Sindicato logra Convención Colectiva en Bananera Chiquita

El sindicato de trabajadores de la Chiriquí Land Company, SITRACHIRI; miembro de la Coordinadora de Sindicatos Bananeros y Piñero de Costa Rica, COSIBACR.

Comunica a todas las Organizaciones Sindicales nacionales e internacionales, que después de de seis meses de negociación, donde se vieron interrupciones producto de la intransigencia y negativa de la empresa en mejorar las condiciones económicas y sociales de los trabajadores/as bananeros afiliados al sindicato SITRACHIRI, ubicados en la zona fronteriza de Sixaola, propiedad de CHIRIQUI LAND COMPANY, subsidiaria de CHIQUITA BRANDS INTERNACIONAL, hoy podemos anunciar que se logró, mantener y mejorar muchos de los articulados de la Undécima Convención Colectiva de trabajo, gracias al apoyo, de los trabajadores/as afiliados al Sindicato, la COSIBACR, CTRN, AFL-CIO,BANAFAIR y COLSIBA entre otras organizaciones que nos brindaron todo su apoyo solidario.

Esto viene a mejorar las condiciones, laborales, económicas y sociales, a más de 400 familias casi en su totalidad de migrantes indígenas panameños y nicaragüenses, con un porcentaje bajo de Costarricenses. Hay que rescatar que SITRACHIRI, tiene la única Convención Colectiva de Trabajo, en el sector bananero, que tiene 32 años de existencia, donde su Primera Convención se firma el 08 de septiembre de 1981 y la Undécima se acaba de negociar el 18 de Noviembre de 2014.

Sin Trabajadores no hay Empresa, con Trabajadores Afiliados al Sindicato hay Convención Colectiva.

Adelante compañeros defendamos la Convención Colectiva.
Si al derecho de Trabajo, Si a la Libertad Sindical, si a la Negociación Colectiva
SIN SINDICATOS NO HAY DEMOCRACIA

Policías penitenciarios apoyan pago administrativo de deudas salariales

La ANEP ha constatado un abrumador respaldo por parte de la mayoría del personal de la Policía Penitenciario, al acuerdo que les permite el pago administrativo de deudas salariales acumuladas durante unos 10 años, por una cantidad global de 3.200 millones de colones.

De esta cifra, mil millones se cancelarán en la segunda quincena de diciembre de este año 2014. Los restantes 2.200 millones se gestionarán vía presupuesto extraordinario a tramitarse en la Asamblea Legislativa, en el primer trimestre del año próximo 2015.

Los primeros contactos efectuados por la ANEP al respecto, con diputados y diputadas de diferentes fracciones parlamentarias, han mostrado una gran anuencia para la aprobación de ese presupuesto; valorándose su contenido social y laboral que nada tiene que ver con la cuestión político-partidista.

Se trata de honrar una gran deuda contraída por el Estado con uno de sus cuerpos de servidores públicos más abnegados y sacrificados del país: la Policía Penitenciaria. Y esto no tiene color político.

Con dicho acuerdo de pago en sede administrativa, el personal a cargo de la seguridad carcelaria del país, ya no tendrá que sufragar honorarios de abogados por procesos judiciales en desarrollo, de resultado incierto y que les obligaba a una espera de 4 años, en promedio.

Tal circunstancia les permite no pagar, más bien economizarse, por cuota litis, una suma oscilante entre los 100 y los 500 millones de colones; según las tarifas de 10, 15, 20 y hasta 25 por ciento que se les estaba pidiendo para tramitarles en vía judicial tal pago de deudas.

Tales cantidades de plata ya no llegarán a los bolsillos personales de quienes estuvieron promoviendo la vía judicial como “única” para saldar tales deudas; elementos que han estado manifestando su oposición a este acuerdo, justo e histórico.

Además, el acuerdo logrado al efecto entre los ministerios de Justicia y de Trabajo con la ANEP, el pasado jueves 19 de noviembre, generará una enorme economía en compleja tramitología, cara y desgastante, que implicaba la tramitación judicial del pago de tales deudas.

Tanto la administración de la cartera de Justicia como la misma gestión procesal del Poder Judicial, se liberarán de erogaciones multimillonarias pues el pago en sede administrativa es más barato, más corto y le hace llegar al trabajador el 100 % de lo que se le debe.

