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Presupuesto 2015: ¡vehemente exhortación al parlamento!

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Plenamente convencidos de que la serie de recortes aplicados en el proyecto de presupuesto del 2015, según el Informe de Mayoría de la Comisión de Asuntos Hacendarios del parlamento, a una serie de importantes programas de varios de los ministerios del Poder Ejecutivo, afectarán a una diversidad de programas sociales dirigidos a los sectores más vulnerables de la población en desventaja económica; “PATRIA JUSTA” formula por esta vía la más respetuosa pero vehemente exhortación, a los señores diputados y a las señoras diputadas de la actual Asamblea Legislativa, para que no se vote ese presupuesto con semejantes decisiones que profundizarán la peligrosa senda de la exclusión y de la desigualdad sociales que el país viene atravesando en los últimos años.

QUITARLE un centavo de lo presupuestado para la atención de la niñez en los CEN-CINAI y otros programas sociales del Ministerio de Salud;
GOLPEAR la ya maltrecha situación financiera del Sistema Penitenciario Nacional, en cuyo seno cada vez ingresa más gente pero con menos gente y menos plata para atender a la población penal recluida;
AGRAVAR posibilidades para impulsar políticas de empleo (especialmente, el juvenil);
DEBILITAR las labores de protección del patrimonio ecológico y ambiental del país;
PRECARIZAR los sistemas informáticos para el control de la espantosa evasión y elusión fiscales;
CERRAR la posibilidad de mantener algo de los valores culturales patrios y del patrimonio histórico-arqueológico del país;
PARALIZAR programas destinados a la rehabilitación social de personas excluidas por situaciones psicosociales de pobreza extrema;
DESFINANCIAR la gestión policial de seguridad ciudadana en momentos en que la violencia delictiva y el crimen organizado parece que están fuera de control;
REDUCIR al mínimo el control migratorio en los puestos fronterizos;
RESTRINGIR las posibilidades de la estadística y los censos tan vitales en la constatación del crecimiento de la desigualdad creciente;
IMPEDIR el fortalecimiento de la política pública para el relanzamiento de la agricultura nacional y de los sectores productivos de la pequeña y mediana empresa agropecuaria;
DESESTIMULAR el emprendedurismo bajo los conceptos de la Economía Social de tan necesidad estratégica para conectar el mercado interno con el externo y lograr una economía de dos motores trabajando a la misma velocidad;

Son entre otras, decisiones desacertadas que nos han de sumir en un caos creciente y, de manera evidente, alimentar escenarios de confrontación en el corto plazo.

No son estas maneras adecuadas de enfrentar el problema fiscal del país, cuando bien sabemos que la “procesión va por otro lado”; es decir, por la vía de la TRANSFORMACIÓN TRIBUTARIA ESTRUCTURAL, en la que PATRIA JUSTA cree y para lo cual, incluso, hemos estado defendiendo una propuesta construida desde los sectores sociales y sindicales responsables al efecto: “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”.

Por tanto, reafirmamos nuestra vehemente exhortación para que no se voten en el presupuesto del 2015, esos injustos, peligrosos y hasta criminales (socialmente hablando), recortes en los programas sociales citados y otros de naturaleza análoga.

Ante la presunta “persecución política” en el MAG

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Honorables señores diputados
Don Juan Luis Jiménez Succar
Don Antonio Álvarez Desanti
Fracción parlamentaria del Partido Liberación Nacional (PLN)
ASAMBLEA LEGISLATIVA

Honorable señores:

En primer término, les expresamos el más respetuoso y atento saludo de nuestra parte.

La ANEP no desea verse involucrada en uno de esos juegos politiqueros clásicos inter-partidos, muy “consustanciales” a una determinada forma de hacer política que tanto asqueo ciudadano ha generado y que, como ustedes bien saben, está constatable por una buena cantidad de estudios y de investigaciones de opinión pública de gran seriedad.

Tampoco nos interesa, en lo más mínimo, aparecer como “defensores” del Gobierno en esta situación. ¡Que el Gobierno se defienda solo porque está en obligación de ello!

