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En el acuerdo firmado en Casa Presidencial, el 19 de agosto del año anterior, se estableció la conformación de una subcomisión, que se encargará de analizar caso por caso la situación actual de los exoreros; para así determinar el tipo de indemnización que pueden recibir.

El acuerdo suscrito en Casa Presidencial, contó con la participación del Ministro de la Presidencia Melvin Jiménez Marín; así como el Ministro de Ambiente y Energía, Édgar Gutiérrez Espeleta, además, de los jerarcas del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER) y del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

En este momento, nuestro país está siendo azotado por una “enfermedad”; casi “pandemia”, ante la impresionante cifra por homicidios que se registran, y que según declaraciones del Ministro de Seguridad Pública, ante medios de comunicación, podrían perfectamente llegar a las dos mil muertes violentas al finalizar el año.

En medio de esta preocupante situación, se presentó el caso del joven Gerardo Cruz, quien fue agredido con arma blanca (punzón). Este joven fue reconocido en la comunidad costarricense (y ahora en el ámbito internacional) gracias a la masividad de los medios de comunicación y las redes sociales, por haber señalado, y gravado con un dispositivo tecnológico, a un sujeto, el cual presuntamente gravaba las piernas de una dama en pleno bulevar de San José.

Este caso logró despertar diversas reacciones, entre ellas la de algunos diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), quienes señalan la necesidad de crear una nueva Ley.

Ante esto, debemos hacer memoria y recordar los casos de Ivannia Mora, Parmenio Medina, Jairo Mora y, porque no, de Juanito Mora. Pudiera ser que todos tengan algo en común; será acaso la búsqueda de la justicia, el valor de hacer algo para cambiar la realidad que nos agobia como hijos de esta noble patria, y/o también, la dolorosa impunidad que arrojan muchos de estos casos.

Por eso, hacemos eco de aquella frase que reza: “(…) en Costa Rica, no hay escándalo que dure tres días”. Claro, en torno a la situación de violencia e inseguridad, ese plazo está más que excedido.

A mí parecer, he logrado observar como el pueblo en general se indigna; se retuerce en furia al sentirse amarrado de manos, por no poder lograr un cambio ipso facto, y con todo ese poder creativo inicia movimientos en pro de la evolución (llámese cultural, social, político y hasta legal). Pero, y es aquí en donde viene el dilema práctico (y por qué no moral), pareciera ser que el malestar se torna pasajero y con el paso de los días se convierte en un breve segmento más de la historicidad del país.

Es mi sentir, que de repente se genera un extraño estado de “confort”, en donde todo pasa y paradójicamente nada cambia, (pero que en la cotidianidad generó y seguirá produciendo estragos). La violencia, los homicidios, entre tantas secuelas del fenómeno de la violencia social, están sucediendo a plena luz del día, frente a nuestros ojos.

Es preocupante que algunos actores políticos, no parecieran contar con un plan de acción antes de su llegada al Congreso, lugar en donde se crean las leyes; leyes que luego vienen no solo a regular las relaciones y acciones humanas, sino a favorecer en la sana teoría a los ciudadanos. Es por ello que, normalmente, se logra observar como ante un evento específico, sale algún legislador recomendando la creación de una nueva Ley.

Bien han señalado varios ilustres ciudadanos, conocedores del Derecho, que vivimos en un país “entelarañado” producto de tantas Leyes; lo cual hace absolutamente necesario replantearse si ¿la solución que necesita este país es crear más normativa o si más bien es un problema de aplicación de las leyes existentes?

De lo que sí estoy completamente seguro es que en este momento, sí es importante la creación de una Ley de Extinción de Dominio, que permita al Estado, incautar y utilizar en favor de la lucha contra el Crimen Organizado, los bienes producto del narcotráfico y de otras actividades conexas.

Es sumamente necesario, fortalecer a los Cuerpos Policiales, brindándoles mayores potestades; que permitan a los mismos, un mejor combate de la criminalidad actual.

El índice de criminalidad y el grado de violencia de este fenómeno actual, obliga en muchos casos, a nuestros Cuerpos Policiales, a intervenir en situaciones de mayor riesgo, lo cual hace necesario modificar el abordaje de ciertos temas, amparados en una mejor legislación y consecuente Seguridad jurídica, lo cual no sucede actualmente. Claro está, sin que esto represente el sobrepasar los límites del Derecho y la dignidad de las personas.

Podría ser oportuno, revisar el Código Procesal Penal, permitiéndose que la Policía Administrativa, quien es la primera en llegar al sitio del suceso, pueda abordar, con propiedad y autoridad, a las posibles personas involucradas en el mismo.

