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AVAAZ.org, es una entidad de la sociedad civil planetaria que, electrónicamente, promueve campañas en el marco de la utopía realizable de “Otro mundo es posible”. En tal sentido, AVVAZ.org, tiene como objetivo principal «movilizar a los ciudadanos del mundo para cerrar la brecha entre el mundo que tenemos y el mundo que la mayoría de la gente quiere». Para algunos, como el periódico británico The Guardian, AVAAZ.org “es la red de activismo en línea más grande y más poderosa del mundo”.

AVAAZ.org (www.avaaz.org/es) ha lanzado una fuerte campaña de denuncia para evitar que la impunidad ¡triunfe otra vez!, ahora que se ha destapado un gigantesco, descomunal y grotesco fraude mundial de robo de impuestos; al haber sido “agarrado con las manos en la masa”, uno de los emporios bancarios más “selectos” del planeta: el HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation), ayudando a gente de la más adinerada del planeta, poderosos políticos de toda laya, estrellas de la farándula y del deporte globales, consorcios corporativos de alcance planetario, a robar impuestos, “así de simple”.

Nos menciona AVAAZ.org que la élite corrupta del planeta que roba impuestos y que cuenta con bancos como el HSBC para lograr impunidad por este crimen social, le saquea a los pueblos y a los gobiernos de todos nuestros países, un aproximado anual de 1 billón de dólares; o, un millón de millones de dólares. Ni siquiera pensemos qué cifra es traducida a colones.

Para AVAAZ.org, con esta inconmensurable cantidad de plata que nuestras mentes proletarias (y no tanto), no pueden concebir, se podría erradicar, ¡varias veces!, la miseria extrema de todos los países de todo el mundo.

Los datos más fehacientes acerca de la naturaleza infernal de la concentración de la riqueza que vive el mundo en la actualidad, nos habla de que 85 seres humanos, las personas mega-mega ricas dentro de las más ricas; que esas 85 personas acumulan tanta plata entre sí, como toda la plata que tiene para sobrevivir la mitad de la humanidad más pobre del orbe.

La campaña de AVVAZ.org, ahora que se destapó el fraude fiscal mundial urdido con la complicidad del HSBC, es para que las autoridades judiciales del Reino Unido y de Estados Unidos, por tener estos países las plazas financieras más importantes de la Tierra, procedan a abrir procesos a fin de enjuiciar a los ladrones de impuestos y a las entidades que, como el HSBC, les apoyan en esta operación de crimen organizado contra la humanidad. El HSBC es británico.

En la primera lista mundial de ladrones de impuestos que conocemos aparecen figuras de “renombre” según las matrices mediáticas de la hegemonía planetaria dominante (y de otras al margen de la misma). Por ejemplo: el banquero español Emilio Botín; el piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso; el rey Abdalla II, de Jordania; el cantante británico Phil Collins; el actual presidente de Paraguay, Horacio Cartes; la modelo australiana Elle MacPherson; el empresario más rico de Ecuador, Álvaro Noboa; el futbolista uruguayo Diego Forlan; el actor estadounidenses Christian Slater…

Hace bastante tiempo que la corriente sindical que nos cobija en su seno, tiene en su agenda como punto prioritario el tema del robo de impuestos en Costa Rica; el asunto del fraude fiscal y tributario en todas sus formas y en todas sus manifestaciones, con ropaje legal o sin él. De ahí que lo del HSBC nos haya impacto profundamente.

Ya ha quedado claro que en nuestro país, a la ciudadanía se le roba una cifra superior al 8% del Producto Interno Bruto (PIB), anualmente; y es de tal magnitud este crimen social en contra del pueblo costarricense que en la lista global de ladrones de impuestos del HSBC, hasta aparecen costarricenses. No hay posibilidad de negar la urgencia estratégica de que ocupamos nuevas leyes para hacer más severo el robo de impuestos en nuestro país.
Usted se puede unirse a esta campaña tan solo visitando: https://secure.avaaz.org/es/hsbc_tax_dodge_loc/?tgzNiab

A nombre de la coalición sindical Patria Justa: coalición sindical latinoamericanista, formulamos el más vehemente llamado al Gobierno de la República para que no ceda a las irracionales y sospechosas presiones de cierto gran empresariado cupular, acostumbrado a concentrar riqueza sin honrar debidamente sus responsabilidades tributarias; para que mantenga su decisión de emitir el decreto ejecutivo que obligaría a todas las empresas a un registro real y transparente de sus socios, para determinar la propiedad real de las acciones, la verdad incuestionable de las personas y entidades propietarias de las mismas y la serie de bienes de su pertenencia.

La gravedad del fraude fiscal que se da en Costa Rica nos lleva al desastre; y es imposible ya ocultar la magnitud de éste, superior al 8 % del Producto Interno Bruto (PIB), sin contar el robo de impuestos vía cuestionables exenciones y exoneraciones.