Igualmente, con el acuerdo en mención, se espera para febrero entrante la primera versión de un manual de puestos para la Policía Penitenciaria que les posibilite similitud salarial con sus homólogos de la Fuerza Pública; y, además, no les será modificado su tradicional e histórico horario de servicio, conocido como “7 × 7”.

Defensa y avance del derecho de toda mujer a vivir libre de violencia

Conmemoramos este 25 de Noviembre, Día por la No Violencia Contra las Mujeres, cuando se cumplen 20 años de la aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención Belem do Pará). Se cumplen también 23 años desde que realizamos la primera marcha denunciando esta violencia que constituye la violación más frecuente y sistemática de los derechos humanos en todo el mundo.

Más de dos décadas de reconocimiento mundial, regional y nacional de este problema no han garantizado aun el elemental derecho de toda mujer, niña o adolescente a vivir libres de la violencia que como mujeres recibimos. Lejos de alcanzar esta meta, hoy los derechos conquistados con el esfuerzo y la perseverancia de nuestras organizaciones y de las instituciones estatales que se han incluido en el cambio están bajo ataque.

Quienes amenazan estas conquistas quisieran echar marcha atrás en la historia, para colocarnos de nuevo a las mujeres bajo el zapato de la sumisión, la amenaza y el terror. La mentira y la manipulación son sus recursos privilegiados. La cobardía su escudo: se amparan tras mujeres, niñas y niños, y se presentan como víctimas de un sistema que les impide seguir agrediendo desde la impunidad, como lo hacían en el pasado.

Mienten cuando dicen que la Ley de Pensiones es abusiva porque fija pensiones millonarias. El monto promedio de las pensiones establecidas por los Juzgados, no por persona sino para todo el núcleo familiar que las demanda, es de 89 mil colones. Sí, 89 mil colones es todo lo que reciben cada una de las 240 mil mujeres que se ven obligadas a recurrir a la ley, y que asumen la crianza de medio millón de niñas y niños. Estos montos ridículos son los que no quieren pagar y por eso quieren eliminar el apremio corporal, porque es la única manera de obligar a la mayoría a pagar.

Agresores que nunca se han interesado por sus hijas e hijos súbitamente muestran interés en no ser separados de ellas y ellos. No es más que una maniobra para impedir que se les apliquen medidas de protección, porque también consideran abusiva las leyes que Costa Rica ha aprobado para proteger a mujeres, niñas y niños de sus agresiones.

Mienten cuando se muestran como víctimas de violencia de las mujeres. Los hombres son agredidos por hombres. Los hombres se matan entre ellos además de matar a las mujeres que consideran de su posesión. En el año 2014 siguen cometiendo femicidios, 19 en lo que va de año.

La violencia no es simétrica, es direccional, de quienes tienen poder y lo aprovechan para controlar, los hombres agresores, contra las mujeres de todas las condiciones, dentro y fuera de su círculo familiar. Su blanco son mujeres de todas las edades, migrantes, indígenas, lesbianas, mujeres trans y con discapacidad. Agreden en solitario y en grupo.

Llamamos al Estado costarricense a todas sus instituciones y autoridades a que mantengan y cumplan los compromisos asumidos nacional e internacionalmente para avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Llamamos a que frente a estas maniobras sostengan la política de cero tolerancia.

Recordamos a los medios de comunicación que si hay complacencia con los agresores hay complicidad con sus agresiones y responsabilidad de la condición de violencia socialmente aceptable a la que quieren regresar.

Llamamos a toda la población a rechazar las maniobras machistas que quieren destruir las conquistas logradas y manifestarse para que toda mujer pueda tener derecho a vivir libre de violencia.

Como organizaciones feministas, de mujeres y de mujeres sindicalistas reafirmamos la voluntad y el compromiso de defender las conquistas, impedir los retrocesos y avanzar hacia un futuro en el que la violencia contra las mujeres llegue a ser erradicada.

Sin retrocesos: defensa y avance de derechos
Basta de mentiras, manipulaciones y ataques a las conquistas
Basta de impunidad

Patria Justa presente en Asamblea de ASDEICE

La coalición sindical Patria Justa participó en la Asamblea General de la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y Energía ASDEICE, quien a la vez es integrante de dicha coalición.

En la Asamblea que tuvo desarrollo en el gimnasio del Liceo del Sur, ubicado en Barrio Cuba, los representantes de Patria Justa brindaron palabras a la concurrida participación de trabajadores del ICE, que se trasladaron desde diversos puntos del país.

