Morista y socialdemócrata cristiano de izquierda

En julio de 2013, con el título de “Socialdemócrata, cristiano y de izquierda”, publicamos uno de nuestros artículos semanales con la finalidad de responder respetuosas preguntas y bienintencionadas inquietudes que se nos venían formulando, acerca de nuestra ideología en el desarrollo de la militancia sociopolítica y cívico-sindical que hemos venido desarrollando en todos estos años.

Hoy estamos más convencidos que nunca de que las bases de la nacionalidad costarricense, nuestra estructuración republicana, la convivencia social derivada de la misma, la institucionalidad para la inclusión social desarrollada a partir de la década de los años 40 del siglo XX y que se empezara a consolidar a partir del conflicto bélico de 1948, con la fundación de la Segunda República y la promulgación misma de la Constitución Política todavía vigente, la del 7 de noviembre de 1949; son herencias del pensamiento, de la acción política y de la lucha social de notables costarricenses, hombres y mujeres, que tenían inspiración en una diversidad de filosofías políticas pero que, en términos generales, confluían en la meta compartida de una Costa Rica inspirada en la búsqueda y la promoción del bien común; de una Costa Rica con posibilidades de inclusión social en el más amplio espectro; de una Costa Rica proclive a la integración y a la movilidad sociales con solidez y equidad; de una Costa Rica de total paz y plena justicia social.

Y esas personalidades costarricenses tenían visiones de mundo distintas y hasta encontradas: se identificaban con el viejo liberalismo, con el Socialismo en sus varias denominaciones, con el Humanismo Cristiano de la Doctrina Social de la Iglesia y, finalmente, con la Socialdemocracia clásica, como la de los países nórdicos.

Pese a tal diversidad, como nación nos pusieron a transitar por el sendero de la utopía buscando la entronización de una sociedad de oportunidades y con estratégica visión de reducción de la desigualdad.

Es por estos senderos, guardando las proporciones históricas y las disparidades intelectuales que nos separan de esos gigantes patricios nacionales, que nosotros hemos andado por estos lados de la lucha social de todos estos años.

Adicionalmente, y gracias a una generación de costarricenses notables de la actualidad, hemos podido aquilatar la dimensión extraordinaria del más grande aporte dado a nuestra nacionalidad costarricense hasta estos días, de parte del más grande y mejor Presidente de la República de toda nuestra historia como nación: don Juan Rafael Mora Porras, don Juanito Mora.

Estamos, en este caso, el de don Juanito Mora, frente al reto de una deuda histórica que debe ser saldada para que podamos tener un reencuentro con las fuentes primarias de nuestra nacionalidad. Solo beneficios podría traernos ello.

Ojalá alcancemos la plena reivindicación político-estratégica que significa que el pueblo todo, la generación de salida, la que está al frente del país y, especialmente, la juventud actual, sepan y constaten la magnitud de la acción política y el legado social, histórico y soberanista que nos dejó don Juanito Mora.

De lo poco que vamos conociendo de ella, pues se ha estado produciendo mucho material en esa línea de reivindicar su legado (imposible de asimilarlo a plenitud, mediando la vorágine del día a día de la lucha social), hoy nos declaramos morista; y, por tanto, ahora somos de pensamiento morista y socialdemócrata cristiano de izquierda.

La presentación en sociedad y la firma pública del documento “Una agenda patriótica para el bien común”, suscrita por el Partido Acción Ciudadana (PAC), así como por el Partido Frente Amplio (PFA), con el Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA; evento que tuviera lugar el pasado viernes 26 de junio de 2015, en el Teatro Popular Melico Salazar, ha generado las más diversas reacciones. El impacto de tal acontecimiento ha sido absolutamente innegable.

Por ejemplo, ha provocado una verborrea de histérica retórica por parte de políticos, opinólogos, amanuenses, analistas y similares quienes, mostrando en niveles sorprendentes gran pobreza intelectual y patética debilidad argumental, han tenido que acudir a muletillas gastadas de satanización ideológica al reaccionar a tan magno evento.