Debemos ser enfáticos en que la clase trabajadora asalariada, tanto la del sector Privado como la del Público no roba impuestos: si gana tanto salario como para pagar impuesto sobre la renta, éste le es deducido de planilla inmediatamente; y no menos inmediato es el pago del impuesto sobre las ventas al momento mismo de la compra, en la caja registradora. De este tributo tampoco se salvan quienes deben luchar para vivir a diario laborando en el mercado informal.

Los capitales que gritan y que se oponen a la transparencia fiscal total en cuanto a sus sociedades, es aquel capital mal habido, es aquel capital que defrauda y roba impuestos, es el capital que lava dinero y lucra con el crimen organizado; e, incluso, es aquel capital que se destina, directa o indirectamente, para el financiamiento de operaciones terroristas.

Es una burda excusa alegar que tal decreto no se puede emitir por el“riesgo” de que se sepa quiénes son los accionistas y dueños de las empresas. No se conoce ninguna “filtración” de tal información pues el personal tributario costarricense tiene profunda ética. No sabemos de publicaciones periodísticas u de otra especie que diga el patrimonio y los bienes de “fulano tal” o de “mengano equis”, integrantes de alguna sociedad.

Reiteramos nuestra vehemente exhortación al Gobierno de la República y, en particular, al Ministerio de Hacienda, así como a la Dirección General de Tributación, para que no se dejen “chantajear” por cierto empresariado corporativo de alto capital, acostumbrado a evadir y eludir impuestos de múltiples formas.

Dada la naturaleza del grave problema nacional de desigualdad y de crecimiento sistemático de la misma, tiene el máximo derecho el Estado, tanto en lo ético-moral como en lo jurídico, de cobrarle bien sus responsabilidades tributarias a todos los que tienen y que tienen mucho, sin que sean exhibidos ante la opinión pública por el patrimonio que tienen.

Este viernes 13 de febrero de 2015, el Primer Vicepresidente de la República y Ministro de Hacienda, señor Helio Fallas Venegas, reveló que este ministerio a su cargo ha gastado en los últimos 9 años, un total de $ 66 millones en alquileres, lo que equivale aproximadamente a 35.904.000.000 de colones, cifra de hasta difícil pronunciación.

Esto, aunado a la investigación reciente de datos duros sobre alquileres realizada por el medio de comunicación “AmeliaRueda.com”, dejan con la boca abierta a la ciudadanía; misma que clama por un Estado que administre mejor sus recursos, donde no se den “gastos superfluos” y donde el “amiguismo” deje de ser moneda de curso para las contrataciones que se hacen desde el Poder Ejecutivo.

Una gran mayoría de los procesos de alquileres por parte del Estado se han dado en contrataciones directas. En menos de 10 años el porcentaje de incremento en gasto de alquileres para Hacienda, entre el 2006 y 2014, fue de 495%; un crecimiento desproporcionado, ilógico, que hace que la sociedad en su conjunto se cuestione el por qué se ha mantenido en vigencia la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, que permite el incremento anual de hasta un 15% en los alquileres.

Como bien se sabe esta injusta ley afecta a las familias de escasos recursos, las que normalmente no pueden acceder a vivienda propia y deben alquilarla siendo “castigadas” con ese incremento anual de hasta el 15%. Por el contrario y en otro reflejo cruel de la desigualdad en el país, dicha ley beneficia en extrema medida a empresas familiares que le alquilan edificios y oficinas al Estado.

En esto de las grandes sumas de dinero que el Estado paga a grandes consorcios empresariales de corte familiar con vínculos con sectores de la política tradicional, destaca el caso de la familia Marín Raventós.

La ciudadana doña Nuria Marín Raventós, es esposa del diputado liberacionista don Antonio Álvarez Desanti. A su vez, la hermana de doña Nuria, la señora Adriana Marín Raventós, es la esposa de don Manuel Francisco Jiménez Echeverría, Presidente del Grupo Nación.

Sólo las compañías ligadas a la familia Marín Raventós le facturan al Estado, en alquileres, más de 200 millones de colones al mes: 2.400 millones de colones anuales.

Esta familia es contribuyente de campañas electorales del Partido Liberación Nacional (PLN); y muchas de las posiciones políticas de este partido (otrora socialdemócrata), son coincidentes con la línea editorial del periódico La Nación, negocio mediático emblema del Grupo Nación.

Dicho partido y dicho medio están en una “santa cruzada” contra el empleo público y contra la posibilidad de un retorno protagónico de la política pública para que el Estado confronte, abiertamente, la desigualdad como problema número uno del país en estos momentos; pero, curiosamente, el Estado sí es “bueno” cuando eroga semejantes sumas por concepto de alquileres a grupos político-económicos de gran poder.

Según cálculos del Ministerio de Hacienda, al pasar del modelo de alquileres a comprar su propio edificio, este se ahorrará, anualmente, más de 2 millones de dólares, unos mil ochenta y ocho millones de colones. Si no se diera este salto de modelo, el Estado calcula que gastaría, en menos de 20 años, más de 250 millones de dólares.