Por su parte Fabio Chaves, Secretario General del Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT-ICE), exhortó a los presentes a seguir luchando por los derechos adquiridos de los trabajadores, no solo del ICE, sino también de otros instituciones y organizaciones hermanas, como es el caso del Sindicato de Trabajadores Portuarios y Afines (SINTRAJAP), así como de las organizaciones que integran Patria Justa.

Le damos la bienvenida a la Seccional ANEP-Gestores Ambientales

El pasado 12 de noviembre, la Asociación Nacional Empelados Públicos y Privados (ANEP) sumó una nueva seccional a su organización, se trata de los trabajadores de Gestores Ambientales del Ministerio de Salud, que dieron su confianza a nuestra organización en su lucha por conseguir mejoras laborales.

Siany Serrano, Presidenta de la Seccional ANEP-Gestores Ambientales, se mostró muy complacida por la respuesta que dieron sus compañeros para la conformación de la seccional, a la vez que indicó que confían plenamente en la experiencia y trayectoria de la ANEP.

“Estamos haciendo este movimientos con la finalidad de logar las garantías de todos los derechos laborales de los Gestores Ambientales del Ministerio de Salud, hacer sentir la importancia de estos trabajadores dentro del Ministerio de Salud, y también colaborar en la formulación del manual de puestos de los funcionarios y algunas otras situaciones laborales que se deben de mejorar dentro del Ministerio”, dijo la Presidenta de la Seccional ANEP-Gestores Ambientales.

Serrano manifestó que los principales ejes de lucha se concentraran en el pago de horas extra, disponibilidad, peligrosidad, zonaje, viáticos y la elaboración de un manual de puestos.

“Como gestores ambientales y reguladores de salud estamos realizando inspecciones en establecimientos con manejo de sustancias químicas, aguas negras, plagas de animales, pólvora y explosivos, así como en operativos con la Fuerza Pública y no contamos con equipo de protección personal. Además, realizamos inspecciones en zonas marginales del país, incluso muchos compañeros han sido víctimas del hampa y personas molestas por nuestra labor hasta el punto que algunos han sido baleados”, detalló Serrano.

En ANEP confiamos y nos ponemos a disposición de la Seccional de Gestores Ambientales para que juntos luchemos por sus derechos laborales, a la vez que les damos la bienvenida a nuestra organización.

Presupuesto 2015: Sin recortes irreflexivos… Sin tijeretazos irresponsables

Con suma satisfacción expresamos nuestro regocijo ante el fracaso de la intentona neoliberal parlamentaria de pretender resolver el serio problema del déficit fiscal, afectando una importante cantidad de programas ministeriales de corte social, vía recortes presupuestarios irreflexivos y aplicando tijeretazos irresponsables. El fundamentalismo neoliberal fracasó y la apuesta por la inclusión social ganó.

Para la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la alegría es mayúscula, toda vez que en esta circunstancia del debate sobre el presupuesto “de la República” para el 2015 y desde una perspectiva social-sindical, fuimos pioneros en formular un fuerte y sólido planteamiento crítico contrario al de los fundamentalistas del déficit; denunciando la campaña de terror psicológico en contra de la población, y las catastrofistas predicciones acerca de la “llegada del Apocalipsis” y del “fin de los tiempos”, porque el déficit podría llegar al 6-7%, en el 2015, a raíz de dicho presupuesto.

En tal coyuntura, nuestra apelación al concepto sociopolítico de la Democracia de la Calle, se ha validado como opción legítima para interpelar a un sistema político (en este caso, el Poder Legislativo), cuando las decisiones a adoptarse contrarían la promoción del bien común y de la inclusión social en escenarios tan terribles como el que vive nuestra Costa Rica hoy, de un crecimiento, todavía susceptible de ser detenido, de una desigualdad que amenaza la paz social.

Precisamente, la rotunda oposición que manifestamos desde la ANEP y desde el inicio de este ataque neoliberal contra el presupuesto del 2015, se basó en que los recortes irreflexivos y los tijeretazos irresponsables, alimentaban ese crecimiento de la desigualdad que amenaza la paz social.

Esta lucha sindical contra los recortes presupuestarios se ha visto fortalecida con la inserción cualitativamente fuerte de las importantes organizaciones laborales coaligadas en la unidad sindical de corte estratégico PATRIA JUSTA, las cuales puntualizaron, una a una, las graves repercusiones de los ahora fracasados recortes al presupuesto del 2015.