Lo que sí nos interesa aclararles a ustedes, con todo respeto, es que la ANEP, a través de la Seccional ANEP-MAG, está estado al tanto de todo esto desde hace ya varios años, cuando en las administraciones liberacionistas Arias y Chinchilla, se pisoteó la legalidad y se sacrificó la hacienda pública con erogaciones multimillonarias que jamás debieron haber ocurrido, lesionándose el patrimonio financiero del Estado sin que ahora aparezca un jerarca político anterior, al frente del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y con responsabilidad en ello, dando la cara.

EL Partido Liberación Nacional (PLN) hace acusaciones al Gobierno de la República, con respecto a una presunta “persecución política” en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), contra algunos directores de la administración anterior. ANEP estima que no hay tal “persecución”.

Con ello, impropiamente, se chantajea al gobierno con no apoyar el presupuesto extraordinario actualmente en trámite parlamentario, cuyos recursos son de urgente necesidad para una buena cantidad de servicios públicos. Aquí es donde está la parte fundamental de nuestra obligada intervención al respecto pues no se vale, según el acertado refrán popular, “que paguen justos por pecadores”.

Al acusar que esos directores regionales del MAG fueron separados de sus cargos los diputados liberacionistas se han basado en una mentira pues, fue la Procuraduría de la Ética, a denuncia de la ANEP, la que insistió en la aplicación de una resolución de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en la cual no se les ratificó a los presuntos “perseguidos políticos”, el derecho a esos puestos; y, por el contrario, se pidió restitución de los directores propietarios de esas plazas ya que su nombramiento (el de los presuntos “perseguidos”), según la Sala Segunda, fue producto de un botín político.

Sin embargo, por el trabajo que hicieron esos directores “perseguidos” fueron compensados económicamente y la sentencia es clara al pedir que fueran cesados de sus responsabilidades y reubicados en sus puestos anteriores donde eran propietarios de las plazas. En todo ello han mediado millones de colones que nunca debieron erogarse.

En el caso del Ing. Francisco Brenes B., uno de los supuestos perseguidos y acosados, se le pagó horas extras por sumas millonarias, cosa que es ilegal. Además, se le subió de plaza y durante los últimos meses fue ascendido y recibió remuneración sin haber ejercido su cargo, ya que su puesto debió de ser ejercido en San José. Aún así, se le pagó una suma millonaria por diferencia salarial según resolución del 2013-0003.91, de 10 horas y 50 minutos del 12 abril del 2013.

Al Ing. Francisco Brenes B., se le mantiene, a solicitud propia, en un convenio con la Corporación Hortícola hasta el día de hoy.

Al Ing. Dagoberto Elizondo V., también se le pagó otra suma millonaria según lo dispuesto por la Sala Segunda, y en lugar de ser devuelto a su puesto anterior, se le ascendió su plaza.

El resto de los directores interinos, nombrados por la administración Arias-Chinchilla, presentaron una acusación contra el Estado, también por sumas millonarias, por haber ocupado esos puestos en forma interina en las mismas condiciones que los directores supracitados.

Lo paradójico de todo esto es que contrario a la tesis liberacionista de “persecución política”, más bien, el Gobierno actual ha hecho caso omiso de lo indicado por la Procuraduría de la Ética y por el voto de la Sala Segunda, al pagar salarios dobles para algunos directores nombrados por “botín político”, en lugar de restituir a la totalidad de los directores según lo señala la Sala II y la Procuraduría de la Ética.