Finalmente emergen dos grandes objetivos estratégicos en política pública de corto plazo: Uno: Que el Gobierno deje de alquilar edificios es urgente para sanear parte de la maltrecha economía del país. El Estado está gastando dinero que podría utilizarse en infraestructura que se volvería parte del Estado mismo. Esta decisión del Ministerio de Hacienda, por lo que se ve más que atinada, debe repetirse en otras instituciones, como el Poder Judicial, el Ministerio de Educación o el propio Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y otras entidades. Dos: Que se modifique con urgencia la ley de alquileres porque es una agresión a quienes, teniendo menos, deben someterse a aumentos anuales de hasta el 15%, superiores a la inflación; pero que como notamos el caso en comentario, favorecen grandes fortunas ya consolidadas lo que profundiza el proceso antidemocrático de concentración de la riqueza.

Tal como fue de conocimiento de ustedes los medios de comunicación, en el año 2014 presentamos denuncia ante la Fiscalía Adjunta de San José y la Fiscalía de Probidad, por presuntos actos irregulares en ascensos y nombramientos dentro de la Fuerza Pública.

En la Seccional ANEP-Fuerza Pública hemos dado seguimiento de nuestras denuncias, de forma tal que venimos incorporando más prueba documental, en aras de brindar celeridad y claridad a nuestra inicial denuncia.

Esta prueba documental que fue debidamente entregada a las instancias antes citadas, corresponde a certificaciones emitidas por distintos departamentos del mismo Ministerio de Seguridad Pública, previa solicitud nuestra de conformidad con el artículo 30 de la Constitución Política y la Resolución de la Sala Constitucional N° 2014010102 que fue resuelta con lugar a nuestro favor.

Encontramos en ellas, por ejemplo: Que la Escuela Nacional de Policía le responde a la Comisionada Chavarría, la imposibilidad de atender su solicitud de confeccionar su certificado de Básico Policial, por cuanto no existe registro que así lo permita.

Esta funcionaria solicita se le confeccione dicho certificado, luego de nuestra denuncia, o sea, no lo tiene.

También se encontró que el expediente de un director regional, funcionario de apellido González, se tiene por desaparecido, y al solicitar a la Dirección de Recursos Humanos que nos muestre si existe copia debidamente confrontada del curso Básico Policial de este funcionario y de la señora Chavarría, la respuesta es negativa.

Igualmente, hemos solicitado a la jefatura del Departamento de Incentivos y Beneficios, listado de directores y subdirectores que perciben el incentivo salarial por el Curso Básico Policial, y ambos funcionarios lo están percibiendo; o sea, si resultase de la investigación que no cuentan con este curso debidamente aprobado, no sólo sería irregular su ascenso, sino que además podríamos estar ante uso de documento falso, falsedad ideológica y aprovechamiento indebido.

En el caso del ascenso y nombramiento del Director General de la Fuerza Pública, Comisario Andrade, encontramos que no existe registro de haber aprobado las materias que no pueden ser convalidadas, hablamos de uso de armas de fuego y control de masas; y según certificación de la Escuela Nacional de Policía, para la primera se requiere de un período de 100 horas y la segunda de 40 horas. Sin embargo, según la información ofrecida en la denuncia inicial, éste funcionario habría convalidado y aprobado el curso Básico Policial en el año 2003, en un lapso aparente de 24 horas.

Igual detectamos, mediante certificación, que aunque en el año 2010 se le nombra como Director General de la Fuerza Pública, se emite acción de personal señalando acenso a Subdirector General, al mismo tiempo en que otros dos funcionarios ocupaban los cargos de subdirectores, ante lo cual podríamos estar ante un acto de simulación.

Éste pudo ser motivado precisamente en que el señor Comisario, no contaría con el tiempo de experiencia en funciones policiales, señalado en 10 años, para ocupar el cargo de Director General de la Fuerza Pública, toda vez que este funcionario ingresó al MSP en el año 2001, en funciones de Asesoría Legal.

Igualmente hemos incorporado a la denuncia prueba documental en la cual se certifica que algunos funcionarios que recibieron ascensos y nombramientos ordenados por el propio Director Andrade, en puestos de jefatura, no cuentan con experiencia efectiva en supervisión de personal. En uno de los casos se señala, “experiencia en supervisión de programa Pinta Caritas”, algo que evidentemente no tiene relación con una actividad de supervisión y dirección operativa de personal policial.

Finalmente se nos informó por parte de la Dirección de Recursos Humanos, que el expediente del señor Director de la Fuerza Pública, fue secuestrado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por lo que nuevamente reiteramos nuestra posición en torno a las denuncias presentadas, que esperamos concluyan pronto y se determine si existen responsabilidades administrativas y/o penales.

Lamentamos que el señor Exministro Celso Gamboa no atendiera nuestras denuncias por presuntos actos irregulares en la forma en que ascendieron varios altos mandos que él mantuvo en sus cargos. Por el contrario, esperamos el nuevo jerarca de Seguridad Pública, Lic. Gustavo Mata Vega, las atienda de forma tal que se favorezca la transparencia y la aplicación de la Ley 7410 y su reglamento en torno a los grados y ascensos.