De todo lo que están diciendo en esa línea del histerismo pueril, concluimos que no solamente certifica que es más que actual la oportunidad de haber planteado ante el país y transparentemente, el proceso y los contenidos de “Una agenda patriótica para el bien común”; sino que la misma, en su esencia, está impregnada por los valores de ese sendero utópico en que nos metieron esos y esas costarricenses de antaño, en medio de su diversidad de pensamiento filosófico-ideológico y de acción política en tal condición; sendero del que nos desviaron, precisamente, las políticas que ha venido imponiendo ese histerismo pueril que estamos observando. Nosotros queremos que ese sendero no se nos pierda definitivamente; queremos ayudar para que lo localicemos y que nos metamos, de nuevo, en él.

Ante la renuncia de la Ministra de Justicia y Paz

Ante la salida de Cristina Ramírez Chavarría del cargo de Ministra de Justicia y Paz, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y sus seccionales ANEP-Policía Penitenciaria y ANEP-Sistema Penitenciario Nacional, expresamos un sincero agradecimiento por el trato respetuoso y transparente que en su condición de máxima jerarca institucional nos brindó; en las diferentes oportunidades y circunstancias en que por el natural desenvolvimiento de las relaciones obrero-patronales, esta digna autoridad sostuvo diálogo con nuestra organización.

Particularmente, debemos reconocer que Cristina Ramírez honró la palabra empeñada en los diversos acuerdos que se generaron en estos temas reivindicativo-laborales, especialmente los atinentes a la Policía Penitenciaria.

Resalta aquí que su despacho (y su Gobierno), tuvo toda la disposición política y la voluntad del caso para resolver, definitivamente, una década (o más) de deuda salarial acumulada con la Policía Penitenciaria costarricense, por concepto de disponibilidades trabajadas y sin paga; atendiendo su despacho la validez de la tesis de la ANEP de que el pago en sede administrativa daría como ganadores a todas las partes involucradas; tal y como lo habíamos manifestado a la salida del gobierno anterior, con el histórico movimiento de calle conocido entre dicho personal como “EL 20 en la 27”.

Aunque, lastimosamente, no fue posible abordar, con profundidad, los temas de lo que la ANEP ha venido denominando como la Crisis del Sistema Penitenciario Nacional; y, especialmente, con la serie de planteamientos y propuestas que en el tema la ANEP ha venido formulando en los últimos años; comprendemos que toma tiempo al país y a la sociedad lograr una comprensión cabal sobre lo que ocupa la institución carcelaria costarricense para posicionarse, como es menester, como tema preponderante de la agenda nacional de hoy en día.

Finalmente, la ANEP ha solicitado respetuosamente a la señora Cristina Ramírez informar a su sucesora, en la cartera de Justicia y Paz, la distinguida ciudadana doña Cecilia Sánchez, no solamente de los procesos bilaterales en desarrollo (especialmente, lo del nuevo Manual de Puestos de la Policía Penitenciaria), sino, de cuál es la naturaleza del desenvolvimiento político-sindical de la ANEP en su rol de organización gestora de interlocución laboral con responsabilidad, profesionalismo y, sobre todo, de respeto pese a las desavenencias.

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También rechazamos la Alianza del Pacífico

Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como desde el Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa, dejamos constancia de nuestro respaldo a varias de las más importantes entidades del sector productor agropecuario nacional, que nuevamente expresan su rechazo a la incorporación de Costa Rica a la Alianza del Pacífico, otro de estos tipos de TLC’s que influyen, negativamente, en el desarrollo económico nacional.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP y Coordinador de Patria Justo, manifestó que le parece correcta la posición que están asumiendo tanto la Cámara de Productores de Leche, como la Alianza Nacional Agropecuaria (ANA).