Adjuntamos copias de la documentación respectiva que detallamos seguidamente y que les ilustrará acerca de lo que venimos planteando:

1. Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia-Exp: 10-000381-0166-LA – Res: 2013-000391, sentencia de las diez horas y cincuenta minutos del doce de abril del dos mil trece.
2. Oficio fechado 1 de julio de 2013, No. S.G. 11-13-11-78-13, firmado por Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP; dirigido a la licenciada Gloria Abraham Peralta, Ministra de Agricultura y Ganadería (MAG).
3. Oficio fechado 2 de julio de 2013, No. AFP-576-2013, firmado por el Lic. Ricardo Vargas Vásquez, Procurador Director, Área de la Función Pública, de la Procuraduría General de la Republica; dirigido a la señora Gloria Abraham Peralta, Ministra de Agricultura y Ganadería.
4. Oficio Fecha 25 de octubre de 2013, OSC-SF-510-2013, firmado por el Lic. Róger Umaña Chacón, Coordinador de la Dirección General de Servicio Civil; dirigido a la señora Lorena Chavarría Martínez, integrante de la Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO), de la ANEP, en su calidad de responsable de la ANEP para el MAG.
5. Oficio fechado 12 de diciembre de 2013, dirigido al Lic. Mario Molina Bonilla, MSc., Auditor Interno del MAG; por parte del Ing. Alexis Calderón Villalobos, Presidente de la Junta Directiva Seccional ANEP-MAG.
6. Extractos del oficio DG-024-2014, fechado 19 de diciembre de 2013 y firmado por el MBA. Joaquín Arguedas Herrera, Director General de Servicio Civil.
7. Oficio de fecha jueves16 de enero de 2014, No. AI 002-2014, firmado por el Lic. Mario A. Molina Bonilla, Auditor Interno del MAG; dirigido al señor Alexis Calderón Villalobos, Presidente, Seccional ANEP-MAG.
8. Oficio fechado 28 de mayo de 2014, No. AEP-249-2014, firmado por la M.Sc. Tatiana Gutiérrez Delgado, Procuradora, de la Procuraduría de la Ética, de la Procuradora General de la República; dirigido al señor Luis Felipe Arauz Cavallini, Ministro, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
9. Oficio Fechado 28 de mayo de 2014, No. AEP-250-2014, firmado por la M.Sc. Tatiana Gutiérrez Delgado, Procuradora, de la Procuraduría de la Ética, de la Procuradora General de la República; dirigido a la señora Marta Acosta Zúñiga, Contralora General, Contraloría General de la República.
10. Oficio fechado 28 de junio de 2014, No. AEP-276-2014, firmado por la M.Sc. Tatiana Gutiérrez Delgado, Procuradora, de la Procuraduría de la Ética, de la Procuradora General de la República; dirigido al señor Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.

Por estas razones, por respeto a ustedes mismos, se debe rechazar, categóricamente, lo dicho desde la jefatura de la fracción parlamentaria liberacionista; creyendo, con base en el beneficio de la duda, que hubo de por medio una inducción al error por parte de los directores señalados y que les lleva a ustedes, y a la fracción parlamentaria liberacionista, a bloquear el trámite del presupuesto extraordinario en discusión, de enorme necesidad para una gran cantidad de acciones de política pública “sin vela en este entierro”.

Les reiteramos nuestra máxima consideración y respeto.

La crisis del sistema penitenciario nacional

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“SÉTIMO. El Viceministro de Trabajo gestionará ante el Ministerio de la Presidencia la solicitud de convocatoria a una mesa de diálogo sobre la situación del sistema penitenciario nacional”. Así indica el último punto de un acuerdo suscrito (a propósito de una reivindicación laboral pendiente), el pasado jueves 14 de noviembre de 2014, entre los Ministerios de Justicia y Paz y de Trabajo y Seguridad Social, con la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), que tiene el mérito de establecer, por vez primera y a nivel oficial de la política pública, que el Sistema Penitenciario Nacional de Costa Rica sufre la crisis más grave de toda su historia; tal y como fuera reconocido en esa negociación por la propia señora ministra de Justicia y Paz, la licenciada Cristina Ramírez Chavarría.

Culmina así para la ANEP una primera fase de un esfuerzo sostenido a lo largo de los últimos años tratando de sensibilizar a las autoridades de la República de que hay una crisis en el Sistema Penitenciario Nacional. Particularmente, en la administración gubernativa anterior, se logró sensibilizar al hoy partido en el Gobierno y a la Defensoría de los Habitantes de la República.