El control del gasto irresponsable, la demanda de cuentas a los incapaces de ejecución presupuestaria especialmente para atender las necesidades sociales crecientes, el combate frontal a toda forma de corrupción con los fondos públicos y/o con las compras que el Estado debe ser a privados, elevar la eficiencia y la eficacia de la prestación de servicios públicos, atacar con dureza la indolencia (entre otros), son factores de una agenda de lucha obrera de nuevo tipo que la coalición sindical PATRIA JUSTA ha decido impulsar como parte de su planteamiento estratégico.

Ha fracasado la “coalición de facto” que formó el fundamentalismo neoliberal y su cruzada contra los recortes presupuestarios. Especialmente, debemos resaltar a varios de los culpables de pretender mayores niveles de desestabilización social y de alteración de la paz social si tales recortes se hubiesen concretado: por ejemplo, los diputados Ottón Solís, Mario Redondo, Otto Guevara y Rosibel Ramos, junto a los del que una vez fuera partido socialdemócrata, hoy neoliberal, Liberación Nacional, destacan entre los perdedores.

Perdedores tanto como el empresariado cupular corporativo de rabioso corte antisindical; así como el latifundio mediático evasor de impuestos y alguna prensa, televisiva y de radiofonía histérica, que sigue su línea “informativa”.

La salida al problema del déficit es por otro lado. La coalición sindical PATRIA JUSTA decidió hacer suya la propuesta social al respecto, denominada “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”, originalmente tutelada por la ANEP y otros sectores sociales.

Finalmente, debe quedarle claro al pueblo trabajador, a la ciudadanía patriótica costarricense, a quienes viajan hacia la desigualdad total y a quienes ya, desgraciadamente, han caído en la más dolorosa pobreza, que todo esto apenas empieza; pues de lo que se trata es, precisamente, de una lucha sostenida para que Costa Rica recupere su histórico nivel de inclusión y de movilidad sociales.

Seguiremos luchando por ello, apelando al legítimo camino de la otra Democracia, la Democracia de la Calle.

ANEP apoyó a los CEN CINAI en concentración contra el recorte presupuestario

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su Seccional ANEP-CEN CINAI, brindaron todo su apoyo, el pasado miércoles 19 de noviembre, en la concentración realizada por el Ministerio de Salud contra el recorte presupuestario, que de darse, afectaría drásticamente los CEN-CINAI de todo el país.

La concentración estuvo marcada por la gran presencia de trabajadores, padres de familia y niños que dependen directamente de los CEN-CINAI, quienes se trasladaron desde diferentes puntos del país a la Plaza de la Democracia e inmediaciones de la Asamblea Legislativa, para solicitarle a los diputados que no aprueben el recorte presupuestario que se estableció en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

Ivannia Espinoza, Promotora de la ANEP, se mostró complacida por la respuesta brindada por parte de trabajadores, padres de familia y niños a la concentración, ya que de aprobarse dicho recorte los CEN-CINAI serán “duramente golpeados”, incluso algunos deberán cerrar su puertas debido a que no habrá dinero para pagar alquileres de edificios.

“Es una alegría que el programa de CEN-CINAI de las diversas regiones se movieran y dieran la pelea, este es un comienzo de la lucha que viene para el 2015, no se debe mermar ni sentarse. Por lo que hacemos un llamado a los trabajadores del Ministerio de Salud para que apoyen esta pelea contra el recorte presupuestario”, dijo Espinoza.

Por su parte Irene Calvo, trabajadora del CEN-CINAI de Jicaral, ubicado en la Península de Osa, hizo un llamado a los diputados y gobernantes del país, para que hagan conciencia y analicen las consecuencias de efectuar un recorte presupuestario a los CEN-CINAI.

“En los CEN-CINAI alimentamos los valores , educación y desarrollo de los niños, además, contribuimos con los padres de familia que al ingresar a los niños a los centros, se siente protegidos y seguros y de paso les permite ir a trabajar para poder velar por su familia” manifestó Calvo.

Al finalizar la concentración los trabajadores, padres de familia y niños entregaron un documento firmado por los presentes para exhortar a los diputados a que no aprueben el recorte presupuestario.