Urge dotar de Seguridad Jurídica la actuación razonada y a derecho, de los cuerpos policiales, en razón de sus competencias, y urge como sociedad, superar el término popular, conocido como; “el escándalo de tres días”…

Señor
Daniel Chinchilla Salazar
Periodista del Diario Extra

Respetable Señor:
El infrascrito Mainor Anchía Angulo, portador de la cédula de identidad número 6-0236-0798, en mi condición de Directivo Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, “ANEP” y además, como Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, me apersono ante su distinguida persona de conformidad con lo que a efectos establece nuestro estado de derecho, para solicitar rectificación, con fundamento en lo siguiente:

El derecho de respuesta tiene su sustento legal en la Ley de Jurisdicción Constitucional en los artículos 66, 67 y 69, perfilado por los diferentes fallos que ha emitido la Sala Constitucional, además, fue ratificado en la Convención Americana de Derechos Humanos.

Es por esto que, en el artículo Nº 69 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, se establece que “el interesado deberá formular la correspondiente solicitud por escrito al dueño o director del órgano de comunicación, dentro de los cinco días naturales posteriores a la publicación o difusión que se propone rectificar o contestar…”

Para solicitar, respetuosamente, realice rectificación sobre la nota que se publica bajo su autoría, y que se titula, “Fusión de Fuerza Pública y Tránsito Fomentaría corrupción”.

En relación a la nota, el suscrito atendió llamada telefónica de su estimable persona, el día 12 de octubre del mes en curso, en la cual usted solicitó nuestro punto de vista en torno al Proyecto de Ley Nº 19.445, mismo que pretende asignar funciones de Policía de Tránsito, a los miembros de la Fuerza Pública.

En primera instancia, usted me consultó sobre nuestra posición en torno al posible convenio entre el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que llevaría a que la Fuerza Pública, realice tareas de Policía de Tránsito.

Entre otras cosas, don Daniel, le manifesté a su persona, que nos preocupa este tipo de convenios; toda vez que el mismo es contrario a lo que al efecto establece la Ley General de Policía Nº 7410, la cual señala en su artículo Nº 7, la Reserva de Ley, y por ende, otorga las competencias de los distintos cuerpos policiales. Le agregué que la misma citada Ley, establece la posibilidad de actuar de manera supletoria en ausencia de otro cuerpo policial.

También, le mencioné, que esta situación, en momentos en que se reportan altos índices de criminalidad, con una importante cantidad de homicidios dolosos, pondría en riesgo la seguridad ciudadana, por cuanto este recargo, ocasionaría mayor fatiga, ya que los Oficiales de la Fuerza Pública, laboran en jornadas extenuantes y bajo mucha presión.

Le cité que nosotros, procuraríamos, en caso de que se diera el convenio, que a nuestros compañeros se les compensara salarialmente lo correspondiente; por cuanto legalmente es un recargo de funciones, que no se contemplan en la señalada por la Ley, y en el Manual de Clases Policiales.

Ante su pregunta, don Daniel, de que si ¿podría afectar la imagen a futuro de la Fuerza Pública?, yo le respondí que sí podría verse afectada la imagen, pero nunca dije que fuera por “CORRUPCIÓN”.

De manera errónea cita usted:
“Minor Anchía, sindicalista de la policía, manifestó que hay probabilidad de que haya actos de corrupción por parte de los uniformados cuando ejecuten labores correspondientes a tráficos”.

Luego agrega en otro texto:
“(…) por supuesto que hay un alto riesgo ante hechos similares, lastimosamente podría en el futuro dañar la imagen de la Fuerza Pública porque tarde o temprano se van a dar a conocer casos en los que una persona que quiera evitar una multa de tránsito ofrezca las famosas mordidas a los compañeros”

Estos textos, no obedecen a mis declaraciones. Así lo puedo afirmar, y espero usted también lo pueda apreciar.

Estimado don Daniel Chinchilla, le ruego hacer la aclaración, por cuanto deja usted en su nota, la sensación de que el suscrito considera que mis compañeros son corruptos, lo cual es absolutamente falso.

Todo lo contrario, es precisamente conocer, que una absoluta mayoría de mis compañeros y compañeras, trabajan con convicción, y que son absolutamente honrados; Es por esto que me siento orgulloso de ejercer la representación sindical de los mismos.

Finalmente, no es ajeno a su persona, la estima, la gratitud y el respeto, que profesamos y sentimos por el Grupo Extra y todo su personal.