Solamente el abnegado compromiso del personal de las cárceles costarricenses, en sus distintos sectores laborales componentes (profesional, técnico, administrativo, operativo y policial), intermediando una mística inigualable de vocación de servicio público en medio de una gran precariedad institucional y ocupacional ha impedido que como sociedad hayamos sufrido una “matazón” intramuros penitenciarios, habida cuenta de la gran presión que en su interior se viene acumulando desde hace ya varias Administraciones.

En las cárceles costarricenses de hoy y por una serie de conjunción de factores que no podríamos mencionar ahora por problemas de espacio para efectos de este comentario, hay más gente internada pero menos gente servidora pública para atenderla como se debe y menos plata, presupuestariamente hablando, para cumplir tal labor con una cierta dignidad y efectividad.

Prácticamente podría catalogarse como un acto de irresponsabilidad mayúscula y cuasi criminal el recorte de casi 6 mil millones de colones en el Presupuesto del año entrante para la cartera ministerial de Justicia y Paz. Los diputados del fundamentalismo neoliberal, promotores de este ataque social, podrían cargar sobre sus espaldas dolorosos episodios de confrontación intramuros carcelarios, producto de un elevamiento de las tensiones de la convivencia interna debido al incremento de la precariedad de la misma, al agravarse esta por tal recorte.

Queda la esperanza de que el propio Presidente de la República y su Ministro de la Presidencia den el aval al planteamiento del punto indicado de la negociación a la que hemos hecho alusión.

Hace ya año y medio que le planteamos al país y desde la ANEP, una “Solicitud de declaratoria de Estado de Emergencia Nacional del Sistema Penitenciario Nacional”; con serios argumentos propositivos de que “Se debe enfrentar con seriedad y revertir el crecimiento deterioro del Sistema Penitenciario Nacional”. Incluso, en consulta con muchas personas versadas en el tema, hasta formulamos el “Manifiesto por la seguridad ciudadana”, el cual propone un Encuentro Nacional “Construyendo la innovación penitenciaria”.

Abrigamos la esperanza de que el tema penitenciario ocupe un lugar privilegiado en la agenda nacional y que alcance un nivel político dentro de los procesos que se promueven de “diálogo nacional”. Hacemos un llamado a personalidades y entidades con interés en el tema, para que valoren esta iniciativa; tanto como apelamos a la sensibilidad y solidaridad de las personas familiares de quienes están privados de libertad para que respalden y se sumen a este esfuerzo.

SINTRAJAP presentó sus contenidos de lucha para la plataforma estratégica común

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Los ejes de lucha de SINTRAJAP esta basados en un documento que presentaron hace pocos días ante la Defensoría de los Habitantes, los cuales detallamos a continuación.

• Estamos de acuerdo de que el 2.5% sea utilizado para financiamiento de proyectos de fortalecimiento de servicios portuarios que presta JAPDEVA, mediante la adquisición de bienes de capital.

• Además de mantener el 5% como canon para el Desarrollo Social de Limón.

• Compartimos que la actividad de trasbordo se considerare como una actividad subsidiaria y excepcional, no como actividad principal del contrato de concesión.

• Vemos importante que la ciudadanía Limonense y costarricense deben contar con un mayor acceso a la información sobre los impactos que podrá generar el proyecto de la terminal de contenedores de Moín, indudablemente el derecho a la información a los ciudadanos es de sumo interés para la población en general, para así poder señalar los aspectos positivos y negativos.

• Sobre el plan de fortalecimiento de JAPDEVA y desarrollo de la provincia de Limón, SINTRAJAP lo ve como una excelente oportunidad para avanzar en el rezago que por más de 30 años ha existido en infraestructura portuaria y el desarrollo integral de la provincia de Limón.

• Es importante crear comisiones con profesionales de universidades estatales expertos en la materia, DEFENSORIA, GOBIERNO Y SINTRAJAP, para que realicen los estudios en:

• Impacto sobre las actividades portuarias que están a cargo de JAPDEVA.

