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“SÉTIMO. El Viceministro de Trabajo gestionará ante el Ministerio de la Presidencia la solicitud de convocatoria a una mesa de diálogo sobre la situación del sistema penitenciario nacional”. Así indica el último punto de un acuerdo suscrito (a propósito de una reivindicación laboral pendiente), el pasado jueves 14 de noviembre de 2014, entre los Ministerios de Justicia y Paz y de Trabajo y Seguridad Social, con la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), que tiene el mérito de establecer, por vez primera y a nivel oficial de la política pública, que el Sistema Penitenciario Nacional de Costa Rica sufre la crisis más grave de toda su historia; tal y como fuera reconocido en esa negociación por la propia señora ministra de Justicia y Paz, la licenciada Cristina Ramírez Chavarría.

Culmina así para la ANEP una primera fase de un esfuerzo sostenido a lo largo de los últimos años tratando de sensibilizar a las autoridades de la República de que hay una crisis en el Sistema Penitenciario Nacional. Particularmente, en la administración gubernativa anterior, se logró sensibilizar al hoy partido en el Gobierno y a la Defensoría de los Habitantes de la República.

Solamente el abnegado compromiso del personal de las cárceles costarricenses, en sus distintos sectores laborales componentes (profesional, técnico, administrativo, operativo y policial), intermediando una mística inigualable de vocación de servicio público en medio de una gran precariedad institucional y ocupacional ha impedido que como sociedad hayamos sufrido una “matazón” intramuros penitenciarios, habida cuenta de la gran presión que en su interior se viene acumulando desde hace ya varias Administraciones.

En las cárceles costarricenses de hoy y por una serie de conjunción de factores que no podríamos mencionar ahora por problemas de espacio para efectos de este comentario, hay más gente internada pero menos gente servidora pública para atenderla como se debe y menos plata, presupuestariamente hablando, para cumplir tal labor con una cierta dignidad y efectividad.

Prácticamente podría catalogarse como un acto de irresponsabilidad mayúscula y cuasi criminal el recorte de casi 6 mil millones de colones en el Presupuesto del año entrante para la cartera ministerial de Justicia y Paz. Los diputados del fundamentalismo neoliberal, promotores de este ataque social, podrían cargar sobre sus espaldas dolorosos episodios de confrontación intramuros carcelarios, producto de un elevamiento de las tensiones de la convivencia interna debido al incremento de la precariedad de la misma, al agravarse esta por tal recorte.

Queda la esperanza de que el propio Presidente de la República y su Ministro de la Presidencia den el aval al planteamiento del punto indicado de la negociación a la que hemos hecho alusión.

Hace ya año y medio que le planteamos al país y desde la ANEP, una “Solicitud de declaratoria de Estado de Emergencia Nacional del Sistema Penitenciario Nacional”; con serios argumentos propositivos de que “Se debe enfrentar con seriedad y revertir el crecimiento deterioro del Sistema Penitenciario Nacional”. Incluso, en consulta con muchas personas versadas en el tema, hasta formulamos el “Manifiesto por la seguridad ciudadana”, el cual propone un Encuentro Nacional “Construyendo la innovación penitenciaria”.

Abrigamos la esperanza de que el tema penitenciario ocupe un lugar privilegiado en la agenda nacional y que alcance un nivel político dentro de los procesos que se promueven de “diálogo nacional”. Hacemos un llamado a personalidades y entidades con interés en el tema, para que valoren esta iniciativa; tanto como apelamos a la sensibilidad y solidaridad de las personas familiares de quienes están privados de libertad para que respalden y se sumen a este esfuerzo.

Los ejes de lucha de SINTRAJAP esta basados en un documento que presentaron hace pocos días ante la Defensoría de los Habitantes, los cuales detallamos a continuación.

• Estamos de acuerdo de que el 2.5% sea utilizado para financiamiento de proyectos de fortalecimiento de servicios portuarios que presta JAPDEVA, mediante la adquisición de bienes de capital.

• Además de mantener el 5% como canon para el Desarrollo Social de Limón.

• Compartimos que la actividad de trasbordo se considerare como una actividad subsidiaria y excepcional, no como actividad principal del contrato de concesión.

• Vemos importante que la ciudadanía Limonense y costarricense deben contar con un mayor acceso a la información sobre los impactos que podrá generar el proyecto de la terminal de contenedores de Moín, indudablemente el derecho a la información a los ciudadanos es de sumo interés para la población en general, para así poder señalar los aspectos positivos y negativos.

• Sobre el plan de fortalecimiento de JAPDEVA y desarrollo de la provincia de Limón, SINTRAJAP lo ve como una excelente oportunidad para avanzar en el rezago que por más de 30 años ha existido en infraestructura portuaria y el desarrollo integral de la provincia de Limón.

• Es importante crear comisiones con profesionales de universidades estatales expertos en la materia, DEFENSORIA, GOBIERNO Y SINTRAJAP, para que realicen los estudios en:

• Impacto sobre las actividades portuarias que están a cargo de JAPDEVA.

• Impacto económico y financiero en JAPDEVA ante un eventual cambio en los flujos de actividad portuaria en los muelles, estableciendo si es sostenible la continuidad de dichas actividades bajo las nuevas condiciones.