No se debe autorizar el abusivo aumento que pretende Riteve

Ante las pretensiones de la empresa monopólica privada a cargo de la revisión técnica vehicular, de un aumento de 200 % en la tarifa por tal servicio, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), expresa su rotunda oposición considerando las siguientes razones:

El pretendido aumento golpeará, sensiblemente, los bolsillos de la clase trabajadora, con empleo formal o sin él; toda vez que tanto los vehículos livianos como los camiones de carga son inherentes a las actividades laborales y productivas de miles y miles de costarricenses que viven, en estos momentos, restricciones salariales y encarecimientos productivos por diversas razones.

Un aumento de semejante irracionalidad y magnitud en las tarifas actuales de la revisión técnica vehicular, echa más leña a la hoguera de la cada vez más candente fogata de la inconformidad popular ante el altísimo costo de la vida; por demás, en escenarios crecientes de desigualdad.

No debe la desprestigiada Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), ceder a las pretensiones de alza de tarifas de Riteve SyC, sin que se sepa cuál será la metodología real para el cálculo del ajuste que debe establecer el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT); proceso éste que tal entidad debe hacer con total transparencia, erradicando episodios de opacidad que a lo largo del tiempo han mediado para la instauración del monopolio privado de la revisión técnica vehicular.

Por otra parte, la indicada firma ha acusado al país ante el tribunal extranjero, nada objetivo ni neutral, conocido como Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), porque supuestamente se le deben a la citada transnacional unos 260 millones de dólares, al no haber obtenido autorizaciones para semejantes incrementos tarifarios de exorbitantes pretensiones. En consecuencia, no deben aumentarse las arcas de Riteve mediando tal proceso jurídico-internacional.

En épocas de un legítimo reclamo ciudadano por la transparencia en la gestión pública, se debe conocer con exactitud la actual composición accionaria de Riteve SyC; de modo tal que podamos saber qué sociedades y qué personas, nacionales y/o extranjeras, tienen intereses en la actividad lucrativa con carácter de monopolio privado que es, hoy día, la revisión técnica vehicular. Muy necesario es saber si sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social se cumplen a cabalidad y sin escamoteo alguno.

Hacemos un llamado a los automovilistas, los dueños de camiones de carga, microbuseros y similares, a organizarse para que se defiendan, para lo cual la ANEP les ofrece su apoyo y experiencia.

Presupuesto 2015: ¡vehemente exhortación al parlamento!

Plenamente convencidos de que la serie de recortes aplicados en el proyecto de presupuesto del 2015, según el Informe de Mayoría de la Comisión de Asuntos Hacendarios del parlamento, a una serie de importantes programas de varios de los ministerios del Poder Ejecutivo, afectarán a una diversidad de programas sociales dirigidos a los sectores más vulnerables de la población en desventaja económica; “PATRIA JUSTA” formula por esta vía la más respetuosa pero vehemente exhortación, a los señores diputados y a las señoras diputadas de la actual Asamblea Legislativa, para que no se vote ese presupuesto con semejantes decisiones que profundizarán la peligrosa senda de la exclusión y de la desigualdad sociales que el país viene atravesando en los últimos años.

QUITARLE un centavo de lo presupuestado para la atención de la niñez en los CEN-CINAI y otros programas sociales del Ministerio de Salud;
GOLPEAR la ya maltrecha situación financiera del Sistema Penitenciario Nacional, en cuyo seno cada vez ingresa más gente pero con menos gente y menos plata para atender a la población penal recluida;
AGRAVAR posibilidades para impulsar políticas de empleo (especialmente, el juvenil);
DEBILITAR las labores de protección del patrimonio ecológico y ambiental del país;
PRECARIZAR los sistemas informáticos para el control de la espantosa evasión y elusión fiscales;
CERRAR la posibilidad de mantener algo de los valores culturales patrios y del patrimonio histórico-arqueológico del país;
PARALIZAR programas destinados a la rehabilitación social de personas excluidas por situaciones psicosociales de pobreza extrema;
DESFINANCIAR la gestión policial de seguridad ciudadana en momentos en que la violencia delictiva y el crimen organizado parece que están fuera de control;
REDUCIR al mínimo el control migratorio en los puestos fronterizos;
RESTRINGIR las posibilidades de la estadística y los censos tan vitales en la constatación del crecimiento de la desigualdad creciente;
IMPEDIR el fortalecimiento de la política pública para el relanzamiento de la agricultura nacional y de los sectores productivos de la pequeña y mediana empresa agropecuaria;
DESESTIMULAR el emprendedurismo bajo los conceptos de la Economía Social de tan necesidad estratégica para conectar el mercado interno con el externo y lograr una economía de dos motores trabajando a la misma velocidad;

Son entre otras, decisiones desacertadas que nos han de sumir en un caos creciente y, de manera evidente, alimentar escenarios de confrontación en el corto plazo.