• Impacto económico y financiero en JAPDEVA ante un eventual cambio en los flujos de actividad portuaria en los muelles, estableciendo si es sostenible la continuidad de dichas actividades bajo las nuevas condiciones.

• Impacto en las actividades diferentes a las portuarias que por ley están asignadas a JAPDEVA.

• Impacto sobre los puestos de trabajo directos e indirectos que actualmente genera JAPDEVA, tanto en sus actividades portuarias como de otros tipos.

• Viabilidad e impacto de las medidas compensatorias establecidas en el contrato y de las propuestas por el Gobierno a favor de JAPDEVA.

• Y las medidas de compensación y mitigación que puedan ser necesarias ante los impactos, para asegurar la continuidad, sostenibilidad y fortalecimiento de JAPDEVA, así como ante los eventuales impactos en el entorno social de la provincia de Limón.

• Es importante que para la creación de estas comisiones haya un balance en la conformación de las mismas y que las partes se comprometan a respetar las decisiones finales para la efectiva aplicación de los resultados con base al ordenamiento jurídico.

Aunado a !o anterior se debe discutir, examinar, valorar y concluir un resultado sobre los siguientes aspectos relacionados con la seguridad jurídica de JAPDEVA, el negocio portuario y la garantía de los empleos que ya existen.

• Ante la aparente imposibilidad del Gobierno de poder hablar de la Clausula 9.1 del contrato o del monopolio, solicitamos que se firme un documento formal donde el Gobierno le garantice a JAPDEVA que podrá atender todo tipo de barcos o de cargas en los puertos públicos nacionales, aún después de que eventualmente entre en operación la nueva terminal de contenedores. Lo anterior lo fundamentamos en la norma Constitucional en su artículo 46, el Tratado de Libre Comercio, las clausulas 4.1.2, 9.1 y 12.10 del Contrato de Concesión y lo establecido en el punto 1.2 DECLARACION , del Contrato de Concesión con AP M Termináis que establece:

Principios cíe Competencia: hl Concesionario se compromete a no impiementar prácticas o políticas comerciales desleales tales como: dumping y prácticas monopolísticas de conformidad con la normativa nacional y los tratados internacionales ratificados por Costa Rica”.

• Que con fundamento en el artículo número uno de la Ley Orgánica de JAPDEVA, como Autoridad Portuaria sea la encargada de coordinar y brindar los servicios de atraque y desatraque, pilotaje y remolcadores de todos los barcos que ingresen a las terminales portuarias en el Caribe Costarricense.

• Solicitamos que se establezcan mesas sociales de discusión y seguimiento que se encarguen de garantizar los cumplimientos de los acuerdos y de los compromisos que asume el Gobierno con el pueblo de Limón en “EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE JAPDEVA Y DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE LIMON” con la participación de los diferentes sectores involucrados en las temáticas del plan. Mismas que serán coordinadas por SINTRAJAP y los representantes del Gobierno.

• El gobierno garantizará la protección de todas las fuentes de empleo directas o indirectas que generan los puertos actuales en JAPDEVA, durante el plazo que dure el Contrato de Concesión y su ampliación. De esta forma se garantizará que no exista un impacto social que afecte negativamente a la provincia de Limón.

• SINTRAJAP solicita que dejen competir a JAPDEVA en igualdad de condiciones, no nos oponemos a que venga a invertir la AP M Termináis a Limón o que vengan las empresas que quieran a desarrollar la provincia en un verdadero libre mercado donde los usuarios tengan libertad de poder elegir por donde importan o exportan los productos.

• Es claro que la posibilidad de construir la terminal de contenedores de Moín por parte de la concesionaria, queda sujeto a la aprobación de los estudios de Impacto Ambiental por parte de SETENA.

SINTRAJAP se une a Patria Justa

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Tal como se había anunciado, la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) analizó la posibilidad de unirse al conglomerado de agrupaciones sindicales que se denomina “Patria Justa”, la cual fue aprobada.