• Impacto en las actividades diferentes a las portuarias que por ley están asignadas a JAPDEVA.

• Impacto sobre los puestos de trabajo directos e indirectos que actualmente genera JAPDEVA, tanto en sus actividades portuarias como de otros tipos.

• Viabilidad e impacto de las medidas compensatorias establecidas en el contrato y de las propuestas por el Gobierno a favor de JAPDEVA.

• Y las medidas de compensación y mitigación que puedan ser necesarias ante los impactos, para asegurar la continuidad, sostenibilidad y fortalecimiento de JAPDEVA, así como ante los eventuales impactos en el entorno social de la provincia de Limón.

• Es importante que para la creación de estas comisiones haya un balance en la conformación de las mismas y que las partes se comprometan a respetar las decisiones finales para la efectiva aplicación de los resultados con base al ordenamiento jurídico.

Aunado a !o anterior se debe discutir, examinar, valorar y concluir un resultado sobre los siguientes aspectos relacionados con la seguridad jurídica de JAPDEVA, el negocio portuario y la garantía de los empleos que ya existen.

• Ante la aparente imposibilidad del Gobierno de poder hablar de la Clausula 9.1 del contrato o del monopolio, solicitamos que se firme un documento formal donde el Gobierno le garantice a JAPDEVA que podrá atender todo tipo de barcos o de cargas en los puertos públicos nacionales, aún después de que eventualmente entre en operación la nueva terminal de contenedores. Lo anterior lo fundamentamos en la norma Constitucional en su artículo 46, el Tratado de Libre Comercio, las clausulas 4.1.2, 9.1 y 12.10 del Contrato de Concesión y lo establecido en el punto 1.2 DECLARACION , del Contrato de Concesión con AP M Termináis que establece:

Principios cíe Competencia: hl Concesionario se compromete a no impiementar prácticas o políticas comerciales desleales tales como: dumping y prácticas monopolísticas de conformidad con la normativa nacional y los tratados internacionales ratificados por Costa Rica”.

• Que con fundamento en el artículo número uno de la Ley Orgánica de JAPDEVA, como Autoridad Portuaria sea la encargada de coordinar y brindar los servicios de atraque y desatraque, pilotaje y remolcadores de todos los barcos que ingresen a las terminales portuarias en el Caribe Costarricense.

• Solicitamos que se establezcan mesas sociales de discusión y seguimiento que se encarguen de garantizar los cumplimientos de los acuerdos y de los compromisos que asume el Gobierno con el pueblo de Limón en “EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE JAPDEVA Y DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE LIMON” con la participación de los diferentes sectores involucrados en las temáticas del plan. Mismas que serán coordinadas por SINTRAJAP y los representantes del Gobierno.

• El gobierno garantizará la protección de todas las fuentes de empleo directas o indirectas que generan los puertos actuales en JAPDEVA, durante el plazo que dure el Contrato de Concesión y su ampliación. De esta forma se garantizará que no exista un impacto social que afecte negativamente a la provincia de Limón.

• SINTRAJAP solicita que dejen competir a JAPDEVA en igualdad de condiciones, no nos oponemos a que venga a invertir la AP M Termináis a Limón o que vengan las empresas que quieran a desarrollar la provincia en un verdadero libre mercado donde los usuarios tengan libertad de poder elegir por donde importan o exportan los productos.

• Es claro que la posibilidad de construir la terminal de contenedores de Moín por parte de la concesionaria, queda sujeto a la aprobación de los estudios de Impacto Ambiental por parte de SETENA.

Tal como se había anunciado, la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) analizó la posibilidad de unirse al conglomerado de agrupaciones sindicales que se denomina “Patria Justa”, la cual fue aprobada.

“Nuestras luchas han sido muy duras desde el Gobierno de Óscar Arias, luego con Laura Chinchilla y ahora este Gobierno también se une a defender este monopolio de APM Terminals, por lo que necesitamos buscar fuerza y tener mayor apoyo”, dijo Ronaldo Blear, secretario general de Sintrajap.
Destacó también que es necesario fortalecer a los sindicatos en términos generales y con ello defender al Estado y a todas las instituciones públicas.

“Tenemos que fortalecer los sindicatos y las instituciones públicas, estos sindicatos están dentro de ellas. Tenemos que tener claro que esto no es una unión con intenciones políticas, si no con el fin de defender al Estado”, agregó Blear.

La noticia fue recibida con agrado por los integrantes de Patria Justa, que anunciaron que con esto sus objetivos se amplían para incluir temas relacionados con los intereses de Sintrajap y el país.

“La llegada de los compañeros del sindicato caribeño amplía los objetivos de trabajo de nuestra convergencia sindical, siendo el desarrollo portuario y el tema estratégico de la protección del recurso hídrico dos temas que ahora serán fundamentales en nuestro trabajo”, indicaron.

La integración de Patria Justa fue dada a conocer meses atrás y la semana anterior dieron a conocer los contenidos de la agenda, por la que quieren luchar durante los próximos años, según ellos, que favorece a todos los ciudadanos.

El Sindicato Nacional de Enfermería, así como el de empleados del INS, el de Recope, Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y ahora Sintrajap son los que conforman la coalición.