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Alianza del Pacífico, TISA, TPP y TPPI… ¡Qué enredo de siglas! Hablamos de los TLC´s de “nueva generación”: los “cuatro jinetes del Apocalipsis”

Al parecer el presidente gringo Obama podría estar a las puertas de una fuerte derrota política en el marco de la ofensiva planetaria por el control total de la Humanidad, a partir de los nuevos TLC’s, diseñados éstos para darle a las gigantescas corporaciones y empresas multinacionales el control absoluto de una especie de gobierno mundial: la neoliberalización plena de las relaciones entre las personas, las naciones, los Estados y los organismos multilaterales de la más distinta naturaleza. “Todo Mercado – Nada Estado”, podría ser el lema.

En el senado estadounidense y desde las propias filas de su partido Demócrata, Obama tiene oposición para imponer el “Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica”, conocido por sus siglas en inglés como el TPP.

Actualmente 12 país están negociando, en secreto, el TPP: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

El TPP otorga privilegios y derechos por parte de los capitales extranjeros en detrimento de los nacionales, junto al establecimiento de normas y mecanismos supranacionales de resolución de conflictos que dejarán a los Estados firmantes en clara desventaja jurídica frente a las empresas transnacionales.

Éstas tendrán mayores poderes para demandar directamente a los gobiernos firmantes en tribunales extrajudiciales (mediante la cláusula “Investor State Dispute Settlement”, ISDS), conformados de manera discrecional y sin mecanismos de control.

Ese mecanismo ISDS establece que si una empresa extranjera no está de acuerdo con alguna ley estadounidense, puede dirigirse directamente a un panel internacional de arbitraje, un ISDS. En caso de que este panel abrace la causa de la empresa extranjera, la decisión ya no podrá ser discutida en un tribunal estadounidense y será de obligado cumplimiento en este país. Igual sería en cada país que se meta en el TPP de los 12 originales mencionados.

Este procedimiento también está establecido en el denominado Acuerdo Multilateral de Comercio de Servicios, TISA por sus siglas en inglés; tratado en el que Costa Rica está metida.

Gracias al ya célebre sitio de internet Wikileaks podemos tener conocimiento de esta barbaridad, dado que el control hegemónico-mediático dominante a nivel internacional, no nos lo permite.

La senadora estadounidense demócrata Elizabeth Warren se dejó decir que el TPP “…otorgaría a las corporaciones internacionales una protección a la que no tienen acceso los grupos ambientalistas y laborales de Estados Unidos”.

Así lo leímos en internet en nota de prensa titulada “Los demócratas le frustran a Obama su acuerdo ‘histórico’ con 11 socios internacionales”, publicada por la cadena de noticias mundiales RT. Y en declaraciones que ella dio al diario The Washington Post afirmó que “no serán obreros, consumidores o pequeños empresarios quienes se beneficien del TPP”.

A nosotros nos llamó poderosamente la atención esta noticia dado que Costa Rica ha sido “embarcada” para que se meta en TLC’s de este tipo; específicamente la Alianza del Pacífico y el TISA.

Los anteriores dueños de la política de comercio exterior del país, cuya jefatura estuvo por muchos años en manos de la tristemente célebre señora Anabel González Campabadal, hipotecaron el futuro político del país en TLC’s como la Alianza del Pacífico y el TISA. Y, al respecto, no vemos “nada nuevo bajo el sol” en el Comex del presente gobierno.

El TISA (por sus siglas en inglés), es el Acuerdo Multilateral de Comercio de Servicios. Su contenido se mantiene oculto y cuyas cláusulas, ya sea que se aprueben o no se aprueben, deben mantenerse en total secreto, razón por la cual en el caso costarricense y ante una acción nuestra futura, esperamos que la Sala Constitucional ordene a las actuales autoridades del Comex transparentar éste y similares procesos de los TLC’s de “nueva generación”.

El TISA, si llegase a aprobarse en nuestra Asamblea Legislativa, posibilita todo tipo de privatización de servicios, desde los municipales hasta los carcelarios, pasando por los educativos, energía, agua, etc.

Al igual que el TPP, el TISA se negocia en medio de un impresionante secretismo entre 50 países, grupo al cual se acaba de unir el suramericano país de Uruguay en medio de una intensa polémica.

Tanto el TPP como el TISA (y creemos que la Alianza del Pacífico también), permiten las compensaciones por expropiaciones directas o indirectas, así como por pérdidas en el caso de conflictos sociales o por cambios en la legislación financiera, ambiental o de salud pública de cada país, que los inversionistas consideren que afectan a sus expectativas de negocio

El “cuarto jinete del Apocalipsis” en este asunto de los TLC’s de “nueva generación”, es el TTIP: el Tratado Trasatlántico de Libre Comercio de Inversiones, en español. Pero vamos a seguir en el tema en próximos comentarios.