“Nuestras luchas han sido muy duras desde el Gobierno de Óscar Arias, luego con Laura Chinchilla y ahora este Gobierno también se une a defender este monopolio de APM Terminals, por lo que necesitamos buscar fuerza y tener mayor apoyo”, dijo Ronaldo Blear, secretario general de Sintrajap.
Destacó también que es necesario fortalecer a los sindicatos en términos generales y con ello defender al Estado y a todas las instituciones públicas.

“Tenemos que fortalecer los sindicatos y las instituciones públicas, estos sindicatos están dentro de ellas. Tenemos que tener claro que esto no es una unión con intenciones políticas, si no con el fin de defender al Estado”, agregó Blear.

La noticia fue recibida con agrado por los integrantes de Patria Justa, que anunciaron que con esto sus objetivos se amplían para incluir temas relacionados con los intereses de Sintrajap y el país.

“La llegada de los compañeros del sindicato caribeño amplía los objetivos de trabajo de nuestra convergencia sindical, siendo el desarrollo portuario y el tema estratégico de la protección del recurso hídrico dos temas que ahora serán fundamentales en nuestro trabajo”, indicaron.

La integración de Patria Justa fue dada a conocer meses atrás y la semana anterior dieron a conocer los contenidos de la agenda, por la que quieren luchar durante los próximos años, según ellos, que favorece a todos los ciudadanos.

El Sindicato Nacional de Enfermería, así como el de empleados del INS, el de Recope, Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y ahora Sintrajap son los que conforman la coalición.

Conspiración contra director de Imprenta Nacional

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La salida de Jorge Vargas de la dirección de la Imprenta Nacional es fruto de una conspiración fraguada, aparentemente, por un grupo sindicalista y con el visto bueno de la viceministra de gobernación Carmen Muñoz.

Al menos esa es la explicación que la filial de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) dio a DIARIO EXTRA. Atrás de este movimiento estaría callar una serie de aparentes irregularidades cometidas por funcionarios de la Imprenta a los cuales Vargas denunció ante la ley.

La reacción de los dirigentes de la ANEP se dio luego que El Periódico de Más Venta en Costa Rica, anunciara ayer que Vargas se acogerá a su pensión por un enfrentamiento con la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), este grupo es señalado como el principal conspirador, se dice que algunos de sus dirigentes pretenden asumir la dirección de la Imprenta.

“Hay una completa conspiración, andan buscando alejarlo (a Vargas) y la señora viceministra (Muñoz) se ha prestado”, afirmó Luis Leal, presidente de la seccional de ANEP de la Imprenta Nacional.

LA JUGADA

Este dirigente confesó que Muñoz se reunió la semana pasada con los cabecillas de la UNT, en la cita, supuestamente, se habría fraguado “la jugada” para sacar a Vargas.

“Es obvio, saliendo don Jorge las aguas vuelven a la normalidad y ese pequeño grupo se va a quedar, la idea es nombrar a alguno cercano a ellos y seguir en los mismos vicios”, insistió Leal.

La petición de este grupo es que el gobierno nombre en la dirección a una persona que no tenga relación absoluta con la Imprenta, es por esta razón que gestionan un encuentro con el ministro de Seguridad, Celso Gamboa.

Ayer trascendió en La Prensa Libre que la Fiscalía estaría investigando presuntos pagos de dádivas por compra de papel en esta institución, se teme que se haya desviado más de ¢80 millones. La denuncia la realizó el actual director y es contra varios trabajadores solo identificados con los apellidos Chavarría, Rodríguez Ramírez, Vega Madrigal, Rojas Campos y Soto.

DIARIO EXTRA contactó a Vargas para que opinara sobre este asunto, pero prefirió abstenerse de declarar.

Se suspende paro en la Policía Penitenciaria tras acuerdo con Ministra de Justicia

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su Seccional ANEP-Policía Penitenciaria, informa a todos los Policías Penitenciarios del país y a la opinión pública en general, que el paro de labores establecido para este lunes 17 de noviembre en el Sistema Penitenciario Nacional queda totalmente suspendido, luego de alcanzar un histórico acuerdo con el Ministerio de Justicia y Paz, en beneficio de todos los efectivos de este cuerpo policial.

