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Hace ya tres años, cumplidos exactamente el pasado domingo 24 de mayo de 2015, de que el ciudadano-trabajador de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), don Daniel Muñoz Corea, con gran respaldo social como el de la corriente sindical en la cual militamos, se apersonó ante el Ministerio Público formalizando denuncia contra una serie de altos personeros de la Caja, presuntamente responsables de la debacle financiera de esta institución pública, la más amada por el pueblo costarricense y de la que más depende éste para su propia vida.

En el Ministerio Público y sin que haya explicación alguna (al menos, explícita), duerme el sueño de los justos el expediente No. 12-0046-0615-PE, abierto desde el 24 de mayo de 2012 contra jerarcas de la CCSS, por presuntos actos de corrupción en perjuicio del patrimonio de los Seguros de Salud e Invalidez, Vejez y Muerte (IVM); denuncia que tiene tres años de yacer en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Primer Circuito Judicial de San José. Pese a la tipificación de los delitos que les pueden ser imputados, no se ha realizado el respectivo traslado de cargos a los jerarcas denunciados, ¡y ya han pasado tres años!

Ello a pesar de que tanto el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como la Contraloría General de la República (CGR), determinaron presuntos delitos, entre ellos, la transgresión del artículo 57 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito (daño a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública), penado con prisión de 2 a 8 años. Como si lo que indicaron ambos entes no fuese suficiente, hay tres informes de la Auditoría Interna de la CCSS que confirman los hechos denunciados.

Y también como si todo ello fuera poco, en octubre de 2013, la comisión legislativa que analizó la crisis de la Caja (crisis que sigue vigente pues la actual Presidenta Ejecutiva de la institución ha reconocido que la CCSS está “en alitas de cucaracha”), recomendó la renuncia de los funcionarios IVÁN GUARDIA RODRÍGUEZ, LUIS GUILLERMO LÓPEZ VARGAS, JOSÉ LUIS QUESADA MARTÍNEZ, GUSTAVO PICADO CHACÓN, JORGE ARTURO HERNÁNDEZ CASTAÑEDA y MANUEL UGARTE BRENES.

La impunidad total reina y todos ellos (a excepción de uno que ya se pensionó) siguen trabajando, como si nada, en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); es más algunos tienen ahora más poder y mejor estatus laboral.

El denunciante, don Daniel Muñoz Corea, calificado especialista en el ramo, ha calculado que en el lapso 2009-2013 el menoscabo en las finanzas de la Caja ascendería a los 100 mil millones de colones, hecho que ayudaría a explicar la presunta muerte de asegurados por carencia de suministros médicos, tal y como fue denunciado en días recientes por el Servicio de Cardiología del Hospital México. Solamente para dar un ejemplo de la “tragedia” que está viviendo la institución.

La Caja está viviendo la crisis más grande de toda su historia. Creemos que ello se debe, en gran parte, a que la Caja ha sido secuestrada por poderosos grupos corporativos, internos y externos, generadores de tres grandes conflictos de interés que están matando, ¡sí!, literalmente hablando, matando a la Caja.

1) El conflicto existente entre el interés público y los intereses político-partidarios. 2) El conflicto existente entre el interés público y los intereses mercantiles de quienes hacen jugoso negocio con la salud (o más bien, con la enfermedad), de las personas. 3) El conflicto existente entre el interés público y el interés gremial.

A esta conclusión (entre otras de enorme alcance y profundidad), llegaron una serie de organizaciones de la sociedad civil generadoras del proceso “10 medidas para comenzar a ordenar la Caja”; proceso que contó con el aporte, en ese entonces, del profesor universitario y académico prestigioso, el hoy Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera.

Con su firma, señor Presidente, habíamos concluido en que “Todos estos conflictos entre el interés público (de toda la población asegurada) y de unos pocos (políticos, vendedores de servicios y de algunos pocos especialistas inescrupulosos), que afectan directamente lo que hace y deja de hacer la Caja, tanto hacia dentro como en sus relaciones externas), deben ser abordados con transparencia y objetividad. De ello depende que sobreviva y se recupere el modelo de salud universal y solidario que hemos disfrutado”.

Anhelamos que el mandatario no termine igual que el Ministerio Público en esto de la Caja: mirando para otro lado.