A partir de hoy lunes 6 de abril de 2015, la ANEP intensificará la labor de cabildeo legislativo que ya ha venido realizando, a fin de que lo más rápidamente posible, los diputados y las diputadas aprueben la partida que permitirá pagar la parte final de la deuda por disponibilidad que está pendiente.

ANEP ha constatado que la señora Ministra de Justicia y Paz, Cristina Ramírez Chavarría, honró su palabra y a través del Ministerio de Hacienda, se contempló la partida de 2.200 millones de colones para tal fin, incluida en el actual presupuesto extraordinario ya presentado al parlamento, el cual y en estos momentos ya está en trámite de ley.

Esta labor de cabildeo legislativo a favor de que se apruebe tal partida, estará a cargo de la propia Secretaría General de la ANEP, en conjunto con integrantes de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria, contándose para ello con el apoyo asesor-gestor del personero oficial que la ANEP tiene destacado en la propia Asamblea Legislativa para estos fines. Hablamos del compañero Roberto Zeledón Arias, trabajador de la ANEP debidamente acreditado antes las autoridades del parlamento y gran conocedor del funcionamiento político-administrativo del Poder Legislativo.

La ANEP hace un llamado a todos los compañeros y a todas las compañeras de la Policía Penitenciaria que nos honran con su confianza y nos brindan su credibilidad en nuestro quehacer, para que estén en total disposición de brindarnos un apoyo activo en esta parte de la lucha que, recordemos, iniciamos el lunes 20 de enero de 2014, antecedida por el movimiento de una semana antes, el lunes 13 de enero de 2014, protagonizado por la Policía Penitenciaria del CAI San Sebastián.

Lo que queremos decir es que podría ser necesario que el espíritu de “EL 20 EN LA 27” tenga que aparecer de nuevo, para irnos todos y todas a la ruta nacional 27 en próximo días, si en el parlamento se entraba la aprobación de la indicada partida presupuestaria.

Les hacemos un llamado a actuar en el escenario de la calle y en gran unidad pero con absoluta responsabilidad y sin demagogia, si se hace estrictamente necesario, para no caer en aventurerismos ni extremismos peligrosos.

¡¡¡Lo venimos logrando y lo lograremos del todo!!! ANEP demostró que el pago se podía hacer en sede administrativa, sin largos e inciertos procesos judiciales y sin tener usted que darle un centavo a abogado alguno, ni por cuota litis ni por honorarios. ANEP asegura que la deuda será pagada totalmente.

Además, habrá un nuevo Manual de Puestos y usted ya conoce nuestra contrapropuesta que no es “fantasmal”: elaborada con mucha seriedad y profesionalismo, contando con el calificado y valioso aporte asesor de personas expertas en la materia.

ANEP se ve en la imperiosa necesidad de desmentir, categóricamente, el malsano decir de algunos elementos desclasados, inescrupulosos carentes de toda ética y que es gente muy deteriorada, moralmente hablando; de que hemos “pactado” que con el nuevo manual se echará a la calle a personal policial con cierta edad, con problemas de salud, con una determinada condición física, etc. Esta pérfida especie merece toda nuestra condena y desprecio, especialmente porque tales sujetos indican que la ANEP “pactó” algo al respecto con la patronal.

Se les recuerda que estamos convocando a Asamblea General para la elección de la nueva Junta Directiva Seccional ANEP-Sistema Penitenciario Nacional (ANEP-SPN), período 2015-2017: A las 9 de la mañana de este próximo viernes 10 de abril, en el Hotel Ambassador, Paseo Colón, San José. Esta convocatoria comprende a aquellos compañeros y a aquellas compañeras anepistas que laboran en la sede central del Ministerio de Justicia y Paz-Dirección General de Adaptación Social.

El permiso está en trámite y se comunicará en próximas horas, vía electrónica, por llamada telefónica, verbalmente, y aparecerá en el sitio web oficial de la ANEP: www.anep.cr

La ANEP entregará comprobante de asistencia a los y a las asambleístas presentes, dejando constancia del uso correcto del permiso otorgado.

Retomaremos temas pendientes, especialmente, los referidos a la tesis de la ANEP sobre LA CRISIS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL. Además se hablará de varios intentos de ley presentados ya en la Asamblea Legislativa para eliminar las anualidades, los pagos por dedicación exclusiva, por prohibición y por otros pluses.