Entre los principales puntos firmados, el jueves 13 de octubre, con la oportuna mediación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), se encuentran: el pago por parte del Ministerio de Justicia y Paz en sede administrativa de más de 962 millones de colones, correspondientes a la parte proporcional del salario escolar, aguinaldo y cargas obrero patronales equivalentes a un 33% de la deuda de horas extra desde el año 2000 al 2009, montó que será pagado a más tardar en la última quincena de diciembre del 2014.

Respecto al monto restante (67%), que equivale a una suma cercana a los 2 mil millones de colones, el Ministerio de Justicia y Paz se compromete a realizar el planteamiento de un presupuesto extraordinario, en coordinación con el Ministerio de Hacienda ante la Asamblea Legislativa, para el primer trimestre del 2015, planteamiento que será apoyado y respaldado en su totalidad por la ANEP y su seccional ANEP-Policía Penitenciaria.

Otro de los acuerdos alcanzados por las partes, es respecto al horario de 7 por 7 que deben de cumplir los efectivos penitenciarios, ya que la Ministra de Justicia, Cristina Ramírez Chavarría, afirmó que no existe en la presente administración intención de cambiar dicha jornada laboral.

Respecto al Manual de Puestos para la Policía Penitenciaria, el Ministerio de Justicia y Paz presentará ante el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), un planteamiento de actualización del organigrama del Ministerio, como un propósito, antes del último día hábil del año 2014. Además, las partes acordaron reunirse en la primera semana de Febrero del 2015, para conversar sobre las modificaciones al manual de puestos propuesto de la Policía Penitenciaria.

Por último, el Viceministro de Trabajo, Harold Villegas, gestionará ante el Ministerio de la Presidencia la solicitud de convocatoria a una mesa de diálogo sobre la situación del Sistema Penitenciario Nacional.

Para Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, este acuerdo firmado entre las partes es histórico, ya que se logra el pago de horas extras y otros rubros atrasados en sede administrativa, lo que viene a liberar a los Policías Penitenciarios de un engorroso y costoso proceso legal, sumado a que muchos efectivos son personas sencillas.

“Esto es un acuerdo de suma importancia, en diciembre los Policías Penitenciario van recibir unos mil millones de colones en deudas pendientes, y los otros dos mil millones en el primer trimestre del año entrante, sin ir a juicios, tribunales, sin tener que compartir un cinco de honorarios con ningún abogado, eso es importantísimo porque la tesis de la ANEP quedó refrendada en que esas deudas salariales se pueden pagar en sede administrativa”, comentó Vargas.

Por su parte la Ministra de Justicia y Paz, Cristina Ramírez Chaverrí, indicó que han venido muy ocupados en tratar de encontrar la forma de encausar recursos para abonar a la deuda, que mantiene dicha cartera desde el 2000 con los Policías Penitenciarios, a la vez que confirmaba la no modificación de la jornada laboral de 7 por 7.

Ante estos la ANEP y su Seccional ANEP-Policía Penitenciaria hace un llamado a los Policías Penitenciarios para que suspendan el paro de labores programado para el próximo lunes 17 de noviembre. A la vez que agradece y aplaude la oportuna mediación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la firma del acuerdo antes mencionado.

Situación precaria de infraestructura y salud ocupacional en la aduana de Peñas Blancas

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La Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda realizó, el pasado 23 de octubre, una gira a la frontera norte de nuestro país, específicamente al puesto de aduanas ubicado en Peñas Blancas, donde pudo constatar las condiciones precarias de infraestructura y salud ocupacional en las que se deben de desempeñar los y las trabajadoras de este puesto aduanero.

Entre las principales falencias detectadas por la Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda en el puesto aduanero de Peñas Blancas se encuentran:

• La estructura del Andén donde aparcan los furgones está muy dañada, incluso existe el temor de que se venga abajo en cualquier momento, ya que las bases de la misma presenta una serie de daños, que no han sido reparados por mucho tiempo, pese a las reiteradas denuncias.