“En la ANA están dos entidades del sector agropecuario nacional que nos merecen gran respeto y con las cuales, en otros momentos, hemos trabajado propuestas compartidas para la promoción del bien común, el restablecimiento pleno de la producción agropecuaria nacional y la reducción de la desigualdad. Hablamos de la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (UPANACIONAL), y de la Unión de Productores Independientes y de Actividades Varias del Valle de El General (UPIAV)”, dijo Vargas.

El Secretario General de la ANEP, indicó que representantes de agricultores en países latinoamericanos, también se han opuesto a la Alianza del Pacífico, como es el caso de Colombia.

“La Alianza del Pacífico es el peor tratado comercial”, así lo dijo, no un izquierdista, sino nada más y nada menos que el señor Rafael Mejía, Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, en declaraciones para el periódico ElPaís.com, de Cali, Colombia”, detalló Vargas. (http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/alianza-pacifico-peor-tratado-comercial-presidente-sac).

En dicha publicación, Mejía indicó que “Al desmontarse las franjas de precios y ser un acuerdo plurilateral no podemos tener salvaguardias y medidas ‘antidumping’ que se utilizan bajo el marco de la Organización Mundial de Comercio, OMC, para defender la producción de cualquier país”.

Además, manifestó que “Al desgravarse el 92 % del universo arancelario, es decir, abrirle la puerta a Perú, Chile y México para que ingresen productos industriales y alimentos desde esos países (sin impuestos), los agricultores quedarán a merced de una fuerte competencia y sin derecho a defenderse”.

Es claro, en consecuencia, que llevan razón las entidades nacionales del sector agropecuario que hoy anuncian su rechazo a la Alianza del Pacífico; rechazo al cual ANEP y Patria Justa se unen con toda claridad y contundencia; mostrando total disposición a sostener una reunión con estos grupos.

“Lo que corresponde es la restauración plena del agro nacional, si pensamos estratégicamente en el futuro del país y de las generaciones venideras. Propuesta sobran y en el Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa, también tenemos la nuestra: “Por qué Costa Rica necesita una nueva cadena agroalimentaria para garantizar su Seguridad y Soberanía Alimentaria?”, explicó Vargas.

Finalmente el Secretario General de la ANEP y Coordinador de Patria Justa, hizo un llamado al Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, “para que recuerde y este obligado a honrar su palabra empeñada en campaña electoral de que en su administración no habría más TLC’s de esta naturaleza…”.

Para declaraciones y entrevistas comunicarse con Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP y Coordinador de Patria Justa al 8839-7171.

¡Con mi salario, que no jueguen!

¡Jamás aceptaré
que pongan en peligro
a mi familia!

¡No al salario único!

¡Me he ganado las anualidades
que tengo y las defenderé!

Los pluses de mi salario son de ley

Ni mediocre ni corrupto soy

He decidido defenderme
y defender a los míos

He decidido defender mi empleo,
la estabilidad del mismo,
así como la integralidad de mi salario,
el cual devengo honradamente

No aceptaré
ningún tipo de
congelamiento salarial

Rechazo,
tajantemente,
que me responsabilicen
del déficit fiscal:

yo sí pago, puntualmente, mis impuestos:

el de ventas, al momento de la compra
en la caja registradora.

y si me toca el de renta salarial,
me lo rebajan de planilla
antes de depositarme

¡Son otros
los que roban
impuestos!

por eso apoyo que se pongan
duras leyes
contra el fraude fiscal

Iré a la calle con mi familia,
definitiva y determinantemente

¡Con mi salario,
que no jueguen!

Nada más
avísenme
cuándo es

Deudas por disponibilidad: el rotundo triunfo de la tesis de la ANEP del pago en sede administrativa

Alguien perdió, al menos, unos 320 millones de colones, al caérseles el “negocio” que tenían en mente con la deuda contraída con usted. Esos 320 millones se quedan en el bolsillo de la Policía Penitenciaria, afortunadamente. ¡No fue usted quien perdió!