Ahora que el Gobierno ha puesto en lugar connotado de la agenda política nacional el tema de los impuestos con sus respectivos proyectos de ley, especialmente el que pretende transformar el actual impuesto sobre las ventas en impuesto al valor agregado (IVA), subiéndolo del 12 al 15%; nuestra oposición a esta última pretensión adquiere más convicción con base en lo que viene sucediendo en el escenario internacional en cuanto a la fiscalidad tributaria.

Está creciendo con más fuerza y autoridad moral, el reclamo por la creación de un organismo fiscal internacional, dada la inenarrable situación de verdadero crimen de lesa humanidad que representa el robo de impuestos a escala global.

El combate a la evasión fiscal en todas sus formas parece convertirse en punto estratégico asociado a la supervivencia misma de la Humanidad, por “exagerada” que aparezca esta percepción.

En el caso costarricense los datos oficiales son impactantes: podríamos estar ya superando la cifra de 8 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB) en evasión y elusión fiscales en todas sus manifestaciones.

Y tal dato agiganta su impacto en la sociedad si lo ligamos a este otro que le copiamos al distinguido economista Guillermo Zúñiga Chaves, exministro de Hacienda y exdiputado, cuando apuntó lo siguiente para Costa Rica: “Datos aportados por el BID señalan que en el año 2012 el impuesto sobre las ventas representaba un 5% del PIB, mientras que el impuesto sobre renta de personas y empresas era el 3,9%. Solo como referencia, en los países de la OCDE el IVA representa un 6,6% del PIB, y el de renta 11.9% del PIB. Las cargas son muy distintas”. (Columna “Notas al tema”, Diario Extra, sábado 28 de marzo de 2015).

Por su parte, la máxima autoridad de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), Rosa Pavanelli, nos ilustra al respecto: “Contamos con un Banco Mundial, una Organización Mundial de la Salud e incluso con un organismo internacional que regula el fútbol, pero carecemos de un organismo fiscal mundial para hacer frente a los cuantiosos escándalos fiscales corporativos. ¿A quién beneficia esto?”.

Lo dijo en su mensaje con motivo de la instalación en la ciudad de New York, el pasado 18 de marzo, de la Comisión Internacional Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa (ICRICT, por sus siglas en inglés).

Por su parte, la prestigiosa y respetada entidad Oxfam, una confederación internacional formada por 17 organizaciones no gubernamentales nacionales que realizan labores humanitarias en 90 países, bajo el lema “trabajar con otros para combatir la pobreza y el sufrimiento”, promueve la realización de una Cumbre Fiscal Mundial a fin de “lograr un sistema fiscal internacional justo para todos los países, que garantice que las grandes empresas paguen lo que les corresponde allí donde realizan su actividad”

Así las cosas queremos enfatizar en lo siguiente: es el combate fiscal y la tributación progresiva (renta global, por ejemplo), lo que se debe impulsar implacablemente. Pero sin una férrea, amplia y diversa movilización ciudadana en Costa Rica no se van a dar transformaciones estructurales en materia tributaria en la dirección apuntada.

El Gobierno debió desafiar los poderes que en tal sentido tiene la hegemonía política dominante, provocando que en el seno del parlamento se debatiera, exclusivamente sus oportunas y atinadas iniciativas para profundizar el combate al robo de impuestos, por una parte; y, por otra, empezar el camino hacia la progresividad tributaria impulsando el establecimiento de la renta global.

Con ello habría dejado al desnudo los verdaderos intereses diputadiles que le sirven como “peonada política” al capital neoliberal y sus latifundios mediáticos voceros del mismo; y, por otro, podría haber abierto espacio para articular un músculo social a su favor para impulsar otras iniciativas necesarias y urgentes para la reducción de la desigualdad.

¡Pero no! Prefieren seguir dilapidando el capital político que se les dio. ¡Ni modo!

Uruguay ingresó al Trade in Services Agreement (TISA) sin que exista una discusión nacional sobre la conveniencia o inconveniencia de este acuerdo de libre comercio de servicios. Una medida que demuestra las grandes debilidades del gobierno de José Mujica en lo que refiere a su política de inserción internacional y a la transparencia de sus acciones. Teniendo en cuenta el modelo económico que se aplica en el país y lo señalado en artículos anteriores sobre el TISA (2).