Tal y como lo habíamos acordado cuando nuestro movimiento nació, el colectivo sindical latinoamericanista PATRIA JUSTA, el pasado 7 de noviembre de 2015, incluimos en nuestra agenda estratégica de lucha el tema del TISA (el Acuerdo Multilateral de Comercio de Servicios, por sus siglas en inglés). El TISA debe volver a los primeros lugares de nuestra agenda cotidiana de trabajo y de lucha.

Nos emociona muchísimo la vibrante reacción de nuestros colegas del prestigioso movimiento sindical de la hermana latinoamericana, la República Oriental del Uruguay, con relación al TISA para su propio país. Lean ustedes, con cuidado, estas buenas noticias apelando a la movilización social, obrera y sindical en la patria del patriota latinoamericanista José Artigas.

Como ustedes recordarán, en nuestra reunión como PATRIA JUSTA, con el Presidente de Costa Rica, don Luis Guillermo Solís Rivera, en la Casa Presidencial y el pasado 22 de abril de 2015, ante nuestro emplazamiento sobre el TISA, él nos indicó, delante de todos nosotros, que no sabía qué era el TISA y que no tenía la menor noción de ello; y, mucho menos, que a Costa Rica le hubiera metido en tan irresponsable y suicida aventura globalizadora en contra de todo tipo de servicios públicos.

También ustedes recordarán que meses antes de la reunión con el Presidente Solís y no más entrando su gobierno, hicimos algún planteamiento de preocupación cuando empezamos a conocer la perversidad del TISA, al reunirnos con la gente del actual equipo político a cargo del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), de nuestro país.

Con el estímulo y el ejemplo del hermano colega sindicalismo uruguayo, aglutinado en torno al histórico PIT-CNT; es menester, repetimos, colocar el TISA en lugar prioritario de nuestra agenda de lucha, aquí en Costa Rica.

Debemos exigir que ya es hora que este Gobierno le hable claro al país de hasta qué punto está la presente administración comprometida con el TISA; a sabiendas de que la inclusión de Costa Rica en este “tratado”, fue obra de quienes antes tenían la propiedad política de todo el comercio exterior costarricense, bajo el gerenciamiento de la conocida agente del capital neoliberal, la señora Anabel González Campabadal.

Esperamos tener el tiempo suficiente en próximas horas para que oficialicemos como colectivo sindical latinoamericanista PATRIA JUSTA, una solicitud de respuesta oficial por parte del Presidente Solís y de su gobierno sobre el TISA, invocando para ello disposiciones constitucionales que nos dan el derecho de obtener debida respuesta.

Al igual que la lucha del movimiento sindical uruguayo, nucleado en su histórico y prestigioso proceso unitario PIT-CNT, el costarricense colectivo sindical latinoamericanista PATRIA JUSTA (del cual estamos todos tan orgullosos por inserción sociopolítica de tanto impacto en tan corto tiempo), debemos asumir la gran responsabilidad histórica de denunciar las graves repercusiones que el TISA tiene para nuestro país, habida cuenta del amplio papel que todavía siguen jugando los servicios públicos en Costa Rica pese a la ferocidad del ataque neoliberal en contra de los mismos de todos estos años.

Recordemos que las pretensiones del TISA (Trade In Services Agreement, por su denominación original en inglés), pretende la privatización total de todo tipo de servicios públicos: los municipales, las cárceles, la banca y los seguros, la seguridad social, la educación, el agua, la tributación y otros.

Recientemente el periódico emblema de la oligarquía mediática costarricense hizo como una especie de “safis”, al publicar el artículo que les recomendamos leer, con gran cuidado, titulado “LAS CORPORACIONES Y SU SECRETA TOMA DE CONTROL”, escrito por el señor Joseph E. Stigliz, Premio Nobel de Economía y actual profesor de la Universidad de Columbia, Estados Unidos.

La naturaleza del tratado TISA es como explica este señor en este artículo Corporaciones secretas toman control

Y como notarán de seguido, en Uruguay el debate entró a la academia universitaria, según pueden leer (también), en el comunicado siguiente, pues el asunto del TISA en ese país lo tomará la Universidad de la República (ver al final).

