, entre tantas secuelas del fenómeno de la violencia social, están sucediendo a plena luz del día, frente a nuestros ojos.

Es preocupante que algunos actores políticos, no parecieran contar con un plan de acción antes de su llegada al Congreso, lugar en donde se crean las leyes; leyes que luego vienen no solo a regular las relaciones y acciones humanas, sino a favorecer en la sana teoría a los ciudadanos. Es por ello que, normalmente, se logra observar como ante un evento específico, sale algún legislador recomendando la creación de una nueva Ley.

Bien han señalado varios ilustres ciudadanos, conocedores del Derecho, que vivimos en un país “entelarañado” producto de tantas Leyes; lo cual hace absolutamente necesario replantearse si ¿la solución que necesita este país es crear más normativa o si más bien es un problema de aplicación de las leyes existentes?

De lo que sí estoy completamente seguro es que en este momento, sí es importante la creación de una Ley de Extinción de Dominio, que permita al Estado, incautar y utilizar en favor de la lucha contra el Crimen Organizado, los bienes producto del narcotráfico y de otras actividades conexas.

Es sumamente necesario, fortalecer a los Cuerpos Policiales, brindándoles mayores potestades; que permitan a los mismos, un mejor combate de la criminalidad actual.

El índice de criminalidad y el grado de violencia de este fenómeno actual, obliga en muchos casos, a nuestros Cuerpos Policiales, a intervenir en situaciones de mayor riesgo, lo cual hace necesario modificar el abordaje de ciertos temas, amparados en una mejor legislación y consecuente Seguridad jurídica, lo cual no sucede actualmente. Claro está, sin que esto represente el sobrepasar los límites del Derecho y la dignidad de las personas.

Podría ser oportuno, revisar el Código Procesal Penal, permitiéndose que la Policía Administrativa, quien es la primera en llegar al sitio del suceso, pueda abordar, con propiedad y autoridad, a las posibles personas involucradas en el mismo.

Urge dotar de Seguridad Jurídica la actuación razonada y a derecho, de los cuerpos policiales, en razón de sus competencias, y urge como sociedad, superar el término popular, conocido como; “el escándalo de tres días”…