Compartimos la comunicación de este lunes 06 de julio del 2015 entregada en los diversos centro penitenciarios del país por la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria y la Unidad de Desarrollo Organizacional.

1-2015-PP-Comunicación Del Lunes 7 de Julio-1

¡Estamos jubilosos por la victoria del pueblo heleno!

Celebramos, con gran júbilo, la fiesta democrática que ha tenido lugar hoy, domingo 5 de julio de 2015, en Grecia, la cuna de la democracia occidental como es universalmente reconocido este país integrante de la Unión Europea (UE).

Con la victoria del “NO” en el referéndum convocado por el gobierno que encabeza el señor Alexis Tsipras, éste ha obtenido un gran triunfo político cuya resonancia va más allá de las fronteras de la UE, para proyectarse universalmente.

La victoria del pueblo griego debe verse como una victoria de todos los pueblos del orbe que, de una manera u otra, adversan el injusto orden económico internacional que ha venido imponiendo el cada vez más reducido sector banquero del corporativismo financiero-global; el cual despliega políticas contra toda la Humanidad y contra la vida misma del planeta.

En el caso griego, la denominada “troika”, constituida por el Banco Central Europeo (BCE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como la propia Unión Europea (UE), la cual es gerenciada por la señora Merkel, canciller de Alemania; se convirtió en un supra-gobierno de corte totalitario que desdeña los valores democráticos esenciales y que somete a una especie de “limpieza étnica sociolaboral”, a millones de seres humanos de las clase trabajadoras de los pueblos europeos.

Por otra parte, la deuda griega, impagable desde cualquier punto de vista, debe ser condonada; como condonada le fue a Alemania, en dos oportunidades de tragedia histórica que sufrió el pueblo teutón.

Lo que está ocurriendo con la deuda griega debe hacernos reflexionar con lo que está pasando con la deuda costarricense.

Sólo en concepto de intereses (sin amortizar nada al principal), según datos del Ministerio de Hacienda, habrá que pagar en este año 2015, cerca de ¡900 mil millones de colones!, prácticamente 3 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB).

Y de esos casi 900 mil millones de colones en intereses que deberemos pagar por la deuda costarricense, tan sólo en el presente año 2015, el 80% es para acreedores internos.

¿A quién le debe Costa Rica? ¿Cuánto, en realidad, debe el país? ¿Quién gana intereses por la deuda nacional? ¿Cuáles son los bufetes representantes acreedores de la deuda del país?…

En cualquier proceso de diálogo nacional sobre el tema fiscal, proceso que creemos necesario, este tema, el del auditoraje de la deuda del país es, sencillamente, estratégico.

He aquí, pues, una de las bases fundamentales del problema del déficit fiscal, según nuestra comprensión. No son los salarios de quienes laboran para el sector Público los responsables del mismo.

Por eso refrendamos nuestro más fuerte compromiso de luchar por todos los medios a nuestro alcance de que no sea el pueblo trabajador, tanto el del sector público como el del sector privado, el que deba pagar las consecuencias del déficit fiscal que ninguna persona trabajadora generó.

¡Felicidades, pueblo heleno! Desde Costa Rica nos solidarizamos con vuestra causa.

“Congelamiento” en perspectiva

Los y las policías, las trabajadoras de los CEN-CINAI, personal de oficina y secretarial, choferes y trabajadores de mantenimiento, conserjes y misceláneos, personal de cocinas y comedores escolares, agentes de seguridad y vigilancia, asistentes de pacientes y técnicos de diversas especialidades; son parte importante de los grandes perjudicados en cuanto al poder de compra de sus salarios, si el Gobierno pretende aferrarse a un“reajuste” por costo de vida centrado, exclusivamente, en el índice oficial sobre variación en los precios que para el primer semestre de este año 2015, ha sido fijado en un 0.08 % (8 centésimas), por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Ese 0.08 % representa 80 colones de reajuste por mes, por cada 100 mil colones de salario.