No son estas maneras adecuadas de enfrentar el problema fiscal del país, cuando bien sabemos que la “procesión va por otro lado”; es decir, por la vía de la TRANSFORMACIÓN TRIBUTARIA ESTRUCTURAL, en la que PATRIA JUSTA cree y para lo cual, incluso, hemos estado defendiendo una propuesta construida desde los sectores sociales y sindicales responsables al efecto: “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”.

Por tanto, reafirmamos nuestra vehemente exhortación para que no se voten en el presupuesto del 2015, esos injustos, peligrosos y hasta criminales (socialmente hablando), recortes en los programas sociales citados y otros de naturaleza análoga.

Ante la presunta “persecución política” en el MAG

Honorables señores diputados
Don Juan Luis Jiménez Succar
Don Antonio Álvarez Desanti
Fracción parlamentaria del Partido Liberación Nacional (PLN)
ASAMBLEA LEGISLATIVA

Honorable señores:

En primer término, les expresamos el más respetuoso y atento saludo de nuestra parte.

La ANEP no desea verse involucrada en uno de esos juegos politiqueros clásicos inter-partidos, muy “consustanciales” a una determinada forma de hacer política que tanto asqueo ciudadano ha generado y que, como ustedes bien saben, está constatable por una buena cantidad de estudios y de investigaciones de opinión pública de gran seriedad.

Tampoco nos interesa, en lo más mínimo, aparecer como “defensores” del Gobierno en esta situación. ¡Que el Gobierno se defienda solo porque está en obligación de ello!

Lo que sí nos interesa aclararles a ustedes, con todo respeto, es que la ANEP, a través de la Seccional ANEP-MAG, está estado al tanto de todo esto desde hace ya varios años, cuando en las administraciones liberacionistas Arias y Chinchilla, se pisoteó la legalidad y se sacrificó la hacienda pública con erogaciones multimillonarias que jamás debieron haber ocurrido, lesionándose el patrimonio financiero del Estado sin que ahora aparezca un jerarca político anterior, al frente del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y con responsabilidad en ello, dando la cara.

EL Partido Liberación Nacional (PLN) hace acusaciones al Gobierno de la República, con respecto a una presunta “persecución política” en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), contra algunos directores de la administración anterior. ANEP estima que no hay tal “persecución”.

Con ello, impropiamente, se chantajea al gobierno con no apoyar el presupuesto extraordinario actualmente en trámite parlamentario, cuyos recursos son de urgente necesidad para una buena cantidad de servicios públicos. Aquí es donde está la parte fundamental de nuestra obligada intervención al respecto pues no se vale, según el acertado refrán popular, “que paguen justos por pecadores”.

Al acusar que esos directores regionales del MAG fueron separados de sus cargos los diputados liberacionistas se han basado en una mentira pues, fue la Procuraduría de la Ética, a denuncia de la ANEP, la que insistió en la aplicación de una resolución de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en la cual no se les ratificó a los presuntos “perseguidos políticos”, el derecho a esos puestos; y, por el contrario, se pidió restitución de los directores propietarios de esas plazas ya que su nombramiento (el de los presuntos “perseguidos”), según la Sala Segunda, fue producto de un botín político.

Sin embargo, por el trabajo que hicieron esos directores “perseguidos” fueron compensados económicamente y la sentencia es clara al pedir que fueran cesados de sus responsabilidades y reubicados en sus puestos anteriores donde eran propietarios de las plazas. En todo ello han mediado millones de colones que nunca debieron erogarse.

En el caso del Ing. Francisco Brenes B., uno de los supuestos perseguidos y acosados, se le pagó horas extras por sumas millonarias, cosa que es ilegal. Además, se le subió de plaza y durante los últimos meses fue ascendido y recibió remuneración sin haber ejercido su cargo, ya que su puesto debió de ser ejercido en San José. Aún así, se le pagó una suma millonaria por diferencia salarial según resolución del 2013-0003.91, de 10 horas y 50 minutos del 12 abril del 2013.