• La caseta de control de la Aduana fue demolida, y están ocupando una caseta que pertenece al MAG, las condiciones de las mismas no son nada saludables, a la par hay un árbol grande donde se ve la caja de breaker, toda la parte eléctrica se nota muy mal, la ventana con forro de madera, archivos en pésimas condiciones.

• En el sector sur de la Aduana no existe aguja de control, los vehículos pueden huir sin que nadie los detenga. En la noche los oficiales de seguridad ponen un tarro con un pedazo de malla anaranjada para cerrar el paso, porque ni siquiera conos tienen. En el invierno el paso por las agujas sur y norte sufre de inundaciones, provocando que los usuarios que entran o salen del país deban de hacerlo sobre un río de agua porque no hay salida de aguas pluviales, o sea cunetas o alcantarillas.

• Condiciones de Salud Ocupacional. En las casetas de la aguja sur, existen problemas serios de estructura, los documentos del depósito están amontonados en una pequeñísima bodega, que a la vez es donde está el servicio sanitario sin uso por las condiciones que presenta, incluso, cualquiera puede sustraer documentos y nadie se da cuenta.

• Existe una plaga de lagartijas, que llena todos los escritorios y zonas de trabajo de excremento, provocando que los y las funcionarias trabajen en condiciones insalubres. Además que no cuentas con aire acondicionado, ni siquiera abanicos. Sumado al mal estado de los servicios sanitarios, que presentan condiciones insalubres.

• Los funcionarios que utilizan las habitaciones destacadas para ellos, no cuentan con abanicos, mucho menos aires acondicionados, cuentan con una sola lavadora para muchos funcionarios, en cambio la casa de la gerencia y subgerencia cuentan con buen aire acondicionado, con buenas lavadoras, y si el aire se les arruina inmediatamente lo reparan.

Ante esta situación, la Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda emitió un informe dirigido al Ministro de Hacienda, Helio Fallas; al Director del Servicio Nacional de Aduanas, Rafael Bonilla; así como a la Directora Administrativa y Financiera del Ministerio de Hacienda, Dina Víquez, haciéndoles constar las condiciones precarias en que se encuentra dicho puesto aduanero y la necesidad de su inmediata intervención.

“En las anteriores administraciones del Ministerio de Hacienda, se han hecho denuncias sobre lo que sucede en las Aduanas, sin embargo las respuestas nunca han sido satisfactorias, ni nunca han resuelto la situación. Basta con indicar que en la parte de infraestructura, las inversiones millonarias en remodelaciones del Servicio Nacional de Aduanas quedan tan mal que, al poco tiempo están deterioradas por el mal trabajo realizado, y en realidad no se nota cuál ha sido la remodelación realizada. Por ello nos cuestionamos: ¿Cuál es la supervisión ejercida por el Departamento de Arquitectura?, si es que ha habido alguna; ¿Existe alguna garantía al respecto?”, manifestaron en la Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda.

Incluso mencionaron que es importante recalcar, que la Administración Superior gasta excesivos viáticos en giras del Departamento de Arquitectura y sobre todo, de las cuadrillas de la Sección de Mantenimiento, y no se ven resultados de las reparaciones o de los mantenimientos preventivos o correctivos.

“Un ejemplo de algo que paso en Peñas Blancas es que fueron a reparar el tanque de agua potable y resulta que no llegaba agua a las tubería de la oficina, ni a las baterías sanitarias, y tuvieron que regresar a repararlo. Lo que pasó fue que taparon al revés el ingreso de agua, y por esto regresaron a arreglar lo que supuestamente ya habían corregido”, indicaron.

El informe presentado por la Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda a los jerarcas de esa cartera pretende obtener respuestas claras, concretas, sobre qué es lo que realmente va a realizar esta administración para mejorar la infraestructura de las Aduanas, así como las condiciones de las habitaciones de las funcionarias y los funcionarios que pernoctan en la Aduana de Peñas Blancas.