Según Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, promedialmente hablando, en salarios alrededor del medio millón de colones, estos grupos laborales tendrían 400 colones de “reajuste” mensual, unos 13.33 colones diarios, a los cuales hay que deducirles el aporte obrero a la Seguridad Social. Por tanto, en realidad, en liquidez, serían unos 12 colones al día.

“Estos grupos salariales de empleo público sufren de gran precariedad salarial, sensible endeudamiento y poca liquidez en su pago quincenal. Por otra parte, tampoco no dista mucho la diferencia en cuanto a su situación socio-económica en lo que respecta a diversos grupos profesionales de la Administración Pública, especialmente del Gobierno Central, entes adscritos y otras entidades que se guían por el sistema salarial del Servicio Civil”.

Vargas aseveró que, no puede argumentarse en estos casos que el tema de los “pluses” debe considerarse, pues éstos no se moverán de forma alguna con ese 0.08 % de variación en el IPC, según el INEC.

Mañana martes 7 de julio, a la 1 de la tarde y en la sede de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), el Gobierno y las principales organizaciones sindicales del sector Público “hablarán” del tema, por cuanto las posibilidades de una negociación real son escasas.

“Por nuestra parte, hemos de insistir en las difíciles condiciones de este grupo de servidores y de servidoras del sector Público y otros de similar naturaleza, a fin de que se tome en cuenta que el considerar la inflación por venir y que el crecimiento de la economía, deben ayudar a quienes están en mucho mayor desventaja salarial”, dijo el Secretario General de la ANEP.

En todo caso y dada la gravedad de las amenazas sobre el propio Empleo Público y su sistema salarial (propuesta de imponer el salario único y la amenaza de eliminación de todo tipo de pluses, incluidas las anualidades), abren paso a que el clima laboral en el seno de la Administración Pública se siga calentando y generando las condiciones para una gran movilización en fecha cercana.

Policía Profesional de Migración a las puertas de contar con Manual de Puestos

El pasado miércoles 1 de julio del 2015, la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración se reunió en Casa Presidencial, con el Viceministro de la Presidencia Sergio Álfaro; la Directora de Migración y Extranjería, Kathya Rodríguez y Representantes de la Autoridad Presupuestaria para definir los últimos detalles del Manual de Puestos, específicamente en el tema del presupuesto.

Durante la reunión tanto la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería como la Directora, Kathya Rodríguez le detallaron a la autoridad presupuestaria que no había ninguna razón para retrasar la aprobación del Manual de Puestos, ya que el presupuesto para el pago de salarios de los policías de migración saldría del mismo presupuesto de Migración y Extranjería, por lo que se cuenta con los recursos para la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.

Ante esto, el Ministro de la Presidencia solicitó a la Autoridad Presupuestaria apurar la revisión de lo que falta del Manual para que sea aprobado el próximo 31 de julio, con esto el Manual entraría a regir a partir del 1 de agosto del presente año.

“El señor Ministro de la Presidencia propone colaborar para que la STAP traslade la próxima reunión de Junta Directiva para fin de este mes y darle tiempo a los Técnicos para que realicen los ajustes menores y finalice la revisión del Manual, lo envíen para ser aprobado en la próxima sesión de la STAP y comuniquen a la Dirección General de Migración para que inicie la implementación a partir del primer día de agosto de este año”, manifestó Gerardo Mora, Presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración.

Precisamente conversamos con Mora, quien nos cuenta los detalles de la reunión en la siguiente entrevista.