Al Ing. Francisco Brenes B., se le mantiene, a solicitud propia, en un convenio con la Corporación Hortícola hasta el día de hoy.

Al Ing. Dagoberto Elizondo V., también se le pagó otra suma millonaria según lo dispuesto por la Sala Segunda, y en lugar de ser devuelto a su puesto anterior, se le ascendió su plaza.

El resto de los directores interinos, nombrados por la administración Arias-Chinchilla, presentaron una acusación contra el Estado, también por sumas millonarias, por haber ocupado esos puestos en forma interina en las mismas condiciones que los directores supracitados.

Lo paradójico de todo esto es que contrario a la tesis liberacionista de “persecución política”, más bien, el Gobierno actual ha hecho caso omiso de lo indicado por la Procuraduría de la Ética y por el voto de la Sala Segunda, al pagar salarios dobles para algunos directores nombrados por “botín político”, en lugar de restituir a la totalidad de los directores según lo señala la Sala II y la Procuraduría de la Ética.

Adjuntamos copias de la documentación respectiva que detallamos seguidamente y que les ilustrará acerca de lo que venimos planteando:

1. Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia-Exp: 10-000381-0166-LA – Res: 2013-000391, sentencia de las diez horas y cincuenta minutos del doce de abril del dos mil trece.
2. Oficio fechado 1 de julio de 2013, No. S.G. 11-13-11-78-13, firmado por Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP; dirigido a la licenciada Gloria Abraham Peralta, Ministra de Agricultura y Ganadería (MAG).
3. Oficio fechado 2 de julio de 2013, No. AFP-576-2013, firmado por el Lic. Ricardo Vargas Vásquez, Procurador Director, Área de la Función Pública, de la Procuraduría General de la Republica; dirigido a la señora Gloria Abraham Peralta, Ministra de Agricultura y Ganadería.
4. Oficio Fecha 25 de octubre de 2013, OSC-SF-510-2013, firmado por el Lic. Róger Umaña Chacón, Coordinador de la Dirección General de Servicio Civil; dirigido a la señora Lorena Chavarría Martínez, integrante de la Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO), de la ANEP, en su calidad de responsable de la ANEP para el MAG.
5. Oficio fechado 12 de diciembre de 2013, dirigido al Lic. Mario Molina Bonilla, MSc., Auditor Interno del MAG; por parte del Ing. Alexis Calderón Villalobos, Presidente de la Junta Directiva Seccional ANEP-MAG.
6. Extractos del oficio DG-024-2014, fechado 19 de diciembre de 2013 y firmado por el MBA. Joaquín Arguedas Herrera, Director General de Servicio Civil.
7. Oficio de fecha jueves16 de enero de 2014, No. AI 002-2014, firmado por el Lic. Mario A. Molina Bonilla, Auditor Interno del MAG; dirigido al señor Alexis Calderón Villalobos, Presidente, Seccional ANEP-MAG.
8. Oficio fechado 28 de mayo de 2014, No. AEP-249-2014, firmado por la M.Sc. Tatiana Gutiérrez Delgado, Procuradora, de la Procuraduría de la Ética, de la Procuradora General de la República; dirigido al señor Luis Felipe Arauz Cavallini, Ministro, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
9. Oficio Fechado 28 de mayo de 2014, No. AEP-250-2014, firmado por la M.Sc. Tatiana Gutiérrez Delgado, Procuradora, de la Procuraduría de la Ética, de la Procuradora General de la República; dirigido a la señora Marta Acosta Zúñiga, Contralora General, Contraloría General de la República.
10. Oficio fechado 28 de junio de 2014, No. AEP-276-2014, firmado por la M.Sc. Tatiana Gutiérrez Delgado, Procuradora, de la Procuraduría de la Ética, de la Procuradora General de la República; dirigido al señor Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.

Por estas razones, por respeto a ustedes mismos, se debe rechazar, categóricamente, lo dicho desde la jefatura de la fracción parlamentaria liberacionista; creyendo, con base en el beneficio de la duda, que hubo de por medio una inducción al error por parte de los directores señalados y que les lleva a ustedes, y a la fracción parlamentaria liberacionista, a bloquear el trámite del presupuesto extraordinario en discusión, de enorme necesidad para una gran cantidad de acciones de política pública “sin vela en este entierro”.

Les reiteramos nuestra máxima consideración y respeto.