En febrero del 2015, en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá se publicó la siguiente noticia: “Nos complace anunciar que los países miembros del TISA han dado la bienvenida a Uruguay en las negociaciones. En la actualidad hay 24 países que participan en las negociaciones TISA: Australia; Canadá; Chile; Taipei Chino; Colombia; Costa Rica; la Unión Europea; Hong Kong (China); Islandia; Israel; Japón; Liechtenstein; Nueva Zelanda; Noruega; México; Pakistán; Panamá; Paraguay; Perú; Corea del Sur; Suiza; Turquía; los Estados Unidos; y Uruguay.”(3)

Uruguay fue aceptado – luego de que el Congreso de Estados Unidos diera luz verde para que así lo hiciera – y participó de las negociaciones a partir del 9 de febrero. Es decir, Uruguay empezó a participar en las negociaciones aceptando los acuerdos realizados hasta el momento de su incorporación. Acuerdos cuyo contenido se desconoce y que comprometen el futuro de todos los uruguayos.

La primera noticia pública sobre este tema se tuvo el 02/05/2014 cuando la Agencia EFE informó, desde Bruselas, que Uruguay había solicitado ingresar el TISA en setiembre de 2013 y que el comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht manifestaba que “La Unión Europea celebra el interés de Uruguay por unirse a las negociaciones del TISA y respalda firmemente su participación de ahora en adelante”. Afirmó, además, que el ministro uruguayo de Exteriores, Almagro Lemes, ha garantizado que su país “comparte los objetivos de las negociaciones del TISA” y que “respetará los resultados de la negociación logrados por otros participantes si se une” a ellas.”(4)

Dicha declaración entra en contradicción con lo sostenido por el canciller Almagro en múltiples instancias en las que declaró que sí Uruguay es admitido se tomará conocimiento “del material de base sobre el cual se está negociando y de las respectivas ofertas”, y se estará “en condiciones de evaluar la conveniencia de entrar”.

El canciller en esa misma entrevista afirmó, utilizando un discurso elogioso e impreciso que el TISA tiene como objetivo “establecer un régimen de comercio más amplio, flexible y predecible… lo suficientemente claro para no impedir que cada gobierno ejerza su propia soberanía para regular ciertos sectores… que las disposiciones del acuerdo estarán sujetas a excepciones generales, a excepciones relativas a la seguridad y a excepciones prudenciales en el caso de los servicios financieros” y que Uruguay podrá incluir sectores que quieran proteger “en listas de excepción”.

El gobierno uruguayo ingreso al TISA inmediatamente después de ser aceptado lo cual implica que adhirió a tapas cerradas, lo que es muy poco probable, o conocía y acepó el contenido de dichos acuerdos que siguen siendo secretos.

Los principales referentes del Frente Amplio en el senado sobre asuntos internacionales consultados en aquel momento – Enrique Rubio, Eduardo Lorier, Alberto Couriel – desconocían el tema y el asesor de la presidencia del FA en política exterior – José Bayardi – afirmó que no sé había discutido en la coalición.

Si fue sorprendente que el gobierno uruguayo hubiera solicitado participar en esas negociaciones sin informar públicamente, la sorpresa es mucho mayor ahora, cuando ya se ingresó al TISA, y es notorio que todos aquellos que tomaron conocimiento del tema no hicieron lo necesario para generar un proceso de discusión amplio y abierto que convalidara o cuestionara lo que estaba haciendo el gobierno.

Debe destacarse que sí bien no existen voces discrepantes en el ámbito político, el movimiento sindical resolvió: “Rechazar el ingreso de nuestro país a estos tratados, ya que esto pondría en riesgo el patrimonio y la soberanía nacional, ya que la intención es de liberalizar y desregularizar los mercados” (5). La Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) se expresó en el mismo sentido, al igual que lo hizo la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) (6). Por su parte la Internacional de Servicios Públicos (ISP) desarrolla una campaña contra el TISA en varios continentes (7).

Ante un hecho de tan extraordinaria importancia cabe preguntar: ¿Por qué el gobierno de José Mujica no informó de los pasos que se recorrieron para integrarse al TISA? ¿Cuáles son los motivos para integrarse a un acuerdo multilateral que limita fuertemente las potestades de decisión del gobierno y la soberanía nacional? ¿El gobierno de Tabaré Vázquez asumirá y continuará con esta política? Sí así lo hiciera ¿someterá estas decisiones al conjunto de la nación o continuaran con el secreto de estado?

En la siguientes rondas de negociaciones, la próxima es en abril, Uruguay deberá presentar su lista de excepciones con los sectores de servicios que desea proteger y, por defecto, todos los demás sectores que quedarían sometidos a la liberalización con su consiguiente impacto sobre trabajadores, empresarios, cooperativistas y usuarios. ¿Quién o quiénes y con qué derecho van a tomar esa resolución? Nadie de los involucrados en estas negociaciones debería olvidar que la democracia directa ha sido el arma utilizada por el pueblo para evitar el desborde de los gobernantes.