Seccional UTN denuncia irregularidades labores en el centro académico, así como cierre de carrera

Como delegadas sindicales de la ANEP y en representación de los 70 docentes del Programa de Idiomas del Departamento de Desarrollo y Acción Social, DEAS, de la UTN (Universidad Técnica Nacional); estamos denunciando una serie de irregularidades e inconsistencias que están fuera del marco legal. Las mismas se han venido dando por varios años, y su frecuencia y gravedad han aumentado en los últimos meses. Aunque en un principio, tratamos de resolverlo de manera interna, no recibimos más que silencio administrativo y respuestas no fundamentadas en estudios técnicos o documentos legales. Por lo tanto, el día miércoles 06 de mayo del 2015 y por la mediación de la ANEP, se llevó a cabo una audiencia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de San José, en la misma un representante legal de la universidad, los delegados sindicales de nuestro grupo y los representantes de la ANEP acordamos una ampliación por escrito de los puntos discutidos en la agenda de ese día. Dicho documento serviría a la administración universitaria para investigar y traer soluciones en nuestro próximo encuentro, una conciliación solicitada por ellos mismos. Una semana más tarde, el día 15 de mayo, entregamos a la administración universitaria un documento detallado de dieciséis páginas sobre las graves situaciones que nos aquejan. El anexo con la evidencia para nuestros reclamos cuenta con 340 folios. Una vez más el MTSS nos convocó a ambas partes para el día 11 de junio y lamentablemente la administración universitaria no se hizo presente, haciendo al MTSS incurrir en los gastos que tuvo dicha convocatoria, que como todos sabemos salen de los fondos públicos.

A continuación los puntos citados en nuestro documento:

A. Aumento de la jornada laboral

Tuvimos un aumento de treinta minutos por cada clase, por día, a partir de enero del 2015. El mismo, se nos comunicó únicamente a través de un correo electrónico en noviembre del 2014. Dicho cambio no implicó un aumento en nuestro salario. Tenemos como evidencia contratos y declaraciones juradas de los últimos nueve años que prueban que los docentes habíamos tenido la misma jornada hasta diciembre del 2014, antes de que se les impusiera el cambio.

B. Recorte de tiempo laboral y salarios

A inicios de marzo, comienzan a realizarse una serie de recortes significativos de tiempos, y en consecuencia disminución de salarios; que en algunos casos llegan hasta más del 50% del ingreso total de los trabajadores. Estos recortes abruptos suceden con el AGRAVANTE de que nunca hubo notificación por escrito de parte de ninguna instancia de la administración, ésto a pesar de que muchos así lo han solicitado. Nosotros como funcionarios involucrados al 100% en los procesos de matrícula de nuestro programa, sabemos muy bien lo exitoso que siempre ha sido y damos fe de su constante crecimiento. De hecho, durante los dos últimos períodos de matrícula de este año, muchos de los docentes pudimos comprobar que se cerraron grupos teniendo demanda suficiente para abrirlos; más bien, se fusionaron algunos horarios del mismo nivel, con la desventaja educativa que eso representa, especialmente para los estudiantes y sin tener presente que nuestro programa tiene el objetivo de ofrecer a la comunidad una opción educativa de acuerdo a su realidad social. Esta situación se ha extendido hasta el día de hoy. A la fecha hay al menos cinco colegas con muchos años de trabajar para la institución, a los cuales no se les ha nombrado por varios meses y no se les aclara su situación laboral, ni se les ofrece una liquidación, o una solución al respecto.