Debemos en nuestro caso, al menos, pedir la cooperación de la Universidad de Costa Rica (UCR) y, también de la no menos prestigiosa Universidad Nacional (UNA), ahora que a la rectoría de ésta ha llegado, vía elección democrática, el ciudadano con Alberto Salom Echeverría, amigo de la lucha social costarricense.

El señor diputado don Jorge Rodríguez Araya, es el presidente de la comisión legislativa que se conformó para investigar el colapso del servicio de cardiología del Hospital México; situación ésta que según denuncia pública ya de amplio conocimiento ciudadano, habría generado la muerte de más de 100 pacientes en espera de un cateterismo cardíaco que si lo hubieran recibido a tiempo, no habrían fallecido.

El mencionado legislador denunció que dos directores de la actual junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), sin tener que hacer fila en las largas listas de espera, recibieron ese procedimiento de cateterismo cardíaco con agilidad, rapidez y efectividad, lo que les ha permitido seguir con vida.

Se trata del señor Adolfo Gutiérrez Jiménez, representante del sector empresarial privado, directivo patronal nombrado por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP); y de su homólogo nombrado por el Gobierno, el señor Óscar Fallas Camacho.

Además y según el mismo denunciante, el todavía director médico del Hospital México, doctor Douglas Montero Chacón, también habría recibido un trato preferencial con el tratamiento de la misma dolencia que padecían los fallecidos.

Toda esta situación nos lleva a formular tres señalamientos puntuales: Primero: La crisis del servicio de cardiología del Hospital México debe ser “la gota que derrame el vaso” en el delicado asunto de la formación de especialistas de la Caja, lo cual ha venido funcionando en círculos cerrados, especies de guetos o de cárteles, al margen de toda autoridad política aunque ésta fuese elegida en las urnas.

La formación de especialistas de la Caja se ha venido rigiendo por amiguismos, compadrazgos y parentelas. Ojala haya suficiente testosterona política en la Casa Presidencial para enfrentarse a la élite de la realeza médica y quitarle a ésta el control en esto de la formación de especialistas.

Segundo: Se debe decretar una especie de estado de emergencia para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Nuestra más querida institución pública es víctima del secuestro corporativo de grupos internos y externos (algunos, incluso, de carácter sindical). A este respecto, hay que pedirle cuentas al Ministerio Público por la espantosa y sospechosa tardanza en al trámite de una denuncia penal interpuesta hace bastantes meses, contra cierto funcionariado-tecnocrático y gerencial de gran poder en la Caja, mismo que sigue en la total impunidad pese a sus eventuales y presuntas responsabilidades directas en la tragedia financiera de la institución.

Tercero y final: El Gobierno debería retirarle su confianza a su representado en la directiva de la Caja, pedirle que renuncie y/o destituirle. En el caso del representante patronal, la situación cuestionable en que quedó envuelto le deslegitima para continuar en ese cargo y debería renunciar; o, en un acto de decencia política mínima, la UCCAEP debería cambiarlo por otro.

Porque como se trata de un representante empresarial con interés de negocios “objetivo”, cualquiera puede preguntarse en qué otros ámbitos podría haber ejercido influencia en tomas de decisiones delicadas como compra de medicamentos a agentes farmacéuticos privados.

La Caja está viviendo la situación más crucial de toda su historia. La ciudadanía consciente, cívica y patriótica está todavía a tiempo de convertirse en agente protagónico de primer línea para salvarle. Diversos grupos han venido estudiando su problemática y han estado generando propuestas al respecto.

Uno de ellos (en el que incluso participaron el hoy Presidente Solís Rivera y la actual Presidenta Ejecutiva de la CCSS, la doctora Sáenz Madrial), grupo conocido como el de “Las 10 medidas para comenzar a ordenar la Caja”, tuvo el coraje de plantear, por primera vez, el desafío de denunciar el poder desmedido (y hasta corrupto en varios ámbitos), de lo que se apodó como la “realeza médica”; precisamente para diferenciarla de la abrumadora mayoría del personal médico nacional, ese sin conexiones políticas ni corporativo-farmacéuticas con el que sí se puede contar para heredar la máxima herencia institucional-social que nos fuera heredada por la anterior generación. La Caja espera por su pueblo para ser liberada.