C. Irregularidades en el pago de salarios

En el pasado se ha dado que no hemos recibido el pago del mes de enero completo, a pesar de que estábamos nombrados y en planilla. Se nos pagaba sólo la segunda quincena. Este año por primera vez se nos pagó completo. Sin embargo, en marzo-abril se nos pagó una quincena incompleta (de la cual recibimos un pago retroactivo) y la siguiente se atrasó, de manera que estuvimos por mes y medio sin salario. Esto según la administración por atraso en los nombramientos. No consideraron las lesiones a la salud causadas por el estrés que esto provocó en muchos docentes, pues para algunos ésta es la única fuente de ingreso y entre este grupo hay muchas cabezas de economía familiar. Todos nos vimos afectados de diferentes maneras, pues cada uno cuenta con un presupuesto el cual incluye lo devengado por la universidad. Manifestamos nuestra inconformidad según lo evidencian una serie de más de veinte correos electrónicos, sin embargo lo único que recibimos fue SILENCIO ADMINISTRATIVO. En los casos de los colegas que sustituyen a los docentes en las incapacidades, se les atrasa el pago hasta por dos meses después de concluida la incapacidad.
Pero el panorama es aún más oscuro, ya que durante varios años la UTN contrató a gran parte de los profesores en la modalidad de servicios profesionales, ésto finalizó a raíz de una inspección de la CCSS a la institución. Por estos períodos laborados no se da reconocimiento de ningún tipo de beneficios, ni siquiera los más básicos, como son las incapacidades; a pesar de que teníamos una relación laboral legítima.

D. Modificación de los principios de estabilidad laboral y derechos adquiridos

Muchos de los funcionarios que trabajamos para el Estado, lo hacemos con la motivación de tener una gran estabilidad laboral; tristemente, este no es para nada nuestro caso. Decimos esto con toda propiedad porque existe un vacío legal dentro de la universidad que nos respalde. En muchos casos hay grandes desigualdades y acciones discriminatorias hasta entre nosotros mismos, ya que a algunos pocos se les reconocen beneficios laborales que a la gran mayoría se le niegan, como es el caso del pago de las anualidades en la modalidad de servicios profesionales. Otros derechos que no tenemos los profesores de este programa, pero sí otros docentes de diferentes áreas son: el voto, la participación en la Asociación Solidarista, mayores salarios, etc.

La Constitución Política de Costa Rica y el Código de Trabajo garantizan el pleno respeto a los derechos laborales. Según criterios emitidos por el MTSS, un trabajador que labore para una institución ininterrumpidamente por más de un año, es considerado un trabajador por plazo indefinido. Según el Estatuto Transitorio de nuestra institución, se debía hacer un traslado horizontal de los funcionarios de CUNA a UTN, con el fin de garantizar la estabilidad y los derechos de los profesores que laboraban para la primera institución. Esto en nuestro caso, no se dio.

E. No reconocimiento de grados académicos

A muchos de los profesores de cursos libres se nos ha indicado que no podemos aspirar a que se nos reconozca un grado académico superior al de Profesor 2, que corresponde a un bachillerato universitario. Esta clasificación se denomina Profesor 2 para la administración y Profesor Universitario en nuestras órdenes patronales, ante la CCSS. Tal diferenciación, en cuanto a optar por un cambio de categoría es una prueba más de la discriminación de la cual somos objeto los docentes universitarios que laboramos para Cursos Libres en una institución pública, donde deben reinar los principios de igualdad, justicia y transparencia. Aunado a esto, no omitimos mencionar que existen actualmente profesores dentro de nuestro programa a quienes se les reconoce el grado académico de Profesor 3, o sea que hay discriminación dentro de nuestro mismo programa.

Es absolutamente reprochable, que la quinta universidad del Estado, la cual maneja fondos públicos, con un superávit de ocho mil millones de colones según su Informe de Gestión 2014, que está planeando abrir seis nuevas áreas administrativas y que acaba de ser reconocida por parte del CONARE, esté quebrantando la estabilidad laboral, los derechos adquiridos y dignidad de sus trabajadores de las maneras antes expuestas.

Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Seccional ANEP-UTN, así como a la Directiva Nacional de la ANEP, por su apoyo incondicional y desinteresado a lo largo de este proceso. Sin éste no estaríamos aquí, dispuestos a luchar por nuestros derechos en las instancias a las cuales debamos llegar. ¡Gracias de todo corazón por su compromiso en la lucha por el cumplimiento de los derechos de los trabajadores! ¡Gracias también a los medios de prensa, por su presencia e interés de permitirnos hacer esta denuncia pública.